miércoles, 14 de septiembre de 2011

Elecciones en Guatemala: Más de lo mismo

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Acaban de tener lugar las elecciones generales en Guatemala para presidente y vice, diputados y alcaldes. Mientras se va terminando el conteo de los votos va llegando la catarata de análisis. Estas líneas no son sino un aporte más en esa lluvia de interpretaciones, una lectura más de lo acontecido. Según desde dónde se lea, por supuesto, será el resultado que se obtenga. Por lo pronto quedan dos candidatos punteando los resultados, los que pasan a segunda vuelta para el 6 de noviembre próximo: el general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, y el empresario Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada –LIDER–, ambos con propuestas claramente de derecha, conservadoras, sin alternativas reales para las reales necesidades de la población guatemalteca.

Sin entrar en los tecnicismos un tanto rebuscados del análisis de los porcentajes de votos, de cómo funcionaron las encuestas o de las estrategias que podrán aplicarse para la segunda vuelta, quizá lo fundamental a destacar es que, al menos para las grandes mayorías populares –desde ahí pretendo hacer este ejercicio de análisis– estamos ante un fabuloso “más de lo mismo”. Decir que “ganó el país” o que “ganó la democracia” a esta altura puede sonar ya casi como insulto a la inteligencia.

Algunos años atrás, en otro contexto pero siempre en un país latinoamericano que salía de dictaduras militares igual que sucedió aquí, el por ese entonces candidato a presidente decía en su campaña que “con la democracia también se come, se cura y se educa”. Viendo objetivamente la realidad de Guatemala, en verdad que cabe reformularse la pregunta. El país centroamericano hace ya 25 años que retomó la senda de elecciones periódicas. Con la del pasado domingo ya van seis justas electorales ininterrumpidas dentro del marco democrático; hasta la elección pasada se hablaba aún de “transición a la democracia”; para las presentes ya no se menciona eso, con lo que habría que entender que entramos de pleno en la democracia. Inmediatamente entonces nos asalta la pregunta: en el país hace un cuarto de siglo que existen presidentes electos en elecciones libres, pero no se come muy bien que digamos (51% de la población vive bajo el umbral de pobreza), la salud es un bien de lujo con un sistema sanitario público al borde del colapso, y la educación sigue siendo una de sus grandes asignaturas pendientes (25% de la población es analfabeta total, y sólo un 2% llega a la universidad). No pareciera que estas democracias post guerras internas hayan solucionado mucho.

De todos modos hay que ser prudentes en el análisis: no hay dudas que hoy ya no se vive en guerra, no hay una política sistemática de desaparición de personas, la lógica militar no es la que domina la vida cotidiana. Pero de ahí a decir que “con la democracia se come, se cura y se educa” pareciera, como mínimo, una exageración.

¿Qué votó el 68% de la población que fue a las urnas el domingo pasado? Votó, como lo hace siempre que le toca cumplir con ese acto cívico, por una esperanza de cambio, de mejora en sus condiciones de vida. Lo cual, naturalmente, es su más absoluto y genuino derecho. ¿Cómo no tener esperanza en alguna mejora una población que vive crónicamente en la carencia, en la marginación, que tiene como única salida emigrar en forma ilegal a Estados Unidos?

Ahora bien: sucede que en Guatemala, si bien formalmente el conflicto armado interno terminó a fines de 1996, la paz no llegó nunca. Además de ese paisaje económico-social que pintábamos (nada prometedor, por cierto), la violencia sigue siendo moneda corriente. Con grupos paralelos de poder herederos del Estado contrainsurgente que dominó el panorama años atrás enquistados aún en las estructuras de gobierno, con un crimen organizado que maneja buena parte de la economía nacional (entre narcoactividad, lavado de activos y contrabando), con una delincuencia cotidiana que torna la vida diaria problemática con robos y asaltos por toda la geografía nacional, con tasas de homicidio que rondan los 15 muertos diarios, y con un clima de impunidad agobiante por la falta de justicia e ineficiencia del sistema judicial (a punto que los linchamientos no son para nada práctica infrecuente), la opinión pública ve en la inseguridad uno de los temas básicos del diario vivir. Ello se agiganta más aún a partir del amarillismo de la prensa la cual, amén de hacer negocio con la propagación indecorosa de un estado de criminalidad elevado por los cielos pero que permite “vender”, juega un papel de control y distractor social fenomenal. Tan es así que para una muy buena parte de la población la inseguridad ha ido colocándose como su principal preocupación.

Desde hace años, pero en forma fenomenal para la presente elección, el fantasma de la violencia asociada a delincuencia como principal problema a resolver ha ganado la agenda nacional. Las propuestas presidenciales fueron girando cada vez más en torno a eso y sólo a eso. El racismo, por ejemplo, que es una herida abierta que atraviesa toda la sociedad, no fue tocado prácticamente por ningún candidato. Es curioso –o patético–, que la mayor causa de muertes diarias no está dado por los hechos violentos, sino por la desnutrición. Pero de eso no se habló una palabra en la reciente campaña electoral. Todo se concentró en cómo terminar con la inseguridad, viendo así –deliberadamente, por supuesto– sólo la punta del iceberg.

El hecho de azuzar el fantasma de la inseguridad provocó en buena parte del electorado una búsqueda casi desesperada de respuestas adecuadas a esa nueva “plaga bíblica”. Fue así que las propuestas de “mano dura” encontraron eco. En esa línea, quien sacara el mayor porcentaje en esta primera vuelta fue Pérez Molina, con un lenguaje militarizado y prometiendo poner orden. Lo de Baldizón se enmarca más en el oportunismo, sabiendo decir lo que la gente quiere oír, pero desde una falta de propuesta real solamente efectista, oportunista. Pirotecnia verbal, podría decirse. Su proposición de un quinceavo sueldo, por ejemplo, más allá de la dificultad/imposibilidad de implementación en términos técnicos concretos, es una de las típicas mentiras de campaña que producen efectos, y punto.

Junto a estas dos ofertas, que son las que pasan a segunda vuelta con un 36 y un 23% de la opción de voto respectivamente, el arco de candidatos presidenciales –10 en total– no ofreció prácticamente ninguna diferencia sustancial. Para la gran mayoría del electorado, que por supuesto por alguien tiene que emitir su sufragio, no se vieron alternativas. La única fuerza de izquierda que se presentó, el Frente Amplio, con la Premio Nobel de la Paz, la maya-quiché Rigoberta Menchú como candidata, evidenció la situación real de las izquierdas en los actuales escenarios neoliberales: presentan programas tibios, más reformistas que apuntando a transformaciones de fondo, evidenciando grandes problemas para unir fuerzas dispersas, y no tienen mayor impacto electoral. De hecho, el domingo llegó apenas a superar un 3% de la preferencia de voto, pudiendo ubicar sólo a dos diputados entre los 158 que constituyen el Congreso.

Es importante destacar que el actual partido en el gobierno, la Unión Nacional de la Esperanza –UNE–, con una propuesta muy tibiamente reformista, quedándole grande incluso el mote de “socialdemócrata”, fue adversada por los grandes factores de poder nacional (los grandes capitales tradicionales, conservadores, siempre opuestos al más mínimo cambio en la estructura de poderes), lográndose no permitir inscribir a su candidata presidencial, la ex esposa del actual mandatario Álvaro Colom, Sandra Torres, en torno a la cual se levantó una venenosa campaña de desprestigio.

De las otras fuerzas que se presentaron a la contienda, todas, sin excepción, eran propuestas de derecha, conservadoras, muchas de ellas sabedoras de no poder ni siquiera aproximarse a una segunda vuelta, pero igualmente aprovechando la participación como partido político en tanto eso les permite negociar cuotas de poder (alguna diputación, algún cargo en el Ejecutivo).

Con excepción de Rigoberta Menchú, no hubo ningún candidato de origen maya en un país donde más de la mitad de su población es indígena. La composición del Congreso refleja igualmente esa asimétrica relación de poderes, y del total de diputados los representantes mayas no pasan de 10.

Otro tanto sucede con la asimetría de género: las mujeres tienen una escasa participación en el Parlamento, y las otras dos mujeres que participaron como aspirantes a la presidencia fuera de la Premio Nobel, obtuvieron porcentajes mínimos, siendo en ambos casos expresiones de las clases dominantes, de los capitales tradicionales.

Sabiendo que Guatemala, al igual que todos los países latinoamericanos, está dominada básicamente por aristocracias tradicionales ligadas a la agroexportación que luego evolucionaron hacia nuevos negocios ubicados en el área de una escasa producción industrial o de servicios, es de destacarse que los capitales emergentes (muchas veces conectados a fuentes no muy santas de acumulación) tuvieron una considerable presencia en las pasadas elecciones. El candidato del partido LIDER, por ejemplo, Manuel Baldizón, es una expresión de esos nuevos reposicionamientos.

Toda la preparación de las campañas, de las que nunca se terminó de saber con exactitud la procedencia de sus fondos, varias veces millonarios por cierto, apuntaba al triunfo del Partido Patriota con su propuesta de derechización en lo político, augurando un retroceso en el campo de los derechos humanos, y seguramente también en la situación económico-social para las grandes mayorías. La aparición del partido LIDER con Baldizón a la cabeza y un enorme crecimiento en el último tramo de la campaña pasando a disputar la segunda vuelta fue algo que –así todo lo indicaría– no estaba en los planes de la derecha tradicional que financió al Partido Patriota. La salida de escena de Sandra Torres, principal obstáculo a vencer para la lógica política anti-reforma de los capitales tradicionales que veía en su candidatura una amenaza al statu quo y que sirviera en su momento para hacer crecer la figura del general retirado, más las propuestas populistas de Baldizón de último momento (el quinceavo sueldo, por ejemplo) o un lenguaje campechano que puede haber llegado más en última instancia que la promesa de una militarización dura, hicieron que no se cumplieran los pronósticos que auguraban una mayor distancia entre ambos contendientes, o incluso, en alguna medición, daban a Pérez Molina como ganador en primera vuelta.

Por las declaraciones dadas por todos los cuadros del Partido Patriota, e incluso la de su candidato, es evidente que el resultado del domingo resultó un balde de agua fría. Sigue siendo el ganador en términos técnicos, pero el pasar a la segunda vuelta habiéndose estancado en su preferencia electoral, y más aún habiendo descendido a su histórico 35 o 36% de voto duro, no le augura la mejor de las suertes en la segunda vuelta. Por el contrario Manuel Baldizón ha sabido moverse hábilmente con un discurso entrador, y en este momento está en alza.

Es muy prematuro en este momento aventurar qué pasará el 6 de noviembre. Ahora comienzan los juegos de alianzas, las oficiales y las que se tejen a escondidas. Los financistas, por supuestos, juegan un papel fundamental en todo esto. Pero luego de toda la parafernalia vivida ahora, y la que se repetirá en un par de meses, queda la pregunta en relación a qué le queda a la gran masa de guatemaltecos luego de esto. Más allá de las interminables promesas electorales –que la gente, aunque no las crea, las sigue recibiendo, tal vez con alguna secreta cuota de esperanza, junto a otra de resignación– lo que prometía aquel candidato que mencionábamos arriba (que con la democracia se comerá, se curará y se educará) está muy lejos de poder cumplirse. De más está decir que las estructuras de poder no pueden cambiar realmente con este gesto vacío de una elección formal. En todo caso el grueso de la población, históricamente abandonada, excluida, más empobrecida ahora con los planes de ajuste estructural y los nuevos agro-negocios destinados a la producción de biocombustibles que quitan tierras al cultivo de alimentos, seguirá igual. ¿Qué puede esperarse entonces para la segunda vuelta? Ni siquiera la esperanza de algún cambio cosmético, como se esperó, por ejemplo, con la actual administración de Álvaro Colom, que pasará finalmente sin pena ni gloria.

La “mano dura”, como toda propuesta de endurecimiento en lo político (lucha al narcotráfico en México, leyes antipandillas en El Salvador u Honduras, Plan Patriota en Colombia), más allá de glorificar conservadores ideales de derechización, no pueden mejorar las condiciones reales de la población. Es como intentar apagar un incendio con baldazos de gasolina. Si hay tanta delincuencia esparcida por ahí, eso no se puede arreglar “matando delincuentes”. Por otro lado el populismo de Manuel Baldizón no augura ninguna posibilidad de transformación en nada, más allá de la comprensible esperanza casi mágica que puede despertar en una población desesperanzada. En definitiva entonces, todo indica que, gane quien gane, no habrá sino más de lo mismo.

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Chile: El problema no es el lucro

Carlos Pérez Soto

1. Conociendo la cultura política tradicional en este país, no es difícil imaginar que mientras más crece un movimiento ciudadano en contra de las políticas establecidas más probable es que naufrague en una negociación entre cuatro paredes, en que los mismos de siempre alcanzan “un gran acuerdo nacional” que cambia de manera puramente mediática lo menos relevante, y mantiene intacto lo que es esencial. Se trata del antiquísimo gatopardismo “todo tiene que cambiar para que nada cambie”.

Para que esto sea posible son necesarios algunos procedimientos típicos: desviar el objetivo de las demandas (del financiamiento a la calidad), extremar artificialmente las posturas de los demandantes (“no es aceptable atentar contra la libertad de la educación”, “quieren estatizar la educación”), presentar como razonable la interesada terquedad de los defensores del modelo (“todo tiene un costo”, “no hay nada de malo en el lucro”), presentar las demandas como ilusorias y utópicas (“las utopías, cuando no tienen fundamento racional, son solamente utopías”). En estas distorsiones se pueden llegar a extremos grotescos: “ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, “quizás haya que sacar a los militares para controlar los desmanes”, “la educación es un bien de consumo”, “hay algunos que quieren destruir Chile”.

Pero la posibilidad de una transacción que mantenga las líneas fundamentales del modelo a pesar de las grandes palabras con que se adorne puede ser también facilitada desde la izquierda. Con o sin una consciencia explícita de su contribución a la mediocridad clásica de los compromisos políticos que se han llamado hasta ahora de manera mañosa “consensos”, las izquierdas (que son varias) pueden ser rebasadas por los reflejos empobrecedores heredados de los aspectos sombríos de su propia historia. En las luchas en curso, las más grandes en treinta años, las que probablemente tengan la mayor proyección, se deben evitar a toda costa los automatismos doctrinarios. Evitar el estatalismo plano, la salida populista, la grandilocuencia retórica, la demagogia. El estilo comunicacional de los dirigentes estudiantiles nos ofrece una poderosa esperanza al respecto. Por muy tradicionales que sean sus militancias o sus opciones teóricas se ve en ellos la disposición a enfrentar el conflicto de una manera abierta, sin grandes ideologismos, manteniendo firme sin embargo el trasfondo claramente ideológico que los sustenta, y denunciando la pretensión de discutir “sin ideologías” que han pretendido el oficialismo y sus defensores. Las consideraciones siguientes no son sino una contribución a esa nueva actitud, que nos promete la lenta configuración de una nueva izquierda.

Para estar a la altura de las necesidades y demandas de las grandes mayorías nacionales es necesario, en primer lugar, tener muy claro qué es lo esencial en esta lucha, qué es lo que golpea de manera más dura al interés neoliberal, qué es lo que atiende de manera más real y profunda a los intereses de todos los chilenos. En esta tarea probablemente nos encontraremos con la confusión permanente que produce la fraseología populista y, con toda seguridad, tendremos que batirnos con las pobrezas de una frágil izquierda que en medida importante llegó a ser cooptada bajo la excusa de que la Concertación representaba un mal menor.

2. El primer y mejor ejemplo de estas pobrezas es el eslogan genérico que pide el fin de la municipalización de escuelas y liceos, con la consecuencia de centrar todos los defectos de tal sistema en la gestión municipal, y el reverso, que se mantuvo por más de veinte años, de que la solución era volver a la administración estatal central: “devolver los colegios al Ministerios de Educación”.

Hoy sabemos que los municipios que cuentan con recursos sí pueden administrar muy buenos colegios, y que la mayoría de los municipios más pobres desvían recursos que reciben por educación a otros ítems generales de su presupuesto, sin que nadie se haya preocupado de dictar un simple decreto que lo impida, o fiscalizar esas prácticas, de por sí irregulares.

El problema esencial no es la gestión municipal sino el que se cuente con el financiamiento adecuado. El problema esencial es que el Estado aumente radicalmente su inversión en infraestructura, en equipamiento, de la educación municipal. Que considere una inversión social el aumentar de manera sustantiva los salarios de los profesores. La exigencia esencial es que el Estado financie de manera directa y permanente las escuelas y liceos, terminando con el sistema de subvenciones, de premios y bonos “por rendimiento”. La exigencia es que el Estado se haga cargo de manera permanente, que asuma su responsabilidad, que haga crecer sus colegios, que cree escuelas y liceos nuevos, hasta ofrecer una cobertura de matrícula que garantice de manera real el acceso a todos los chilenos.

Por supuesto la gestión municipal puede ser mejorada. Quizás lo más aconsejable es que su descentralización descanse en el nivel provincial. Desde luego es necesario integrar de manera real a la comunidad local, y respetar su diversidad en los contenidos educativos concretos.

El Estado central debe asegurar la calidad de acuerdo a estándares que sean capaces de reflejar a la vez mínimos comunes y las diversidades locales. Un municipio empoderado, con recursos efectivos, es el mejor espacio en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades. Asociaciones de municipios son necesarias en los lugares en que por razones demográficas o económicas no se alcance una capacidad de gestión suficiente.

3. El segundo gran ejemplo es la consigna, justa pero genérica, de “fin al lucro” en educación. La experiencia con las universidades privadas debería servirnos para hacernos conscientes de los múltiples fraudes que se pueden cometer aún prohibiendo el lucro. Dada la enorme variedad de subterfugios que se pueden usar para convertir a una institución educacional en un verdadero centro de negocios, y dada la sospechosa tradición de falta de voluntad y recursos para una fiscalización efectiva, la verdad es que nadie puede garantizar que la simple declaración “sin fines de lucro” impida el desvío de recursos estatales a bolsillos privados.

La única manera efectiva de garantizar que los recursos estatales para la educación se destinen sólo a los fines a los que han sido asignados es que se gasten en el propio sistema educacional estatal.

Esto debe acarrear como consecuencia que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear y extender la cobertura de un sistema gratuito y de calidad, en todos los niveles educacionales, para todos los chilenos que lo requieran.

Sólo entonces alguien podrá elegir libremente si quiere acogerse a una educación laica y democrática, pensada como inversión social, al servicio de los intereses del país, o prefiere acogerse a sistemas educativos privados, pagados o no, que profesen libremente concepciones doctrinarias particulares.

4. El gran argumento que se ha esgrimido contra la educación estatal gratuita es que sería “injusta” e incluso “regresiva”, porque los recursos de todos, que se asume fácilmente serían “escasos”, contribuirían a financiar la educación de los más ricos. Hay algo de cinismo, o de ignorancia asumida, en este argumento hoy numéricamente correcto y moralmente mañoso.

La primera cuestión es que los recursos del Estado no tendrían por qué ser escasos. En cuarenta años la masa estudiantil total del país se ha duplicado, pero las ganancias obtenidas sólo por la extracción de cobre han aumentado ochenta veces. Los “recursos escasos” no son sino una excusa hipócrita enarbolada justamente por los que han contribuido a que actualmente sean escasos.

La segunda cuestión es que los ricos en este país no representan más del 5% de la población, y aún estirando tal sector a las capas medias que pueden pagar educación directamente no alcanzan más del 15%. No debería importarnos financiar el derecho a la educación de este 15% de los chilenos, que debe tenerlo, como todos, si el efecto conjunto de esa medida es garantizar el mismo derecho y en las mismas condiciones para el otro 85%, sobre todo si a la vez ponen significativos impuestos para hacerlo posible.

El que los ricos vayan a colegios y a universidades estatales debería ser considerado más bien como un aporte. Ya han mostrado muchas veces que no son incapaces de filantropía o paternalismo. Vamos a ver ahora si en el contacto con los chilenos comunes quizás lleguen a sensibilizarse también con las necesidades profundas, sentidas y acordadas democráticamente por las grandes mayorías. Si quieren asumir ese riesgo, primero, tienen y deben tener, como todos, pleno derecho y, segundo, sean bienvenidos.

5. La demanda contra el lucro no debe ser interpretada como prohibición de todo lucro en educación. Para los objetivos que persigue el movimiento estudiantil, no es necesario hacerlo. Lo esencial es que ni un peso de los fondos estatales vaya directamente (como subvenciones), o indirectamente (como exenciones tributarias) a los que obtienen bienes concretos por ello, o a los que persiguen fines doctrinarios particulares a través de la educación.

Si los ricos quieren y pueden tener y pagar colegios y universidades privadas que los tengan, si los católicos o los comunistas quieren propagar sus doctrinas a través de colegios y universidades que pongan su 1% para financiarlas. Lo esencial es que el Estado asuma su responsabilidad de ofrecer educación gratuita, lo esencial es que no hay ninguna razón real para que lo haga a través de particulares privados, menos aún si imprimen a sus iniciativas un sello ideológico particular. Lo esencial no es sólo ofrecer educación estatal gratuita sino, también, terminar con el sistema de subvenciones.

6. Por supuesto, ante esta exigencia radical de que el Estado asuma de manera efectiva su responsabilidad de garantizar derechos básicos, se esgrimirá la viejísima argucia de que se debe apoyar a las instituciones que tan buenamente ofician de “auxiliares de la función educativa del Estado”, a través de la cual la clase política tradicional, desde todos sus sectores, aceptó financiar los colegios y universidades católicas como una forma de empate ante el crecimiento de la educación laica promovida por los gobiernos que buscaron por esa vía ampliar la democracia, hacerla más efectiva.

La curiosa lógica que se usó es que al Estado no le alcanzaban los recursos para llegar a todas partes, por lo que debía… ocupar parte de sus recursos para que otros pudieran hacerlo. Por esta vía se financiaron o eximieron de impuestos muchos colegios para niños pobres, que perfectamente, con esos mismos recursos, podría haber asumido el Estado. Pero también se ha financiado, hasta el día de hoy, una proporción sustantiva del financiamiento de las universidades católicas, cuyo ingreso y composición… no es precisamente la más democrática.

Parte de la argucia tramposa pasaba, desde luego, por la eterna cantinela: “somos un país pobre”. No somos un país pobre, nunca lo hemos sido. Somos en realidad un país empobrecido por el saqueo de sus enormes riquezas naturales. El saqueo permitido y avalado por los mismos que por otro lado afirman que necesitamos privados que nos auxilien en materia educacional.

El Estado chileno, en principio, no necesita ser auxiliado para garantizar los derechos básicos de todos. Perfectamente podría contar con los recursos para hacerlo. Pues bien, si además, de manera gratuita y desinteresada, o incluso persiguiendo el lucro o fines doctrinarios particulares, hay privados que quieran ofrecer alternativas, especificidades ideológicas o simples privilegios de estatus, bienvenidos sean. Tienen, y deben tener el derecho de desarrollarlas. Pero de ese derecho no se sigue en absoluto que el Estado, que es de todos los chilenos, deba financiarlos en modo alguno.

Con lo dicho en este punto debería ser suficiente. Pero dadas las propuestas surgidas desde cierta pillería de izquierda es necesario, lamentablemente, un párrafo más. Hay quienes sostienen que se deberían mantener las subvenciones a aquellas instituciones privadas, en particular universidades, que se comprometan con un proyecto democrático, popular, al servicio del país. Sinceramente me parece un argumento impresentable. No imagino cómo se podrían distinguir las pretensiones “democráticas”, de “servicio”, e incluso “populares” que mantienen los comunistas de las que también dicen tener los Legionarios de Cristo. De lo que se trata aquí es de una política de empate en que finalmente no me importa que financien a otros con tal de que caiga algo de financiamiento para el lado mío. Una lógica análoga a la que ha llevado a que las campañas políticas de partidos e ideologías particulares sean financiadas con dineros de todos los chilenos. Tal como hoy financiamos las campañas de los parlamentarios que no nos representan, lo que se propone equivale a ayudar a financiar doctrinas e ideologías que no tendrían por qué representarnos, o justamente coincidir con los intereses generales de todo el país.

7. Otro asunto en el que también es difícil hacer diferencias razonables, y de izquierda, es la justa demanda por la democratización de las universidades. Para evitar la demagogia y el estatalismo en este ámbito es necesario hacer dos tipos de diferencias. Una es en torno a qué aspectos de la vida universitaria se pretende democratizar, otro es qué debería ser exigible para las universidades estatales y qué debería ser exigible para las privadas.

Hay cuatro ámbitos de democratización principales, y claramente distinguibles, en la vida universitaria. Uno es el derecho general de asociación de tipo gremial bajo centros y federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores y asociaciones de académicos. Otro es la democratización de la gestión universitaria, bajo diversas fórmulas y proporciones de cogobierno entre los estamentos académico, estudiantil y de funcionarios. Un tercer espacio es el carácter democrático del proyecto universitario, de sus contenidos doctrinarios y los objetivos generales que se siguen de ellos. Otro, tanto o más importante, es el carácter democrático del ingreso y de la composición social de la comunidad universitaria.

Todos y cada uno de estos aspectos debe ser exigible plenamente a las universidades estatales. La situación no tiene por qué ser la misma en las universidades privadas. En este último caso, cada aspecto debe ser ponderado en cuánto a qué es exigible y en qué medida.

Por un lado es plenamente exigible, en virtud del derecho básico de asociación, que trasciende a las instituciones particulares, la existencia de organizaciones académicas, estudiantiles y de trabajadores, propias, autónomas y democráticas.

El derecho de cogobierno, en cambio, que debe ser básico para las estatales, no tendría por qué ser impuesto a priori sobre las privadas. Es algo que cada comunidad universitaria privada debería ganar a través de luchas propias y autónomas hasta alcanzar fórmulas de consenso con los dueños y mecenas particulares.

Lo mismo debe ocurrir con los proyectos universitarios privados y los objetivos que se fijen por sí mismos, de manera autónoma. El Estado puede certificar niveles de calidad, puede intervenir sobre los objetivos o acciones de estas corporaciones privadas que contravengan leyes generales de la nación, pero no debería fijar, limitar o conducir los proyectos propios en cuanto a sus contenidos.

De la misma manera, el poder estatal no tiene por qué exigir a los colegios o universidades privadas que sean democráticas en su composición social o en su ingreso. Si los ricos, o si sectas particulares, quieren formar instituciones educacionales elitistas o exclusivas, que lo hagan. Deben tener derecho a hacerlo. Lo que el Estado puede hacer, de nuevo en virtud de derechos anteriores y más generales, es intervenir en casos de discriminación, como los que pueden surgir de diferencias étnicas o de género, o sobre condiciones discriminatorias como las que pueden afectar a las estudiantes embarazadas, o a los que provienen de familias constituidas de maneras diferentes. Pero no tendría por qué intervenir en el precio o en las condiciones de afiliación que quieran darse en virtud de sus objetivos doctrinarios particulares, ni en las consecuencias elitistas que puedan tener. El Estado tiene que cumplir con SU deber, en este caso garantizar derechos. No tiene por qué fijar los deberes que los cuerpos sociales particulares quieran darse a sí mismos.

Todos estos límites a la acción del Estado deben surgir de dos cuestiones esenciales, que un proyecto de izquierda debería defender: uno es que el Estado no ponga ni un peso en tales proyectos, el otro es que es plenamente deseable desarrollar y defender la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil ante su poder.

9. De acuerdo con la línea de argumentación que he seguido hasta aquí, debe ser obvio que lo que estoy defendiendo NO es estatizar todo el sistema educativo. Tal cosa no es siquiera deseable, incluso desde un punto de vista de izquierda. Por lo demás, ninguno de los actores relevantes del movimiento actual está planteando tal demanda.

Pero, debe resultar igualmente claro que lo que propongo es que el sistema estatal de educación debe ser más grande y mejor dotado que cualquier sistema privado: debe ofrecer una cobertura que abarque potencialmente a toda la demanda educacional, en todos los niveles.

Responsabilidad del Estado y estatalismo no tienen por qué ser la misma cosa. La responsabilidad del Estado en cuanto a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, transporte, cultura, no tiene por qué ser sinónimo ni de exclusividad, ni de centralismo. No tiene por qué ser contraria a la autonomía de los cuerpos sociales ni a la radical descentralización de su gestión.

Defender y garantizar de manera efectiva derechos básicos no tiene por qué implicar su delegación a privados particulares. Detentar la posición hegemónica en la garantización de estos derechos no tiene por qué implicar la inhibición de los particulares que quieren ejercerlos además por sí mismos, ni coartándolos ni imponiéndoles condiciones que los limiten en su esencia. Pero, seamos muy claros: respetar ese derecho inalienable de los particulares no tiene por qué conllevar su financiamiento con recursos que pertenecen a todos.

10. La objeción esperable a esta hegemonía del sistema educativo estatal, aun defendiendo el derecho a sostener alternativas de los particulares, es que la función educacional quedaría abandonada a los vaivenes e ineficacias de los gobiernos de turno.

Por supuesto la respuesta trivial es que no debería confundirse, ni en los principios ni en las prácticas, las funciones y responsabilidades del Estado con las de los gobiernos particulares. Pero, justamente por muchos de los principios concretos que han operado, y sobre todo por las prácticas habituales, esto es algo que tiene que ser especificado, y defendido, de manera efectiva.

La primera cuestión es que los presupuestos permanentes en materia educacional, y también en salud, en las políticas de vivienda, de transportes, de fomento de la cultura, deberían ser más largos que la duración de los períodos presidenciales, es decir, deberían ser considerados como políticas estratégicas del Estado, que los gobiernos particulares deben comprometerse a ejecutar. Es evidente que en una cultura política y politiquera como la que nos han impuesto esto implica quitarle a los políticos y a los politicastros algunas de las principales herramientas para cooptar a los ciudadanos y mantener clientelas. Pero, justamente por eso, esta es un criterio que debe ser peleado y defendido por los que quieran expresar realmente los intereses de los ciudadanos, por sobre sus intereses doctrinarios.

La segunda cuestión es que se debe promover una fuerte autonomía de los proyectos educacionales respecto de las autoridades estatales transitorias. Desde luego, la recuperación de una autonomía universitaria efectiva. Pero, también, la autonomía de las comunidades locales en respecto de la gestión y el contenido de las instituciones educacionales básicas, medias y técnicos profesionales. Una autonomía ligada a los municipios e instancias provinciales desde las que se organicen, también independiente de sus autoridades transitorias.

Sobre el mito neoliberal de que el Estado es un administrador ineficiente, promovido con tanto entusiasmo por los funcionarios neoliberales que destruyeron y empobrecieron las instituciones estatales para luego venderlas al mejor postor, es poco lo que se puede agregar ante el espectáculo indignante de la ineficiencia interesada de los bancos, ante las garantías de todo tipo que han protegido las ganancias de empresarios que no se someten a la competencia que el modelo exhibe como mecanismo ideal, ante el escándalo de las ganancias obtenidas desde la subvención directa del Estado por empresarios que piden que haya menos Estado.

La corrupción estatal, que siempre es un peligro, ha sido espectacularmente mayor y más grave justamente entre los promotores de un modelo que ha intentado, al menos retóricamente, disminuir su acción… porque sería susceptible de corrupción. Un Estado democrático, que opere de manera descentralizada, con proyectos estratégicos que trascienden a los gobiernos particulares, radicalmente dedicado a cumplir sus responsabilidades garantizando derechos para todos los ciudadanos, es más fácilmente fiscalizable que el Estado puesto completamente al servicio de la avidez del lucro.

11. Pero, aun estando de acuerdo con todas las proposiciones anteriores, los pillos de siempre, distribuidos convenientemente en todos los sectores, pueden objetarnos que ya existe una situación de hecho, y que para negociar estamos obligados a tomarla como punto de partida. Esto es cierto, pero debe ser enfrentado de manera dura y clara: ninguna situación que afecte al interés de todos los chilenos puede considerarse como inamovible e irreversible. Y, a la vez, las condiciones de esta reversibilidad deben ser discutidas sin maximalismo, ni demagogia.

Una de las grandes habilidades del modelo neoliberal que se nos ha impuesto es la manera en que se ha comprometido directamente a todos los ciudadanos en su éxito. Los fondos previsionales de cada trabajador están ligados al éxito o fracaso del modelo económico, e incluso de la especulación financiera. El derecho a la salud ha sido progresivamente entregado a la prosperidad de las empresas privadas de salud. El derecho a la educación superior ha sido entregado de manera vergonzosa a la avidez de la banca y de las universidades “sin fines de lucro”.

En el caso de la educación básica y media se ha debilitado sistemáticamente a los colegios municipales, y se ha favorecido vergonzosamente a los subvencionados hasta el punto de que hoy en día un 60% de los estudiantes dependen de subvenciones entregadas a privados.

No es razonable, es incluso contraproducente para el mismo movimiento en marcha, poner fin de manera abrupta a este sistema vergonzoso. Pero seamos claros una vez más: la única manera de garantizar que los recursos estatales no sean desviados a bolsillos privados o a proyectos doctrinarios particulares por los múltiples subterfugios del lucro es terminar con el sistema de subvenciones.

La manera de hacerlo no es difícil de imaginar. Sólo la falta de voluntad política impide formularla claramente. En primer lugar es necesario congelar el valor de las subvenciones a privados, tengan o no fines de lucro, en su valor actual. Y es necesario congelar toda incorporación de nuevas instituciones a este sistema, o de nuevos modos de ejercerlo.

En segundo lugar es necesario fortalecer un sistema educacional estatal y descentralizado. Mejorando los colegios que existen, creando colegios nuevos, mejorando las remuneraciones de los profesores, creando un sistema nacional de educación técnico profesional, fortaleciendo las universidades estatales y las tradicionales no privadas.

En tercer lugar se debe fijar un programa de disminución progresiva de las subvenciones a establecimientos privados, con o sin fines de lucro, para volcar progresivamente esos fondos a la educación estatal. No importa el plazo, pueden ser diez o quince años, para dar tiempo al cambio de carácter de las instituciones privadas, aceptando incluso que aumenten progresivamente el costo de sus escolaridades. Y, a la vez, dando tiempo para aumentar la cobertura estatal que garantice el derecho de todo el que prefiera no asumir ese aumento del costo de la educación privada. Lo importante, sin embargo, es mantener firmemente el objetivo: terminar con un sistema que implica la renuncia del Estado a una de sus funciones y obligaciones esenciales.

Pero también, el terminar con el sistema de subvenciones debe implicar su reemplazo progresivo por un sistema de financiamientos directos, estables, por proyectos (no por asistencia o matrícula), de acuerdo a la demanda educacional. Eso puede y debe empezar ahora mismo, aumentando el aporte basal a las universidades estatales y tradicionales no privadas hasta el 50%.

Pero debe empezar también, ahora mismo, con una medida análoga destinada a la educación municipalizada: al menos el 50% del presupuesto de los colegios actualmente municipalizados debe ser aportada de manera estable, permanente, de acuerdo al proyecto y a la cobertura que se espera de ellos. Y este 50% debe ser aumentado luego, de manera progresiva, hasta llegar al total.

No es esa la situación de la Educación Técnico Profesional. En ese caso el Estado debe, ahora mismo, crear desde cero, porque abandonó entre gallos y medianoche el que tenía, un sistema estatal de Educación Técnico Profesional, financiado en un 100%, también de manera estable y por proyecto.

12. El movimiento estudiantil, ampliado hasta convertirse en un gran movimiento social, debe exigir del Parlamento una legislación que haga posible esta perspectiva. Como debe ser obvio para cualquiera que conozca los amarres institucionales del modelo imperante, esto es extraordinariamente difícil. El gobierno actual, firme y explícito defensor del modelo neoliberal, no estará dispuesto a hacerlo. Lo ha mostrado consistentemente en los escasos puntos precisos que contienen las propuestas que ha presentado hasta ahora ante las demandas, y también en la intencionada vaguedad con que presenta los demás puntos. Probablemente lo que hará, y esa es la línea planteada, es tirarle el bulto al Parlamento.

Pero en el Parlamento, elegido de manera tal que la derecha tiene la mitad de la representación contando sólo con la tercera parte del apoyo electoral, y compuesto por dos coaliciones que han estado plenamente de acuerdo en administrar pacíficamente el mismo modelo desde la época de la Dictadura, tampoco es verosímil alcanzar las mayorías y quórum necesarios para responder de manera integral a los derechos de los ciudadanos, y a las responsabilidades básicas del Estado.

La alternativa entonces, después de una larga y trabajosa tragicomedia de llamados al diálogo en que el poder imperante no concede nada esencial, y de mesas de expertos cuyas proposiciones no hacen sino confirmar el carácter general de lo que ya existe, es exigir un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie de manera directa y expresa por el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, en todos los niveles educacionales.

Como todos sabemos, porque en este país incluso los plebiscitos forman parte de las técnicas de manipulación de la voluntad popular, la formulación del tema, las condiciones de su realización, su eventual carácter vinculante son, todas y cada una, condiciones que deben ser peleadas y vigiladas paso a paso. Pero esa es una lucha perfectamente posible.

Dialogar, ir a las mesas de diálogo para ir rechazando cada vez sus vaguedades, las proposiciones que sólo confirman lo que hay, para ir detectando e impugnando cada vez el oscuro poder de la letra chica. Pero incluso este diálogo debe tener un límite. No podemos tolerar que las demandas sociales sean aplazadas cada vez que haya elecciones con el único objetivo de cargarlas al gobierno siguiente. Es necesario fijar un límite más allá del cual sólo se puede considerar suficiente un plebiscito que ofrezca las garantías necesarias para que el movimiento social pueda exponer sus razones y pedir el respaldo de toda la ciudadanía.

Nada impide que este recurso sea exigido al cabo de un plazo breve de diálogo en que se confronten posiciones cuyos fundamentos, perspectivas y consecuencias son, como es visible, radicalmente distintos. No podemos tolerar que los pillos nos digan que “nuestras posturas no están tan alejadas” con el único resultado de que pasen en medio de la vaguedad de los acuerdos, y los empates convenientes entre las fracciones politiqueras, los mismos principios que ya nos han impuestos, o una apariencia de nuevos principios que conduzcan a los mismos resultados.

Contra la componenda, contra el arreglín, lo que hay que hacer es precisar lo más claramente posible qué es lo que queremos, y proponer lo que contribuya de la manera más efectiva a satisfacer las demandas y necesidades de las grandes mayorías nacionales.

Esta es una tarea para todo el movimiento social. Esta es una tarea que define la esencia de lo que debería ser la gran izquierda, aquella quesea capaz de contener en un espíritu común, en un horizonte común, a las muchas izquierdas existentes.

La claridad y la radicalidad de los nuevos dirigentes estudiantiles, su fuerza y su disposición para no aceptar la clase de componendas que han sido tan típicas de nuestra historia política, es la mejor muestra de que esa gran izquierda es perfectamente posible.

Carlos Pérez Soto es Profesor de Física, Universidad ARCIS.

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Paraguay: Impune hasta el cementerio

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Augusto Montanaro, último ministro del Interior del estronismo, tenebroso puntal de la tiranía del Partido Colorado, asesino asociado con asesinos, fugado como rata cuando comenzó a entrar agua al barco en febrero de 1989, convertido en su refugio hondureño en pastor evangélico, y retornado al escenario de sus crímenes haciéndose el loco, ha muerto y con su extinción física ha desaparecido una de las muchas lacras que aún apestan la tierra paraguaya.

La impunidad y el secreto de las tumbas clandestinas de presos políticos, lo acompañó hasta su última morada, en muestra de la complicidad de las mafias que, desde hace décadas, están institucionalizadas en las esferas políticas y jurídicas del país, en una práctica corporativista que prioriza la autoprotección, gozando todavía de muchos beneficios del poder.

Montanaro, a su regreso a Paraguay en la madrugada del uno de mayo del 2009, fue un interno de lujo en una clínica de Asunción, y luego enviado a Tacumbú por orden del Juez Andrés Casati, porque tenía orden de captura por el asesinato en 1976 de Mario Schaerer.

¡¡Dos días pasó en la cárcel!!, porque lo liberaron los ministros de la Corte Suprema, Alicia Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac y Sindulfo Blanco, que lo derivaron a su domicilio por razones humanitarias, las que nunca conoció con los presos de conciencia y tanto violó en su reinado del crimen durante veinte años.

La prepotencia, el autoritarismo, el tuerca-tuerca que respondía cuando le proponían dialogar, el desprecio por la vida de todo opositor ideológico, su inmensa capacidad para atropellar familias enteras sin el más mínimo respeto por los más humildes, al igual que su predecesor en la cartera del Interior Edgar Insfrán o el General Patricio Colmán, entre otros crápulas, son algunos de los vicios que aún operan entre muchos de los mandantes del Partido Colorado.

En ese punto radica la razón de escribir estas líneas, pues Montanaro no lo merece, pero sí el pueblo colorado estafado por sus dirigentes más corruptos y vendepatria.

En cuatro meses y poco, se cumplirán 23 años del desplazamiento de Strossner por sus socios y parientes, y en todo este tiempo, jamás la cúpula colorada ha ensayado una autocrítica por sus 70 años de oprobio, de abyección, y de saqueo del país.

Tampoco por los crímenes cometidos bajo sus gobiernos desde 1940, la destrucción de miles de familias y la expulsión al exilio de miles de compatriotas y con ellos a un inmenso capital moral y de capacidad intelectual, cuya ausencia empobreció culturalmente el país hasta hoy, porque en el plano académico, teórico e ideológico, aún no ha logrado recuperarse.

Capo visible de la represión durante 20 años, Montanaro huyó del territorio paraguayo de inmediato al derrocamiento de su jefe adorado, el General Alfredo Strossner, junto con otro personaje siniestro, Antonio Campos Alum, su más inmediato cómplice al frente de la Técnica, en torturas, asesinatos y desapariciones de presos, desde los socavones de la Policía, junto con el depravado Pastor Coronel.

Campos Alum, según el Abogado Martín Almada, otra de sus víctimas, también habría regresado al país, donde continuarían viviendo, si es que alguno no ha muerto en sus guaridas, los otros tres miembros del fundamentalismo colorado, llamado por ellos mismos “cuatrinomio de oro”, los exMinistros Eugenio Jacquet y Adán Godoy Giménez, y el Secretario Privado del tirano, Mario Abdo Benítez.

Todos por igual, y muchos otros, gozan de impunidad, a pesar de haber cometido o ayudado a cometer, crímenes de lesa humanidad, y de haber formado parte del Operativo Cóndor, esa maquinaria infernal de aniquilamiento diseñada por Estados Unidos, que terminó con la vida de unos cien mil seres humanos en Suramérica, entre mediados de los sesenta hasta fines de los ochenta.

Por razones biológicas, otros Montanaro irán desapareciendo y la contaminación ambiental se reducirá algo, y “algo es algo”, como dijo Mario Benedetti al referirse al suicidio de un torturador, a quien el horror de sus hazañas sobre la humanidad de sus víctimas, no lo dejaba dormir, pero no es todo y, finalmente, es muy poco.

El problema es la impunidad que reina en Paraguay, en protección de los asesinos y ladrones de la tiranía, traficantes de todo, desde personas hasta drogas, pasando por armas, vehículos y medicamentos, usurpadores de tierra, convertidos en multimillonarios y, sin poder justificar el origen de su fortuna, pretenden erguirse en salvadores de la patria.

El entierro de Montanaro se hizo con sigilo y apuro, como queriendo ocultar algo comprometedor, pecaminoso, tratando de evitar que su recuerdo provoque el despertar de la dignidad nacional y enturbie el estímulo a la barbarie y el matonaje de los continuadores y aprendices de esa lacra que todavía camina infestando la tierra, y alimentando la corrupción y prostitución de los poderes del Estado y de la sociedad.

Prueba de lo difícil que resulta respirar aire limpio, a pocas horas del sepelio de tan siniestro personaje, descendía en el aeropuerto de Asunción otra figura con mucha similitud en las fechorías, el ex presidente de Colombia Alvaro Uribe.

El “uvito” de Pablo Escobar, el Alcalde de Medellín que le abría el aeropuerto para el tráfico de estupefacientes, vino contratado para participar en un foro internacional de empresarios de ultraderecha, uno de esos contenedores con envoltorio de lujo, donde van siendo depositados los mandatarios que más daño han provocado al mundo, convertidos en disertantes y consejeros de las vías que deben recorrer los pueblos para ser aún más infelices, con tal de salvar al sistema capitalista.

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Los acosos de la oposición en Venezuela no han variado

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Siendo uno su objetivo, la contrarrevolución ha chocado repetidamente contra una resistencia popular que ha blindado el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, a pesar de sus evidentes debilidades y contradicciones. Este hecho en sí representa un avance significativo en la percepción y protagonismo político asumidos por los sectores populares desde finales de la última década del siglo pasado, más que de las fuerzas políticas nominalmente revolucionarias, cuestión que enmarca dicho proceso en condiciones atípicas, en un todo diferente a las diversas experiencias revolucionarias producidas a nivel mundial en los últimos cien años.

Sin embargo, todos los cambios impulsados desde el gobierno por el Presidente Hugo Chávez para encaminar a los venezolanos hacia una sociedad de inclusión y de justicia social, de absoluta soberanía nacional, de diversificación de la economía, de redistribución de la riqueza generada entre todos, de espíritu popular, nacionalista y bolivariano en las Fuerzas Armadas, de respeto a la dignidad y derechos de nuestros pueblos aborígenes y otros más que perfilan un modelo de sociedad y de nación radicalmente diferentes al existente hasta 1999, han sido satanizados de manera constante por quienes sienten que se les quitó algo que les pertenecía por derecho propio y divino: el poder.

Este acoso invariable de la oposición sólo le ha ganado adeptos entre aquellos que forman parte del poder político, militar y económico conservador de Estados Unidos, Europa y, minoritariamente, de nuestra América, lo cual le ha resultado beneficioso, dado el apoyo monetario que se le ha brindado para continuar con su estrategia desestabilizadora, no obstante el rechazo popular. Así, han recurrido a los mismos viejos y espurios argumentos de la clase dirigente gringa, pintando escenarios apocalípticos que hacen de Venezuela, prácticamente, un territorio de guerra fratricida, cosa que distorsiona grandemente la apreciación de quienes observan la situación desde afuera, víctimas de la complicidad mediática a nivel nacional e internacional que convierte al régimen de Chávez en un perpetuo violador de los derechos humanos y en una amenaza para la paz regional, la democracia y, por supuesto, la propiedad privada.

Por eso, es imperativo rememorar los triunfos efímeros conseguidos por la contrarrevolución, entre estos, el golpe de Estado y el paro patronal de 2002 y 2003, puesto que los mismos revelaron ampliamente la catadura y la saña de sus representantes contra un pueblo que, sólo armado con su conciencia, supo derrotarlos como nunca antes lo hizo pueblo alguno en la historia humana, obligando a las fuerzas armadas nacionales a restituir a Chávez en la presidencia. Además, no se debe obviar que tal oposición busca suscitar una atmósfera de violencia política que amerite la intervención de los organismos multilaterales y, bajo su manto, del imperialismo yanqui, del mismo modo que ya lo ha hecho en otros países, sin importarle la falta de legitimidad de sus acciones injerencistas. Esto evidencia que los acosos opositores no variarán ni una pizca, contando para ello, incluso, con la actuación elitista y nada revolucionaria de la pequeña burguesía enquistada en los distintos niveles del Estado y de los partidos políticos más representativos que apoyan al Presidente Chávez.

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La estrategia de la distracción

Noam Chomsky

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

2- Crear problemas, después ofrecer soluciones.

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3- La estrategia de la gradualidad.

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4- La estrategia de diferir.

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad.

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

9- Reforzar la autoculpabilidad.

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay revolución!

10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Fuente imagen: MFPIC

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Argentina: agronegocios o derechos humanos

Darío Aranda (LA VACA)

Extranjerización, Plan Agroalimentario y derechos humanos. "La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?".

El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.


La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?


En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).

El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.


“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.


Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.

El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.


El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.

“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.

Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.

La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).

La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.

En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.


“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.

Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.


El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.

El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.

Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.

El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.

El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.

En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.

“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.

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Ferrocarriles: Convenios con China

Martín Scalabrini Ortíz (INFOSUR)

Un llamado de atención de cara a la recuperación de la red ferroviaria.

Desde este espacio se han destacado a los ferrocarriles como un elemento importante del desarrollo nacional. Durante largos períodos de nuestra historia, fueron utilizados como herramienta de dominación, cuando los capitales ingleses ejercían su voluntad y los dedicaron al servicio del transporte de materias primas desde el interior hacia el puerto, y el transporte de productos manufacturados extranjeros desde el puerto hacia el interior, ahogando toda posibilidad de desarrollo autónomo 1. Sin embargo, el ferrocarril, al servicio de la Nación, ha generado actividades complementarias que han servido para el crecimiento de pueblos enteros, con sus talleres, escuelas técnicas e industrias y servicios asociados 2. La destrucción y el desguace del Ferrocarril por medio de su privatización en la década neoliberal del 90, trajo como consecuencia el cierre de innumerables talleres perdiendo el conocimiento acumulado a lo largo de muchos años y dejando sin trabajo a miles de trabajadores ferroviarios. Se produjo la disminución drástica de la cantidad de kilómetros de vías operativas. El desinterés privado llevó a la casi desaparición de la industria ferroviaria nacional, transformando a los ferrocarriles al mismo papel que tenían hace un siglo cuando servían al interés extranjero 3.

Con el fervor latente de los levantamientos populares de diciembre del 2001, se realizaron anuncios de recuperación de los ferrocarriles por parte del nuevo Gobierno que comenzaba en el 2003. Sin embargo, los anuncios quedaron en vía muerta 4. A la luz de estos anuncios y en un intento de aportar desde el conocimiento académico, se realizó una propuesta de llevar a cabo un proyecto de recuperación de la producción de rieles para ferrocarriles con un plan ideado por la Facultad de Ingeniería de la UBA, destacando la importancia de su fabricación para sostener como parte de un plan de desarrollo ferroviario 5. En su lugar, se propuso comprar trenes de alta velocidad como parte de un plan de modernización de la red. Este intento de adquisición “llave en mano”, por valor de U$S 5000 millones y financiación a 16 años, fue abortado frente al contraste que mostraba la posibilidad de desarrollar un plan nacional de recuperación del ferrocarril por el mismo monto, con recursos genuinos y con desarrollo de tecnología propia 6. Incluso, existen sendos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación referidos a este tema 7.

El camino del desarrollo ferroviario continúa por la senda del facilismo en perjuicio de lo que podría ser una oportunidad para la recuperación de la industria ferroviaria.

En julio del 2010, en el contexto de la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a China, se firmaron entre 12 y 18 convenios bilaterales, según la fuente 8,9. Estos acuerdos abarcan áreas tales como pesca, energía y, entre ellos, los correspondientes a los ferrocarriles. Estos últimos acuerdos se desarrollarán en tres etapas/contratos durante los próximos dos a cinco años 10. El más importante se focaliza en la renovación, compra de material y tecnología para el ramal Belgrano Cargas por U$S 2.500 millones de dólares a las empresas estatales chinas “China Northern Railway” (CNR) y “China Southern Railway” (CSR). El financiamiento será en un 85% a través de los bancos de exportación e importación y desarrollo chinos, el “China National Machinery & Equipment Import & Export Corp” y el “Development Bank Corp”, respectivamente. El plazo del crédito será de 19 años con una tasa LIBOR más 600 puntos (6%). La tasa LIBOR es variable y actualmente, y desde hace un tiempo, está en 0,75%. La tasa obtenida es baja y es uno de los caballitos de batalla de los defensores de los convenios.

La elección del ramal ferroviario no es casual. El Belgrano Cargas posee una red operativa de 5000 km, según la CNRT 11. Transporta principalmente granos desde las regiones agropecuarias hasta el puerto, siguiendo la misma lógica que antiguamente tenían los ferrocarriles ingleses en la Argentina. Esta presencia china ha ido en aumento en los últimos años en América Latina. Las clases dominantes vislumbran este escenario como una nueva oportunidad de ubicar a nuestro país en el rol asignado en la división internacional de trabajo, tal como haría cualquier otra potencia imperialista 12. Exportador de materias primas y recursos naturales e importador de productos manufacturados. El gigante asiático está ávido de commodities y, por lo tanto, su estrategia en América Latina es justamente ubicar a nuestra región en su debido papel, como lo entienden hasta las más conservadoras publicaciones, como el “Financial Times” 13. Esta situación buscada, es similar al papel que cumplían los ferrocarriles ingleses de fines del Siglo XIX y principios del XX, cuando el tendido aseguraba que la producción agraria sea dirigida hacia Inglaterra. Para lograr estos objetivos, es necesaria la participación local, tanto estatal como privada. El Belgrano Cargas es un ejemplo paradigmático de esta alianza. Actualmente, su concesión está en un limbo legal con un anuncio de estatización en el 2005 inclusive, pero sigue gestionada por la Sociedad Operadora de Emergencia (SOC), conformada por SOCMA (Franco Macri) y su socio chino la aceitera Sahne Hop Full Graind and Oil, BRT (Benito Roggio Transportes), la empresa de reconstrucción y reparación de coches y vagones EMEPA, el gremio “Unión Ferroviaria” (José Pedraza), el gremio “La Fraternidad” y la Federación de Camioneros. Es decir, una connivencia de intereses donde se destaca la participación local con la presencia china para asegurarse la cartelización en el transporte de granos/soja hacia los puertos.

La función de los bancos chinos, no es simplemente el préstamo del dinero para llevar adelante el proyecto, sino establecer los condicionamientos que deberán cumplirse para el financiamiento. Entre ellos, el más importante es que la compra del 100% de los equipos y tecnología debe ser de origen chino. El comportamiento de la banca china es similar al del Eximbank norteamericano que exige la compra de productos manufacturados y su transporte a empresas norteamericanas en todos los convenios firmados.

Otro de los convenios establece la compra de formaciones completas nuevas para equipar totalmente la linea “A” de subterráneos porteños y la “recuperación” del Ferrocarril San Martín con la adquisición de 500.000 tn de rieles, los mismos que fabricaba Somisa antes de su privatización y su desmantelamiento por parte de Techint. De esta manera, se ratifica el abandono de una política de retorno a la fabricación de rieles de origen nacional. También se prevee la ejecución de la una nueva red de subterráneos en Córdoba de 18 km de largo, incluyendo obras eléctricas, electromecánicas, de comunicaciones y la provisión del material rodante por U$S 1800 millones.

Otra caracterísitica de los convenios es que están concebidos “llave en mano”, con lo cual la participación de mano de obra nacional sólo será verá reflejada en los trabajos de obra civil que se puedan llevar a cabo, si es que corresponde alguna. El material eléctrico, la electrónica, los sistemas de control, las locomotoras y los vagones, serán parte del paquete de provisión chino, dejando de lado la posible provisión de elementos de origen nacional.

El reequipamiento y la modernización de los ferrocarriles es una de las alternativas más importantes para relanzar un complejo de industrias que fue destruida durante la triste noche neoliberal. En su lugar, en una comprobación de miopía y obstinación extraordinarias, el país utilizará las divisas de una nueva deuda externa de U$S10.000 millones para la compra de productos extranjeros, en un ida y vuelta similar a la deuda contraída por nuestro país con la Baring Brothers en 1824. De esta manera, se aumentará el ya abultado déficit comercial en Bienes de Capital (bienes de alto valor agregado) en una tendencia que viene desde hace varios años. Así queda desmentida la afirmación de los defensores de los convenios quienes aseguran que son acuerdos donde los “dos ganan”. China concede los créditos para comprarles a ellos y nuestro país queda endeudado, atado tecnológicamente a las empresas proveedoras y con la posibilidad de desarrollo propio truncada. El costo es muy alto para un posible mejoramiento de las condiciones del servicio ferroviario.

Es imperioso reveer estos acuerdos que lesionan la posibilidad cierta de una recuperación de la red ferroviaria con tecnología y mano de obra propia, como lo demuestra la reciente inauguración del Tecnotren, un tren liviano de fabricación nacional que utiliza vías recuperadas que habían sido abandonadas, en la ciudad de Santa Fe 14. Estos voluntariosos intentos aislados, producto más que nada de la iniciativa propia, son un buen indicador del campo fértil que posee la Argentina, no sólo de cultivar soja y mantener un modelo agro-minero exportador, sino de desarrollar una industria propia de alto valor agregado con el debido apoyo estatal en el marco de un verdadero proyecto nacional.

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Solanas: “Esta tragedia es obra de quienes nos gobiernan”

INFOSUR

Una nueva tragedia ferroviaria sacudió a la sociedad. Al igual que lo ocurrido en noviembre del año pasado, cuando un tren colisionó contra otro en San Miguel, la posible negligencia humana y la falta de obras estructurales se combinaron para engendrar el accidente de esta mañana en Flores, con un saldo de 9 muertos.

Para el diputado y ex candidato a jefe de Gobierno Fernando "Pino" Solanas, un especialista en materia ferroviaria y crítico de las últimas gestiones nacionales sobre el tema, "el error humano es la última de las causas". "Una tragedia puede tener varias aristas pero hay que eliminar el error y para eso hacen faltas obras que no se hicieron por mediocridad", señala.

- ¿Qué análisis se puede hacer de esta nueva tragedia?

- Una tragedia puede tener una causa muy puntual y la más banal: un colectivero loco que hace la serpentina y pasa la barrera baja. Puede pasar eso pero hay que buscar las causas de fondo. No hice ninguna investigación, no tengo las causas pero cuando hay un accidente puede deberse a múltiples factores.

Hay que suprimir la posibilidad de un error humano o mecánico, llámese barrera o imprudencia de un colectivero. Hace muchos años que venimos sosteniendo que hay que buscar una de las dos soluciones: el soterramiento, obra larga de gran aliento, o los sapitos, los 17 o 18 túneles por debajo de las vías. Ninguna se hizo, una porque es cara y la otra porque se frenó. Son todos fracasos.

- ¿Y en quién recae la responsabilidad principal por esta falta de obras?

- Tanto el Gobierno de la Nación como el de la Ciudad no han hecho casi nada por el transporte. Está el mismo sistema obsoleto de siempre, la Ciudad se queja de los recursos de amparo. Es posible que sea así pero esto es una lección, la obra menos costosa son los sapitos y esto servirá para que los vecinos discutan.

El soterramiento es una obra de mucha complejidad. Fue anunciada cuatro veces, es una obra de nunca acabar. Tampoco se soluciona todo de esa manera. No se soluciona todo el acceso desde el oeste con el Sarmiento. Como puede ser que el ferrocarril Belgrano Sur termine a dos kilómetros de Constitución, en la estación Buenos Aires, y no se lo haya ampliado. Tiene espacio para instalar una vía más y permitiría transporta 240 mil pasajeros por día cuando hoy lleva 60 mil.

- Vemos que muchas obras están paradas por cuestiones netamente políticas. Por ejemplo, ahora que mejoraron las relaciones entre el macrismo y la Nación, pareciera que el soterramiento está por arrancar…

- Esto es sobra de la mediocridad, de la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan. Cómo se explica que hace 70 años se terminó el subte C y desde ahí casi no se avanzó. La C, la B y la D se construyeron en cuatro años pero cómo se explica que desde Constitución hasta Buenos Aires no se haya hecho una extensión para que el pobre desgraciado que viaja por ahí no pueda meterse en la red metropolitana.

- ¿Cuáles serían las medidas urgentes que habría que tomar en materia ferroviaria?

- La que está destruida es la ingeniería ferroviaria. La desidia llevó a la hoguera a miles de técnicos e ingenieros, en la subsecretaría de Transporte hay menos de 30. Han quedado carcamanes de consultores, todo un curro. Lo primero que tiene que hacer la Presidenta es reconstruir la ingeniería, recomponer el circuito ferroviario, reconstruir los accesos a Buenos Aires para evitar el avance del parque automotor.

En todas las capitales del mundo el tren viene por tierra y al acercarse se mete en túneles, no hay subtes o tren de superficie, es lo mismo. Por ejemplo, en el Belgrano Sur debería conectarse a la línea del Belgrano Norte con un doble túnel, que son moneda corriente. Actualmente se está construyendo uno en el río Hudson. Nosotros tenemos uno que va desde Caballito a Puerto Madero pero no se usa.

- Pero hasta hace poco corría un servicio rápido en esa vía y la empresa TBA lo sacó. ¿Una decisión empresaria debería estar por encima de una iniciativa del Estado?

- En ninguna parte del mundo el ferrocarril está en manos privadas. En Alemania, Italia, Francia los sistemas de transporte públicos son públicos y del Estado. Con un control rigurosísimo. Acá los colectivos masacran pasajeros todos los días, todo eso forma parte de no pensar el sistema de transporte en el país.

- ¿Están los recursos para iniciar las obras?

- La plata está .Por supuesto que si lo hace el Estado con su propia ingeniería sale menos. Por ejemplo, hoy el kilómetro de subte medio en el mundo es de 50 millones de dólares. La concesión en Córdoba está en 60 millones y acá para terminar la línea H piden cuatro años con un costo de 170 millones de dólares. Son curros monumentales.

Todo no se va a poder hacer de golpe pero cuando hay ingeniería con control de obra, se puede hacer. Las grandes obras se hicieron con bonos, hacen bonos para pagar deuda, que hagan bonos para hacer ferrocarriles.

- El Gobierno nacional promociona el nuevo ramal Lincoln- Realicó y el tren a Uruguay como una reactivación ferroviaria. ¿Qué opina?

- El de Lincoln son 40 kilómetros de un ferrocarril que se pensó para tener carga y pasajeros. El tema de los ferrocarriles no se lo puede tratar con medidas electoralistas. Esto también esta ligado a la energía. El 87 por ciento de la energía del país se obtiene quemando hidrocarburos, es irracional. Nada produce más efecto invernadero que quemar hidrocarburos, hay que ir rápido al sistema eléctrico.

- Muchos analistas dicen que no se avanza en la reactivación por el poder de Camioneros. ¿Lo ve así?

- Son argumentos inadmisibles. Si un Gobierno con 50 por ciento de intención de voto dice que no puede resolver el problema por los Camioneros, no es serio. Por supuesto que deberá reducirse el parque, el modelo del camión y el ómnibus es uno de los enemigos de la sociedad moderna por la contaminación que conlleva y el peligro. Hay que ir a una sociedad con fuerte desarrollo de transportes seguros, y no hay nada más seguro que trenes o subtes.

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"Sensación de injusticia" o "Menem (no) lo hizo"

Gabriel Conte (MDZOL)

Elegí vos el título. Mientras los argentinos veíamos en cadena nacional los hierros retorcidos de dos trenes contra un micro que se cobraron once vidas y pusieron en riesgo a más de 200, no miramos el primer caso en que un ex presidente de la República llega a juicio oral acusado de un grave delito. ¿Justicia? ¿República? Dos puntos para reflexionar. Si apagás la tele.

Mientras leían el fallo, Carlos Saúl Menem sonrió. Un par de personas que lo acompañaban le hicieron saber su beneplácito por lo que escuchaban, pero pidió silencio para seguir oyendo el dictamen: “absuelto”.

La gente estaba en otra cosa. En una transmisión televisada en una virtual cadena nacional, los argentinos no estaban presenciando el resultado final de 16 años de juicio, que insumió la declaración de 400 testigos y que se convirtió en el primer juicio oral y público al que es sometido un ex presidente de la República.

La tragedia de la República, precisamente, era eclipsada por otra: los argentinos presenciábamos al detalle, un minuto tras otro, la repetida imagen de hierros retorcidos y balizas de ambulancias en la desgracia que involucró a dos trenes y un micro en el barrio porteño de Flores y que dejó a 11 personas muertas y más de 200 heridas, el 10 por ciento de ellas, en muy grave estado.

No pudimos ver en vivo y en directo, casi como en una burla de las circunstancias, la felicidad del ex presidente, de su ex cuñado Emir Yoma y de los otros 16 acusados: “absueltos”, dictaminaron, poco antes de que uno de los abogados pronunciara la provocadora frase que ya fuera usada en el pasado para justificar una y mil picardías: “Acá no hay vencedores ni vencidos”, tal la expresión de uno de sus abogados

Entre 1991 y 1995, Menem no hizo lo que hizo. Para la Justicia, no son prueba suficiente que haya firmado los decretos que permitieron exportar ilegalmente armamento a dos países que sufrían embargos internacionales para este tipo de mercadería por estar, precisamente, en medio de conflictos armados, como lo eran Croacia y Ecuador. "Mis actos como presidente se limitaron a firmar los decretos para exportar las armas a Venezuela y Panamá", testificó Menem durante el juicio. Esas armas alimentaron la maquinaria de muerte en otros dos países.

Según la Fiscalía –que deberá esperar hasta dos semanas después de las elecciones presidenciales, recién el 7 de noviembre, para conocer los fundamentos del fallo y así poder apelar- el ex dos veces jefe de Estado firmó los decretos "a sabiendas del verdadero destino del material" bélico.

Además, de acuerdo con el Ministerio Público, "convalidó la venta de armamento a los verdaderos países de destino con cuyos gobernantes tenía una excelente relación". La Aduana, querellante en la causa, había pedido una pena de cinco años para el ex mandatario. La Fiscalía, ocho. Igual, Menem no pasó más de cinco meses en prisión domiciliaria y, teniendo en cuenta el paso de los años y su avanzada edad (81), no hubiese visto de todos modos los barrotes de una prisión, como sí les pasa a criminales comunes y no tan comunes en el resto del mundo por causas mucho menos importantes que ésta.

Es imposible no pensar en la sensación de injusticia que deja la conclusión del caso en esta instancia. Además, se revela torpemente el estado en que se encuentran las cosas: por amistad con uno, por subordinación hacia otros o por conveniencia propia, los medios masivos prefirieron poner el foco en otro lado y no un caso histórico.

Además de las consecuencias económico sociales de su paso por el gobierno, cosa que pertenece a otro tipo de análisis y discusiones, pasaron muchas “cosas raras” en el país de las “relaciones carnales”: atentados terroristas, la muerte del propio hijo del presidente, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, el otorgamiento de pasaporte argentino ¡en Mendoza! a un traficante sirio de armas… Todas causas en las que, tal como rezó algún eslogan de campaña modificado, “Menem (no) lo hizo”.

Mientras Menem hacía lo que según la Justicia no hizo, eran miles los hombres y mujeres con poder real que aplaudían como focas de circo amoríos, ocurrencias y determinaciones del riojano, derramando, en el grotesco ademán, el champán de sus copas.

Eran tiempos en que, a pesar de todo, la prensa, ciudadanos de a pie y sectores importantes del Congreso comprendieron el rol que les tocaba en el sistema republicano y, entonces, sostuvieron con fuerza su voz en contra, señalando y denunciando los hechos más allá de la ya famosa “servilleta de Corach” con la que, según reza el mito popular alimentado por la impudicia de muchos testigos, se designaba a los jueces.

Hoy, la más mínima esperanza de que realmente se logren los equilibrios institucionales que precisa el sistema amenaza con desvanecerse con sólo comprobar que nadie hablaba del abrupto final de la instancia judicial más grave -¿hay que repetirlo?- a la que se haya sometido a un ex presidente en la Argentina. A lo sumo, un vergonzante “son todos iguales” nos habrá disminuido, en la ocasional tarde de café en la que no se habló del tren porteño, al mismo barro en el que muchos sabemos que no estamos, no estuvimos ni estaremos.

Se consolida una “sensación de injusticia” que se sumará a la del “no se puede” de tantos que han bajado los brazos y que merodeará a los “contentos por cualquier cosa”, esos optimistas de ocasión que creen que las malas noticias las inventa algún poder destituyente para arruinarles la vida.

El mundo observa azorado el resultado del “Caso Menem - Armas”. Los argentinos, no.

Gabriel Conte es director de MDZOL.

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Lucha a fondo contra la precarización laboral

Guillermo Díaz (ACTA)

Las condiciones y medio ambiente de trabajo no son un fenómeno nuevo, ni nacen cuando asumimos esta Secretaría. Existen viejos antecedentes que indican que esta problemática está vigente desde hace más de dos siglos. Donde ya el enemigo fundamental de las condiciones de Trabajo eran la precariedad laboral.

Claramente esto se vio en la tragedia de la Patagonia Rebelde, desarrollada en el sur de nuestro país entre 1920 y 1921, da cuenta de que sus reivindicaciones eran casi exclusivamente por mejoras en las condiciones de trabajo (reclamaban por un paquete de velas a la semana; por no trabajar los sábados y por un mejoramiento de las raciones alimenticias, entre otras cosas).

Ya más cercanos a nuestra época, en el 73/74 el 33% de loc conflictos laborales eran por mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que el tema de las condiciones de trabajo constituyen una de las preocupaciones más antiguas de los trabajadores, más allá de la conocida reivindicación salarial.

En el marco de la Central, también tenemos historia escrita en este tema, ya que desde hace más de 10 años funciona en el seno de nuestra organización el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, que aborda interdisciplinariamente cuestiones de prevención, formación y difusión de la salud de los trabajadores, sus condiciones y medio ambiente de trabajo.

Son muchos los compañeros que también llevan adelante estas tareas en sus puestos de trabajo y construyen herramientas para defender la salud de todos los trabajadores.

Tampoco debemos soslayar el hecho de que en agosto de 2006, impulsamos desde la Central, el anteproyecto de ley de sobre prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales, para reemplazar la actual y nefasta Ley de Riesgos de Trabajo. Hay que remarcar que este anteproyecto pone el foco en la prevención y no en el daño ya realizado como la ley vigente. La misma es producto de la avanzada contra el mundo del trabajo y es una pata más del proceso privatizador y flexibilizador de los años `90. La ley vigente privatizó íntegramente el sistema de accidentes y enfermedades profesionales, estableciendo un seguro obligatorio en beneficio de bancos y compañías aseguradoras que perseguían obvios fines de lucro.

Nuestro Anteproyecto, surge en oposición frontal a esa tendencia, haciendo prevalecer la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente, la tutela de su salud, bajo los principios de prevención y de reparación integral, y el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis.

En línea con todos los acontecimientos históricos que venimos haciendo referencia, el historico Encuentro Nacional que acabamos de realizar en Villa Constitución es la inmediata continuidad de la celebrada en Villa Carlos Paz, los días 29 y 30 de abril de este año, convocada por la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA y de autoconvocados en Villa Carlos Paz y Paraná durante el año 2009. Tener presente la historia de las lucha, contribuyen a que en la actualidad podamos coordinar los esfuerzos locales y consensuar una política nacional en defensa de los derechos de los trabajadores.

Algunas cuestiones que enmarcan nuestra tarea

Un dato interesante de observar es que se estima que las ART sólo detectan menos del 20% de las enfermedades profesionales.

Sabemos, porque todos vivimos en carne propia, que las políticas económicas del recetario neoliberal provocaron cambios en la esencia misma de las condiciones de trabajo.

El proceso de flexibilización laboral trajo consigo fenómenos tales como la inestabilidad en el empleo, la tercerización laboral, la polivalencia funcional y nuevas formas de contratación que conllevan efímeras relaciones de trabajo.

En nuestros días, la precarización laboral es el factor principal que corroe las condiciones y medio ambiente donde se desenvuelven habitualmente los trabajadores, tanto públicos como privados. Su consecuencia más inmediata y visible es el incremento de los niveles de riesgo, principalmente aquellos de índole física, psicosocial y ambiental.

Es un mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo para resolver la maximización de las ganancias empresarias. Un tema que se hizo evidente con el asesinato de Mariano Ferreyra y las exorbitantes ganancias de las compañías ferroviarias. La impunidad patronal resulta clave para la dominación capitalista y la apropiación creciente de la riqueza socialmente generada.

La flexibilidad laboral es herencia de la dictadura genocida y se mantiene a casi 30 años de instalados gobiernos constitucionales. El Estado es el principal flexibilizador y sólo el Ministerio de Trabajo es denunciado por los compañeros de ATE por tener 3.000 trabajadores en situación de “contratados”. Los trabajadores judiciales de la Federación Judicial han denunciado la existencia de trabajadores no rentados en el Poder Judicial, del mismo modo que lo hacen los trabajadores de la Universidad pública.

Datos sobre el empleo, la precariedad y el conflicto

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que cada 15 segundos muere un trabajador por accidentes o enfermedades laborales y que en ese mismo lapso 160 trabajadores sufren un accidente. En un informe difundido el pasado 30 de agosto, la OIT reseñó que diariamente fallecen 6.300 personas como consecuencia de accidentes o enfermedades relacionadas con el empleo -más de 2,3 millones por año- y que ocurren más de 337 millones de accidentes laborales.

Según los datos proporcionados por el Observatorio del Derecho Social de la CTA , la estructura ocupacional del país podría describirse de la siguiente manera:

* Para una población de 40 millones de personas, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 16,5 millones, que son personas en edad de trabajar.

* Según las estadísticas oficiales, el 7.3% están desocupados, es decir 1,2 millones de personas no encuentran trabajo.

* Del total de la PEA, 11,8 millones son asalariados, 3 millones figuran como cuentapropistas y 600.000 son registrados como patrones.

* Más del 35% de los asalariados no se encuentran registrados, siendo 4,2 millones de trabajadores que no tienen acceso al derecho de estabilidad en el empleo, a los servicios sociales, a la jubilación, entre muchas otras, producto de su situación irregular.

La precarización también se evidencia en las causas de los conflictos laborales. Sobre un total de 128 conflictos registrados el último trimestre de 2010, el Observatorio de Derecho Social de la CTA estimó que los reclamos por reivindicaciones económicas (aumentos de los básicos o adicionales) se encuentran presentes en el 45% de los conflictos; en tanto que las situaciones de crisis o imposición de cláusulas de flexibilidad están en el 41% de los casos registrados. Por su parte, los conflictos de representación (prácticas antisindicales, encuadramiento, etc.) representan el 22% de los casos relevados .

Si en la década del 60’ y primeros años de los 70’ el reclamo de los trabajadores era principalmente de índole salarial, en nuestro tiempos donde operan discrecionalmente diversos mecanismos de flexibilización laboral, el reclamo por los derechos laborales, tales como el derecho de huelga, a la representación sindical, al ejercicio de prácticas sindicales, a la estabilidad en el empleo, son casi tan importantes como el reclamo por el salario digno. La diversificación de los frentes de lucha da cuenta del progresivo deterioro de las condiciones laborales y el medio ambiente de trabajo.

A iguales conclusiones se arriba si se analiza cómo opera la precarización laboral en detrimento de la libertad sindical . Así, durante el primer semestre de 2010 el Observatorio del Derecho Social de la CTA relevó información correspondiente a 220 denuncias de violaciones a la libertad sindical en la práctica. En cuanto a los derechos afectados por esas violaciones realizadas por las patronales y el Estado, en primer lugar se encuentran las discriminaciones antisindicales y los actos de injerencia, principalmente despidos discriminatorios de activistas y delegados (85 violaciones). En segundo lugar, se reprime la actividad sindical mediante la afección a los derechos sindicales y las libertades públicas (70 violaciones). A su vez, también se detectaron afectaciones al derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la libertad de asociación.

El reciente caso de los 138 despidos de los trabajadores del Teatro Colón, da claras muestras de las violaciones a los derechos laborales: en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no respetó los fueros gremiales de los trabajadores y persigue incansablemente a los delegados poniéndolos a disponibilidad.

Asimismo como afirma Claudio Lozano en un documento del año 2006 , otra forma que toma la precarización laboral en el sector privado es el bien conocido “período de prueba”, que se constituye como el principal mecanismo flexibilizador del contrato laboral. Asimismo y dado los bajos niveles salariales que perciben los trabajadores registrados, la formalización del empleo reemplaza la precarización contractual por la precarización en los ingresos.

En lo que respecta al derecho a la negociación colectiva, poco más del 20% de los trabajadores tienen acceso, o son beneficiados por esa conquista. Casi el 80% de los trabajadores no tiene injerencia sobre aspectos fundamentales como: la duración de la jornada de trabajo, los salarios promociones y categorías, las licencias especiales, los beneficios sociales, la organización del trabajo, las comisiones de seguridad e higiene y la organización de los trabajadores entre otras. Se estima que el 85% de las empresas del sector privado no reconocen delegados entre sus trabajadores, dando cuenta de la impunidad patronal.

Creemos que la falta de reconocimiento legal de la Central y la intromisión del Ministerio de Trabajo en nuestras ultimas elecciones, tienen una clara intensión política, ya que nosotros nunca hubiéramos aceptado un salario mínimo vital y móvil de $2.300, es por eso que nos desconocen: NO NOS QUIEREN SENTADOS EN LA MESA DEL CONSEJO DEL SALARIO, PORQUE NO QUIEREN DISCUTIR LA VERDADERA INFLACIÓN NI CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.

La discusión sobre la salud de los trabajadores y las condiciones y el medio ambiente de trabajo, apunta a lo medular de los problemas políticos a resolver. Lleva implícita la crítica a las relaciones sociales de producción vigentes y alumbra el camino de la acción transformadora de los trabajadores en la construcción de una sociedad más justa.

Creemos que los ejes fundamentales que guían el trabajo en salud laboral y condiciones y medio ambiente de trabajo son: la PREVENCIÓN, FORMACION, INVESTIGACION y DIFUSIÓN de la información. Es imprescindible el trabajo interdisciplinario ya que las distintas miradas son las que enriquecen la tarea y aportan las mejores soluciones a los problemas.

Tenemos que seguir trabajando, por eso, este espacio, esta secretaria, se pone a disposición de todos y pretende recibir los aportes y requerimientos que surjan en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Colectivamente es como vamos a seguir construyendo nuestra estrategia de acción. Por eso es tarea de todos nosotros seguir generando conciencia y convocando a más compañeros a que se sumen a este proyecto.

Comenzamos a hablar haciendo referencia a la larga historia que tiene la problemática de condiciones y medio ambiente de trabajo en nuestro país, porque sabemos que el problema no empieza cuando nosotros nos hacemos eco del mismo.

Desde la CTA, y específicamente desde la Secretaria de Condiciones de trabajo y Medio ambiente, estamos convencidos que el problema de raíz que afecta a la salud de los trabajadores es la precarización laboral, por tanto es un problema de índole exclusivamente política, que debe ser abordado desde una estrategia política.

¡No se puede esperar trabajar en condiciones dignas si hay más de 4 millones de compañeros en situación irregular!

Por todo ello, proponemos atacar el problema desde su raíz, luchando contra la precarización para que todos los trabajadores, tengamos los derechos que nos corresponden como clase.

Por eso luchamos por la libertad sindical y el crecimiento de la CTA en defensa de los derechos de los trabajadores.

Guillermo Díaz es Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA.

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