miércoles, 12 de octubre de 2011

Las 25 Noticias Más Censuradas 2010/2011 (N° 5): El gran negocio de encarcelar inmigrantes

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Una nueva legislación aprobada en abril 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a Estados Unidos a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de Estados Unidos, seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012. La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) en Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.

El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de Estados Unidos ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.

El gobernador de Arizona, Jan Berger, recibió un financiamiento sustancial para su campaña electoral de la compañía CCA y del Grupo GEO, que son las dos más grandes corporaciones que diseñan, construyen, gestionan y operan prisiones en Estados Unidos. La CCA y el GEO profitan casi exclusivamente de fondos públicos provenientes de impuestos locales, estadales y federales, que financian el encarcelamiento de inmigrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por su sigla en inglés).

La revista Social Policy indicó que el consejo superior de la CCA en Tennessee contribuyó con abundantes fondos a la campaña electoral de Brewer, el actual gobernador del estado de Arizona, quien contrató a dos ex cabilderos de esa compañía como asistentes para sacar adelante la ley SB 1070, aprobada el 23 de abril. La ejecución de esa legislación promete un notable incremento al rentable negocio de encarcelar inmigrantes de la CCA, que posee varias prisiones en Arizona, pero también aumentará dramáticamente el número de inmigrantes presos en más de 20 estados.

Revelaciones del artículo de Social Policy

Algo más de un año después de adjudicarse con éxito el contrato para poner en marcha el Campo de Detención de Guantánamo (GITMO), en Cuba, en octubre de 2003, el Grupo GEO contrató los servicios de lobbystas que recientemente habían alcanzado posiciones influyentes cabildeando ante el ministerio de Seguridad de la Patria, el Bureau de Prisiones, la Oficina del Procurador General y también ante el Congreso y el entonces líder de la mayoría del Senado, George Mitchell. Hasta el 2005, y en sintonía con la tasa más alta de inmigración de la historia de Estados Unidos, en diciembre de 2006, el Grupo GEO y la CCA tuvieron un gasto combinado en lobby de más de 6 millones de dólares.

El 1 de mayo de 2006, mientras el Grupo GEO y la CCA cabildeaban ante el gobierno federal para hacer más negocios, millones de personas marcharon en favor de los derechos de los inmigrantes en 102 ciudades de todo el país. Los manifestantes, a pesar de sus números históricos, no fueron una barrera para el apoyo del gobierno a los planes empresariales del Grupo Geo y de la CCA. El solo cambio en la legislación existente creó un potencial de más de diez millones de nuevos “criminales”, multiplicando así el lucrativo mercado carcelario de la “industria privada de la prisión” y creando conmoción entre las comunidades de inmigrantes de todo el país.

La “represión rápida” de diciembre de 2006 marcó un cambio en la aplicación de la ley de inmigración de 1995 por parte del gobierno federal, cuando fueron detenidos más de mil trabajadores, hombres y mujeres, de las plantas industriales de comida cárnica en varios estados. Por primera vez, muchos de estos detenidos fueron sentenciados por “crímenes” a largas penas de prisión. Cuando ocurrió esta incursión rápida, el diario USA Today citó al reverendo Clarence Sandoval, de la iglesia católica de St Thomas Aquinas en Logan, Utah, diciendo: “Están tomando a madres y padres y nosotros nos referimos realmente a los niños. Estoy recibiendo llamadas de madres diciendo que no saben dónde detuvieron a su marido”.

Poco tiempo después que la administración Bush ejecutara este cambio en la aplicación de ley que afecta a los inmigrantes, los consejeros de Wall Street recomendaron al público comprar acciones de compañías de prisiones privadas como CCA y GEO. El entonces vicepresidente Dick Cheney invirtió fuertemente en Vanguard, propiedad de un puñado de accionistas importantes en GEO.

El informe de “Políticas Sociales” sostiene que los gastos en cabildeo fueron recompensados por aumentos enormes de ingresos en contratos gubernamentales para encarcelar a inmigrantes. Entre 2005 a 2009, por cada dólar gastado en lobby ante el gobierno federal, GEO recibió de vuelta 662 en contratos financiados por el contribuyente, para un total de 996,7 millones de dólares. El CCA recibió de vuelta 34 dólares en contratos financiados por los impuestos por cada dólar gastado en cabildeo ante el gobierno federal, en total 330,4 millones de dólares. Además, ambas compañías aumentaron sus ingresos durante ese mismo período por contratos de instalación de prisiones con varios estados.

En 2007, el ICE condujo 30.407 incursiones contra inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y espacios públicos tales como paradas de autobús y estaciones de trenes. El número de incursiones de ese año fue el doble del total de 2006. El número de inmigrantes colocados tras las rejas, como si fueran criminales, creció de 256.842 en 2006 a 311.169 en 2007.

Como resultado del miedo inducido por estas incursiones y otros factores, las marchas del Primero de Mayo en favor de los inmigrantes fueron mucho más pequeñas en 2007que en el año anterior. A mediados de 2007, mientras muchos organizadores fueron blancos de la legislación y las incursiones, los accionistas de GEO y CCA cosecharon beneficios enormes. Ambas compañías emitieron acciones 2 x 1 que prácticamente doblaron el valor de la participación de sus accionistas en las dos compañías.

Aunque los accionistas fueron generosamente beneficiados con aumentos de ingresos por contratos de prisión para ambas compañías, el incremento no fue suficiente para satisfacer a algunos de sus accionistas más importantes. JPMorgan Chase, un dueño importante de GEO, liquidó sus acciones y abandonó el liderazgo en la compañía.

Un problema para los inversionistas que buscaban grandes ganancias en el lucrativo negocio de la prisión fue que las tasas de ingreso no podrían mantenerse al alza porque las agencias federales como el ICE no tenían suficiente personal para arrestar y procesar más inmigrantes que la cantidad ampliada que ya manejaban. Llegó a ser evidente que la única manera de aumentar perceptiblemente los ingresos por mayor número de gente arrestada y encarcelada era contratando más personal en las agencias de aplicación de la ley. La industria privada de la prisión necesitó entonces una nueva fuente de personal barato autorizado para aplicar la ley. El nuevo foco de la expansión del negocio para el CCA y de GEO, al parecer, cayó bien en los gobiernos estatales.

Para “Políticas Sociales”, el resultado de este cambio de foco del negocio está ejemplificado por el papel de CCA en la ley SB 1070 de Arizona y los roles de la misma corporación y GEO en otros esfuerzos legislativos dirigidos a aumentar dramáticamente la cantidad de detenidos entre los inmigrantes indocumentados en más de veinte estados. El gobernador de Arizona, Jan Brewer, quien recibió financiamiento sustancial de campaña de altos ejecutivos de la CCA en Tennessee y empleó a dos ex cabilderos de esa compañía como asesores principales, firmó la ley SB 1070 el 23 de abril 2011.

El 30 de julio de 2010, la Asociación Republicana de Gobernadores, que este año ha recibido hasta ahora más de 160.000 dólares en contribuciones de CCA, GEO y sus cabilderos, envió a escala nacional una solicitud escrita por el gobernador de Arizona, Jan Brewer, pidiendo contribuciones para financiar una apelación de la prescripción parcial dictada por un juez contra la SB1070.

Además de recabar fondos para la apelación, los esfuerzos legales de Brewer incluyeron escritos de apelación ante las cortes de tres estados que tienen contratos con GEO y/o con CCA. Las dos compañías de prisiones actualmente están implicadas políticamente en estos estados y en varios otros que mueven proyectos anti-inmigrante en sus respectivas legislaturas. En total, en veinte estados están considerando legislaciones inspiradas en la ley SB 1070 que han sido endosadas por sus respectivos candidatos a gobernadores republicanos, que están en gran parte financiados por la Asociación de Gobernadores Republicanos.

CCA y GEO pertenecen a las instituciones más importantes de Wall Street que se benefician del negocio de encarcelar inmigrantes. Estados Unidos ahora tienen más gente en prisión que cualquier otro país en la tierra. En noviembre pasado, la dirección superior de CCA en Tennessee hizo la contribución más grande fuera de ese estado en favor del gobernador de Arizona, Jan Brewer. La corporación CCA, que ya tiene varias prisiones en Arizona y está esperando ampliar su negocio con más inmigrantes aún por encarcelar en ese estado, aguarda más aumentos de ingresos cuando se ejecute la ley SB 1070.

La administración Bewer, en un gesto acogido con satisfacción por los grupos de vigilancia armados de supremacía blanca partidarios del notorio sheriff Joe Arpaio, aplicó recientemente una ley permitiendo que las armas que antes se portaban ocultas ahora sean llevadas en público. El CCA y GEO, que lucran casi exclusivamente de fondos públicos, en 2006 profitaron del encarcelamiento de inmigrantes aprehendidos por el ICE, después que la administración Bush cambiara el cargo de delito menor, con pena de prisión corta, por trabajar sin un número de Seguridad Social apropiado a una violación tipificada como crimen con una sentencia de prisión larga.

El cambio en cómo se hace cumplir la ley federal aumentó el mercado de potenciales internos inmigrantes para CCA y GEO en más de diez millones de personas por quienes el gobierno pagaría alojamiento y transporte. El negocio del encarcelamiento de inmigrante ha crecido substancialmente desde 2006 para CCA y GEO. Hoy, por ejemplo, cualquier persona cogida por el ICE en Los Ángeles se envía a una instalación CCA en San Diego, mientras lo capturados por ICE en Seattle o Portland, Oregón, se envían a una instalación GEO en Tacoma, pues las cárceles de propiedad y operadas por el gobierno federal representan el 137% de la capacidad.

El inversor más potente del CCA es el fondo de cobertura Pershing Square, que se transa en Wall Street por el gran gurú y activista del inversor Bill Ackman, quien también desempeña un papel potente en Target Corporation y Kraft Foods. Wells Fargo es el inversor más potente de GEO. Otros inversores importantes con poder de influir la gestión en una u otra, o en las dos compañías, son Vanguard, Lazard, Scopia, Wellington Management, FMR (Fidelity) y Bank of America. De uno u otro modo, cada uno de estos dueños importantes de cárceles es sensible a la opinión pública.

Ninguno de estos mayores inversionistas importantes necesita a la CCA o al GEO para hacer dinero. En cualquier caso, el número creciente de deportaciones de inmigrantes no ha tenido los efectos deseados sobre cualquier sector económico, con excepción de la industria privada de la prisión. El desempleo entre ciudadanos nativos nacidos en Estados Unidos ha subido súbitamente, incluso cuando se deportaron hasta 400.000 inmigrantes al año. Por encima de dos millones, Estados Unidos. tienen medio millón más de gente detrás de rejas que China, que es el segundo país con el mayor número de presos entre las naciones del mundo. Uno quisiera pensar al trasladar esta información a la atención del Congreso fuera suficiente para obligarles a abandonar las políticas que criminalizan a inmigrantes. Sin embargo, no es probable que eso ocurra pronto.

Esta probable vacilación para que actúe el Congreso no se debe simplemente a las generosas contribuciones de campaña que reciben senadores y congresistas de la industria privada de la prisión. La mayoría de los miembros del Congreso tienen inversiones personales en CCA y son accionistas importantes de GEO. La verdad es que mucha gente invierte sin saberlo sus pensiones en CCA o GEO. Asimismo, los informes sobre las finanzas personales de algunos miembros claves del Congreso sugieren que algunos tienen más que un interés casual en las fortunas de CCA o GEO.

Senator Enzi, a senior Republican who sits on the Senate Budget Committee, was awarded a 100% approval rating by U.S. Border Control, which describes itself as “a non-profit, tax-exempt, citizen's lobby. USBC is dedicated to ending illegal immigration by securing our nation's borders and reforming our immigration policies.”

El veterano senador republicano Mike Enzi, por Wyoming, del Comité de Presupuesto del Senado, otorgó 100% de aprobación a una tasa en favor del Control Fronterizo de Estados Unidos (USBC, por su sigla en inglés), que el mismo describió como “no lucrativo, exento de impuestos para el lobby ciudadano. USBC se dedica a terminar con la inmigración ilegal asegurando las fronteras de nuestra nación y reformando nuestras políticas en materia de inmigración”. (Enzi tiene una opinión de línea dura sobre la inmigración ilegal y ha sido altamente valorado por los grupos que apoyan controles de fronteras más estrictos. Ha votado a favor de la construcción de un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México y contra la puesta en práctica de programas en beneficio del trabajador inmigrante. También ha votado para mantener la Ley Patriótica y se opuso a los llamados para reducir las escuchas telefónicas y para ampliar los derechos de los detenidos de Guantánamo. Enzi también rechazó un calendario para el retiro militar de Irak).

Obligar al Congreso a abandonar las políticas de criminalización de inmigrantes probablemente va a requerir, entre otras cosas, que convenzamos combinadamente a nuestros fondos de jubilación, Wells Fargo y uno o dos fondos de cobertura p ara que salgan de la industria privada de la prisión y se vayan a hacer dinero a otra parte. ¿Quién sabe? Algunas de estas instituciones financieras pudieron incluso tener la sabiduría de invertir en compañías que generan trabajos con el salario de las familias.

Notas:
- Peter Cervantes-Gautschi, codirector de Enlace, ha sido un activista que trabaja desde 1965, desde que comenzó como agricultor en California. Ha organizado y dirigidos dos consejos de trabajo para HERE, SEIU y CWA, organizaciones que luchan contra los bajos salarios del trabajador y ha cofundado varias coaliciones de trabajo con la comunidad, membresía de organizaciones y comités de acción política.

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

- Fuente: Wall Street & Our Campaign to Decriminalize Immigrants, Peter Cervantes-Gautschi
- Source: Social Policy- Organizing for Social and Economic Justice, February 14, 2011
http://www.socialpolicy.org/index.php/component/content/article/30-online-only-features/479-wall-street-a-our-campaign-to-decriminalize-immigrants
- Student Researcher: Caitlin Morgan, Sonoma State
- University Faculty Evaluator: Peter Phillips, Sonoma State University

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Razones para ser anticapitalistas. Urge una transición económica y social a partir del capitalismo: David Harvey

Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

El sistema capitalista se agotó porque no está funcionando para el bienestar de la gente, por ello es urgente pensar en una transición de largo plazo a partir del cambio de patrones culturales, relaciones con la naturaleza y redefiniendo las formas tecnológicas y organizativas de producción, intercambio y consumo. El planteamiento es del reputado sociólogo urbano, geógrafourbano, geógrafo e historiador social inglés David Harvey, uno de los más connotados intelectuales de la izquierda de prestigio mundial en desarrollo de su participación como conferencista en el V Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Harvey dictó en este Encuentro un seminario especial sobre los desequilibrios estructurales y alternativas al capitalismo, así como participó de un panel con otros expositores para analizar la nueva estructura de la crisis mundial y América Latina.
Su visión crítica de la crisis capitalista da luces respecto del límite al que ha llegado el mundo por culpa de un sistema codicioso, criminal y depredador que no tiene límites.
Este científico social marxista nacido en Kent, Inglaterra, en 1935, actualmente profesor de la Universidad de Nueva York y catedrático visitante de London School of Economics, es conocido además por sus formulaciones en torno al Derecho a la Ciudad y a la Acumulación por desposesión.
Autor de varios trabajos ya clásicos sobre urbanismo y la dinámica espacial del capitalismo, cuenta también con investigaciones que constituyen contribuciones importantes a la teoría económica. Ha escrito una obra de referencia en el campo de la crítica cultural: La condición de la postmodernidad. Se doctoró en la Universidad de Cambridge en geografía histórica y obtuvo un post doctorado en laUniversidad de Uppsala, Suecia, en 1961.
Especulación a expensas del Estado
El Observatorio Sociopolítico Latinoamericano recogió sus planteamientos durante las intervenciones que realizó en el certamen académico internacional convocado por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, en la siguiente síntesis:
¿Cómo detener la acumulación de la riqueza mundial?, esa es la pregunta que hay que hacer, sostiene David Harvey, puesto que es irónico que en medio de la crisis civilizatoria que ha causado el capitalismo, haya hoy más millonarios en el mundo que hace tres años, y a los bancos, los grandes especuladores, ahora les vaya muy bien a expensas del Estado. Es decir, “se avala a los bancos y se le pega a la gente”.
La crisis económica que enfrentan actualmente Estados Unidos y Europa se debe en buena medida a la riqueza de los multimillonarios, mientras tanto, los pobres se han multiplicado por diez.
Eso quiere decir que el neoliberalismo se está profundizando en algunos aspectos, en el sentido de que es un proyecto de clase que consolida poder político y económico, explica.
Para el capitalismo las crisis son necesarias porque sus grandes beneficiarios renuevan su posición. Si bien las crisis se mueven geográficamente de un lado a otro y de manera rápida, no resuelven nada. En efecto, de la crisis inmobiliaria se va a la crisis del sector financiero y así sucesivamente.
Lo peor, sostiene el reputado geógrafo inglés, es que “vamos a ver al Fondo Monetario Internacional (FMI) hacer más de lo mismo en el futuro: implementando feroces medidas de austeridad que están llevando a una enorme disminución de los niveles de vida de los ciudadanos”.
Harvey no sólo acusa a la desregulación del sector financiero como uno de los factores que llevaron al descalabro actual, sino que advierte que la supremacía del capital concentrado sobre las decisiones políticas seguirá siendo un impedimento para salir de la crisis.
La irracionalidad capitalista
El sistema capitalista está basado en el crecimiento. En general, la tasa mínima de crecimiento aceptable para una economía capitalista saludable es del tres por ciento. El problema es que se está poniendo cada vez más difícil sostener esa tasa sin recurrir a la creación de variados tipos de capital ficticio, como viene ocurriendo con los mercados de acciones y con los negocios financieros en las últimas dos décadas. Para mantener esa tasa media de crecimiento, sostiene Harvey, será preciso producir más capital ficticio, lo que provocará nuevas burbujas y nuevos estallidos de las burbujas. Un crecimiento compuesto del tres por ciento exige inversiones del orden de los 3 billones de dólares.

En Estados Unidos se quiere hacer pagar el costo de la crisis económica a los sectores más vulnerables de la población mediante la reducción de programas sociales y la disminución de los impuestos a los sectores más adinerados como ocurrió en los gobiernos conservadores de Reagan y W. Bush. El propósito de estas medidas de claro tinte neoliberal es lograr el rescate de las instituciones financieras, las causantes de la crisis, lo que también se busca hacer en Europa.
Harvey da un ejemplo más de la irracionalidad capitalista: en enero de 2008, dos millones de personas perdieron sus casas en los Estados Unidos. Esas familias, en su mayoría pertenecen a las comunidades afroamericanas y de origen hispano, perdieron, en total, aproximadamente 40 mil millones de dólares. En aquel mismo mes, Wall Street distribuyó un bono de 32 mil millones de dólares entre aquellos “inversores” que provocaron la crisis. Una forma peculiar de redistribución de la riqueza, que muestra que, con esta crisis, muchos ricos se están haciendo más ricos.
El mundo capitalista vive bajo la dictadura de los bancos centrales y las instituciones financieras de carácter privado tienen simplemente la finalidad de utilizar el dinero de la gente para especular. Simultáneamente, el capitalismo no puede funcionar sin su infraestructura típica: carreteras, puertos, edificios y fábricas. La gran pregunta es cómo se construyen estas infraestructuras y en qué medida contribuyen a la productividad en el futuro. En Estados Unidos se habla mucho de puentes que van a ninguna parte. Hay intereses muy grandes de los lobbistas de la construcción que quieren construir sin importar qué. Pueden corromper gobiernos para hacer obras que no van a ser de uso para nada.
Una parte de la explicación de la crisis en Grecia y España puede vincularse con estas malas inversiones en infraestructura, afirma Harvey. Grecia es también un caso típico con los Juegos Olímpicos, grandes obras de infraestructura que ahora no se usan. En la mitad del siglo XX la red de caminos y autopistas, en Estados Unidos, fue muy importante para el mejoramiento de la productividad. Algo similar se observa actualmente en China, con caminos, ferrocarriles y nuevas ciudades, que en los próximos años van a tener un alto impacto en la productividad.
Frenar la acumulación del capital
El imperativo de las fuerzas sociales y los sectores de izquierda, advierte este científico social, debe ser frenar la acumulación del poder capitalista, porque esta crisis es de la abundancia que se está ahogando en su propia dinámica.
Hay que superar “la ética neoliberal” que proclama el sálvese quien pueda. Para el neoliberalismo, explica, la educación, la salud y la garantía efectiva de los derechos sociales es problema de cada una de las personas, por lo cual busca externalizar los costos.
Pero al mismo tiempo, también busca desregularizar todo lo que le ponga freno a la explotación tanto de la naturaleza como de los recursos humanos y públicos. El capitalismo ha logrado en su afán desmedido de acumulación transformar la vida de la naturaleza en algo muerto. La explotación capitalista es a todas luces inmoral, basta con ver las condiciones de vida de los pobres del mundo.
China
En China, por efecto de la crisis norteamericana, la respuesta fue hacer grandes proyectos de infraestructura de inmediato. Además, el gobierno centralizado de China tiene enorme poder sobre los bancos. Dio la orden: “den préstamos para estas obras a gobiernos municipales y a los privados que estaban haciéndolas”. El gobierno central de los Estados Unidos no puede hacer eso. Se mantiene diciéndoles a los bancos: “presten” y los bancos dicen: “no”. China está creciendo a ritmos del 10 por ciento y Estados Unidos está por el piso.
La austeridad es contraproducente
En concepto de Harvey, “La austeridad es algo totalmente erróneo. En primer lugar, por las diferencias de impacto entre clases sociales. En general, las clases más bajas son las más damnificadas. Además, las clases más bajas, cuando tienen dinero, lo gastan, mientras que las clases altas lo usan para generar más dinero y no necesariamente para hacer cosas productivas. Hay que pensar qué es lo que realmente necesitamos para tener una buena vida, y muchas de las cosas que pensamos del consumo son una locura; es dilapidar recursos, naturales y humanos. Hay que pensar cómo hacemos en el largo plazo para que la humanidad pueda vivir dignamente, tener vivienda, salud, alimento, logrando una vida estable y razonable”.
La reacción de América Latina
En concepto de Harvey, en América Latina la reacción de los gobiernos ha sido mucho más sensible a la crisis que lo que se observa en los Estados Unidos y Europa. En Europa, dice, hay un gran conflicto entre los países más grandes y los más chicos. Alemania, que por razones históricas tiene una obsesión con el tema de la inflación, impone el tema de la austeridad. El triunfo de un gobierno conservador en Inglaterra también fortalece la idea de austeridad. Por eso, no sorprende que Europa esté estancada, mientras China está creciendo fuerte.
En Suramérica destaca a Colombia como caso patético de las consecuencias nefastas del modelo neoliberal. “La historia de Colombia es terrible porque es un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, señala Harvey, pues los gobiernos de este país andino han entregado el territorio a las transnacionales minero-energéticas para su explotación, las cuales a su vez son protegidas por el ejército y cuentan con todas las garantías y gabelas del Estado colombiano.
Posibilidad a corto plazo para el capitalismo
Si el capitalismo quisiera salvarse debiera volcar hacia políticas keynesianas en vez de adoptar medidas de austeridad, advierte Harvey. Lo que ocurre, sostiene, “es que las clases que ostentan el poder económico están más interesadas y preocupadas por salvarse a sí mismas”.
Hay una posibilidad de corto plazo para el capitalismo, agrega, y es adoptar el libreto keynesiano para lo cual es necesario ponderar a los trabajadores de forma que logren recuperar sus ingresos. “Esto está comenzando a ocurrir en China. Los movimientos sociales están creciendo en las fábricas y los salarios han aumentado en un 20 o 30%. Esta para mí es una solución a corto plazo, pero no creo que sea sustentable en el futuro, porque la solución keynesiana no puede ser permanente, siempre ha sido contracíclica. Pero en este momento no tenemos esa posibilidad por lo que la solución a largo plazo debe ser encontrar un camino alternativo para organizar la producción y el consumo en torno a un juego de mecanismos distintos a los del capitalismo de libre mercado”.

Es urgente pensar en una transición
Harvey se pregunta, ¿por qué debemos ser anticapitalistas?, y a renglón seguido responde con una frase que pronunció el sacerdote de la Teología de la Liberación y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal cuando le indagaron por qué es marxista. “Porque leí los evangelios”, fue su categórica respuesta.
El capitalismo con crecimiento es insostenible, por eso es urgente pensar en una transición a largo plazo. Si bien tras la caída del Muro de Berlín, hablar de anticapitalismo se tornó prohibido, los muros del capitalismo siguieron incólumes pero excluyendo, provocando crisis, pobreza, hambre, destrucción ambiental, guerras, explotación, señala Harvey.
“Por eso necesitamos alternativas al capitalismo”, insiste. Históricamente esas alternativas son el socialismo o el comunismo. El primero terminó transformándose en una forma menos salvaje de administración del capitalismo; el segundo fracasó. Sin embargo, esos fracasos no son una razón para desistir porque las crisis del capitalismo se están volviendo cada vez más frecuentes y más graves.
“La visión a largo plazo es pensar en una transición a partir del capitalismo”, sostiene, por lo que “la izquierda en el mundo debe cambiar sus patrones mentales, así como las universidades necesitan también de un cambio radical” que posibiliten una nueva y más humana solución.
Como primera medida, Harvey señala que no se pueden realizar transformaciones revolucionarias sin modificar, como mínimo, las concepciones mentales y culturales.
Esa transición, explica, debe comenzar poniendo impuestos a los ricos y a las corporaciones, y tornar a los bancos que hoy son simplemente especuladores en comunitarios.
Se requiere, además, de otros factores como redefinir las formas tecnológicas y organizativas de producción, intercambio y consumo; modificar las relaciones con la naturaleza; las relaciones sociales entre las personas; las concepciones mentales del mundo, reagrupando saberes y niveles de interpretaciones culturales y de creencias; darle un nuevo enfoque a los procesos de trabajo y de producción de bienes específicos, geografías, servicios o afectos; fortalecer las agencias institucionales, legales y gubernamentales; y darle un nuevo encuadramiento a la vida cotidiana que sostiene la reproducción social.
El movimiento anticapitalista tiene que luchar en todas esas dimensiones y no solamente en una de ellas como muchos grupos hacen actualmente, colige Harvey, para evitar que el mundo se siga autodestruyendo y de esta manera, la humanidad tenga otra oportunidad sobre el planeta tierra.

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Chile: La ultra, la ultra, la ultra…Blá, blá, bla…

Alexis Meza

De forma majadera el oficialismo y sus epígonos enquistados en el duopolio El Mercurio/COPESA que controla la prensa escrita, han insistido en que el movimiento estudiantil estaría cooptado por grupos ultra, cuya intransigencia y radicalidad impide que sectores ‘moderados’ de la CONFECH lleguen a acuerdos con el gobierno.

También es cierto que algunos sectores de la llamada ‘izquierda moderada’ pisan el palito, acusando de ultra a quienes legítimamente aspiran avanzar un poco más y no entregar casi medio año de movilizaciones a cambio de nada.

Esto no hace sino revelar la falta de creatividad, rigurosidad y comprensión del gobierno y sus analistas para entender lo que está pasando.

Reiteramos que esta movilización social/estudiantil tiene características inéditas para el período postdictatorial. Se inscribe dentro de un ciclo de revitalización de la protesta social, de emergencia de demandas ciudadanas largamente subsumidas entre acuerdos cupulares y de una desafección profunda entre la sociedad civil y las instituciones de representación tradicional. Esto último da cuenta de una crisis de legitimidad del sistema político, lo que explica la incapacidad del mismo para acoger, atender y resolver las demandas y propuestas estudiantiles.

El manual de la postdictadura (o de la Transición para los menos ultra), indicaba que entre abril y junio de cada año se levantaban episódicamente reivindicaciones estudiantiles, signadas fundamentalmente por aspectos gremiales-económicos (más becas, más créditos u otros beneficios sociales), los que se canalizaban primero en las universidades, que ejercían un rol amortiguador de las demandas, luego se les contrastaba con indicadores técnicos con acento en la viabilidad, la responsabilidad fiscal (no olvidemos el dogma del superávit estructural instalado por Nicolás Eyzaguirre) y la gradualidad, para terminar apostando por la división del movimiento estudiantil, su desgaste o la impericia de sus dirigentes de turno.

El manual se cerraba con una invitación a seguir conversando en una mesa de diálogo, un acta de acuerdos llena de entelequias y buenas intenciones, alguna comisión ad hoc, para luego volver a clases con la sensación de haber dado un paso más en la resistencia al modelo, pero constatando la nula capacidad que se tenía para transformarlo.

En la postdictadura bajo la égida concertacionista, lo deseable era el consenso, el acuerdo. Los ‘políticos serios’, los estadistas, eran aquellos que prescindiendo de su historia y sus ideales, cruzaban las fronteras ideológicas para abrazarse con los guardianes de uno de los modelos educacionales más segregadores y excluyentes del mundo, en uno de los países más desiguales del planeta. Es imposible no hacer mención a las manos alzadas el 2006 en La Moneda, en el gobierno de Bachelet para celebrar el acuerdo educacional, que configuraba un nuevo portazo a los estudiantes secundarios y la ciudadanía en su conjunto que había simpatizado con sus demandas.

Sin embargo todas estas frustraciones, desembocaron en profundos aprendizajes. Estos aprendizajes se fundieron en la desconfianza perenne sobre los códigos de la real politik, en el rechazo a las mediaciones parlamentarias y eclesiásticas y en la necesidad de defender convicciones y propuestas estructurales, más allá del lenguaje de ‘la medida de lo posible’. Enhorabuena, se ha superado la ‘era de los consensos’ y se ha instaurado la ‘era de las convicciones’. Se empieza así a construir democracia de verdad.

Expresando con simpleza y sin sobreideologización sus propuestas, combinando distintas formas de movilización, fomentando el pluralismo interno y la horizontalidad orgánica, este movimiento estudiantil ha alcanzado índices notables de apoyo popular. Ha logrado transmitir sus banderas y hacer que todos las sintamos como propias: educación gratuita, fin al lucro, desmunipalización sin privatización, regulación al sector privado, apoyo a UES estatales, eran hace unos años consignas que sonrojaban a muchos. A varios nos tildaron de ultra solo por balbucearlas. Hoy están instaladas en el sentido común colectivo.

Estoy convencido que aquí el problema no es ‘la ultra’. Es gracias a eso que llaman ‘ultra’ que la sociedad civil ha recuperado el habla y ha dicho basta. Es gracias a la convicción de esa ‘ultra’, que la agenda pública ha debido abordar en serio el problema de la educación. El problema aquí, es que la clase política no está a la altura de las circunstancias.

Lo que plantea la supuesta ‘ultra’ no es distinto a lo que los Rectores del CRUCH, los Informes de la OCDE y los distintos expertos nacionales han venido señalando hace varios años: se requiere un mayor compromiso del Estado para con la educación, que se exprese en financiamiento basal, regulación y promoción del desarrollo social y cultural de la sociedad en su conjunto. Esta crisis ya no admite miradas fragmentarias, hay que abordarla de raíz, pues se trata de una crisis estructural.

El costo político de la ingobernabilidad y la incapacidad de establecer un acuerdo en materia educacional no lo pagarán los estudiantes. Lo pagará la única ultra que existe hoy en Chile, y esa es la ultra-derecha que gobierna y que no ha sabido escuchar a un país entero que clama por transformaciones de fondo y por más democracia y justicia social.

Alexis Meza es Secretario de Redacción de la Revista ‘HISTORIAVIVA’.

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Extractos históricos de la vida de la Unión Patriótica de Colombia en nuevo libro “Unión Patriótica, expedientes contra el olvido”, por Roberto Romero

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Son 435 páginas llenas de testimonios sobre la gloriosa Unión Patriótica (UP). Entrevistas y relatos sobre la vida de un movimiento político alternativo, completa y rotundamente antagónico al sistema oligárquico que decidió silenciarlo físicamente a tal grado que se habla por primera vez, en Latinoamérica, de un “genocidio político”.

Dicen por ahí que el periodista no tiene que tomar parte, que tiene que ser neutral pero yo digo que esas son expresiones hipócritas porque no hay reporteros o periodistas neutrales. Sólo se permite la libertad de no serlo a quienes ejerzan esta profesión siendo funcionales a este sistema, pero somos muchos los trabajadores que no aceptamos amos ni cadenas.

Entre mujeres y hombres, los miles de colombianos que se afiliaron a este movimiento de izquierda y dieron sus vidas en la patriótica tarea, me regresan imágenes dolorosas de esa Colombia inolvidable, la combativa y heroica que sigue poniendo el pecho contra la dictadura más antigua y sangrienta de las Américas.


El libro escrito por mi viejo amigo y camarada, Roberto Romero, ex jefe de la redacción del semanario VOZ, será presentado el 18 de octubre, refleja esos momentos más duros y complicados en la historia de un movimiento popular que llegó a ser una alternativa de poder en Colombia, dominado y controlado por la oligarquía militarista y las Fuerzas Militares.

Foto: Bernardo Jaramillo. / Autor: Dick Emanuelsson

Tengo muchos recuerdos de esos años, entre tantos hay uno que nunca voy a olvidar, que habla cuando Aída Abella, que había asumido la presidencia de la UP después que fuera asesinado el 22 de marzo de 1990 el joven y carismático comunista Bernardo Jaramillo, me dijo por teléfono que ya no podían enviar más comunicados por fax al exterior porque Telecom había cerrado la línea por falta de pagos.

“Nos matan camaradas todos los días y es por eso que nos hemos excedido en la cuenta de Telecom, tantos muertos y comunicados y ahora nos silencian hasta por el teléfono”, decía la compañera con indignación y dolor. La Asociación Jaime Pardo Leal en Suecia y un aviso en el diario donde trabajaba yo, resolvieron el pago de la factura de Telecom, la movilización en pos de la solidaridad internacional era y es también la parte hermosa de ese movimiento político.

1988: En la sede de la UP las “sábanas de papel” de la impresora mostraban una lista que parecía interminable, recorrerla era encontrar unos 500-600 nombres y apellidos. Eran las victimas de la UP, el saldo de sangre de los dos primeros años, cifra que se multiplicaría varias veces más, con el correr de los días.

Foto: Aida abella, presidenta nacional de la Unión Patriótica habla con un campesino en la localidad de Usme, sur de Bogotá. / Autor: Dick Emanuelsson

“No voto por la UP por que no quiero que mi amigo sea otra víctima de la guerra sucia por ser de esa estructura”, decía mucha gente que prefería votar a los partidos tradicionales en vez de hacerlo por (sus propias convicciones) su amigo, compañero de trabajo o el vecino. Preferían que perdiera la elección antes que asumir un cargo en las corporaciones públicas y así firmar su propia sentencia de muerte. Tal el miedo que lograron instalar en esa etapa gloriosa de movilización del campo popular colombiano.

Foto: Asesinados cinco miembros de la JUCO

El calibre y coraje de estos compañeros era y es firme, grande. En muy pocos casos se fueron al exilio, sólo algunos en riesgos extremos como el de de Aída Abella, que fue blanco y víctima de un roquetazo en pleno centro de Bogotá y los propios compañeros la hicieron marchar hacia el exilio.

Caso similar el padecido por Joaquín Pérez Becerra, de profesión ingeniero industrial del Valle del Cauca, concejal en el municipio de Corinto, que fue amenazado todo el tiempo por los militares de la 3ª División del Ejército por su trabajo político y cuya esposa fue secuestrada en su lugar. Ese fue otro caso extremo por lo cual la UP y el PCC se vieron obligados a enviarlo hacia “afuera” en 1994. Ayer fue procesado en Bogotá por el mismo estado terrorista que lo empujó de su patria, por presidir una agencia de noticias alternativa y ser “embajador de las FARC en Europa”, estigmatización que le tiraron encima pretendiendo justificar la persecución.

Resulta imprescindible tener bien claro que guerra sucia no implica solamente matar al opositor, sino que para dotarla de fortaleza también utilizan los poderes de estado y la debilidad de otros estados apelando a la guerra psicológica, eslabón de la cadena de oprobios, impunidad y genocidio.

Esta mañana le dije a Mirian, mi esposa y camarógrafa, que Honduras se está pareciendo cada día más a Colombia. Y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se parece cada día más a la Unión Patriótica. Durante la última semana han sido asesinados tres campesinos organizados en el Bajo Aguan. Y esta mañana supimos que fue ejecutado el campesino, Santos Seferino Zelaya, de 35 años de edad, perteneciente al asentamiento rural “La Aurora”, una de las bases del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, MUCA. Dejó dos hijos de 8 y 10 años, asesinaron sus sueños y hasta el futuro de esas criaturas.

Otras 15 mujeres campesinas han sido secuestradas por los guardias armados del hombre más poderoso de Honduras, Miguel Facussé, terrateniente más fuerte de este país.
Foto: Más viudas y niños huérfanos en el Bajo Aguán. / Autora: Mirian Emanuelsson

Como en Colombia, en Honduras, entre el reino de impunidad y espanto, hay hombres y mujeres valientes que no vacilan ante la muerte, que también dicen, como han gritado los miles de militantes de la Unión Patriótica en los cementerios de Colombia cuando han enterrado a sus camaradas;
¡“Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”!

Quienes hemos vivido ese horror y mantenemos firme la memoria, con angustia frente a los recuerdos y el por-venir que estamos percibiendo en Honduras, nos sumamos a esa consigna y reafirmamos que no existe la neutralidad en el periodismo y eso es lo bueno. Somos independientes de poder alguno, porque somos indómitos y no existe dinero para comprar nuestras conciencias, pero por sobre todo somos trabajadores que rendimos culto a la memoria y la agitamos cuando se trata de detener crímenes que se cometen contra los pueblos.

Abajo un extracto del libro, la entrevista con Aída Abella.
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Aída Abella;

Los altos mandos hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de ello.

Aída Abella ha sido una de las más aguerridas dirigentes sindicales del país. Desde muy joven, en el Ministerio de Educación, se destacó en la defensa de los intereses de los trabajadores. Salió electa como concejal de Bogotá en 1992 con una de las votaciones más altas de la izquierda en la capital. Fue elegida en 1990 a la Asamblea Nacional Constituyente y en 1991, un congreso de la UP, en plena guerra sucia, la escogió como presidenta de la organización. Se marchó al exilio pocos días después de sufrir un grave atentado el 7 de mayo de 1996 cuando sicarios intentaron lanzar un rocket contra el carro en que se movilizaba. Desde Europa continúa su actividad política, fundamentalmente en defensa de los Derechos

Foto: Aída Abella

Humanos. En junio de 2011 se le vio en varios mítines en Francia contra la presencia del ex presidente Uribe en la Escuela de Ingenieros de Metz, que lograron su renuncia a una cátedra que regentaba allí. Estas son las primeras declaraciones en muchos años de la reconocida dirigente de la UP, quien también envió un video de saludo al acto de perdón del Estado por el crimen del senador Manuel Cepeda, que tuvo lugar en el Salón Elíptico, con el Congreso de la República en pleno, el 9 de agosto de 2011.

“No tenemos Estado de Sitio permanente, pero las amenazas y asesinatos continúan”

Hablemos de sus inicios en la vida política. ¿Cuál era el panorama político cuando nace el movimiento y cómo llega a la presidencia de la Unión Patriótica?

-Siempre que me preguntan sobre algo relacionado con la Unión Patriótica, no puedo dejar de rendirle homenaje a todos nuestros compañeros que cayeron en el gran patíbulo que se llama Colombia. Son las presencias ausentes que llenan nuestros recuerdos y nuestra vida.

Cuando nació la UP en 1985, mi actividad política principal estaba dirigida al movimiento sindical. Ocupaba la Presidencia de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado FENALTRASE y la presidencia del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional SINTRENAL, al cual me había vinculado desde 1971. También hacía parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC.

En esa incansable lucha por la paz, con reformas sociales, que hicieran de Colombia una verdadera democracia, donde se supere ese concepto mezquino de asimilar democracia con el depósito de votos un día cualquiera, y como resultado de los acuerdos firmados en la Uribe entre la insurgencia y el gobierno, se crea en 1985 la Unión Patriótica. Muchos sectores populares se vincularon de forma entusiasta para apoyar este novedoso proyecto de paz. Se veía como la esperanza, como algo diferente, con personas que no habían estado en la política tradicional, con luchadores por cambiar esa política asfixiante que se respiraba por todas partes y que se traducía en una alta abstención.

El manejo bipartidista que se la daba a la política desde los tiempos de la supuesta “independencia” y que se acentuó en el periodo del Frente Nacional, había borrado del mapa político colombiano cualquier partido o movimiento político diferente al liberal y conservador, que en el fondo eran lo mismo. La única diferencia era el color de su bandera, roja o azul. La inconformidad no se podía manifestar pues el Estado de Sitio permanente o estado de excepción, la alta militarización, o las formas despóticas como se ejercía el poder, impedían demostrar la inconformidad.

Las manifestaciones eran reprimidas, las huelgas prohibidas y declaradas ilegales, mientras campeaban los despidos injustificados, las detenciones arbitrarias, los seguimientos a la dirigencia sindical y a los políticos y militantes de oposición.

Las amenazas, que eran frecuentes, las intercepciones telefónicas, los allanamientos de casas y oficinas también hacían parte de las prácticas del poder. Con el Estatuto de Seguridad, en el gobierno de Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, se recrudeció la ola de allanamientos. Los gendarmes llegaban a las casas muy temprano, entre las 4 y 5 de la mañana, bloqueaban las vías de acceso a las viviendas con camiones del Ejército sin placas, vestidos de civil, con ruanas y debajo de ellas, las metralletas. Requisaban todo, hasta las ollas. Se llevaban lo que querían, libros, cartas personales, las cuitas de los enamorados, retratos de familia, pasaportes, dinero y hasta las joyas. A las personas en Bogotá las conducían a las caballerizas militares de Usaquén de la carrera 7 con calle 107. Los cuarteles se convirtieron en centros ilegales y clandestinos de reclusión donde no eran extrañas las torturas. Muchos murieron víctimas de estos procedimientos prohibidos por la ley.

Me acuerdo de Darío Arango, de Puerto Berrío, Antioquia. El 7 octubre de 1979, este dirigente popular, vicepresidente del Concejo donde había llegado por las listas de la Unión Nacional de Oposición, líder del sindicato del río Magdalena, un hombre muy alto y corpulento, militante comunista, lo mataron de esa manera.

En 2011 las cosas no han cambiado. No tenemos Estado de Sitio permanente, pues la Constitución de 1991 lo abolió. Ahora se amenaza y luego se asesina sin fórmula de juicio. En muchos de estos crímenes están vinculados por omisión, colaboración o ejecución directa, miembros de las Fuerzas Armadas, que están instituídas para proteger a los ciudadanos, convirtiéndose todas estas prácticas en evidentes crímenes de Estado.

Desde siempre la política y los cargos de dirección de la administración pública se emplearon para el enriquecimiento personal. Se llenaron sus bolsillos y los de sus familiares, y por eso defienden esta pantomima de “democracia”, donde el Estado está al servicio, no solo de las clases dominantes, sino también de los nuevos ricos y sus sirvientes. La corrupción se desborda en todos los sectores de la empresa privada y la administración pública.

Había una fatiga en la población que esperaba ver gente nueva en la política, con opiniones diferentes. Los que ayudamos de cerca en la primera campaña electoral de la Unión Patriótica, bajo la conducción de Jaime Pardo Leal, en 1986, sentimos esa gran oleada fresca del pueblo en los sindicatos, barrios, sitios de trabajo, en las calles y plazas.

El día de las elecciones muchas personas, especialmente jóvenes, pedían las papeletas de las listas que encabezaban los comandantes guerrilleros que hacían política con las banderas de la UP tras los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, firmados entre el gobierno de Betancur y las FARC. Generalmente sus nombres eran diferentes en la vida real y costaba trabajo convencer a los electores que se trataba de los mismos compañeros, sólo que para los comicios tenían que figurar como aparecían en sus cédulas.

El 9 de diciembre de 1990 tienen lugar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ANC. Ese día salimos elegidos con Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en la lista Por la Vida y los Derechos Humanos, la número 8. Una vez culminó sus labores la ANC el 4 de julio de 1991, promulgando una nueva Carta, se eligió la Asamblea Nacional Legislativa, popularmente llamada el Congresito, del cual hice parte. El 14 y 15 de diciembre de 1991 se realizó el congreso extraordinario de la UP. Allí me escogieron como presidenta del movimiento.

“En plenas deliberaciones de la Constituyente, llamada a ser un nuevo pacto de paz, a diario asesinaban militantes de la UP”

Usted salió electa para la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, cinco años después del nacimiento de la UP, sin embargo mientras se desarrollaban las deliberaciones en esa institución, que debería llevar al país a un tratado de paz, continuaba la matanza.

-Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente ANC y las de la Asamblea Nacional Legislativa, el Congresito, que funcionó unos meses después de firmada la Constitución en julio de 1991, están regadas con la sangre de nuestros compañeros. Los cientos de asesinatos fueron denunciados, generalmente al comienzo de las sesiones. Durante este periodo se continúa con el genocidio. Un día después de instalada la ANC, el 5 de febrero de 1991, encuentran la muerte a manos de unidades del Batallón Granada, los humildes trabajadores Esteban Coronado y su hijo Carlos López, en Barrancabermeja. Detenidos y vendados, fueron conducidos a un carro del Ejército. Posteriormente sus cuerpos aparecieron abaleados y la versión de los diarios locales era la de siempre: se trataba de guerrilleros muertos en combate. Y la última denuncia, el asesinato de Juan Carlos Álvarez, en Segovia, Antioquia, el 19 de noviembre de 1991, minero y dirigente de la UP en esa región, capturado al salir de su turno de trabajo a las 5 de la mañana y horas más tarde encontrado su cadáver con signos de tortura e impactos de bala en la cabeza. Hay que anotar que varios generales asistían diariamente a las deliberaciones de la ANC, lo que para mí era un hecho completamente irregular que denunciaba permanentemente en las sesiones, porque se percibía como una coacción, pero siguieron campantes. Se situaban en el ala derecha de la presidencia de la corporación. Conocían de primera mano las denuncias públicas que hacíamos, pero no se les daba nada. En plenas deliberaciones de la Constituyente, llamada a ser un nuevo pacto de paz entre los colombianos, asesinaban a nuestros militantes de la UP día a día.

En esos cinco años transcurridos desde la fundación de la UP a la instalación de la ANC, el movimiento había sido víctima de matanzas selectivas, masacres de la peor barbarie como la de Segovia, en Antioquia, el 11 noviembre de 1988, que dejó 43 muertos y decenas de heridos, la de Piñalito, en el Meta, en junio de 1988, desapariciones y amenazas en todas las regiones del país. En 1986 comienza la aplicación del operativo militar conocido como El Baile Rojo, dirigido contra los congresistas de la UP recién elegidos. El 30 de agosto de 1986 asesinan a Leonardo Posada, electo Representante a la Cámara por el pueblo de Barrancabermeja y dos días después, el 1 de septiembre, cae víctima de los sicarios el Senador Pedro Nel Jiménez en la puerta del colegio de su hija en Villavicencio, quien presenció la muerte de su padre. Eran los primeros congresistas de la UP sacrificados. Esto concitó la protesta nacional y me acuerdo que comenzó a corearse una consigna creada espontáneamente por el pueblo y que prendió en todo el país: Sí señor, cómo no, el gobierno lo mató, y que sintetizaba lo que cada uno de nosotros sentía ante el exterminio. El mensaje era claro: los elegidos deberán morir por el solo hecho de pertenecer a la UP. En esos momentos cundía la preocupación en el común de las gentes que se fue diluyendo ante los crímenes que no daban tregua. La sociedad, y eso es lo que querían los enemigos de las libertades democráticas, comenzaba peligrosamente a acostumbrarse a la muerte como en las peores épocas de La Violencia.

El terrorismo de Estado explica el genocidio contra la UP

¿Cómo explicar semejante situación de violencia sistemática contra una nueva alternativa política que naciera de unos acuerdos de paz?

-El terrorismo de Estado que se le aplicó a la Unión Patriótica, apenas ésta nació, fruto de un acuerdo de paz entre el gobierno de Betancur y las FARC en 1984, se denunció desde el primer momento. Basta con mirar los comunicados de la UP. Por ejemplo, uno de enero de 1986 anotaba: “El debate electoral para renovar las corporaciones públicas y elegir Presidente de la República, se realiza en medio de grandes restricciones que limitan los derechos y garantías de las fuerzas democráticas y particularmente de la Unión Patriótica. Al amparo del Estado de Sitio, el militarismo hostiga y monta provocaciones en las regiones de influencia de nuestra organización, creando un clima de tensiones dirigido a imponer la suspensión de los comicios allí donde la UP y otros movimientos no tradicionales pueden obtener resultados favorables.”

Entonces, la práctica sistemática del terrorismo de Estado explica el genocidio contra la UP. La oligarquía dominante puso en práctica estrictamente las concepciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del “enemigo interno”, diseñadas en la Escuela de las Américas y en el Comando Sur de Estados Unidos Las mismas que aplicaron todas las dictaduras del Cono Sur. En Colombia no era necesaria una dictadura. Han adaptado la “democracia” de tal manera que cometen crímenes peores que en los regímenes despóticos, a nombre de ella. No tengo ninguna información que dé cuenta que en la época de Pinochet se hubiera utilizado la motosierra para el descuartizamiento de personas, hornos crematorios o el lanzamiento de personas vivas o muertas a ríos infestados de caimanes, para citar algunos casos tenebrosos de lo que ha pasado y sigue sucediendo en Colombia. En todo este análisis de lo que pasó con la Unión Patriótica no se puede dejar de lado el estudio de documentos como los de Santa Fe 1, 2 y 3, que fueron manuales perfectos para consolidar el proyecto contrainsurgente en Colombia y que llenó de sangre, terror y lágrimas todos los rincones del país.

Desde un principio todos sabíamos que el terrorismo de Estado estaba operando, que detrás de las masacres, desapariciones, asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, estaban, como aún lo están, las fuerzas militares, los terratenientes, la burguesía, los políticos liberales y conservadores, pero en las dimensiones que se han conocido por las revelaciones de los jefes paramilitares, jamás.

Sin embargo, el país no logró impedir este baño de sangre con su movilización y protesta

-Creíamos que había reservas democráticas capaces de detener este baño de sangre. Creíamos que las gigantescas movilizaciones que se daban frente a los asesinatos, tendrían alguna repercusión. Nos equivocamos. Eso sucede en las democracias de verdad, donde las manifestaciones de los ciudadanos tienen efectos casi inmediatos en la conducción de las políticas de los gobernantes. Estamos frente a la burguesía más asesina de América Latina, capaz de desaparecer físicamente al adversario político para conservar sus privilegios. Convirtieron a Colombia en un patíbulo, donde se ejecuta la pena de muerte en cualquier parte, en una oficina de una Asamblea Departamental, en la casa, en un bus interurbano, en un restaurante, en la iglesia, en el camino veredal, en la carretera, en la sede sindical o política, a la entrada de un colegio, en la escuela donde se dicta clase, en la universidad, en la finquita, en la calle, a plena luz del día o en la sombras de la noche. No hay sitio vedado. Se nos olvidó que la violencia que ha sacudido a Latinoamérica tiene sus raíces profundas desde la conquista, donde la política y la religión se impusieron a sangre y fuego, cuando las chozas de los indios fueron saqueadas con una cruz en la mano. Comprobamos que la cúpula de la Iglesia Católi- ca colombiana, una de las más retrógradas del continente, siempre ha estado al lado del poder. Al igual que en Argentina, guardó un sepulcral silencio ante el genocidio de la izquierda. Ningún pronunciamiento. Sus iglesias no abrieron las puertas a los perseguidos como en Chile, en la época de Pinochet; por el contrario, se negaron a celebrar entierros como lo pedían algunas familias. Todos recordamos el comportamiento de Monseñor Pimiento, en Manizales, cuando la familia de Bernardo Jaramillo rogó una misa en su entierro. Se negaron. Podemos hablar de una cierta complacencia que contradice los principios cristianos.

La izquierda deja sola a la Unión Patriótica

¿Y qué pasó con el resto de la izquierda frente al genocidio de la UP?

- Dolorosamente tuvimos que presenciar la entrega del M-19 y su asimilación al establecimiento. Para sobrevivir doblaron las rodillas, se entregaron al poder como si aquí no hubiera pasado nada y frente al peor genocidio político en la historia del continente.

Ever Bustamente, otrora destacado jefe de ese movimiento, me lo dijo en una reunión del Consejo Nacional Electoral en 1991: “No queremos transitar el camino de la Unión Patriótica, por eso no somos oposición”.

Y Navarro Wolff lo confirmó en un encuentro que tuve con él, como lo hicimos con todos los partidos que contaban con miembros elegidos a la Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos haciéndole campaña al cambio del capítulo de la fuerza pública para la nueva Constitución, sobretodo en la definición de los delitos militares. Su respuesta fue contundente: “Todavía nos ven con el morral en la espalda; el capítulo de la fuerza pública no se toca”. Tenían acuerdos con el Ejército; en las votaciones se vio perfectamente. Sin embargo, les mataron gente. Sus militantes me buscaban para que yo hiciera las denuncias, pues los encumbrados no abrían su boca al respecto. No solo habían perdido las charreteras sino también la dignidad.

Como lo afirmó el columnista Camilo González Posso, en El Tiempo, el 18 de septiembre de 2007, “el uso ilegal y arbitrario de las armas ha sido parte de la historia de Colombia desde siempre, y desde el siglo XIX ha servido para el ejercicio del poder. La mitad del siglo XX transcurrió en medio de un régimen de Estado de Sitio y la defensa del orden se hizo ‘combinando todas las formas de lucha’, a veces con chulavitas, otras con pájaros o mercenarios de varios uniformes. La guerra fría educó en tortura y desaparición y en alianzas con toda suerte de mafias, narcos, paras y la llamada ley de fuga. Y ese entrenamiento en la combinación de formas de lucha para la defensa de poderes regionales, locales y nacionales, tuvo su expresión mayor, en el cruce de siglos, con la expansión del paramilitarismo, que sigue vivo aunque en crisis irreversible”.

Lo anterior, añadiría, financiado con los impuestos de los colombianos o a través del boleteo, como se lo impusieron a los grandes y pequeños propietarios, a los grandes y pequeños comerciantes. Hasta las tiendas de los pueblos, en muchas regiones, fueron obligadas a cotizar mensualmente a los escuadrones de la muerte, so pena del destierro o el asesinato. El genocidio se hubiera podido evitar si hubiésemos tenido verdaderos demócratas en la conducción del Estado. Tuvimos Presidentes, algunos asustadizos, otros con sentimientos de culpa, dando pésames telefónicamente ante los asesinatos o los atentados, y otros, como parte integrante del fascismo ordinario, con cara de demócratas. Por eso continúa el genocidio. Esta semana, cuando se me hace esta entrevista, el 7 de junio del 2011, fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, en Medellín, sobreviviente de la UP que lideraba una organización que luchaba por la tierra de los desplazados. Había denunciado a sus enemigos, a quienes la iban a matar. No recibió ninguna protección y si la hubiese recibido de parte del Estado, tampoco le hubiera salvado su vida: los escoltas del DAS son la pantalla para matar más rápido. Se volvió importante el día de su muerte. Antes había perdido a su marido y a dos hijos, también asesinados; los que quedan, están amenazados. Es el exterminio de toda una familia.

Pero el Estado siempre aducía que estaba tomando las medidas necesarias para proteger a los dirigentes de la UP

-Varios de los sobrevivientes nos salvamos porque no llevábamos en las escoltas agentes del DAS o de la Policía. Nos acompañaban hombres y mujeres de la UP que arriesgaban la vida con nosotros. Cuando decidí salir del país, el 9 de mayo de 1996, una de las poderosas razones para dejar la patria fue la escolta impuesta por la Policía. Después del atentado que sufrí cuando me dirigía a la sede de la UP, sentí que moriría por culpa de ellos.

Estas supuestas protecciones por parte del Estado se convirtieron en las escoltasseguimientos. Tenían los datos exactos de los desplazamientos, de las rutinas de trabajo, de las casas de los familiares, de los colegios de los hijos, del sitio de mercado, del garaje donde se arreglaba el carro, de la peluquería, del amigo, que eran transmitidos a los jefes de la “inteligencia militar”.

Se hicieron listas en el Ministerio de Defensa de los condenados a muerte y se enviaban a todas las brigadas militares. Los mandos castrenses se jactaban de ello y hasta las mostraban en los actos sociales, donde se codeaban con la alta sociedad. El general Iván Ramirez Quintero, comandante de la Primera División, en la Costa Atlántica, la cargaba en su bolsillo. Entre los asesinados figuraba Luis Meza Almanza, profesor de la Universidad del Atlántico. Eso explica por qué militantes amenazados que se desplazaban a sitios distantes, fueron ultimados a los pocos días.

¿Cómo era el comportamiento de los medios, de la prensa, frente al genocidio contra la UP?

-Los genocidios no son espontáneos, no aparecen porque sí. Se planifican estrictamente y siempre está detrás la mano del Estado. Preparaban a la población para que se resignara ante los crímenes y para ello utilizaban los medios de comunicación, los columnistas, que juegan un papel especial. No hay sino que leer algunos de los artículos de Carlos Lemmos Simmonds, de Panesso Robledo, de Arturo Abella, de Enrique Santos, entre otros, señalando, descalificando y hasta justificando los asesinatos. Editoriales de Nueva Frontera, El Tiempo, publicaciones de las Fuerzas Armadas, El Colombiano y otros periódicos y revistas nacionales como locales, dan testimonio de ello. Ni qué decir de la radio, especialmente RCN y CARACOL, al servicio del establecimiento.

Algunos periodistas tuvieron que dejar forzadamente sus puestos porque no se plegaron a cambiar las informaciones que tenían sobre los autores de las matanzas. Otros no publicaban las noticias porque les parecerían demasiado peligrosas en esa autocensura del miedo. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la situación de violencia se profundizó en Urabá. En la diagonal San Jorge, de Apartadó, varios dirigentes sindicales y miembros de la UP, fueron bajados de un bus, decapitados a machete y sus cabezas puestas en estacas en la carretera por donde pasaba el resto de autos que transportaban a los obreros de las fincas bananeras. El más bárbaro escarmiento, acompañado de la advertencia de que correrían igual suerte quienes permanecieran en los sindicatos o en las filas de la UP. También se le escondía a la opinión hechos como el asesinato de sindicalistas en alguna finca bananera y cuyas cabezas eran enviadas al casino mientras los trabajadores almorzaban. O cuando en San Pedro de Urabá fueron asesinados varios militantes de la UP en la plaza del pueblo y jugaron fútbol con sus cráneos. Solamente se pudo sacar a la luz pública algo similar, un domingo sin noticias cuando algún periodista llamó para saber si teníamos novedades.

Le manifesté que sí, pero que lo haría en directo sobre esas macabras prácticas del paramilitarismo. Al otro día nos atiborraron de amenazas, pero sirvió para detener, en parte, esas rutinas de la muerte.

La impunidad y el sobresalto del general Bedoya

La cadena de crímenes también encontraba aliento en la impunidad pues rara vez había detenidos y menos condenados…

-Para el genocidio de la UP se estableció todo un esquema de impunidad. La justicia penal militar era uno de ellos, aún con los cambios presentados. Todavía existen tribunales castrenses montados para garantizar que los crímenes oficiales no tengan castigo. Pero si se llegan a adelantar los procesos, los fiscales que se atreven a tocar las estructuras militares, sus servicios secretos o sus mecanismos encubiertos, es decir, los paramilitares, son sometidos al escarnio público como enemigos de la sociedad, asesinados o desterrados.

Viene a mi mente, no recuerdo la fecha exacta pero si los personajes, un caso que nos ocurrió en 1995. Fuimos a manifestarle al ministro del Interior, Horacio Serpa, que a muchos militantes y dirigentes de la UP los seguían asesinando las Fuerzas Armadas.

Nos propuso, entonces, tener un encuentro con los comandantes. Nosotros aceptamos sin vacilar un instante. Ese día nos encontramos, en una sala bellísima del Palacio Liévano, en el segundo piso del edificio donde despachaba Serpa, con el general, Harold Bedoya, comandante del Ejército, el almirante Holdan Delgado, de la Armada, el general Montenegro, de la Policía Nacional, y otro militar que al parecer era integrante de la Procuraduría ante las fuerzas militares. El único que faltó fue el de la Fuerza Aérea. El ministro presidía la reunión. A su derecha brillaban los uniformes y a su izquierda, estábamos los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, Álvaro Vásquez, el senador Hernán Motta y yo. Allí se les reafirmó que teníamos muchos testimonios de compañeros y amigos que llevaban a pensar de la complicidad de las fuerzas militares en los crímenes contra la UP. Nos referimos a las amenazas contra nuestros militantes y del Partido Comunista, provenientes de elementos del Ejército, Policía y cuerpos de seguridad y que el refugio de los asesinos eran varios cuarteles en diferentes lugares del país. Denunciamos que después del registro, en operativos castrenses a viviendas y lugares de trabajo de nuestros partidarios, llegaban los sicarios a consumar los asesinatos. También narramos cómo las brigadas militares eran visitadas por reconocidos jefes paramilitares, que citamos con nombres propios, en las regiones martirizadas por la violencia.

El primero en responder fue el general Harold Bedoya. Sobresaltado, con sus grandes ojos claros desorbitados, comenzó a gritar -hasta los periodistas que se ubica ban en el primer piso del edificio escucharon su elevado tono - que venía a una reunión y no a que se le irrespetara, y que por consiguiente se retiraba. Salió enfurecido tirando la puerta del despacho. Serpa tomó la palabra para decir que había convocado la reunión buscando limar asperezas, pero veía que no era posible y la reunión se acabó. La jerarquía militar no resistía el más mínimo debate. Era consciente que sus operativos, diseñados desde la cúpula, se conocían.

Nos van a matar a todos, me dijo Miller cuando le revelé la Operación Golpe de Gracia

Sabemos que usted fue la primera persona que conoció los detalles de la llamada Operación Golpe de Gracia, dirigida contra la UP, ¿cómo fue esa historia?

-En efecto, nosotros poseíamos, por diferentes fuentes, una información veraz muy grande e irrefutable. Personalmente recibí, a mediados de 1993, el anónimo que llegó a la UP sobre la Operación Golpe de Gracia. En términos generales, en una hoja escrita a máquina, alguien nos hacía conocer que la cúpula militar de la época se había reunido (estaban los nombres y apellidos), para discutir dos opciones: si se abrían procesos judiciales amañados para llevar a la dirigencia de la UP a la cárcel o si seguían con el plan de exterminio contra la dirección nacional y los comandos departamentales. Primó la segunda.

De inmediato preparamos una carta a las organizaciones de Derechos Humanos del mundo como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FIDH, entre otras, transcribiendo la grave amenaza que pesaba sobre todos nosotros. Salí a la sede del Partido Comunista y allí encontré a Miller Chacón, el secretario nacional de organización del PCC, que había reemplazado a Teófilo Forero, asesinado junto con su esposa y dos dirigentes más el 27 de febrero de 1989 en Bogotá. Le entregué el anónimo que leyó con cuidado. Era un hombre muy tranquilo, pero observé que su preocupación lo perturbó. “Nos van a matar a todos”, expresó sin rodeos. Ese fin de semana se reunió la dirección del Partido para tomar las medidas de protección. Miller, un estudioso de la política, funcionario de toda la vida, el organizador, que deseaba poner a todo el mundo a salvo, fue el primero en caer víctima de este plan, el 25 de noviembre de 1993, en una calle al sur de Bogotá. Luego vendría el asesinato de Manuel Cepeda, casi nueve meses después, el 9 de agosto de 1994.

Habíamos visitado varias veces al flamante ministro de Defensa del presidente César Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para denunciar estos planes. En su despacho estuvimos con Álvaro Vásquez, Manuel Cepeda y Hernán Motta, entre otros. Jamás se inmutaba ante las gravísimas denuncias y parecía que los muros del despacho eran más susceptibles frente a lo que decíamos. Su frase preferida, al menos en nuestras reuniones, era, “no les creo, pruebas, pruebas”. Siempre me impresionó que ni siquiera nos mirara. Sus ojos permanecían clavados en la mesa y con un bolígrafo en la mano. Esa frialdad y deshumanización ante hechos tan serios, me llevaron a reconfirmar que todo estaba calculado.

¿Pero toda esta ola de atentados obedecía realmente a una política de Estado?

-El establecimiento estaba advertido, desde los primeros asesinatos, que las fuerzas militares se encontraban seriamente implicadas. Desde hace muchos años pienso que los graves hechos violatorios de los Derechos Humanos, como las desapariciones forzadas, los asesinatos calificados en términos disimuladores como “ejecuciones sumarias” y últimamente los mal llamados “falsos positivos”, son crímenes cometidos por las Fuerzas Ar madas. Nadie supervisa las enseñanzas que se le imparten a los militares y los métodos que utilizan. A los jóvenes reclutas se les dan tratos inhumanos y degradantes, incluso muchas veces se les tortura o se les maltrata por medio de palizas, levantarse súbitamente a altas horas de la noche; se les obliga a bañarse con agua helada en la madrugada; se les hace limpiar el suelo del cuartel con su cuerpo y ropa mojada; se les parten maderos en su cuerpo o se les quema; se les obliga a volverse informante de su propia familia; se les enseña y conmina a robar, asesinar, empezando por los mendigos, las prostitutas, y el que se oponga a estas conductas dentro de la tropa, es llevado a la muerte. Testimonios dolorosísimos de mujeres que recibieron a sus hijos en cajas funerarias y si intentaban abrirlas, recibían las peores amenazas. Siempre quedaron con la incertidumbre de no poder darle una última mirada al hijo amado. Algunas veces les decían que eran suicidios.

De esto no se escapa ni el Batallón Guardia Presidencial. Recibí a varias mujeres que me contaron horrores cuando tenía un asiento en el Concejo de Bogotá por la UP. Les obligaban a los jóvenes bachilleres a extorsionar los bares cercanos al Batallón Guardia Presidencial. Jóvenes que querían desertar, desaparecer, se negaban a ser atracadores oficiales y repartirse entre ellos los dineros recogidos. Jóvenes que retaban a sus padres a escoger entre tener un hijo atracador o desertor.

Las prácticas crueles prohibidas por la Constitución de 1991 continúan en los cuarteles. Los suboficiales y oficiales se ensañan contra los reclutas porque con ellos hicieron lo mismo y deben seguir aplicándolo para formar a quienes van a integrar posteriormente las filas de sicarios, de delincuentes, de paramilitares. Es la licencia institucional para matar. Es la formación distorsionada que se hace con los dineros de todos los colombianos. Están listos cuando salgan de los cuarteles para instruir en técnicas salvajes, inhumanas. Están entrenados para desaparecer sin dejar rastros. Es lo más parecido a una fábrica de criminales en serie. Lo irónico es que se dictan a menudo clases por el respeto de los Derechos Humanos por parte de personas muy profesionales, cursos que de nada sirven en la práctica. Sólo les representa a ellos la disculpa de que han hecho talleres que muestran en los estrados internacionales y para conseguir recursos a nombre de los derechos que pisotean a cada instante. Estas son las consecuencias de la oficialidad graduada en la fatídica Escuela de las Américas y las otras que la han reemplazado en los Estados Unidos.

Estando en plena Asamblea Nacional Constituyente, en abril de 1991, el general Luis Eduardo Roca Maichel, comandante general de las Fuerzas Armadas sancionó la Directiva No. 200-05/91 mediante la cual se establecían y organizaban redes de inteligencia. En su numeral 1, se reconoce que en ello se siguen “recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”. Dichas redes y particularmente la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional, se constituyeron prácticamente como una poderosa estructura paramilitar que perpetró numerosos crímenes de lesa humanidad, cuyos autores fueron además protegidos por las estructuras institucionales de impunidad, como señala el libro Deuda con la humanidad, paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 - 2003, publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular Cinep. El lenguaje de la guerra se ha impuesto y en ese lenguaje los civiles nos convertimos en objetivos militares como nos lo hacían saber en numerosas amenazas los paramilitares.

Lea todo el libro (435 páginas): http://es.scribd.com/doc/68373112/Libro-Memorias-en-Baja-1

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Los expatriados de la celebración

Silvana Melo (APE)

Ya el censo 2010 había abierto las puertas a cierto horror espasmódico en grandes medios y medianos actores políticos. Que las villas crecieron un 52% en todo el país no es una noticia que pueda provocar perplejidad en nadie con algún centímetro cuadrado de conciencia. Pero aun así, la piel social vuelve a erizarse cuando, cíclicamente, vuelven a asomar números fastidiantes que revelan una realidad fastidiante barrida convenientemente debajo de la alfombra de la primavera argentina. Ahora es una ONG la que ofrece en bandeja títulos de hecatombe para ser utilizados -paradójicamente. O no- por quienes son y serán activos cuidadosos del statu quo. Dicen que en los últimos cinco años se conformaron 90 nuevas villas en el conurbano, que el crecimiento poblacional desde 2001 llegó al 55% y que los asentamientos que inflaman los ya obesos anillos circundantes a la capital van por el número 864.

Más de medio millón de familias -¿dos millones de personas? ¿tres?- se hacinan en los mundos subsidiarios de El Mundo, en los arrabales de la fiesta umbilical de la capital de la vida, donde está la salud, la escuela, la comida, la luz y la celebración de los privilegiados. Para que quede claro: cualquier política hacia las villas elevada desde lo discursivo por cualquier oficialismo, es y será falaz. Un déficit habitacional de tres millones de casas en todo el país, sin horizonte de alivio, sin planes serios, sin créditos hipotecarios alcanzables, con construcciones en serie valuadas como exclusivas de Puerto Madero, con partidas millonarias que se pierden en los recodos y nunca llegan a las paredes, con parcelas en las puertas del infierno que cuestan como praderas en las ventanas del cielo. El diez por ciento de la población del país se apila, se amontona, se asfixia y resiste su cárcel social sólo en los asentamientos y villas del conurbano y la ciudad autónoma. Ese es el espacio concedido. No hay otro. No lo habrá.

Lejos de existir una voluntad política sincera y profunda de amnistiar a tres o cuatro millones de presos de las orillas urbanas, es una decisión sistémica la de sacar del medio -literalmente- para confinar a los extremos y al afuera bien afuera a todos aquellos que no serán utilizados ni formarán parte del proyecto metódicamente minoritario que encarna el capitalismo del tercer milenio, sin rivales ni competencias serias. No hay techo para ellos ni necesidad de levantarlo. No hay trabajo para ellos ni lo habrá. Sobran en una sociedad con mano de obra tecnológica y formalidad para una elite. Una pirámide sostenida en su base por changarines, golondrinas, ocasionales en negro, oficiales -del oficio y no del uniforme- semicapacitados y sobrevivientes de la agonía y muerte del trabajo en los últimos 25 años. En un límite delgadísimo suelen caer al infierno del destierro y a veces vuelven y otras veces no. La cárcel a cielo abierto -como Alberto Morlachetti llamó al sistema villero de exclusión hermética- se ubica en el área soterrada de la pirámide. Es el abajo del abajo. No el patio, sino la calle. No el sótano, sino el inframundo. De donde no se sale, por alta decisión tomada. Cuya frontera no se supera porque el preso social fuera de su presidio pasa a ser semilibre en una tierra ajena, con bienes ajenos, con suelo ajeno. Donde no tendrá lugar ni plato ni destino. Y cualquier bala perdida acertará finamente en su cabeza. Sin que nadie -como el homo sacer de Agamben- deba hacerse cargo de su homicidio.

Como una copia fotográfica del sistema penitenciario, la cárcel a cielo abierto suma y engorda día tras día, con el descarte que queda después de la selección. Adentro, se construyen vigorosamente casillas una tras otra, una sobre otra, chapa, cartón, bloque, plástico, chapa, cartón, bloque. Caen diariamente de a diez o quince que tienen que pagar el pedacito de tierra del que nunca serán dueños. Se colgarán de la luz, pagarán fortunas por una garrafa, comprarán en la feria de rescate del basural, venderán paco, comprarán paco, consumirán, morirán de cuchillos lacerantes de humo en el cerebro y en los pulmones, de balas vecinas, de transas vengativos, de policías cómplices, de pulmonías en piso de barro, de infartos sin ambulancia que entre.

Nada cambia en el corazón villero con el gobierno que pase, con el contexto económico floreciente o con las tijeras del ajuste, con planes Jefes o con cooperativas. Nada les cambia a los que fueron descartados. Porque fueron descartados. No se los mira, no se los ve, se los encierra en sus cárceles a cielo abierto para no verlos y para que no entren a fastidiar a los turistas ni a dejar la basura desparramada en la calle. Para que no se les ocurra reclamar la parte que les corresponde. Porque ya fue prorrateada entre los elegidos, los prebendarios, los libres. Para que levanten muros y enrejados y contraten alarmas y vigilantes y aten rottweilers hambrientos a las fortalezas. Y puedan entonces defenderse libremente de los expatriados que de vez en cuando irrumpen en las calles feraces de la libertad y la vida digna reclamando su mosaico en esa plaza.

Vienen del norte, vienen del Chaco y de Corrientes, vienen del Paraguay y de Bolivia, la piel oscura, la frente surcada, son del otro país que vienen al país. Del interior hacia el exterior, que sería Buenos Aires. Nunca son gratuitos los nombres. Desde la cárcel de la pobreza hacia la utopía libertaria que se muere de un síncope no bien cruza la General Paz.

Desde los 30, cuando los inmigrantes polacos armaron la primera Villa de los Desocupados, jamás dejó de engrosarse la cintura obesa de la Ciudad, con sus espejos brutales y la violencia infinita de la desigualdad. Del corte feroz entre un mundo y el otro. La 31 frente al Sheraton. La Rodrigo Bueno detrás de Puerto Madero.

Ahí viven los pibes. Crecen. Sufren. Respiran. Aspiran. Mueren. De los tres millones, dos son niños y muchachos. Nacidos, criados, llegados, sobrevenidos. Al borde de todos los abismos.

Puestos a sobrevivir con la muerte y a morir con sombría naturalidad porque la vida no vale más que el yogur vencido en el Ceamse.

Y el futuro es una balsa que se hunde siempre un segundo antes de tocar estas costas.

Fuente imagen: APE

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Los intocables

Sandra Chaher (ARTEMISA)

Dos causas contra Showmatch y el diario Clarín por violencia mediática no avanzan en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) ni en el Poder Judicial. En el primer caso, el expediente está a la firma de Gabriel Mariotto desde hace al menos siete meses, y en el segundo la jueza está en condiciones de dictar sentencia desde marzo del 2011, pero aún no lo hizo. En el caso del AFSCA, sorprende en el expediente la falta de mención a la vulneración de la Ley de Violencia de Género.

En mayo del 2011 anunciamos que estaba lista para que se dictara sentencia una causa contra el diario Clarín por violencia mediática en el caso de la nota 'La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado' publicada por el diario el 5 de abril del 2009. Menos de un mes antes había sido sancionada la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones Interpersonales, conocida como ley de Violencia de Género, que tipifica la violencia mediática.

El artículo cuestionado había sido realizado por el periodista Pablo Calvo, enviado especial a Entre Ríos, y señalaba que se había cuadruplicado desde el año 2003 la cantidad de mujeres con familia numerosa (siete o más) y que si bien era habitual en esa zona del país que la prole fuera extensa, las mujeres estarían además siendo madres para obtener un subsidio del Estado. Si bien el artículo no es más discriminatorio ni humillante hacia las mujeres que muchos otros que diariamente se leen en la prensa gráfica, fue tomado como caso testigo por tres legisladoras nacionales -Diana Conti, Juliana Di Tulio y María Teresa García- para batallar contra la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación.

El argumento del amparo judicial que presentaron fue que la nota estigmatizaba a las mujeres de sectores populares 'como incapaces para decidir libremente la concepción de un hijo o dispuestas a procrear a fin de obtener una prestación social' e invocaron algunos de los acuerdos internacionales ratificados por Argentina y con jerarquía constitucional desde el ’94 -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará- además de la figura jurídica de violencia mediática presente en la Ley 26485 de Violencia de Género. La violencia mediática es definida por esta ley como 'aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadoras de violencia contra las mujeres'.

Terminado un extenso período de prueba, solicitado por Clarín, en marzo del 2011, la causa debería haber recibido inmediata sentencia por parte de la jueza Inés Sotomayor ya que se trata de un amparo judicial cuya resolución no debería extenderse en el tiempo, sin embargo esto aún no sucedió. En el entorno de las legisladoras se presume que la demora pueda deberse al desinterés de la magistrada en tener un conflicto con el pool de medios que Clarín lidera y, mientras esperan, las abogadas de las legisladoras pidieron a la jueza que informe sobre la causa a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en cumplimiento al rol que tiene esta Oficina de velar el respeto a la perspectiva de género y no discriminación hacia las mujeres en el Poder Judicial.

Los abusos de Tinelli

Showmatch es un programa histórico en el maltrato hacia las mujeres en los medios. Ya recibió informes negativos del Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, sanciones del antiguo COMFER y, apenas nacida la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), después de reglamentada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se le iniciaron tres expedientes administrativos a fines del 2010 en los que se cuestionaba la discriminación en la 'gala del streapdance', Bailando por un sueño Kids, y el concurso 'Quiero ser la novia de Ricardo Fort'.

Ese expediente elaborado a fines del 2010, ya fue comunicado a ideas del Sur (productora de Showmatch), que lo rechazó, y las sanciones esperan la firma del director del AFSCA, Gabriel Mariotto, desde marzo del 2011 (dentro del organismo aducen la demora al exceso de trabajo de este año por el control de las publicidades electorales). El trámite administrativo dentro de AFSCA, lento de por si y lentificado aún más por las coyunturas políticas, puede devenir además en una causa judicial que lo extienda en el tiempo, con lo cual una posible sanción para Showmatch no llegaría antes del 2012.

El lunes 3, el programa sumó un nuevo expediente en AFSCA con el desnudo total protagonizado por Cinthia Fernández en Bailando por un sueño. Si bien el organismo tiene la posibilidad de sancionar la discriminación y humillación hacia las mujeres a través de la Ley de Violencia de Género, sorprende que esta última evaluación sólo haya contemplado la infracción de la Ley Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Consultado sobre esto, Claudio De Cousandier –Director Nacional de Evaluación del organismo- señala: 'Dimos prioridad a la protección de los niños. Puede ser que haya estereotipación de la mujer y una infracción a la Ley de Violencia de Género, lo tendremos en cuenta'.

Esta falta de mención a la Ley de Violencia de Género sorprende particularmente porque es ampliamente reconocida por el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo integrado por el AFSCA, el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). En el año 2008, el Observatorio publicó el Informe sobre el Programa Showmatch citado en el expediente iniciado por AFSCA contra Showmatch a fines del 2010, en el que se señala: 'La mujer es cosificada mediante el recurso de fragmentación de su cuerpo a través del eso estratégico de las cámaras, mostrando sus gluteos y pechos de forma insistente y mediante planos detalles. Es así como se le adjudica el valor de objeto de deseo en menoscabo de otras virtudes y/o cualidades y se exalta un estereotipo de mujer con una figura física determinada. Si a la idea de preferencia de ciertas partes del cuerpo femenino se vincula dicha cosificación, agregamos que la relación de dominio masculino sobre el femenino contribuye a mantener la inequidad y la jerarquía de género que predominan en nuestra sociedad. Cuando se visualiza el cuerpo femenino como objeto consumible, al que se le niega subjetividad, voluntad y acción, se fomenta una sexualidad masculina basada en la dominación y en la violencia simbólica. En este sentido, también hay una visión sexista del varón, que es presentado como un ser que no puede controlar sus impulsos sexuales'.

Este año, el Observatorio también incluyó a Showmatch entre los cuatro programas que más discriminan de la televisión argentina (junto Bendita TV, Antes del mediodía y Resumen de los medios). Entre las prácticas discriminatorias, la violencia de género fue la segunda más mencionada.

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Entrevista con Jorge Etchenique sobre el anarquismo, la rebeldía, la cultura obrera y sus preocupaciones del “modelo K” (Parte III - Final)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Jorge Etchenique presentó su libro "Pampa Libre, anarquistas en la Pampa Argentina" en Venado Tuerto el 30 de setiembre. Al otro día tuvimos una cálida e interesante charla sobre el anarquismo, la rebeldía, los linyeras, la cultura obrera y sus preocupaciones del "modelo K".


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Argentina: Familiares de genocidas piden respeto a los Derechos Humanos

Irina Santesteban (LA ARENA)

En la presentación del libro del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sobre la política en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, hubo un incidente provocado por un grupo de familiares de militares presos por estos crímenes.

El martes 27 de septiembre, el juez Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires su libro titulado "Derechos Humanos: Justicia y Reparación".

La obra tiene como co-autor al abogado Alfredo Kraut, titular de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema, y responsable de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad del máximo tribunal del país.

El libro de Lorenzetti, que fue prologado por el ex juez español Baltasar Garzón, detalla el camino que debió seguir la justicia argentina para llevar adelante los procesos que actualmente se desarrollan, para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar, que han sido encuadrados como "delitos de lesa humanidad", siguiendo la doctrina internacional en materia de derechos humanos.

El presidente de la Corte Suprema analiza en su obra algunas de las sentencias, en las que se plantea la imprescriptibilidad de estos delitos y la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y de los indultos.

En su ensayo, Lorenzetti considera a la educación y la difusión cultural como herramientas "para que todo totalitarismo, toda discriminación, cualquiera sea su entidad, no encuentre cabida en una sociedad que aprenda a ser intolerante con lo intolerable". Y destaca que los juicios por los crímenes de lesa humanidad "forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya impedir".

Presentes

El acto tuvo una gran repercusión en el ambiente del derecho y también entre los organismos de derechos humanos, pues Lorenzetti compartió el escenario con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; con el coautor del libro, Alfredo Kraut; con la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto; y con el periodista Eduardo Anguita. Entre el público asistente, se destacaron el ministro de Justicia, Julio Alak; los miembros de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda; el camarista Santiago Corcuera; los jueces federales Claudio Bonadío, Ariel Lijo y Sergio Torres; y el juez de Casación Raúl Madueño. Además, asistieron el senador radical Ernesto Sanz; los presidentes de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, y del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y Tati Almeyda y Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora.

Un solo bando

Cuando Lorenzetti había ya empezado su exposición, un grupo de jóvenes que se identificaron como "Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos", comenzó a increparlo e incluso lo insultó, manifestando que en la Argentina no se respetaban los derechos humanos, y que éstos sólo eran considerados "para un solo bando".

El presidente de la Corte Suprema intentó contener el exabrupto en un tono conciliador. Pero como las manifestaciones de este grupo continuaban, y en tono cada vez más agresivo, Lorenzetti se puso de pie, y micrófono en mano expresó: "No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás". En ese momento, toda la sala aplaudió de pie las palabras del juez y finalmente los familiares de los genocidas presos fueron desalojados de la sala por personal de seguridad.

Garantías

Uno de los manifestantes era Pedro Bettoli, hijo del teniente José Luis Bettoli, quien fue condenado en Chaco a 25 años de prisión por torturas y está preso en Marcos Paz. Su queja estaba dirigida a que hay algunos presos con prisión preventiva desde hace nueve años y que entre éstos hay quienes, con más de 80 años, no se les respeta la prisión domiciliaria.

Aunque las garantías constitucionales del debido proceso son para todos, incluso para los criminales, habría que preguntarle a estos jóvenes si sus familiares, cuando sometían a los detenidos a torturas y vejámenes, cuando los hacían desaparecer o robaban sus hijos privándolos de su identidad, estaban "respetando las normas legales en materia de procedimiento o en cuanto a las condiciones de detención".

Incluso habría que señalarle a estos familiares porqué no le piden a esos presos que digan dónde fueron enterrados los desaparecidos, o a qué familias les entregaron los hijos nacidos en cautiverio y robados a sus madres.

En el baúl

Fue el juez Eugenio Zaffaroni, compañero de Lorenzetti en el Alto Tribunal, quien puso las cosas en su lugar. "Todo tiene su aspecto negativo y positivo. En el aspecto positivo pensé profundamente que si las personas procesadas o condenadas a los que esta gente está defendiendo, estuviesen en el poder, y nosotros quisiéramos hacer lo mismo, terminaríamos en el baúl de un Falcon verde", expresó en un reportaje radial. Y afirmó que estos familiares pudieron manifestarse libremente y "ninguno terminó en el baúl de un Falcon verde y tampoco preso".

Del otro lado, quien se sintió muy agraviado con la presentación del libro de Lorenzetti fue el hijo del coronel Argentino Larrabure, quien en una carta al lector publicada por el diario Clarín se quejó de que el titular de la CSJ se sentara al lado de un "terrorista" como Anguita, quien fuera militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la organización armada que secuestró a su padre, quien luego fue encontrado muerto.

La queja de Larrabure no guarda relación con lo sucedido en nuestra reciente historia, pues exhorta a los jueces a "juzgar a los guerrilleros", cuando la gran mayoría de éstos, junto a miles de argentinos que nunca habían tenido un arma en sus manos, fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura militar, sin ningún proceso legal, sin defensores y sin prisión domiciliaria. Como sí están gozando los militares responsables del terrorismo de Estado.

Primer puesto

Buena lección nos ha dado el presidente de la Corte Suprema al demostrar tolerancia hacia un grupo que faltó el respeto a su investidura y a toda la audiencia, reclamando por los derechos humanos de sus familiares, criminales y genocidas, algo que se les está garantizando en todos los juicios que hoy se llevan adelante en varios tribunales orales del país.

Como muestra de esa política de Estado, defendida con vehemencia por Lorenzetti, todas las semanas hay nuevas sentencias en los juicios por delitos de lesa humanidad. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a prisión perpetua a Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta; y Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía, por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, durante el último gobierno militar.

En este terreno, Argentina tiene un muy bien ganado primer puesto en materia de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Es una política de Estado que fuera sancionada como ley por el Congreso Nacional por unanimidad: en materia de juicios de lesa humanidad, como dirían las Madres de Plaza de Mayo: ¡Ni un paso atrás!

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