viernes, 16 de septiembre de 2011

Chile: A 35 años del asesinato de Orlando Letelier aún no hay sentencia definitiva en el “Caso Berríos”

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a la abogada Fabiola Letelier sobre el caso del químico del gas sarín.

El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia del país del norte. En esta entrevista, su hermana -la abogada Fabiola Letelier- se queja de que todavía se desconozcan los pormenores del juicio que ella sacó adelante en Chile para procesar a los principales autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano. Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.


Hace más de un año, el 10 de septiembre de 2010, el magistrado Alejandro Madrid Crohare, “ministro en visita extraordinaria”, emitió su extenso fallo de casi 500 páginas para un proceso que técnicamente comenzó con una denuncia del gobierno de Patricio Aylwin, elevada a la justicia el 15 de junio de 1993, por “presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos Sagredo, quién se encuentra desaparecido de su domicilio desde hace varios meses a la fecha, sin que se sepa su actual paradero”.

El juez Madrid estableció que Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay y sentenció a los culpables chilenos y uruguayos, pero estos apelaron ante la corte superior y la sentencia de primera instancia de Madrid está entrampada en la Fiscalía chilena desde el 19 de Agosto de 2011, a la espera del inicio del trámite de apelación que daría curso a la vista de la causa. En otras palabras, la Fiscalía debe poner el caso en tablas para que la sentencia sea ratificada o modificada por la Corte de Apelaciones.

La abogada de derechos humanos Fabiola Letelier participa tesoneramente en numerosos procesos cuya tramitación tarda años en los tribunales chilenos. Entre muchas otras cusas en curso busca justicia para el joven periodista estadounidense Charles Horman, asesinado por el Ejército el 18 de septiembre de 1973 y cuyo caso inspiró la película “Missing” (1982), de Costa Gavras, jamás exhibida -hasta hoy- en salas de cine de Chile. Esta entrevista está centrada en el “Caso Berríos”, uno de los entretelones desconocidos del “Caso Letelier” en Chile, juicio iniciado por Fabiola Letelier cuando Pinochet todavía era temido y mantenía una importante cuota del “poder fáctico” del Estado como comandante en jefe del Ejército, bajo gobiernos civiles elegidos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Berríos fabricó el gas sarín que serviría para matar a Letelier en un plan que después fue descartado por la DINA y en 1991, en plena “democracia”, Pinochet ordenó que fuera sacado del país para impedir que declarara ante los tribunales que investigaron el asesinato del ex Canciller de Allende. Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay a manos de militares chilenos y de ese país.

-“El Caso Letelier en Chile”, ¿ése sería el título de ese libro que falta?

-Quiero dar a conocer en este país -sobre todo a los socialistas que han sido unos malos compañeros con Orlando Letelier- lo que fue el proceso Letelier en Chile. Nadie lo conoce. Todos saben lo que pasó en Estados Unidos porque se han escrito libros muy importantes: “Laberinto”, del ex fiscal Eugene Propper y el escritor Taylor Branch; y sobre todo “Asesinato en Washington”, de John Dinges y Saul Landau. Este libro ha sido premiado y reconocido en todos lados, pero ese texto relata lo que fue el crimen de Orlando Letelier, que ocurrió en Estados Unidos el 21 de septiembre del año 1976, y describe la labor de investigación que efectuó el gobierno estadounidense. De 1976 a 1978 investigaron el crimen de Orlando Letelier hasta que deciden mandar a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Manuel Contreras [ex general, jefe de la DINA], Pedro Espinoza [coronel secuaz de Contreras] y Armando Fernández Larios [teniente de la Caravana de la Muerte enviado también a Estados Unidos con documentación falsa para preparar el asesinato de Letelier].

-¿Cómo se origina el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier?

-La Corte Suprema, presidida entonces por Israel Bohórquez, rechaza el pedido de extradición. Y como se habían fabricado pasaportes para poder hacer misiones preparando este ilícito en Estados Unidos, es sólo entonces que mandan el expediente a la justicia militar. Y ahí intervengo yo. Me hago parte ante la justicia militar. Estoy 10 años investigando con Jaime Castillo Velasco [abogado PDC de DDHH, fallecido en 2003] y, después, cuando ya viene la transición, ahí pasa a un ministro de la Corte Suprema [Adolfo Bañados Cuadra], quien investiga hasta dictar la sentencia.

Pero este caso, esa investigación de Orlando Letelier en Chile, ha estado absolutamente encubierta; no sale publicada, ni nada. Nada más aparece lo final, que fue la primera vez que se condenó a Contreras y a Espinoza, pero con unas condenas que son absolutamente inadecuadas, porque fueron 7 y 6 años, respectivamente. Pero todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron -en número muy importante- elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia -de la DINA-, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Entonces, ése es un compromiso que yo tengo, que no puedo dejarlo y lo voy a hacer… Espero tener vida para eso.

Caso Berríos: “Proyecto Andrea”

-¿Cómo emerge el “Caso Berríos?

-De la investigación del crimen de Orlando surgieron otros casos, como el de Eugenio Berríos. El proceso que falló el ministro Madrid se refiere al secuestro y homicidio de Eugenio Antonio Berríos Sagredo.

-¿Quién era Berríos Sagredo?

-Era un químico que fue integrante y agente de la DINA, quien levantó un laboratorio químico en Lo Curro [Vía Naranja N° 4925] en la casa en que Michael Townley vivía con Marina Callejas, un inmueble comprado por el general Contreras con fondos públicos. Allí vivía la familia de Townley, pero una parte de ese edificio estaba destinado a laboratorio químico, clandestino por supuesto, que se habilitó después de varios viajes de Townley a países europeos para comprar elementos que, por supuesto, ingresaron a Chile sin los pagos y revisiones aduaneras correspondientes.

-¿Qué hacían en ese laboratorio?

-El laboratorio químico tenía por finalidad la creación y elaboración del gas sarín, y otros elementos de tipo toxicológico, que fueron desarrollados por la DINA con la finalidad de obtener un arma química moderna que le permitiera llevar adelante casos de eliminación. Este es el “Proyecto Andrea”.

-¿Y arma para probables guerras que se manejaban en la época?

-Por supuesto. En ese tiempo había una posibilidad de guerra con Argentina y, evidentemente, se veía con mucho interés. Además, Berríos era un químico, que igual que Townley y Mariana Callejas, perteneció al Movimiento Patria y Libertad. Allí Townley y Berríos habían hecho una buena amistad. Y Berríos, que había estudiado en Concepción como químico, sin duda era una persona bastante especializada y capacitada en materias químicas y había hecho una memoria especial sobre la “boldina”, una sustancia extraída del boldo [Peumus boldus].
Berríos es un hombre que, por ser parte de Patria y Libertad, aparece vinculado con Townley y gente de la DINA y entra en este proyecto. A la casa donde estaba en Lo Curro había ido varias veces Manuel Contreras, o sea, es un elemento que sabe exactamente…

-¿Y allí fabrica el gas sarín?

-Ahí elabora el gas sarín e incluso este gas fue enviado en estado líquido a Estados Unidos, en un frasco de perfume Chanel. En un momento Townley lo lleva a Estados Unidos [se presume que para utilizarlo en un “plan B” contra Letelier] y se sostiene que habría sido usado en Chile como elemento represivo letal de la DINA en algunos casos. Incluso se menciona a un conservador de bienes raíces [Renato León Zenteno], quien había muerto por aplicación del gas sarín en 1976, y no por la profesión de Zenteno, sino porque habría sido homosexual y habría tenido algún problema de ese tipo… Lo habrían eliminado. Y, por supuesto, hay otros casos que se han mencionado mucho, entre otras personas el de Camilo Soria [ciudadano español, funcionario internacional y editor de libros], que fue muerto por la DINA en una operación que se hizo ahí en Lo Curro y algunos han sostenido que se le habría aplicado también el gas sarín. Y otros, como el suboficial de Ejército Manuel Leyton Robles, que en un momento habría sustraído un automóvil que pertenecía a una persona de izquierda [Daniel Palma] y que él se lo habría apropiado, etcétera. Bueno, hay casos que demuestran que este gas sarín sí se aplicó, pero fundamentalmente era un arma letal que tenía en sus manos la DINA, un arma que podría utilizarse en un conflicto, incluso con otros países de América Latina.

-¿Tenía ayudantes Berrios?

-Entonces Berríos no trabaja solo sino que tiene la colaboración de otro chileno, Francisco José Oyarzún Sjoberg, hijo de un funcionario de Relaciones Exteriores, que secunda a Townley ahí en Lo Curro. Pero cuando sale a la luz la situación de Townley, cuando éste iba a ser detenido, etcétera, etcétera, Oyarzún se va a Europa y nunca más se supo de él, aunque están todos los antecedentes. Ahí se fabrica ese gas.

-Ahora, ¿cómo aparece Berríos?

-Lo cierto es que Berríos, aparece en la investigación que hace el ministro Adolfo Bañados Cuadra. Por los antecedentes que él tiene en el proceso, lo llama a declarar. Berríos no comparece. Vuelve a reiterar la citación…

-¿Quién es el ministro Bañados?

-Bañados es el ministro de la Corte Suprema que llevó el proceso en Chile después que le fueron remitidos los antecedentes desde el tribunal militar. Entonces, él toma el caso y en el año 2005, la Corte Suprema dicta el fallo final y se condena a Contreras a 7 años y a 6 años a Espinoza. En eso tengo el honor de haber participado…, en el primer proceso importante contra la DINA que termina con la sentencia definitiva y después de eso…

-¿Este proceso fue motivado por…?

-Se transmitió por televisión a todo el país…

-Sí, pero el motivo ¿fue el caso de Orlando…?

-Fue el crimen de Orlando, el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, con una bomba explosiva que fue colocada en el automóvil, bajo el asiento de la persona que manejaba, que era Orlando, y que también causó la muerte de una ciudadana norteamericana, la Ronni Karpen Moffit…

-En este proceso de investigación, ¿el ministro Bañados…?

-Después de pasar por el tribunal militar y pasar a la Corte Suprema, él hace la investigación…

-Y el descubre… porque estamos hablando de Berríos, ¿no?

-El ministro considera que es importante que Berríos concurra ante él a declarar su relación y su incumbencia en este caso, ya que por otros antecedentes aparecía que él era un químico que fabricaba compuestos en una propiedad que pertenecía a la DINA. No concurre. Por lo tanto, el ministro, en el momento en que ya está dispuesto a dictar orden de detención, para que Berríos concurra…

-¿Por qué era tan importante Berríos?

-¿Por qué todo esto? Porque Berríos era civil, no era militar. Porque él había participado con Townley, que es uno de los ejecutores principales del crimen de Orlando. Entonces, era de la DINA, había participado en la DINA, conocía Lo Curro, el lugar al que concurrían varios altos miembros de la DINA, esta metido, precisamente, en todo este accionar represivo e ilícito de la DINA.
Bueno, resulta que Berríos no concurre y, entonces, ahí se realiza una operación de inteligencia del Ejército de Chile, y estamos hablando del año 1991 [bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército], fraguada por las más altas autoridades de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya no existen DINA, ni CNI, ni nada. Está la DINE, que es conducida por un general del Ejército llamado Hernán Ramírez Rurange. Esta Dirección de Inteligencia del Ejército decide, después de una entrevista que tiene Berríos con el general Hernán Ramírez Rurange, decide ordenar que a Berríos se le saque de Chile para evitar que concurra a declarar ante el ministro de la Corte Suprema que llevaba el caso de Orlando Letelier.


“Operación Control de Bajas” + Operación Cóndor II

-¿Cómo lo hacen?

-Primero lo esconden, y lo tienen más o menos 15 a 20 días en lo que se conoce como Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE [García Reyes N° 12, Santiago]. Y ahí permanece como un civil, en un subterráneo donde le proporciona alimentos y se preocupa de su subsistencia el comandante de esa institución militar, el entonces coronel Manuel Provis Carrasco. Todo esto no aparece en investigaciones, reuniones, etcétera. Lo cierto es que Berríos permanece ahí mientras se organiza este operativo de inteligencia para sacarlo del país con un nombre falso, con la identidad de "Manuel Morales Jara". Al mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés [conocido como El Príncipe y jefe de la seguridad privada de Agustín Edwards, servicio proporcionado bajo cuerda al dueño de El Mercurio] le encomiendan la dirección de esta operación, en la que participan otros militares, entre ellos el entonces capitán Pablo Marcelo Rodríguez Márquez y un civil que trabajaba para la DINE llamado Raúl Lillo Gutiérrez.
La operación, denominada “Control de Bajas”, coordina el traslado de Berríos a Punta Arenas. Desde allí, Lillo Gutiérrez, Rodríguez Márquez y su hermano [ex teniente de Carabineros] Jorge Alejandro Guillermo Rodríguez Márquez, lo trasladan en un vehículo a Argentina, el 26 de octubre de 1991, por el paso Monte Aymond, y en Río Gallego Berríos y Lillo abordan un avión rumbo a Buenos Aires, donde son recibidos por Silva Valdés y se quedan dos días, y desde la capital argentina siguen por vía fluvial a Colonia, Uruguay. O sea, hacen toda una tremenda vuelta y, por supuesto, con nombres falsos, y Berríos va acompañado de militares que lo custodian.
Al llegar al Uruguay, evidentemente comienzan a aparecer los uniformados uruguayos, que son tres: el coronel Tomás Ventura Casella Santos, que es el más importante, Eduardo Ernesto Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose. Esos son los tres, más otro, al que se le pidió la extradición, pero estos son los tres cuya extradición fue solicitada por nosotros, a través de la Corte Suprema chilena, aprobada por la Corte Suprema del Uruguay. ¿Por qué estos tres militares? Porque ellos intervienen en la custodia, en el encuentro con Berríos, en su encubrimiento y después también intervienen en lo que es la muerte del químico. Es muy larga esta historia…

-¿Cómo termina?

-En definitiva, estos militares uruguayos trabajan coordinadamente con los chilenos enviados por el Dine, para poder arrendarle un departamento a Berríos. Después Berríos se pone demasiado complicado… -era alcohólico-, se pone muy…, era una persona difícil de manejar… Entonces, al final lo llevan a una playa, a la casa de un familiar de Radaelli. O sea, todo es perfectamente sincronizado y allí, estando en esa playa, que se llama Parque del Plata, un día se les escapa y va al comisario y ahí aparece toda esta historia que termina en una sesión secreta del Senado uruguayo, a puertas cerradas. El presidente del Uruguay; Luis Alberto Lacalle, que en ese tiempo andaba en Europa, se devuelve… Todo lo que pasa es un escándalo tremendo.
Todo esto financiado absolutamente con fondos públicos de los dos países. El tribunal de la Corte Suprema de Uruguay, para dar lugar a la extradición, preparó una carpeta entera, analiza, intervienen los defensores públicos, analizan bien si darla o no darla, se consideran las normas internacionales, cuáles deben regir o no regir y, finalmente, acceden y entregan a estos tres militares a Chile. Por primera vez, militares latinoamericanos son extraditados de su país, por una petición de la Corte Suprema chilena por cargos de haber participado en una violación grave de derechos humanos.

-¿Cuál es la conexión con el “Caso Letelier”?

-Todo esto forma parte del crimen de Orlando. Eso es lo que está en el proceso, el primer elemento en este caso, en el asesinato de Orlando Letelier, el crimen ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, un chileno que se llama Eugenio Antonio Berríos Sagredo, químico, que desafió a la justicia chilena y no compareció para entregar elementos relacionados con el crimen de Orlando Letelier. Y por eso yo estoy metida en esta historia desde hace 9 años. Así son de largos mis casos. En el de Orlando fueron 15.

-¿Qué pasa entonces?

-Hacen la presión ante el comisario, que como Berríos se había arrancado y había llegado diciendo que lo perseguían, el comisario lo manda a un examen médico. El examen dice que está nervioso pero que es una persona normal y en eso, los que estaban en la casa, arreglando no sé qué en el techo, bajan los militares uruguayos y llegan todos adonde el comisario, y ahí, Tomás Casella, que es uno de los extraditados, hace presión sobre Berríos y le dice que no, que retire la denuncia, y lo hace retirar la denuncia. Y Berríos se va con Tomás Casella. Ése es el último momento de la vida de Berríos que se conoce, junto a este uruguayo. Y ahí desaparece a fines de 1992 y después de mucho tiempo, o sea, un año, creo que en abril de 1995, por una casualidad, una persona que va a una playa llamada El Pinar, en ese lugar de balneario Parque del Plata encuentra un elemento, no sé qué, lo sacan y ahí está Berríos. Asesinado, con dos balas en la cabeza. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993.

-¿En ese tiempo también va Pinochet a Uruguay?

-Va Pinochet a Uruguay, evidentemente. Hace un paseo al Uruguay y hay incluso una fotografía en que creo que está con Tomás Casella. Ah, pero lo más importante son las declaraciones del general del DINE, Ramírez Rurange ante el ministro que investiga, Alejandro Madrid, un ministro de corte extraordinario, encargado de este caso. Ahí, en una declaración judicial, Ramírez Rurange dice que efectivamente no fue él quien dio la orden de sacar a Berríos del país, sino que la orden de sacar a Berríos de Chile la dio Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército. Y hay todo un tomo que registra cómo se investiga esta situación, porque Ramírez Rurange dice que la orden para sacar a Berríos de Chile se la dio Pinochet en un almuerzo o comida que tuvo en su casa, donde había otros generales. Todos fueron citados a declarar y, por supuesto, niegan haber oído esto, pero lo cierto es que Ramírez Rurange mantiene firme que fue orden recibida del general Pinochet y por eso que Berríos llega al DINE a hablar con el general y ahí se arma toda la operación. Esa es la historia.

-¿Lo mataron a balazos?

-Hay una versión que dice que a Berríos lo enterraron con la cabeza abajo, como mueren los traidores creo que dicen, pero lo cierto es que se encontraron balas, elementos de balas. Y hay toda una investigación criminológica bastante significativa. Ahora, el proceso, como tú ves, mira todos esos tomos [señala pilas de volúmenes de documentos judiciales], no está completo acá, faltan los últimos…

-¿Cuántos años lleva este proceso?

-Desde el 2002 al 2011…

-Nueve años…

-Nueve.

-¿Y cuántas fojas son, más o menos?

-En este momento yo te diría que, por lo menos, tengo aquí conmigo, y me faltan fojas… -el ministro Alejandro Madrid es un magistrado extraordinariamente eficaz-, nueve mil, más las últimas…

-No, es un dato general nada más…

-Te digo que de todas maneras son más de 10.000 fojas, tomo treinta y tanto: más de 30 tomos…

-Este juicio ¿es para esclarecer la muerte de Berríos…?

-El secuestro, el homicidio y la asociación ilícita, que es lo que a mí me importa.

-Usted está involucrada en este proceso como…

-Como abogada querellante… Y también se hizo parte en este juicio mi sobrino José Ignacio Letelier Morel, hijo de Orlando que reside en Isla de Pascua.

-Entonces, ¿el “Caso Berríos” es una derivación…?

-Del “Caso Letelier”. ¡Claro! Ésa es la importancia de esta causa, por la relevancia de Berríos… Tengo un libro que escribió un uruguayo sobre el caso, que por lo menos es algo… El libro del periodista Samuel Blixen.

-Cuando se conozca la sentencia definitiva quizás sólo aparezcan unas pocas líneas en los grandes medios y no se conectará el “Caso Berríos” al “Caso Letelier…

-…Si es que algo sale… Y sólo se hablará de Berríos, no de Letelier, y nadie sabrá que tiene que ver Berríos con el “Caso Letelier”. Además, estamos hablando de ejércitos y de oficiales que todos, todos siguieron sus carreras, ascendieron de grado y categoría, ahora son brigadieres, generales, porque son muchos los que están involucrados.

-La causa la instruyó el magistrado Alejandro Madrid…

-Del 6° Juzgado del Crimen. O sea, el es ministro extraordinario nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar el secuestro y el homicidio de Berríos.

-Me imagino que la familia de Berríos está interesada en este juicio.

-Mira, Berríos se casó con una mujer muy bonita, que se llama Gladys Schmeisser, que era bailarina, y qué se yo, quien tiene una historia bastante complicada, aunque yo no me meto en las vidas personales, pero también Berríos vivía con una tía que tenía una pastelería, donde había instalado un laboratorio químico para estudiar la boldina, todo esto además de ser miembro de la DINA.

-Y la boldina la comercializaba…

-Claro, está en el expediente, todo lo que fue la tesis de grado que él hizo sobre la boldina, que francamente es…

-…una infusión de la hoja de boldo.

-De la hoja de boldo, que tiene propiedades medicinales. Francamente, él era un químico de alto vuelo, digamos.

-Que tiene propiedades medicinales para conservar la vida y después se puso a investigar en productos para hacer todo lo contrario: quitar la vida.

-Quitar la vida. ¡Exactamente! Y esta investigación ha tomado muchos años, en que el ministro Madrid ha realizado diligencias de investigación muy importantes acerca de cuál fue la participación de los oficiales y miembros del Ejército -son todos del Ejército- que participan en este delito. Y por supuesto, en la sentencia vamos a tener condenados no solamente a Ramírez Rurange, pues él se retiró, sino también a quien siguió a cargo, que es un general llamado Adrián Covarrubias, quien también está involucrado porque tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba con Berríos. Y además, está también involucrado uno de apellido Provis, que era el comandante del Batallón de Inteligencia, donde Berríos estuvo viviendo 15 días, protegido en un establecimiento militar. Y se demuestra que tú no puedes ingresar a un establecimiento militar para vivir allí, a residir en el subterráneo con el apoyo del comandante Provis, sin autorización del Ejército, evidentemente. Entonces, en toda la investigación del ministro Madrid se demuestra que en todo esto estuvieron efectivamente coludidos Provis, el general del DINE y otros. Este proceso demuestra cómo el Ejército de Chile, después de terminada la dictadura, siguió actuando en forma coordinada para llevar a cabo esta operación, porque Berríos tampoco fue el único que fue sacado del país para impedir que declarara ante la justicia. Hay otros dos casos más en la llamada “Operación Control de Bajas”. Uno es el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, a quien también sacaron del país [se declaró culpable de los asesinatos de Tucapel Jiménez, ex presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, por cuenta de la Central Nacional de Información, CNI]. El otro es el ex capitán de Ejército CNI Luis Arturo Sanhueza Ross. Son tres los miembros del Ejército que por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos fueron sacados de Chile por orden de las más altas jerarquías del Ejército, para evitar su concurrencia a los tribunales en la investigación de otros crímenes. Los tres estuvieron en Argentina y Uruguay protegidos por el Ejército para evitar su comparecencia por otros crímenes, como el caso de Tucapel Jiménez.
Pero, además, y esto es importante, también al ministro Madrid la familia Frei le ha presentado y, fundamentalmente, la ex senadora Carmen Frei, una demanda, una acción o una querella, para que investigue si efectivamente el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva fue o no muerto en la Clínica Santa María de Santiago mediante un producto químico de este tipo, en cuya fabricación también habría participado Berríos. ¿Entiendes?

-Estos tres hombres fueron sacados de Chile en democracia, financiados con dineros del Estado…

-Los anteriores fueron sacados antes…

-En Uruguay también hubo una contraparte, el Ejército de ese país, que hizo exactamente lo mismo y prestó toda la infraestructura, asumió gastos con cargo al Fisco…

-¡Claro!

-Y también bajo un régimen democrático, ¿no?

-Exactamente…

-Gobernaba Luis Alberto Lacalle…

-Claro. Y cuando se produce el escándalo de la huida de Berríos, del balneario donde estaba, ahí el Presidente Lacalle andaba en Europa cuando se le comunica que se ha producido este alboroto y que ha llegado, por una comunicación anónima al Senado, el hecho de que uruguayos estuvieran coludidos en este crimen, el primer mandatario regresa a su país y prácticamente tratando de mantener todo encubierto.

El “Caso Frei Montalva”

-El juez Madrid también investiga la muerte de Frei Montalva…

-La investigación de Madrid ha sido tan extraordinaria porque el “Caso Berríos” no sólo está conectado al asesinato de Orlando -a través de la parte que le toca a este químico-, sino que está vinculado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Y ésa es otra enorme cantidad de investigaciones y de pruebas que han tenido mucha prensa, que ha suscitado adhesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y todo lo demás, y que es una gran preocupación. Creo que será difícil para el ministro Madrid -no sé qué dirá la sentencia definitiva- probar que estando el presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, cómo pudieron introducirle, haya sido Berríos o alguno de esos personajes, inocularle un elemento toxicológico que causará su muerte.

-¿Cuál es su impresión personal sobre ese caso?

-Espero que todo lo que han establecido con gran esfuerzo y con mucho apoyo económico -han ido al Uruguay, han nombrado abogados y qué sé yo- ojalá lo pueda probar el ministro Madrid, pero es un proceso muy complejo que el magistrado ha mantenido permanentemente en reserva.

-¿Cuál será el próximo paso en el “Caso Berríos?

-La designación del relator. Y el relator se va a demorar, porque tiene que conocer todos los expedientes…

-La sentencia ¿ya está en la Corte de Apelaciones…?

-Pero tienen que nombrar un relator y en ese proceso están. Y el relator, para poder entrar a alegar en la sala de la Corte de Apelaciones que se determine, donde tienen que llegar estas querellas, va a tomarse su tiempo. El relator tiene que narrar los acontecimientos, las pruebas y todo, así que se va a demorar. Eso me permite a mí poder, efectivamente, estudiar bien toda la documentación, porque yo soy la querellante, para poder alegar, sea yo, o Sergio Corvalán, quien es un gran abogado a quien le he dado representación para que los dos podamos seguir este proceso.

Las sentencias de primera instancia

- Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

- Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

- Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

- Manuel Jorge Provis Carrasco, exz brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

- Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

- Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

- Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

- Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

- Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

- Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

- Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

- Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

- Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

- Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

Absoluciones y cargos rechazados

- Gines Emilio Rojas Gómez, civil chileno, se rechaza acusación del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de secuestro y cargos de obstrucción a la justicia.

- Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, ex coronel del Ejército chileno, se desestima su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

- Mario Enrique Cisternas Orellana (teniente coronel del Ejército chileno), Nelson Edison Hernández Franco (cabo del Ejército chileno, DINE) y Erika Silva Morales (secretaria de la DINE), fueron absueltos del cargo de autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

La sentencia también incluye indemnizaciones y reparaciones económicas en favor de los querellantes Fabiola Letelier del Solar, Gladys Schmeisser -la viuda de Berríos- y Gonzalo Berríos Sagredo, a cargo del Estado y de los condenados, quienes -además- deberán financiar las costas judiciales.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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La Resistencia llena las calles de Honduras exigiendo la verdadera Independencia

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El territorio hondureño posee bases militares estadounidenses. En el territorio hondureño operan comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano. El Congreso Nacional entregará territorio nacional como “Ciudades Modelo” a las empresas transnacionales, por 90 años. “¿A qué llaman Independencia”? se preguntan los hondureños en el 190 aniversario de la independencia del colonialismo español y la gran victoria de Francisco Morazán.

Entrevista (23 minutos) con Vanesa Maradiaga, dirigente de la Organización política “Los Necios” y del Frente Nacional de Resistencia Popular, durante la movilización del 15 de septiembre. http://www.vimeo.com/29130490

Foto: El General Francisco Morazán lleva la bandera del Frente Nacional de Resistencia Popular. / Autor: Dick Emanuelsson

Foto: Vanesa Maradiaga. / Autor: Dick Emanuelsson

Columnas tras columnas de miles de hondureños movilizados, avanzaron por el Bulevar Morazán, en el corazón de la capital. Vinieron de todos lados, de los barrios y colonias, campesinos de las afueras de Tegucigalpa. Eran columnas de amas de casa, obreros, albañiles, maestros, estudiantes e intelectuales, todos con el deseo y la convicción de cambiar la situación de uno de los más pobres y golpeados países del continente americano, en pos de en un nuevo estado.

Se calcula que eran, mínimamente, 100 mil personas en la movilización que tardó más de cuatro horas para llegar al Parque General Francisco Morazán, en la parte antigua de la capital. El sol radiante quemó los rostros, las frentes, los brazos y hasta las almas, pero no impidió a las masas llegar a su destino, este día.

Foto: El homenaje a Emmo Sadloo, símbolo de la Resistencia durante dos años, fue asesinado la semana pasada por sicarios, con seis tiros en la espalda. / Autor: Dick Emanuelsson

A las 7 y media de la mañana, faltando media hora para que el presidente Porfirio Lobo leyera su discurso en el estadio, sólo había, cuando mucho, dos centenares de hondureños, reportaba Marvín Ortiz, de Radio Globo. En el estadio caben 30 mil personas, pero, decían los reportes, estaban llegando tropas del ejército y policías para llenar el desierto que se veía en el estadio. Hablamos con el periodista veterano Freddy Guzmán, quien nos decía que el régimen había contratado buses de los barrios y colonias y que venían hacia el estado. “Pero aquí, decía, está el verdadero pueblo de Honduras que se moviliza en las filas de la Resistencia por convicción, jamás por plata”.

Otros testigos decían que el régimen, en la figura de su representante, el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, presidente del comité central del Partido Nacional, partido de Lobo, pagaba a cada persona pobre 30 lempiras, aproximadamente 1,6 dólares, para asistir al estadio. En las filas de la Resistencia, de las decenas de miles de personas, no encontramos ninguno que dijera que había vendido su alma para llegar con el fin de reclamar la verdadera patria por la cual dio su vida el Libertador de Centroamérica.

Foto: La cantidad de víctimas de la Resistencia hondureña aumentan día por día. / Autor: Dick Emanuelsson

Vanesa Maradiaga es dirigente de la Organización política Los Necios (OPLN). Hace tres semanas fue prácticamente secuestrada cuando salió, como todos los martes, jueves y viernes, de Radio Globo, participando en el programa radial “Pro Constituyente”. Programa que vale tener en cuenta, está al servicio del Frente Nacional de Resistencia Popular. Tomó un taxi para irse a su casa pero inmediatamente fue abordada por un hombre que la agarró del pelo y hablaba, amenazaba con un revólver y ordenaba como un clásico mando militar o policial, acostumbrado a interrogar a personas. Se salvó de peores cosas, pero fueron robadas sus pertenencias, como celular y dinero. Fue la cuarta víctima de Los Necios en un lapso de dos meses.

En la entrevista en video que le hicimos durante la manifestación de hoy, explica y divulga la verdadera situación en Honduras, un país donde las arcas del estado están más que vacías, donde los ingresos mensualmente son de 2,5 millardos de lempiras (130 millones de dólares) pero los gastos del estado son de seis millardos de lempiras, y donde ya no hay sueldos para muchos sectores públicos. Y la crisis la paga el pueblo.

Repudia la militarización de la sociedad hondureña que se está llenando de víctimas. Donde caen asesinados activistas, dirigentes miembros de la Resistencia, como hace muy pocos días, Emmo Sadloo, símbolo de esa lucha heroica que fuera ultimado de seis balazos cuando un sicario llegó al taller donde trabajaba, disparándole por la espalda.

El decimosexto periodista, desde el 27 de enero de 2010 cuando asumió la presidencia el señor Lobo, fue asesinado la semana pasada, lo que hace de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo, para trabajar.

Foto: Los trabajadores del Seguro Social presente en la gran movilización. / Autor: Dick Emanuelsson

Mientras tanto, Vanesa y sus compañeras y compañeros siguen su tarea de formación política en barrios y colonias, así como en los sindicatos y movimientos sociales. La tarea urgente, en este momento, es intensificar el trabajo para juntar 50 mil firmas para que el brazo político de la Resistencia Nacional, el Frente Amplio, pueda participar en las elecciones del 2013.

Pero al mismo tiempo el país centroamericano sigue ocupado por fuerzas extranjeras, sostiene Vanesa. El territorio hondureño posee bases militares estadounidenses, y allí operan comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército colombiano.

Como si fuera poca cosa la crisis político institucional que padece este pueblo, ahora entregarán territorio nacional como “Ciudades Modelo” a manos de las empresas transnacionales.

¿De qué independencia hablan? Se pregunta el pueblo y lo hace en este día, cuando se celebra el 190 aniversario de la otra Independencia, la verdadera. La que liberó a esta tierra del colonialismo español, gran victoria de Francisco Morazán y los mártires que quedaron en la memoria del pueblo para siempre.

Entrevista con Vanesa Maradiaga, dirigente de la Organización política “Los Necios” y del Frente Nacional de Resistencia Popular, durante la movilización del 15 de septiembre. http://www.vimeo.com/2913049

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Paraguay: Sepultan el código laboral

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Nido de ratas, el título de la famosa película de Marlon Brando, se aplica a la perfección al núcleo más grueso de los parlamentarios paraguayos, y si ello no es novedad, por lo ya conocido, hoy es necesario recordarlo y denunciar el mazazo que la Cámara de Diputados acaba de dar al Código Laboral, convirtiendo en ley el proyecto de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

“Esto es retrotraer a nuestro país a las nefastas políticas de Collor de Melo en Brasil y a la de Carlos Menem y Cavallo en Argentina, es hacer padecer a nuestro pueblo la catástrofe económica y social que sufre Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, e Inglaterra”, declaró el abogado laborista Gustavo Benítez Manzzini.

Sigilosamente, casi a escondidas, en cuatro meses justos, se ha aprobado este engendro que, si el Presidente Fernando Lugo no lo veta, representará un retroceso histórico de las conquistas populares, de los derechos de los trabajadores y un inmenso perjuicio para la sociedad.

La decisión de la cámara baja contiene una doble perversidad. Por un lado, pretende beneficiar a las MIPYMES, maquillando otros objetivos y, en segundo lugar, pone a Lugo entre la espada y la pared, dado que si recurre al veto será abucheado por buena parte del empresariado, pero si rubrica la medida, recibirá la repulsa de los asalariados y sus familiares.

El respaldar y estimular la actividad y el desarrollo moderno de las MIPYMES es una necesidad nacional, pero lo justo y correcto es que ello forme parte de un plan de desarrollo económico y social integral, y no parcial, sectorial, excluyente y tramposo, como es la ley aprobada.

En segunda ronda, diputados dio vida este jueves al feto “de micro, pequeñas y medianas empresas de Paraguay”, diseñado por el Grupo Impulsor, que integran operadores privados y públicos, engendro que ya había aprobado el 14 de mayo último, en una primera instancia, y por el Senado hace cinco semanas.

En qué consiste el genial y filantrópico invento?. En una reforma inconsulta del Código Laboral, lisa y sencillamente, en una violación constitucional y en un despojo sin piedad de los derechos de los trabajadores, enterrando años de luchas y sacrificios.

La mayoría de los 45 Senadores y de los 80 Diputados, de un plumazo han enterrado el derecho de los trabajadores a percibir el salario mínimo, otorgando libertad a la patronal para fijar el sueldo que se le antoje, además de eximirle de pagar la indemnización por despido, el que puede decidir sin previo aviso.

La trampa del Grupo Impulsor, de neto corte ultraliberal, presentada por los diputados Víctor Yambay, del Partido Colorado, y sus colegas del Partido Liberal Eulalio Florentín y Eulalio Morel, consiste en beneficiar a todas las firmas que no superen el numero de 30 operarios asalariados, es decir, el 80 por ciento de las registradas en todo el país.

El demencial invento es un mazazo a la economía personal y familiar, una amenaza para el futuro del Instituto de Previsión Social (IPS), y la propia seguridad interna del país, porque acarreará mayor desigualdad y miseria, y sabido está que un estómago vacío puede ser peligroso, como uno satisfecho pacífico.

La nueva ley elimina todos los derechos del trabajador hasta con dos años de labor, quien puede quedar cesante sin despido ni previo aviso, dando lugar al empleo de otra persona, entre los miles que están sin trabajo y representan una masa de mano de obra barata y muy necesitada de un salario, por menor que sea.

Esta decisión parlamentaria instala la famosa precariedad laboral, y convierte todo el año en un permanente período de zafras, sin la menor garantía de continuidad para el laburante.

Finalmente, es un cheque en blanco para que los grandes empresarios fraccionen su firma o firmas en dos o más MIPYMES, para aprovechar todas las nuevas ventajas que el Congreso le ofrece al gran capital, facultando, además, la tercerización y eximiendo al empresario del aporte jubilatorio.

Todo depende ahora del Presidente Lugo, porque si aprueba la medida, cada establecimiento privado podrá cerrar las puertas al término de cinco años y reabrir otro cuando su dueño lo considere oportuno, con otra plantilla de personal, a los efectos de eliminar toda posibilidad de organización sindical.

La movilización popular de rechazo y repudio, es la única respuesta viable para sepultar este nuevo atropello a la dignidad del trabajador, y a la ilusión y esperanza de la mayoría del pueblo paraguayo de que el proceso de cambios, iniciado hace tres años, no se detendrá por más obstáculos que presenten a su marcha los enemigos del bienestar de la gente.

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Un milagro para Cristina

Alfredo Grande (APE)

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“Hay que hablar de la soja en la casa del votado”
(Aforismo implicado)

Un colectivo de la línea 92 cruzó la barrera a 45 grados de la calle Artigas. Fue embestido por un tren que venía de Once y que, al descarrilar, impactó a otro, detenido en la estación de Flores. Casi todos los que murieron iban en el colectivo.
Pudo haber sido alguno de los autos que, a las 6.22 de ayer, cruzaron el paso a nivel de la calle Artigas -las luces de alarma brillaban, la chicharra sonaba, pero la barrera estaba a media altura-: fue en cambio un colectivo de la línea 92 el que, a las 6.23, cuando asomó la nariz, fue arrollado por un tren que venía de Once y que, entonces, descarrilando, embistió a otro tren en la vía opuesta. El conteo de víctimas se cerraba anoche con once muertos -entre ellos, el chofer del colectivo- y más de 200 heridos, tres de ellos con pronóstico reservado. La mayoría de las víctimas viajaba en el colectivo, y los maquinistas de ambas formaciones ferroviarias también resultaron heridos. En la madrugada de hoy continuaban los trabajos para retirar los vagones siniestrados. En cuanto a las causas posibles del accidente, la presunta imprudencia del conductor del colectivo fue advertida por varios de sus pasajeros, que le habían rogado no cruzar. Por otra parte, una cámara de seguridad muestra a un empleado que, durante la noche, autorizó a conductores a cruzar con luces de alarma y la barrera a media altura. Según vecinos de la zona, es habitual que las barreras no funcionen o que las alarmas no se tomen en cuenta, bajo la presión de las demoras y congestiones de tránsito generadas por la alta frecuencia de trenes. (Página 12)

Estamos en el reino del derecho y del revés. No hay mayor revés para el derecho que la impunidad. Palabra curiosa que encubre en su positividad (“hay impunidad”) la negatividad absoluta (“no hay justicia”). Y como señala Adolfo Pérez Esquivel, la esencia de la democracia es la justicia. Sin justicia, la única paz posible es la de los cementerios y tampoco podemos asegurarlo. Pero la justicia no es solamente un bien jurídico. Es, a mi criterio, un fundante cultural y político. Lo justo no es una preconcepción del sujeto. Como todo aquello que decanta en la subjetividad, es una construcción histórico y social. En otros términos: la justicia también está atravesada por la lucha de clases. En el reino del derecho, los trabajadores son sujetos de derechos, y uno de esos derechos es el derecho a la salud. Pero una cosa es la salud y otra la tendinitis. Pero el Estado de Bienestar decide qué bienestar sí y qué bienestar no. Por que una cosa es el bienestar y otro el “bienestaraje”, al igual que no es lo mismo la libertad que el libertinaje. Tendinitis no, y menos si es tendinitis de izquierda. Los coreutas del reino se burlan de la pretensión de los trabajadores, con la misma convicción militante que los burócratas sostenidos en abultados ingresos, y que sólo podrían sufrir tendinitis después de contar tantos billetes. Sin embargo, me alerta y me altera haber observado en nuestra Presidenta lo que denomino “efecto manteca”. Antes de explicarlo, debo señalar que me resisto a llamarla “Cristina” porque lo considero una grosería institucional y un sometimiento al “branding” o sea, al poder de la marca. El “efecto manteca” se observa cuando batimos en exceso la crema y por no interrumpir en el momento necesario, se convierte en crema solidificada, inútil para todo servicio. ¿Qué necesidad tuvo la Presidenta para decir que en democracia es fácil ser revolucionario? Ella además, tiempo ya, había señalado que no era progresista, sino peronista. Obviamente, puede ser las dos cosas. En algunas cuestiones, ni tantas ni tan pocas, su marido y antecesor en el cargo, lo fue. Claro que le habían preguntado sobre la despenalización del aborto. Y sabemos que el corazón tiene razones que el Estado de Bienestar no comprende. Pero decir por extensión que por peronista no es revolucionaria, la cuestión se complica demasiado. Es crema solidificada. El legado de Eva Perón fue ese: “el peronismo será revolucionario o no será”. Supongo que nadie pretenderá realizar el agregado: “...no será o será kirchnerismo”. En ese caso, el efecto manteca será irreversible. Pero en este reino del derecho y del revés, tanto la banalización de la tendinitis como el vaciamiento del potencial revolucionario del peronismo apenas movilizan algunos espíritus del fundamentalismo clasista. Si ambas declaraciones hubieran sido pronunciadas por el Jefe del Desgobierno de la ciudad de Buenos Aires, creo que le apuntaban hasta con el Evangelio según San Mateo. Pienso que a partir de la manía del 50%, que no es lo mismo que la alegría de un triunfo electoral, estas señales son inquietantes. En la manía todo vale, o sea, vale el derecho y vale el revés. La culpa del todo o de la parte es siempre del otro, y toda crítica es siempre reproche, y todo reproche es una traición. La compra de tierras por China en Río negro o de Arabia Saudita en Chaco no son pensadas como el avance del monopolio extranjero. Además, quedan por fuera de los alcances de la nueva ley de tierras. El superavit es hijo de la explotación sojera que ha expulsado a 200.000 familias campesinas. El brutal modelo extractivo de la Argentina, bastante más peligroso que una tendinitis, pasa silencioso, uno de los anticipos de la impunidad. Si la mentira tiene patas cortas, la impunidad tiene zancos. Allí está la comadreja de los llanos, según la definiera Pino Solanas, en el goce perverso de una nueva versión de la insoportable pesadez de la impunidad. El Tribunal en lo Penal Económico (TOPE) puso tope a la pretensión de castigar el contrabando de armas a Croacia, que se llevó puesta una ciudad. El actual embajador Martín Balza será citado por falso testimonio. No sé si será fácil ser revolucionario en la Argentina, en principio Mariano Ferreyra desmiente este apotegma K, pero lo que sigue siendo muy fácil es ser corrupto serial. No quiero especular sobre si algo tiene que ver el apoyo de Menem a la fórmula oficial, porque no quisiera padecer también del “efecto manteca”. Pero lo que resulta evidente es que avanzamos con bastante prisa y sin ninguna pausa hacia una forma de “monarquía republicana”, en la cual la Reina reina y además gobierna. Y pienso que la causa no es que la posición de izquierda, de centro y de derecha está diezmada. Pienso que es ese derecho, pero también el revés. La gobernabilidad kirchnerista siempre tuvo la marca del autoengendramiento. O sea: la era K ha empezado desde los escombros de la historia. Significante 0: antes nada. Después todo. Sin origen natural, ni histórico, ni social. Sin claudicaciones, ni vacilaciones, ni contradicciones. Citar ahora el apoyo irrestricto de Néstor Kirchner a la privatización de YPF sonaría como el lamento de borracho en un bar de Paseo Colón donde van los que tiene perdida la fe. La Era K empieza inmaculada, sin pecado concebida. Y tanta pureza puede convertir a un Boudou en un Amado. ¿Alguien se acuerda de la UCEDÉ? Aunque no pudo convertir a un Filmus en un votado, pero no siempre podemos estar seguros de los designios de los dioses en la tierra. A lo mejor, el designio fue justamente que no fuera votado, ya que muchos macriadictos luego votaron a la Presidenta. Mientras florecen los laureles que supimos conseguir, algo tan simple como una barrera automática deja de funcionar y por una cuestión de segundos, mueren personas que solamente iban a trabajar. El colectivo 92, un rastreador fournier de la posmodernidad, no fue destrozado por una piedra no marcada en el lecho de los canales fueguinos. Más sencillo y más patético: ni gobiernos ni empresas han podido resolver en décadas la ecuación: trenes, barreras, transporte terrestre. Habría que soterrar a tanto incompetente, inútil para todo servicio, ejemplos de lo que el “efecto manteca” puede ocasionar en las mentes cristalizadas de los burócratas seriales. La democracia Cromagnon tiene otra marca siniestra. No sirve advertir: nuestras tierras serán desiertos. Nadie la pone barrera a la soja. Tampoco a la calle Artigas. Y la víctima será siempre el victimario. Si el chofer se hubiera quedado esperando media hora, mientras los trabajadores que iban en el colectivo perdían el premio por puntualidad y presentismo, estarían vivos. El hilo se juzga por lo más delgado. Ya que para la Presidenta es fácil ser revolucionario en Argentina, a lo mejor será cuestión de creerlo y revolucionar nuestra vida. Y entonces la tendinitis no importará nada. Y la vida será revolucionaria o no será.

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El vaciamiento de YPF, con viento de cola

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

En la petrolera española Repsol, controlante de casi el 60% de YPF, acaba de producirse una fuerte movida accionaria. La constructora española Sacyr y la petrolera mexicana Pemex se pusieron de acuerdo para tomar la rienda de Repsol, mediante un pacto que reúne el 30% de las acciones. Para efectivizar el pacto, Pemex salió a comprar acciones en la Bolsa con un préstamo de 1.200 millones de euros.

Montaña de deudas

La movida de Sacyr-Pemex en Repsol sacudió al propio gobierno español. Ocurre que las dos compañías soportan una montaña de deudas. Pemex carga con un pasivo de 53.000 millones de dólares, mientras sobrevuelan sobre ella los planes de privatización. Precisamente, la “internacionalización” de Pemex -vía su mayor participación en Repsol- es una de las condiciones que hace apetecible esa privatización. Sacyr, por su parte, está en defol con la deuda que contrajo para su negocio inmobiliario y aún debe la totalidad de los 5200 millones que tomó prestados para comprar el 20% de Repsol en 2006. No sorprende, entonces, que el “asalto” a Repsol estuviera fogoneado por los acreedores de Sacyr y de Pemex, quienes le “exigieron tomar el control de Repsol YPF (como condición) para refinanciar su deuda” (Cronista, 7/9). El banco que actuó como ´facilitador´ de la ampliación de capital de Pemex en Repsol, el francés Crédit Agricole, es el principal acreedor de Sacyr. La nueva alianza de accionistas apuntaría, por lo tanto, a lograr que Repsol “haga caja” para pagar las deudas, sea por la vía de un mayor reparto de dividendos o por la “conversión en liquidez de algunos activos o inversiones” (El País, 1/9). Los críticos del acuerdo temen -con razón- que Sacyr-Pemex endeuden a Repsol para rescatar a sus propias finanzas quebradas y la lleven a un desguace o al rescate por parte del Estado español.

YPF

El gabinete kirchnerista es un cómplice declarado de estas operaciones. El grupo Eskenazi, instalado en YPF por un acuerdo entre Repsol y los K, ha firmado la distribución abusiva de dividendos, como lo reclamaban los españoles, a expensas de los planes de inversión y exploración de hidrocarburos, o de la financiación de parte de ellos con nueva deuda. En la última década, YPF consumió el 76% de sus reservas de gas y más de la mitad de las de petróleo. Después del ingreso de Ezkenazi, la distribución de utilidades entre los accionistas llegó hasta el 90% de las utilidades, cuando “el promedio mundial de dividendos de las empresas petroleras se ubican en el 26%” (Cronista, 5/9). Esos recursos resarcieron a los accionistas de Repsol, en medio de la bancarrota internacional, y también a Ezkenazi, quien está pagando con los dividendos que recibe el préstamo que contrajo para entrar en la compañía -o sea que los K aceptaron que cobrara dividendos un grupo que no había puesto aún un solo peso. Ezkenazi acaba de anunciar nuevas inversiones para la exploración de gas esquiso, pero que serán financiadas con el ingreso de contratistas de servicios o integralmente con deuda. Esto, mientras se siguen distribuyendo la casi totalidad de las utilidades.

Ezkenazi y los K siguen con atención la movida en Repsol, convencidos de que ésta tiene la intención de irse de YPF y la expectativa de avanzar accionariamente sobre el 57% restante de la empresa, con los dividendos que se distribuyan. La orientación de los empresarios “Nac y pop” es “hacer caja” con YPF, ahora con los aumentos prometidos en los combustibles y agravando la desinversión y el endeudamiento. El gobierno que dice “blindarse” frente a la crisis mundial es incapaz de “blindar” a YPF de una nueva tentativa de desguace, que está directamente relacionada con esa crisis. Las nuevas maniobras en Repsol plantean, como nunca, la necesidad de renacionalizar YPF sin resarcir a sus vaciadores, bajo gestión de sus trabajadores.

Argentina, Política, Energía - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el vicepresidente y CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, en el acto en el que se anunció el hallazgo de un megayacimiento de gas y petróleo en Neuquén. / Fuente: Presidencia de la Nación.

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Derechos Humanos: ¿Y Jorge Julio López?

ACTA

A cinco años de la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, Guadalupe Godoy, abogada querellante en esa causa y secretaria de Derechos Humanos de CTA La Plata-Ensenada, en diálogo con este medio, cuenta cómo continúa la investigación de esta desaparición en democracia y qué cosas cambiaron en cuanto a la protección de los testigos.

El domingo va a haber un montón de movilizaciones en torno a la causa Julio López ¿Cuál es la característica de este nuevo aniversario?

Es un aniversario marcado por la impunidad. La causa está prácticamente paralizada y solo gracias a que hay un reclamo popular, que aunque no es masivo, en la Ciudad de La Plata es persistente, no está archivada. Por otro lado, este aniversario también está marcado por el inicio de un Juicio, como es el de Circuito Camps, donde la ausencia de López es bien palpable, porque hay imputaciones que tienen que ver con él, con lo que él testimonió y con su propio caso. Así que desde ese punto de vista, es un aniversario muy fuerte, muy especial.

¿La causa que investiga la desaparición de López en qué instancia está?

Sigue en instrucción, sin ningún imputado. Lo único que hubo durante este año fue alguna investigación de algún que otro anónimo. Lo que hubo desde siempre fue una resistencia muy grande a investigar donde se tenía que investigar, las líneas de qué sectores tienen interés y tienen capacidad como para realizar una desaparición en democracia. Pero obviamente una investigación de este tipo es una decisión política.

Julio López es un símbolo para los organismos de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto para el trabajo cotidiano que ustedes llevan a cabo en la búsqueda de testigos y en el tratamiento del material de la investigación de los juicios?

Fue muy complejo al inicio, luego obviamente como en todo, se generan estrategias y formas de sobrellevarlo. Pero hay un antes y un después en los juicios, que tiene que ver con todo lo que generan, no tanto el tema de seguridad sino el impacto emocional que produce en principio un testimonio y luego la dificultad mucho mayor, que se agrava no solo por la desaparición sino por la impunidad de la desaparición. El efecto ahí lo tiene más que el hecho en sí, la impunidad posterior.

Con respecto a la Justicia y el tratamiento de los testigos, ¿Cambió algo el trato hacia los que atestiguan?

Se crearon un montón de programas de contención y protección, pero en general nosotros consideramos que tienen un eje errado, que es centrarse en los testigos, cuando lo lógico sería que se controle la inteligencia sobre quienes pueden atentar contra los testigos y contra otros actores de los juicios. Hay una relación inversa que no hemos logrado desandar, fundamentalmente porque hay una resistencia que tiene que ver con la falta de decisión política.

¿Quiénes creen que fueron los que desaparecieron a López?

Creemos que tiene que ver con la realidad que había en ese momento en la provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaban los juicios existía una pelea feroz de la Policía tratando de mantener sus privilegios, frente a la reforma que se estaba llevando adelante, que implicaba el descabezamiento de la cúpula policial, ahí hubo dos cuestiones cruzadas. De hecho el propio gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, Felipe Solá y su Ministro de Seguridad, León Arslanián, en su momento nos dijeron que la bonaerense estaba implicada y cuando le pedimos gestos fuertes, que eran precisamente echar a todos aquellos que viniendo del proceso todavía estaban en actividad, ahí se tomó la decisión de no enfrentarlos.

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"Seguridad": Dos versiones de una sola realidad

CORREPI

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, antes de partir a Francia junto a la presidenta para recibir el premio de la UNESCO llamado “Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny”, afirmó que en materia de derechos humanos en la Argentina “se abrió un camino que no se cerrará jamás”. También dijo que “estamos humanizando la seguridad”.

“La seguridad” de los ricos, como venimos planteando semana tras semana, es el gatillo fácil, la tortura y la violencia constante para los pobres.

Bien lo sabe Aníbal René Herrera, muchacho de la provincia de Catamarca, que tras una discusión familiar fue despertado a los golpes por la policía delante de sus hijos y llevado a la fuerza a una sesión de torturas en la comisaría.

También está bien al tanto Juan Vega, oriundo de la localidad de Huillapima, en la misma provincia, que fue brutalmente golpeado por la policía a la salida de un boliche al que él había llegado para buscar a su primo. Juan fue golpeado en la patrulla y en la comisaría, sin recibir acusación o “explicación” alguna.

Lo saben, igualmente, el fotógrafo de El Ancasti, Enrique “Quito” Contreras, y su colega de otro reconocido medio gráfico, que esta semana se presentaron ante la justicia para efectuar una denuncia por “apremios ilegales” contra los uniformados durante una violenta represión en un partido de fútbol.

El fin de semana pasado, se le recordó esta realidad también a David López, de 17 años. En la celda de la comisaría 1ª de Cañada de Gómez (Santa Fe), lo golpearon, le tiraron hielo y agua fría, y le golpearon la cabeza contra las rejas. Finalmente, lo tiraron inconsciente en un baldío. Cuenta su hermana que “hace tres o cuatro años, había unos policías que le daban droga a mi hermano y a un grupo de amigos, y los mandaba a robar", y agregó que “los mismos policías les dan la droga y los mandan a robar cosas, y nadie puede salirse porque el que quiere irse lo matan. [No hay mejor ejemplo que el de Luciano Arruga]. Al final los pibes terminan quemados por la droga.”. David se recuperó de la adicción impuesta. Cuando, con su familia, quiso denunciar las torturas, argumentando que “contra la policía no declara nadie” les negaron hacerla en su pueblo, por lo cual se tuvieron que trasladar a Rosario.

A pesar del engañoso discurso del oficialismo, en el que juegan sus roles el aparato judicial y el ejecutivo, la policía sigue, sin perder tiempo, con el disciplinamiento social a lo largo y ancho del país. Esa es la “seguridad” de Cristina Fernández, que defiende Estela Carlotto.

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Argentina, Tucumán: Movilización por viviendas y tierras

EL SIGLO - ACTA

Organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y agrupaciones piqueteras marcharon el miércoles por el microcentro tucumano para exigir salarios dignos, tierras y viviendas. La manifestación formó parte de una jornada nacional convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). "Estamos exigiendo un salario acorde a la canasta básica y que los planes sociales sean equivalentes al sueldo mínimo", afirmó Vicente Ruiz (CCC).

En una jornada de protesta nacional, la CCC y CTA, encabezaron una movilización por el centro de la Capital tucumana que finalizó en Plaza Independencia.

Luego de los discursos críticos al gobierno entregaron, a las autoridades provinciales un petitorio en el que reclaman ser parte del Argentina Trabaja, en este sentido denuncian clientelismo político en el uso de los planes.

También exigen un programa de integración socio-comunitarias para expropiación de tierras y construcción masiva de viviendas. En el petitorio piden condiciones dignas de trabajo. La marcha finalizó pasado el mediodía.

Los manifestantes de una docena de organizaciones, entre estas la CCC, la CTA, el Polo Obrero, el MST, Municipales del Interior y Barrios de Pie, se concentraron en la rotonda del parque 9 de Julio minutos después de las 9.00, desde donde iniciaron la ruidosa marcha por distintas arterias céntricas. Subieron por calle San Martín hasta Laprida, luego avanzaron hacia Córdoba y de allí hasta 25 de Mayo, luego doblaron en Maipú y desde allí se dirigieron a 24 de Septiembre, para marchar a la plaza Independencia, destino final de la protesta.

Debido a la movilización, que se extendió hasta pasado el mediodía, se produjeron innumerables cortes de tránsito en esas y otras arterias céntricas de la ciudad.

Los reclamos

Según explicó a EL SIGLO el líder de la CCC en Tucumán y referente de los Municipales del Interior, Vicente Ruíz, el objetivo principal de la protesta fue para exigir "un salario mínimo vital y móvil que se equipare a la canasta básica, que hoy está en alrededor de 5.800 pesos, como así también que se eleve a 2.300 pesos el monto del Plan Argentina Trabaja. También reclamamos tierra para todos, tanto para vivienda como para sembrar, porque hay un montón de tierras desocupadas y ociosas y tenemos que andar tomando predios porque este Gobierno nunca resolvió el drama de la falta de acceso a viviendas de los sectores más pobres", acotó el dirigente. Entre otros planteos, que fueron incorporados a un petitorio que presentaron en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, los manifestantes también reclamaron más cupos del Plan Argentina Trabaja para la construcción de viviendas.

"Queremos que se nos dé la posibilidad para que los desocupados y trabajadores construyamos nuestras propias viviendas con las cooperativas y organizaciones sociales, no con los Schoklender ni con las Bonafini", lanzó Ruíz. Por otro lado, el sindicalista dijo que plantearon al PE la necesidad de avanzar con la titularización del personal contratado y transitorio de las comunas y municipios del Interior.

"Acá hay compañeros de las comunas rurales que están con una incertidumbre tremenda, trabajando como contratados desde hace seis, siete y hasta doce años, a pesar de las promesas del gobierno sobre el pase a planta permanente", precisó. Sobre el mismo punto, agregó que "la precarización laboral es alarmante en todas las municipalidades del Interior y en las comunas, cuando son esos mismos trabajadores los que están construyendo las obras públicas de las que tanto se alaba el gobierno".

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Argentina, Mendoza: Breve reseña del ex policía imputado por ser brazo represor de la dictadura

Jorge Fernández Rojas (MDZOL)

Cuáles son los antecedentes de Rico para que ahora esté apuntado por la Justicia federal. A tal punto que se especula con la aprehensión del ex secretario de Seguridad de la gestión Jaque lo más pronto posible. La acusación fue confirmada por la Cámara de Apelaciones por crímenes de lesa humanidad.

Carlos Rico fue imputado por asociación ilícita. Lo determinó la Cámara Federal especial para delitos de lesa humanidad. Fue el primer subsecretario de Seguridad de Celso Jaque.

Sus antecedentes como ex policía fueron recordados el 23 de diciembre de 2007 en una crónica del Diario Los Andes, aunque ya se había conocido en un extenso informe en el entonces semanario El Sol publicado casi 8 años antes de que Rico asumiera como subsecretario de Seguridad. De hecho aquel primer informe fue el inicio del expediente administrativo que acumuló los antecedentes de Rico y que terminaron formando parte de la carpeta judicial.

Breve historia de Rico

El comisario retirado terminó fuera de la fuerza a causa del retiro obligatorio que impuso Alejandro Cazabán a toda la plana mayor de la Policía en 1999, cuando el actual secretario de la Gobernación era el ministro de Seguidad de Arturo Lafalla.

Un año más tarde de su salida, se conoció que Rico había participado, cuando era un oficial joven y que estaba a cargo de los cuerpos especiales, del primer grupo especial de seguridad con propósitos "antisubversivos" creado en la Policía en setiembre de 1977.

Aquel equipo se denominó GE ’78 también lo integraban Ignacio Medina (que en 1997 tuvo que dejar la Policía como subjefe luego del crimen del estudiante bonaerense Sebastián Bordón); Eduardo Smaha, vinculado con desapariciones de personas durante la dictadura; Adolfo Siniscalchi, que dejó de ser policía cuando manejaba el mal recordado D2 luego del resonante asalto al Diario Los Andes en 1999; y Pedro Sánchez, que también salió de la Policía ese año por la reforma. El GE ‘78 fue creado para reforzar la seguridad de Mendoza como sede del Mundial de Fútbol y fue el embrión de lo que posteriormente se conoció como el Grupo Especial de Seguridad (GES).

Antiguos policías recuerdan que en una de las prácticas del grupo que conducía Rico murió de una ráfaga de Itaka el subinspector Jorge Aldo Cornejo.

Los integrantes de este cuerpo especial fueron adiestrados en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal, en la avenida General Paz de Buenos Aires. Este antecedente hasta ese momento no había sido tomado en cuenta por los organismos de Derechos Humanos que a partir de ese momento comenzaron a atar cabos sobre las vinculaciones de las escuelas policiales con el aparato represivo de los '70.

“Hacer el bien venciendo al mal” era una de las ideas que sostenía esa capacitación. Un ex oficial relató su experiencia: “Teníamos formación operativa de combate urbano. Nos instruían en inteligencia de guerra estudiando las personalidades como las del montonero Mario Firmenich”.

A Rico Tejeiro se le acusa de haber secuestrado a Margarita Dolz de Castorino, Raúl Oscar Gómez Mazzola, Mario Guillermo Camín, Gustavo Neloy Camín, Daniel Romero, Víctor Herrera, Juan Carlos Romero, Julio Oscar Sosa y Juan José Galamba. Todos los mendocinos antes mencionados figuran como desaparecidos en semanas inmediatas anteriores al inicio del Mundial de Fútbol de 1978.

Según el portal El Sol al ex funcionario de Celso Jaque le pueden caer de 5 a 20 años de prisión, tal es la escala penal que contempla la figura de "asociación ilícita". La semana próxima se espera que sea citado a declarar y luego de ese trámite el juez Walter Bento deberá decidir si lo procesa. Además, complica el cuadro del imputado el hecho de que su nombre aparece en los registros de los traslados de detenidos a posteriori desaparecidos a la sede del D2, que fue el área de inteligencia de la fuerza policial.

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Argentina, Córdoba: Participación y compromiso en la Asamblea General Extraordinaria del Cispren

PRENSA RED

Con la presencia de setenta trabajadores de prensa, ayer al mediodía se realizó la Asamblea General Extraordinaria donde se constituyó la Junta Electoral con vista al proceso de renovación de autoridades del 24 de noviembre.

El Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) realizó hoy en su sede de Obispo Trejo 365 la Asamblea General Extraordinaria con motivo del proceso electoral de renovación de autoridades convocado para el jueves 24 de noviembre.

En la concurrida Asamblea presidida por el Secretario General del gremio Guido Dreizik, se realizó la elección de los miembros de la Junta Electoral que estará integrada por:
Alberto Huk, Gustavo Puma, Guillermo Heredia, Antonio Peralta y Sandra Franco (titulares) y Paola Consolini, Rosana Calneggia y Eduardo Assum (suplentes).

Por su parte, el secretario Adjunto, Carlos Valduvino propuso a la Junta Electoral que designe a los compañeros Claudio Altamirano (Villa Dolores), Alberto Acosta (Punilla) y Juan Carlos Cardinali (Río Cuarto) como delegados electorales en sus respectivas regiones.

La Asamblea contó con la asistencia de setenta compañeros entre los que se contaban representantes de las delegaciones del Cispren de Villa María, Traslasierra, San Francisco, Arroyito y San Francisco.

También estuvieron presentes trabajadores de los medios de comunicación de la ciudad de Córdoba y del interior provincial, como así también integrantes del colectivo Locutores por su Identidad (LPSI-Cispren).

El secretario General del gremio, Guido Dreizik al dirigirse a la Asamblea destacó la alta participación de los compañeros en esta instancia democrática.

“Me alegra que hoy en la Asamblea hayan venido caras nuevas porque significa que el gremio esta movilizado y por lo tanto está garantizada la renovación con vista a lo que vendrá”, afirmó.

“Que en esta Asamblea haya trabajadores de prensa de toda provincia es un signo elocuente del grado de compromiso y de participación que le permitirá al gremio seguir creciendo”, aseguró Dreizik.

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Día del Mutualismo: ¿Sociedades más Solidarias?

Roberto F. Bertossi (especial para ARGENPRESS.info)

A propósito de una nueva conmemoración del mutualismo el primer sábado de octubre de cada año, cabe recordar que ya en 1752 se constituyó la primera mutual exitosa en los Estados Unidos, cuando Benjamín Franklin formó el Fondo de Contribución de Filadelfia, (The Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire.) para asegurar las casas de las pérdidas ocasionadas por los incendios.

Paradójicamente, todavía se nos quiere hacer creer que conceptos como solidaridad y reciprocidad son meras curiosidades antropológicas de comunidades arcaicas o periféricas al mundo globalizado financieramente y por ende, que sólo el mercado (con sus intercambios desiguales y su acumulación excesiva que provoca injusticias y exclusiones) es el proyecto de organización social y económica superior.

Se olvida que ese mercado sin formas internas de solidaridad y confianza reciproca, no pudo, no puede ni podrá cumplir cabal y plenamente su propia función socioeconómica en cuanto tal.

En efecto, la ceguera insita en prácticas neoliberales económicas a ultranza e inhumanas no solo excluyó del mercado a muchos sectores populares, a los segmentos más vulnerables de las sociedades de América Latina y El Caribe, sino que están indefectiblemente siempre detrás de cada crisis mundial, de cada recesión global con sus lógicas perversas por caso, de salvar bancos antes que personas postergando sine die los Objetivos Humanos y Naturales de todos los Milenios.

Releyendo a Aristóteles en su “Ética a Nicomaco”, la reciprocidad es el principio que fundamenta valores sociales tan importantes para la sociedad como la justicia, la responsabilidad y la fraternidad. En consecuencia, en el núcleo del pensamiento occidental, este concepto de reciprocidad está vivo y paralelo a como latía y late en otras culturas y civilizaciones consideradas “primitivas”.

La contradicción dialéctica entre individualismo y colectivismo en la cual en el primer caso predomina el egoísmo excluyente del individuo y, en el segundo, se pretende disolver todo lo personal en lo colectivo, debe superarse por un equilibrio abierto que integre en sociedades más cooperativas desde la libertad, la voluntad, el esfuerzo propio, la solidaridad y la complementariedad pero, respetando la autonomía diferencial de sus miembros.

Sólo así se podría visualizar una oportunidad para lograr aún en medio de las ruinas de los viejos mitos posesivos del bienestar, la existencia de sociedades más solidarias que propendan a un equilibrio abierto y dinámico, construido y reconstruido por las acciones creadoras de todas y cada uno de los elementos personales que la constituyen, en una galaxia de quehaceres que se influyen y ajustan mutuamente tendiendo a una unidad de vidas personales que reflexionando sobre sus valores los encarnan en virtudes cotidianamente palpitantes, si bien en constante mutación y nunca igual pero siempre fiel a una reciprocidad humana esencial, imprescindible e impostergable.

Estos valores y principios han servido y pueden servir para vertebrar sociedades políticamente equilibradas, más solidarias desde sus micro organizaciones y pymes para la economía de la producción y de los servicios solidarios civiles, desmercantilizados.

Nuevas sociedades más solidarias implican consensuar y mancomunadamente producir valores éticos que sólo pueden provenir de nuevos sistemas sociales y políticos basados en fraternas estructuras de reciprocidad.

En ellas la justicia, la solidaridad, la equidad, la confianza, la lealtad, la responsabilidad, etc., no son impuestos por ninguna norma imperativa religiosa, ideológica o tradicional, y menos aún por la coacción, sino que proceden del sistema económico de reciprocidad que humanamente reclama y clama `esta infraterna hora actual´.

Sin dudas ayudará y mucho a nuestros propósitos recordar siempre experiencias muy aleccionadoras como cuando en algunos barrios muy populares de Santiago de Chile tras el brutal golpe de Estado de Pinochet con sus prácticas de la economía neoliberal, excluyó del mercado sin miramientos a demasiados sectores populares los que debieron autoorganizarse para sobrevivir en la economía informal mediante organizaciones comunales las que pese a no estar integradas en los servicios de la seguridad social, daban la satisfacción de que las voces de sus miembros eran oídas y que cada uno, personalmente, podía contribuir a decidir sobre la marcha de su organización solidaria a punto tal de que en el caso chileno conforme una encuesta que se realizó en aquellos fatídicos finales de los años 70´ se verificó que, ante la alternativa de poder ingresar o retornar a empresas formales como asalariados, la mayoría prefería mantenerse en sus empresas informales autogestionadas y solidarias por haber recobrado en ellas la dignidad de personas.

Preconclusivamente, la idea es también que una estabilidad institucional se fortalece por el equilibrio compuesto de las autonomías de todos los elementos que componen el conjunto y por la acción sinérgica que les hace crecer al mismo tiempo desde la cohesión social y desde la reciprocidad de las relaciones interpersonales autogestionadas.

La reciprocidad como origen de los valores sociales es clave en las mejores formas de integración generando conductas de equidad y consideración. Uno de esos valores centrales es la solidaridad y precisamente por eso, tenia que eliminarse el peligro que suponía para la misma, el lucro a expensas del bien común socialmente fraterno todo lo que pudo lograrse mediante auténticas mutuales y genuinas cooperativas.

Finalmente y respecto de esto último, Argentina está empeñada en algo similar y auspicioso que si bien exhibe algunas prácticas distorsivas con zonas grises, las mismas debieran depurarse, cohesionarse, fortalecerse institucionalmente, empoderarse educativa y axiológicamente, promoverse, fomentarse contundentemente y expandirlas precisamente a todos los sectores y/o asentamientos todavía empobrecidos, marginados y excluidos para conquistar mediante nuevas acciones comunales locales y regionales más solidarias el tan ansiado y merecido desarrollo humano, rescatado y reivindicando la dimensión comunitaria de recurrentes sometimientos individualistas especulativos.

Así entonces, esta efeméride mutual se nos presenta como una nueva oportunidad e invitación a solidarizar nuestra sociedad, algo que nadie y nunca más debe truncar.

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Estudiantes chilenos ratifican llamado a movilización

PL

Tras una extensa asamblea, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó la convocatoria a una nueva jornada de paro nacional el próximo jueves en rechazo a la posición del gobierno frente al conflicto educacional.

En representación de Confech, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Francisco Figueroa, dijo en rueda de prensa casi entrada la última madrugada que el gobierno le dio un portazo al diálogo al no aceptar tres de las cuatro garantías demandadas por el Movimiento Social por la Educación Pública.

Concordó con Figueroa el presidente de la sureña Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, para quien La Moneda no tiene voluntad de solucionar el conflicto y sólo está apostando al desgaste de las movilizaciones.

La voluntad de diálogo del gobierno sólo existe en palabras, pero no hay hechos concretos, señaló.

Estamos casi igual que antes, consideró asimismo la también vocera de Confech Laura Palma, quien pronosticó un escenario muy complejo en las próximas semanas.

La víspera el ministro de Educación, Felipe Bulnes, expresó el desacuerdo del gobierno con el pedido de Confech y del gremio magisterial en relación con la necesidad de congelar la agenda legislativa sobre el tema educacional, al considerarla improcedente al desarrollo paralelo de una mesa de diálogo.

"No podemos dejar de cumplir nuestra función como gobierno en relación con el envío de iniciativas legales", alegó Bulnes.

La Moneda se opuso también a la recalendarización del curso escolar solicitada por Confech.

En torno al medular punto del lucro, el Ejecutivo volvió sobre la idea de poder controlarlo a través de una Superintendencia de Educación Superior y sólo aceptó la propuesta de transparentar el diálogo, aunque mediante actas públicas y no a través de la televisión como sugerían los estudiantes.

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Gobierno alemán sigue financiando ex Colonia Dignidad

Harald Neuber (PL)

A pesar de críticas políticas y diligencias de las autoridades jurídicas en Chile y Alemania, el gobierno de la canciller Angela Merkel mantiene un perfil bajo sobre el caso del prófugo Hartmut Hopp, el médico de la Colonia Dignidad.

En una respuesta a una interpelación del partido socialista Die Linke (La Izquierda) en el parlamento alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende no disponer de informaciones sobre el caso de Hopp, ignorando que ocupa desde hace semanas el interés de medios alemanes e internacionales.

Por un lado, el gobierno de Berlín reconoce la presencia de altos ex funcionarios de la Colonia Dignidad en el territorio de la misma, calificándolo como "obstáculo para un nuevo comienzo de la comunidad".

Por otro lado, el diputado socialista Jan Korte reveló que el estado alemán la sigue financiando.

Para el año presupuestario actual, Alemania aumentó las ayudas financieras para la secta, que se renombró "Villa Baviera", a 245 mil euros.

Según los planes presupuestarios del 2012, el gobierno de Merkel planifica subvencionar la antigua Colonia Dignidad todavía con 150 mil euros más.

También se reserva el derecho de enviar a Chile expertos de las agencias para la ayuda al desarrollo (GIZ) y Senior Experten Service para cooperar con las estructuras de la Villa Baviera.

Mientras, el Alemania sigue el debate sobre prófugos y presuntos criminales de la secta.

El caso más conocido es el de Hartmut Hopp, que se fugó a Alemania a principios de mayo desde Chile a través de la Argentina y Brasil y entró por el aeropuerto de Fráncfort del Meno, evadiendo así una pena de cinco años por asistencia al abuso sexual de menores de edad.

Mientras, el médico de 67 años vive con su esposa en la ciudad alemana de Krefeld, adonde se refugiaron antes otros funcionarios de la secta.

En vista de la cobertura de los medios, protestas de vecinos y denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, la fiscalía de Krefeld abrió diligencias contra Hopp, quién está acusado de haber participado en casos de tortura y experimentos médicos.

A pesar de estas investigaciones y el debate público, el gobierno rechaza tomar posición sobre el caso.

En la respuesta, la Secretaria de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cornelia Pieper, solamente reconoce que "según las últimas informaciones del gobierno federal" Hopp se encuentra en territorio de la República Federal de Alemania.

Aparte de eso, el gobierno afirma que no tiene contactos algunos con Hopp y que tampoco existen solicitudes de autoridades chilenas con respecto al caso.

Respondiendo a otros temas delicados, el gobierno también dice no tener mucho que declarar.

"No tenemos informaciones sobre acusaciones sobre el tráfico ilegal de armas en la Colonia Dignidad", respondió la Secretaria de Estado, a pesar de que el mismo Hopp cumplió en Chile una condena por este delito.

El diputado socialista Jan Korte, que introdujo la interpelación, critica la respuesta del gobierno federal, que califica de "descarada".

Korte recordó que el ex miembro de la SS, Gerhard Mertins, mantuvo por años estrechos contactos entre la antigua RFA y la tristemente célebre colonia, especialmente en el negocio de armamentos.

"Aparentemente, el gobierno de Merkel trata de solucionar los problemas actuales con la Colonia Dignidad esperando a que pasen", comentó Korte.

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Colombia: En defensa del derecho a la educación

Alberto Corona (PL)

Colombia demostró no estar ajena a la defensa de la educación como un derecho fundamental para el desarrollo, una voluntad que miles de profesores, estudiantes y sindicalistas expresaron en las calles.

"¡La salud y la educación son un derecho, no una mercancía!". Bajo esa premisa docentes, educandos y activistas marcharon el pasado 7 de septiembre por las principales ciudades del país ante las amenazas que se ciernen sobre la enseñanza pública.

En opinión de los manifestantes, varias fueron las razones que justificaron la organización de la protesta, así como su participación en ella.

Por una parte, paralizar una reforma impulsada por el Gobierno a la denominada Ley 30 de 1992, que rige actualmente la educación superior y a través de cuyo cambio se pretende dar entrada al capital privado en las instituciones universitarias públicas.

Esto es interpretado como un paso previo hacia la privatización de la educación, y por consiguiente, lesivo para los colombianos en el manejo de este derecho esencial.

Si bien el Gobierno desechó por el momento de dicha iniciativa de reforma uno de los artículos generadores de una mayor controversia, el relativo al ánimo de lucro, el conflicto persiste con los otros cientos que la componen.

En este sentido, tanto docentes como estudiantes consideran que la reforma en general tiene un enfoque neoliberal, dirigida a que la educación se convierta cada vez más en un servicio controlado por el dinero y por lo cual dejaría de ser un derecho.

De esa manera, consideran que de aplicarse la reforma, los cerca de tres millones 200 mil estudiantes que actualmente no pueden acceder a la educación pública, verían engrosar sus filas significativamente.

Otro elemento para tener en cuenta -según los críticos de la reforma- es que con la privatización, la calidad de la educación sería más deficiente, pues ello daría pie a la entrada masiva de estafadores al servicio, ávidos de dinero.

A su vez, los reclamos -además del derecho a la educación y el respeto a la jornada laboral de los maestros-, incluyeron la prestación de un servicio de salud digno.

Sobre este particular, la Federación Colombiana de Educadores alertó que el Ejecutivo pretende acabar con las pocas garantías que en materia de salud la ley les otorga.

Es así que maestros y estudiantes ven en el avance de las políticas neoliberales del actual gobierno cómo se busca negar derechos básicos como la educación y la salud.

Todo ello en un contexto donde los docentes reciben salarios más bajos y la carga laboral es mayor por las condiciones actuales del sistema, de acuerdo con denuncias.

Durante la jornada de protesta también se rechazó el asesinato sistemático de maestros; en lo corrido de año, 16 educadores han muerto de forma violenta, siendo Córdoba el departamento donde la situación es más crítica.

En Bogotá la manifestación se llevó a cabo en el centro de la ciudad, donde más de 20 mil personas se dirigieron hacia la Plaza Bolívar, según pudo constatar este enviado.

Durante la jornada se registraron varios incidentes entre la policía y los manifestantes, aunque sin consecuencias mayores. Con cánticos, rostros pintados y muestras escénicas, educadores y alumnos exigieron del Gobierno más atención para el sector y menos recursos para la guerra.

En otras ciudades del país también se realizaron marchas, algunas con fuertes enfrentamientos y detenciones.

Para Hernando Hernández, representante indígena y vocero del opositor Polo Democrático Alternativo, Colombia se unió así al clamor de Latinoamérica contra un orden económico internacional injusto y arbitrario que afecta la calidad de la educación y la pretende tratar como una mercancía.

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