martes, 20 de septiembre de 2011

El tema tabú en la agenda: La crisis internacional del estado liberal

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis internacional en el estado liberal proviene de la aplicación del ajuste estructural a la economía mundial en la década de los años 80, que se subsume bajo la apelación de "modelo neoliberal", término acuñado por el conservadurismo para generar amplio apoyo. El problema del estado liberal y su inclinación a concebir la democracia con una representatividad basada en altos grados de pluralismo e igualdad de derechos, es haberse "encontrado" con un sistema económico que se impuso a espaldas de ese pluralismo y sus grados aceptables de igualdad.

La gobernabilidad consiste hoy en un cómo proteger la actual falta de sincronía entre el sistema económico y el sistema de derechos de la gente, supuestamente representado por el sistema político. Al ampliar el rango de representatividad, con el pluralismo político hay un temor a la pérdida del orden y la amplitud de opciones políticas pareciera perjudicar la eficacia económica.

En la Asamblea General de la ONU de este año, debido a la agenda dispersa con los temas habituales, (crisis económica, pobreza, gobernabilidad y terrorismo), la crisis internacional del estado liberal no forma parte de la agenda. La idea de referirse a una crisis como un todo cohesionado por un mismo origen no es popular en estas esferas. De que la ONU no lo aborde así, ya es indicador de un problema serio, por muy de capa caída que esté el multilateralismo desde Libia hacia atrás.

La continua violencia en el mundo islámico, es analizada desde estos mismos cuarteles que niegan la crisis del estado liberal, como etapas de pueblos atrasados respecto al desarrollo clásico occidental. Otras manifestaciones como el hambre en el Cuerno de África, la invasión a Libia, la guerra interna en Afganistán, Irak, Sudán, o la inestabilidad en Honduras, R.D.Congo, Costa de Marfil, Filipinas, o Pakistán, son tratadas casi exclusivamente como problemas locales con raíces históricas desprovistos de vínculos con el capitalismo mundial en crisis.

Es tema tabú en los medios. Los políticos focalizan en la economía, renuentes a discutir un tema fuera de la contingencia y que suena académico y de largo plazo. En la academia tampoco causa entusiasmo. Agentes clave minimizan la gravedad y se encargan de posicionar en la agenda una lista de temas críticos evitando asociarlos a una crisis política.

La crisis internacional del estado liberal se expresa de diversas maneras y la más esencial es en la política porque se trata de su representatividad. Esta crisis está esparcida en casi 200 naciones, cuál más cuál menos, exhibiendo fallas críticas en la gobernabilidad. En estas naciones con algunas excepciones se ha adoptado desde hace 30 años el mismo modelo económico entroncado en el estado liberal con sus adaptaciones locales. Aberrantes en algunos casos, y más similares en otros, basados en el modelo occidental que va a la par con los préstamos del FMI y el Banco Mundial como condiciones.

Con todo, incluyendo las más desarrolladas, las economías de las naciones parecen estar insertas en sociedades exhibiendo una fractura importante entre el poder del capital que se ha apoderado del sistema político y la gente común, con recursos muy limitados para expresar poder.

Al haberse transformado en lobistas, en promotores de determinados intereses económicos como extensiones de ese capital, una porción importante y visible de los miembros de este sistema político– los elegidos y sus partidos- se han colocado al margen de los intereses de la gente.

Por los cuatro costados del planeta, el descontento social es el resultado de un sistema político que no absorbe debidamente las demandas económicas. Se observa en los países árabes que reclaman cambio de régimen y se extiende. La nueva Sudáfrica sufre crisis de representatividad. En Chile las encuestas demuestran la crisis de representatividad sin exponer o atacar el problema principal de la independencia de los partidos políticos respecto a los grandes conglomerados económicos. España exhibe el mismo fenómeno.

Es en Estados Unidos donde se observa en forma más crítica esta crisis internacional, aunque el actual debate respecto al futuro de la Comunidad Europea también es un indicador contundente.

En Estados Unidos, el debate sobre el sistema de salud fue una batalla de lobbies políticos representando intereses corporativos. El reciente programa de reducción del déficit fiscal del Gobierno, que incluye medidas para aumentar el empleo, es probable que corra la misma suerte del sistema de salud: una guerra sin cuartel entre los políticos partidarios del bien público y los que representan al poder corporativo del capital.

En el fondo, es una crisis política del liberalismo encarnado en ese estado, instrumento inventado para hacer de ese liberalismo el único viable para el progreso humano. Los marxistas piensan diferente y allí surge el por qué la crisis internacional del estado liberal es el tema oculto que no se discute,., Sin embargo se discute especialmente en la esfera de la izquierda, la crisis del imperialismo o la crisis de EEUU y las potencias tradicionales. Todo esto está bien. Lo que sí es importante en la presente coyuntura, es que los llamados desencantados del actual sistema apunten a las bases y los orígenes de ese sistema que no es más que el poderío del gran capital que cooptó al propio sistema político de representatividad que le daba legitimidad al modelo económico implantado en los años 80.

El gran capital hizo una doble traición: les quitó a la gente los subsidios para la vivienda y la gratuidad a la educación y la salud y otros servicios básicos, y además le secuestró o le compró el sistema de representatividad que formaban los políticos. Como resultado, la gente en muchas naciones inclusive con antecedentes de mayor desarrollo, hace política en las calles y a través de otras redes. Con todo, el problema del origen de esa crisis de representatividad no se expone. El “desencanto” no es hacia quién le entrega el afrecho al animal, que no son más que los líderes corporativos de los grandes consorcios.

Han pasado casi 30 años de aplicación de ese ajuste con sus tres ejes centrales: privatización continua, máxima desregulación y apertura extrema. Hoy se observa internacionalmente cómo el sistema político y la naturaleza de su representatividad comienzan a experimentar no solo fatiga de material sino también conceptual y el rechazo de la gente.

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¡Libia jamás será conquistada!

Djerrad Amar (ALLAINJULES)

Siete meses de bombardeo por la OTAN. Contra los civiles, una carnicería, una rapiña, mentiras, trucos, desinformación e intentos constantes de despistar y nada de todo esto ha logrado doblegar a un pueblo de 6millones de habitantes que acaba de intensificar su resistencia.¿Qué victoria ha logrado la OTAN? La OTAN que ahora solo tiene en Libia la Francia de Sarkozy y la Gran Bretaña de Cameron – ya conocen el sentir de Pirro de Epiro.

Los retiros de las ciudades de las fuerzas armadas libias han sido efectivamente puramente tácticas. La OTAN explotaba la situación de los civiles, bajo bombardeo en las ciudades, cortando a ellos la energía eléctrica y el agua y también atrasando el abastecimiento de alimentos y medicinas a la población. Pues, fue por motivo de proteger la población, especialmente en las ciudades, que el gobierno decidió replegarse.

Esta táctica resulta ser una trampa formidable. A pesar del repliegue, las “ratas” de la OTAN no logran ocupar las ciudades, incluso Trípoli, porque encuentran una resistencia fuerte de la población, que ahora practica la guerra de guerrillas. Ahora las “ratas” sufren bajas cada vez más altas frente a los francotiradores de élite. De acuerdo con reportes de Reuters cientos de cadáveres han aparecido regadas en las calles con una bala en el frente o en el corazón. Los que entran allí casi nunca logran salir.

Hay informes, que la prensa OTANista no difunde, que los renegados rehusan las ordenes que reciben de avanzar. El desbandado y la desmoralización son fenómenos reales en todos los frentes. Resulta que la OTAN no va a lograr movilizarse porque su carne de cañón no es ilimitada. No va a lograr remplazar los cientos de muertos infligidos por las fuerzas libias compuestas de decenas de miles de voluntarios libios y del ejército libio. Los refuerzos de los tribus llegan cada día. Tampoco puede la OTAN reforzar un frente con el traslado de fuerzas de otro sin poner en riesgo aquellos otros frentes.

¿Cuántos efectivos puede movilizar la OTAN? ¿6000? ¿10,000? Exageramos y digamos 20,000. ¿A cuántos de estos payasos, sucios, horribles, desorganizados se ha sacrificado? Mucho más que 10,000. Digamos que quedan 10,000 efectivos, sin posibilidades de ser remplazados en números suficientes. Son totalmente desmoralizados porque saben que son derrotados sin ningún otro objetivo que el robo y la rapiña antes de huirse.

Esta manera de actuar llega a ser cada vez menos posible, ya que las fuerzas libias han reorganizado completamente sus tropas y han cambiado su estrategia y sus tácticas frente a la locura, las torpezas, la prisa, y andanzas a tientas de la OTAN. Así que unos 10,000 enfrentan a decenas de miles de combatientes motivados en defensa de una causa justa, su país y su honor y tienen la ventaja del terreno, capacidad de aguantar y el tiempo. En vista del desarrollo de los acontecimientos, aquellos 10,000 efectivos de la oTAN sin capacidad de aumentarse sería reducido a cero en menos de un mes.

Aun si no cuenta por mucho, el show de Sarkozy y Cameron en Benghazi, imitado por el vasallo Erdogan de Turquía, representaba su fracaso, cerca de la reunión del Consejo de Seguridad. Es su manera se salir de un avispero de desastrosas secuelas políticas y económicas, sin mencionar las personales. Parecen que estos dos idiotas útiles quieren decir, “Nosotros les hemos ayudado con su revolución. Les hemos puesto en su capital. Ahora sigan las reformas que ustedes han prometido. Nosotros nos vamos.” Y lo dicen a un CNT que resulta ser una manada variada de inútiles, desunidos, incompetentes, sin visión, sin proyecto.

Ni la ONU, si va a haber una fuerza de “policía internacional” de 5000 efectivos, será de algún apoyo o utilidad frente a un pueblo decidido a defender su país. El petróleo tan codiciado no saldrá de las costas libias. Será un blanco con sus empresas depredadores, su personal, sus barcos, sus tuberías y todo lo demás. Todas las fuerzas extranjeras en tierra libia serán los blancos legítimos de los libios. Serán aterrorizados y perseguidos hasta que desaparezcan.

El desenlace es muy previsible. Libia jamás será conquistada. La OTAN es nada más que un gigante con pies de barro. La ONU es todo un engaño. Los medios son instrumentos de guerra psicológica, sus “periodistas” desde luego agentes dobles y propagandistas. Son lacayos de “democracia” y “libertades” imaginarias, más bien sirven la mentira y el fraude. Así que es necesario rehacer el mundo sobre otras bases, con otras reglas, con otros polos. El fracaso es el destino inexorable de todo lo que se construye sobre la falsedad, la mentira, la falsificación y el engaño.

Libia ahora es el lugar donde los supuestos “valores universales” de que el Occidente se proclama el ángel guardián se desnudan como trucos baratos donde las instituciones y organizaciones llamados “internacionales” encargados de defender los derechos y los principios y de prevenir los conflictos se revelan a ser meros instrumentos de dominación y de hegemonía al servicio del gran capital.

Traducción: Toni Solo.

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Obama en la encrucijada

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno de Obama enfrenta por estos días una encrucijada en su política en el Oriente Medio. La demanda palestina para ser reconocida ante la ONU como un estado soberano, obliga a la actual administración a plegarse a la posición de Tel Aviv y vetar tal solicitud en el Consejo de Seguridad o bien, admitir a tramitación la aspiración de los palestinos, con el más que probable respaldo de una amplia mayoría en la Asamblea General de dicho organismo.

Más allá de las cuestiones técnicas, lo cierto es que lo solicitado por el gobierno palestino aparece ante los más diversos gobiernos del mundo como una demanda justa que debe ser atendida. De manera que la anunciada oposición de Washington significaría un descrédito de la actual administración no solo ante el mundo árabe sino ante la opinión pública mundial. Se trata, ni más ni menos, de desconocer todo lo que el mismo Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, prometió en su discurso de El Cairo al inicio de su gestión.

El gobierno de Netanyahu ha anunciado consecuencias catastróficas ante la inminente solicitud palestina, sin embargo, un rechazo al anhelado Estado Palestino podría tener consecuencias todavía peores para toda la región. No podemos olvidar, aunque a muchos les moleste, que Mahmud Abbas quien encabeza la solicitud, encarna hoy el cauce de la racionalidad política frente al radicalismo de otros sectores. Considerando el clima regional, caracterizado por amplios movimientos sociales, en la llamada “primavera árabe”, la negación de la soberanía palestina bien pudiera ser el comienzo de una nueva Intifada de alcances insospechados.

Tras décadas de postergaciones, violencia y humillaciones, el pueblo palestino reclama su lugar en el más importante foro mundial. Lo hace por vías diplomáticas con el apoyo mayoritario del mundo entero. Clausurar esta puerta abierta bien pudiera abrir otras mucho más riesgosas para la paz mundial, una responsabilidad que el Consejo de Seguridad no debiera soslayar. Hasta el presente hemos asistido al monólogo de un solo estado soberano, cuestión reñida con el más mínimo criterio de sensatez en política internacional y moralmente de una injusticia evidente. Avanzar hacia la paz exige el diálogo de dos estados en el seno de la comunidad internacional: reconocer a Israel y Palestina como dos estados destinados a convivir iguales en dignidad.

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¿Crisis fiscal en Costa Rica?

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Medios de prensa conservadores han coincidido con las autoridades de la administración Chinchilla -incluida la Presidenta- en el sentido de que Costa Rica pasa por una difícil y amenazante situación fiscal. Al parecer, esta conclusión se deduce de dos datos: el nivel relativamente alto del déficit fiscal y el crecimiento que la deuda pública, particularmente la interna, registra desde 2009. Entiendo que esta misma preocupación es compartida por dirigentes del PAC, en razón de lo cual llegaron al ya conocido acuerdo con el gobierno conducente a la eventual aprobación de una reforma tributaria (la cual, justo es señalarlo, sería de implicaciones progresivas, caso de mantenerse los contenidos que se han hecho públicos).

El déficit del Gobierno Central alcanzó el año 2010 un monto equivalente a 5,2% respecto del Producto Interno Bruto (PIB). El respectivo porcentaje para 2011 podría ser muy similar si no se aprobaran nuevos impuestos. Esto representa el más elevado porcentaje déficit/PIB que se registra desde 1994, aunque se empequeñece al compararlo con los déficits en Estados Unidos y en muchos países europeos.

Por su parte, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las necesidades de financiamiento de ese déficit fiscal, pero su nivel actual (alrededor del 45% como proporción del PIB) no solo es muy razonable sino que aún está por debajo de las cifras de hace apenas pocos años (2006-2007).

¿Bastan estos números para justificar una declaratoria de emergencia fiscal? El gobierno considera que sí y al respecto no puedo olvidar a la Ministra de Planificación advirtiendo -en tono exaltado- que “nunca se sabe cuándo los inversores vayan a reaccionar”. O sea, parece que en los despachos y salas de reunión de las altas autoridades gubernamentales circula un fantasma llamado “inversores” que amenaza con catástrofes en caso de que no se reduzca el déficit.

Supercherías aparte, convendría ubicar la discusión en el contexto que le corresponde. No basta con que el déficit sea relativamente alto para decir que hay entre manos un problema fiscal importante. Es que, además, esa situación deficitaria debería tener impactos en otros ámbitos importantes para entonces poder decir con propiedad que existe un problema. Típicamente tal cosa debería ponerse de manifiesto principalmente en dos variables: la inflación y las tasas de interés. Si ambas estuviesen disparadas, la cosa daría para preocuparse en serio. Y, sin embargo, ese no es, ni de lejos, el caso de Costa Rica.

(También se manifestaría en las cuentas de la Balanza de Pagos. Pero esa es una historia que tiene sus peculiaridades, las cuales, por razones de espacio, no abordo aquí).

Vea usted que cosa curiosa: desde 2009 -este año incluido- el déficit fiscal viene en aumento. En el mismo período la inflación cayó a los niveles más bajos en décadas (4-5% anual). Vamos ya por el tercer año de “elevados” déficits fiscales y, sin embargo, el apaciguamiento inflacionario se mantiene vigente.

Y si usted revisa las tasas de interés el panorama es solo parcialmente diferente. Cierto que estas cayeron a niveles extraordinariamente bajos hacia 2007, pero eso hay que entenderlo en el contexto del auge especulativo que por entonces se vivía, el cual estaba alimentado por una abundancia extraordinaria de capitales. El impacto de la crisis mundial hizo que estos escasearan, con lo que en los primeros meses de 2009 las tasas subieron. Sin embargo, y hacia finales de 2009, y conforme la situación mundial se medio estabilizaba y los capitales retornaban, las tasas volvieron a bajar un tanto. En los años de “altos” déficits fiscales (2010-2011) los tipos de interés se han estabilizado en un nivel relativamente bajo.

Recapitulando: vamos por el tercer año de déficits públicos relativamente altos sin que ello se refleje ni en la inflación ni en las tasas de interés. Curiosa “crisis fiscal” la que nos manejamos.

El problema, en realidad, anda por otro lado pero, lamentablemente, no parece atraer la atención de doña Laura y su gente.

Veamos. La economía costarricense está ya completando un ciclo de cuatro años consecutivo con índices de crecimiento sumamente modestos: 2,7% en 2008; -1,3 en 2009 (la primera vez desde 1982 que la economía nacional decrece en términos absolutos); 4,2% en 2010 y probablemente un 3% en este 2011. Si bien el modelo económico neoliberal, vigente por ya casi 30 años, ha condenado a Costa Rica a un dinamismo económico modesto y muy inestable, el comportamiento registrado en estos cuatro años se sitúa muy por debajo de los patrones históricos vigentes bajo ese modelo, de forma que hoy la economía costarricense está aproximadamente un 8 a 10% por debajo de lo que debería estar, tan solo con que se hubiesen mantenidos las tendencias históricas características del citado modelo. Esa es una de las principales razones que explican que el “alto” déficit fiscal no tenga impactos apreciables sobre la inflación y las tasas de interés.

Pasemos al ámbito del empleo. Aunque los datos posteriores a 2009 no son directamente comparables con las cifras correspondientes a este último año, el caso es que tanto en 2009 como en 2010 el desempleo se ha situado arriba del 7%, con impactos mucho más negativos sobre las mujeres trabajadoras, las personas jóvenes y los sectores más pobres de la población. En lo que a 2011 se refiere, la generación de empleos anda realmente anémica. Según un reporte del Banco Central con base en datos de la Caja del Seguro Social, en el año que concluye en julio 2011, tan solo se crearon 24 mil empleos nuevos, una cifra harto insuficiente según los requerimientos propios del crecimiento normal de la fuerza de trabajo en Costa Rica (la cual crece en unas 60 mil personas cada año). No extrañe si los índices de desempleo se mantienen altos e, incluso, si siguen creciendo.

En resumen: la actual situación del empleo en Costa Rica es, con mucho, la más negativa que hemos conocido desde 1982. Y lo peor es que tiende a deteriorarse. A su vez, esto se manifiesta en un agravamiento de las situaciones de pobreza.

El asunto es mucho más preocupante si recordamos la gravedad extrema de la crisis económica mundial. El estancamiento de las economías de Estados Unidos y Europa en los primeros meses de este año, podría dar lugar a un nuevo ciclo recesivo que, posiblemente, ya ha empezado en el momento en que escribo esto. Pero, lo que es peor, es esperable que el panorama de incertidumbre, estancamiento económico y alto desempleo en esas economías ricas, se prolongue por un largo período.

La crisis en Costa Rica, aún cuando ha sido sumamente grave, no ha tenido, sin embargo, manifestaciones tan agudas como la de 1980-1982. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en aquella ocasión, es muy probable que esta crisis sea mucho más prolongada, en virtud de que la situación en los países ricos con los cuales estamos estrechamente vinculados, tardará todavía mucho tiempo antes de alcanzar alguna solución más o menos satisfactoria.

En ese contexto ¿qué sentido tienen los cánticos alarmistas acerca de una presunta crisis fiscal? Los problemas relevantes son otros y tienen que ver con reactivación económica, generación de empleos y reducción efectiva de la pobreza.

Y, por favor, no se me malinterprete: no estoy diciendo que podamos desentendernos de la situación fiscal, pero si sugiero que este último problema debería ser abordado en una perspectiva de mediano y largo plazo -que incluya transformación del sistema tributario, reforma de la institucionalidad pública y reordenamiento del gasto y la inversión pública- dentro de una estrategia de política que debe estar orientada fundamentalmente en un sentido: la reformulación a profundidad del modelo de desarrollo de Costa Rica.

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Colombia: La medición de la pobreza. Otra burla

Libardo Gómez Sánchez (MOIR)

Definitivamente Santos podría hacerse merecedor a un premio Oscar de la Academia por su extrema habilidad para engañar y seducir a la sociedad; los estropicios cometidos por su gobierno y que logran ser descubiertos, se presentan como desaguisados de funcionarios subalternos, que no consultan la egregia sabiduría de su jefe o como malos entendidos que son susceptibles de reparar.

La semana que pasó se desató una polémica por las declaraciones del DNP, que concluyó luego de trabajar con una nueva metodología para la medición de la pobreza, que quien obtuviera ingresos de al menos 190.000 pesos mensuales no tenia de que preocuparse, porque se encuentra por fuera de esa categoría, es decir, que quien amaneció en los inquilinatos o en los cambuches de paroy, con un reverbero para calentar la aguapanela como desayuno y cocinar los granos de arroz que sirven de almuerzo, el que inicia el día pensando en la larga caminada para llegar al lugar donde instala su venta informal, con el carnet del Sisbén embolatado porque la calificación que le hace la encuestadora le dio 51.1 y no podía subir de 51; pensando en el estudio de sus hijos porque no ha conseguido los uniformes, ni los cuadernos y los libros que le exigen; angustiado por la vecindad en la que circula bazuco a raudales, la que consumen los muchachos de la pandilla que azota al barrio, carentes de un campo deportivo y oportunidades de trabajo; ahora gracias a esta novedosa y extraordinaria metodología propia de aguzados técnicos universitarios, ya sabe que si logra una venta de más de 6.334 pesos diarios, ha logrado salir del infierno de la pobreza: es otro de los logros del gobierno de la manguala nacional.

Es el caso de Ruperto un trabajador informal, que ahora llaman ilegal, que no sabe si podrá continuar con la venta de gelatinas de pata de vaca que fabrica, porque los del Invima le cayeron y le exigieron registro sanitario para lo cual debe atender un enorme listado de requisitos que debe cumplir para poder fabricar y comercializar su producto: diligenciar los formatos de solicitud y consignar un dinero, tener en cuenta que el lugar para producirlas debe estar separado del sitio de residencia, además del carnet de manipulación de alimentos, el lugar donde las prepare debe tener condiciones de asepsia propias de una clínica, pues estos funcionarios no cuentan dentro de sus categorías con la producción artesanal, ahora todo hay que hacerlo como las grandes multinacionales, pues así se moderniza al país, aunque eso le cueste el trabajo a miles de Rupertos que no pueden cumplir con estas exigencias, pues ni a crédito bancario tienen acceso porque no tienen como demostrar ingresos ni ofrecer garantías.

Esto parece un cuento de hadas con un final feliz para los pobres y los indeseables trabajadores informales, los primeros desparecerán por decreto y los segundos arruinados por la profusa normatividad que aniquila sus negocios sin necesidad de que lo haga la competencia, así el país en el papel solo tendrá la prosperidad de los sepulcros, a la que sin duda contribuirán los TLC que sin medida anda suscribiendo Santos por todos los puntos cardinales del planeta.

Hernando José Gómez, el flamante director del DNP, curiosamente jefe negociador del TLC con los Estados Unidos, podrá calificar para premio Nobel de Economía, pues nadie antes había encontrado una fórmula para eliminar la pobreza y aunque es prematuro, no dudamos que este gobierno nos ofrecerá otras maravillas como reducir el salario mínimo por oneroso, ampliar la edad y las semanas de cotización para la pensión y prodigar nuevas ventajas a la inversión extranjera para salvarla del descalabro en otras latitudes en las que surgen por doquier indignados.

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Belgrano y el presente de Misiones y Corrientes

Carlos del Frade (APE)

Belgrano llegó a Misiones en diciembre de 1810. Había dejado una cómoda situación personal en Buenos Aires y se había jugado la vida en pos de las palabras que lo habían enamorado: revolución, igualdad, independencia y pueblo.

No fue fácil llegar a la tierra que se hunde en el mar verde del Brasil como si fuera una gigantesca península. Fusiló a los traidores, nadó junto a los suyos y comió salteado como los desesperados que lo seguían sin saber bien por qué lo seguían.

Desde el campamento de Tacuarí, Don Manuel escribió el llamado “Reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los treinta pueblos de Misiones”.

Allí dice, aquel 30 de diciembre de 1810, que “a consecuencia de la Proclama que expedí para hacer saber a los Naturales de los Pueblos de Misiones, que venía a restituirlos a sus Derechos de libertad, propiedad y seguridad de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado, como está de manifiesto hasta la evidencia, no hallándose una sola familia que pueda decir:`estos son los bienes que he heredado de mis mayores`… acredito que mis palabras, que no son las del engaño, ni alucinamiento, con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados Naturales bajo el Yugo del fierro, tratándolos peor que a las bestias de carga, hasta llevarlos al sepulcro entre los horrores de la miseria e infelicidad, que yo mismo estoy palpando con ver su desnudez, sus líbidos aspectos, y los ningunos recursos, que les han de dejado para subsistir: Todos los Naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades, y podrán disponer de ellas, como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes…Respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para todos los empleos civiles, militares, y eclesiásticos, debiendo recaer en ellos, como en nosotros los empleados del gobierno, Milicia, y Administración de sus Pueblos”, sostuvo Belgrano.

Dos siglos después, la realidad de Misiones y Corrientes parece diferente a aquel sueño con forma de reglamente que escribió el vocal de la primera junta de gobierno.

-Acá hay latifundios que van de río a río. Y los planes forestales y las represas que se planifican solamente favorecen al extranjero. Es difícil encontrar un futuro para los jóvenes y los chicos – dice el ex obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, desde su modesta oficina en Posadas, la capital de Misiones, en diálogo con este cronista.

Un cantor popular y también educador, dice que una de las historias que más lo conmovió es aquella vivida hace poco en esa inmensa selva que todavía resiste los embates de la destrucción sistemática del medio ambiente. Un chiquito guaraní que por mala atención se fue muy antes de tiempo hacia la pampa de arriba. El artista le escribió una canción en la que grita la necesidad de traerle un mundo nuevo ya, porque el viejo no le sirvió al chiquito del pueblo originario.

Esos mismos chicos que habían conmovido a Belgrano por sus “ningunos recursos”, por su desnudez, hoy se multiplican en la tierra colorada. Aunque los planes sociales paliaron algo de la vida en estos lugares tan lejanos a Buenos Aires, es difícil imaginar a los chicos y chicas enamorados del país y del porvenir.

Como también lo admite la hermana Martha Pelloni, ahora asentada en Goya, desde donde trabaja en la organización Infancias Robadas con la idea de denunciar las complicidades policiales, políticas y económicas que hay detrás de la trata de personas y la explotación sexual.

-Estamos haciendo un gran esfuerzo para que las chicas y los chicos dejen de ser explotados por los dueños del tabaco para que encuentren una salida y así tengan un futuro en serio. Pero es una pelea difícil y permanente – dice con sus increíbles ojos celestes la mujer que supo expresar con el silencio el hastío de los señores feudales catamarqueños.

Y en medio de selvas que parecen comerse el asfalto de las rutas, los aserraderos denotan la explotación del momento y, al mismo tiempo, la cobertura que suelen tener los cargamentos de marihuana y otras drogas que van y vienen desde el Paraguay.

Misiones y Corrientes son tan bellas como distantes de sus propios hijos.

Provincias donde las chicas y los chicos venden chipá en las terminales de colectivos y en las cuales el recuerdo de Belgrano parece formar parte de un sueño inalcanzable.

Pero allí están, misioneros y correntinos, peleando palmo a palmo en el territorio de la vida cotidiana, intentando encontrarle un sentido propio al nuevo amanecer que suelen prometerse al enamorarse al son de una polca o un chamamé.

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Boletín informativo de CORREPI

La represión continúa siendo política de Estado / Otra sentencia de la Corte IDH para que el Estado argentino incumpla / Estudiantes reprimidos por luchar fueron sobreseídos / Catamarca: Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría / Represor de ayer, vigilador de hoy / No hay fronteras para la represión estatal.

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La represión continúa siendo política de Estado
Se cumplen ya 5 años de la desaparición de Julio López, uno del más de medio centenar de desaparecidos en democracia, y el caso que más trascendió, junto al de Luciano Arruga, de desaparecidos en la gestión kirchnerista. Casos que, gracias a la movilización popular, señalaron al gobierno como responsable por su desaparición y la impunidad que continúa.
Poco falta para que termine el año 2011. En los meses que llevamos transitados, se sumaron a nuestro archivo de personas asesinadas por el estado, con el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores, más de 200 víctimas.
Este ha sido un año de una fuerte persecución a los militantes sindicales y políticos, quienes afrontan causas penales por pelear por trabajo y una vida digna, además de las detenciones y la represión directa a movilizaciones o acciones de lucha, desalojos en rutas y tomas de tierra, como ocurrió con los docentes en Santa Cruz, la comunidad Qom en Formosa, las familias en las tierras de Ledesma en Jujuy. Si hacemos memoria, aparecen el casino, Kraft, el Hospital Francés, los ferroviarios, etc.
Dieciséis asesinados en la protesta social desde 2003, son los muertos que desmienten, en la realidad, a 8 años de gestión, los dichos de Néstor Kirchner allá en sus primeros años de gobierno, cuando dijo “no vamos a reprimir con la policía del gatillo fácil”. No sólo siguieron reprimiendo con la policía del gatillo fácil, sino que sumaron al conjunto de las fuerzas de seguridad y a las patotas sindicales, encargadas de efectuar el “trabajo sucio” y desdibujar la responsabilidad política del gobierno ante hechos como el asesinato de Mariano Ferreyra.
En este marco, el gobierno sigue autoproclamándose como el defensor de los DDHH y se florea dando premios y desfilando junto a personalidades que en algún momento fueron bandera en esta lucha. Claramente, ya no lo son hoy.
Todos los años, en noviembre, CORREPI hace este balance públicamente, en el que sólo tiene como conclusión que éste es un gobierno más que, como buen defensor de los intereses de empresarios y ricos, necesita reprimir al pueblo para disciplinarlo.
Este año, no será distinto. Allí volveremos a denunciar que este gobierno reprime todo lo necesario con el mayor consenso posible. Y allí, como siempre, estarán junto a nosotros quienes a diario sufren esta represión decididos a seguir peleando.

Otra sentencia de la Corte IDH para que el Estado argentino incumpla
Avanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de libertad y del niño a raíz del caso de seis chicos condenados a prisión perpetua, todos ellos detenidos desde los 16 y 17 años. El estado no sólo los juzgó y condenó siendo niños, sino que también es responsable de la muerte de Ricardo Videla, quien, cumpliendo dicha condena, apareció muerto en su celda en un supuesto suicidio, típica excusa utilizada por las fuerzas represivas del estado para no decir que las muertes en cárceles son producto de las sistemáticas torturas, maltratos y golpizas que reciben quienes se encuentran en prisión.
Si el gobierno argentino no cumple sus recomendaciones, la CIDH podría demandar ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), buscando una condena. El estado argentino no es principiante en lo que refiere a condenas por parte de la Corte IDH.
En 1997, en el marco del proceso judicial por el asesinato de Walter Bulacio a manos del aparato represivo estatal, CORREPI presentó ante la CIDH una denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de Walter a la vida, a la integridad física y a la libertad, y al derecho de su familia a un recurso judicial sencillo y rápido. En 2003, la Corte IDH, además de declarar que el crimen policial es un crimen de estado, condenó al estado argentino como responsable del asesinato de Walter y le ordenó derogar todo mecanismo legislativo y policial que facilite las detenciones arbitrarias, es decir, el sistema contravencional y la averiguación de antecedentes.
La condena de la Corte IDH jamás fue cumplida, porque, de ser así, el estado se quedaría sin una de sus principales herramientas represivas utilizada a diario en los barrios para el disciplinamiento de los hijos de la clase trabajadora, que, por pertenecer a la clase explotada, se enfrentan a diario con las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías.
Es que en una sociedad dividida en clases sociales, no existe nada que sea para “todos y todas” y la justicia es uno de los ejemplos más claros, como una herramienta más de la clase dominante para defender sus intereses. Todos los días vemos cómo los policías que matan a los pibes en los barrios son absueltos o, como mucho, reciben condenas irrisorias, pero, cuando se trata de disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo, aplican sin dudar las penas máximas, dejando expuesto que detrás de todo el discurso de constitucionalidad y derechos universales están los intereses de los poderosos, ricos y empresarios que no cambian a través de los distintos gobiernos. Cambian los gobiernos, pero la represión es la misma.

Estudiantes reprimidos por luchar fueron sobreseídos
En octubre del año pasado, unos 300 alumnos de la facultad de Sociales de la UBA se movilizaron al ministerio de Educación y lo tomaron para exigir la mudanza de la facultad al edificio de Constitución, promesa que llevaba más de 14 años cajoneada por distintos gobiernos.
La policía federal reprimió la protesta con palos y gases y detuvo a 11 estudiantes que fueron chupados al voleo, arrastrados a los patrulleros y llevados a la comisaría 17ª. Para el ministerio de Educación, hubo “usurpación, daños, hurto, robo y privación ilegítima de la libertad”. Para el juez federal Julián Ercolini, hubo “violación de domicilio, lesiones, daño calificado, y atentado y resistencia a la autoridad”. Un combo de delitos que abarcan penas de hasta 6 años de prisión. Todo esto por reclamar estudiar en condiciones dignas.
Acompañando la movilización, organización y lucha de los estudiantes, CORREPI asumió el compromiso de defender a 5 de los 11 criminalizados por luchar. Esta semana, todos fueron sobreseídos. Queda claro que frente a cualquier medida de lucha, la respuesta de cualquier gobierno será la represión.
Y que, frente a esta represión, la única respuesta es la organización y la lucha.

Catamarca: Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría
Esta semana, los diarios cubrieron generosamente el discurso de la presidenta Cristina Fernández en la Unesco. Mientras agradecía el premio otorgado a Estela Barnes de Carlotto como lo que fue, un premio a su propio gobierno, la presidenta se llenó la boca, como siempre, con los DDHH. "Kirchner fue decisivo en la lucha contra la impunidad", dijo emocionada.
Al mismo tiempo, apenas si algún diario, en algún lugar remoto de las últimas páginas, consignaba que, de nuevo, cuatro pibes murieron asfixiados y quemados en una comisaría.
Esta vez, fue en Catamarca. Los pibes, de 16 y 17 años, estaban presos en la Alcaidía de Menores. Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco Nieva se sumaron a la lista que crece, y no deja de crecer, al ritmo de un pibe por día, asesinado por el gatillo fácil, o, como ellos, en una cárcel, comisaría o instituto de menores.
Así como todos los fusilamientos de gatillo fácil se presentan en público más o menos con la misma historia, el falso enfrentamiento, o, cuando no hay tiempo de plantar el perro, con el cuento de las armas que se disparan solas, las muertes en comisaría también tienen su versión oficial.
Si el preso aparece ahorcado, fue un suicidio. Si lo torturaron y “se les fue la mano”, es una “súbita descompensación”. Y si fue un incendio, nos dicen que “pese al denodado esfuerzo del personal preventor, que de inmediato prestó auxilio procurando extinguir las llamas, se constató el deceso del interno XX...”.
Claro, después resulta, como en la cárcel de Magdalena, que los penitenciarios cerraron las rejas después de iniciado el fuego, y reprimieron a balazos de goma a los presos del pabellón vecino, que a patada limpia lograron abrir un boquete en la pared, y salvaron a los pocos que alcanzaron a salir por ahí.
En Catamarca, Julio Molas, el padre de Nelson, uno de los pibes muertos, denunció que otro chico le contó que un policía le mostró un encendedor a uno de los muchachos y le dijo “si sos macho, prendé fuego”. Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado.
Los incendios en cárceles y comisarías nunca ocurren porque sí, o porque cae un rayo. Siempre son consecuencia de una protesta. Quemar colchones es uno de los modos desesperados de obtener atención y expresar reclamos para el encerrado en una celda, como la huelga de hambre, los cortes en los brazos o los párpados y labios cosidos.
Como el 13 de enero de 2006, en la comisaría 7ª de Corrientes, donde había 7 pibes presos, todos por averiguación de antecedentes o contravenciones. La mujer de uno de ellos estaba internada, a punto de dar a luz su primer bebé. El muchacho, agotado de suplicar que le permitieran estar junto a su compañera, se tragó una bombilla, en un último intento por llegar al hospital. Como castigo por su insistencia, lo dejaron ahí, tirado, boqueando, entre los gritos de auxilio de sus compañeros, que decidieron prender fuego para que les abrieran la celda y lo atendieran. Cuatro murieron, todos de 17 años.
En Orán, Salta, el año 2009 empezó con tres adolescentes muertos en un incendio en la comisaría, la misma donde, el 25 de octubre de 2006, habían sido cuatro los pibes, dos de 17, uno de 16 y uno de 15, que murieron carbonizados.
Casi todos los muertos en comisarías son detenidos de forma arbitraria por averiguación de antecedentes, como los cinco pibes del incendio en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2009, o por contravenciones, como Rosa Yamila Gauna, de 15 años, que el 11 de enero de 2007 fue detenida por ruidos molestos en Misiones, y murió unos días después, con el 90% del cuerpo quemado, quizás para ocultar que había sido violada por los policías.
No es la “gomaespuma” la que mata, ni son suicidios de loquitos presos. Estas recurrentes muertes, siempre de pibes jóvenes, siempre sin responsables, son el resultado de una política de estado que encierra al pobre, porque necesita disciplinarlo con palos, balas, llamas o monóxido de carbono.

Represor de ayer, vigilador de hoy
Un ex suboficial de la Fuerza Aérea, Manuel Ángel Cambeiro, dio una “entrevista exclusiva” a un canal de TV de Ushuaia, dando su testimonio sobre su tarea en Córdoba durante la última dictadura militar.
El ex suboficial, que estaba trabajando de vigilador en una agencia de seguridad privada, de espaldas y caracterizado para no ser reconocido, relató con precisión las ejecuciones de los detenidos-desaparecidos y la apropiación de recién nacidos en un centro clandestino de detención donde él, entonces suboficial de 20 años, cumplía funciones de guardia.
La trascendencia que tuvo la emisión del programa hizo que la fiscalía federal de Ushuaia resolviera librar oficios a la Conadep , entre otros, para verificar la versión, aunque, por el momento, Cambeiro no fue detenido.
Como sucede a diario con policías torturadores y asesinos, no fueron los organismos de control de las agencias de vigilancia privadas, a cargo de los ministerios de seguridad nacional o provinciales, según el caso, los que detectaron al ex represor trabajando como actual represor, sólo que en el ámbito privado.
Una nueva muestra de que la letra de las leyes que, por ejemplo, prohíben formalmente la actividad en agencias de seguridad privada a quienes cuentan con antecedentes represivos, está allí sólo para adornar y facilitar el discurso oficial, sin ninguna aplicación real, salvo cuando salta el botón y hay que aparentar que se hace algo.

No hay fronteras para la represión estatal
En Honduras, el aparato represivo estatal lleva asesinados 16 periodistas desde febrero de 2010, que se suman a los más de 200 opositores asesinados con la acción o la complicidad de la policía. El 2 de septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores, informó que, entre 1999 y este año, hubo 5.270 denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, declaró que en lo que va de 2011, ya hubo 4.412 muertes. Los especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes, una cantidad superior a la de México, país donde la lucha del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó los índices de asesinatos hasta las nubes.
En tanto, en Colombia, según la Coalición contra la Tortura, entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas al menos 1.834 personas, de las cuales fueron asesinadas 1.148; sobrevivieron 422 y 264 fueron torturadas psicológicamente. En los 107 casos en que se pudo establecer el autor de un crimen de violencia sexual, se encontró que los agentes del estado son responsables del 98,14% de estos. Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%.
El informe señala que, en 2009, fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de cinco millones de desplazados ya existentes.
Por su parte, en el continente europeo, luego de las noticias de la feroz represión en España e Inglaterra, ahora le tocó el turno a Italia. A raíz de un plan de ajuste que quiere imponer el parlamento italiano, el pueblo salió a protestar y la policía con el equipo antimotines salió a reprimir, por orden del gobierno.
En todas partes, los gobiernos capitalistas recurren a la represión porque es la única manera que tienen de acallar la protesta social y, como siempre, las fuerzas represivas del estado torturan y matan al pueblo, porque esa es su función y no otra. Así es como ejercen los gobiernos el control social.
La represión capitalista no tiene bandera ni patria.

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Intelectuales 6, 7, 8: la realidad a gusto del patrón

Alcira Argumedo (INFOSUR)

La Diputada Nacional de Proyecto Sur analiza la manipulación mediática oficialista.

“Recientemente, Alcira Argumedo aparecía en un programa de televisión tratando de explicar el 0,9% de Proyecto Sur y dijo como excusa que sus spots de campaña eran malos. El 0,9% no se puede explicar por los spots de campaña. En ese caso, estaríamos todos condenados a juntar plata, a hacer vaquitas y contratar publicistas”. (María Pía López, entrevista en Iniciativa. Por un proyecto nacional, popular y latinoamericano. 7/9/2011)(http//espacioiniciativa.com.ar)

El manual más primitivo de Ciencias de la Comunicación enseña que, para manipular la información y los discursos, es suficiente la simple operación de sacar frases o palabras de contexto, cortar un pedacito y repetirlo varias veces, de modo tal que aparezca como una afirmación categórica, con valor en sí misma, como el núcleo esencial de un pensamiento: ésta es la mecánica característica de los programas del señor Diego Gvirtz y en particular de ese que seguramente pasará a la historia por su deslumbrante grandeza y calidad: 6, 7, 8; la fuente que utiliza María Pía López para hacer los comentarios arriba citados. Este sutil mecanismo es el complemento mediático de la filosofía que rige al INDEC, permitiendo adecuar la realidad a los deseos o conveniencias del gobierno. Hace tiempo me encontré con un alumno de Sociología y me contó que se dedicaba a bajar la pobreza. Ante la pregunta obvia si trabajaba en políticas sociales respondió:”No, trabajo en el INDEC. Cuando tenemos las cifras de pobreza en las computadoras, llega la patota de Guillermo Moreno y, como no le gustan porque son altas, nos ordena bajarlas: entonces yo bajo la pobreza en el país”.

Además de descalificar o ridiculizar a la persona de quien se trate -en particular si no se define como ultra-k y, en consecuencia, es gorila o le hace el juego a la derecha- la operación es muy útil para eludir todo otro tema incluido en ese discurso o información que pueda resultar incómodo. Si alguien es tan estúpido como para afirmar que una derrota electoral contundente se debe con exclusividad a un mal spot, entonces las demás afirmaciones de esa persona caen también en la categoría de la estupidez. En la visión de la entrevistada por Iniciativa, Argentina se encuentra en “Una situación muy extraña donde ningún dirigente de la oposición se anima a decir en qué disiente. Hacerlo implicaría tener que decir que disiente en aquellas cosas que se están valorando como positivas por parte de la sociedad en general. En suma, nadie puede discutir el modelo”. De esta manera, la lógica se cierra: no pueden discutirse las políticas kirchneristas del modelo; sólo lo hace la gente estúpida. Otra modalidad de la estupidez proviene de diferentes rostros del “liberalismo escandalizado” o de quien pretenda asumirse como “fiscal moral de la nación”; de aquéllos que denuncien hechos de corrupción, en tanto están destinados a que el sistema político y mediático los tire “por la borda en algunos años, por la propia inocuidad de esa figura para disputar un gobierno”.

Así, el triunfalismo político -que suele ser mal consejero- lleva a erradicar de un plumazo toda posibilidad crítica; tanto las críticas al modelo como las referidas a los episodios de corrupción que lo afectan. Se recomienda, en consecuencia, guardar un silencio cómplice sobre el conjunto de las políticas gubernamentales y, en especial, sobre el accionar de funcionarios o personajes corruptos. Callemos entonces ante la expansión de los negocios de la minería a cielo abierto con uso intensivo de cianuro y contaminación de fuentes de agua, de tierras y aire: el Parlamento Europeo la ha prohibido en toda Europa, por sus “consecuencias catastróficas e irreversibles”; pero los generosos subsidios de Minera La Alumbrera a las universidades o los Congresos auspiciados por la Barrick Gold en San Juan, llevan a reflexionar que la cosa no es para tanto. Callemos ante el accionar de las petroleras privatizadas y dejemos que continúen saqueando al país, porque finalmente la privatización es “un acto de soberanía” y los beneficiados son amigos: Ezkenazi, Cristóbal López, Bulgheroni, la British Petroleum y ahora los chinos, que asimismo penetran en ferrocarriles y producción sojera. Callemos ante un 75% de los jóvenes desocupados o precarizados; ante un 50% de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo; callemos ante la pobreza y las muertes de chicos por desnutrición, a pesar de ocho años de crecimiento a tasas sin precedentes; callemos ante las conductas de gobernadores aliados o barones del conurbano. No hablemos tampoco de Capaccioli y la efedrina para financiar campañas; de Ricardo Jaime y su enriquecimiento; de Juan José Zanola y los medicamentos truchos; de los hermanos Juliá saliendo del aeropuerto de Morón y pasando por Ezeiza con una tonelada de cocaína; de José Pedraza; de Sergio Schoklender; de ciertos jueces del Poder Judicial. La “subjetividad escandalizada” no tiene destino; porque las verdaderas concepciones nacional-populares en América Latina siempre han sabido callar ante tales hechos. Allí están los ejemplos de Artigas, Belgrano, San Martín, Bolívar, Martí, Alem, Mariátegui, Sandino o Ugarte: todos ellos fueron grandes derrotados políticos; lo cual prueba una vez más que en su momento debieron haber guardado un silencio cómplice.

Sin embargo, la ética del silencio cómplice y la condena a toda crítica planteadas por María Pía López, no son buenas para formar a las generaciones jóvenes que ingresan a la política, como ella misma parece advertirlo: porque sucede que gran parte de los grupos juveniles kirchneristas han establecido una relación “entre militancia y salario”, sin haber hecho un pasaje de militancia en el llano. A ello se suma que sus propias formas expresivas y discursos se amparan “en la palabra presidencial, se definen en función de aquello que afirma la Presidenta”, antes que en el planteo de “ciertas demandas y cuestiones que puedan movilizar toda la escena política”. Aparentemente, a fin de superar este dilema “las juventudes políticas tienen una tarea fundamental, que es no estar a la retaguardia de la Presidenta, sino generando un clima social para dar más batallas”. En síntesis, mientras los intelectuales 6,7,8 -muchos de los cuales tampoco han dado en su vida grandes batallas desde el llano- guardan un respetuoso silencio, queda en manos de los jóvenes la conciencia crítica que les permita salir de la retaguardia de la Presidenta. El mandato es entonces: "animémonos y vayan". Cabe interrogarse qué pasaría en ese caso con los salarios.

De todas formas, con el resultado del 0.9% no se puede hablar. Tampoco debiéramos haberlo hecho cuando en 1995 Menem obtuvo el 50% de los votos para su reelección. En ese momento, todos los nacional-populares del actual gobierno lo apoyaron con entusiasmo y un silencio cómplice; nuestro grupo político fue el único que cuestionaba duramente las privatizaciones, la Convertibilidad y el modelo neoliberal. Esa vez nos fue aún peor: sacamos el 0.5%; después la historia nos absolvió, a otros no tanto. La persona que me hizo llegar la entrevista, le adjuntaba una nota diciendo: "Te la envío para recordarla en tiempos venideros”.

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Un fallo escandaloso

Ernesto Ponsati (PRENSA RED)

Únicamente una administración de justicia desacreditada puede llevar a buen puerto lo que a la mayoría de los argentinos nos parece una muestra más de la impunidad que rodea a ciertos estamentos del poder.

La absolución concedida Carlos Menem y otros 17 acusados en la escandalosa causa relacionada al tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador a principios de la década de 1990 indica lo desacreditada que está la justicia en este país.

Dos de tres magistrados de la Cámara actuante coincidieron en que no había elementos suficientes para condenar a los imputados. El voluminoso expediente contiene, entre otras cosas, los decretos secretos firmados por Menem y varios de sus ministros que autorizan la venta de armamentos a esos dos países.

En el caso del primero, había un embargo de armas dispuesto por la ONU -organismo al que la Argentina pertenece y cuyas disposiciones está obligado a cumplir- en el marco de la sangrienta guerra de los Balcanes, y en el segundo, aparte de tratarse de dos pueblos hermanos, nuestro país era garante de la paz entre ambos.

No es redundante recordar que para que esos armamentos viajaran a Europa hubo que embarcarlos en secreto, en una operación absolutamente ilegal; tampoco es posible olvidar que los obuses enviados a Croacia eran piezas que estaban en uso por el Ejército Argentino y que fueron "puestas a nuevo" en la Fábrica Militar de Río Tercero, que voló por los aires en noviembre de 1995, siniestro que dejó 7 muertos y daños millonarios y que la Justicia aún no terminó de investigar.
Respecto de los fusiles FAL que fueron enviados a Ecuador, se comprobó que incluían unidades deterioradas e imposibles de usar. Además, se recurrió al artilugio de hacer una triangulación vía Panamá. No solamente se engañó al adquirente (Ecuador) sino qué se involucró maliciosamente a un tercer país que, como los otros dos, está ligado al nuestro por lazos históricos y culturales.

Toda una trama siniestra y tramposa que fueron dejando al descubierto los detalles trascendidos a medida que se iba engrosando el expediente. Los fundamentos del dictamen se conocerán recién los primeros días de noviembre, de modo que hasta ese entonces la sociedad no podrá enterarse de cómo hicieron los jueces para absolver a los acusados de perpetrar tan tremenda conjura

De cómo explican un contrabando sin contrabandista o cómo justifican los decretos, resoluciones y documentos que sirvieron para concretar esos actos delictivos. ¿Es que no hubo delito, ni dinero, ni daños, ni conductas engañosas, ni efectos colaterales, ni suicidios sospechosos, ni un helicóptero caído en el campo de Polo en Buenos Aires, ni la voladura de Río Tercero?

Únicamente una administración de justicia desacreditada (1) puede llevar a buen puerto lo que a la mayoría de los argentinos nos parece una muestra más de la impunidad que rodea a ciertos estamentos del poder.

Del poder, en este caso, que fue; pero que sigue siendo y aparentemente continuará siendo. Resta esperar que la ya anticipada apelación permita descorrer, aunque sea parcialmente, los velos que mantienen ocultos los pormenores del caso más flagrante de corrupción institucional de las últimas dos décadas.
Nota:
1) Hace mucho que no se publican las encuestas sobre la imagen de las instituciones ante la sociedad, pero recordamos que hasta las últimas conocidas la Justicia se encontraba en un nivel muy bajo de imagen, cerca de sindicalistas y políticos.

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Argentina: Símbolos del saqueo y la contaminación. El juicio popular contra las multinacionales finalizó en Trelew y el viernes continúan en Tucumán

PRIMERA FUENTE

Finalizó el sábado en la ciudad chubutense de Trelew la primera instancia de los juicios éticos y populares a las empresas transnacionales. Organizaciones sociales condenaron simbólicamente a las petroleras Repsol y Pan American Energy y a las mineras Proyecto Potasio Río Colorado y Pan American Silver. Fue la primera audiencia de tres que se realizarán en el país, una de ellas Tucumán el próximo viernes. Aquí se juzgarán a Minera Alumbrera, Agua Rica y al ingenio Ledesma, entre otros.

Esta iniciativa ciudadana pretende concientizar sobre el daño y el saqueo que multinacionales de diversa índole causan a la población. A través de denuncias expuestas por fiscales ante un tribunal de expertos se busca fortalecer el proceso de lucha contra las empresas recolonizadoras.

De esta forma, la Patagonia fue la primera de tres regiones en realizar el juicio en cual se realizó adelante en las instalaciones de la homónima Universidad Nacional.

Los juicios son impulsados por decenas de organizaciones sociales de diversa índole y se pretende, a través de ellos, difundir argumentos, materiales y herramientas, presentados por medio de denuncias y testimonios, para fortalecer la defensa jurídica y política del medio ambiente y a las comunidades impactadas por las transnacionales.

En cada una de las audiencias en las diferentes zonas del país representantes de organizaciones populares actúan como fiscales exponiendo las denuncias. El tribunal estará integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Daroqui, Alejandra Ciriza, Andrés Carrasco, Carlos Pagano, Mirta Baravale, José Seoane, Liliana Daunes, Javier Rodríguez Pardo, Marcelo Ruiz, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Nora Cortiñas, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Eduardo Rosenzvaig, el Frente Popular Darío Santillán, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Además habrá representantes de Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Honduras y Brasil.

Durante las audiencias se analiza el sistema corporativo de cada empresa enjuiciada, características del territorio donde se instaló el proyecto, el perfil de explotación realizada e impactos generados, así como el surgimiento de resistencias populares.

"Tomamos como casos emblemáticos algunas de las corporaciones que operan en la Argentina, con la certeza de que su accionar está respaldado por la garantía de los poderes políticos locales, que diseñan políticas que las favorecen y/o desconocen leyes que protegen los derechos de las poblaciones”, sostuvieron los organizadores.

Ahora, Tucumán

Los próximos juicios se realizarán en el Noroeste Argentino, entre los días 23 y 25 de septiembre. La sede, desde el viernes será San Miguel de Tucumán y se enjuiciará públicamente a las repudiadas mineras Barrick Gold, La Alumbrera y Agua Rica, al ingenio Ledesma y a las empresas Monsanto y Repsol.

Las audiencias continuarán el 30 de septiembre y 1 de octubre en la zona de la Triple Frontera donde se enjuiciarán a las firmas Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.

Además en octubre se realizarán audiencias sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la legitimación de la actuación de las transnacionales, el día 18, y sobre los impactos de las transnacionales en la vida de las mujeres, el día 20.

En tanto, los días 28 y 30 de octubre, tendrá lugar la audiencia final del Juicio ético y popular a las transnacionales, en la capital argentina, Buenos Aires. Una vez emitida la sentencia, los organizadores la enviarán a los medios de comunicación e instancias políticas y jurídicas que puedan hacer frente a los impactos causados por las transnacionales en la Argentina.

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Argentina: Testigo de la región declaró en la causa de Bahía Blanca: "Bombara murió cuando lo estaban torturando"

RIO NEGRO ON LINE

"Soy la única testigo de la muerte en tortura de Daniel Bombara", dijo María Emilia "Beba" Salto a su regreso de Bahía Blanca, donde atestiguó en el juicio que se hace en la Universidad Nacional del Sur (UNS) a 17 militares del 5° Cuerpo del Ejército por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar y que tiene como víctimas a varias personas de Neuquén y Río Negro, algunos de ellos desaparecidos.

Salto fue secuestrada en un barrio del noroeste bahiense el 29 de diciembre de 1975, junto a Bombara y Laura Manso. Estaba allí ese año porque "mi estadía en el Valle era insostenible. Yo era delegada de la Juventud Peronista de Río Negro, que tenía relación directa con Montoneros. Tenía amenazas de la triple A y sabía, y luego se comprobó porque allanaron a mi casa, que me iba a ir a buscar la Policía Federal.

En las tareas barriales conoció a Bombara, que era no docente de la UNS "y coincidíamos en la militancia barrial". Está convencida que su estadía en el "infierno de la tortura" fue menor a lo que habían planificado sus captores. "Lo que apresura nuestra legalización es porque en la tortura se les queda Bombara", opinó.

"Hubo un ensañamiento especial con él. A Laura y a mi nos llevaban de los pelos, a la rastra, al piso o al catre donde nos iban a torturar. Pero de él yo sentía las patadas que le daban, una vez que estaba en el piso o cuando lo iban llevando. Sentía ese sonido sordo que es el golpe de los puños, y sus gemidos y sus gritos", recordó.

Describió que a las dos mujeres "nos aplicaban picana en la zona interior de muslos y brazos, genitales, senos, plantas de los pies y la boca, con el adicional de "un mecanismo perverso", que era controlado "por algún especialista". "Consistía en tapar la boca con un trapo de tal forma que cuando tu cuerpo se arqueaba por la electricidad, tenías la necesidad de gritar o sacarte eso de encima, y no podías: eras como un globo a punto de reventar".

Dijo que "eso le hicieron a Daniel" e hizo un relato desgarrador: "sentí el interrogatorio, los insultos, una especie de gemido del cuerpo cuando no puede gritar. Y luego se hizo un silencio absoluto. Luego sentí susurros, pasos rápidos, puertas que se abrían y cerraban y muy rápidamente nos vuelven a agarrar a nosotras del piso y nos suben y acuestan en una camioneta. Al lado mío iba lo que había sido Daniel.

Salto resaltó la importancia que tuvo para ella hacer su relato a los jueces. "Me permitió decir quién había sido, sin miedos, en un lugar donde los acusados son ellos... Sacar la verdad de adentro en el lugar que corresponde (la Justicia): soy la única testigo de la muerte de Daniel; Laura falleció de cáncer hace algunos años, entonces era una responsabilidad enorme. Sentí que había saldado el pasado, la democracia me lo permitió", concluyó.

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Argentina: Jornada del 23 de septiembre: Rigane, "Por más democracia para los trabajadores"

FETERA - ACTA

El próximo 23 de septiembre la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que conduce Pablo Micheli, convocó a una movilización por la libertad y la democracia sindical. El secretario general adjunto, José Rigane, valorizó el compromiso que tiene toda la Central, no sólo con la exigencia de más democracia para los trabajadores, sino también con las necesidades de los sectores populares.

A un año de haberse realizado las elecciones en la central, en donde resultó ganadora la Lista 1 de la Agrupación “Germán Abdala” por 12.000 votos en 14 provincias, el gobierno nacional continúa sin reconocer a esta conducción.

La medida de fuerza se decidió en el marco de la reunión del Consejo Federal de la CTA, que se realizó el pasado 17 de agosto, donde se tomó la decisión de marchar al Ministerio de Trabajo de la Nación y a realizar concentraciones en las delegaciones ese Ministerio en todo el país.

El secretario general adjunto de la CTA, José Rigane, destacó el compromiso de todos los compañeros ante la situación que le toca vivir a la Central “con la intromisión del Gobierno a partir del proceso electoral, la designación del interventor que formaba parte de la lista opositora y la decisión del gobierno de intervenir en el ámbito judicial para no reconocer el triunfo en las urnas”.

“Me parece que no es una cuestión menor este compromiso y esta decisión que expresan los compañeros en el Consejo Federal”, destacó.

La movilización del 23 de septiembre tiene como eje central la libertad y la democracia sindical, pero incluye otras reivindicaciones que para la Central son fundamentales.

Entre ellas la universalización de las asignaciones familiares por hijo; la no contribución por la cuarta categoría; 82 % móvil para los jubilados y pensionados; el fin del trabajo precarizado y tercerizado; y por una ley nacional de prevención en el tema de la salud laboral y poner fin a las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo).

Rigane sostuvo que es “una satisfacción” saber que hay un grado de homogeneidad en la Central “porque los planteos que llegan siempre están en sintonía con los sectores populares”.

También aclaró que los grados de coincidencia dentro de la organización tienen que ver con continuar con la ejecución de las iniciativas que apuntan a construir una CTA de masas.

Entre las decisiones para continuar con ese objetivo está el crecimiento de la Central dentro del ámbito privado. “Hemos decidido que es lugar estratégico”, aclaró Rigane. También la necesidad de convocar a reuniones nacionales, al ámbito privado, a los movimientos sociales y a los jóvenes.

“Esto como parte de las iniciativas para llegar a esos y otros sectores para ser la CTA de masas que venimos proponiendo”, concluyó.

FETERA: Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.

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Argentina. Libertad y democracia sindical: Profesionales de la salud denunciaron a Tomada por negar la Personería Gremial

EL SINDICAL - ACTA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) denunció ante la Cámara Laboral al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, “por denegar la Personería Gremial a la entidad que nuclea a 27 mil profesionales y trabajadores de salud pública en todo el país”.

Los voceros del gremio especificaron que la denuncia fue radicada por el representante gremial de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y Secretario de Salud Laboral de la CTA, Jorge Yabkowski, ante la Cámara del fuero, que ahora deberá sortear qué magistrado de primera instancia llevará adelante la investigación.

El texto advierte que Tomada habría incumplido la Ley 23.551 (de asociaciones sindicales) e incluso habría contradicho jurisprudencia del propio ministerio en casos similares, ya que “seis Federaciones en las mismas condiciones que FESPROSA obtuvieron la personería en los últimos siete años, todas integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT)”.

El documento subraya que en mayo de 2010 la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, apoyó la Personería Gremial del gremio sanitario, pero siete meses más tarde, en enero de 2011, “cambió su opinión y la negó”.

“Suponemos que lo hizo porque no somos un gremio servil a ningún poder de turno”, evaluó Yabkowski.

La organización aseguró ante la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo que “no se intenta agrupar a todos los trabajadores de la sanidad, sino a aquellos trabajadores con título universitario académico y además que se desempeñen en establecimientos públicos”, en consonancia con un fallo de la Corte que virtualmente consagró la libertad y demoracia sindical.

Sin embargo, la petición fue denegada el 14 de enero y notificada siete meses y medio después, el 30 de agosto pasado. El gremio reclamó a la Justicia que “se revoque la relación atacada y se condene oportunamente al Ministerio de Trabajo, para que en perentorio plazo y conforme derecho, dicte resolución otorgando Personería Gremial a esta organización sindical”.

Foto: Argentina, Gobierno - Carlos Tomada, ministro de Trabajo. / Fuente: Ministerio de Trabajo

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Brasil impulsa política farmaceútica en BRICS

ANSA

El ministro de salud brasileño, Alexandre Padilha, que acompaña a la presidenta Dilma Rousseff en sus encuentros en la ONU, anunció que se estudia junto a los países del grupo BRICS, un plan de acción para reducir el precio de los medicamentos.

"Aprovechamos nuestra presencia en la ONU para aproximarnos a otros países del mundo como Rusia, China, India y Sudáfrica, que son el BRICS, para juntos poder reducir el precio de los medicamentos", declaró Padilha hoy en entrevista con Radio Nacional.

"Cuando actuamos juntos representamos la mitad de la población mundial, por eso queremos que los laboratorios sepan que queremos que los precios de los medicamentos caigan", señaló el funcionario desde Nueva York.

Padilha, que ya participó en una reunión de ministros de salud del BRICS realizada en China, dijo que hay disposición de ser "socios de los laboratorios", y fabricar medicamentos en gran escala, pero a precios "más bajos".

En tanto Rousseff dijo ayer, al hablar en la sede de la ONU, que la salud es un "derecho humano", reconoció la "propiedad intelectual" de los laboratorios, pero justificó que éstas sean "flexibilizadas" en algunos casos. Brasil ya quebró patentes en campañas contra el Sida, durante el gobierno anterior, y en el actual lanzó el programa "Salud no tiene Precio" de entrega de medicamentos gratis contra la diabetes y la hipertensión comentó el ministro Padilha al justificar el acuerdo con los BRICS.

Por otra parte fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron a una agencia de noticias que Brasil propondrá aportar 10.000 millones de dólares para socorrer a Europa, durante el encuentro del BRICS que se realiza esta semana en Washington.

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Venezuela oficializa la nacionalización de su industria aurífera

ABN

La Presidencia de la República promulgó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que nacionaliza la explotación e industrialización del oro para regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas para su ejercicio.

Venezuela tiene reservas de 365,8 toneladas de oro, las segundas más grandes de América y entre las 20 mayores del planeta.

El Decreto 8.413, publicado en la Gaceta Oficial 39.759 del pasado viernes 16, destaca que la aplicación de la legislación "permitirá revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de los mineros y pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras, ya que pretende vincular la explotación del mineral con la ejecución de políticas públicas que se traduzcan en el buen vivir del pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional".

La normativa, decretada en el seno de la Ley Habilitante -promulgada a mediados de diciembre pasado-, establece que los yacimientos de oro del país pertenecen a la República y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado, además de inalienables, imprescindibles y carentes de naturaleza comercial por ser recursos naturales no renovables y agotables.

“Todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela, a través de la aplicación de prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recuperación o extracción racional del recurso aurífero, respetando la conservación ambiental y la ordenación del territorio”, reza el texto.

De este modo, las actividades mineras sólo podrán ser ejercidas por la República a través de su institutos públicos, o empresas de su exclusiva propiedad, o filiales, así como por empresas mixtas, en las que la República, tenga control de las decisiones y mantenga una participación, mayor del 55% del capital social.

La Ley contempla el cambio de las concesiones, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y contratos para la exploración y explotación del oro, a un esquema de Empresa Mixta, por lo que se designará una comisión que negociará, en un margen de 90 días continuos a la publicación del Decreto Ley, la constitución de estas asociaciones

Asimismo, determina que, de las cantidades de oro extraídas de cualquier mina o yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de 13% como regalía, cuyos parámetros serán establecidos por el Ejecutivo nacional.

Dichas regalías podrán ser rebajadas hasta un límite del 3% a las empresas mixtas vinculadas a proyectos mineros de interés social.

Aquellos que realicen las actividades primarias, conexas o auxiliares, sin cumplir con las formalidades establecidas por el Estado, serán penados con prisión de seis meses a seis años.

Regulación económica, social y ambiental

Para el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Luis Acuña, la medida, que le permite al Estado tomar el control del sector aurífero generará beneficios en los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Indicó que a partir de la promulgación de la Ley se le garantizará al Estado la posesión del oro que se extraiga dentro del país.

“Antes cualquiera extraía y comercializaba oro y comercializaba sin ningún control, pero ahora todo el mineral debe pasar a manos del Estado, quien deberá cancelar lo que corresponda a los que realicen las labores de extracción”, dijo a AVN.

Señaló que se mejorarán las condiciones de vida de los mineros que trabajan en las pequeñas empresas.

“El Estado ha considerado importante agruparlos y organizarlos, para tratar de que ellos, en conjunto con el Estado, efectúen de una manera adecuada las actividades de explotación, lo que significará unas mejores condiciones de vida para aquellos a los que por muchos años se les ha expoliado el producto de su trabajo y no gozan con ningún tipo de seguridad”, subrayó.

Sobre el impacto ambiental de la normativa, resaltó que el Gobierno tendrá la potestad de evitar que se ubiquen áreas de explotación en zonas que deben ser resguardadas por su importancia ecológica.

“La Ley protege nuestros recursos naturales frente a la depredación de cuencas de ríos, daños ambientales, contaminaciones por mercurio, ya que lo que se plantea es una explotación racional, apegada a las normativas de preservación”, agregó.

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El Salvador: Derecha infiltrada en la policía desestabiliza Gobierno del FMLN

Geovani Montalvo (COLATINO)

Un grupo de la Policía Nacional Civil (PNC), liderado por el Comisionado Raymundo Mendoza Cordero, y apoyado por el periodista Paolo Lüers, realizan estrategias para desestabilizar los planes de seguridad del actual gobierno, denunció el cabo que se identificó como “Camilo”.

“Con el afán de mejorar la tan cuestionada PNC, les quiero aclarar que la desmotivación en la que se encuentra la mayor parte de policías, del nivel básico, es debido a estrategias desestabilizadoras que jefes del nivel ejecutivo están utilizando, y que a la fecha les está dando resultado”, señaló.

“Camilo”, quien pidió a este Dario proteger su identidad, dijo que Mendoza Cordero, personaje que “su sueño siempre ha sido ser Director de la policía, estuvo al servicio de ARENA”.

Este jefe policial realiza traslados técnicos arbitrarios, maltrata psicológicamente al personal a su cargo y ha “comenzado con una -cacería de brujas- de agentes, cabos y sargentos que ostentan títulos universitarios”, dijo el denunciante.

Declaró que los traslados técnicos son contra miembros que tienen hasta 15 años de experiencia en la División Técnica y Científica del Delito, así como Investigadores policiales, irrespetando un decreto ejecutivo que hay al respecto, publicado en 2010.

En tanto, denunció que el Comisionado Vladimir Cáceres, jefe de la delegación de Apopa, y que es también parte del grupo desestabilizador con Mendoza Cordero, pese a “que ya está jubilado, sigue irrespetando al personal, a pesar de que tiene siete investigaciones en curso en la Inspectoría por los delitos de acoso sexual y actos arbitrarios”.

Mientras, el Inspector Juan Bautista y el Subinspector Josué, ambos jefes del sistema 911 ss, “cambian lo roles a los agentes policiales para impedirles estudiar y los amenazan con traslados a diferentes partes del país”.

Agregó que en Soyapango, “obligan a los investigadores a realizar fraudes procesales” y si estos se oponen, inmediatamente son trasladados. El Cabo Camilo aseguró que todo esto se refleja en la deficiente presencia y respuesta policial.

En cuanto a la División Central de Investigaciones (DCI), el informante expresó que la institución debió crearse, con investigadores que tuvieran al menos ocho años de experiencia y un record intachable.

Sin embargo, “el jefe de la DCI, Comisionado Juan Carlos Marín, hizo todo lo contrario, por lo que investigadores le han interpuesto denuncias ante la PDDH e Inspectoría de la Policía”.

También dijeron que la actual Directora de la Lotería Nacional, ejecutó otras técnicas para desmotivar al personal.

“Estas personas se protegen de tal forma que cuenta con medios de comunicación o columnistas que les hacen la segunda como es el columnista del Diario de Hoy, Paolo Lüers, de nacionalidad alemana”, enfatizó.

Finalmente, Camilo felicitó el esfuerzo que el Director Ascencio Girón está realizando junto al Comisionado Howard Coto y otros jefes, pero lamentó que éste trabajo sea opacado con las actuaciones de los mandos policiales antes descritas.

“Estoy claro que esto va a ser desmentido por las altas jefaturas”, indicó el cabo. Asimismo, reiteró que no logra entender cómo estos jefes policiales se prestan a desestabilizar al país, en lo referente a seguridad, y al Gobierno del FMLN.

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México: Omisión oficial agrava violaciones a los Derechos Humanos de las migrantes

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

En 10 años, México se convirtió en un infierno para las y los migrantes centroamericanos; las mujeres son las principales víctimas de plagios o trata de personas en su paso hacia Estados Unidos.

“El Estado mexicano no ha hecho nada” para detener las violaciones a los Derechos Humanos (Derechos Humanos) que sufren las y los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, por parte de las autoridades y el crimen organizado, acusan organizaciones civiles especializadas en el tema, las cuales destacan que las mujeres se llevan la peor parte.

La violencia contra las migrantes en tránsito, originarias de esas tres naciones centroamericanas, empeoró hace poco más de 10 años, aunque el punto más crítico se alcanzó durante la gestión de Felipe Calderón, asegura Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa de Mujeres del Instituto de las Mujeres en Migración (Imumi).

Advierte que el binomio impunidad-inoperancia del Estado mexicano ha empeorado un problema que se agudizó tras el cambio de ruta de las y los migrantes centroamericanos por los daños que ocasionó en 2005 el huracán Stan a las vías del ferrocarril entre Tapachula y Arriaga, en Chiapas. Desde entonces el paso obligado es Tabasco y Veracruz, estados con altos índices de criminalidad.

Tan sólo en la primera entidad han sido asesinadas 70 personas durante 2011, denunciaron organizaciones civiles ante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia y que desde hace 10 días recorre el sur del país para escuchar testimonios de familiares de migrantes muertos o desaparecidos, y de las víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia.

Frontera de la muerte

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta que de abril a septiembre de 2010, se perpetraron 214 secuestros masivos de migrantes, en los que hubo 11 mil 333 víctimas; 15.7 por ciento del total son mujeres.

La CNDH señala que el 67 por ciento de los casos ocurrió en el sureste de México, 29 por ciento en el norte y dos por ciento en el centro del país.

Chiapas, Oaxaca y Tabasco, fronterizos con Guatemala, son paso natural de personas centroamericanas hacia Estados Unidos. Agrupaciones expertas estiman que cada año 400 mil migrantes dejan sus países para cruzar la frontera sur de México.

La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral (cuyas víctimas son principalmente las mujeres) se ha convertido en uno de los principales problemas en esa zona del país.

Oaxaca y Chiapas son dos de las entidades donde más se capta a víctimas de trata. En la ciudad chiapaneca de Tapachula los tratantes aprovechan la vulnerabilidad de las migrantes centroamericanas para “engancharlas” y explotarlas con fines sexuales o laborales, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

A la violencia física y sexual contra las mujeres en tránsito, se suman la extorsión, el secuestro y los asesinatos, advierte Gretchen Kuhner.

Melisa Vértiz, coordinadora de Incidencia del Centro Fray Matías de Córdova, afirma que el gobierno mexicano sabía desde hace siete años que tenía un serio problema en materia de violaciones a los Derechos Humanos de las y los migrantes, pero “no ha hecho nada para solucionarlo”.

Kuhner coincide en que desde 2004 el gobierno federal supo de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra migrantes por personal del Instituto Nacional de Migración y elementos policiacos, durante las redadas y operativos.

Hubo “omisión”, insiste la especialista, y en consecuencia aumentaron los secuestros y extorsiones cometidos por las autoridades.

Acciones aisladas

La integrante del Imumi critica la falta de una política integral para proteger a las migrantes centroamericanas. Sólo hay acciones aisladas que no resuelven el problema de fondo, subraya. Aclara que si bien existe una Ley de Migración aprobada por el Congreso en abril pasado, ésta tampoco garantiza ni seguridad ni el freno a las violaciones a los Derechos Humanos.

En su paso por Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las y los integrantes de la también llamada Caravana del Sur escucharon cientos de testimonios de familiares de desaparecidos y asesinados en este contexto de migración y de la guerra contra el narcotráfico.

En Chiapas, las organizaciones denunciaron la ocupación militar que vive el estado desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la presencia de grupos paramilitares y la criminalización de la protesta social y de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.

La caravana se reunió también con organizaciones centroamericanas para realizar un acto de perdón en Tapachula por los asesinatos y maltrato hacia la población migrante.

La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) reporta que la trata de personas afecta a seis de cada 10 mujeres en su paso por México.

De junio de 2005 a agosto de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México identificó 176 casos de trata de personas; su número aumentó a partir de 2007 y se agudizó en 2008 y 2009.

La directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa, explica que el clima de impunidad permite que el crimen organizado, además de explotar sexual y laboralmente a las mujeres, ahora las recluta como “sicarias, halconas o mulas” del narcotráfico.

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México. Código Penal justificaba el asesinato del cónyuge “infiel”: Michoacán elimina de la ley homicidio “en razón de honor”

Magdalena Guzmán Rosas (CIMAC)

Luego de tres años de debate legislativo, el Congreso de Michoacán eliminó del Código Penal del estado el delito de lesiones y homicidio “en razón de honor” o “emoción violenta”, el cual justificaba el asesinato del cónyuge en casos de “infidelidad”.

La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gabriela Desireé Molina Aguilar destacó que la reforma a diversos artículos del Código Penal local en materia de delitos de violencia de género armoniza la legislación penal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con las normas que protegen los Derechos Humanos (DH) de la población femenina.

La legisladora explicó que el delito de lesiones y homicidio “en razón de honor” o “emoción violenta” justificaba que el agresor pudiera privar de la vida a su pareja al argumentar estos motivos, lo que colocaba a Michoacán como uno de los estados con serios rezagos en materia de violencia contra las mujeres.

Molina Aguilar recalcó que ese tipo penal violaba los DH al establecer penas mínimas a quienes asesinaban a su pareja por descubrirla en acto sexual con otra persona, es decir, se protegía el homicidio por infidelidad.

Desde el 2008 en el Congreso local había sido presentada una iniciativa para reformar el Código Penal y acabar con los preceptos violatorios de los DH. La aprobación de la reforma se retrasó tres años por el desacuerdo de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Con la reforma aprobada también se cambió el término de “abusos deshonestos” por el de “abusos sexuales”, lo cual implica proteger a las niñas y mujeres de actos de violencia sexual que no lleguen a la cópula.

En cuanto al delito de violación, Desireé Molina apuntó que se amplió la protección para las mujeres respecto a su seguridad sexual y su desarrollo psicosexual.

“En ese sentido se pone especial atención en la reparación del daño a las mujeres víctimas de delitos, quienes podrán demandar el pago de los gastos médicos y psicológicos que se requieran por el tiempo que sea necesario”, abundó.

En lo que respecta a la reparación del daño, se consideran medidas para que el Estado asuma la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, partiendo de la base de que “el Estado jamás puede regular la moralidad de las personas, elemento que por ser tan subjetivo y ambiguo llevaría al Estado al riesgo de calificar de moral o inmoral conductas que no lo sean”.

También se reconocen como delitos sin derecho a libertad condicional a la corrupción de menores, pornografía y turismo sexual, incesto, secuestro, violación, abuso sexual y homicidio.

En materia de violación sexual, se imponen de cinco a 15 años de prisión y multa de 100 a mil días de salario a quien por medio de la violencia física o psicológica tenga cópula con una persona cualquiera que sea su sexo; hasta antes de la reforma, el aspecto psicológico no estaba previsto en la norma.

En lo relacionado al aborto culposo, se determina que además de que éste no sea punible cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación, tampoco lo sea cuando es producto de una inseminación artificial indebida.

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Estados Unidos: En Wall Street siguen los "indignados"

PL

Los manifestantes que irrumpieron en Wall Street el sábado al grito de "Occupy Wall Street" siguen en el Bajo Manhattan, pese al cerco policial que protege la fortaleza del sistema financiero en Nueva York.

La concentración está resuelta a permanecer todo el tiempo que sea necesario allí, como se decidió en una asamblea el domingo y los participantes, en su mayoría jóvenes, esperan que se les unan más personas.

Al menos siete personas fueron arrestadas desde que centenares de manifestantes tomaron las calles adyacentes a la Bolsa en protesta contra la "avaricia" del sistema financiero.

Ayer unos 200 "indignados" acampaban en la plaza Liberty y coreaban "Todo el día, toda la semana, ocupa Wall Street".

Poco antes del comienzo de estas demostraciones de descontento, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, vaticinó sobre la frustración de los estadounidenses por los niveles de desempleo en el país (9,1 por ciento), los cuales podrían conducir a protestas en las calles.

"Tenemos a un montón de chicos graduándose en la universidad que no pueden encontrar trabajo", dijo Bloomberg.

Los organizadores de la manifestación afirmaron que tanto Estados Unidos como el mundo están en crisis.

La meta es forzar al gobierno a tomar determinaciones contra el uno por ciento de la población, representada en las corporaciones de Wall Street, que tiene en problemas económicos al 99 por ciento del pueblo estadounidense y al mundo, estiman los promotores de esas demostraciones de descontento.

Inspirada en el movimiento de los Indignados, de España, muchas de las pancartas que enarbolan los jóvenes alertan "Basta de corrupción", "Frenen los recortes" o "Codicia de Wall Street, los neoyorquinos decimos "basta".

Fuente imagen: TURKISH FORUM

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