jueves, 15 de septiembre de 2011

Es la deuda privada, ¡estúpidos! Porqué los economistas del sistema se equivocan siempre en sus diagnósticos y en sus pronósticos

Steve Keen (SIN PERMISO)

"… la deuda, el dinero y el propio sistema financiero no desempeñan el menor papel en los modelos económicos neoclásicos convencionales. Muchos legos creen que los economistas son expertos en dinero, pero la creencia de que el dinero es meramente "el velo que cubre el intercambio" -y que, por lo mismo, la economía puede ser modelada sin tomar en cuenta ni el dinero ni la forma en que se crea- es un dogma fundamental de la teoría económica neoclásica. Sólo los economistas disidentes toman el dinero en serio".

Steven Keen es un economista matemático australiano de formación marxista que ha trabajado en los últimos años en modelar matemáticamente las premonitorias intuiciones de Hyman Minsky sobre la dinámica del capitalismo financiero actual. E l año pasado recibió el premio Revere de Teoría Económica, que distinguió a los economistas que habían sido capaces de predecir con mayor lucidez y penetración analítica la actual crisis económica y financiera. Kenn quedó en primer lugar, con 1.150 votos, por delante de Nouriel Rubini (566 votos), Dean Baker (495 votos), Jospeh Stiglitz (480), Paul Krugman (399) y Michael Hudson (391). [Todos estos autores han sido traducidos y publicados estos últimos años por SinPermiso: véase AQUÍ]. Reproducimos a continuación una pequeña pieza reciente de Keen en la que explica teóricamente los razones de fondo por las que los economistas del mainstream, todavía hoy, no entienden ni el perfil ni la dinámica de una crisis que fueron incapaces de predecir y que siguen siendo incapaces de explicar.

(…) En diciembre de 2005 llegué a la conclusión de que estaba en ciernes una gran crisis económica. Sentí que alguien debía hacer sonar la alarma y que -al menos en Australia- ese alguien era yo.

Dos años después, la crisis golpeó. Llamada "la Crisis Financiera Global" por los australianos y "la Gran Recesión" por los norteamericanos, todo el mundo la considera ahora la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

La crisis tomó completamente por sorpresa a la inmensa mayoría de los economistas, incluidos todo estos "economistas de mercado" que no paran de aparecer por televisión, no menos que los grandes peces de la economía académica y regulatoria profesional.

En fecha tan tardía como junio de 2007, el economista jefe de la OCDE observaba lo siguiente:

"… en muchos sentidos, la situación económica es la mejor experimentada en años (…). Nuestros pronósticos siguen siendo, en efecto, harto benignos: un suave aterrizaje en los EEUU, una recuperación robusta y sostenida en Europa (…) En línea con las tendencias recientes, el crecimiento sostenido en las economías de la OCDE se cimentará en una enérgica creación de puestos de trabajo y en una caída del desempleo." (Jean-Philippe Cotis, 2007, p. 7.) (…)

El premio a la peor previsión es para Oliver Blanchard, editor y fundador de la revista científica de la American Economic Association, AER: Macro. El 12 de agosto de 2008, Blanchard publicaba una ardida defensa panorámica de la macroeconomía convencional:

"Durante mucho tiempo, tras la explosión de la macroeconomía en los años 70, el campo parecía un campo de batalla. Sin embargo, con el tiempo, y en buena medida porque los hechos permanecen, ha aparecido una visión ampliamente compartida tanto de las fluctuaciones como de la metodología. No todo es perfecto. Como todas las revoluciones, esta ha venido con la destrucción de conocimientos adquiridos y anda aquejada de extremismo y gregarismo. Nada, en todo caso, necesariamente mortal. El estado de la macro es bueno. (Olivier Blanchard, 2009p. 210; las cursivas son mías, Olivier J. Blanchard, 2008)

¡Qué equivocados estaban! La crisis económica y financiera que está ahora definiendo el contexto social de nuestra época comenzó meses después de que la OCDE declarara "benigno" el futuro, días después de que el Banco Central australiano predijera un crecimiento por encima de la media y un año antes de la desnortada apología de Blanchard. El desempleo creció, no cayó, y de manera espectacular en los EEUU. Cuatro años después, el desempleo en los EEUU sigue siendo asombrosamente alto, a despecho de los ciclópeos paquetes de estímulos, los mayores de la historia (…).

Figura 1: Las predicciones de la teoría económica convencional sobre la caída del desempleo en 2007-2008 fueron espectacularmente erróneas.
¿Por qué los economistas convencionales no vieron venir la crisis, mientras que un buen número de economistas no ortodoxos sí la predijeron (Dirk J Bezemer, 2009,Dirk J. Bezemer, 2011, 2010)? Pues porque nosotros nos centramos en el papel de la deuda privada, mientras que ellos la ignoran. Y la ignoran por tres razones substanciales.

Tres razones substanciales por las que los economistas convencionales no vieron venir la crisis

Primero, porque creen que el sector privado es racional en todo lo que hace, incluido el volumen de deuda que contrae. Por eso Ben Bernanke, el "experto" neoclásico en la Gran Depresión, ignoró la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera de Minsky:

"Hyman Minsky (1977) y Charles Kindleberger (1978) explicaron muchas veces la inestabilidad inherente al sistema financiero, pero para hacerlo, tuvieron que abandonar el supuesto del comportamiento económico racional. Yo no niego la posible importancia de la irracionalidad en la vida económica; pero me parece que la mejor estrategia de investigación pasa por llevar el postulado de la racionalidad hasta sus últimas consecuencias." (Ben S. Bernanke, 2000, p. 43; las cursivas son mías.)


En segundo lugar, ellos creen que el nivel de la deuda privada -y por lo tanto, también el de la tasa de cambio de la misma- no tienen mayor significado macroeconómico:

"Pero la idea de Fisher alcanzó menos influencia académica, porque se prestaba al contraargumento de que la deflación por deuda no representaba sino una redistribución de un grupo (deudores) a otro (acreedores). Sin la presencia de impluasiblemente grandes diferencias en las propensiones del gasto marginal entre los grupos, se replicaba, las meras redistribuciones no deberían tener efectos macroeconómicos significativos…". (Ben S. Bernanke, 2000, p. 24; las cursivas son mías.)


Y en tercer lugar, la más notable de las razones: la deuda, el dinero y el propio sistema financiero no desempeñan el menor papel en los modelos económicos neoclásicos convencionales. Muchos legos creen que los economistas son expertos en dinero, pero la creencia de que el dinero es meramente "el velo que cubre el intercambio" -y que, por lo mismo, la economía puede ser modelada sin tomar en cuenta ni el dinero ni la forma en que se crea- es un dogma fundamental de la teoría económica neoclásica. Sólo los economistas disidentes de otras escuelas de pensamiento, como los postkeynesianos y los austriacos, toman en serio el dinero, y sólo un puñado de ellos -incluido un servidor (Steve Keen, 2010)- construyen modelos formales de la creación de dinero en su teoría macroeconómica.

Ni siquiera los economistas neoclásicos más "vanguardistas": Paul Krugman sólo muy recientemente ha empezado a considerar el papel que la deuda puede jugar en la economía:

"Dada la prominencia de la deuda en la discusión popular de nuestras presentes dificultades económicas, y dada la larga tradición de invocar la deuda como factor clave en las grandes contracciones económicas, podría esperarse que la deuda estuviera en el núcleo de la mayoría de modelos de la macroeconomía ortodoxa, singularmente en los análisis de las políticas monetaria y fiscal. Sin embargo, y acaso sorprendentemente, lo más común es abstraerse de ese rasgo de la economía." (Paul Krugman y Gauti B. Eggertsson, 2010, p. 2)

Incluso cuando trató de romper ese molde, Krugman lo hizo desde el mismo punto de vista que el antes mencionado de Bernanke: el nivel de la deuda no importa, sólo su distribución, y uno se puede abstraer completamente del proceso de creación de dinero:

"Ignorando el componente exterior, o considerando el mundo como un todo, el nivel general de la deuda no añade nada al valor neto agregado: el pasivo de una persona es el activo de otra (…) En lo que sigue, comenzaremos por exponer un modelo de endeudamiento de precios flexibles, en el que los agentes 'impacientes' toman prestado de agentes 'pacientes' [y en donde lo prestado no es dinero, sino 'bonos libres de riesgo denominados en el bien de consumo'], pero están sujetos a un límite de deuda…". (Paul Krugman y Gauti B. Eggertsson, 2010, pp. 3 & 5)

En cambio, yo he dedicado mi vida académica a elaborar y extender la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera pioneramente desarrollada por Hyman Minsky, razón por la cual siempre he sido consciente de que la deuda privada juega un papel en la economía mucho más importante del que están dispuestos a concederle los economistas neoclásicos. Encargado de explicar (en una comisión oficial de expertos) hasta qué punto un empréstito predatorio podía tener consecuencias catastróficas para terceros que no eran parte en la relación de préstamo, no tardé en dirigir mi mirada al nivel y a la tasa de cambio del crecimiento de la deuda privada.

Lo que vi en diciembre de 2005 me llenó de asombro. Aunque cinco años antes, cuando escribía mi libro Debunking Economics, ya esperaba en el futuro una crisis financiera generada por la deuda (Steve Keen, 2001, pp. 311-312), lo cierto es que el enorme volumen y la tasa de crecimiento de la deuda habían cobrado entretanto un aspecto terrorífico. La tendencia durante 40 años había sido la de crecimiento de la deuda un 4,2% más rápido que el crecimiento del PIB, y esa tendencia no podía durar eternamente: sentí que el desplome era inminente. Cuando efectivamente se desplomó, pensé que la economía australiana caería en un marasmo peor que el de comienzos de los 90. (Luego discutiré porqué me equivoqué en eso.)

Figura 2: La deuda privada australiana creció un 4.2% más rápido que el PIB entre 1965 y 2006
Comprobé inmediatamente los datos de los EEUU, para ver si se trataba sólo de un fenómeno australiano, o de un fenómeno global. La razón entre la deuda privada y el PIB estaba creciendo más lentamente en los EEUU, aunque a lo largo de un período de tiempo mucho más dilatado (a un promedio del 2,5% desde 1945). Esa razón era en los EEUU casi dos veces la australiana, y cinco veces la del final de la II Guerra Mundial.

Figura 3: La razón entre deuda privada y el PIB estadounidenses se quintuplica desde 1945
Cuando esas tendencias al crecimiento de la deuda privada terminaron, tuve la certeza de que íbamos a experimentar un desplome económico sin precedentes en el período posterior a la II Guerra Mundial, un desplome que podría rivalizar incluso con la Gran Depresión.

La razón por la que creí que un cambio en la tasa de crecimiento de la deuda iba a causar una crisis -mientras que los economistas convencionales (incluido Paul Krugman […]) no veían el menor problema en un mayor nivel de deuda privada- es porque la tradición económica en la que estoy reconoce claramente que el crecimiento de la deuda privada dispara la demanda agregada. Cuando un banco presta dinero, crea capacidad de gasto al crear simultáneamente un depósito. Ese dinero adicional viene a sumarse a la capacidad de gasto del prestatario, sin reducir la capacidad de gasto de los ahorradores.

La teoría económica neoclásica, por contra, trata a los bancos como simples intermediarios entre ahorristas y prestatarios. Un empréstito, pues, aumentaría la capacidad de gasto del prestatario, pero reduciría la capacidad de gasto del ahorrista.

Si el modelo bancario neoclásico fuera verdadero, entonces los efectos macroeconómicos de la deuda quedarían cancelados, como sostienen Krugman y Bernanke. Sin embargo, hay pruebas empíricas abrumadoras de que ese modelo es falso. Esas pruebas empíricas fueron exhaustivamente analizadas por vez primera por el economista postkeynesiano Basil Moore (Basil J. Moore, 1979, 1988a, 1995,1988b, 1997, 2001, 1983), pero fueron también reconocidas ya en 1969 por el entonces vicepresidente decano de la Rerserva Federal de Nueva York, Alan Holmes. Al explicar el fracaso de los intentos filomonetaristas de controlar la inflación controlando el crecimiento de oferta monetaria, Holmes ironizó: "En el mundo real, los bancos extienden el crédito, creando depósitos en el proceso, y luego miran las reservas."

Yendo más a fondo, Holmes resumió el objetivo monetarista de controlar la inflación controlando el crecimiento de la base monetaria como un "supuesto ingenuo", según el cual:

"… el sistema bancario sólo incrementa los préstamos luego de que la Reserva Federal (o los factores del mercado) hayan puesto reservas en el sistema bancario.En el mundo real, los bancos extienden el crédito, creando depósitos en el proceso, y luego miran las reservas. La cuestión, entonces, es si y cómo la Reserva Federal adecuará la demanda a las reservas. En el muy corto plazo, la Reserva Federal apenas tiene posibilidades, si es que tiene alguna, de acomodar la demanda a las reservas; con el tiempo, su influencia puede llegar a dejarse sentir (…) y las reservas que el sistema bancario precisa mantener están predeterminadas por el nivel de los depósitos existentes dos semanas antes." (Holmes 1969, p. 73) (Alan R. Holmes, 1969, p. 73; las cursivas son mías.)

¿Por qué ignoran y pasan por alto los economistas neoclásicos este perfectamente razonable análisis y la muchedumbre de pruebas empíricas que, acumuladas por Moore y otros -incluidos neoclásicos tan ortodoxos como Kydland y Prescott (Finn E. Kydland and Edward C. Prescott, 1990, p. 4), lo avalan? Yo estaría tentado a decir que, "puestos a elegir entre la realidad y sus propios supuestos teóricos, los economistas neoclásicos eligen sus supuestos, pero estrictamente hablando eso no es verdad. Pues lo cierto es que la gran mayoría de los economistas neoclásicos no tienen siquiera la menor idea de la existencia de esas pruebas empíricas. Si hubieran oído hablar de ellas, la mayoría las habría rechazado de todos modos, habida cuenta de que socavan muchos artículos de fe centrales de la teoría económica neoclásica, incluida la creencia conocida como Ley de Walras. Y eso es así porque, una vez se reconoce que el crecimiento del crédito puede expandir la demanda agregada, entonces:

• En vez producirse necesariamente una equivalencia entre la demanda agregada (nocional) y la oferta agregada (Robert W. Clower, 1969, Robert W. Clower y Axel Leijonhufvud, 1973), la demanda agregada excederá a la oferta agregada, si crece la deuda, y caerá por debajo de la oferta agregada, si cae la deuda.

• El volumen nominal del dinero importa, y las dinámicas bancaria y de deuda han de incluirse en los modelos macroeconómicos, en vez de ignorarlas como hace la teoría económica neoclásica.

• La separación neta entre la macroeconomíaa y las finanzas no puede seguir manteniéndose, puesto que el cambio en la deuda financia la compra de activos, así como compras de bienes y servicios de nueva producción.

• Y lo peor de todo: la creencia de que todo lo que ocurre, ocurre en equilibrio, ha de abandonarse. El incremento de la deuda no es necesariamente un mal -de hecho, es un aspecto esencial de una economía en crecimiento- , pero sí es necesariamente un proceso de desequilibrio, como Schumpeter explicó hace mucho tiempo (Joseph Alois Schumpeter, 1934, pp. 95, 101).

Trabajando con la perspectiva de que la economía está movida por la demanda agregada y de que esa demanda agregada es el PIB más el cambio en la deuda, mi conjetura fue que la crisis comenzaría cuando la tasa de crecimiento de la deuda se desacelerara substancialmente. En agosto de 2007, cuando el Banco Central australiano publicó sus optimistas pronósticos para 2007 y 2008, yo publiqué la siguiente observación sobre la economía australiana:

"Reducir la tasa de crecimiento de la deuda desde su nivel actual del 15% al 7% de la tasa de crecimiento del PIB nominal significaría una reducción del gasto en el próximo año -comparado con el presente- de más de 100 mil millones de dólares (australianos). Eso equivale a un 8% de reducción de la demanda agregada en comparación con la tendencia, y representaría para la economía el mismo impacto que una caída del 10% del PIB nominal. De aquí que, al percatarme de eso, dije ya en 2006 que es inevitable que eso termine en una recesión y de aquí también que, honrando la famosa frase de Keating, me sirviera del marbete de 'La recesión que no podremos evitar'". (Steve Keen, 2007, p. 37)

Ese hipotético proceso comenzó en los EEUU a comienzos de 2008 (aunque Australia evitó la recesión por motivos que en otras ocasión comentaré). La demanda agregada cayó drásticamente en 2008, aun cuando la deuda seguía creciendo; luego, a mediados de 2009, el cambio en la deuda llegó a hacerse efectivamente negativo:

Figura 4: una desaceleración de la tasa de crecimiento de la deuda causó la Gran Recesión
Puesto que la demanda agregada determina el empleo, la tasa de desempleo se disparó a medida que colapsaba la porción de la demanda agregada financiada por la deuda.

Figura 5: El cambio en la demanda financiada por la deuda y el desempleo en los EEUU

Puesto que la deuda financia compras de activos, así como compras de bienes y servicios, conjeturé también que el declive en el crecimiento de la deuda causaría también el estancamiento de los mercados de activos, lo que efectivamente ocurrió, y por lo magnífico.

Pero aquí el proceso causal fue complejo: porque, así como el crecimiento de la deuda causa el aumento de los precios de los activos, así también el incremento de los precios de los activos estimula a especuladores potenciales a entrar en los mercados de valores y en los mercados inmobiliarios con dinero tomado a préstamo. Se daba, así pues, lo que los ingenieros llaman un "vínculo de retroalimentación positiva" entre el cambio en los precios de los activos y la deuda.

Figura 6: Una retroalimentación positiva entre la deuda creciente (y decreciente) y el crecimiento (y caída) de los precios de los activos
De este aspecto del capitalismo se abstrae completamente la teoría económica neoclásica, pues su análisis macroeconómico sólo considera la compra y venta de mercancías de nueva producción. Para integrar teóricamente este problema, hay que transcender el núcleo conceptual del pensamiento neoclásico, que es la Ley de Walras.

La Ley de Schumpeter

La piedra de toque del modelo de intercambios con que la teoría económica neoclásica modela el capitalismo es Ley de Walras. Para citar aquí Wikipedia:

"La Ley de Walras deriva de la noción matemática de que las demandas excesivas en el mercado (o, inversamente, las ofertas excesivas) tienen que sumar cero. Esto es: Sum[ExD]=Sum[ExO]=0."

La esencia de la Ley de Walras es la proposición, según la cual, para ser un comprador, uno tiene antes que encontrar un vendedor, de modo que la fuente de toda demanda es la oferta. En un ambiente de libre intercambio, en el que se supone que el grueso de los participantes en el mercado no son "ni ladrones ni filántropos", los economistas neoclásicos sostienen que "el valor neto de los intercambios comerciales planeados por un individuo es igual a cero" (Robert W. Clower y Axel Leijonhufvud, 1973, p. 146). Se supone que un vendedor vende sólo para comprar, esperando un retorno equitativo del intercambio, de modo que la suma de la oferta de toda persona iguala la suma de la demanda de esa persona. Llamando "exceso de demanda" al hiato entre la demanda y la oferta de la persona, los economistas neoclásicos sostienen que:

"El valor monetario de todos los excesos de demanda individuales, sumando todas las transacciones y todas las mercancías, es igual a cero." (Robert W. Clower and Axel Leijonhufvud, 1973, p. 152)

Hace setenta años, el gran economista evolutivo Joseph Shcumpeter mostró que la Ley de Walras es falsa en una economía con crédito, porque el crédito daba a los empresarios una capacidad de gasto que no venía de la venta de bienes existentes.

Un empresario, en el modelo de Schumpeter, era alguien con una idea pero sin dinero para ponerla en práctica. ¿Cómo se hace realmente con dinero esa persona?, ironizaba Schumpeter:

"… ¿de dónde vienen las sumas que se precisan para comprar los medios de producción necesarios para las nuevas combinaciones, si el individuo en cuestión no dispone ya de ellas?" (Joseph Alois Schumpeter, 1934, p. 72)

Tras descartar la respuesta convencional de que sólo podía venir de los ahorros con razones en parte empíricas y en parte lógicas, Schumpeter observó que:

"…hay otro método para obtener dinero (…) la creación de capacidad de compra por los bancos (…) Es siempre cuestión, no de transformar la capacidad de compra que ya existe en alguna posesión, sino de crear de la nada una nueva capacidad de compra (…) que viene a sumarse a la circulación existente." (Joseph Alois Schumpeter, 1934, p. 73)

El poder de los bancos para crear dinero endógenamente -"de la nada"- es crucial aquí. Dado ese poder -que Schumpeter toma como obvio, y que la investigación empírica posterior ha acreditado abundantemente- , la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, siendo así que la diferencia corre a cuenta del cambio en volumen de la deuda.

El discípulo de Schumpeter Minsky añadió a esa observación que el crecimiento de la deuda era necesario para sostener el crecimiento económico:

"Si ha de crecer el ingreso, los mercados financieros, en donde se reconcilian los distintos planes de ahorro e inversión, deben generar una demanda agregada que, breves intervalos aparte, crezca de continuo. Para que la demanda agregada real crezca (…) es necesario que los planes de gasto corriente, todos los sectores sumados, sean mayores que el ingreso corriente recibido y que exista alguna técnica de mercado que permita financiar el gasto agregado que excede del ingreso agregado anticipado. De lo que se sigue que, durante un período en el que se da crecimiento económico, algunos sectores financian una parte de su gasto emitiendo deuda o vendiendo activos." (Hyman P. Minsky, 1982, p. 6; subrayado mío)

Minsky señaló también que el empresario no es el único que obtiene capacidad de gasto por esta vía: también la consigue el financiero à la Ponzi, es decir, el especulador que busca ganancias comprando y vendiendo activos en un mercado al alza:

"Una unidad de finanza Ponzi es una unidad de financiación especulativa para la que el componente de ingreso del flujo de efectivo a corto plazo cae por debajo de los pagos de interés de deuda a corto plazo, de modo que, por algún trecho de tiempo en el futuro, la deuda pendiente crecerá debido a los intereses sobre la deuda existente. Tanto las unidades especulativas como las unidades Ponzi pueden llegar a honrar sus compromisos de pago de deuda sólo por la vía del empréstito (o disponiendo de activos). El volumen que una unidad especulativa requiere para tomar prestado es más pequeña que la deuda de próximo vencimiento, mientras que una unidad Ponzi está obligada a incrementar sus deudas pendientes. Puesto que los ingresos totales en efectivo esperados por una unidad Ponzi tienen que exceder de los compromisos de pago totales para que la financiación esté disponible, la viabilidad de una unidad Ponzi representativa depende a menudo de la esperanza de vender algunos activos a un precio suficientemente alto en algún momento futuro."(Hyman P. Minsky, 1982, p. 24; subrayado mío)

Minsky, así pues, integra la dinámica de los mercados de activos en la visión schumpeteriana de una economía fundada en el crédito, en la que un componente importante de la demanda agregada procede de la expansión endógena de la capacidad de gasto por parte de los bancos. Eso arroja una ecuación que es verdadera en una economía fundada en el crédito, mientras que la Ley de Walras sólo es verdadera en alguna ficción neoclásica de economía de puro intercambio. (David Graeber, 2011).

La "Ley Schumpeter-Minsky" reza así:

La suma de todos los ingresos más el cambio en la deuda es igual a los ingresos por venta de bienes y servicios más las ventas netas de activos.

Dicho más estilizadamente:

Salario+Beneficios+Cambio en la deuda = Nivel de Precios*Producto+Venta neta de activos

En donde:
Venta neta de activos = Nivel de precios de los activos*Cantidad de activos*Fracción de activos vendidos

El cambio en la deuda está así relacionado con el nivel corriente de la actividad económica -tanto en los mercados de mercancías como en los de activos- , lo que explica las correlaciones antes observadas entre la tasa de cambio de la deuda, el nivel del producto (y por lo tanto, del desempleo) y el nivel de los precios de los activos.

Una obvia implicación de segundo orden de todo eso -pioneramente explorada porMichael Biggs et al., 2010 (véase: http://ssrn.com/paper=1595980) - es que laaceleración de la deuda está relacionada con la tasa de cambio del producto, del empleo y de los precios de los activos.

Bibliografía mencionada:
Bernanke, Ben S. 2000. Essays on the Great Depression. Princeton: Princeton University Press.
Bezemer, Dirk J. 2009. ""No One Saw This Coming": Understanding Financial Crisis through Accounting Models," Groningen, The Netherlands: Faculty of Economics University of Groningen,
Bezemer, Dirk J. 2011. "The Credit Crisis and Recession as a Paradigm Test."Journal of Economic Issues, 45, 1-18.
____. 2010. "Understanding Financial Crisis through Accounting Models." Accounting, Organizations and Society, 35(7), 676-88.
Biggs, Michael; Thomas Mayer and Andreas Pick. 2010. "Credit and Economic Recovery: Demystifying Phoenix Miracles." SSRN eLibrary.
Blanchard, Olivier. 2009. "The State of Macro." Annual Review of Economics, 1(1), 209-28.
Blanchard, Olivier J. 2008. "The State of Macro." SSRN eLibrary.
Clower, Robert W. . 1969. "The Keynesian Counter-Revolution: A Theoretical Appraisal," R. W. Clower, Monetary Theory. Harmondsworth: Penguin Books,
Clower, Robert W. and Axel Leijonhufvud. 1973. "Say's Principle, What It Means and Doesn't Mean: Part I." Intermountain Economic Review, 4(2), 1-16.
Cotis, Jean-Philippe. 2007. "Editorial: Achieving Further Rebalancing," OECD, Oecd Economic Outlook. Paris: OECD, 7-10.
Graeber, David. 2011. Debt: The First 5,000 Years. New York: Melville House.
Holmes, Alan R. 1969. "Operational Constraints on the Stabilization of Money Supply Growth," F. E. Morris, Controlling Monetary Aggregates. Nantucket Island: The Federal Reserve Bank of Boston, 65-77.
Keen, Steve. 2001. Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences. Annandale Sydney & London UK: Pluto Press Australia & Zed Books UK.
____. 2007. "Deeper in Debt: Australia's Addiction to Borrowed Money," Occasional Papers. Sydney: Centre for Policy Development,
____. 2010. "Solving the Paradox of Monetary Profits." Economics: The Open-Access, Open Assessment E-Journal, 4(2010-31).
Krugman, Paul and Gauti B. Eggertsson. 2010. "Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach [2nd Draft 2/14/2011]," New York: Federal Reserve Bank of New York & Princeton University,
Kydland, Finn E. and Edward C. Prescott. 1990. "Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth." Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 14(2), 3-18.
Minsky, Hyman P. 1982. Can "It" Happen Again? : Essays on Instability and Finance. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
Moore, Basil J. 1979. "The Endogenous Money Stock." Journal of Post Keynesian Economics, 2(1), 49-70.
____. 1988a. "The Endogenous Money Supply." Journal of Post Keynesian Economics, 10(3), 372-85.
____. 1995. "The Endogenous Money Supply," M. Musella and C. Panico, The Money Supply in the Economic Process: A Post Keynesian Perspective. Aldershot, U.K.: Edward Elgar Publishers, 459-72.
____. 1988b. Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money. Cambridge: Cambridge University Press.
____. 1997. "Reconciliation of the Supply and Demand for Endogenous Money."Journal of Post Keynesian Economics, 19(3), 423-28.
____. 2001. "Some Reflections on Endogenous Money," L.-P. Rochon and M. Vernengo, Credit, Interest Rates and the Open Economy: Essays on Horizontalism.Edward Elgar: Cheltenham, 11-30.
____. 1983. "Unpacking the Post Keynesian Black Box: Bank Lending and the Money Supply." Journal of Post Keynesian Economics, 5(4), 537-56.
RBA. August 2007. "Statement on Monetary Policy," Sydney: RBA,
Schumpeter, Joseph Alois. 1934. The Theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

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La movilización estudiantil en Chile expone fragilidad del sistema político

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Uno de los elementos centrales de las manifestaciones estudiantiles y sociales en Chile ha consistido en el reducido rol del Estado y la ausencia de regulación en el área de la educación.

¿”Y porqué no regulaban”?
“Porque estábamos ganando mucho dinero”

Es un diálogo de un significativo film centrado en el rescate al sistema financiero en 2008, “Too Big Too Fail” (HBO. 2011. Demasiado grande para caer). La última frase encapsula la economía política dominante de los últimos 30 años.

Resume también el origen de la herida infligida al estado liberal en su núcleo de legitimidad implicando en algo más grave como es su aspecto de justicia social y el papel que le cabe a la política para lograrla.

A partir de la aplicación del ajuste estructural a las economías en la década de los años 80 del siglo pasado, la política, que constitutivamente busca justicia social, pasó a ser un área subordinada a la economía, especialmente en Chile convertido en el alumno aventajado de las políticas de las instituciones financieras internacionales que lo promovieron.

Esta decisión fue de los poseedores del gran capital, y de estas instituciones sin consulta ciudadana y gradualmente los estamentos políticos – principalmente los partidos- de la época se transformaron en una extensión del poder de ese gran capital destinado a reformular las estrategias de supervivencia del planeta.

Sea por adoptar una postura ideológica a favor del nuevo modelo de administración, sea porque su mera subsistencia estaba en juego, los políticos se convirtieron en obedientes soldados del gran capital.

Es así que desde la irrupción del ajuste estructural, que otros llaman modelo neoliberal, -lo de liberal es una apropiación indebida por parte de una doctrina que es bien conservadora-, los políticos y los comentaristas de la política han centrado la atención en la economía. El análisis se ha contraído y lo que predomina son voces indicando determinada opción.

El reclamo estudiantil y social en Chile, ha crecido conceptualmente, y respecto a la falta de regulación se ha hecho extensivo a otras áreas como una reforma constitucional y modificación del sistema político llamado binominal que es de representatividad excluyente. Es lo que asusta a algunos y divide las aguas políticas. Por eso es tema de la agenda política y no lo es y que frente al tema clave del estado y su rol, prevalecen las dos visiones clásicas y opuestas sin zonas intermedias.

Una, la del ideologismo duro que ha sido dominante en las últimas décadas, enfatizando que el tema del rol de estado está zanjado, no hay nada que discutir y menos alterar. Esta sería además la postura mayoritaria y de la moderación de acuerdo a una legión de medios que la promueven.

La otra, es la que supuestamente se expresa en algunos grupos de desencantados que se manifiestan en la calle y en Internet, que no tienen y deberían tener sustentación en el sistema político formal y dominante. La política partida en dos: Una, orientada a sustentar de legitimidad política al gran capital; y la otra expresando necesidades más básicas y primarias de la gente.

La crisis esencial por la que atraviesa el estado liberal no es parte de la agenda. Los actores clave, salvo algunos que hacen política en la calle, no son proclives a discutir un tema demasiado fuera de la contingencia. Se discute con moderación en la academia, aunque no provoca entusiasmo. Los medios de más llegada se encargan de posicionar una lista de temas críticos, aunque en lo esencial evitan hablar de una crisis política en el estado liberal.

Pero allí está expresándose con la inconmensurabilidad de sus situaciones. El sistema político se las arregla para acomodar representantes sentados en sus escaños, bebiendo en los mismos cócteles con académicos y voceros de medios. La sociedad los alimenta y la bomba social crece.

Es la comprobación de que el sistema político (poder ejecutivo, estructuras de representatividad, partidos) se desajusta o se comprime con la omnipresencia económica. Emerge así la duda si el actual sistema opera sobre un sistema político abierto, o más bien funciona bajo una dictadura disfrazada en poder de los grandes consorcios financieros y las grandes compañías manufactureras y de servicios.

Es así que al discutir las características de los sistemas y partidos políticos, el estado liberal en las actuales condiciones que impone el sistema económico aparece debilitado y con escasa legitimidad. Se hace difícil distinguir entre lo que es el interés de los consorcios y las metas de la política. Este es el centro del reclamo de la calle y de las manifestaciones estudiantiles, donde de acuerdo al comentario que proviene de los voceros del gran capital no se hace la política. Es en todo caso la hora de los cínicos.

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México: Gobierno empresarial en quiebra

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

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“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes.”

Uno de los principales factores del fracaso de los dos gobiernos panistas que hemos soportado, es la carencia de vocación de servicio público en sus principales cuadros. Fox caracterizó con precisión su gobierno como uno de empresarios para empresarios; así, sin ambages. Lo dijo en Japón ante un selecto grupo de inversionistas de aquel país, como argumento de venta pero con una sinceridad insólita. Hasta 1988 los empresarios siempre estuvieron cercanos al poder para hacer negocios, pero sin pretender ocuparlo; en ese año la candidatura de Manuel Clouthier a la presidencia marcó el cambio de actitud; decía el Maquío que, para gobernar, no hacía falta vocación ni experiencia: “cualquiera será mejor que los pendejos que nos han gobernado”. Así, doce años después, llegó Fox a cumplir tales anhelos y a demostrar fehacientemente su equivocación, sin enmendarla sino reforzándola. Calderón continuó el proceso y lo remató en días pasados al conminar a los líderes empresariales (así nombrados por una revista del mismo corte) para que incursionen en las tareas de la política.

Respeto la vocación empresarial verdadera; la que empeña su esfuerzo y su patrimonio para la obtención del lucro en la creación de bienes y servicios útiles a la población; es una actividad legítima y, en las condiciones apropiadas, benéfica para el conjunto. Subrayo que su distinción es el afán de lucro. Mienten innecesariamente quienes esconden su afán distintivo y lo visten con el de crear empleos: la contratación de personal es sólo un medio sujeto a la rentabilidad. Mal haría un empresario que obrara en sentido contrario, la quiebra es su destino. Un empresario inteligente puede, incluso, ofrecer los mejores salarios y condiciones de trabajo, si esto contribuye a mejorar el rendimiento de su inversión. Pero el de lucro es un afán sin límite que, en su exceso, deviene en daño social por lo que debe ser acotado.

Lo que pretendo resaltar en estas líneas es la incompatibilidad de la vocación empresarial lucrativa con la vocación de servicio público. Los buenos empresarios suelen ser pésimos servidores, así como los buenos servidores resultan en pésimos empresarios. De la misma forma en que fracasa un empresario que no prioriza la rentabilidad en sus decisiones, lo hace un servidor público que no coloque en primera línea el beneficio colectivo. Lo malo del caso es que, mientras el fracaso de un empresario lo lleva a la ruina, el de un servidor público se puede ocultar en la corrupción y la politiquería, sin perjuicio personal. Esto abre el nefasto campo para los logreros de la política, cuya existencia ha sido premiada en los últimos cuatro sexenios gubernamentales; Salinas les abrió la puerta grande y está resultando difícil sacarlos.

Supuestamente la democracia electoral sería el instrumento para distinguir los verdaderos servidores públicos de los logreros; infortunadamente, la tal democracia cayó en manos de los malandrines y, con simples toques de mercadotecnia mediática y una buena dosis de fraude, se mantienen en el poder y la corrupción en el joder. La debacle en que se encuentra México es la demostración palmaria de tal estado de las cosas.

La regeneración nacional requiere de funcionarios y políticos con verdadera vocación de servicio público, así como de emprendedores de buena catadura, cada quien en su respectivo ámbito. Sólo el pueblo organizado y concientizado puede realizar la hazaña de elegir correctamente y sacar del gobierno a quienes sólo buscan medrar con lo público. Organizar y concientizar al pueblo es la tarea que se ha impuesto el MORENA con el Nuevo Proyecto de Nación y con el liderazgo de López Obrador. Vámonos queriendo recio, que se siente bien bonito.

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Argentina, los bonistas italianos y el CIADI: Bancos o mercados de bonos de Milán o Nueva York son “territorio” de la República Argentina

María López

Según un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (1) la compra de bonos soberanos en cualquier lugar del mundo es una “inversión” realizada “en el territorio” del Estado emisor y protegida conforme a tratados bilaterales de inversión, siendo ”irrelevante” a qué se destinan los fondos así obtenidos. (2).

El 4 de agosto último un tribunal de arbitraje del CIADI se declaró competente para entender en el caso de los bonistas italianos contra la República Argentina (Caso CIADI No. ARB/07/5, Abaclat y otros contra la República Argentina).

En una decisión sin precedentes, el tribunal se declara competente para entender en una demanda “de clase”, presentada originalmente por 180.000 tenedores de bonos argentinos que reclamaban varios miles de millones de dólares. El número de demandantes se redujo luego a alrededor de 60.000, porque muchos de los demandantes originales se acogieron al canje que promovió Argentina en 2010, y el monto se redujo en consecuencia, siendo ahora de algo más de US$1.000 millones.

Este caso ante el CIADI se inició en septiembre de 2006, cuando los demandantes presentaron su solicitud de arbitraje, pero recién fue registrado ante el CIADI en febrero de 2007 porque Argentina presentó objeciones a tal registro, las que finalmente fueron desestimadas por el Secretario General del CIADI, quien consideró, a su sola voluntad, que “la diferencia no es manifiestamente ajena a la competencia del CIADI” (párrafo 108 de la decisión) y procedió a registrar el caso.

Los demandantes alegaron que los bonos argentinos en manos de tenedores italianos son inversiones protegidas en el marco del Convenio del CIADI y del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina e Italia y que el CIADI tiene competencia para entender en la controversia relativa a esos bonos conforme a lo dispuesto por ambos instrumentos.

Argentina presentó objeciones a la competencia del tribunal, sosteniendo, entre otras cosas, que la diferencia por la que reclamaban los demandantes no surgía directamente de una inversión (requisito para que el CIADI pueda entender en un caso, conforme al Artículo 25 de su propio Convenio), ni era una inversión “en el territorio” de Argentina, ni era, por tanto, una inversión protegida en el marco del tratado entre ambos países.

El Artículo 25 del Convenio del CIADI, en que se fijan los requisitos para la competencia de los tribunales de arbitraje, tiene el texto siguiente:

Artículo 25

1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.

El Preámbulo del TBI establece:

Reconociendo que la conclusión de un Acuerdo para la promoción y la recíproca protección de las inversiones contribuirá a estimular las iniciativas empresariales que favorezcan la prosperidad de las dos Partes contratantes

El Artículo 1 del TBI establece:

El término ‘inversor’ comprende toda persona física o jurídica de una Parte Contratante que haya realizado, realice o haya asumido la obligación de realizar inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante.

Y el Artículo 2:

Cada Parte Contratante promoverá la realización de inversiones en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá tales inversiones de conformidad con su legislación

De modo que lo pertinente para determinar la competencia era si se trataba de una inversión en el territorio de Argentina que favoreciera la prosperidad de Argentina, para que así tal inversión gozara de protección y para que una controversia surgida de esa inversión pudiera ser sometida a arbitraje internacional.

Conforme al citado Artículo 25 del Convenio del CIADI la competencia de un tribunal de arbitraje se abre sólo ante controversias que surjan “directamente de una inversión”. Dicho Convenio no define el término “inversión”, y deja librado a las partes qué definan qué inversiones se proponen proteger y en caso de disputa someter a arbitraje.

El Tribunal del caso al que nos referimos sostuvo, por el contrario, que ese silencio “deja margen para una ulterior interpretación”. De tal suerte que es la interpretación de un tribunal y no la voluntad de las partes la que decide qué inversiones los Estados habían decidido proteger; sin tener en cuenta que tal como sucede en este caso, las partes expresamente acordaron proteger exclusivamente “inversiones en el territorio” que “contribuyan a la prosperidad” del país.

Como en cualquier sistema de derecho, la interpretación tiene cabida cuando la letra de las disposiciones es oscura, ambigua o confusa, y la interpretación debe hacerse “de buena fe” y conforme “al objeto y fin del tratado” (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), por cuanto no corresponde sustituir o ampliar la voluntad de las partes, sino precisamente hacer valer la voluntad de las partes.

Numerosos tribunales del CIADI han “ampliado” el alcance del término inversión contenido en el Artículo 25 del Convenio, en particular en los llamados casos Salini, en que se fijaron las siguientes pautas al respecto:

Para que una transacción o actividad califique como “inversión” en el marco del Artículo 25 debe cumplir todos los siguientes criterios:

1) ser una contribución,
2) de cierta duración,
3) de una naturaleza tal que genere ganancias o ingresos,
4) de cierto particular riesgo, y
5) de tal naturaleza que contribuya al desarrollo económico del Estado receptor

Es evidente que la compra de bonos que aquí analizamos no cumple los criterios fijados en el caso Salini. El tribunal de este caso sostuvo que “seguir los criterios del caso Salini ... para determinar si la contribución de los demandantes cumple todos esos requisitos... no es un enfoque apropiado” porque si no los cumple “no podría considerarse una inversión... y carecería de protección procesal” (párrafos 363 y 364). Y agrega:

Los criterios del caso Salini podrían ser útiles para describir las características que las contribuciones podrían o deberían tener. No obstante no deben servir para crear un límite que ni el propio Convenio ni las Partes Contratantes de un TBI específico quisieron crear.

En el caso en cuestión las Partes Contratantes “crearon” expresamente un límite respecto de las inversiones que querían proteger (en el territorio y con fines de desarrollo), y es la interpretación del tribunal la que no sólo “no debe”, sino que “no puede”, sobrepasar ese límite. El tribunal no tiene, ni podría tener, facultades para reemplazar la voluntad soberana de las partes.

Sin embargo, tras descartar el criterio Salini el tribunal recurre a otras vías para forzar esa protección, y elabora una interpretación conforme a la cual concluye que basta que dicha compra sea una “contribución” para que pueda calificarse como “inversión” conforme a lo dispuesto por el Artículo 25 del Convenio (párrafo 367 de la decisión).

La decisión sobre competencia y admisibilidad, adoptada por dos votos contra uno (3), es jurídicamente inadmisible, por cuanto sostiene que “los bonos en cuestión y, en particular los derechos que tienen los demandantes en esos bonos, califican como “inversión” en el marco del Artículo 1(1) del TBI, realizada “en el territorio de Argentina” y en “cumplimiento de las leyes y reglamentos de Argentina” (párrafo 713, (ix)) de la decisión).

El párrafo 378 de la decisión tiene el texto siguiente:

No cabe duda de que los fondos generados a través del proceso de emisión de bonos fueron puestos en definitiva a disposición de Argentina, y sirvieron para financiar el desarrollo económico de Argentina. Si esos fondos se utilizaron realmente para el pago de deudas preexistentes de Argentina o si fueron utilizados en gastos del Gobierno es irrelevante. En cualquiera de los dos casos fueron utilizados por Argentina para manejar sus finanzas, y debe considerarse que tales fondos contribuyeron al desarrollo económico de Argentina y por lo tanto que la inversión se realizó en Argentina.

Sin embargo, el punto jurídicamente “relevante” era precisamente si se trataba de una inversión productiva en el territorio de Argentina que tuviera como fin la prosperidad de Argentina; ese es el objeto y fin del tratado bilateral entre ambos países.

Los fondos que se destinen a cualquier otro fin que no sea una inversión productiva con fines de desarrollo no tienen calidad de inversión protegida en el marco de ningún TBI, y no hace falta ser un experto para llegar a esta conclusión: basta interpretar los tratados “de buena fe” y según el “sentido corriente” de sus términos.

Los tratados protegen inversiones productivas, en el sentido ordinario de esos términos, realizadas en el territorio de las Partes Contratantes. Por ejemplo una fábrica que diera empleo sostenido a lo largo del tiempo, o un emprendimiento agrícola que ampliara sustancialmente la superficie bajo cultivo y por tanto el volumen de exportación, o una planta de energía que mejorara la red de suministro, etc., e inversiones conexas y directas con tales inversiones en el territorio del Estado receptor. Naturaleza que no tienen los bonos comprados en Italia, en Nueva York, o en el mercado que fuere.

No menos sorprendente resulta la expresión “si es necesario”, que emplea el tribunal en el párrafo 315 de su decisión, en que sostiene:

“Es suficiente señalar –a esta altura—que los hechos expuestos por los Demandantes, si se probaran, podrían constituir una violación de las disposiciones del TBI que ellos invocan y que la cuestión de si tal exposición es exacta, se examinará, si es necesario, durante la fase de consideración de los meritos del presente caso”.

Si tal análisis “no es necesario”, más valdría laudar el asunto ahora, y evitar el dispendio de tiempo y dineros públicos que tomará el resto de este procedimiento, que en general se mide en años y varias decenas de millones de dólares.

En resume, el tribunal considera que los bonos comprados en cualquier plaza del mundo son “inversiones” en el territorio del Estado emisor, y que tales inversiones gozan de protección en el marco de tratados bilaterales de inversión.

Muchos tribunales del CIADI sostienen que el derecho de los tratados ha evolucionado y que han surgido nuevas interpretaciones conforme a esa evolución. Hay laudos que han marcado puntos de inflexión en cuanto a interpretación de los tratados de inversiones (los del caso Salini, el caso Maffezini, etc.). Algunos se fundan en criterios jurídicamente razonables, y otros no. Lo mismo cabe decir con respecto a las decisiones sobre competencia; algunas aparecen bien fundadas y en otras los tribunales “crean” su competencia en contra de la propia letra de los tratados.

Los laudos y las decisiones de tribunales de arbitrajes del CIADI merecen un cuidadoso análisis por parte de las autoridades de países que han sucrito acuerdos bilaterales de inversión. Los países deberían rever la “letra chica” de tales tratados, porque esa letra chica es la que permite forzar interpretaciones en sentidos ajenos al espíritu de los TBI. Esta aseveración es correcta tan sólo parcialmente, pues sólo tergiversando la letra expresa de esos instrumentos puede arribarse a conclusiones palmariamente contrarias al objeto y fin de los mismos,

Sin embargo, más apropiado sería rever las potestades de tres árbitros que sujetos exclusivamente a su propia interpretación, tergiversen los tratados para proteger cosas que los tratados no protegen, y al efecto sostener que la compra de bonos en un banco de Milán, por ejemplo, es una inversión “en el “territorio de la República Argentina”, o que el dinero proveniente de la venta de bonos “para pagar deudas” contribuye al desarrollo económico y la prosperidad del país emisor, o bien que el destino que dé a esos fondos “es irrelevante”.

Con el criterio de la presente decisión casi cualquier cosa relacionada con transacciones financieras puede ser una “inversión protegida”, incluida la calificación crediticia.

Los especuladores financieros, tenedores de bonos soberanos del mundo desarrollado, emergente o en desarrollo, mañana reclamarán que la obligación de los Estados de proteger esas “inversiones” abarca también el mantenimiento de valor de los bonos, o su rendimiento, y aun su calificación crediticia. Tenedores de esos bonos argumentarán, por ejemplo, que pretenden garantizar con esos títulos una iniciativa empresaria y que los bonos AA, que antes eran AAA, no sirven de garantía, o que compraron bonos a determinado valor y esos bonos ahora valen mucho menos porque el Estado emisor no “manejó sus finanzas” (para usar los términos de ese mismo tribunal) como debía y esos bonos perdieron valor, y demandarán ante el CIADI al Estado en cuestión. El foro está abierto.

A la luz de la “evolución” mencionada, Argentina podría impugnar la decisión sosteniendo que son aplicables a ésta las reglas de revocación de laudos del propio CIADI cuando los tribunales se extralimitan manifiestamente en sus atribuciones, como en este caso, “interpretando” la letra expresa del tratado, que no requería interpretación alguna, para “crear” una competencia que no le concede el Tratado Argentina/Italia ni el propio Convenio del CIADI.

Notas:
1) Tribunal integrado por el profesor Pierre Tercier, como Presidente, y los profesores Georges Abi-Saab y Albert Jan van den Berg, como árbitros
2) Las partes del caso habían celebrado un convenio de confidencialidad, en que se prevé la publicación del laudo definitivo, pero nada dice expresamente respecto de la decisión sobre competencia; a la fecha el CIADI no ha publicado esta decisión en su sitio oficial, sin embargo el estudio jurídico White & Case publica en su sitio en Internet ((http://www.whitecase.com/press-08102011-1/) que la decisión se hará pública, y la misma está disponible en ingles en la siguiente dirección web http://www.iareporter.com/downloads/20110810.

LA POLITICA ON LINE

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Una ley de tierras para una "patria sojera": Convalida la entrega de tierras y las expropiaciones de campesinos

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Definitivamente, la presidenta Cristina Kirchner ha cambiado su discurso, aunque no de política. Si durante el conflicto agrario, en 2008, llamaba desde la tribuna a evitar la sojización del país, ahora se ha transformado en una impulsora directa del “poroto”. Según acaba de anunciar en Tecnópolis, espera para 2020 que la cosecha se incremente en un 50%, llegando a los 150 millones de toneladas, y que la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo tengan un incremento de la misma proporción. Hasta el sojero Nº 1 del país, el periodista Héctor Huergo, festejó que la Presidenta se sume a lo que él denomina la “segunda revolución de las pampas”.

El “plan agropecuario” que se acaba de anunciar viene al dedo para analizar el proyecto de “ley de tierras” del gobierno. El proyecto pone un techo de 1.000 hectáreas a las nuevas propiedades de extranjeros y un límite del 20% del territorio que pueda estar en manos foráneas. La lista de grandes propietarios extranjeros que se vieron beneficiados con la política K quedan afuera del marco de la ley: los Benetton, con su millón de hectáreas en la Patagonia, la aseguradora yanqui AIG, que posee en Salta 1,5 millón de hectáreas (el 7% de la provincia), la chilena Arauco, asociada a capitales argentinos, que tiene el 6% del territorio de Misiones, o el empresario de Estados Unidos Douglas Tompkins, quien posee territorios con recursos naturales vinculados con el agua -tanto en la Patagonia como en los Esteros del Iberá en Corrientes, incluido el Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo.

La lista es interminable y no sólo tiene a la familia Bush con 30 mil hectáreas en Córdoba, sino a los principales monopolios mineros del mundo, los que poseen el 91% de los emprendimientos en ese rubro del país, la mayoría de ellos en zonas fronterizas de los Andes o a través de la Cordillera. La nueva ley no afecta “la seguridad jurídica de las inversiones”.

Esas tierras, en general, están pagadas a precios de remate y en zonas reclamadas por comunidades originarias y campesinas. Se estima -aunque los cálculos difieren significativamente- que la cantidad de tierras en manos extranjeras es del 10% del territorio -la mitad de lo que autoriza la propuesta que llegó al Congreso. El proyecto, por otro lado, excluye de la norma a los extranjeros que se asocien a capitales nacionales hasta un 49% del capital. Se trata apenas de una formalidad, pues bastaría que el capital extranjero financie con créditos el desarrollo del proyecto compartido para convertirse en el dueño privilegiado de la asociación. Es claramente lo que busca el proyecto, pensando en el ingreso de capitales de China, como acaba de ocurrir con una asociación comercial con productores de Río Negro (330 mil hectáreas), enteramente financiado por capitales de China para exportar la totalidad de la producción a ese país. El pretexto de la “extranjerización” sirve como pantalla para ocultar la expansión de los grandes capitales financieros en el agro, los que contratan los servicios del campo (siembra-cosecha) o alquilan los lotes que les interesan. Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores propietarios y arrendadores de tierras, acaba de plantear, precisamente, la necesidad de ampliar el plazo mínimo de los arrendamientos a cinco años y de eliminar el “arriendo accidental” (La Nación, 13/9). La Federación Agraria ha advertido hacia adónde apunta el proyecto agrario: “por el camino actual, podremos llegar a los 160 millones de toneladas, pero con miles de chacareros que quedaron en el camino... y un puñado de pooles de siembra y grandes empresas mantendrán su situación dominante”. Hay que añadir a esto que las grandes propiedades agrarias pagan impuestos inmobiliarios sobre valores fiscales que equivalen al 15% del valor de mercado de la tierra.

La oposición patronal no rechaza el proyecto. El peronismo federal, la UCR y Binner ya han consensuado con el gobierno excluir de las restricciones a los capitalistas extranjeros que tienen residencia en la Argentina. Binner tampoco plantea prohibir la compra por extranjeros de tierras con recursos naturales, como fuentes de agua, sino sólo su “protección”.

El proyecto tiene una elevada dosis de demagogia, en la búsqueda de mantener la iniciativa en un período electoral. Por otro lado, procura mantener la presión sobre los capitalistas, en el marco de la crisis mundial, con la advertencia de una ‘profundización del modelo’. Al precio actual de la tierra, determinado por el elevado precio de la tierra y la bajísima tasa de interés, a nadie le interesa comprar los campos. La aprobación de la ley consolidaría los ‘derechos adquiridos’ de los actuales poseedores foráneos de tierras y de la oligarquía local que se ha apropiado de tierras fiscales y expropiado a los campesinos. Lo que está planteado en lo inmediato, precisamente, es la revisión de todas las compras de tierras de las dos últimas décadas por los grandes propietarios -sean extranjeros o locales- y la aplicación de impuestos rurales progresivos sobre el valor venal de la tierra.

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Tenemos los recursos, que sean nuestros

Alejandro Garzón (ACTA)

La soberanía permanente sobre recursos y riquezas naturales como elemento básico del derecho a la libre determinación parece una entelequia. Pero lejos de ser una ficción el panorama que nos ofrecen las corporaciones multinacionales es desolador.

Son los mismos grupos económicos que saquearon y continúan con el proceso de extracción compulsiva con exorbitantes ganancias en contraposición con las migajas que aportan al desarrollo de los pueblos y a la calidad de vida de los trabajadores.

Esta situación debe ponernos en el camino hacia la definitiva independencia de los pueblos. No podemos seguir consintiendo que los grupos empresarios extranjeros nos rijan el presente y nos sentencien el futuro.

Además debemos fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de nuestra región, y estos acuerdos a su vez deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los pueblos y naciones.

Creemos que en los emprendimientos productivos, de nuestra provincia o país, las utilidades que se obtengan deben ser compartidas, como criterio y no como excepción, de manera equitativa entre los trabajadores, ponderando el crecimiento y desarrollo sustentable.

La educación para ello juega un rol fundamental, ningún pueblo puede pelear por lo que no conoce. El tramado corporativo que se ciñe sobre nosotros no tiene otro fin más que el de fomentar la pasividad y anular la crítica, por lo tanto debemos indudablemente, romper con el cerco informativo.

Además una empresa, por sí sola, no puede saquear nuestros bienes, necesita cómplices que dentro de la función pública ceden a las dádivas o permitan acuerdos express desoyendo la voluntad de los trabajadores.

El menemismo hizo un gran esfuerzo para dilapidar las riquezas, todos los gobiernos que lo sucedieron mantuvieron esta decisión y la hicieron propia, redituándose unos pocos con la destrucción de nuestros bosques, mares y suelos.

Citando las palabras Adolfo Pérez Esquivel “un país que no controla los recursos, es un país sin soberanía. El desarrollo no hay que confundirlo con explotación, sino con equilibrio de los recursos naturales”.

Hoy vemos la devastación que hay en un país con una gran diversidad productiva y que va camino a extranjerizarse en su propia tierra.

¿Cómo podemos transformar este estado de cosas? la Constituyente Social en Argentina es un movimiento político social y cultural de liberación y está planteando que de una vez por todas seamos nosotros los que definamos hacia dónde vamos y cómo queremos hacerlo, sin verticalismos ni recetas mágicas. En ese camino podemos convertir nuestra realidad, una construcción que empezó con voluntad, esfuerzo y esperanza y sigue creciendo para volver a ser felices.

Alejandro Garzón es Secretario General de la CTA Santa Cruz.

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Argentina, Santa Cruz: El jardín de las delicias

Juliana Lasagno (ACTA)

Con sus 243.943 kilómetros, la provincia de Santa Cruz es la segunda más extensa del país y también una de las más deshabitadas. Según el último censo aún no se llega a los trescientos mil pobladores, dispersos en trece ciudades y cinco comisiones de fomento. Pero aún así, los problemas no hacen diferencia por región, llegan a todos lados.

La matriz productiva está anclada en tres puntas: la minería, el petróleo y la pesca, en ese orden de impacto económico. Sin embargo, el sector que tiene la mayor tasa de empleo es la administración pública (municipal y provincial) que actualmente posee casi setenta mil trabajadores estatales

A pesar de la jactancia del gobierno provincial sobre sus bonanzas administrativas y de un presupuesto superlativo, los recursos naturales cayeron en negociaciones infértiles y nada rentables a las arcas del Estado, menos aún para las comunidades.

En minería, y según los datos oficiales, durante el 2008 la empresa Cerro Vanguardia, que explota un yacimiento a ciento cincuenta kilómetros de la ciudad de San Julián (Anglo Gold Ashanti posee una participación accionaria del 92.5%, y Fomicruz Sociedad del Estado 7.5%), tributó a Santa Cruz 4,7 millones de pesos en concepto de regalías por la extracción de oro y plata más el uso del agua en volúmenes desconocidos al igual que su tratamiento y devolución al medio ambiente. Ese monto anual equivale –por ejemplo– a la construcción por parte del Estado de 15 viviendas.

En tanto Fomicruz, una Sociedad del Estado creada por Ley Provincial Nº 2057 en el año 1988, con el objeto de efectuar la prospección, exploración y explotación de yacimientos minerales e hidrocarburíferas fomentando el desarrollo de la minería, incorporó 38 millones a las arcas.

Santa Cruz tiene más de ochenta empresas mineras multinacionales explotando oro, plata y ahora proyectando la extracción de uranio.

Sólo en una de ellas posee participación accionaria. También, según las estadísticas, el sector emplea a tres mil trabajadores de forma directa y otros mil más de manera indirecta. De ese total hay un setenta por ciento, o más, de mano extranjera como es el caso de Minera San José que emplea en el yacimiento Huevos Verdes 300 trabajadores peruanos y dos argentinos (de la ciudad de Perito Moreno).

Comparaciones odiosas

Para tener una dimensión de lo que aporta la minera, por llevarse todo el material durante un año, digamos que 4,7 millones en Santa Cruz equivalen a:

• 15 casas del IDUV (Instituto provincial de viviendas) o a la construcción de un gimnasio de cualquier escuela en Santa Cruz por parte de Austral Construcciones, Gotti o similares (propiedad de Lázaro Báez).

• Es un monto similar, por ejemplo, a lo asignado por el gobierno provincial para terminar un centro de residentes chilenos construido íntegramente por el estado provincial, para el cual destinó 4,4 millones y terminó costando 10 millones en “ampliación de gastos”.

• Con un año de regalías de Cerro Vanguardia la provincia solo podría haber pagado el 9,2% de la remodelación de las pasarelas del glaciar Perito Moreno, que costaron 50 millones más ampliaciones, obra cobrada por Esuco (también propiedad de Lázaro Báez).

• Cerro Vanguardia deja el 1% en concepto de canon (el tope por ley es del 3%), y a su vez recibe en concepto de reembolso por exportar desde el puerto de Punta Quilla en puertos Patagónicos, el 1%.

• 37 millones de pesos recauda la provincia en concepto de arancelamiento hospitalario, 34 millones de pesos pagan anualmente todas las operadoras mineras en concepto de canon por la extracción de minerales.

• La producción de Cerro Vanguardia durante el 2010 fue de aproximadamente 364.800.000 millones de dólares a 1800 dólares la onza

Algo no huele bien, es langostino

El mar también da ganancias, por lo menos para las empresas. La extracción de fauna autóctona es un bien muy preciado por las corporaciones, fundamentalmente el langostino.

La campaña dura unos siete meses y comienza con un período de "prospección” en el que analizan las zonas y sus recursos potenciales. El total de los permisos de pesca otorgados por la provincia, cincuenta y cuatro, están distribuidos en cinco grandes compañías, siendo Conarpesa la mayor beneficiaria.

Casi la totalidad de exportaciones de langostinos se vende a España (un 70%) e Italia (un 23%), con un ingreso de unos 400 millones de dólares promedio sólo paga el 10% de retenciones. Aún así, en 1997 Néstor Kirchner eximió a las pesqueras del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y les entregó reembolsos por el uso de puertos. Con los años volvieron a pagar aquel impuesto, pero ahora reclaman la eliminación total de retenciones y un reembolso del 6% por el uso de puertos patagónicos.

La economía en Santa Cruz parece no tener sobresaltos ya que flexibilizó, aún más, las exigencias a las multinacionales reduciendo el canon de los permiso de pesca de langostino, que tenían un valor $300.000 mil pesos a $75.000 mil cada uno. Es decir, la provincia dejó de recaudar $16.000.000 millones de pesos desde el 2010 con las 54 licencias.

No pasan desapercibidos estos datos para Puerto Deseado, por excelencia la ciudad para el desarrollo pesquero. Actualmente la actividad emplea mil trabajadores aproximadamente entre tripulantes, estibadores y personal de planta en una población de quince mil habitantes y depende de esos fondos coparticipables para administrarse.

Captura “selectiva”

Un barco puede llegar a tirar unas tres toneladas diarias de langostinos sin procesar:

sacan cantidades en exceso, muchos no tienen el suficiente personal a bordo ni capacidad en los túneles de congelamiento y tiran lo que no pueden procesar en el barco, porque se pudre.

Desechan también en ese total, la denominada “fauna acompañante”: merluza, raya, centolla, rubio, mero y pulpo. Y también toda la basura propia. Los marineros tienen un máximo de tres horas para limpiar los langostinos antes que comiencen a ponerse en mal estado: los lavan, los dejan de 30 a 40 segundos bajo efectos de un químico y luego los empacan en cajas de dos kilos. De allí van al túnel de congelación.

A pesar de los “requerimientos” con que se otorgan los cupos, procesan el langostino sobre los barcos incumpliendo una obligación, el empleo de trabajadores en tierra con la instalación de plantas procesadoras.

La flexibilidad de las leyes y su escasa aplicación permite que algunas operadoras inclusive, embarquen marinos en lanchas una vez que el barco está en altamar. Estos operarios que trabajan de manera clandestina, no tributan ni poseen cobertura alguna ya que abordan de noche y descienden dos días antes del regreso de los buques tangoneros. Los trabajadores denunciaron penalmente la precariedad laboral, pero radicada en los juzgados federales de la provincia corrió la misma suerte que otras tantas causas, fue archivada.

La viveza criolla

El requisito de la inversión como condicionante para el acceso a los cupos de pesca puso en relieve curiosas propuestas, como el caso de Argenova que invirtió, según sus cifras, dos millones de pesos en el 2008 para construir un criadero de langostino en Puerto Deseado.

Lejos de la providencia y contradiciendo los manuales de la ciencia ictícola, instalaron un galpón y habilitaron tres piletones para el desarrollo experimental. La realidad demostró que los langostinos morían en pocos días. Finalmente de toda la iniciativa, apoyada públicamente por el Gobernador, sólo queda el espacio físico donde una vez quiso apostarse este mega emprendimiento y un vigilador que controla no se roben las pocas pertenencias del lugar.

Es meritorio aludir también, el caso de la empresa Barillari S.A, como muestra fehaciente modelo productivo pesquero que tiene Santa Cruz. Esta operadora que se declaró en quiebra hace un año dejó a trescientos trabajadores desocupados en la planta procesadora de Caleta Olivia. Previo a cortar la provisión de langostino y por constantes despidos, los trabajadores iniciaron una huelga que impactó fuertemente en la zona norte de la región. El gobierno intervino ante la presión pública, expropiándola en el 2009. Desde aquel entonces, pasó de ser un sector productivo a un ente subsidiado, donde cada trabajador recibe $1800 con la tarjeta social. Hoy las instalaciones tienen material para procesar y funcionan al mínimo.

El mar está picado

Actualmente se entregan $1800 (mil ochocientos pesos) a los casi 1000 desocupados del sector, empadronados en 7 agrupaciones hasta el 31 de diciembre del 2011.

• También la provincia subsidia a 250 marineros de Puerto Deseado con $2000 pesos ante la falta de pesca, un total de $500.000 (quinientos mil pesos) y están efectuadas las gestiones para que seguir abonando esa cifra por un año más.

• Luego de los incidentes de 2007 en Puerto Deseado, con el incendio de las plantas pesqueras, cuando los trabajadores reclamaban falta de materia prima y el descongelamiento salarial, las empresas fueron beneficiarias con fondos públicos para afrontar “obligaciones salariales y de funcionamiento”. Las operadoras no cumplieron en tiempo con la devolución de ese dinero que tenía carácter de “reintegrable”. Extrañamente eso no fue un condicionante para la renovación de los permisos. Recién en el 2009 reembolsaron los cinco millones de pesos que puso Santa Cruz para compensar las pérdidas por aquel conflicto.

• El dato: las empresas con 33.307 toneladas de langostino con un promedio de 7 dólares el kilogramos facturaron $ 932.596.000 (novecientos treinta y dos millones quinientos noventa y seis mil pesos) en Santa Cruz, y en total con la captura de Chubut la campaña 2010 fue de $ 1907.332.000 (mil novecientos siete millones trescientos treinta y dos mil pesos) en ganancia para las multinacionales

Apelando a la buena fe

La actividad petrolera no queda relegada de este panorama. La extracción y la inversión no tienen relación proporcional alguna con las ganancias para el estado y el empleo.

En Santa Cruz operan cuatro corporaciones:

YPF que abarca el 50% de la producción total de crudo, Petrobras que absorbe el 50% de la producción gasífera, junto a OXY (ahora comprada por la china Sinopec) y Pan American Energy.

La principal cuenca productora está en el Golfo San Jorge. Ahí comparten explotación YPF, Pan American Energy y Occidental Argentina (OXY). Petrobras está concentrada en la Cuenca Austral a la que se suma Sipetrol, cuya principal producción está en las plataformas off shore, en el área Magallanes.

A pesar de la crisis, las empresas tuvieron, sucesivamente en los últimos tres años, saldos positivos en el sur; sólo YPF en el 2008 facturó novecientos veinte millones de dólares en barriles de crudo.

En contraposición a la hora de renegociar los contratos –por ejemplo– Pan American Energy alegó pronósticos desalentadores durante el 2007 y sujetó el plan de inversiones a las variables que rigen la economía mundial a un extremo casi dramático. A tal punto llegó la consideración del gobierno provincial por este planteo, que accedieron en esos mismos términos a la prórroga de las concesiones por veinte años, con posibilidad de una más, es decir cuarenta años de rentabilidad asegurada. Aún así la recaudación del canon con PAE sólo subió un dos por ciento, tres en los papeles, ya que rigen los reembolsos y beneficios fiscales por exportación.

No te doy mucho, ni poquito… mejor nada

Las Heras es el centro neurálgico de operaciones. Esta ciudad de aproximadamente dieciocho mil pobladores, vive en carne propia los dislates comerciales en que la provincia incurre.

Aporta al presupuesto la mayor cantidad de dividendos por los pozos petroleros que están en la zona, y aún así tiene embargadas las cuentas de coparticipación por diez años. Desde la gobernación adelantan dinero para pagar sueldos y gastos corrientes, pues la Intendencia no posee autonomía económica para administrarse. En infraestructura, tampoco se garantiza el cumplimiento de “la palabra empeñada” por las empresas para contribuir al desarrollo local con obras; sólo Pan American aportó dos millones de pesos para la construcción de un centro cultural. En todos los casos la provincia se hace cargo de la “ampliación de costos y mayores gastos”.

La ecuación tampoco es provechosa en cuanto al empleo, hace cinco años las empresas abandonan paulatinamente los pozos (reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente) y rescinden contratos con las empresas de servicios invocando “dificultades financieras”. Entre operarios de planta, obreros de la construcción y maquinistas se estima en más de 800 los desocupados del sector, sólo en Las Heras.

La segunda ciudad en cantidad de producción es Pico Truncado, también damnificados por el panorama empresarial propuesto, ya que el municipio tampoco puede absorber los padrones de desocupados.

En total el petróleo emplea siete mil trabajadores, de los cuales el 30% está radicado y vive en Chubut, cumpliendo su jornada laboral en Santa Cruz y regresando a su ciudad en las semanas de descanso.

No todo lo que brilla es petróleo

• En los últimos cinco años se hicieron la mayor cantidad de paros del sector, por reclamos salariales, convenio colectivo de trabajo y despidos masivos, de los que registra el gobierno (Frente para la Victoria) en los veinte años que tienen de gestión provincial.

• 26 mil pozos hay perforados en toda la provincia, un 20% están abandonados y sin remediar (Secretaria de Medio Ambiente de Santa Cruz). Las multan rondan los diez mil pesos. Sólo hay un inspector para todo el territorio.

• Las operadoras tributan el canon de acuerdo a una declaración jurada. El gobierno apela a la “buena fe” de estas actas para recaudar.

• 12% es el porcentaje que pagan las multinacionales en concepto de regalías.

• Aportan anualmente todas las empresas 360 millones de pesos al presupuesto.

• Lejos de ser la actividad extractiva el motor productivo de la provincia, es la administración pública provincial y municipal la que contiene a los trabajadores en un 70% de toda la población.

• El sueldo promedio es de 4 mil pesos para un trabajador estatal en la provincia, en muchos casos cobran 1800 como planes sociales.

• Un alquiler ronda los 3 mil pesos para una familia tipo (padre, madre y dos hijos).

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Una necesaria reforma tributaria

Felíx Herrero (INFOSUR)

La recaudación de impuestos se podría incrementar en un 40% sobre los niveles del año 2010 pasando de 250 mil millones a 350 mil millones de pesos.

Nuestro objetivo es reducir la evasión del impuesto a las Ganancias, de Bienes Personales y del IVA. Esta reversión de los altos niveles de evasión y elusión impositiva se realizará a través de una mayor y decidida acción política, de una mejor capacitación de los recursos humanos y de nueva incorporación de tecnología y personal calificado en la AFIP, Aduanas y en el ámbito de la Justicia.

Al mismo tiempo realizaremos una reforma impositiva priorizando la recaudación del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Una modificación de la alícuota general para las ganancias de sociedades del actual 35% al 37% para las empresas con más de 500 empleados y/o un patrimonio neto superior a los $2 millones de pesos. No puede seguir no imponible las ganancias financieras; es todo el mundo esta renta paga impuestos.

Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos.

La recaudación de impuestos se podría incrementar en un 40% sobre los niveles del año 2010 pasando de 250 mil millones a 350 mil millones de pesos.

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Argentina. Juicios por robo de bebés: Carlos Del Frade declaró en Paraná

TELAM - REDACCION ROSARIO

El periodista rosarino narró las entrevistas que mantuvo con el ex agente de inteligencia Eduardo Costanzo, que fue quien brindó los datos del traslado de la detenida-desaparecida Raquel Negro, de la Quinta de Funes al hospital militar de Paraná.

En esos encuentros, el represor le dijo a Del Frade que creía que el varón de los mellizos había muerto durante el parto, luego de enredarse en el cordón umbilical.

Cuando se le preguntó la razón por la cual el represor brindó los datos, dijo que creía "que se terminaba la impunidad de la cual gozaba en ese momento. Tenía una gran necesidad de blanquearse él y blanquear responsabilidades", remarcó.

Este miércoles también estaba citado a declarar en la causa el diputado nacional (MC) Miguel Bonasso, pero debido a otros compromisos no pudo viajar y pidió declarar por escrito.

El tribunal decidió arbitrar las medidas para facilitar que Bonasso declare mediante una teleconferencia el viernes próximo, junto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien se encuentra fuera del país.

Militar confirmó partos clandestinos

El militar retirado Joe Víctor Erbetta, reveló que en el distrito militar de Paraná eran ingresadas detenidas políticas que luego eran derivadas a centros clandestinos de detención.

En la décima jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local, Erbeta dijo que desde 1973 hasta 1982 se desempeñó en el Distrito militar Entre Ríos, situado en la zona sur de Paraná.

El militar testificó que tiene un hermano desaparecido, que fue secuestrado en 1976 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina (UCA) por efectivos de la Policía Federal.

"El 10 de septiembre de 1976 (el comandante de la 2da.Brigada de Caballería Blindada, Juan Carlos) Trimarco me llamó a su despacho y me dijo que no busque más a mi hermano porque era un subversivo y me amenazó con un arma apuntándome a la cabeza", relató el ex militar ante el tribunal oral de Paraná.

Recordó que también le prohibieron dirigirse a otros lugares del distrito y que sólo estaba autorizado a permanecer en su oficina.

Comentó que en ese lugar se realizaban "reuniones semanales con los jefes, en las que se comentaban temas vinculados con las detenciones, a las que asistía el director del hospital militar".

Erbetta reconoció que hasta el lugar "personas que se identificaban como personal de inteligencia de Rosario, Santa Fe y Paraná, traían mujeres desde otros centros clandestinos de detención".

También reveló que en 1979 "empezó a decaer ese ingreso, porque se decía que ingresaban por atrás del Ejército, de sur a norte".

Cuando se le preguntó a qué lugar trasladaban a esas personas, Erbetta respondió que iban "a la sala de comunicaciones y a la Escuelita, donde había personas detenidas por temas políticos, y otras al hospital militar".

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Argentina: Causa Díaz Bessone: Empezó el alegato de la fiscalía en el juicio contra la patota de Feced

DIARIO DEL JUICIO - CIJ - REDACCION ROSARIO

El fiscal Gonzalo Stara comenzó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de Rosario, su alegato contra los represores que actuaron durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario continuó este miércoles las audiencias de alegatos en el juicio oral que se desarrolla en esa ciudad contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Ante los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague se comenzó a escuchar la exposición del Ministerio Público Fiscal que se inició el martes y continuó este miércoles.

Durante el proceso, las cuatro querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. En el juicio se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas del terrorismo de Estado.

Hasta ahora las penas solicitadas por las querellas fueron las siguientes:

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.

25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicki, ex detenido político apuntado por sobrevivientes como "colaboracionista".

Agrupación HIJOS

Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados. HIJOS tampoco acusó contra Chomicky.

Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de desaparecidos

Prisión perpetua para Díaz Bessone y José El Ciego Lofiego, y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Todos los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

En el proceso se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario durante el “reinado” del ya fallecido comandante de gendarmería Agustín Feced.

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Organismo oficial reconoce la 'importancia cultural y arqueológica' de Punta Querandí

INDYMEDIA

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, se convirtió en el primer organismo gubernamental en respaldar el reclamo del Movimiento en Defensa de la Pacha en su lucha por proteger tierras que quieren ser anexadas a un complejo de barrios privados por parte de la desarrolladora EIDICO. El informe entra en contradicción con el informe arqueológico privado de la empresa, realizado por Daniel Loponte, quien a su vez fue desacreditado por el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA).

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas respondió a una solicitud del Municipio de Tigre por el conflicto que enfrenta a indígenas y a diversos sectores sociales con la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei.

Recordemos que el 10 de mayo el Consejo Deliberante de Tigre votó por unanimidad una resolución donde se le pedía informes sobre la valoración cultural y arqueológica de las tierras en conflicto al organismo indigenista provincial y a su par nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que aún no respondió.

En un documento girado al Municipio de Tigre hace dos semanas, que hoy ingresó al Consejo Deliberante local, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas consideró que "Punta Querandí tiene interés cultural y arqueológico", destacando su importancia no sólo para los pueblos indígenas sino para toda la comunidad, al ser un espacio utilizado por las escuelas y las familias de pescadores de la zona, entre otros sectores sociales.

La respuesta enviada al Gobierno de Tigre incluye un informe realizado por arqueólogos y una recopilación de las leyes nacionales e internacionales que avalan los derechos de los pueblos originarios.

EIDICO cuenta a su favor con un informe contratado al equipo de arqueólogos que coordinan Daniel Loponte y Alejandro Acosta (CONICET-INAPL), en el que se concluye que el sitio arqueológico está "agotado" y se recomienda liberar el terreno al "propietario". Dicho informe fue aprobado por el Centro de Registro Arqueológico, del Instituto Cultural Bonaerense.

En tanto, el Movimiento en Defensa de la Pacha logró durante el 2010 el reconocimiento de un fragmento de cráneo en el Museo Etnográfico de la UBA y la certificación de restos arqueológicos por parte de un especialista independiente. Pero el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas es el primer organismo gubernamental en respaldar sus reclamos sobre el lugar.

El 19 de febrero de 2010, el Movimiento en Defensa de la Pacha inició un campamento para defender Punta Querandí luego de que la empresa destruyera con máquinarias casi toda la vegetación del lugar. La protesta de mantiene todavía hoy en el terreno con actividades culturales, talleres, visitas de escuelas, encuentros y ceremonias, garantizando el acceso público al predio por parte de familias de pescadores de toda la región.

Sobre la respuesta del organismo del Gobierno bonaerense, Valentín Palma Callamullo, vecino del paraje Punta Canal y uno de los integrantes de la protesta, manifestó: "Esta es una herramienta muy importante que puede permitir al Municipio destrabar este conflicto en favor de las voluntades populares".

Foto: Argentina, Naciones originarias - Patrimonio sagrado. Ceremonia del año nuevo indígena en el predio en conflicto con la firma EIDICO -ligada al Opus Dei- . / Autora: Georgina García (INDYMEDIA)

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Dan 24 años de prisión a ex jefe colombiano de inteligencia

XINHUA

El ex director del organismo de inteligencia de Colombia (DAS), Jorge Noguera Cotes, fue condenado a 24 años de cárcel por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y concierto para delinquir agravado, dijeron fuentes de la fiscalía.

Tras una prolongada investigación, la Corte Suprema de Justicia halló culpable a Noguera Cotes de apoyar financieramente a las denominadas Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), de corte paramilitar y de entregar a este grupo armado listas de sindicalistas y líderes de Derechos Humanos que más tarde fueron asesinados.

La Corte determinó que el ex funcionario también está involucrado en el asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Zully Ester Codina y Fernando Piscioti, así como en la muerte del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

Noguera Cotes encabezó el DAS durante el primer periodo de gobierno de Alvaro Uribe Vélez entre agosto de 2002 y octubre de 2005.

Más tarde, en 2006, se desempeñó como cónsul en la ciudad italiana de Milán, justo cuando se conocieron las primeras pruebas de infiltración de paramilitarismo en la entidad.

El ex funcionario fue acusado por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien aseguró que Noguera Cotes puso el servicio de inteligencia del Estado en manos del grupo paramilitar, acusación que fue rechazada firmemente por el ex presidente Uribe.

En febrero de 2007, Noguera Cotes fue encarcelado y un año después, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación entre otros delitos de ofrecer la base de datos del servicio de inteligencia para eliminar antecedentes penales de varios criminales.

De igual forma, el ex funcionario es procesado por su participación en el escándalo de interceptaciones ilegales conocidas como “chuzadas” a dirigentes políticos de la oposición, periodistas y activistas durante el gobierno de Uribe.

A Noguera Cotes se le descontarán los años que ha pasado en prisión y según la Corte no podrá ejercer cargos públicos por un período de 20 años.

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Perú: El expresidente Alan García enfrentará una larga investigación

PL

El exgobernante peruano Alan García tendrá que enfrentar una larga investigación sobre posibles casos de corrupción en su gobierno, a cargo de una comisión creada por el Congreso casi por unanimidad.

El grupo investigador fue aprobado anoche por 110 votos a favor y dos abstenciones, sin oposición alguna, e indagará exhaustivamente sobre posibles infracciones a la Constitución y delitos de enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción.

Las pesquisas tendrán un plazo de un año y estarán referidas a cerca de 400 decretos de urgencia y legislativos dictados por el gobierno como forma de realizar obras públicas y otorgar concesiones, eludiendo controles y requisitos diversos.

También las adjudicaciones de proyectos de riego, transmisión de electricidad, carreteras, generación de energía y otras obras de infraestructura, así como manejos ilegales de la seguridad social, la empresa de agua potable de Lima y otras instancias.

Otro tema de las pesquisas será el de las conmutaciones de penas e indultos de presos, que entre los primeros permitieron la libertad de cinco mil reclusos, de estos tres mil 226 condenados por narcotráfico, actividad con gran poder corruptor y de recursos.

Entre los ministros de García que serán investigados destaca el expremier Jorge del Castillo, que en octubre de 2008 tuvo que dejar el cargo al verse involucrado con una red oficialista de corrupción.

También los exministros de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, y Salud, Hernán Garrido Lecca, y Justicia Aurelio Pastor, ligados los dos primeros a grandes obras de infraestructura y el tercero al tema de los indultps y conmutaciones de penas.

El pequeño grupo de parlamentarios apristas intentó que la comisión se limite a investigar temas puntuales y no todo el gobierno de García, pero no lograron acogida.

Horas antes de la sesión parlamentaria que creó la llamada "megacomisión", el exgobernante insinuaba que era objeto de persecución política y negaba responsabilidades en los temas mencionados, trasladándolas a ministros y otros funcionarios menores.

En declaraciones públicas, García alegó que en su gobierno no hubo corrupción excesiva y que este mal es endémico y consecuencia inclusive de la pobreza, con el aparente afán de minimizar el problema en su gobierno.

El congresista socialista Javier Diez Canseco, principal impulsor de la investigación aprobada, negó que esta sea una cacería de brujas de tipo político y señaló que García tiene graves responsabilidades que afrontar y no solo permitió sino que dejó impune la corrupción.

Esta es una cacería, pero de corruptos, los vamos a llevar a la justicia para que esta decida, señaló el parlamentario.

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