lunes, 26 de septiembre de 2011

¿Cultura de la resignación... o aún hay esperanzas? Elecciones en Guatemala: un laboratorio para pensar la situación de Latinoamérica

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Un análisis (1) de las recientes elecciones en Guatemala publicado en esta página generó algunos comentarios de los que querría retomar uno en particular. Se trata de algunas preguntas que nos hace llegar nuestro amigo Juan Gaudenzi, desde México. Comenzamos por citarlo literalmente.

“Brillante análisis de coyuntura y del contexto económico-social y político nacional. El gran interrogante para el que me hubiese gustado encontrar una respuesta más desarrollada es ¿por qué en un país con una población de aproximadamente un 60 por ciento indígena, el electorado (mayoritariamente indígena) concurre masivamente a las urnas para elegir entre una gama de blancos de derecha (racistas, discriminadores, excluyentes, etc.)?

Esta aberración supera con creces al proletariado eligiendo periódicamente al explotador capitalista que le romperá el c. en los siguientes años (la democracia liberal).

¿Por qué la única candidata indígena (de izquierda) consigue apenas el 3 por ciento de los votos?

¿Por qué los indígenas guatemaltecos no consideran que uno de ellos, de su propia sangre y cultura, puede gobernar el país, como en Bolivia?

¡A qué punto ha llegado la alienación de los pueblos nativos que han perdido toda confianza en sí mismos!

Creo que la gran tarea de la izquierda de aquí en más es contribuir a que recuperen esa confianza. Si para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo, Guatemala es el país ideal (ausencia de mestizaje) para plantearla en términos de etnicidad y cultura.

Con lo único que no estoy muy de acuerdo con tu texto es que consideras positivo el fin de la guerra. Para mí, pese a todas las atrocidades, mientras había tiros había una cuota de esperanza”.

El planteamiento que nos deja Gaudenzi va mucho más allá de la situación puntual de la nación centroamericana, abriendo un debate que toca a todos los países de Latinoamérica. Y más aún: deja preguntas válidas para la izquierda en su conjunto.

No vamos a responder una a una las preguntas como si se tratara de un interrogatorio periodístico (que, por cierto, no lo es), sino que inspirándonos en estos comentarios, intentaremos profundizar algunas líneas de análisis, permitiéndonos incluso alguna digresión.

Partiría de una frase clave: “la gran tarea de la izquierda de aquí en más es contribuir a que recuperen esa confianza”. Agregaría ante todo: no sólo que los pueblos indígenas recuperen la confianza en propuestas indígenas sino, quizá con un sentido más general, que las grandes mayorías recuperemos la confianza en la posibilidad del cambio. Para decirlo de un modo provocativo: pareciera que hoy esto del cambio social está “pasado de moda”. ¿Por qué?

Sin dudas el resultado electoral del Frente Amplio, la única fuerza de izquierda con la premio Nobel Rigoberta Menchú como candidata presidencial, abre interrogantes. Su 3.27% de caudal de votos, tres diputados en el Congreso entre 158 y sólo cinco alcaldías sobre 325 municipios debe llamar a una autocrítica para la izquierda: ¿da lo obtenido en estas elecciones la posibilidad de trabajar por un cambio de estructuras? ¿Sí o no? ¿De qué manera? ¿Se están acumulando fuerzas para el cambio, o se están perdiendo las fuerzas con que se contaba? ¿Vale la pena el trabajo en la estructura misma de las democracias formales o, retomando el último comentario de nuestro amigo, las esperanzas sólo existían en la medida en que había movimientos armados en acción?

Esas antiguas guerrillas, hoy día recicladas y convertidas en partidos políticos incorporados a la legalidad democrática del sistema, han tenido distinta suerte en los diferentes países del continente. Pero donde sea que se hayan presentado a elecciones, incluso habiendo ganado –en alianza con otras fuerzas y con candidatos extra-organización, como por ejemplo en El Salvador, o extremando las cosas, en Nicaragua, donde vestigios de lo que fuera un movimiento armado gobierna hoy día, pudiendo reelegirse muy prontamente– sus propuestas ya no consideran en primer término las transformaciones revolucionarias levantadas antaño. Si ello sigue haciendo parte de su ideario y su proyecto estratégico, al menos en lo que concierne a su presentación oficial, hoy ha desaparecido. ¿Desapareció entonces la idea de revolución?

En Latinoamérica, en estas últimas décadas post Guerra Fría, ha habido ya varios gobiernos que, en términos generales, se pueden ubicar en la izquierda política (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, los Kirchner en Argentina, etc., etc.) Extremando las cosas, se podría decir que la actual administración en Guatemala, con Álvaro Colom a la cabeza, tiene –o pretendió tener– un perfil socialdemócrata (de ahí el encono visceral de la derecha tradicional del país contra su gobierno, con virtual golpe de Estado en algún momento –el caso Rosenberg– y la negativa a continuar ese esquema no permitiendo la inscripción de su esposa Sandra Torres como candidata presidencial en el 2011). Ahora bien: más allá de esa fabulosa reacción de las derechas tradicionales, furiosamente anticomunistas como en los más álgidos tiempos de la Guerra Fría, ninguno de estos planteos de las izquierdas recicladas logró 1) ni cambios sustantivos en la situación de las poblaciones cuando esa izquierda fue gobierno, ni 2) acciones de organización y movilización que trajeran propuestas de cambio trabajando desde el llano. Se podría preguntar entonces: ¿en qué anda la izquierda? El 3.27% de votos recién obtenidos en Guatemala (sexta fuerza electoral entre diez candidaturas presidenciales) da un principio de respuesta: ¡estuvo cerca de la extinción como partido legal!

Todo lo cual debe llevarnos a interrogar: ¿qué está pasando con las ideas de cambio? Ese es el sentido de las preguntas de Gaudenzi, y debería ser el horizonte autocrítico de toda la izquierda. ¿Por qué lo más a que se puede aspirar hoy, pensándolo desde el campo de la izquierda, es a participar en elecciones? ¿No caben ya las ideas de transformación revolucionaria? El peso fenomenal de la ideología dominante, de las corrientes mediáticas hegemónicas, de las tendencias académicas en boga, han quitado la idea de revolución y de lucha de clases del léxico cotidiano ¡y de las izquierdas! La aspiración a la democracia (que no es sino democracia formal, representativa, esta que se elige cada cierto período de tiempo pero que no cambia nada sustancial) pareciera la meta final. ¿Cómo entender todo eso?

No es sino a la luz de la historia que puede tenerse una dimensión de lo que está sucediendo. La paliza recibida por las distintas izquierdas en todo el continente en estas últimas décadas a manos de la derecha (represión militar furiosa) y los terribles golpazos al campo popular en el plano económico a partir del capitalismo salvaje de estos años, eufemísticamente llamado “neoliberalismo”, dan la clave. Sobre los miles y miles de muertos, desaparecidos y torturados que las recientes dictaduras se cansaron de producir, se erigieron las políticas de achicamiento del Estado y super explotación que aún están en boga, incluso con todos los gobiernos de izquierda de la actualidad. Esa es la matriz desde donde entender cómo estamos.

¿Acaso pasó de moda la necesidad de transformar un mundo terriblemente injusto donde unos pocos deciden la vida de millones? Obviamente no; pero el espíritu de protesta, la llama de la rebeldía transformadora, hoy por hoy quedó apagada. No extinguida, sin dudas, pero sí dañada. En Guatemala en concreto, con 245.000 víctimas producto de la guerra interna que se vivió recientemente (sangrienta expresión de la lucha de clases ¡que no ha desaparecido!), teniendo en su haber el nada honroso título de ser el país del mundo con mayor número de desaparecidos per capita (49% de las desapariciones forzadas del continente están aquí), levantar la voz aún puede ser muy peligroso. Si a eso se suma una virtual “guerra” criminal cotidiana con niveles de asesinatos no tan distintos a los del conflicto armado de años atrás, el terror generado en la población perfectamente puede dar como resultado la creencia en que una propuesta de “mano dura” contra la delincuencia puede ser la solución. De todos modos –¡y esto sí refuerza la idea de esperanza que aún sobrevive pese a todo!– debe tenerse en cuenta que no toda la población votó por esa opción sino sólo un 36%, mucho menos de lo que nos decían las encuestas previas (aquí conviene recordar aquello de que hay tres tipos de mentiras: las culposas, las piadosas… y las encuestas).

Para la segunda vuelta no sería raro esperar que la propuesta de un quinceavo sueldo realizada por el candidato Manuel Baldizón trepe mucho en la opción de voto, no siendo así totalmente seguro el triunfo del ex militar Otto Pérez Molina. Tal vez la pobreza generalizada pese más que el miedo a la delincuencia, fantasma azuzado hasta el cansancio por los medios de comunicación y por el Partido Patriota. Esto lleva a recordar una encuesta realizada por Naciones Unidas unos años atrás a nivel de toda Latinoamérica donde la población mayoritariamente preferiría un gobernante que le asegure un mejor pasar económico aunque ello significara la pérdida de garantías democráticas. El bolsillo manda, sin dudas, y nadie termina de creerse mucho la pregonada “democracia” como solución a los problemas cotidianos.

¿Qué podemos extraer de esto: que la gente se “derechiza”? Juan Gaudenzi nos hablaba de “aberraciones”: población indígena votando por “blancos de derecha (racistas, discriminadores, excluyentes)”, o “proletariado eligiendo periódicamente al explotador capitalista que le romperá el c. en los siguientes años”. En esa línea de las aberraciones, cabría plantear también si es cierto que “para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo”. Sin dudas todas esas provocadoras interrogantes deben alimentar el debate en la izquierda. Pongamos como marco general del análisis una frase de cuño hegeliano para entender por dónde va la cosa: el esclavo piensa con la cabeza del amo. Lo cual no significa que la historia está escrita y que alguna vez ese esclavo no pueda rebelarse. ¿Qué otra cosa fue si no el 36% del Partido Patriota cuando se daba por ganador cómodo en la primera vuelta? Más allá de la pedagogía del terror que 36 años de guerra interna y una actual explosión de violencia cotidiana que inunda todos los espacios han impuesto, la gente reaccionó. Si queremos decirlo con un tono más épico: ¡no todo está perdido! Esto no significa que en la segunda vuelta del 6 de noviembre se imponga una propuesta popular, transformadora. No, definitivamente, dado que los dos candidatos no son sino expresión de las mismas fuerzas de derecha, y para las grandes mayorías populares no hay mucha alternativa. Pero la gente, pese a todo, se expresó contra la maquinaria de derecha más conservadora.

Por supuesto que llama la atención cómo es posible que el país de toda Latinoamérica con mayor porcentaje de población indígena no opte por una candidata de su sangre, de sus raíces, la maya-quiché candidata presidencial ya en dos oportunidades, como sí sucedió por ejemplo en Bolivia con un candidato de origen aymará, Evo Morales, ganador ya dos veces de la presidencia. No es fácil dar una explicación a eso, y mucho menos, plantearse las alternativas políticas del caso. ¿Por qué Rigoberta Menchú, en dos elecciones, queda tan atrás? Una vez más: las democracias formales, democracias de “baja intensidad” –como correctamente se las ha caracterizado– no son una salida real para los principales problemas de la gente. Si no, recordemos la encuesta a la que hacíamos alusión. Por eso la población indígena puede apostar por estos “blancos”, uno de ellos incluso ligado a la represión contrainsurgente de años atrás. Pero eso fenómeno (¿síndrome de Estocolmo?), que se repite en distintos lugares y en diferentes momentos, no es nada nuevo en la psicología colectiva. No se trata de “estupidez” de la gente, sino de complejos procesos donde se entremezclan miedos provocados, necesidad de triunfalismo, manipulación de las conciencias, respuestas viscerales más que racionales: en Estados Unidos la gente en una segunda elección optó por Bush hijo pese a saberse que en la primera había habido fraude, y otras tantas veces la población italiana eligió a un mafioso como Berlusconi, o en Bolivia, años atrás, se eligió democráticamente al verdugo general Hugo Banzer, al igual que la población de la provincia de Tucumán, en Argentina, optó por el declarado asesino general Bussi como gobernador. ¿Y qué decir de la población alemana que, en su inmensa mayoría, buscó alegremente la figura del Führer como modelo para sentirse “raza superior”? ¿Por qué en los países europeos, con históricos Estados de bienestar, en estos últimos años se votó por candidatos neoliberales y conservadores que desarmaron esos avances sociales? Hay que entender todos estos procesos como algo más que “aberraciones”; en todo caso, se juega ahí un enrevesado entrecruzamiento de discursos políticos y subjetivos que tal vez una lectura desde la Psicología Social puede permitir descifrar. Pero de todos modos, la gente no es simplemente “tonta”, o “culpable” del giro a la derecha. Los procesos sociales son infinitamente complejos, y así como se puede aplaudir al propio verdugo (¿no hay casos de mujeres torturadas que se casan con su torturador?) también hay reacción. De hecho, Pérez Molina no ganó, y no es tan seguro que se imponga en la segunda vuelta.

En Guatemala por supuesto que sorprende que una candidata indígena tenga una aceptación tan baja, pero ello tiene historia. La población indígena del país por siglos estuvo desunida, excluida, reprimida. Y no se podría asegurar sin críticas que la figura de Rigoberta Menchú sea hoy la más absolutamente genuina expresión de los pueblos mayas. Hay algo de manipulación de su figura por cierto. Los indígenas lo saben, y seguramente eso se reflejó en las urnas. Al respecto puede ser interesante citar palabras del ecuatoriano Pablo Dávalos: “Cuando los indios emergen en el 90 empieza también la cooperación para el desarrollo. Las ONG del desarrollo aterrizan en el corazón del movimiento. (...) La cooperación rompe las solidaridades e inaugura rivalidades entre las comunidades con la creación de organizaciones de segundo grado que empiezan a disputar los recursos de la cooperación”.

Pero la organización de los pueblos mayas, más allá de esa cooperación internacional que la coopta (o de las estrategias de exterminio que el genocidio vivido durante la guerra trajo) sigue viva. Ahí es donde decimos que, pese al posible derrotismo que expresábamos más arriba, la esperanza continúa estando presente. Las izquierdas tradicionales de Latinoamérica en países con alta composición de pueblos originarios –en general inspiradas en cosmovisiones europeizantes de marxismo ortodoxo, salvo chispazos alternativos como José Mariátegui en Perú o Carlos Guzmán Böckler en Guatemala, que han propuesto nuevas interpretaciones de la cuestión indígena, siempre como marxistas, pero entendiendo de otro modo el fenómeno– han tenido muchas reticencias para aceptar teórica y prácticamente el hecho de una “movilización política indígena” como una entidad propia, y de hecho su accionar político siempre se ha encaminado a integrar los movimientos indígenas en la lógica de lucha campesina. Como claramente lo expresa el pensador guatemalteco Guzmán Böckler, en la izquierda latinoamericana por años se esperó “la proletarización que exigían los pensadores estalinistas de las izquierdas ortodoxas para limpiar el camino que conduciría a la revolución”. El “problema indígena” fue para la izquierda en muy buena medida justamente eso: un problema. No encajaba en la teoría, era un “obstáculo” para la revolución proletaria. Como bien lo expresa Gaudenzi, “si para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo, Guatemala es el país ideal para plantearla en términos de etnicidad y cultura”. Hay ahí un reto abierto. ¿Perdió “atractivo” la lucha de clases, o se ha sacado el tema de circulación por otros motivos? Las 245.000 víctimas de la guerra civil de Guatemala, ¿no se deben a la lucha de clases?

En este contexto puede ser pertinente recordar la Declaración de Quito, de julio de 1990, preparatoria de la contra-cumbre de celebraciones que tuvo lugar con motivo del encuentro (¿o encontronazo?) de dos mundos en 1492: “los pueblos indios, además de nuestros problemas específicos, tenemos problemas en común con otras clases y sectores populares tales como la pobreza, la marginación, la discriminación, la opresión y explotación, todo ello producto del dominio neocolonial del imperialismo y de las clases dominantes de cada país”.

Sin dudas que la izquierda está en crisis. ¡Y no sólo en Guatemala! Que el próximo 23 de octubre pueda imponerse Cristina Fernández viuda de Kirchner en las urnas de Argentina, o el 6 de noviembre Daniel Ortega en las de Nicaragua, no significa que se impongan proyectos revolucionarios, que la derecha tiemble porque se viene el poder popular y las expropiaciones, que el imperialismo asista a nuevas Cubas en el continente. Hoy día esas ideas “revolucionarias” parecieran haberse esfumado; o, al menos, no están presentes en la cotidianeidad de la práctica política, han perdido fuerza. O peor aún: han perdido credibilidad. Pero los movimientos sociales (los pueblos indígenas, los desocupados urbanos, los grupos de mujeres organizadas, los piqueteros, los sin-tierra, los jóvenes sin futuro, los desamparados de toda laya), quizá sin decirse de izquierda en sentido estricto, siguen vivos y en pie de lucha. Si en Bolivia hoy gobierna un indígena, es porque esos movimientos populares llevaron a Evo Morales a la presidencia. ¿Por qué no sucede eso en Guatemala? Son situaciones diferentes, sin dudas, y explicar el caso centroamericano no es para justificar el rendimiento de la izquierda en las pasadas elecciones. De lo que no caben dudas es que las propuestas de izquierda no están en alza; pero el descontento sigue estando ahí, como volcán listo para reventar.

¿Será que el camino para transformar algo anda por el lado de los movimientos sociales? Muy probablemente. Ello no significa que allí radique la fórmula mágica, pero sin dudas –tomando las provocadoras preguntas de Gaudenzi– hay que abrir el debate en torno a todo esto. Lo importante a rescatar es la esperanza. Si la misma nace de los tiros que vuelan por ahí o de la organización de base, es lo que está en discusión. Hoy los movimientos armados no están en crecimiento; pero nada dice que quizá no retornen. No lo estamos asegurando, y mucho menos estamos haciendo un llamado a ello. Pero la realidad política nos muestra que ello no deja de ser posible. Lo que sí es palmario es que las propuestas de izquierda electoral no alcanzan para transformar de raíz los agudos problemas de las sociedades latinoamericanas. El caso del bolivarianismo en Venezuela es una pregunta abierta: después de varias elecciones ganadas por Hugo Chávez, ¿se transformó realmente la situación de las grandes mayorías populares, o no se ha ido más allá de un discurso reformador que no cambia las estructuras de fondo? La invitación es seguir profundizando el tema.

Por supuesto que los movimientos indígenas siguen siendo una esperanza de cambio. Como dijo el portugués Boaventura de Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos y para el gran capital local] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”.

Que en la segunda vuelta electoral en Guatemala el próximo 6 de noviembre los pueblos mayas, mayoritarios en el país, junto a los pobres no-mayas ubicados básicamente en las áreas urbanas y en el oriente, tengan que optar por dos candidatos que no los representan en absoluto, no significa que la gente se “derechizó”, sea tonta o no tenga conciencia política. Indica, en todo caso, que el discurso del cambio hoy por hoy lo tiene secuestrado la derecha. Pero los problemas están ahí, y la población sigue resistiendo como puede, desde el llano, desde la cotidianeidad. Lo cual lleva a plantearse autocríticamente cómo hace el pensamiento de izquierda para retomar el terreno perdido. La gran tarea de la izquierda hoy, retomando a nuestro amigo que nos provoca desde México es, después del desprestigio en que ha caído todo lo que suene a contestatario –y luego de la represión feroz de la que fue objeto, al igual que los movimientos populares– ¿cómo hacer para recuperar la confianza en que el cambio sí es posible? Es decir: ¿cómo levantar banderas contra la resignación?

Nota:
1) http://www.argenpress.info/2011/09/elecciones-en-guatemala-mas-de-lo-mismo.html

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La Resistencia hondureña celebra congreso extraordinario y rebautiza su brazo político que pasará a llamarse, Resistencia Popular

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Con exclamación y júbilo fue aprobada este domingo la propuesta Resistencia Popular como nuevo nombre del brazo político del que se conociera como Frente Nacional de Resistencia Popular.

Foto: ¡“SI SE PUDO, SI SE PUDO”! / Autor: Dick Emanuelsson

¡“El pueblo unido jamás será vencido”! gritaban más de mil delegados presentes y con sus tarjetas rojas lanzadas al aire. Las láminas en el techo de la gran aula del Instituto Genaro Muñoz, en la bella ciudad de Siguatepeque, literalmente temblaban por las ovaciones de los delegados.

Habían llegado de los 18 departamentos de Honduras más el 19 de los migrantes hondureños en el exterior en una convocatoria récord de la Comisión Política del Frente, lanzada apenas 72 horas antes, o sea el pasado jueves.

Foto: Mil delegados en la extraordinaria asamblea del FNRP. / Autor: Dick Emanuelsson.

El motivo que ameritó la realización de esta asamblea fue la preocupación de la Dirección del Frente en el sentido que el Tribunal Supremo Electoral colocaría trabas en el proceso de la inscripción del nombre Frente Amplio de Resistencia Popular, FARP. Un ex integrante de la resistencia, Andrés Pavón, había constituido su partido ya en noviembre de 2010 cuando se autoexcluyó del FNRP y formó su propio movimiento.


Hecho reafirmado el miércoles pasado cuando se encontró con representantes de la Resistencia hondureña en una reunión que terminó sin que Pavón cediera su intención de inscribir su partido con el nombre; Frente Amplio Electoral Político de Resistencia, FAPER.

Para evitar problemas jurídicos en el TSE, la Resistencia tomó la decisión de convocar a una asamblea con los mismos delegados elegidos por la asamblea anterior y así llegar a una decisión rápida para formalizar la inscripción que requiere 45.000 firmas registradas este año en curso. El Frente ya había juntado más de 100.000 firmas y habían solicitado 100.000 formularios más cuando se decidió la convocatoria del jueves pasado.

Más que desmoralizar a los miles de resistentes en Honduras, la maniobra de Pavón provocó la ira de mucha gente aunque no se contrarrestó la voluntad de compromiso por más trabajo militante.

Los 18 coordinadores departamentales entregaron cada uno sus propuestas de un nuevo nombre del brazo político y el resultado fue sorprendente; una mayoría quería que el FNRP fuera también el nombre del brazo político. Contra esas posiciones discrepó Bartolo Fuentes, miembro de la Comisión Política y coordinador del departamento de Yoro, en el centro del país. Propuso el nombre “Resistencia Popular” y argumentó, distinguiendo el carácter del FNRP como un Frente de acción de las masas, mientras el brazo político será el instrumento para canalizar los reclamos políticos y la tarea de la toma del poder. O mejor dicho; una combinación de todas las formas de lucha de masas; en las calles y plazas pero también en las instituciones públicas.

Foto: Bartolo Fuentes argumenta por su propuesta. / Autor: Dick Emanuelsson.

Intervinieron los movimientos sociales, haciendo propuestas para el nuevo nombre. Sucesivamente se cristalizó una línea muy marcada en el sentido que los delegados querían mantener el nombre de Frente y de Resistencia.

Allan McDonald, caricaturista y trabajador en el diario El Heraldo, medio de comunicación ligado al golpismo con un odio totalmente ciego hacia Manuel Zelaya, propuso “POR”, Pueblo Organizado en Resistencia”. Si bien no parecía un mal argumento, su propuesta no cayó muy bien a los delegados.

Foto: Manuel Zelaya. / Autor: Dick Emanuelsson.

Fue en ese momento cuando Manuel Zelaya interrumpió el debate y regañó a los mil delegados presentes. Más de un rostro quedó perplejo ante las palabras del coordinador general del Frente cuando intervino en el debate y apoyando la propuesta de McDonald.

Juan Barahona, sub coordinador general de la Resistencia hondureña, propuso una media de pausa para almuerzo y para que la Comisión Política se reuniera para tratar de llegar a una propuesta unificada ante las diez diferentes propuestas que habían sido presentadas por los delegados.

La pausa duró casi dos horas y cuando regresaron, el secretario general del Frente, Jaime Rodríguez, presidente nacional del colegio magisterial COPEMH, tomó la palabra para presentar las dos propuestas de la Comisión Política;

RESISTENCIA POPULAR (RP) y... PUEBLO EN RESISTENCIA (PR)

Mencionando la primera propuesta el júbilo no tenía límites. Todas las papeletas rojas para votar, parecían volar hacia el techo y cuando Jaime Rodríguez constató que Resistencia Popular había sido la decisión de los delegados con exclamación, comenzaron a cantar ¡“El pueblo unido, jamás será vencido”! agregando también la consigna; ¡“Si se pudo, si se pudo”!


Conversamos con Bartolo Fuentes después de la clausura de la asamblea extraordinaria, entrevista que puede verse en el siguiente video y enlace.

Subraya que el debate fue sincero y varias veces también duro. No solamente Mel Zelaya se dio cuenta que los hondureños que se integraron en este descomunal movimiento después del golpe de estado, ya no quieren ver o ser parte de los viejos trucos de los partidos tradicionales en Honduras, también los movimientos sociales que llevan décadas con imposiciones y estructuras muchas veces antidemocráticas, han recibido este domingo unas duras lecciones que ojala tomaran en cuenta.

Entrevista (video) Exclusiva a BARTOLDO FUENTES, miembro de la Comisión Política, en la que habló sobre la decisión de inscribir el nuevo nombre del brazo político del FNRP: http://www.vimeo.com/29588663

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Argentina: Historia con vértigo abdominal

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
En la contratapa del diario Página 12 del 24 de setiembre, la señora Sandra Russo, con su peculiar estilo que recuerda a las novelas de Radio Prieto de los años 40 y el método comunicacional llamado “storytelling”, se ocupa de darnos una versión endulzada (digamos deformada) de episodios de la política argentina.

Comienza contando una historia personal que le tocó vivir recientemente en Tucumán y hace referencia, aparentemente fuera de contexto y sin explicación alguna, a la “conflictividad entre abogados y obreros”. Esto último probablemente resultado de una lectura aproximativa del ensayo “Sobre los orígenes del Partido Peronista” de María Moira Mackinnon, donde ésta menciona algunos cruces verbales en el Congreso entre diputados peronistas abogados de profesión y otros de origen obrero.

Luego dice que... “el Partido Laborista... y la UCR-Junta Renovadora habían sido los puentes principales para el acceso de Perón a la presidencia”. Luego se refiere a la orden de Perón, en mayo de 1946, de disolver el Partido Laborista a fin de integrarlo en el Partido Único de la Revolución y a la resistencia de muchos de sus dirigentes a obedecer la orden y menciona entre ellos a Cipriano Reyes.

Sandra Russo olvida, sin embargo, contar una parte de la historia.

Cipriano Reyes fue uno de los artífices del 17 de Octubre de 1945 contribuyendo decisivamente desde su liderazgo en los frigoríficos a movilizar a los trabajadores de todo el cinturón industrial de Buenos Aires. En las elecciones que ganó Perón en 1946, el Partido Laborista, fundado el 24 de octubre de 1945, del que formaba parte Reyes, fue la base orgánica que permitió el triunfo peronista. No obstante, el 23 de mayo de 1946, unos días antes de asumir como presidente, Perón ordenó la disolución del Partido Laborista y de los otros partidos que contribuyeron a su elección y decidió su unificación en un partido único, el Partido Único de la Revolución, origen del Partido Peronista. Reyes fue uno de los pocos que resistió la orden y se mantuvo en su banca de diputado nacional durante dos años criticando en diferentes aspectos la política del Gobierno.

Era incompatible con la concepción y la estrategia de Perón en materia de “movimiento obrero organizado” (véase su discurso en la Bolsa de Comercio en 1944) aceptar la existencia de un Partido autónomo, constituido sobre bases casi exclusivamente sindicales de distintas procedencias, que lo apoyaría pero también controlaría el cumplimiento del programa político que lo llevó al poder.

No pudiendo atacarlo frontalmente en razón del apoyo que gozaba entre los trabajadores de los frigoríficos, Reyes fue objeto de varios atentados en uno de los cuales murieron seis trabajadores de Berisso y en otro cayó ametrallado su chofer, de apellido Fontán. También los locales partidarios laboristas fueron asaltados en distintos puntos del país.

La resistencia de Reyes terminó abruptamente en setiembre de 1948 cuando fue acusado de tramar un atentado contra Perón y su esposa Eva Perón, encarcelado junto con su hermano Héctor y otros militantes laboristas y salvajemente torturados. Condenado a prisión, sólo recuperó su libertad en 1955.

Sandra Russo escribe más adelante:

...“Ya habían tenido lugar la gran huelga azucarera del ’49, el enojo de Perón y la intervención a la organización sindical más fuerte de Tucumán, la Fotia, que nucleaba a los trabajadores de los ingenios y desacataba a la CGT. Tucumán era un hervidero en el que convivían ríspidamente obreros y abogados, pugnando por prevalecer”. No se entiende qué quiere decir con eso de que obreros y abogados “convivían ríspidamente, pugnando por prevalecer”. Probablemente otra vez una extrapolación deficiente del ensayo de María Moira Mackinnon.

Pero la señora Russo olvida, además, algunos detalles importantes.

La huelga de los obreros tucumanos de 1949, que “enojó a Perón”, movilizó a 130000 trabajadores durante 46 días contra la oligarquía azucarera (Robustiano Patrón Costas y otros). La represión oficial le costó la vida a Carlos Antonio Aguirre, torturado hasta la muerte en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán y dio lugar a la intervención a la FOTIA lo que constituyó un durísimo golpe contra lo que quedaba del movimiento obrero independiente al margen de la burocracia sindical, verdadero cáncer del movimiento obrero que subsiste hasta hoy.

La señora Russo, cuando cuenta su reciente visita a Tucumán, escribe: “Ya entonces sentí un ligero vértigo en el estómago”.

Se define al vértigo como la sensación de falta de estabilidad o de desconocer cuál es nuestra situación rotatoria en el espacio. Es decir es una sensación que se experimenta en la cabeza, esa parte del cuerpo que alguna gente usa también para pensar.

Al parecer, la señora Russo tiene en el estómago algunas de las funciones y sensaciones que otra gente tiene en la cabeza.

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De Wall Street, la UCA y las competencias laborales

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

“El tema más candente entre los directores de los fondos de inversión libre de Wall Street actualmente no es la reforma financiera”, apunta el principal columnista político del Globe and Mail de Toronto, Konrad Yakabuski, a principio de mes. “Es la reforma educacional”, sentencia Sam Pizzigati en su artículo Plutocracia tras una máscara de afable filantropía (1).

Y quien puede negar que en la Argentina la plutocracia no desee lo mismo.

Propiedad privada, escuelas hechas galpones digitalizados y pedagogía de mercado.

“Tres de cada diez chicos de estrato social muy bajo no suelen tener lo suficiente para comer. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas de la Argentina viven en hogares donde se debió restringir el consumo alimentario por problemas económicos e, incluso, se padeció hambre. Son ésas las más dolorosas conclusiones del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (BDSI), que cada año realiza la Universidad Católica Argentina (UCA)”, señaló La Nación el pasado 9 de setiembre de 2011 (2).

¿Acaso la Asignación Universal por Hijo no iba a emanciparnos de la pobreza de los empobrecidos?

Còmo ustedes verán recurro frecuentemente a los índices sociales brindados por la UCA. Pero la UCA tiene lo suyo… y es bastante funesto.

Un largo párrafo de Eduardo Rosenzvaig viene bien: “El Profesor Doctor Fray Aníbal Fosbery se desempeñaba desde el año 1970 como rector de la UNSTA (Universidad Católica Santo Tomás de Aquino). En el golpe de 1966 ya era miembro del Consejo Superior de la UCA en Buenos Aires, Decano de la Facultad de Filosofía y como tal, apoyó la “noche de los bastones largos”. El dominico, bachiller del Colegio Militar de la Nación, fundador de la Fundaciòn Santo Tomás para la formación de dirigentes en el país, es participe activo del nuevo proyecto educativo que debe barrer de una vez y para siempre con los estragos del magisterio ateo, materialista y antinacional. Se necesitaba ahora una “noche de los borradores largos”. “A través de la UCA es posible seguir la línea económica que sustentará la nueva educación. La UCA posee el paquete mayoritario de la más grande editorial jurídica del país, a través de las acciones de su Rector, Monseñor Octavio Derisi (Falleció el 22 de octubre de 2002). Entre los socios figuran Mauricio Braun Menéndez (Termas Villavicencio S.A., Astillero Astarsa, etc.), Fernando M. Carlès (Cristalerías Rigolleau, ingenio La Esperanza, Squibb y Sons Argent.), Alejandro Bulgheroni (creador del Grupo Bridas, que incorpora como socios al general Reynaldo Bignone, luego presidente de la Nación, al Canciller Aguirre Lanari, accionista mayoritario de Papel Tucumán; el grupo Bridas llegó a tener en la última fase del proceso : la presidencia, el Ministerio de Economía y la Cancillería), Carlos Alberto Pérez Companc (creador del grupo económico Pérez Companc, el que más creciera desde 1976, fue presidente del Consejo de administración de la UCA desde Fundaciòn hasta su muerte en 1978) (3).

Asimismo, en Piñera y los Chicago Boys Patricio Malatrassi es contundente: “Esta universidad (Universidad Católica de Chile) cobijó el plan ideológico más audaz y de mayores consecuencias para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A través de este plan se concretó la formación ideológica de quienes construirían las bases del golpe de Estado que derrocaría al gobierno popular y asumirían la conducción económica una vez perpetrado èste. Cuando el hombre de Washington Albion Paterson contactó al rector de la Universidad de Chile y le ofreció una donación para financiar el proyecto este la rechazó por su claro contenido intervencionista. El Rector de la Universidad Católica (El cura y rector Alfredo Silva Santiago) a través del Decano de la Facultad C. Económicas de la época (1956) Julio Chana aceptò la oferta con la Universidad de Chicago dentro del paquete: el “Proyecto Chile”. Fue un logro extraordinario para el imperialismo estadounidense. La Universidad Católica, hogar de los Chicago Boys se convirtió posteriormente en el epicentro ideológico del golpe de Estado. Nunca, que yo sepa, la Universidad Católica ha respondido por su responsabilidad moral y política en todo esto y algunos de quienes se formaron en este esquema son hombres claves en las relaciones políticas del gobierno de Piñera (4)”.

En Wall Street, Santiago de Chile o Argentina “la reforma educacional es un tema candente”.

Me pregunto por qué los empresarios se inquietan tanto por los manuales que “exaltan más las fábricas recuperadas que la propiedad privada”. “Estamos preocupados por la educación”, aseveró Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina a fines de julio de 2011 (5).

¿Pero no son acaso empresas de carácter privado quienes diseñan e imprimen los manuales escolares en Argentina?

Andrés Brenner es esclarecedor: “Si consideramos las últimas reformas educativas apreciaremos que hay un gran ausente: los manuales, la política hacia los libros de textos. Por supuesto, es una problemática ya existente en el pasado, con otro cariz, en el contexto de la denominada educación tradicional (…) Una escuela donde el alumno para hacer sus actividades copia de manuales y copia del maestro, quien a su vez también copia del manual –quien a la perfección aprende mediante las actuales tecnologías de la información y la comunicación a copiar y pegar-, cuyos contenidos son copiados dogmáticamente de un diseño curricular y dogmáticamente de ciertas fuentes de información, nada tienen que ver con una educación liberadora, problematizadora, tal como la propone Paulo Freire (6)”.

Entonces, aunque los empresarios se muestren atentos y afligidos por ciertos contenidos escolares… son ellos y sus intelectuales quienes construyen –vía políticas estatales y mercantiles- las políticas educacionales.

En una nueva reunión en Nueva York la UNESCO, UNICEF, el PNUD, UNFPA y el Banco Mundial también se mostraron desalentados porque la Educaciòn Para Todos (EPT) no va alcanzar sus metas estipuladas en el 2015.

Recientemente, Juan Llach (ex ministro de Educaciòn) en un debate sobre “La agenda presidencial 2011-2015: ¿es posible mejorar la educación en Argentina?” afirmó: “Hay que ofrecer competencias laborales en la escuela media en zonas necesitadas (7)”.

Más claro imposible: a los “empobrecidos” puestos de trabajos precarios o formales con bajos salarios; a los “elegidos” una universidad funcional a la plutocracia. Los mismos jóvenes: algunos de gerentes, otros de repuestos y la mayoría (si llega) al consumismo barato después de laborar todo el día.

Manuel Moncada Fonseca nos precisa qué comprender por competencias: “Siguiendo al mismo autor (Renàn Vega Cantor), queda claro algo sumamente importante para entender el origen de muchos fenómenos elevados, ahora, al rango académico: desde el marco educativo, el uso del término competencia es muy reciente. Se empleó por primera vez en 1992 en Estados Unidos, por la Secretaria de Trabajo de ese entonces, al conformar una comisión de “expertos” a la que encargó la elaboración de un documento: “Lo que el trabajo requiere de las escuelas”. Tras esta acotación, el mismo autor señala que dicho informe siendo encargado por la Secretaria de Trabajo y no por la de Educación, demuestra quién determinó, desde un inicio, la relevancia de las competencias. Por otra parte, anota que el concepto “competencias” sustituyó al concepto “calificaciones”, temiéndose que los convenios colectivos conspiraran contra la flexibilidad (precariedad) y la polivalencia de los trabajadores (8)”.

En definitiva, desde Wall Street hasta la EPT hay que “reformar la educación” sin salirse de la globalización del dinero. Con el mito de la tríada del desarrollo personal, ciudadano y laboral están edificando sistemas educativos para sus intereses.

Sam Pizzigati es aleccionador: “Debemos aprender a reconocer los golpes de Estado más sutiles de la plutocracia. ¿Cuál es el mejor manual? La lucha por el futuro de la educación (1)”.

Y es verdad. Después de 1976 y el terrorismo de Estado; aquí en el sur; entre los gobiernos y las corporaciones las escuelas se transformaron en galpones digitalizados.

Habrá que tumbarlos para que nazca una nueva pedagogía: libertaria y democrática.

Esa es nuestra apuesta. Y espero nos ayude. De nosotros, depende.

Notas:
1) www.sinpermiso.info 18-09-2011
2) Les falta comida tres de cada diez niños. Fernando Rodríguez. La Nación.
3) La oruga sobre el pizarrón. Ediciones del Pensamiento Nacional. Julio de 1993.
4) Rebelión. 28-07-2011
5) Inquietud de empresarios por textos escolares que los critican. Francisco Olivera. La Nación. 22-07-2011. En dicha crónica se subraya: “Aun así, la decena de dirigentes empresariales se las ingenió, en La Rural, para mostrar algunas coincidencias: la inquietud por el reclamo sindical de elevar el salario mínimo, la energía, las elecciones. Y un tema nuevo en la mesa, que involucró a los principales actores: preocupación por manuales escolares que, dicen, no tratan al sector empresarial del modo en que ellos quisieran. Estaban los más representativos. El anfitrión, Hugo Biolcati, y Jorge Brito (Asociación de Bancos Privados), José Ignacio de Mendiguren (Unión Industrial Argentina), Carlos Wagner (Cámara de la Construcción), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa), Claudio Cesario (Asociación de Bancos de la Argentina), Claudio Rodríguez (IDEA), y Pablo Taussig y Luis Bameule (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa).
6) La reforma educativa y los manuales.
7) Mejorar la calidad educativa, clave en la agenda política. La Nación. 18-09-2011
8) Reingeniería académica a gusto del capital. Rebelión. 01-12-2010

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Claudio Lozano: "Es hora de que Boudou deje de guitarrear y que explique que ha hecho con los fondos de los jubilados"

Claudio Lozano elevó un pedido de interpelación al ministro de Trabajo Carlos Tomada, en su carácter de autoridad a cargo del ANSES, e interpuso una demanda judicial contra el ministro Amado Boudou y el resto del directorio de la Anses (2008) para que se investigue.

1 - el faltante de 4.200 millones de pesos del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) del Sistema Previsional.

2 - las razones que determinaron que el Gobierno utilizara $ 48.000 millones del Anses para financiarse en los últimos dos años.

3 - la compra, con recursos del Anses, de acciones de empresas vinculadas a funcionarios cercanos al Ministerio de Economía, concretamente acciones de Mirgor.

La denuncia, que recayó en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 1 de Servini de Cubría, Fiscalía 5 Dr. Comparatore, con el Nº de expediente 12214/11, se fundamenta en la documentación presentada por Lozano, que da cuenta tanto de las comunicaciones sostenidas entre Boudou y Etchebarne como de que Arcadia - a instancias del Ministerio de Economía - promovía desde 2008 el canje de deuda en Estados Unidos, manejando información privilegiada. Tal como se desprende de dicha documentación, Arcadia fue la organizadora del canje, la que hacía las sugerencias y era organizadora de las reuniones de los bancos con el Ministerio.

Desde su ingreso al parlamento y en el marco de la lucha por el 82% real para los jubilados, Lozano viene realizando un seguimiento sobre la Administración y obre el destino de los fondos acumulados en los FGSs. Seguimiento de estos recursos, que tal como planteara en los proyectos presentados en la Cámara baja, permitirían pagar el 82% a todos los jubilados y que no solo arrojó el faltante de $ 4.200 millones sino que le permitió fundamentar judicialmente un destino irregular.

Se adjuntan el pedido de interpelación y la denuncia judicial.



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Detrás de los policías privados

Carlos del Frade (APE)

Un narcotraficante escapó de la alcaidía de policía de la Unidad Regional II, con asiento en Rosario, escoltado de dos suboficiales y un oficial. Fue en julio de este año. La imagen fue filmada por las cámaras de seguridad. Con el tiempo se verificó dinero en los bolsillos de los uniformados. Desde la sede misma de la policía santafesina en la principal ciudad de la provincia, los que debían garantizar que el vendedor de drogas no saliera a la calle, lo escoltaron. Casi una provocación.

Fue un claro hecho de corrupción.

Y surgió un recuerdo: un grupo de uniformados quiso, no hace muchos años atrás, constituir un sindicato y su principal consigna era que la inseguridad era consecuencia de la corrupción policial política.

Desde hace mucho tiempo, en la provincia con forma de bota y nombre religioso, se sabe que el delito organizado siempre tiene una pata policial.

Las famosas e invencibles cajas negras.

También se conoce que muchos de los militares y policías que trabajaron durante el terrorismo de estado encontraron una lucrativa salida laboral en la constitución y evolución de las agencias de seguridad privada.

De allí que los últimos números sobre el crecimiento de estas empresas también puede ser leído como la triste comprobación de una matriz por ahora inmodificable. La trama siempre viva que relaciona factores de poder político, económicos y policiales que garantizan negocios ilegales y multiplican la inseguridad entre los integrantes de las mayorías santafesinas.

En el año 2000 se contabilizaban 30 agencias privadas, hoy, once años después, ya suman 116.

En forma paralela, los policías privados ya suman 6.260 contra los 900 del último año del siglo pasado.

-La seguridad privada es un complemento de la seguridad pública - dijo Ana Boglione, titular de la Dirección Provincial de Control de Agencias Privadas.

"Este aumento hay que analizarlo en un concepto de lo que ha significado un crecimiento comercial de la ciudad y de todo lo que lo que es el cordón industrial. Todo el crecimiento en el sector de puertos ha generado un repunte de la actividad. Esta es una variable de análisis que no debe escapar”, apuntó la funcionaria.

“Hemos avanzado mucho en el control estatal de las agencias de seguridad. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo conjunto que se hace con la cámara santafesina. Se hicieron controles juntamente con el Ministerio de Trabajo, a través de un convenio firmado con la cámara santafesina que sirve para el control. Existe una página oficial, un registro en el que se puede consultar si una empresa está habilitada. Más allá de la resolución vigente, esta ley ha sido complementada a través de otras resoluciones dictadas por esta dirección que fue subsanando algunas cuestiones que no se consideraron en su momento”, remarcó.

Lo que no se dice desde las esferas oficiales que de acuerdo a la cantidad de habitantes, la provincia de Santa Fe es uno de los territorios con mayor cantidad de policías oficiales. Por lo tanto, la necesidad de seguridad privada se explica no por la cantidad, si no por la calidad, por lo que hacen los uniformados estatales.

Entre ambos grupos, en definitiva, los encargados de la seguridad privada como la estatal, generan un negocio donde lo que más importa no es el cuidado del pueblo si no la explotación mercantil de sus miedos.

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Ego te absolvo: Negocios y pactos que cuestan vidas

Hugo "Cachorro" Godoy (ACTA)

“Es una vergüenza y estamos todos muy dolidos” dijo Cristian Colman, secretario general de la seccional Río Tercero de la Asociación Trabajadores del Estado. “Bronca y una gran impotencia ante tanta impunidad es lo que siento”, definió Oscar Gigena de la Comisión de Damnificados por la explosión que, en noviembre de 1995, hizo estallar en el centro de la ciudad de Río Tercero la fabrica militar desde donde habían partido las armas para la venta ilegal a Croacia y Ecuador que realizó el gobierno de Carlos Menem.

Es el sentimiento de gran parte de la población de esta localidad cordobesa, donde se produjo uno de los actos mas infames, porque para ocultar la venta de armas ilegal a estos países se produjo la muerte de 7 personas, más de 300 heridos y la destrucción de toda una zona importante del centro de esa ciudad. Motivado por el dictamen del juzgado en lo económico que absuelve a los 18 acusados por, en un principio asociación ilícita, no cumplimiento de los deberes de funcionario publico y contrabando, que después de casi 16 años, fuera el único motivo que quedara de encausamiento.

¿Qué es lo que está detrás de esta absolución al innombrable y los funcionarios de esa asociación ilícita, que produjo uno de los escándalos más grandes y una de las brutalidades mayores en estos años de democracia? ¿Implica solamente un cambio de favores, o implica una cuestión que trasciende y demuestra la vigencia de un sistema estructural de relaciones entre algunas representaciones partidarias y gubernamentales, la justicia penal y el esquema de negocios de nuestro país?

Quizás un indicio importante para dilucidar esta pregunta nos lo haya aportado Juan Gasparini, un argentino que vive en Suiza desde los años de la dictadura militar, en que se tuvo que ir fugando de nuestro país, periodista e investigador, que en el año 2009 edito su libro “El pacto Menem–Kirchner: Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios”. Allí se relata, con este titulo, una parte importante de las confesiones de Lionel Queudot, el intermediario en Ginebra que pagó los sobornos de la mega coima de 25 millones de dólares cobrada por el clan Menem a través de la banca Suiza cuando se privatizo el espacio radioeléctrico nacional en 1997, entregado el grupo francés Thales.

El testimonio de Queudot fue notificado oportunamente a los tribunales argentinos, pero todavía duerme el sueño de los justos en los escritorios de la Justicia Federal, cuyo Fuero Penal no corrió la misma suerte de cambios profundos que sí se produjeron en la Corte Suprema de la Nación, posibilitando un recambio importante. Parece ser que el Fuero Penal cumple otra función, para seguir sosteniendo el funcionamiento de una política basada en el negocio de las multinacionales, las coimas a los funcionarios y el encubrimiento de este sistema de dinero negro generado a lo largo de los años de Menem, que quedó definitivamente en las tinieblas producto de un acuerdo entre el riojano y quien era en ese momento el presidente de nuestro país. O sea, el representante del Estado Nacional, que debería haber continuado los juicios que Argentina dejó de realizar ante la Confederación Helvética.

Estos hechos del año 2004 son los que explicarían este último eslabón de esta cadena de impunidad. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Cuáles son las implicancias de este pacto de impunidad? Porque ya prácticamente sin condena a los responsables del escándalo de la venta ilegal de armas y de esa asociación ilícita, va a quedar también impune el asesinato, producto de la explosión en Río Tercero, de 7 personas, 300 heridos y destrozos en la ciudad, a quienes sus victimas ya no tendrán a quien reclamarle indemnización por semejante desastre. Y mucho menos justicia.

Estamos en un tiempo en que empiezan a verse con claridad cosas que ya en 2004 se vislumbraban, y tan bien relata Gasparini, en este acto de impunidad que es también un acto de ratificación de gobernabilidad de los poderosos.

¿Cuáles son las cosas que los argentinos deberemos llevar adelante para posibilitar que la democracia, este sistema que nos costó tanto recuperar, pueda convertirse realmente en un instrumento de verdad y justicia?

Que dé respuesta a las necesidades del conjunto de la población y no, como parece ser que es, por este dictamen judicial, un instrumento del encubrimiento del negocio de unos pocos, a costa del sufrimiento y del dolor de muchos.

Hugo "Cachorro" Godoy es Secretario General de la Agrupación Germán Abdala de la CTA de la provincia de Buenos Aires.

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Argentina: Relación entre educación, pobreza y exclusión

Pablo Micheli (ACTA)

En primer término, es necesario asumir que, sea cual sea el lugar en el que cada uno se ubique en las distintas ideologías, el estado en que el mundo se encuentra es terriblemente desolador, y necesita de acciones concretas y contundentes.

Me refiero, obviamente, al irracional desarrollo que el sistema capitalista ha alcanzado. En ese sentido, es imposible efectuar cualquier tipo de análisis sin tener en cuenta la crisis económica en la que se encuentra inmerso el capitalismo mundial.

Concretamente, es casi ilusorio sostener, como se hace desde los países centrales -donde se originó y se desarrolla principalmente la crisis-, la supervivencia del sistema capitalista en su fase actual.

En efecto, no existe desarrollo posible del capitalismo en el marco de una crisis económica de tal magnitud, teniendo en cuenta además que a diferencia de épocas anteriores, el sistema se encuentra totalmente desregulado –fruto de la política exacerbada del libre mercado, el neoliberalismo-, en el cual conviven mercados paralelos sin ningún tipo de intervención estatal. Ello hace más probable la acentuación de la crisis que su solución.

A eso debe sumársele la indiscriminada –y también desregulada- explotación de los recursos naturales y estratégicos del planeta. En este sentido, la afectación de superficie de la tierra destinada a la producción de alimentos para la producción de biocombustible o la simple especulación, atenta contra la alimentación de la humanidad, encareciendo el precio de los alimentos.

Por último, no escapa a la percepción de nadie que dicha depredación y la propia crisis hasta impulsan salidas bélicas, aventuras que tienen la doble finalidad de fugar hacia delante sin resolver la crisis económica y la de acaparar las reservas de gas y petróleo por parte de Estados Unidos de Norteamérica y algunas potencias europeas.

En ese marco, la educación como posibilidad de salida de la pobreza es un elemento esencial, pero inescindible, obviamente, de políticas generales, políticas de Estado.

Porque la educación está ligada al trabajo, y en proceso de recesión y crisis mundial, lo que impera es la desocupación y el trabajo precario.

Justamente en la definición de Salario Mínimo Vital y Móvil, está éste que debe alcanzar para que el trabajador pueda garantizar la “educación de sus hijos” (“salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, art. 116 Ley de Contrato de Trabajo).

Así, por un lado, la educación de los hijos la garantiza el salario del padre, y el posterior empleo del hijo está ligado al grado de educación que haya alcanzado.

Por eso, no sólo sin educación no se erradica la pobreza, sino que con pobreza, es decir, sin salarios dignos, no se accede a la educación. Esto coloca al salario en el centro del debate, y me refiero a salarios dignos, obviamente, pero no sólo al salario individualmente considerado, sino a la política general de ingresos y salarios que impulsen los gobiernos.

Ahora bien, incluso en países con largos años de crecimiento económico como el nuestro, se plantea una política salarial cuyo horizonte –en el mejor de los casos- es superar la denominada línea de pobreza. Pero como vimos, el concepto de salario vital excede lo que pudiera considerarse la “pobreza”, ya que incluye otras variables que implican una vida digna, como en el caso que estamos tratando aquí, la educación.

El mundo de los años 30 se planteó salir de la crisis con salarios dignos, así lo planteó Roosvelt en EEUU, Perón en Argentina. Ello redundaba en mayor consumo, mayor producción, pleno empleo, más educación y formación profesional para acceder a mejores empleos.

El mundo del Siglo XXI se plantea simplemente la meta de superar el hambre, o la pobreza, pero no la vida digna de sus habitantes.

En ese sentido, los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, pero también las Naciones Unidas, a pesar de la evidencia de los efectos devastadores que generaron las políticas neoliberales que ellos mismos promovieron las décadas pasadas, no asumieron sus responsabilidades. Sólo se atrevieron, tibiamente, en los inicios del 2000, a promulgar cambios en las políticas públicas, para tender a la inclusión y a la “reducción” de la pobreza.

En esa línea surgieron propuestas como las de las “Metas del Milenio”, el “Pacto Mundial por el Empleo” y otras herramientas discursivas, tendientes a conseguir una lavada de cara a sus propósitos y seguir gestionando la desigualdad en la distribución mundial de los beneficios del proceso económico. En esas metas se propone, por ejemplo, no erradicar la pobreza, sino “reducir a la mitad” la pobreza extrema, tomando a aquellos que reciban menos de U$S 1 por día o que “padezcan hambre”. Paralelamente que se propone reducir a la mitad la pobreza, como un gran desafío, lo paradójico es que también se propone lograr el “empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes”.

Eso evidencia que se concibe que se puede tener trabajo y ser pobre, por lo que, en estos términos, podemos promover el empleo sin con ello afectar los niveles de pobreza.

Desde la perspectiva de los trabajadores, que el empleo siga estando asociado a la pobreza es algo inaceptable, y sobretodo desde el punto de vista, como ya mencionamos, del acceso a la educación. El trabajo digno y respetando las leyes laborales (producto, en gran parte, de la lucha del movimiento obrero), y en el marco de un proyecto de desarrollo integral de nuestros países, que respete los derechos de sus trabajadores y la soberanía de sus recursos naturales, deben seguir siendo la principal herramienta de inclusión social.

Por eso es importante denunciar la falacia de que tener un empleo es simplemente tener un ingreso, cualquiera sea el nivel de ese ingreso y las condiciones en las que ese empleo se realiza.

Veamos por partes esta falacia: tener un ingreso no es lo mismo a tener un empleo: Esto ha quedado instalado como forma de medir y describir a la población, ante la necesidad de saber rápidamente la situación socioeconómica de las personas, pero es altamente insuficiente. Desde los años 90 la pobreza empieza a ser medida “por ingresos”, es decir, con la ya famosa Línea de Pobreza (LP).

Recordemos que esta forma de medir y caracterizar a la pobreza se empieza a usar en la mayoría de los países de Latinoamérica, y en la Argentina también, con las políticas neoliberales de la década de los 90, justamente cuando empezó a resultar difícil describir la situación de la población que podía tener satisfechas sus contar “necesidades básicas” (como vivienda en buenas condiciones, infraestructura barrial, un adulto activo aportando ingresos al hogar, acceso a educación y salud -aunque en progresivo deterioro- pero sin los ingresos suficientes para satisfacer las demás condiciones de vida de su familia).

Hoy seguimos midiendo la pobreza en términos de ingreso, como si la pobreza se refiriera estrictamente a poder o no poder sobrevivir, ocultando el derecho a vivir dignamente, tanto en términos materiales como simbólicos o culturales. Conceptos idealmente contradictorios, actualmente conviven, en tanto el discurso y la realidad no los contraponen: trabajo y pobreza pueden coincidir en una misma persona, cuando justamente aquél debiera marcar la diferencia sobre ésta.

El empleo, entendido de esta forma, termina siendo abordado en el marco de las políticas sociales y no como entendemos debe ser: parte esencial de las políticas económicas y laborales que hacen a la distribución de los ingresos en una sociedad.

La herramienta de distribución por excelencia es el salario, y el Salario Mínimo Vital en los términos que ya explicamos y justa distribución de la riqueza eran, y deben seguir siendo, conceptos inseparables. Sin embargo, poner el eje en la pobreza e indigencia implica sólo plantearse la supervivencia física, sin ninguna relación con la justicia distributiva ni con la finalidad social que el concepto de salario justo persigue.

Eso redunda, indefectiblemente, en la carencia de educación de los hijos de los trabajadores, en un círculo vicioso que termina en la marginalidad y, muchas veces, en la delincuencia.

El Consejo del Salario como institución que fija el SMVM se plantea como gran ambición tratar de alcanzar ese límite estadístico, y no ya el que establece su definición, definida en función de las necesidades (y no sólo las básicas) del trabajador y su familia.

Si el Salario Mínimo en la Argentina de hoy debería alcanzar $ 5.000 para garantizar la cobertura de las necesidades que antes mencionamos, eso implica que al fijarse en menos de su mitad ($ 2.300), el trabajador no puede garantizar la mitad de esas cuestiones. Entre ellas, indudablemente, la educación de los hijos, que además muchas veces tienen que trabajar para colaborar con los padres.

De ese camino de ida sólo se vuelve, como dijimos antes, con políticas universales. Una de ellas, indudablemente, es la que apunte al pleno empleo con salarios dignos.

En los últimos años se ha producido la virtual licuación del Seguro de Desempleo, que todavía permanece congelado en la suma de $ 400 por mes. Una situación similar puede llegar a experimentarse en los planes de cooperativas de trabajo conocidos como “Argentina Trabaja”. Además, la reciente actualización del monto de la Asignación por Hijo y de los topes para persibir las Asignaciones Familiares también ha sido manifiestamente insuficiente.

Sobre una población económicamente activa de 16,2 millones de personas, el 50% (8,1 millones) se encuentran en una situación de precarización laboral, ya sea por encontrarse desempleadas (1,3 millones), con formas precarias de contratación (1,2 millones), no registradas (4 millones), o realizando tareas de subsistencia por cuentapropia (1,6 millones).

El perfil productivo, según el modelo de desarrollo económico que defina un país marcará las pautas de una demanda de empleo, que puede ser regresivo, restrictivo, vinculado a actividades sin valor agregado y sin calificación de las capacidades de trabajo, o bien un productivo, de permanente calificación y con posibilidades de recalificación periódica en el ámbito laboral que se traduzca con un mayor ingreso y desarrollo de capacidades autónomas de los trabajadores, y no solo con una polifuncionalidad devaluada requerida por el empleador.

Lamentablemente, al mundo lo siguen dirigiendo banqueros, usureros y burócratas internacionales, que en nada piensan más allá de perpetuar sus ganancias; a costa de sumir a tres cuartas partes de la población mundial en la más absoluta pobreza.

Se requiere por lo tanto políticas de Estado firmes, y pueblos que luchen por su dignidad.

Alocución de Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, en el "X Congreso Nacional sobre valores, pensamiento crítico y tejido social. Imperativos del tercer siglo como Nación: Desarrollo integral, inclusión social y cultura del encuentro", organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes, Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), 23 de septiembre de 2011.

Pablo Micheli es Secretario General de la CTA.

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Argentina, Córdoba: Al gobierno no le conviene legitimar la CTA de los trabajadores

Daniel Klocker (PRENSARED)

El secretario General de la CTA-Córdoba, Oscar “Cacho” Mengarelli criticó al ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada porque quiere ser “juez y parte en cuestiones que solo le compete y debe resolver la CTA”.

La CTA-Córdoba se movilizó para reclamar por libertad y democracia sindical, como así también exigió exigió el otorgamiento de la personería gremial a la Central y la unificación de las asignaciones familiares en 300 pesos y el 82 % móvil para todos los jubilados, entre otras reivindicaciones.

La actividad de la Central cordobesa comenzó al mediodía con una Radio Abierta en la plaza San Martín y posteriormente se marchó a la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El secretario General, Oscar Mengarelli al referirse a la intromisión del Ministerio de Trabajo de la Nación en las elecciones de la CTA, criticó con dureza al ministro Carlos Tomada porque “es juez y parte en cuestiones que solo le compete y debe resolver la CTA”.

Recordó que “cada vez que se votó ganó la lista “Germán Abdala”, pero al gobierno no le conviene legitimar a la CTA de los trabajadores, sino a Yasky para que vaya al Consejo del Salario a firmar un miserable aumento del 23%, cuando antes manifestaba que pediría un 41%.”

Consideró que “lamentablemente así entiende la democracia el ministro Tomada, que no delega las decisiones en los trabajadores, sino que directamente avasalla sus derechos como por ejemplo teniendo personal del Estado precarizado”.

Al referirse a la situación de los trabajadores en la provincia de Córdoba, Mengarelli afirmó que “también es crítica porque el gobierno provincial se maneja de la misma manera que el nacional al negarse a democratizar las relaciones laborales, y esto solo puede cambiar con el pueblo organizado”.

Reiteró que ATE-Córdoba “está proscripto por el gobierno provincial” y manifestó que “como pasa a nivel nacional hay una gran cantidad de empleados precarizados que deben pasar a planta permanente” y denunció que “los jubilados no cobran el 82% por ciento móvil después de haber aportado al Estado toda su vida y pidió la restitución de los aportes patronales”

Manifestó que “el gobierno inaugura hospitales, pero que no tienen ni empleados ni insumos para funcionar como corresponde y además las autoridades no admiten que la salud en la Provincia está en crisis por los bajos salarios por y las pésimas condiciones de trabajo”.

El secretario General de la CTA-Provincia, Guido Dreizik reclamó “el cese de la impunidad de la patronal de LV2 que continúa sin abonar los salarios a sus trabajadores, además de poner en peligro la fuente laboral de 64 familias”

También denunció las prácticas antisindicales “a los que son sometidos por parte de la patronal y de los gremios burocráticos los compañeros telefónicos, los trabajadores de las tecnologías de la información agrupados en CEPETEL, del Registro de Automotor y de los empleados de Call Center, entre otros sindicatos simplemente inscriptos”.

Criticó la persecución que diariamente “sufren los jóvenes cuando salen a trabajar porque deben cuidarse de no ser detenidos por la policía que utiliza el anticonstitucional Código de Faltas como arma e instrumento para ponerlo entre rejas por averiguación de antecedentes”.

Por su parte, la secretaria General de AMMAR Córdoba, Eugenia Aravaena exigió “libertad y reconocimiento sindical a su trabajo porque el trabajo sexual no es igual a la trata de personas y la criminalización del trabajo sexual no es el modo de combatir la trata de personas”.

De la radio abierta y de la movilización participaron: AMMAR-Córdoba, ATE-Córdoba, Cispren, Sindicato de Trabajadores de Taxis, UNNOC (call center), CEPETEL (Telefónicos), SITOS (Osplad) y MST, entre otras organizaciones.

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"Estamos viviendo un genocidio invisible que mata a través del saqueo y la contaminación"

Esteban Stanich (PRIMERA FUENTE)

De esta forma, Horacio Machado Aráoz, en su condición de fiscal, se dirigió ante el Tribunal a cargo del histórico juicio ético y popular que se realiza en la provincia contra un grupo de empresas multinacionales. Durante la jornada de hoy se presentarán los casos de las empresas Repsol, Monsanto e ingenio Ledesma.

Resaltan la paradoja desnudando la hipocresía. Un cachetazo para percibir este genocidio definido como invisible. Se concientiza, se resiste, se denuncia "En pleno furor de los derechos humanos vivimos un genocidio que parece no ser percibido pero mata por contaminación, por exclusión y por enfermedades como cáncer cuyas causas son disfrazadas". Machado Aráoz, autor de la citada frase e integrante del colectivo Sumaj Kawsay, oficia de fiscal en las audiencias que se realizan desde ayer (y hasta mañana) en la sede de Adiunt.

El juicio (en sus tres instancias en diferentes partes del país) es impulsado por decenas de organizaciones sociales de diversa índole. Su objetivo es dar a conocer la forma en la que las megaempresas operan en connivencia con el Gobierno que facilita el saqueo mediante leyes que lo sustentan jurídicamente y las consecuencias de este sistema neocolonizador. "Así funciona este engranaje de dominación. Es la lógica de la acumulación y devastación. Es la expropiación de la ciudadanía en su forma más elemental", agregó Machado, en su exposición ante representantes de organizaciones sociales de toda la región.

Durante la jornada de ayer, se explicó cómo este proceso detallado por el docente catamarqueño se replicó con exactitud en los casos de Minera Alumbrera y Agua Rica. El esplendor de normativas al servicio del saqueo, en plena etapa menemista, y su continuidad en la actualidad con un gobierno nacional ligado a las corporaciones mineras pese al creciente rechazo social.

Tanto las dos mineras mencionadas, como los casos de las empresas Repsol y Monsanto (durante la jornada de hoy) y el ingenio Ledesma (mañana) serán condenadas por este ejercicio de justicia popular presentado como alternativa ante la expropiación del sistema jurídico al servicio de las corporaciones.

Este domingo también será el turno para que el Tribunal tome protagonismo: será el momento de la sanción simbólica. Recrearán aquello que las instituciones formales, en su gran mayoría, como pilares del método extractivo-acumulativo, deciden evitar: la condena al saqueo. "Por esto estamos obligados a restituir nuestro derechos como comunidad. El derecho del árbol a echar raíces, del viento a soplar y el de la lluvia a caer. Defender el derecho a la vida, incluso peleando en contra de la ley", incitó Marcos Pastrana, referente de la comunidad diaguita-calchaquí de Tafí del Valle, y fiscal en esta audiencia.

Al Tribunal del NOA lo integran Mirta Baravalle (Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Carlos María Pagano Fernández (doctor en Filosofía por la Rheinsch-Westfälische Technische Hochschule Aachen de Alemania y profesor de la Universidad Nacional de Salta) y Eva Gamboa (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas). Junto a ellos también figura Eduardo Rosenzvaig, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes de la UNT, ausente ayer por problemas de salud. Todos ellos, en base a las argumentaciones de los referentes de las ONG que integran la Fiscalía, explicarán por qué estas multinacionales merecen la condena popular.

La génesis del juicio ético y su continuidad

El inicio de las audiencias contra las grandes empresas tuvo lugar, la semana pasada, en la ciudad chubutense de Trelew cuando las ONG condenaron a Repsol y Pan American Energy y a las mineras Proyecto Potasio Río Colorado y Pan American Silver.

Tras las audiencias en el NOA, se realizará la tercera etapa, el 30 de septiembre y 1 de octubre, en la zona de la Triple Frontera donde se enjuiciarán a las firmas Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.

En tanto, los días 28 y 30 de octubre, tendrá lugar la audiencia final de este juicio en Buenos Aires. Una vez emitida la sentencia, los organizadores la enviarán a los medios de comunicación e instancias políticas y jurídicas que puedan hacer frente a los impactos causados por las transnacionales en Argentina.

Así como en Tucumán, en cada una de las audiencias en las diferentes zonas del país, representantes de organizaciones populares actúan como fiscales exponiendo las denuncias. Se analiza el sistema corporativo de cada empresa enjuiciada, características del territorio donde se instaló el proyecto, el perfil de explotación realizada e impactos generados, así como el surgimiento de resistencias populares.


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Argentina, Santa Fe: Continúa el debate por la fumigación con glifosato

DIARIO UNO - TMO

"A sólo 100 metros de la gente podrían fumigar con glifosato". Así figuraría en la propuesta del senador justicialista Hugo Terré, mientras se discute modificar la ley de fitosanitarios. Los ambientalistas quieren una zona libre de agrotóxicos de 800 metros.

Uno de los temas que más polémica generó en los últimos años en la provincia, y en el país también, tiene que ver con la necesidad de regular la aplicación de agroquímicos a partir del uso intensivo que se le da a la tierra. La sojización de la agricultura es un modelo que aporta muy buenos dividendos a los productores y al Estado (con las retenciones), pero decenas de entidades ambientalistas contraponen otra parte de la historia: reclaman que haya zonas libres de fumigación alrededor de los pueblos y ciudades porque advierten que la salud pública está en peligro. Ahora, en la Cámara alta oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo con las distancias.

En ese contexto, desde hace cinco años la Legislatura santafesina discute cambios a la ley de fitosanitarios y así adaptar el uso y disposición de químicos a las nuevas condiciones de producción. Al respecto, en 2010 luego de un arduo debate político y técnico, los diputados provinciales dieron media sanción a un proyecto que establecía prohibir la aplicación de glifosato sobre los sembrados a una distancia de 500 metros cuando es vía terrestre y 1.000 metros cuando es por aire, siempre a partir del perímetro urbano fijado por los municipios y comunas.

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Argentina, Entre Ríos: AGMER va por más paros: ahora habrá dos de 48 horas cada uno

ANALISIS - INFOALTERNATIVA

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) decidió en el congreso provincial desarrollado en Colón llevar adelante dos jornadas de paros de 48 horas cada una. La primera de ellas se realizará el 27 y 28 de setiembre, con acciones regionales, mientras que la restante será el 5 y 6 de octubre, este último día con movilización. Todos los departamentos que asistieron al congreso llevaron mandatos de realizar huelgas de al menos 48 horas. El congreso que se reunió en Colón, votó dos jornadas de paro de 48 horas cada una, que se llevarán a cabo el 27 y 28 de septiembre, con acciones regionales, y el 5 y 6 de octubre, este último día con movilización, así lo confirmó la secretaria adjunta de la seccional Paraná, Alejandra Gervasoni.

Según informó Gualeguaychú a Diario, la dirigente explicó que “se decidió sostener la lucha sindical en reclamo de reivindicaciones históricas y por eso, el congreso votó dos jornadas de paro de 48 horas cada una”.

En ese sentido, detalló que la larga jornada se nutrió con los debates de todos los congresales de los departamentos, ya que “cada uno había llegado con mandatos de huelga. Por mayoría se votó y ganó la opción de paro de 48 horas, en tanto que la propuesta de la huelga de 48 y 72, consiguió 31 votos”.

La secretaria adjunta de la seccional Paraná explicó que dirigentes de la comisión directiva central detallaron también “los resultados de las reuniones que mantuvieron esta semana que pasó con los ministros de Gobierno, Adán Bahl y de Economía, Diego Valiero, y anunciaron que el próximo encuentro con funcionarios de Hacienda será el viernes que viene”.

La gremialista señaló que el congreso evidenció “las ganas de luchar que tienen los docentes a pesar de los atropellos, las amenazas, y las intimidaciones que reciben a diario”.

Por último, exigió al gobierno que regularice la situación de los transportes escolares y que guarde la protección de la vida de la niñez, en particular, “por la precariedad e inseguridad en que viajan nuestros alumnos para asistir a clases”.


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Llaman a plebiscito sobre modelo educacional en Chile

PL

El Colegio de Profesores de Chile convocó a un plebiscito nacional sobre educación para el 7 y 8 de octubre próximos cómo método para encauzar la voluntad popular acerca del cuestionado modelo de enseñanza.

¿La educación debe volver a ser responsabilidad del Estado, gratuita, de calidad y terminar con el lucro en todos sus niveles?, sería la interrogante que se presentaría a referendo.

La propuesta del gremio magisterial es apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Padres y Apoderados y para hoy se espera la suscriba de igual modo la Confederación de Estudiantes de Chile y las organizaciones de estudiantes secundarios.

Luego de cuatro meses de masivas movilizaciones se estima en más del 80 por ciento el apoyo de la población chilena a las demandas del estudiantado y el magisterio a favor de una educación pública, gratuita y de calidad.

El Movimiento Social por la Educación en Chile cuestiona las bases fundamentales del ordenamiento político y económico que se impuso en 1980 en pleno régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En Chile las cifras de inversión en educación son un desastre, sostienen especialistas en la materia, quienes ilustran cómo el 85 por ciento del ingreso y los estudios en las universidades lo financian las familias.

Jonathan Serracino, presidente del Movimiento Nueva Izquierda, recordó en reciente artículo que Chile fue el primer país en América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones de educación superior públicas.

Cualquiera sea el tipo de institución (Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad), en todas debes pagar. Con esto, en la práctica, todas las personas y familias interesadas en acceder a un bien social como la educación superior deben ser capaces de "invertir", apunta.

¿La salida? Serracino está convencido de que el futuro de la educación en Chile no puede pasar por las políticas institucionales heredadas del pinochetismo.

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Impulsan lucha contra la militarización en Honduras

PL

Organizaciones campesinas e indígenas hondureñas impulsan hoy un proceso de lucha contra la represión en el Valle del Aguán, militarizado por tercera vez desde el ascenso de Porfirio Lobo.

Dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (Muca) explicaron que pretenden avanzar en la defensa de los derechos humanos de las comunidades de la zona, situada al noroeste de esta capital, y del pueblo en general, para romper con la dominación y el avallasamiento.

Como parte de esa estrategia, añadió el diario La Prensa, integrantes del Muca y de las otras agrupaciones involucradas en la campaña Solidaridad militante con el Bajo Aguán marcharán hacia la región el viernes.

La articulación de estas acciones cuenta con el respaldo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, de la Organización Fraternal Negra, del Frente Nacional de Resistencia Popular, y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

También tiene el apoyo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, sumado a la intención de dar continuidad a lo acordado en el Encuentro Hemisférico contra la Militarización, realizado en octubre de 2008.

Estas jornadas igual hacen honor a lo analizado en el Encuentro Internacional contra la Militarización, la Ocupación y la Represión y a la Jornada Continental de Solidaridad con Honduras, fuera Bases Militares Extranjeras, efectuado en junio de este año en La Esperanza, Intibucá.

Desde el golpe de Estado contra el expresidente constitucional Manuel Zelaya, en junio de 2009, los pobladores del Aguán enfrentaron de manera constante la represión y ocupación por parte de efectivos policiales y militares.

Continuos sobrevuelos de helicópteros a baja altura, despliegues militares, la irrupción violenta en las viviendas, la captura de infantes y adultos de ambos sexos, desapariciones y amenazas, están a la orden del día en el área, denunció el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

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Elecciones nicaragüenses: ¿Continuidad o ruptura de un proyecto?

PL

Jalonada por típicas confrontaciones de campaña electoral, Nicaragua ofrecerá a sus ciudadanos la oportunidad de decidir próximamente en las urnas la continuidad o la ruptura de un proyecto cristiano, socialista y solidario.

Mediante voto secreto y directo, el 6 de noviembre deberán escoger al presidente y vicepresidente de la República para un mandato de cinco años; así como a 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

Compiten cuatro agrupaciones opositoras frente a la alianza que lidera el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); sin embargo, la disputa de fondo es mucho más simple: está en juego la secuencia o la fractura del proyecto puesto en práctica por el FSLN durante los últimos cinco años.

Analistas políticos y medios nacionales de prensa, de uno y otro bando dan cuenta -cada cual a su modo- de las ventajas o inconvenientes que tendría la continuidad del modelo sandinista.

Ante la ofensiva para captar o afianzar simpatizantes, el pueblo hace su propia lectura basada en hechos cotidianos: más trabajo, escuelas gratis, atenciones de salud, acceso de los muchachos pobres a las universidades, menos violencia, tranquilidad para las familias".

En tertulias de amigos o encuentros fortuitos, el tema resulta recurrente, así podría explicarse por qué millones de personas asisten a los actos proselitistas de la alianza Unida, Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente.

Grandes comerciantes y productores nacionales tampoco desestiman la ventaja de operar en un contexto de paz y estabilidad macroeconómica.

Durante un reciente foro con inversionistas extranjeros, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, refirió: "Somos el país con la mayor apertura económica y comercial de Centroamérica".

Según las encuestas, el presidente Daniel Ortega, quien aspira a la reelección, mantiene y amplía su ventaja en las preferencias del electorado.

Pero si los pronósticos fallaran, lo que sí constituye una realidad palpable es que candidatos opositores se han visto precisados a incluir promesas semejantes a las cumplidas por el actual Ejecutivo.

Tras años de guerra y elevados perjuicios por la agresión de una potencia extranjera, la población concede aquí un valor especial a la paz y a la reconciliación.

Sobre el tema, el FSLN sostiene que no puede haber paz sin bienestar, sin derecho a una vida mejor para las familias, como reiteró el pasado 24 de septiembre la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.

Evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos, incluyen a Nicaragua entre el reducido número de Estados que logró cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.

A juicio del ministro Paul Osquist, entre los hechos sobresalientes se hallan la reducción de la pobreza a través de políticas redistributivas y de soberanía alimentaria y la reactivación económica con aumento del empleo.

Incluyó igualmente el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la transformación de la matriz energética a fin de disminuir la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos y aprovechar las fuentes nacionales de energías renovables, con saldo ambiental igualmente ventajoso.

En diálogo con Prensa Latina, el secretario privado del Poder Ciudadano para Políticas Nacionales también precisó que antes de comenzar la actual Administración en enero de 2007, el país llegó a registrar en 2005 un 48,3 por ciento de la población en estado de miseria.

Al cierre de 2009, ese porcentaje bajó a 42,5 y, aunque todavía resulta alto, estuvo asociado al descenso de la desnutrición crónica, señaló el experto.

Estadísticas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas) ubican a Nicaragua entre los territorios de la región que más redujo la desigualdad en el período 2006-2009, con un descenso de 13,53 puntos porcentuales según cálculo del índice Gini.

La votación de noviembre colocará a más de tres millones de ciudadanos a decidir por la continuidad o la ruptura de un proyecto que al decir de Daniel Ortega, no llega a la campaña electoral con promesas, sino con el aval de lo cumplido.

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México, sin infraestructura para proteger a mujeres y niñas víctimas de trata

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Mientras en México, cada año alrededor de 20 mil personas son víctimas de trata- según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- de los cuales 80 por ciento son mujeres y niñas, únicamente existe un albergue para víctimas y no hay políticas públicas que protejan a las sobrevivientes de este delito.

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) opinó que la infraestructura para atender a las víctimas de este delito es insuficiente por lo que aún después de ser rescatadas persiste el riesgo de que vuelvan a ser captadas por las redes de tratantes.

Actualmente, dijo la activista, sólo hay un albergue para víctimas, el cual es subsidiado por el gobierno federal, pero se carece de un modelo de atención que brinde calidad a las sobrevivientes.

A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, Ulloa lamentó que pese a contar una Ley y un Programa Nacional para erradicar este crimen, sólo se han logrado 4 sentencias en contra de redes de tratantes.

En su opinión, La Ley para prevenir y sancionar la trata de personas únicamente se centra al combate de la trata internacional y sus resultados se reflejan en las pobres sentencias contra las redes de tratantes que apenas suman 4. Ambos dijo (Programa y Ley) son deficientes porque carecen de una estrategia que ataque la trata, la tarea de prevención sostuvo, sigue recayendo en la sociedad civil que trabaja en el tema.

El panorama es “preocupante” porque mientras las autoridades no actúan de forma eficaz, la trata de personas es un delito que sigue creciendo en el país, ahora ejercida también por el crimen organizado.

La experta en el tema precisó que con mayor frecuencia, las víctimas son captadas a través de las redes sociales en internet, al tiempo que han crecido los casos de niñas y mujeres indígenas captadas con fines de explotación sexual y laboral.

Para hacer frente a la problemática, Teresa Ulloa indicó que la Cámara de Diputados debe aprobar “lo antes posible” la Ley General para combatir este delito, presentada el pasado 3 de agosto en el recinto legislativo.

Añadió que si se logra aprobar “será una ley de avanzada que combata la trata interna e internacional, proteja los derechos de las víctimas, garantice su seguridad durante los procesos judiciales y cree un programa de protección (cambio de identidad y traslado internacional de las víctimas)”, entre otras ventajas.

Algunos logros

A la par de señalar las deficiencias en el combate a la trata de personas, Teresa Ulloa refirió que ha habido logros dignos de reconocerse como los operativos realizados en el Distrito Federal y la protección a las víctimas, así como las dos sentencias emitidas por la Procuraduría General de la República, por trata internacional.

Por estos y otros logros, esta tarde la CATWLAC entregará el Cuarto Premio anual por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, el cual se divide en ocho categorías, y también se otorgarán tres reconocimientos especiales a personas y organizaciones que han coadyuvado en la protección de sobrevivientes de trata o en la captura de los responsables.

Entre las personas y organizaciones que serán galardonadas hoy en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal están Marisela Morales Ibáñez, procuradora General de la República, en la categoría de mejor sentencia y actuaciones judiciales para la persecución de delito de trata de mujeres y niñas.

Miguel Mancera, Procurador de Justicia del Distrito Federal, en la categoría de programas y políticas públicas para la atención, prevención y protección de las víctimas de trata con perspectiva de género.

De igual modo, será galardonada la Fundación Rahab, con sede en Costa Rica, por su labor en la prevención de la trata de mujeres y niñas, así como del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas de este delito, su asistencia y protección.

La Fundación Sobrevivientes, de Guatemala, también recibirá este premio en la categoría de Investigación en el ámbito académico que devela el estado del fenómeno de la Trata de Mujeres y Niñas en el país o en la Región.

Mientras que el periódico El Universal, recibirá el reconocimiento en el rubro Difusión y divulgación de información en los medios masivos de comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un país de América Latina que respete los derechos de las víctimas.

Entre los premios especiales, será reconocido el Equipo Argentino de Antropología Forense, por sus aportaciones en las periciales antropológicas y genéticas para el acceso a la justicia de las Mujeres, mencionó Teresa Ulloa.

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México: Demandarán a empresa transnacional de semillas de maíz

PL

La asociación civil mexicana Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) anunció hoy que demandará a la transnacional Monsanto por extraer la huella genética del maíz criollo de la región mixteca y la sierra nororiental de Puebla.

Según René Sánchez Galindo, integrante de la UCCS, la compañía norteamericana acapara unas 120 mil toneladas de las semillas de ese tipo de grano para clonarlas y luego comercializarlas.

La Organización No Gubernamental interpondrá su acusación al consorcio de semillas transgénicas, a propósito del Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre.

Ante la Procuraduría General de la República demandará a la empresa global por delitos contra la riqueza nacional, la bioseguridad, tráfico de influencias y fraude.

Igualmente alerta de que los directivos de la compañía manipulan a algunos campesinos para utilizar su nombre y así comprar toneladas de maíz poblano sin que, en apariencia, intervenga la firma Monsanto.

Sánchez Galindo afirma que Monsanto consiguió información genética de las especies puras de maíz en esa localidad del territorio central de México.

El también abogado Defensor del Derecho a la Alimentación dijo que estas acciones representan un ecocidio de las semillas nativas.

México produce más de 18 millones 200 mil toneladas de maíz por año, según datos de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Segarpa).

La mayor parte de esa producción se dedica al consumo nacional, y desde hace varios años Estados Unidos aporta una cuarta parte de lo que se necesita en el país.

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