miércoles, 21 de septiembre de 2011

¿Existe todavía el MERCOSUR?: Competitividad vs. Proteccionismo

Carlos Santiago (especial para ARGENPRESS.info)

Las medidas “en espejo” que Brasil está comenzando a aplicar, similares a las de Argentina, interponiendo controles a las importaciones, plantean nuevas alternativas negativas para el MERCOSUR cuya vigencia evidencia un continuo desflecamiento de sus bases constitutivas. En el cono sur cada vez es más dificultoso el comercio entre los países integrante del acuerdo regional, afectando la situación especialmente a Uruguay que advierte como se borra con el codo todo lo escrito y sostenido en elocuentes e inútiles discursos, viviendo dificultades crecientes para colocar las exportaciones, especialmente las de origen industrial.

El avance del Mercosur como bloque tuvo un gran potencial de desarrollo, en cuanto instrumento de integración de sus miembros en la economía globalizada. Sin embargo, desde mediados de 1998 el auge del Mercosur se diluye fuertemente, como consecuencia de sendas crisis macroeconómicas que experimentan los cuatro países de la región.

En esta situación de crisis, todos los países del bloque tomaron decisiones unilaterales que muchas veces resultaron perjudiciales para el resto de los socios, generándose así un mayor clima de desconfianza y malestar. En ello Argentina marcó el camino aplicando una serie de trabas a las exportaciones de los demás miembros del acuerdo regional que, de diversas maneras, ha afectado a Uruguay. La “militancia” anti uruguaya del director de comercio de Argentina, Guillermo Moreno, que en base a comunicaciones verbales a impedido un fluido comercio entre los dos países a redundado, determinó, incluso, que productos perecederos se perdieran durante largas esperas en los galpones.

Por todo ello parece perder vigencia, en esta nueva coyuntura, en que Brasil tiende a irse sumando a la Argentina en la “defensa” de algunos sectores internos, el analizar los instrumentos utilizados en el Uruguay, con la finalidad promover la competitividad de las actividades productivas residentes, y estudiar en qué medida las mismas favorecen, perjudican, o son neutras desde el punto de vista de la integración profunda de los países del bloque. Porque, parece evidente, que el proteccionismo a ultranza, que está implícito en las políticas de Argentina y ahora de Brasil, poco tiene que ver con las bases constitutivas del MERCOSUR, afectando de manera severa a sectores de la economía uruguaya que no han logrado diversificar sus mercados como lo han hecho quienes exportan materias primas agropecuarias qué tienen un abanico de 140 destinos de sus productos en la totalidad del planeta.

El cambio continuo que hacen Argentina y Brasil en torno a la libertad que tienen los demás países del bloque para ingresar a esos países con productos industrializados ya ha provocado en nuestro país graves consecuencias. Todos debemos recordar el episodio de las bicicletas, en que las trabas argentinas determinaron el cierre de una planta de fabricación de los rodados, con años de vigencia en nuestro medio y que incluso era reconocida a nivel continental por los productos que producía.

En los últimos tiempos las dificultades que está ampliando Brasil ha determinando un achicamiento productivo de las industrias de armado de vehículos, de distinto porte, que durante los últimos años se habían instalado en Uruguay, entendiendo que nuestro territorio tenía un valor estratégico que les permitiría montar vehículos para comercializar en la región. Ello determinó crisis en estas empresas, inclusive, quebrando sociedades y alejando del país a inversores extranjeros que se habían interesado en el negocio.

Sobre el tema la Cámara de Industrias de Uruguay sostuvo que Argentina impone trabas que perjudican notoriamente a empresas uruguayas, agregando que dos proyectos de inversión en el puerto de Nueva Palmira corren riesgo de no concretarse debido a que Argentina frena el visto bueno con argumentos irreales.

En tanto, el Gobierno de Paraguay asegura que no puede exportar energía eléctrica a Uruguay porque Argentina dilata las autorizaciones y pretende cobrar un peaje que consideran excesivo y que no corresponde, por el libre comercio establecido por el MERCOSUR.

El presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Cámara de Industria, Rafael Sanguinetti, abundó diciendo que Uruguay sufre el efecto de conocido como “medidas Moreno”, en alusión a lo que el secretario de Comercio argentino, Guillermo Moreno, impone a las importadoras de su país.

“Tenemos una gama de impedimentos para el libre comercio con Argentina, tenemos las medidas Moreno, persona que se ocupó de hablar con los grandes importadores para que ellos no compraran nada que viniera de afuera, eso hizo que desapareciera de nuestra cartera de exportación todo lo que sea preparaciones como productos de panadería, jugos de frutas, etc”, explicó Sanguinetti.

A esto se le suma el efecto de las demoradas “licencias automáticas” que han perjudicado a empresas uruguayas que ya desistieron de exportar a Argentina para no quedar expuestas a meses de espera y pérdida de negocios.

”También el tema de las licencias no automáticas, que es una sofisticación más formal, dentro de un marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no lo respetan. En Argentina exigen para la vestimenta, por ejemplo, licencia previa, esta es una especie de si lo se no venga; o sea, hay que inscribirse, luego presentar datos, luego la licencia y posteriormente que su cliente de Argentina la consiga para así poder empezar a negociar”.

El responsable de comercio exterior de la Cámara de Industrias agregó que existen otros sectores exportadores uruguayos que también sufren trabas. “Otro capítulo son los plásticos, otro rubro que ha sido castigado fue el del papel, el de las auto partes, etc, es brutal la explícita postura argentina de defender la pequeña y mediana industria. Ahora, la nuestra ¿dónde está?”, se preguntó Sanguinetti.

Esas trabas contradicen el espíritu y la letra del tratado del MERCOSUR que dispone libre circulación de bienes entre los países socios. “El MERCOSUR ya no existe, es un marco en el que se reúnen para hablar del libre tránsito de los trenes. Yo sé que hay grandes temas para arreglar aún con Argentina y con otros países, pero el comercio, que es la base del bloque regional, desapareció”, señaló el presidente de CIU.

Sanguinetti dijo que la reacción de Argentina no se justifica porque las exportaciones uruguayas llegan a una porción chica del mercado de ese país.

¿Nueva Palmira cancelada?

También trascendió otro problema de trabas argentinas. Se divulgó que dos proyectos de inversión en el puerto de Nueva Palmira corren riesgo de no concretarse debido a que Argentina no da su visto bueno alegando que faltan “informaciones técnicas”.

El delegado uruguayo ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Luis Hierro López lo confirmó a la prensa.

El ex vicepresidente de la República calificó a ambas iniciativas como “muy importantes”, ya que “permitirían que el país tenga servicios portuarios de primera calidad”, y sostuvo que la actitud de Argentina “conspira contra el espíritu de cooperación” que sería esperable entre ambos Estados.

La situación hasta aquí someramente descripta muestra una clara contradicción en aspectos que hacen a nuestra política comercial, en la que Uruguay ha puesto el acento en mejorar la competitividad, tratando de sostener la cotización del dólar sintonizando en ello, casi con clara simultaneidad, con la política que está aplicando Brasil. Sin embargo mejorar la competitividad de nada sirve en contra el proteccionismo de Argentina y Brasil, dos de los principales destinos de nuestras exportaciones.

Si los países vecinos no abren las válvulas al ingreso de nuestros productos, sectores de nuestra producción, especialmente la industrial, se verá en mayores dificultades. Pero además nuestro gobierno debería replantearse la concreción de políticas activas sobre el funcionamiento del decadente MERCOSUR.

¿O no?
Carlos Santiago es periodista (Columnista de Bitácora, suplemento del diario LA REPUBLICA, de Uruguay).

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Nace el Frente Amplio (FARP), la nueva alternativa de gobierno popular en Honduras

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Algunas reflexiones subjetivas sobre una decisión histórica en Honduras.

Video (2 horas) de la Asamblea: http://www.vimeo.com/29251696
Nace el Frente Amplio (FARP), la nueva alternativa de gobierno popular en Honduras.

Foto: La nueva bandera del FARP, Frente Amplio de Resistencia Popular.

Ante 1500 delegados de todo el territorio nacional, el sub coordinador de la Resistencia hondureña, Juan Barahona, declaró que el Frente Amplio de Resistencia Popular ya tiene estatutos y puede comenzar su proceso para inscribirse legalmente como partido político del pueblo hondureño.

Con esa decisión, el pueblo ha sido partícipe por primera vez en su historia en la construcción de su propia herramienta política. El “Padrino”, Frente Nacional de Resistencia Popular, sigue como un frente de masas y como una herramienta de la lucha cotidiana.

Y así se complementa un proceso que gradualmente ha crecido desde que la decisión de crear un brazo político del Frente de masas fuera tomada en la asamblea nacional, en el mes de junio, año en curso.

Foto: Durante tres meses miles de Resistentes han estudiado los Estatutos que van a regular el trabajo organizativo del Frente Amplio.

En el Orden del Día del sábado 17 de septiembre, sólo había un punto en el debate y era la aprobación de los estatutos. Han sido discutidos y procesados durante tres meses en todos los comités del Frente situados en los caseríos, aldeas, municipios y departamentos. Ese proceso democrático, donde miles de Resistentes aportaban con propuestas, culminó con la aprobación de los Estatutos. Sólo falta incluir o rechazar propuestas que fueron presentadas durante el debate de la asamblea y será un comité redaccional que tendrá esa tarea.

Foto: El diario El Tiempo, Bogota, alertó el 13 de septiembre de 2009 que paramilitares colombianos eran reclutados por un hondureño que ha sido sindicado como Billy Joya, un jefe del Batallón 3-16, acusado de ser un escuadrón de la muerte de la década -80.

El nacimiento del FARP, Frente Amplio de Resistencia Popular, ha sido recibido por diferentes sectores del Poder Fáctico hondureño, con horror y desprecio. Intuyen en este nuevo partido popular, una gran amenaza contra su poderío. El Acuerdo de Cartagena entre Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chavez, de Venezuela, está prácticamente muerto. Lo que seria un mejoramiento de los derechos humanos ha sido respondido con un aumento de asesinatos selectivos casi diariamente contra los integrantes de la Resistencia hondureña. El Poder Judicial sigue sus procesos contra los ex ministros del derrocado presidente Manuel Zelaya, al mismo tiempo que las fuerzas armadas intensifican su militarización en el Valle de Bajo Aguan, donde el campesinado organizado se ha convertido en blanco militar por las fuerzas criminales que operan al servicio de los terratenientes. Pero ahora informan los generales que ha surgido una guerrilla apoyada desde Nicaragua con armas y entrenamiento. En la semana pasada fueron víctimas un soldado del ejército y un policía, más varios heridos en una emboscada, hecho que la Resistencia califica como un “Falso Positivo”.

“Las declaraciones del general (Osorio) y beato, no son casuales; hace muchos meses venimos advirtiendo que se estaban produciendo las condiciones para, mediante la invención de una insurgencia armada, justificar arrestos, torturas, persecución y asesinato de miembros de la resistencia nacional. El patrón se ha seguido al pie de la letra y antes de que termine el 2011, ya se cuenta con un escenario para aumentar las ejecuciones de nuestros miembros. Informes de buena fuente nos indican que en cualquier momento nos mostrarán mapas conteniendo los supuestos “puntos ciegos” desde donde ingresan las armas procedentes de Nicaragua. Todo esto obedece a un plan mayor, coordinado por el departamento de defensa de los Estados Unidos de América”, comentó Ricardo Salgado, asesor político de Manuel Zelaya, en un escrito el domingo pasado.

Foto: Honduras: La "Colombianización" de Honduras va. En la foto una de las masacres contra los campesinos organizados en Bajo Aguán.

Es obvio que el plan elaborado entre sectores del Comando Sur y del estado hondureño, tiene como meta impedir que el Frente Amplio pueda ejercer su derecho constitucional y participar en las próximas elecciones del 2013 convirtiéndose en una alternativa real para la toma del poder. Huele a Colombia y su Plan de Exterminio Político de lo cual fue objetivo militar la Unión Patriótica (UP) después de su fundación, en 1985. Hoy representa un esqueleto, ha enterrado más de 5000 de los mejores cuadros, objetivos militares de un estado terrorista e intolerante contra toda opción política popular.

La diferencia entre la UP y el Frente Amplio en Honduras, es lo que su propio nombre indica: “Amplio”. Formado desde el seno del FNRP que en su declaración de principios políticos y sus 124 artículos de los estatutos, se declara antioligárquico y antiimperialista, cuya finalidad es crear Poder Popular con una gama amplia de sectores populares como integrantes en el FARP.

Foto: Las mujeres de la Resistencia en la recolección de firmas para la inscripción del FARP

Las primeras tareas concretas se basan en juntar 50.000 firmas que serán entregadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 3 de octubre. Es importante recordar, que la Resistencia juntó casi 1,4 millones de firmas para una nueva Constituyente en momentos de plena dictadura cívico-militar y la tarea de obtener 50.000 firmas no se ve como algo demasiado complejo. Es obvio, dice Zelaya, que el TSE u otros organismos del estado, harán lo imposible para poner trabas en el camino para el FARP.

La decisión de crear un brazo político de la Resistencia de masas, fue rechazada durante la asamblea nacional en el mes de junio por algunos sectores, principalmente ong´s, pequeños grupos de izquierda y sectores que atacan a los movimientos sociales, pero el núcleo de la Resistencia que representan las masas polulares como los movimientos sociales, sindicatos, las organizaciones políticas como los Liberales en Resistencia, Tendencia Revolucionaria, Los Necios, el Bloque Popular entre varias, votaron en favor a la creación del FARP.

Lo que también ha sido obvio durante los tres meses de elaboración de los estatutos, es que esa corriente de la Resistencia, agrupada en lo que ahora se llama “Espacio Refundacional”, ha ido creando una tendencia ya institucionalizada en el FNRP. Cuando faltaban sólo unas diez horas para que comenzara la asamblea del FNRP del sábado pasado, declararon que no iban a participar en la convocatoria, por considerarla antidemocrática.

En cinco puntos fueron explicadas las razones por lo cual no iban a participar; “Es improcedente que el único punto de la Agenda de esta Asamblea sean los Estatutos del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP) sin antes haber aprobado los Estatutos del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)”.

Foto: La asamblea extraordinaria el 17 de septiembre de 2011.

Ante esa posición, Gilberto Ríos Munguía, miembro de la Coordinación Nacional del FNRP y secretario de Formación Política e Ideológica de los Necios, respondía la misma noche:

“En sesiones de la Coordinación Nacional y de la Comisión Política se discutió ampliamente la idea de tener estatutos del FNRP. Sin embargo, no se llegó a consenso. No es entonces ´improcedente´ porque no se ha acordado ningún procedimiento para estos fines. No obstante, otros compañeros y compañeras se mostraban adeptos a la redacción de una carta constitutiva del FNRP que al final no generó una propuesta concreta. Hay que tomar en cuenta, en este sentido también, la consideración del Sub Coordinador General Juan Barahona, cuando nos decía en reunión que no era partidario de tener Estatutos en nuestro frente de masas, ya que -por lo general- en la tradición gremial estos documentos se utilizaban para marginar o incluso expulsar compañeros, prácticas que no son convenientes en los frentes de masas. El Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, nunca ocuparon estatutos para lograr acuerdo con respecto a movilizaciones y acciones de calle; ese flexibilidad le permitió sin embargo marchar o manifestarse con muchos sectores que no eran ´regulares´ en las manifestaciones públicas”.

El tema de táctica y estrategia sigue siendo el tema entre la lucha, primero, por una nueva Constituyente y después por las elecciones generales. Las experiencias históricas de los países de ALBA, sin embargo, demuestran lo contrario. Si la correlación de fuerza hubiera sido diferente, entre golpismo y Resistencia, si la Resistencia hubiera elegido el camino armado para derrocar a la dictadura y su heredero en la presidencia, pues la situación habría sido similar a la de Nicaragua después del triunfo de la revolución del 1979 cuando los sandinistas primero convocaron elecciones a una constituyente y después convocaron las elecciones generales en el ’84 en donde los sandinistas ganaron con 60 por ciento. Pero durante los 26 meses que han pasado desde el golpe de estado en Honduras, la Resistencia no ha logrado de cambiar el fundamento de la sociedad hondureña por la cual amplia ahora su radio de acción, participando en las elecciones.

Foto: Asamblea en homenaje a los mártires caídos en la lucha por la nueva Honduras. / Autor: Dick Emanuelsson

El espacio refundacional sostiene que no se puede participar en las elecciones por que el golpismo controla todo el aparato electoral. Pero en vez de tomar el debate en la asamblea del FNRP, se abstuvo y declara lo siguiente lo que podría provocar confusión y división:

“Por otro lado, es evidente que se está privilegiando la consolidación de un proyecto político-electoral para participar en los comicios que convoca la elite golpista, por encima de un proyecto político de lucha para construir Poder Popular desde abajo. A nuestro juicio, eso contribuye a la estrategia oligárquica y del gobierno de los Estados Unidos de disminuir el perfil del FNRP hasta destruirlo.”

Gilberto Ríos, en cambio, rechaza esa posición:

“La alta dirigencia del Frente -su asamblea- ha decido privilegiar la opción electoral como estrategia de toma del poder. Eso significa que debemos seguir avanzando en la ruta que nos conduzca a legalizar el partido y nos permita la participación electoral en los comicios del 2013. Sin embargo, las convocatorias han sido constantes para continuar la presión popular en las calles, o ´desde abajo´ como dice el escrito”.

Una de las ONG´s, parte del Espacio Refundacional, es Copinh. Salvador Zúñiga es vocero de esta organización y en un comunicado el 14 de septiembre refutó a la Resistencia hondureña y la creación del FARP. Propuso una difusa propuesta de crear poder popular en vez de participar en elecciones.

Pero fue más allá y rechazó en forma general, elecciones como vehículo para canalizar el descontento y formular una alternativa de gobierno para que las masas empobrecidas y explotadas puedan tener una alternativa política en el futuro. Tomó el ejemplo de las victorias electorales del Frente Sandinista (noviembre de 2006) y el FMLN en El Salvador:

Foto: 250.000 nicaragüenses en León recibieron el sábado pasado el candidato a la presidencia el 6 de noviembre, Daniel Ortega, no importaba la lluvia tropical.
“En centro América hemos visto partidos de izquierda ascender a lo que ellos llaman el poder, para el caso El Salvador o Nicaragua y que triste ver como la pobreza se expande y se profundiza, es triste ver como reinan las transnacionales y se apoderan de la minería, administran la electricidad, acaparan el agua y explotan a esos pueblos, reina la impunidad y más de alguno de esos gobiernos hasta ha mandado tropas militares para acuerpar el plan de guerra del imperio, el poder se queda en dirigentes que antes se creían personas de carne y hueso y hoy se creen a la altura de Dios o más alto de Dios, juegan Golf y visitan los hipódromos, asumen las costumbres de la burguesía, mientras los lisiados de guerra y los ex militantes de base que apoyaron la Vanguardia en los días de feroces batallas son ignorados totalmente. . . Abrazo la línea refundacional como mi opción política personal porque, creo firmemente en que este país ha tocado fondo”.

La crítica hacía Nicaragua es insólita además de mal intencionada. Ayer, al mismo tiempo que desde la Resistencia se celebrara la asamblea en Tegucigalpa, más de 250.000 nicaragüenses en las ciudades de León y Chinandega llegaron para dar su apoyo a Daniel Ortega y al Frente Sandinista en los comicios de noviembre, año en curso. No solamente las masas nicaragüenses están con el Frente Sandinista, lo que vimos personalmente el 19 de julio cuando 600.000 nicaragüenses celebraron el Día del Triunfo de la Revolución en Managua y los 50 aniversario del Frente Sandinista.

Foto: Unos títulos de Radio La Primerísima sobre los éxitos del gobierno sandinista.
El éxito http://nicadickema.blogspot.com/2011/09/la-tormenta-tropical-de-lluvias-no-pudo.html en todos los frentes de trabajo del gobierno nicaragüense, durante estos cinco años es más que notorio. Hasta el embajador estadounidense saliente de Managua respira resignación ante el descomunal avance de los sandinistas, encabezados por Ortega, durante este tiempo y dice que la victoria electoral en noviembre ya es un hecho. Pero para Zúñiga y Copinh, Daniel Ortega y los ministros sandinistas han convertido a Nicaragua en una presa fácil para el Imperio y las empresas transnacionales. ¿Esa es también la posición del Espacio Refundacional?

Ricardo Salgado rechaza los argumentos en el sentido que el Espacio Refundacional ha sido excluido, agregando que la Dirección Nacional del Frente “hace varios meses nombró una comisión de acercamiento con el Espacio, la cual quedó a la espera de las gestiones para nuevas reuniones. Contrario a la exclusión de que se habla, se ha tratado de muchas maneras de involucrar en la discusión a los compañeros del Espacio Refundacional. Personalmente he tratado al menos media docena de contactos, con diferentes miembros de ese grupo”.

A pesar de todo, varios integrantes de este espacio participaron en la asamblea ayer sábado. No sabemos si tenían otro propósito con su presencia, dicen varios integrantes del Frente, porque una vez clausurada la Asamblea Extraordinaria, un miembro del Espacio, convocó a 9-10 de los 19 representantes departamentales del Frente e intentó congregarlos a una asamblea nacional del FNRP para el mes de octubre. Hecho esto en forma PARALELA a las estructuras del Frente Nacional de Resistencia Popular. Si es así, podría ser un paso previo a la creación de un nuevo Frente Nacional de Resistencia Popular, pese a que se propone justo en los meses de septiembre y octubre, cuando los militantes del Frente tienen la tarea indispensable de juntar las 50.000 firmas, requisito primordial para poder participar en las elecciones próximas. Esto representaría un golpe artero a la lucha del pueblo hondureño.

La ex-cerebro de la contra-inteligencia británica, Daphne Fox, en un programa con el periodista Tom Mangold, celebrando el colapso de la Unión Soviética, contó cómo operaron los organismos de la inteligencia británica en varias partes del mundo. Fox dijo a Mangold casi textualmente estas palabras: “Nosotros actuamos deliberadamente para no poner en peligro a nuestra gente, trabajamos para dividir, confundir y manipular a nuestros enemigos para que ellos mismos se mataran entre si.....”.

Foto: Comienza una nueva etapa en el trabajo de la Resistencia hondureña.

Los estatutos dan derechos pero también deberes a los militantes.

La lógica política indica que los estatutos son para regular la vida interna y externa, nunca para cerrar un espacio democrático. Son para regular los derechos y deberes de las personas que se han afiliado a una organización por convicción. Los estatutos son el guía en la conducción de una organización, para facilitar y agilizar el trabajo organizativo para que el trabajo político tenga el mayor éxito.

Los tres meses de proceso para elaborar y socializar la propuesta de estatutos para el Frente Amplio de Resistencia Popular, fueron necesarios para que los miles de Resistentes de Honduras, puedan seguir extendiendo la organización que nació una mañana en la Pupusería frente a la Casa Presidencial, en ese momento tomada por los militares golpistas.

Han sido 26 meses de arduo trabajo, de sudor, sangre y dolor, donde han caído por las balas asesinas muchos compañeros y compañeras, subrayan los delegados de la asamblea extraordinaria del Frente.

Los estatutos no son “pétreos”, como algunos artículos de la constitución hondureña, es decir, intocables. Los estatutos son de constante revisión, para ser ajustarse a los momentos. Durante una dictadura feroz se necesitan otro tipo de estatutos. Se debe actuar de acuerdo a la situación como se va planteando y en estos momentos todo está a la vista.

Se ensombrece el cielo hondureño por un lado, por otro vemos una luz que va abriendo el panorama y que anuncia que con voluntad y conciencia el destino de los hondureños y hondureñas, puede cambiar.

El pueblo será el que tenga la última palabra, es de esperar que no existan olvidos ni descuidos porque ya hay demasiada sangre derramada a lo largo y ancho de la geografía partida al medio por la intolerancia.

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Chile: Terrorismo pro-gubernamental contra movimiento estudiantil

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Diversas denuncias apuntan a un recrudecimiento en Chile de prácticas de "asociación ilícita" -al margen de la ley y de los organismos regulares de represión-, y otras de los mismos Carabineros, propias del fascismo y de la dictadura de Pinochet, contra la movilización estudiantil de 4 meses que abarca a profesores y apoderados. Todo esto ocurre mientras el gobierno afirma estar en "diálogo" con los líderes de los estudiantes.

En Punta Arenas fue secuestrada y torturada para sacarle información una madre de clase media que participa con sus hijos en la toma de su colegio, en tanto en Valparaíso son frecuentes las intercepciones telefónicas, amenazas anónimas a celulares de docentes, pinchaduras nocturnas de neumáticos de vehículos de profesores, e incluso decanos, de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) que apoyan a los estudiantes, además de frecuentes disparos nocturnos con armas de fuego contra esa sede universitaria. Los más vulnerables son los académicos de nacionalidad extranjera.
Universidad de Valparaíso
El Dr. Raúl Vinet Huerta, profesor de la facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, casa de estudios estatal, pública y autónoma, denunció que el 5 de agosto "a las 12:30 llegué a la facultad de Ciencias, Av. Gran Bretaña 1111, para cuidar mis peces y el aire quema mis ojos y nariz. Los estudiantes estuvieron limpiando todo porque durante la noche, entre las 24:00 y las 4:00 de la madrugada, los carabineros tiraron 18 bombas lacrimógenas adentro de nuestro campus. Una bomba pasó por la ventana de la facultad de Farmacia. Yo verifiqué que fueron 17 (una está adentro de Farmacia)". El académico recomendó que "los profesores que tienen animales en el bioterio viejo deberían chequear sus animales. Mi bioterio esta OK porque apagamos los ventiladores en la noche. Como yo entiendo, los carabineros pusieron bombas lagrimosos adentro de la facultad de Derecho y Psicología durante la noche, mas temprano esta semana". Para el académico, "la conducta de los carabineros es inaceptable en un país 'democrático'. Pienso que hemos llegado a un momento en que el Rector necesita denunciar la conducta de Carabineros".
Universidad de Playa Ancha
La misma noche de la agresión en la Universidad de Valparaíso un vehículo de Carabineros pasó disparando frente a la casa central de la Universidad de Playa Ancha, también en Valparaíso, e hirieron por la espalda con balines a un estudiante que debió ser internado en el Hospital Van Buren. En otros incidentes, el 18 de agosto la Policía de Investigaciones (PDI) disparó balines contra una joven estudiante y el 2 de septiembre carabineros atacaron la facultad de Arquitectura de la U. de Chile, en Santiago. Casi todas estas imágenes fueron captadas por los estudiantes y aunque circulan profusamente por Facebook y YouTube algunos afectados suelen ocultar su rostro por temor a represalias.
Un decano de la UPLA, que prefiere guardar su nombre en el anonimato, reveló que encontró desinflados todos los neumáticos de su automóvil después de realizar gestiones para sacar en libertad durante la noche a estudiantes detenidos por Carabineros. Además, recibe frecuentes amenazas por teléfono en su hogar.
Secuestro en Punta Arenas: "¿Quiénes son esos malditos?"
"La movilización de los estudiantes en Punta Arenas se está tornando peligrosa para los niños y creo que hay que denunciarlo, no callarlo ni fingir que en Chile no pasa nada", manifestó Joaquín Figueroa, hijo del historiador y académico Patricio Figueroa MacGinty. "Esto es serio, esto es lo que hacen con nuestro hijos; es lo que suponen es lo "correcto" en términos de una doctrina de seguridad nacional que en Chile no ha cambiado un ápice desde la dictadura", añadió Joaquín Figueroa. "Denunciar es una buena manera de ir dando a conocer que lo sabemos y no estamos inermes”.
La joven Amanda Figueroa, dirigente estudiantil de Punta Arenas de 15 años, expulsada de su colegio por tomárselo con sus compañeros, relató en un mail a su padre, Joaquín Figueroa, que "es complicado escribirte por estos medios porque supongo que te hablo a ti y a una serie de personajes más que no tendrían por qué invadir mis recursos de comunicación. Pero en fin, a través de todas las intervenciones tengo más que claro que ellos nos tienen miedo, cosa que no nos pasa a nosotros, porque nuestras ideas son las que les hacen temblar su sistema insostenible, son los ideales justos y necesarios por los cuales luchamos y lucharemos hasta ver que se pongan en marcha... Nosotros tenemos convicciones y ellos..., intereses individualistas y asquerosos...
"Todo este preámbulo viene al caso con lo que tengo que contarte: estos sapos represivos están retomando métodos propios de sus tiempos de dictadura y en Punta Arenas, hoy (viernes 16) una mujer que es como la mami de las tomas, fue secuestrada desde su casa, la llevaron a algún lugar donde la amarraron a una cama, la golpearon con paños mojados y quizás que más le hicieron... No ha hablado casi nada. La tuvieron durante 3 o 4 horas así, encerrada, intentando sacarle información sobre nosotros... con nombres y apellidos, dónde vivimos, quiénes nos acompañaban y demases. Como se negó a hablar, quedo muy a mal traer física y psicológicamente.... En lo inmediato, estamos articulando medidas de seguridad para todas las caras visibles de esto... Nadie anda solo en la calle... ni de noche... Todos sabemos dónde andan todos. Tenemos que avisar cuando llegamos y nos vamos de un lugar... Me vine antes de la reunión por lo tarde, pero también veremos cómo resguardar el asunto en las casas... O sea, articularemos una red donde sin dejar de trabajar por el movimiento estemos resguardados. El caso particular de hoy, esta siendo trabajado también para que se sepa... y se investigue quiénes son estos malditos...”
Aparte de los organismos policíacos clásicos, las sospechas sobre la autoría de estas actuaciones ilegales también recaen sobre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), creada en 2004 para legalizar una controvertida dependencia, “extra legal” y secreta, del ministerio del Interior llamada "La Oficina". La ANI, cuya misión es "coordinar y asesorar" al Presidente de la República, también depende del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y su actual director es Gonzalo Yuseff. De acuerdo con su página oficial (1), "de conformidad al artículo 38 de la Ley N° 19.974 la información relativa a la estructura orgánica, facultades, funciones y atribuciones de las unidades u órganos internos revisten el carácter de secreta”. En 2011 se le asignó un presupuesto de 4.607 millones de pesos, unos 10 millones de dólares, donde el 77% del gasto corresponde a "personal".
Referencias:
1) http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad/2/4/facultades/0/2011
http://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/ani/organica.html

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

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Argentina: Falsas soluciones y profundización del modelo

GRR

A raíz del proyecto de ley propuesto por la presidenta Cristina Fernández, titulado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”,proponemos llamar la atención sobre el proceso que ha seguido nuestro país en los últimos años en relación a la tierra y el territorio, agregando algunos datos y reflexiones, que no deberían dejar de considerarse a la hora de discutir con amplitud un tema tan sensible para los argentinos, tal como lo es el control y manejo por parte de extranjeros de nuestra tierra.

Como GRR, entendemos que lo primero que debe quedar en claro a la hora de hablar de “extranjerización de tierras rurales”, es que las variables que deben ser consideradas en la discusión no pueden centrarse únicamente sobre la propiedad de la tierra, en la medida que al hacerlo caeríamos en un reduccionismo malicioso que nos enarbola tras un supuesto nacionalismo confuso, porque limita el problema a la discusión sobre los nombres que deben figurar en los registros de tierras (dueños argentinos), mientras permite que el manejo y control de las tierras puedan seguir en poder de los grandes capitales.

Cuando hablamos de luchas contra la “extranjerización de tierras”, la propiedad no es el único punto a considerar. El uso de esas tierras, la producción, la vida misma sobre ellas, su manejo y control, son aspectos tanto o más importantes que la propiedad de las mismas. Basta recordar que desde el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (que entonces era -8,4 millones de hectáreas) y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento. En estas condiciones, la participación de asociaciones de hecho como los "pooles de siembra" ha sido preponderante. Hoy en día tenemos menor cantidad de productores pero con mayores extensiones de tierra y nivel de capitalización.

En ese contexto, que los extranjeros no puedan tener la propiedad de las tierras, pero sí el uso, explotación y control de ellas, parece una disposición absurda o al menos una contradicción in situ.

¿Por qué deberíamos aceptar que la discusión sobre la tierra y el territorio, que no es otra cosa que discutir nuestra Soberanía, se limite de esta manera a una tenencia de pasaporte? ¿No nos merecemos al menos la posibilidad de que se introduzca en el debate el QUÉ, EL CÓMO, CON QUIÉN y sobre todo PARA QUÉ y para QUIÉN estarán a disposición las tierras argentinas? ¿Tendremos que conformarnos con que en la Argentina actual las tierras “rurales” continúen figurando en los registros de propiedad a nombre de argentinos, mientras en la realidad cotidiana serán otros quienes las controlen y dispongan de ellas?

No nos confundamos, este tipo de simulacros de defensa de lo Nacional, adormecen nuestra conciencia popular, al engañarnos con textos de leyes que parecen proteger nuestros bienes naturales en salvaguarda de la Soberanía, pero que, en realidad, resultan ser meras distracciones o cortinas de humo, mientras se profundiza la entrega del control y manejo de nuestras tierras.

El caso de los acuerdos firmados por el Gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Angel Saiz con la empresa estatal china de la provincia de Heilongjian, es un claro ejemplo de cómo se puede avanzar sobre el control de vastas extensiones de territorio argentino (más de 320.000 hectáreas) por parte de potencias extranjeras, sin que dicha entrega y sometimiento se vea aunque sea mínimamente afectado por los proyectos de regulación a la extranjerización de las tierras rurales. Los chinos no tienen oposición al proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, más bien nos cabría pensar que celebran este tipo de leyes porque calman con engaños el clamor de nuestro pueblo, mientras ellos continúan con los negociados espurios que les permiten hacerse del control de las tierras argentinas.

A pesar del vocerío contra la extranjerización de tierras, China pasará a controlar la producción de 330.000 hectáreas en los valles rionegrinas, sobre un total de tierras aptas para agricultura de 500.000, a lo sumo 800.000 con un sistema de riego muy eficiente. Es decir que China controlará, en el mejor de los casos, casi la mitad de las tierras agrícolas de toda la provincia de Río Negro, en el peor, controlará más del 65% de las tierras aptas para agricultura de la provincia de Río Negro. El agua y los nutrientes contenidos en los alimentos que se desean llevar, tampoco figuran en la contabilidad economicista. Las consecuencias sociales y ambientales de su peculiar modo de producción tampoco.

No tendrá China la propiedad de la tierra, pero sí el total control de las mismas. Pero aún en el caso que el proyecto de acaparamiento se propusiera la compra de esas tierras, la asociación de que disponen con la empresa CRESUD de Eduardo Elsztain o con las empresas de Marcelo Mindlin, publicitadas como supuestamente nacionales, les permitiría sortear los triviales obstáculos que le impondría la Ley contra la extranjerización de tierras en debate.

Lo mismo sucederá en la provincia del Chaco, donde el Gobernador Capitanich ha firmado acuerdos con la empresa proveniente de Arabia Saudita del Sheik Al-Khorayef (Alkhorayef Group) para que dicha empresa pueda producir más de 220.000 hectáreas de patrimonio de los Chaqueños.

Es claro que, a partir de estos acuerdos, estas provincias quedarán sometidas a las necesidades y designios de los capitales extranjeros, con la consecuente violación a la Soberanía Nacional, implicada en la violación a las Soberanías Provinciales por parte de potencias extranjeras. Nos preguntamos ¿Habrá sido esa, la fragmentación del poder político, una de las razones para derogar la Constitución Nacional de 1949?

Volviendo a la discusión sobre la propiedad, uso y control de la tierra, viene bien recordar los dichos de Gustavo Grobocopatel, quien muchas veces se ha calificado a sí mismo como un “sin tierra” jugando con el paralelismo del MST de Brasil, a pesar de ser uno de los grandes empresarios del agro que tiene la argentina. El hecho de que pueda convivir esta contradicción en nuestro país, debiera al menos llamar nuestra atención sobre lo que implica la propiedad de la tierra y la poca importancia que tiene hoy para el modelo económico productivo agroexportador. De la totalidad de las tierras que controla y maneja Grobocopatel, menos del 20% son de su propiedad.

Al igual que Grobocopatel, los pooles de siembra argentinos e internacionales, los chinos en Río Negro y muy probablemente los Saudíes en el Chaco, podrán decir que ellos en la Argentina son “sin tierras”, puesto que ninguno pretende tener la propiedad de la tierra, si no que buscan controlarlas, explotarlas y manejar a su arbitrio lo cosechado.

Por otro lado, la vaguedad y ambigüedad de los conceptos que se encuentran en el proyecto de ley introducido en el Congreso por la presidenta, aporta a la generalizada confusión que envuelve la discusión sobre la extranjerización de las tierras argentinas.

La ley indica que debe ser aplicada a todas las personas que posean “tierras con destino rural”, que es un concepto que la ley no define o al menos no lo define con claridad. También habla de “tierras rurales” y que es “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino” lo que nos remite nuevamente a la discusión que venimos sosteniendo en el marco de las llamadas “zonas libres de agrotóxicos” que muchos ambientalistas realizan… ¿Qué es ejido urbano, donde está definido, determinado, demarcado? ¿Los ejidos urbanos definidos por las cartas orgánicas de los Municipios se encuentran realmente actualizados, o son los mismos que se establecerían en las actas fundacionales? Entonces, ¿Desde donde habrá de contarse las tierras rurales o las tierras urbanas?

Otro punto que debe sostenerse es que si bien el proyecto tiene como objeto “a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones comunes y particulares que nacen del dominio, posesión o tenencia de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley”, luego sólo habla de los límites a la titularidad de dichas tierras (punto b) del Art. 2), dejando de lado la posesión y/o la tenencia de las mismas.

En fin, irregularidades jurídicas podríamos sostener más, pero la vaguedad y ambigüedad del proyecto de la presidenta, debe ser al menos una alarma más a tener en cuenta, aunque más no sea en la corta discusión sobre los registros dominiales de las tierras, que seguirá siendo siempre poco a la hora de hablar sobre extranjerización de tierras.

No deja de llamarnos la atención el triste proceso mediante el cual llegamos a discutir sobre registros y titularidades dominiales, dejando de lado la discusión sobre el poder y control de las tierras argentinas.

Las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo de las zonas rurales han estado largamente ausentes, o mejor dicho, esa es en realidad la política pública imperante de los últimos años: el abandono de un desarrollo rural que incluya en su seno la vida en esa misma ruralidad y el trabajo de los argentinos en la tierra y echando sus raíces en ella. El modelo actual de Agronegocios, nos impone nuevos debates y mayores consideraciones sobre la tierra y sobre nuestro territorio, que simplemente la discusión sobre la mera titularidad dominial, Entre la enormidad de secuelas provocadas por el modelo de uso y acaparamiento del suelo para la agro exportación, debería considerarse la presión inmobiliaria y especulativa sobre todas las nacientes de agua a lo largo de toda la cordillera de los Andes, lo cuál significa un mayor éxodo rural.

Hoy finalmente muchos son los que comprenden que el modelo expuesto en el marco del PEAA, por la Presidenta de la Nación, refiere al crecimiento de una agricultura sin agricultores. Es de esperar que pueda comprenderse también, que proyectos de ley como el del Poder Ejecutivo, hayan sido elaborados para profundizar dicho incremento del despoblamiento, de modo tal, que habremos de sumarle el epíteto “con propiedad de la tierra”, pero sin poder disponer de ella. Que mencionen en el Proyecto de Ley que se elabora, la palabra “participativo” ofende, pues quienes sumaron su “voto calificado”, por ejemplo en las universidades, son cómplices del modelo extractivo o dependientes de los subsidios académicos que esos respaldos posibilitan.

El agronegocio sigue sumando consignas, a la de “las semillas patentadas – sin derecho al uso propio”, se le agrega hoy “la tierra escriturada – sin usufructo propio”. Un modelo de agricultura sin agricultores, con propiedad de la tierra, pero sin poder disponer de ella el país de los argentinos. La situación que denunciamos en Río Negro y en el Chaco, y que creemos que debe considerarse en las discusiones sobre la tierra y el territorio, se enmarca a nivel internacional en las discusiones del land grabbing o sea el acaparamiento de tierras. Con el land grabbing se extranjerizan las tierras, con los acuerdos como los que se implementan en las provincias de Río Negro y del Chaco también, aunque no impliquen la propiedad de las tierras.

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Argentina. Bienes naturales y modelo productivo: “El monocultivo es incapaz de responder a la necesidad de alimento”

PUNTAL - ACTA

En el marco de la muestra “Somos la tierra”, organizada por la Coordinación de la Constituyente Social, investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) indicaron que el 60% de las tierras cultivadas del país están sembradas con soja y advirtieron que el modelo productivo actual atenta contra la soberanía y el ambiente.

Investigadores y docentes de la Universidad de Río Cuarto plantearon su preocupación ante las consecuencias que el monocultivo está ocasionando en el país y la región. En el marco de la muestra “Somos la tierra”, organizada por la Coordinación Regional de la Constituyente Social, integrantes de la casa de altos estudios indicaron que 17 millones de hectáreas están sembradas con soja en Argentina y advirtieron que este modelo productivo afecta la soberanía alimentaria y genera múltiples daños al medio ambiente.

En una charla brindada en los últimos días en el marco de la muestra conjunta “Somos la Tierra” y “El Famatina no se toca”, investigadores y docentes de la Universidad analizaron la problemática del monocultivo y plantearon las consecuencias que el mismo genera en la población y la naturaleza.

La imposibilidad de producir el propio alimento, la ausencia de biodiversidad y los daños generados a los bosques y la fauna fueron los principales aspectos abordados en las cinco exposiciones realizadas en el Centro Cultural El Andino en relación con la presencia de un solo cultivo en grandes extensiones de tierra.

“El monocultivo designa grandes extensiones de superficie cultivada solamente por una especie o hasta una sola variedad. Eso genera completamente lo opuesto a lo que se da en un ambiente natural, donde hay una multiplicidad de especies no solamente vegetales sino también animales, insectos”, explicó la ingeniera agrónoma Marcela Peralta, una de las expositoras del encuentro, dirigente de la Asociación Gremial Docentes Universitarios (AGD-CTA) y de la Central riocuartense. Y continuó: “En la naturaleza ningún ecosistema es de una sola especie o variedad. El monocultivo se da con la intervención del hombre y es muy forzado porque se mantiene a fuerza de matar el resto de las especies que no responden a esa variedad”.

La situación en la provincia y el país

Peralta indicó que en Argentina existen 17 millones de hectáreas sembradas con soja, cifra que representa alrededor del 65% de la superficie total sembrada del país. Y añadió que esta especie es una de las principales exponentes de la problemática del monocultivo en la zona.

“La soja representa todo lo contrario a la rotación de cultivos que había antes. Se hacen dos años seguidos de soja y se corta, porque económicamente es lo rentable, con un año de cultivo de maíz que actualmente también responde a un monocultivo, es un organismo genéticamente modificado”, afirmó.

Acerca de la situación de nuestra provincia, la ingeniera y docente señaló que se mantiene aproximadamente la misma proporción que a nivel nacional. Es decir que “el 60% de las hectáreas cultivadas responden a la soja”. Aunque agregó que Córdoba es “una de las regiones que mas adoptó este modelo”.

Peralta recordó que el cultivo de soja comenzó a extenderse en el país a principios de la década del ´90, cuando se empezaron a utilizar semillas genéticamente modificadas.

“Cuando identificaron que había un gen en determinadas plantas que era resistente al principal herbicida que tiene este paquete, que es el glifosato, se lo introdujeron artificialmente a estas especies y empezaron a producir semillas genéticamente modificadas”, precisó.

Y agregó: “Para matar todo lo que no es el cultivo se aplica glifosato, que es un herbicida de contacto que queda en el suelo y que tiene residualidad. Después se siembra el cultivo pero cuando la soja y el maíz nacen no les hace nada porque ambas plantas son resistentes a esa sustancia”.

Según la docente y dirigente gremial, estas características están en estrecha relación con el modo en que esta forma de producir ha crecido en las últimas décadas: “Su adopción se facilita muchísimo porque son dos o tres tareas y ya tenés implantada una extensión muy grande de superficie”.

Soberanía y alimentación

El análisis que los integrantes de la UNRC realizan de este fenómeno se encuentra en estrecha relación con la producción de alimentos

¿Cuáles son las principales consecuencias del monocultivo?-, preguntó PUNTAL.

En principio es la pérdida de soberanía en lo alimentario. Argentina no es un país que consuma soja de manera directa, la población argentina es reconocida mundialmente como consumidora de carne vacuna. Los animales consumen soja a través de forraje y la mayor parte de la soja se exporta para alimentar ganado de otros países, principalmente tiene ese destino. No existen políticas para regular la producción de alimentos que puedan contener las necesidades de nuestra población. Esas demandas no están contempladas en las políticas, solamente están reguladas por el mercado que dice que la soja es lo más rentable.

La adopción del monocultivo es completamente antinatural porque es incapaz de responder a las demandas de necesidad de alimento de la población.

En este sentido, Peralta advirtió que la cantidad y diversidad de alimentos que la población de nuestro país necesita no está cubierta dado que “producimos un sólo cultivo que tiene que ser vendido y exportado para ir a comprar lo que comemos. El circuito está totalmente alterado”.

Energía y combustibles

Según manifestaron desde la Universidad local, la situación planteada con relación a las dificultades para producir alimentos se agrava en el último tiempo a raíz del uso de ciertos cultivos como combustibles.

“Hace unos años el maíz, la soja y la caña de azúcar también pasaron a ser sustitutos energéticos, lo que se llama agrocombustibles”, indicó la ingeniera agrónoma. Y sostuvo que de esa forma “se está negando su principal destino que es el uso como alimento habiendo grandes cantidades de población con hambre en el mundo”.

Al respecto, remarcó que este fenómeno implica utilizar los cultivos para producir combustibles cuyos principales destinatarios son los países centrales, ya que estos son los mayores consumidores de este tipo de energía.

Por otro lado, la diversificación en el uso de estos cultivos, que pasan a utilizarse no sólo para la alimentación sino también para la producción energética, “hace que su demanda sea muy alta internacionalmente y por lo tanto el precio se mantenga alto e incluso suba año a año”, explicó la docente de la UNRC con relación a un factor que también lleva a impulsar el crecimiento del monocultivo.

Desde la Universidad local destacaron que esta problemática también genera consecuencias importantes con relación a la energía y el medio ambiente: “La producción de estos monocultivos consume grandes cantidades de energía fósil no renovable y son usados para producir energía renovable”.

“Es totalmente insustentable -continuó Peralta-, no se sostiene en el tiempo. Todos los agrosistemas de Argentina que fueron volcados al monocultivo y que eran áreas muy inestables ecológicamente hoy ya son áreas deserticas o con muy poca utilidad. El daño hecho por el monocultiovo es muy grande”.

Para evitar las diversas consecuencias sociales y ambientales de este fenómeno, Peralta destacó la importancia de incorporar la producción orgánica de alimentos.

“Hay una forma de controlar las plagas con la biodiversidad y cortar el ciclo de la dependencia de fertilizantes por la rotación de cultivos y por la misma forma de manejar un ecosistema que tiene un sentido ecológico, natural y productivista, o sea que tenemos la posibilidad de producir alimentos en gran cantidad y calidad de una forma mucho mas racional”, concluyeron los expositores de la Universidad.

“La agroecología es sustentable a nivel económico, social y ambiental”

En contraposición a las características del monocultivo y sus consecuencias en diversas esferas, los disertantes de la Universidad propusieron la producción orgánica de alimentos como alternativa a la situación que actualmente afecta nuestra región. De hecho, en los últimos días comenzaron una investigación para cuantificar la sustentabilidad y los altos rindes de esta forma de producir que viene superando las expectativas de los productores.

En ese marco, el ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento relató la experiencia que desarrolla desde el INTA asesorando a productores de la provincia que eligen la agroecología.

En primer lugar, Sarmiento advirtió que, al contrario de lo que se piensa comúnmente, la agricultura orgánica puede brindar una gran cantidad de cultivos y realizarse en grandes extensiones de tierra. De hecho, en la zona existen campos que van desde las 20 a las 4.200 hectáreas.

“Quienes respetan los ciclos naturales tienen una capacidad productiva por espacio de superficie mucho más alta que aquellos que siguen el modelo impuesto”, indicó por su parte Peralta y remarcó las grandes cosechas que obtienen los campos orgánicos.

En este sentido, los ingenieros destacaron que la agroecología, a diferencia del monocultivo, intenta fomentar la biodiversidad para que sea el mismo ambiente el que controle la producción.

“No se adoptan tecnologías ni sustancias derivadas de la energía fósil, como son la mayoría de los herbicidas, y se usan fertilizantes naturales como la rotación de cultivos y la incorporación de abono verde”, precisó la docente.

En base a todo esto, los integrantes de la UNRC sostuvieron: “La agroecología es sustentable a nivel económico, social y ambiental”. “La primera sustentabilidad es la del productor, ya que los resultados superan sus expectativas”, dijo Peralta.

Añadió que la sustentabilidad económica se observa en la “reproducción del ecosistema productivo de manera continua y creciente”.

Respecto de los beneficios para el medio ambiente, expresó: “Nosotros sabemos que de esta forma no se están contaminando ni los suelos ni las aguas”.

“Siempre hay menor efecto de las sequías en un campo agroecológico, donde hay una humedad mucho más alta. Ademas no consumen agua de riego de las napas, ya que generalmente se adoptan aquellos cultivos que respetan los ciclos de las precipitaciones y aprovechan esos ciclos ambientales climaticos”, detalló la investigadora.

Y concluyó: “Son formas de producir con una visión a largo plazo”.

Los bosques, las abejas y las aves, afectadas por el sistema productivo

Durante la charla, la caracterización del monocultivo y sus consecuencias fue sumando múltiples aristas. Las exposiciones de la ingeniera forestal Natalia De Luca, de la investigadora y apicultora Paula Melegatti y de Miguel Ángel Ávalos de la organización Amigos para la Conservación de las Aves (Amcoa) ilustraron las implicancias que ese modelo productivo implica para los diversos integrantes del ecosistema.

Paula Melegatti mencionó la crisis que la apicultura está atravesando en la última década y afirmó que el avance de la frontera agropecuaria con las plantaciones de soja y maíz y la creciente aplicación de agroquímicos son las principales causas de ese fenómeno.

“El 40% de los productores dejaron la actividad en los últimos años debido al avance de la frontera agrícola y la pérdida de biodiversidad. En los úlitmos tres años Córdoba se encuentra en Emergencia Apícola”, afirmó. Y agregó: “La apicultura se está acabando porque somos víctimas del sistema productivo”.

En este sentido, relató el modo en que el avance del monocultivo ha implicado la desaparición de flores en los campos de la región, dejando a las abejas sin alimento dado que todas las plantas consideradas como malezas para la agricultura son aquellas que consumen estos insectos.

Además, los agroquímicos dañan fuertemente a las abejas y los desorientan, impidiéndoles volver a sus colmenas.

Melegatti también destacó la importancia de las abejas para la naturaleza y para nuestra alimentación. “El 90% del beneficio de la labor ejercida por las abejas es a través de la polinización, permitiendo que las plantas se fecunden”, dijo.

Además, precisó que la reproducción de hortalizas, legumbres, frutas y oleaginosas dependen de este trabajo de polinización, que se está viendo fuertemente afectado por el avance de la agricultura.

De Luca, por su parte, mencionó cómo el monocultivo ha influido en el desmonte que ha sufrido nuestra provincia y nuestra región, ya que los productores han optado por obtener rentabilidad económica mediante el cultivo de soja y maíz y para ello se fueron reduciendo las superficies de bosques nativos.

La ingeniera forestal explicó el modo en que la desaparición de los bosques, a su vez, agrava otros aspectos del medio ambiente que se ven afectados por el monocultivo.

En este sentido, mencionó la erosión eólica y la desertificación. “Lugares donde había biodiversidad se terminan convirtiendo en un desierto sin ningún tipo de seres vivos”, manifestó.

Por otro lado, mencionó que el avance del modelo productivo actual ha traído importantes consecuencias no sólo ecológicas sino tambien socioambientales, ya que las familias que habitaban los campos fueron expulsadas o se vieron obligadas a migrar.

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Argentina: Ayuí no será el Río Clarín

LAVACA

“Sin los movimientos de base de ciudadanos correntinos, que cuestionan desde siempre el proyecto Ayuí, más allá de la pelea del gobierno con Clarín, nadie hubiera cuestionado este tema” dijo a LAVACA Emilio Spataro, de Guardianes del Iberá, sobre la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de detener el proyecto que asociaba a José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, con el norteamericano de origen húngaro George Soros (alianza que ha culminado en divorcio).

La resolución 1238/2011 establece: “Las obras del ‘Proyecto Productivo Ayuí Grande’ resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Fue firmada por el secretario de Medio Ambiente Juan J. Mussi y poco después se oficializó la separación de las empresas de Aranda y Soros, vecinos que pretendían quedarse, entre otras cosas, con un curso de agua.

Soros -financista y especulador financiero internacional, 80 años- maneja en Corrientes Adeco Agro, tiene al menos cinco estancias. A través de su empresa Pilaga estaba asociado a Copra, empresa de su vecino José Antonio Aranda (estancia El Rocío, 40.000 hectáreas dedicadas al arroz). Días después de que los Guardianes del Iberá anunciaran la ampliación de un plan de lucha que venían sosteniendo en todo Corrientes, se conoció la decisión oficial. El gobierno kirchnerista de Corrientes, sin embargo, venía aprobando con entusiasmo operístico el proyecto y esperaba ponerlo en marcha cuanto antes; ahora, discursivamente promueve el tema como cuestión de “soberanía provincial”, va en contra de la intervención del gobierno nacional, y hasta insinúa presentarse en la Corte Suprema para tratar de dar vuelta el fallo.

Aparentemente, ni Soros les pidió tanto, y abandonó su sociedad con Aranda. Dice Spataro: “La decisión que tomó la empresa de Soros, demuestra que cuando existen leyes, fundamentos técnicos y movilización ciudadana, las empresas no pueden avanzar con sus planes ilegítimos por más de que tengan el apoyo irrestricto de algunos gobernantes.”

Contaminar el Uruguay

El Ayuí Grande es un arroyo que desemboca en el río Miriñay, en el departamento correntino de Mercedes, junto a los Esteros del Iberá, y unos 800 metros arriba del Acuífero Guaraní. Pese a ser llamado “arroyo”, el Ayuí en muchos momentos tiene un caudal mayor que el Miriñay. La idea de los terratenientes José Antonio Aranda y su vecino George Soros era construir lo que la propia Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que los unía llamaba una “mega-represa”, en los siguientes términos:

Anular el curso del arroyo Ayuí

Construir una represa como dique que inundará 8.000 hectáreas, que hoy son campos ybosques.

Esa palangana lisérgica (también llamada “lago artificial”) servirá para obtener gratuitamente agua que riegue al menos 25.000 hectáreas de arrozales, de los campos de los susodichos. Eso afecta – por rotación de cultivos- a 77.000 hectáreas en total.

Es cierto que las fumigaciones contaminarán el agua, pero el tema se solucionaba (en el proyecto Aranda-Soros) dejándola correr cual cloaca hacia el Miriñay y de ahí al Uruguay, creando una especie de Botnia argentina y arrocera.

La maniobra implicaría además la monopolización de buena parte del negocio arrocero.

La resistencia

Guardianes del Iberá es una de las organizaciones que fue llevando adelante toda una serie de reclamos que atravesaron la provincia e hicieron posible la propia resolución gubernamental: “Lo más importante que ha incidido en llegar a esta situaciónes la cantidad de movimientos de base que hemos construido en la provincia. Sin estos movimientos de ciudadanos correntinos cuestionando el proyecto Ayuí, mas allá de la pelea gobierno y Clarín, nadie hubiera cuestionado este tema”, asegura Spataro.

Así, con movilizaciones multitudinarias para la provincia, y con pruebas fehacientes de la irregularidad del proyecto, saltearon instancias hasta que el gobierno nacional los escuchó; para julio de 2011, en nota publicada en Mu, Spataro lamentaba que la causa había entrado en el célebre cono del silencio. En Corrientes comentaban que la muerte de Néstor Kirchner dejó al gobierno sin el principal adversario de la represa.

El proyecto había sido denunciado primero por la Fundación Reserva del Iberá ya en 2005. La movida fue sumando adhesiones. Como una devolución de atenciones, las campañas ambientalistas detectaron que las broncas del gobierno contra el Grupo Clarín podrían interesarlo en el tema. Spataro dijo entonces a Mu: “No nos interesan sus intenciones, sino que se hizo lo que había que hacer: parar la obra”.

La obra, en efecto, está en stand by desde 2009 a causa de estas denuncias y la entrada en escena del gobierno nacional.

Los protagonistas

José Antonio Aranda es el vicepresidente del Grupo Clarín, egresado de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Entró al diario como gerente de finanzas a comienzos de los años 70 y su alianza eterna con Héctor Magnetto llevó a ambos administrativos a fumigar desarrollistas y otras malezas hasta la captura de la conducción del grupo, con notable eficacia. Fue el encargado de echar de Clarín a Osvaldo Bayer, (que era jefe de Política y Fuerzas Armadas), por mencionar un mínimo anecdotario de quien compartió la conducción de una empresa que arrasó con toda representación sindical y negoció con la dictadura la apropiación de Papel Prensa, entre otras historias.

En Corrientes maneja la empresa COPRA, que posee la estancia El Rocío, 40.000 hectáreas dedicadas al arroz, con producción de 50.000 toneladas, facturación de 30 millones de dólares anuales, exportación del 70 por ciento que en buena parte se destina, sin hacerle asco al cliente, al gobierno venezolano.

George Soros, 80 años, nació en Budapest, nacionalizado estadounidense, alcanzó la fama por considerárselo el especulador financiero responsable de la quiebra del Banco de Inglaterra. Entre otras muchas cosas (ver Mu nº 46), es dueño de Adecoagro, empresa que tiene las estancias Itá Caabó y San Agustín entre otras propiedades correntinas. Adeco Agro había anunciado inversiones por 55 millones de dólares en Argentina, 23 de los cuales son en Corrientes, fluyendo por el Ayuí. Detalle: se aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas en el último año, generando una cosecha extraordinaria que ubica a Corrientes a la vanguardia de la producción arrocera. Salvemos al Iberá pregunta: ¿Ello modificó la calidad de vida de los correntinos? Los mismos datos gubernamentales demuestran que no.

Cuatro días después – y más de 4 años de lucha- que una multitudinaria marcha en Corrientes pidiera a las empresas que desistan del proyecto (la movilización ocurrió el6 de septiembre), Adeco Agro anunció su retiro de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto Ayuí. También esa movilización formó parte de un plan de lucha impulsado desde Guardianes del Iberá que incluía despertar el interés del gobierno nacional y presionar por la resolución. Así fue.

La importancia

Desde Corrientes, dice Spataro a LAVACA: “Es un antecedente importante. Más allá de lo que pase de aquí en adelante, ya lo es para muchísimos otros casos, por el procedimiento que se ha aplicado y los argumentos que se han utilizado”.

¿Antecedente para qué casos?

Lo trascendente que se genera es la defensa de las leyes de presupuestos mínimos, que deben implementarse ante la evidencia de irregularidades o de contaminación. Para todo lo que es contaminación de cuencas hídricas que afecten más de una provincia o más de un país, también es un antecedente que se puede tomar.

La resolución reconoce además a todos los reclamos ambientalistas por el Iberá: “También debe tenerse presente la jurisprudencia de la Provincia de Corrientes, en aquellos casos que involucran obras hidráulicas en beneficio de la actividad arrocera con afectación de los cursos de agua, en especial humedales y Esteros del Iberá”.

El proyecto, así, está frenado hasta nuevo aviso. Queda que el gobierno provincial, en caso que insista en su inexplicable defensa del proyecto, se presente a la Corte Suprema y apele la resolución del gobierno nacional. Spataro interpreta: “Es realmente muy difícil, yo creo que lo van a dejar en un contexto de discurso para la tribuna o bueno… tal vez si recurre a la Corte Suprema definitivamente se aclare esto, para que la Nación puede intervenir en la defensa de recursos naturales”.

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El encendedor y la pena de muerte

Silvana Melo (APE)

Es la fotografía más nítida de exterminio. Es la síntesis del holocausto en las afueras de la puna. La palabra mantiene una desgraciada sociedad con los crímenes de la Alcaidía de Catamarca: su esqueleto deriva del griego (holos – kaustos) y significa todo quemado. Así murieron los cuatro pibes, niños solos de la intemperie, adolescentes depositados al castigo y a la eliminación de la dermis social. Allí donde los chicos marrones de ojos chinos –por lo único que pudo reconocer Mariel Mendoza a su hijo- alteran el orden establecido, derraman herrumbre en los engranajes, clavos en las ruedas, espinas en los dedos de las estructuras determinadas y determinantes. Así murieron los cuatro pibes, en holocausto, quemados todos en sus cuerpos desechos y en el mínimo futuro que alguna vez les habrá correspondido en la injusticia de todos los repartos.

Es la pena de muerte, disfrazada de descuido, negligencia, accidente, responsabilidad individual, falla edilicia, policía perverso, jueza indiferente, y todos los eufemismos posibles. Pero es la pena de muerte. Porque los chicos solos, descartados, son vidas baldías. Improductivas. Arenilla en el motor social. Fuman y aspiran veneno en las esquinas, se anestesian la angustia y se aceleran la rabia. Se sienten afuera y espían por las banderolas. Corren el futuro y jamás lo alcanzan, pierden las zapatillas en la carrera, se rompen las manos con los vidrios de las paredes, los bajan de tres balazos en la esquina. Nunca llega el futuro. No llega. Y cuando está cerca se prende fuego. Con el encendedor de un policía.

La Alcaidía de Catamarca no estaba pensada para castigar ni para encerrar indefinidamente. No más que seis horas para infractores al Código de Faltas; una cañería represiva ligera, para descomprimir las comisarías. Sin infraestructura –sin detectores de humo- para sostener durante mucho tiempo a adolescentes en estado de castigo, aquellos con los que el Estado no sabe qué hacer. O sí sabe. Y quedó aterradoramente claro en las llamas donde se quemaron Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco Nieva, todos de 16 y 17 años.

Más allá de las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, quienes los mantenían ilegalmente detenidos, existen responsabilidades políticas y sistémicas a las que hoy se les puede poner nombres pero los exceden. El ministro de Gobierno de Catamarca, Javier Silva, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el jefe de Policía, Francisco Soria. El gobernador Eduardo Brizuela Moral. Pero si el gabinete de ministros y las jefaturas policiales ya pertenecieran a la gobernadora electa Lucía Corpacci no hubiera cambiado nada. A los chicos se les hubiera ofrecido de todas maneras el encendedor de la inmolación como instrumento de autoexterminio. No importa quién gobierne ni qué policía esté al frente de la policía.

Pasadas las dos y media de la tarde terminaron de almozar y fueron a la celda a mirar televisión. Eran los únicos cuatro detenidos donde no podía haber detenidos. Alguien que vio, que oyó, que –dijo- declarará, lo relató a los padres. Las familias Molas, Sosa y Nievas lo hicieron público. “Un policía les dio el encendedor”, dijeron. Después “cerró la celda con candado y los provocó para que se prendieran fuego”. Le dijo “a uno de los muchachos si sos macho, préndete fuego. Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado". No hubo motín ni peleas. “Si tenés huevos tomá, matate”, dicen que les dijo. Maltratados, humillados, golpeados, cansados, rodaron la piedra. Y apareció la llama.

Los pibes ahora son sólo cenizas. Como tantas otras cenizas surgidas de las llamas del encierro. De la pena de muerte para los condenados por origen. Sin juicio ni sentencia. Su holocausto se quedará prendido en alguna glosa perdida de la historia. Pero a nadie le erizará la piel. Ni a las instituciones ni a la sociedad.

Serán sólo memoria en los containers. Pena en la muerte.

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Un cómplice de la represión que se fue tranquilamente a Chile

Irina Sanesteban (LA ARENA)

El juez federal mendocino Otilio Romano fue suspendido en su cargo, y en 180 días el Consejo de la Magistratura deberá decidir si corresponde su destitución. Ahora el Consejo de la Magistratura lo juzgará en rebeldía, ya que escapó a Chile, donde le dieron una visa temporal.

En marzo de este año, el hoy ex juez federal de Mendoza, Luis Miret, fue destituido por el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación por "mal desempeño", al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de fuerzas represivas en esa provincia en febrero de 1976.

Contradiciendo la fama de "conservadora" que pesa sobre la Justicia mendocina, ahora es otro magistrado federal, Otilio Romano, el que fue denunciado y puesto a juicio para decidir si corresponde su destitución como juez de la Nación.

Enjuiciado

Romano fue acusado de haber "omitido en forma reiterada y prolongada" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", entre los años 1975 y 1983, y por ello el Consejo de la Magistratura decidió, el pasado 25 de agosto, su suspensión como magistrado federal por 180 días. Término durante el que deberá ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que será el organismo encargado de resolver, o no, su destitución.

La resolución del Consejo de la Magistratura fue unánime, aunque hubo dos ausencias: la del camarista Ricardo Ritondo y la de la diputada nacional Stella Maris Córdoba. El escrito expresa que Romano fue "funcional" al terrorismo de Estado al haber "omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", durante los meses previo a la dictadura militar y el final del denominado Proceso.

Delitos

El representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, Hernán Ordiales, quien dirigió la investigación sobre Romano, había dictaminado que el hoy suspendido magistrado estaba sospechado de "mal desempeño" y de haber participado en 93 delitos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y no haber investigado una causa por la apropiación de una hija de desaparecidos, que archivó invocando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a pesar que éstas no se aplicaban al caso de robo de bebés durante la dictadura.

Incluso se encuentra acusado de haber tomado como válidos testimonios obtenidos bajo tortura, así como de tener directo conocimiento de numerosos delitos cometidos en perjuicio de detenidos, por haber visitado los centros de detención como el Departamento de Policía de Mendoza y la Unidad 9 de La Plata.

La suspensión dictada en agosto no pudo ser aplicada porque Romano, el día 24 de ese mes, se tomó un vuelo de Lan hacia Chile, donde enterado de su suspensión como magistrado, pidió asilo político.

Refugiado político

Qué paradoja que este juez, que fue funcional a la peor dictadura militar que vivió el pueblo argentino, que está acusado de complicidad con delitos de lesa humanidad contra detenidos políticos en condiciones ilegales, ahora se ampare en aquellos derechos que no defendió cuando era juez, e invoque el status de "refugiado político". A Romano no se lo persigue por sus ideas o por su actuación como militante político, sino por no haber actuado como juez para impedir o denunciar siquiera, los delitos de los que tuvo conocimiento.

La protección de la que han gozado los genocidas que actuaron durante la dictadura militar, y sus cómplices civiles, sean jueces, periodistas, empresarios o curas, se revela en cada juicio y causa de las muchas que se están desarrollando en varias provincias argentinas.

La gravedad de las acusaciones contra el suspendido juez Romano, implicaría su prisión preventiva, y si fuera encontrado culpable en un supuesto juicio, luego de resolverse su destitución -si fuera extraditado-, seguramente le correspondería la prisión perpetua.

En rebeldía

Sin embargo, el pasado viernes el juez federal Walter Bentos lo declaró "rebelde" y ordenó su detención "a futuro", es decir, luego que el Consejo de la Magistratura lo enjuicie y le quite los fueros que tiene por ser juez federal.

Para el juez Bentos, Romano, como todavía no ha sido destituido, conservaría sus fueros. Pero el fiscal Omar Palermo, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, que apelará esta decisión, dejó sentado en su pedido de captura, que el acusado perdió esos fueros cuando se sustrajo a la actuación de la Justicia.

Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), abogado querellante en causas por derechos humanos que se ventilan en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, declaró al diario mendocino Los Andes que "existen dos situaciones en las que un juez pierde la inmunidad de los fueros: una, cuando comete un delito en flagrancia y otra, cuando se pone prófugo".

"Y este último es el caso de Romano por lo cual se debe otorgar la orden de captura y detención sin sujetarla a condición alguna", resaltó. Para Salinas, los fueros tienen por objeto la protección de la función judicial y no a la persona del juez.

El pedido de captura y detención de Romano será resuelto por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, integrada por Roberto Naciff, Pedro Humberto González y Hugo Echegaray. Este Tribunal ya ha tenido destacada actuación en causas por los delitos cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado, como cuando en mayo pasado confirmó el procesamiento de Romano, e incluso modificó la imputación original del juez Walter Bentos y la llevó de partícipe secundario a partícipe primario, equiparando la tortura con el homicidio.

Visado temporario

Mientras tiene pedido de captura y detención -aunque sea "a futuro"- en Argentina, Romano obtuvo en Chile un visado temporario de ocho meses para permanecer en ese país, donde se encontraba viviendo en un exclusivo balneario a 75 kilómetros al sur de Valparaíso.

La actitud del gobierno chileno de otorgar tan rápidamente esa visa, produjo algunas especulaciones interesadas al invocar el caso del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado de haber planificado el asesinato de senador chileno Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago.

El 30 de septiembre de 2010 el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político y negó el pedido de extradición de la justicia y del gobierno chilenos, que lo consideran un terrorista.

Según el embajador argentino en Santiago, Ginés González García, Cristina no le pedirá a Chile que devuelva al suspendido camarista, sino que dejará que lo resuelva la Justicia.

En una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera, Ginés expresó que es intención de la presidenta no dejar que el caso Romano perjudique la relación entre ambos gobiernos.

Por su parte, el juez chileno Mario Carroza, que investiga el crimen de Jaime Guzmán, dijo que es inviable proponer un "canje" entre el juez argentino Otilio Romano, quien había pedido asilo político en Chile, por el ex frentista Galvarino Apablaza.

Según Carroza, tras la respuesta recibida por Argentina cuando se pidió la extradición de Apablaza, de concederle el asilo político, ya no existen más posibilidades para conseguir la concurrencia del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ante la justicia chilena.

De este lado de la cordillera, los familiares de miles de mendocinos desaparecidos esperan la extradición del ex juez Romano, para que sea juzgado por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

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Argentina: 'La normativa actual para empleadas domésticas da vergüenza'

Sandra Chaher (ARTEMISA)

Se encuentra demorado en la Cámara Alta un proyecto de ley que daría un marco legal acorde a los derechos a las empleadas de casas particulares (un 98,5% mujeres). La propuesta avanzó casi sin inconvenientes en la Cámara Baja, pero dificultades vinculadas mayormente al sector empleador impiden que avance en el Senado. Se trata de legislar nada menos que sobre el 20% de la fuerza de trabajo, integrada casi exclusivamente por mujeres.

En la apertura de la sesiones legislativas de marzo del 2010, la presidenta Cristina Fernández reclamó al Parlamento la sanción de una ley que regulara, después de más de 50 años, la forma de empleo de las trabajadoras del sector doméstico (en un 98,5% mujeres), que actualmente se rigen por un decreto dictatorial de 1956, que impuso un régimen que roza la esclavitud en términos de derechos. Las empleadas de este sector no gozan actualmente de licencia por maternidad, pueden ser contratadas siendo menores de edad, su jornada no se limita a 8 horas y no disponen de vacaciones ni licencia por enfermedad, entre otras inequidades históricamente invisibilizadas e infravaloradas, como si se tratara de un sector productivo que no mereciera el mismo estatus laboral que el resto de las personas que trabajan.

En el mismo 2010, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en marzo del 2011. En mayo de este año, la Cámara de Senadores le dio aprobación en general y se suponía sería aprobado en particular sin demoras. Pero actualmente la discusión está estancada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social alrededor de varios aspectos: reconocer o no a las empleadas domésticas como trabajadoras plenas, integradas a la Ley de Contrato de Trabajo; crear o no un marco de negociaciones colectivas para el sector; las licencias por enfermedad y las indemnizaciones por despido.

El lunes 19 de septiembre, la Asociación Lola Mora y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), con el apoyo de ONU Mujeres, realizaron la jornada de debate 'Una ley demorada. Los derechos de las trabajadoras de casas particulares: una deuda pendiente' en la que se pusieron justamente en debate las razones de la demora en la sanción de la ley.

De la misma participaron Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –quien expuso la posición del Poder Ejecutivo, autor del proyecto con media sanción en la Cámara Baja y actualmente en debate en el Senado-; María Eugenia Estenssoro –senadora nacional integrante de la Comisión de Trabajo-; Marta Roncoroni –directora de la Escuela de Capacitación de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)-; Rosalía Cortés, investigadora del CONICET/FLACSO; Ramy Alvarez Fleitas, integrante de la Comunidad Migrante Paraguay en Argentina, y las anfitrionas Corina Enríquez Rodríguez (CIEPP) y Norma Sanchís (Lola Mora), quienes además de participar del debate presentaron los resultados de una investigación que acaban de concluir sobre las mujeres migrantes paraguayas en Argentina que se insertan en la cadena de cuidados local (ver ¿Cómo son las mujeres migrantes empleadas en el sector de casas particulares?).

El marco de la jornada fue la discusión que se está dando actualmente en el Senado, y también la Convención 189, sancionada en junio de este año por la Organización Internacional del Trabajo, en la que por primera vez en la historia fueron aprobadas normas laborales destinadas a mejorar las condiciones del sector. 'El Convenio 189 impone a los gobiernos la posibilidad de avanzar en normativas que garanticen trabajo decente al sector. Dice que todo país firmante deberá adoptar las medidas propuestas, por eso es un marco poderoso –señaló Corina Enríquez Rodríguez-. Y cubre casi todos los temas referidos a derechos laborales: vacaciones, descansos, salario mínimo, derecho a la información, protección social, y acceso a mecanismos de resolución de conflicto, entre otros temas.' Sobre el proyecto con media sanción de la Cámara Baja, Enríquez Rodríguez señaló que 'toma casi todos los temas que el convenio 189 propone'.

Alvaro Ruiz, parte del equipo del Ministerio de Trabajo que redactó el proyecto, criticó que la sociedad argentina haya tolerado durante 55 años 'una normativa que da vergüenza comparada con los derechos laborales hoy vigentes en el país y más con el Convenio 189 de la OIT. Con olvido, invisibilización del trabajo y confusión de interactuaciones personales y familiares se pretende excusar el cumplimiento de derechos'. Al referirse al tipo de vínculo que se establece entre el sector empleador y las empleadas domésticas, especificó que 'primero hay un contrato de cambio, aunque esto está disimulado en la regulación que hoy nos rige'. En relación a las dificultades que atraviesa el proyecto en el Senado, el funcionario se refirió a la 'sobrerrepresentación del sector empleador entre quienes legislan'. 'Son personas que están planteando ‘si las empleados domésticas tienen tantos derechos, no voy a poder tener personal doméstico’. Frente a estos argumentos hay que tener presente que cuando hablamos de derechos del trabajador, el principio protector y sujeto central es el trabajador' advirtió.

Ruiz también se refirió a uno de los puntos en cuestión en la Comisión de Trabajo del Senado, el vinculado a que el sector tenga o no una normativa específica y en qué aspectos, ya que una de las modificaciones que querrían incluirse es la desvinculación completa de este régimen especial de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, el funcionario aclaró que 'cuando existen estatutos especiales tiene que ver con sectores que pudieron obtener mejores recursos –como en el caso de periodistas y empleados bancarios- o porque fue necesario fortalecer algún colectivo sin fuerza suficiente –como en los trabajadores rurales- y muchas veces aparece como una precarización de su estatus. El trabajo debe estar regulado por una normativa común y lo particular solo debe avanzar sobre expresiones de la singularidad, es decir que los estatus específicos deben ser mínimos'.

La senadora Eugenia Estensoro se refirió a otros dos de los aspectos conflictivos en el debate del Senado: los costos que tendrían para el sector empleador tanto la licencia por enfermedad como la indemnización por despido y se posicionó señalando que 'la trabajadora debe estar más protegida pero se debe proteger también la integridad patrimonial de los hogares dadores'. En relación al proyecto con media sanción que propone que quien emplea debe cubrir tres meses al año de posible licencia por enfermedad, Estensoro propone que cubra sólo dos meses y el tercero quede a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Y, en relación a la indemnización por despido que, según el proyecto con media sanción, debe ser de un mes por año trabajado como en la Ley de Contrato de Trabajo, la senadora propone crear un Fondo de Cese Laboral con aportes mensuales a cargo del sector empleador. La respuesta de Ruiz a estas dos propuestas fue que 'tener servicios personales es un lujo en todo el mundo. No es explotando a otros que vamos a lograrlo. Tienen esos servicios quienes puedo pagarlos' y destacó, al igual que Enríquez Rodríguez, la ausencia del estado en la provisión de instituciones de cuidado que resuelvan las necesidades de cuidado de las familias actuales en las que las mujeres están integradas en el mercado laboral

En relación al cuarto punto en conflicto, referido a la eliminación que se haría en el Senado del convenio colectivo de trabajo, Martha Roncoroni –representante de uno de los sindicatos de trabajadoras domésticas- señaló a Artemisa Noticias que 'el Convenio 189 propicia que haya sindicalización del sector y si bien es complicado, nosotras apoyamos que existan estas organizaciones y que las partes pacten libremente las condiciones de trabajo'. Sobre el proyecto con media sanción, señala que 'si bien no es perfecto, hay que aprobarlo para salir de la situación de esclavitud actual; después veremos cómo mejorarlo'.

Rosalía Cortés se refirió a las dificultades de organización del sector debido en gran parte a que la tarea se realiza dentro de los hogares, lo cual hizo que estos sindicatos no fueran tan potentes como otros. 'Creo que no hay consenso en el colectivo de trabajadoras sobre cuáles son sus derechos ni las obligaciones de los empleadores' señaló, como una de las explicaciones posibles de los actuales debates. 'El desafío –agregó la investigadora- es cómo sostener buenas relaciones de trabajo sin subsidiar, pero también sin penalizar a los sectores de clase media y creo que ese es el punto que merece el mas fuerte debate.' Y destacó los tres aspectos que desde su punto de vista deberían ser prioritarios en el abordaje del tema: el énfasis en la sindicalización y la organización, ya que esto es garantía de poder extender las demandas al interior de hogares y mejorar las condiciones laborales; discutir alternativas al mejoramiento del al acceso a la salud y a la seguridad social que no caigan en los hogares pero tampoco los financien; y realizar campañas de difusión para que sean conocidos públicamente los derechos de las trabajadoras y se estimule la sindicalización.

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Argentina: En 2012, la deuda exigirá pagos por 16.000 millones de dólares

NA - MDZOL

Las obligaciones a cancelar con acreedores privados, sin considerar los bonos en poder de entidades estatales y organismos multilaterales ascienden a unos 10.000 millones de dólares. Esa cifra incluye títulos denominados en pesos y en moneda extranjera. Los papeles en dólares y, en menor medida, euros representan alrededor del 70% del total de esos compromisos.

El Gobierno argentino pagará en 2012 unos 16.000 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda externa, para lo cual volverá a utilizar reservas del Banco Central.

Las obligaciones a cancelar con acreedores privados, sin considerar los bonos en poder de entidades estatales y organismos multilaterales, ascienden a unos 10.000 millones de dólares.

Esa cifra incluye títulos denominados en pesos y en moneda extranjera, según informó hoy el diario Página/12.

Los papeles en dólares y, en menor medida, euros representan alrededor del 70% del total de esos compromisos, igual a unos 7.000 millones.

El proyecto de Presupuesto publicado el lunes en el sitio web de la Cámara de Diputados prevé el uso de hasta 5674 millones de dólares de reservas internacionales del Banco Central para hacer frente a esos pasivos.

El resto será cubierto con el endeudamiento intra sector público, como el Banco Nación, Banco Central, la Anses y PAMI, así como la emisión de deuda en el mercado internacional.

La amortización del Boden 2012 en agosto y el pago del Cupón atado a la evolución del PIB en diciembre representan las cargas más relevantes del año.

Se deberá cancelar con acreedores privados una cifra cercana a los 2000 millones de dólares en concepto del Boden 2012.

El proyecto del Presupuesto, que tiene una extensión de 278 páginas sin contar las planillas anexas que todavía no fueron dadas a conocer, destaca que ese pago "implicará la cancelación total del título emitido en el marco de la grave crisis que eclosionó en el año 2001, con el fin de apuntalar al sistema financiero nacional, fuertemente golpeado por la devaluación, pesificación, corralito y corralón".

Por su parte, los títulos vinculados con la evolución del nivel de actividad demandarán a fin del año próximo alrededor de 3500 millones de dólares: el 20 por ciento de esos cupones es en pesos y el resto de los vencimientos representan cifras significativamente menores.

Se trata de pagos correspondientes a títulos pertenecientes a las familias de los Boden, préstamos garantizados, Par, Descuento y Bonar.

La estrategia de financiamiento tiene como pilar el Fondo de Desendeudamiento Argentino, el mismo instrumento creado en el verano de 2010 y reeditado este año.

En 2012 se podrán utilizar hasta 5674 millones de las reservas de libre disponibilidad del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

En el equipo económico todavía están terminando de definir cómo se instrumentará el uso de esos recursos: por partes o incluyendo ese monto total en un solo decreto.

A fines de agosto la porción del stock que se puede destinar al pago de deuda ascendía a los 5.700 millones de dólares.

Aunque hoy la cifra es inferior, en el Banco Central sostienen que los 5674 millones de dólares "no son cifra imposible de alcanzar".

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