jueves, 3 de noviembre de 2011

Las 25 Noticias Más Censuradas 2010/2011 (N° 20): Estados Unidos pretende censurar etiquetas de todos los alimentos para favorecer transgénicos

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

A través de la postura oficial de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por su sigla en inglés) y el ministerio de Agricultura (USDA), Estados Unidos impartió una orden que la administración Obama pretende imponer a todo el planeta: establecer que no existen diferencias entre alimentos elaborados con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y no modificados.

Estas agencias también presionan al Comité Codex Alimentarius (Alimentos y Agricultura de la ONU) para que ningún país pueda establecer requerimientos de etiquetado OGMs obligatorio a los comestibles. La FDA y el USDA dicen que el etiquetado obligatorio de los OGMs es “falso, engañoso y aparente”, pretendiendo censurar cualquier información sobre las diferencias entre ingredientes OGM y no-OGM. En última instancia, la FDA y el USDA quieren eliminar totalmente los estándares de etiquetado y confían en que las corporaciones guarden los estándares necesarios de salud.

Todo esto ocurre mientras aumenta la preocupación por el impacto en el crecimiento y la salud provocado por el consumo creciente de alimentos transgénicos, o elaborados a partir de OGMs, por los efectos potenciales derivados del uso de semillas transgénicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya identificó alergenicidad, resistencia a antibióticos, transferencia de genes, cruzamiento genético, presencia de genes modificados introducidos a poblaciones nativas vírgenes, inestabilidad genética, susceptibilidad en organismos de seres vivos no humanos, tales como insectos, y pérdidas de biodiversidad. Esta historia periodística fue considerada la 20ª más ocultada por los grandes medios en el el estudio anual de Proyecto Censurado.

Hasta ahora, las propias compañías del negocio de la modificación genética han hecho la mayor parte de los estudios de salud, generándose un evidente conflicto de interés que puede conducir a informes sesgados sobre el resultado de tales investigaciones. Numerosos países -como Japón, Australia, China y la Unión Europea- admiten los posibles riesgos y exigen etiquetado obligatorio para los productos fabricados con OGMs. Hay un clamor cada vez mayor por una investigación científica más completa, imparcial y más independiente.

¡No a la censura alimentaria!

Mike Adams, editor de NaturalNews, el 4 de mayo de 2010 difundió alarmado que Estados Unidos pretendía la censura global de los alimentos al tratar de imponer la prohibición del etiquetado en la conferencia internacional del Comité Codex Alimentarius de la ONU. “Estados Unidos está intentando empujar su orden del día para censurar todo el etiquetado de alimentos OGMs en todas partes en todo el mundo. Esto daría lugar a un encubrimiento global de OGMs que dejaría a los consumidores en la oscuridad acerca de si sus alimentos y comestibles están o no modificados genéticamente”, advirtió Adams.

“Entienda, por favor, que Estados Unidos intenta proscribir el etiquetado de alimentos no modificados genéticamente, a fin de convertirlo en ilegal, incluso para impedir que un producto alimentario no-OGM pueda proclamar esa condición en la etiqueta”, suplicó Adams. “Si Estados Unidos tiene éxito en este encubrimiento global de OGMs, la FDA podría caer sobre cualquier producto que en las estanterías de Estados Unidos proclame su condición de “no-OGM”, advirtió el editor de NaturalNews. “Además, Estados Unidos podría iniciar pleitos ante la Organización Mundial del Comercio contra cualquier país que permita etiquetas “no- OGM” o lo proclame en sus productos”.

“¿Por qué Estados Unidos sigue una línea de conducta tan desviada y siniestra?”, preguntó Adams. “Porque, como usted bien sabe, el gobierno federal entero virtualmente alimenta los intereses financieros de potentes sociedades -y éstas incluyen las “Big Ag” (gigantes agrícolas)- como Monsanto que quieren patentar todas las semillas mientras destruyen el movimiento no-OGMs. Quieren convertir las comidas no-OGM en violación de la ley y, de tal modo, barrer todos estos productos de los estantes de las tiendas”.

Adams formuló un llamado a luchar contra los gigantes OGMs tipo Monsanto: “Quieren mantener a los consumidores norteamericanos abandonados en la oscuridad, ignorantes de los peligros reales planteados por los OGMs. Y por supuesto, quieren dominar el suministro entero de alimentos de Estados Unidos con sus cosechas tóxicas de OGMs. Estas sociedades, poderosas y peligrosas, están dispuestas a hacer cualquier cosa por imponer su agenda global, incluyendo la censura forzada de OGMs en el mundo entero. Puede ser que también lo consigan holgadamente, a menos que usted se una a nuestra oposición contra esta acción desviada y peligrosa”.

Fuentes:
- “GMO Alert: U.S. Attempting Global Censorship of GMO Food Labeling”- Mike Adams, Natural News, May 4, 2010. http://www.naturalnews.com/z028716_GMOs_food_labels.html
- “US opposes honest labeling of GMO foods”- Ethan A. Huff, Natural News, July 9, 2010. http://www.naturalnews.com/z029168_GMO_foods_labeling.html
- “GE Food”, The Center for Food Safety, March 25, 2011. http://truefoodnow.org/campaigns/genetically-engineered-foods
- “WHO 20 Questions on Genetically Modified Foods” - World Health Organization, April 1, 2011. http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en

Proyecto Censurado:
- http://www.mediafreedominternational.org/2011/04/09/us-agencies-trying-to-outlaw-gmo-food-labeling/
- Student Researcher: Brittney White, San Francisco State University
- Faculty Researcher: Kenn Burrows, San Francisco State University

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

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Sarkozy: Fin de reinado

Hugo Moreno (SIN PERMISO, especial para ARGENPRESS.info)

Para Jordi Dauder, camarada y amigo. En recuerdo.
Ya no atravesaremos juntos las turbulentas aguas en las que aprendimos a nadar.
Y esta vez fuiste tú el que se olvidó de convocarnos a la reunión.
Con alegría te recuerdo por tu “joie de vivre”, generosa y vital. Con alegría, pues la tristeza no puede asociarse a tu nombre.

En medio de una crisis económica mayor, la más grave desde hace siete décadas, la derecha conservadora francesa se hunde en una profunda crisis política, social y moral. Las consecuencias de esta crisis son todavía difíciles de discernir, ni tampoco de preveer. Pero es muy probable que selle la suerte del efímero “reino” de Nicolas Sarkozy.

El bloque hegemónico que llevó a Sarkozy a la presidencia, en 2007, le acompaña actualmente en la caída estrepitosa de su prestigio. El presidente que pretendió ejercer su mandato como un “monarca republicano” termina su tramo final con un rechazo inigualado por ningún presidente en la V República. Nadie cayó tan bajo ni tan rápidamente. Las más recientes encuestas le dan apenas un 22 % de opiniones favorables. Sus tentativas para redorar su blasón erigiéndose en “jefe de guerra” - reincorporación de Francia a la OTAN, participación en la guerra de Afganistán, iniciativa de intervención bélica en Libia, etc. - no pueden hacer olvidar la nefasta política económica de su gobierno. Como resulta también difícil olvidar el apoyo, la amistad y los negocios con las dictaduras de los países árabes derrocadas recientemente por las sublevaciones populares. Ni tampoco la vieja tradición francesa de sostén a las dictaduras del ex-imperio colonial. Cuando esta gente habla, pues, de “democracia” o de “derechos humanos”, no se trata de lamentarse ni tampoco de llorar: solo queda reírse. Pocas veces en la historia europea, el cinismo, la arrogancia y el desprecio han asumido formas tan grotescas.

Se agregan las promesas incumplidas, las mentiras y los escándalos de todo tipo (cinco o seis ministros o altos funcionarios obligados a renunciar y bajo la mira de la justicia). Este tufillo de corrupción increíble impregna la derecha conservadora. Así, golpeado por los affaires el “círculo cercano” del presidente se ha restringido al máximo. No se trata de un asunto de “competencias”, sino de procesos penales en curso. Los secuaces que quedan no son precisamente los mejores. ni siquiera los más “honorables”. Son más bien cómplices de la deriva de la República hacia sus aspectos más negativos. No es casual que el partido gubernamental – la UMP – esté atravesado por conflictos, disputas y divergencias como pocas veces se ha visto. Así como algunos saltan del barco que se hunde, la “lepenización” de un sector se asume cada vez más sin tapujo alguno. A tal punto que un núcleo “duro” de la UMP con el nombre de “Derecha popular” (60 diputados) defiende posiciones políticas fronterizas y/o inspiradas por el FN de Marine Le Pen, la nueva jefa del partido de extrema derecha. Huele a podrido en este fin de “reino” de Sarkozy.

El desmantelamiento del Estado Social de Bienestar fue - y sigue siendo - el objetivo principal del sarkozismo. Inspirado en la ideología neoliberal de la fetichización del mercado, en detrimento de la igualdad y la justicia social, sus consecuencias se tradujeron en una verdadera catástrofe. Apenas cuatro años de gestión, amplios sectores de la población soportan diariamente el peso de las (contra)reformas que destruyeron (y destruyen) las conquistas de varias generaciones. El deterioro del nivel de vida, el aumento de las desigualdades y la pobreza, el desempleo de masas (la tasa oficial es 9,3 %, en realidad, la más probable ronda el 15 %, o sea, 5 millones de desocupados), son algunos de sus resultados. Estos no son consecuencia de la crisis considerada ineluctable y exógena, pues la economía no funciona, como es sabido, obedeciendo a leyes naturales, eternas e inmutables. Es el producto de una estrategia económica que privilegia la acumulación de beneficios y la reproducción del sistema a costa del bienestar social. Las decisiones se toman a favor o en contra de un sector de la sociedad. Y esa es una elección política.

Derechas e izquierdas

Esa es la línea divisoria precisamente entre la izquierda y la derecha, que no son lo mismo, aunque a veces coincidan. Hay una frontera política e ideológica que dilimita, al menos desde la Gran Revolución Francesa, la que separó la Montaña de la Gironda, o a Robespierre de Dantón, digamos. Esa distinción persiste, bajo otras formas adecuadas a los tiempos. Es aquella que separa a los que se ponen al servicio de los opresores de sus antípodas, los que por el contrario se colocan del lado de los oprimidos.

Este gobierno funciona en beneficio de las clases propietarias, de los opresores, en detrimento de las clases populares. Esa es la esencia del “sarkozismo”. Con una diferencia que no deja de tener importancia. Si la vieja burguesía mantenía un cierto decoro, al menos en las apariencias, Sarkozy y su gente aparecen abiertamente como los servidores de los “ricos”. Lo proclaman, lo muestran, rompen aquel “discreto encanto”, falso por cierto, pero mistificador. Aparecen como una banda de aventureros, con alguna rara excepción. Esa es la derecha que hay que derrotar, en las calles y en las urnas.

Algunos sectores de la burguesía perciben que Francia (y Europa) está siendo conducida a un callejón sin salida. Al menos, sin salida a corto plazo. Que la explotación tiene sus límites, y desde abajo se acumula la indignación que puede convertirse en revuelta, como en Grecia, España o Portugal. Resurge entonces el temor secular a las “clases peligrosas”, ese espectro que planea en este país de revoluciones y contrarrevoluciones. Sarkozy agita ese temor, lo atiza, divide la sociedad entre “ganadores” y “perdedores” (los primeros son siempre aquellos que se enriquecen). Lo concentra en su odio visceral a Mayo 68 que, en su imaginario enajenado, funciona como una plaga a exterminar, un peligro siempre presente.

Sin embargo, sería injusto atribuir sólo a Sarkozy y a la derecha conservadora la totalidad del fracaso. La responsabilidad de la izquierda (otrora) reformista no es menor. Desde 1983, apenas dos años después de la victoria de François Mitterrand, la izquierda socialista se fue integrando al sistema y a sus instituciones. Se adoptaron leyes progresistas como la abolición de la pena de muerte, la generalización de la protección a la salud pública, el derecho a la jubilación a los 60 años, la baja de la TVA y muchas otras medidas en el mismo sentido. Durante la gestión de Lionel Jospin, como primer ministro de Jacques Chirac, se adoptaron las “35 horas” (iniciativa de Martine Aubry), el plan Empleo-Jóvenes, se legalizó la igualdad de sexos fuera del contrato matrimonial (PACS), etc. Todo eso es cierto: Forma parte de un balance positivo. Pero al mismo tiempo, bajo la gestión Jospin tuvo lugar una ola de privatizaciones sin precedentes: France Telecom, Thomson Multimedia, Air France, Aeroespacial Matra, EDF-GDF (electricidad y gaz) así como el sector bancario y otros.

La dinámica que condujo a la actual situación fue pues compartida, al menos desde el fin de la Unión de la Izquierda (PS-PCF) en 1983. La gran esperanza de 1981 - quizá también una gran ilusión - dejó paso al “realismo”, o sea, a la claudicación política. Las “101” proposiciones programáticas, cuyo eje ideológico y propagandístico eran “cambiar la vida” y la “ruptura” con el capitalismo, fueron siendo paulatinamente abandonadas. La socialdemocracia entró en la era del social-liberalismo rápidamente, curso que se acentuó en los años a seguir. Las elecciones presidenciales en 2002 dieron la sorpresa de una eliminación, en el primer turno, de la candidatura de Jospin. A la sorpresa le siguió un pánico generalizado. En el segundo turno quedaron presentes Chirac enfrentado con Jean-Marie Le Pen. El pánico precipitó a toda la izquierda, con alguna rara excepción, a votar por Chirac acordándole a éste el 82 % de los votos. Un “cheque en blanco”, cuando Chirac podía ganar con su propia base, y en cambio contribuyó a la desmoralización de la izquierda.
¿Donde va la izquierda?

El programa del PS, actualmente, es un proyecto social-liberal funcional al capitalismo.

¿Acaso no fueron todos, con sus diversos matices, los artífices del Tratado de Maastrich hasta el de Lisboa? ¿Quién se opuso a la construcción de una Europa neoliberal, ese Gran Mercado actualmente en bancarrota ? ¿Quién alertó que el pequeño grupo de Bruselas, monopolizando el Euro-moneda-única, terminaría por dictar la política económica, en detrimento de la soberania nacional y de la soberanía popular, basamento de los principios republicanos y democráticos? ¿Quién denunció que una Europa sin timón político, sin unidad política, sin apoyarse en una extensión de la democracia y en la participación popular, quedaba en manos de las élites que controlan el capital financiero? Fueron pocos, muy pocos, los dirigentes y organizaciones que lo hicieron.

La nueva Gran Depresión en curso desde 2007-2008 – la mayor crisis económica y financiera mundial desde los años 1930 –puso a luz que el barco de la Euro-Europa se hunde. Los manotazos de ahogado de Sarkozy, tratando de evitar la debacle de Grecia (cuya responsabilidad recae sobre el capital financiero) aparecen patéticos frente a una Alemania que tiene en sus manos el timón. La Unión Europea, que fue presentada como un gigante, aparece con sus pies de barro, frágiles y al desnudo. Y Grecia está próxima, pues la crisis que golpea España, Portugal, Italia (tercera economía) está también golpeando la puerta de Francia. “Socorro”, grita el bombero pirómano. ¿Alguien le prestará atención que no sea para vituperarlo? Los males son visibles. El problema, como siempre, es la alternativa. En este fin de reino de Sarkozy, la debilidad y/o la ausencia de una alternativa creíble puede también tener consecuencias desastrosas. No sabemos, ni podemos prevenir su curso. Pero la historia enseña que si bien no hay crisis sin salida, ésta no siempre suele tomar el mejor de los caminos.

Cuando en 2005 una mayoría abrumadora dijo “No” al proyecto de constitución europea neoliberal, las élites gobernantes hicieron tabula rasa de la voluntad popular. Lo impusieron apoyándose en maniobras y el control de una mayoría parlamentaria. También con la complicidad del Partido Socialista, principal fuerza de la oposición. Fue una verdadera estafa política y moral donde un sector minoritario se impuso a la voluntad de millones Una mayoría de la dirección socialista se pronunció por el “Si”, a excepción de la minoría que siguió a Laurent Fabius, Jean-Luc Mélenchon, Henri Emmanuelli y algunos otros. Solo esta izquierda socialista, con el PCF y la izquierda radical (LCR, LO), vale recordar, se pronunciaron claramente en rechazo a la Europa neo-liberal. En ese “No” se produjo una confluencia con la onda profunda que provenía de las masas populares. Se dejó pasar entonces, probablemente, una oportunidad para construir un gran frente de izquierda, una real izquierda a la izquierda PS, reagrupando las diversas corrientes que continúan a proclamarse republicanas, anticapitalistas y socialistas. Si no se hizo, es otra cuestión.

Terminar con Sarkozy : una prioridad

La derecha se derrumba, pero resulta difícil vislumbrar una alternativa no sólo posible, sino realmente válida. La única fuerza importante de la oposición al gobierno es el PS. Este se organiza con la perspectiva de ganar las elecciones presidenciales en abril 2012. Sus resultados electorales le permiten presentarse como el principal partido de oposión al sarkozismo y una eventual posibilidad de cambio político. El hecho que el PS gana sistemáticamente las elecciones regionales, departamentales y cantonales, se refuerza con la reciente derrota de la derecha en las elecciones senatoriales. En efecto, el Senado, esta institución arcaica y conservadora, cuyo origen remonta a la Constitución termidoriana de 1795, ha pasado bajo control de una mayoría de izquierda, hecho inédito desde 1958. Su importancia, entre otras, reside en una manifestación síntomática del descontento de los electores, en particular de los representantes de las municipalides. La presidencia, segunda figura institucional de la V República, fue atribuída al senador socialista Jean-Pierre Bel.

En este contexto, tuvieron lugar las elecciones primarias para elegir el candidato socialista a las presidenciales de 2012. Quizá convenga recordar que éstas se produjeron después que el “gran favorito” – Dominique Strauss-Kahn – fuera descalificado a causa de su escabroso comportamiento en el hotel Sofitel de Nueva York. Eliminado así el que aparecía como el candidato natural para ganar las presidenciales, las primarias constituyeron un hecho singular. Seis condidatos se postularon : François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Manuel Valls y Jean-Michel Baylet (este último senador por el pequeño partido radical socialista, o sea, ni siquiera miembro del PS). En dos domingos consecutivos (el 9 y el 16 de octubre) una cantidad considerable de electores se movilizó para votar (más de 2,5 millones la primera vuelta, 3 millones la segunda). Todo elector de izquierda podía participar. La condición era figurar en las listas electorales, firmar una adhesión a los “valores de la izquierda” y pagar un euro como contribución. 6,5 % del cuerpo electoral francés emitió en esos dos días su preferencia.

El resultado es conocido. En el enfrentamiento final entre F. Hollande y M. Aubry, el primero resultó ganador (56,6 % contra 43,4 % de su rival). En el primer turno, A. Montebourg sorprendió (17,22 %) dejando muy atrás a S. Royal (6,81 %) y a M.Valls (5,64) y confirmó el ínfimo peso de J.-M. Baynet (0,65 %). Cualquiera sea la valoración que se haga de estas primarias, estos datos son significativos. En primer lugar, por la importancia de la participación, tanto en la elección misma como los millones que siguieron los debates a través de la televisión y otros medios. Puede decirse que se produjo un nuevo despertar por la política. Eso es saludable. En cuanto a los debates, en sí mismos, no pasaron de intercambios sin substancia. Ninguno de los pretendientes se pronunció abiertamente contra la Europa neo-liberal ni propuso un esbozo de alternativa fuera del sistema. El término mismo de socialismo estuvo completamente ausente.

Sin embargo, el hecho mayor fue la participación de esos millones de electores del “pueblo de izquierda”. No se movilizaron para apoyar al PS, ni mucho menos al social-liberalismo. El resultado obtenido por los candidatos abiertamente identificados como neoliberales (Valls en particular) es un ejemplo, contrariamente a Montebourg que se había pronunciado por el “No” y propone desde hace tiempo una VI República. Los electores aprovecharon la ocasión, como se dice, para hacer sonar las campanas, por un lado abiertamente contra el gobierno, pero también probablemente como una exigencia al PS. Que la derecha tuviera que salir apresuradamente a polemizar, luego de haber intentado minimizar y descalificar el acontecimiento, lo indica claramente.

Las organizaciones de la izquierda no socialista - el Frente de Izquierda (PCF, Partido de Izquierda y otras) - presentan a Jean-Luc Mélenchon como su candidato. Por ahora su movilización pasa casi desapercibida, aunque representa una posibilidad real, sin mayores ilusiones, para pesar con posiciones avanzadas que vayan más lejos que el híbrido proyecto esbozado por el PS. Sin una fuerza política y social importante a la izquierda del PS que cuestione el sistema, que afirme la ruptura con la Europa neo-liberal y sus secuelas, que se pronuncie claramente por un cambio radical, que restablezca la democracia cada vez más restringida, no habrá solución alguna.

Verdes, Ecologistas y el NPA siguen en la deriva. El NPA, en particular, encerrándose en una posición sectaria, en oposición a una política unitaria, perdió gran parte del capital político. La atracción que pudo tener en el momento de su fundación, lamentablemente se dilapidó. El daltonismo que impide diferenciar los colores y sus nuances, y en política la identificación Derecha=PS, los ha conducido a un callejón quizá sin salida. La hemorragia permanente de su base y de cuadros militantes no augura un avenir promisorio.

El clima social es propicio para derribar a Sarkozy. Es una prioridad insoslayable, una cuestión de salud pública. El hecho paradójico que la movilización sindical y de masas no tome fuerza, no es sorprendente. Durante años hubo huelgas, manifestaciones masivas, expresiones de todo tipo de resistencia y rechazo a la derecha conservadora. Las últimas fueron las grandes luchas, en 2010, contra la reforma del sistema de pensiones. Entre 8 y 10 millones se movilizaron a lo largo del año. Las organizaciones sindicales mostraron una poderosa capacidad de movilización, muy superior a sus menguadas fuerzas. Existen y la gente responde cuando se identifica en la protesta. Pero la reforma pasó, aprobada por la mayoría parlamentaria en manos de la derecha. Así fue lo mismo con la ley universitaria el año precedente. En 2009, un año de luchas, prácticamente todas las universidades paradas, un rechazo total. Sin embargo, la ley se impuso y se aplica.

No es de extrañar, pues, que por ahora las clases populares de Francia aparezcan a la expectativa, como si estuvieran inertes frente a tantos golpes recibidos, a diferencia de lo que sucede en Grecia, España, Portugal, Italia. Pero no hay que confundir esta inercia aparente con resignación. La indignación también se generaliza en este país. Puede transformarse en rabia y rebelión cuando menos se lo espere. Por ahora, destronar a Sarkozy y pasar el “kärcher” a la derecha conservadora está a la orden del día. Es posible que este efímero “reinado” termine en el oprobio, condenado como el más conservador y el peor de los gobiernos que tuvo Francia desde 1945. La única garantía es la movilización generalizada en todos los planos y bajo todas formas, en las calles y en las urnas.
Hugo Moreno, profesor de ciencia política en la universidad parisina de Saint-Denis, es miembro de la redacción de Sin Permiso.

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El siniestro linchamiento de Gadafi

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso.
Alphonse De Lamartine

Cuidaron especialmente que todo quede grabado para la historia, y lo transmitieron en vivo y directo, el horror segundo a segundo como si quisieran mostrar al mundo el poder de la hiena ensañándose con la victima caída, pero cuando ya no cabía nada más para el asombro, entre la horda de victimarios se escucharon los gritos de dolor, la metralla persistente y también las voces, claras y nítidas diciendo en perfecto castellano y con acento sudamericano: ¡mátenlo ya, maten ya a ese hijo’ e puta!, deja que lo fusilen!.

Estaban en el otro lado del planeta, en Libia donde la estadística de residentes hispanoamericanos es casi es nula, y allí entre la multitud de linchadores, como un muñeco desarticulado y ensangrentado el presidente Muamar Gadafi. Después se supo que un comando de la OTAN lo había herido de bala en las dos piernas y después lo entregaron al grupo de milicianos que lo golpeo y hasta violo con cuchillo, para luego matarlo de dos balazos uno en la cabeza y otro en el pecho.

La reacción del mundo fue de repudio especialmente del presidente norteamericano Barack Obama y del primer ministro ruso Vladimir Putin, aunque la reacción de la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton pasará a la historia diciendo visiblemente satisfecha y sonriendo: ¡Wow, wow, confirmen que ya lo capturamos! Luego diría “We came, we saw, he died”.

Muchos titulares en medios latinoamericanos decían “Los asesinos de Gadafi hablando español, ¿eran contratistas o paracos (paramilitares)? Realmente no es extraña la presencia de contratistas o mercenarios de diferentes países latinoamericanos en el Medio Oriente.

Tras la invasión a Irak y la matanza de contratistas norteamericanos en Faluya sucedió lo que se llamó la privatización de la guerra y fueron llevados ex soldados desde Chile, Perú, Hondureños, colombianos y ecuatorianos con pagas muy baratas hasta Irak y Afganistán.

Tras un escándalo en Perú por la extraña muerte de uno de ellos en Irak, (se le había generalizado un cáncer en todo el cuerpo en menos de un mes, dijeron sus familiares) se supo que a estos les pagaban mil dólares al mes mientras que los mercenarios norteamericanos cobraban 10 mil dólares por semana.

Ya el 6 de julio pasado Jaled Kaim el entonces vice canciller de Libia dijo a Prensa Asociada que el ‘gobierno libio tiene evidencias de que mercenarios colombianos financiados por el occidente y sus aliados árabes se han unido a los combatientes rebeldes que tratan de avanzar hacia Trípoli”.

La muerte de Gadafi era una muerte anunciada ya desde hace mucho. En el 2007 el general Wesleey Clark declaró en la Radio Pública “Democracy Now” en Nueva York que después del 11 de setiembre del 2001, el gobierno del presidente Bush estaba preparándose para invadir Afganistán, Irak, Libia Siria, Líbano, Somalia, Sudan e Irán.

Gadafi marcó su destino desde el momento en 1969 cuando destronó al rey Idris. Tras hacerse del poder lo primero que hizo fue cerrar una de las más grandes bases norteamericanas en África Wheelus Air Base y empezó el programa del Socialismo Islámico en Libia.

Unifico a 150 tribus que siempre habían estado en guerra uno contra otro, pero nunca logró su afán de crear una Unión Panafricana. De acuerdo a informes de las Naciones Unidas, hasta ese momento, Libia vivía en el feudalismo donde solo el 20 por ciento de la población sabía leer y escribir, y la transformo en uno de los países más ricos de África con el más alto coeficiente de desarrollo humano. Salud y Educación gratuita fue su mayor logro, al momento de su caída el 25 por ciento de la población era graduados universitarios.

Gadafi pudo dar bienestar al país debido al petróleo cuyas reservas es 42 mil millones de barriles y con uno de los costos más baratos de producción: un dólar por barril. Toda la ganancia se depositaba en el Banco del Estado. También invirtió en carreteras, infraestructura pública, proyectos de irrigación y construcción de la vivienda gratuita para su pueblo.

En su política exterior se identificó en los años 1970 con la lucha del pueblo palestino y con los movimientos de liberación nacional en África. Tuvo excelentes relaciones con los países socialistas. Todo esto siempre irritó a los grandes y poderosos. Ronald Reagan lo llamó “perro rabioso de África” e hizo todo lo posible para sacarlo del poder sin éxito.

Después del derrumbe de la URSS, Gadafi decidió acercarse a los más poderosos para asegurar su supervivencia, recibiendo del presidente Bush el apodo “nuestro bastardo”. Ingenuamente creyó en sus “nuevos amigos” y sus declaraciones de apoyo. Para mostrar su buena voluntad desarmó su país quedándose inclusive sin proyectiles tierra – aire.

Recibió inclusive a los presos de al Qaeda que los aviones de la CIA llevaban a Libia para su tortura. También inició programas neoliberales abriendo Libia para las transnacionales.

Lo que olvidó Gadafi fue que las potencias no tienen amigos eternos sino intereses nacionales que nunca cambian y atacan a los países desarmados. Así al final del 2009 empezó a crecer a pasos agigantados en la zona petrolera en el noroeste de Libia en la ciudad de Bengazi, el movimiento al Qaeda, perdiendo Gadafi el control de esta región en 2010. Posteriormente con el apoyo de Francia, Estados Unidos Italia comenzó, lo que Barack Obama llamó, la continuación de la “revolución árabe”, orquestada por la OTAN.

Gadafi fue acusado de bombardear Bengazi, sin que esto fue nunca fuera comprobado, y las Naciones Unidas permitieron la intervención aérea para proteger a la población. Con 40.000 bombardeos mataron cerca de 70.000 personas y la ciudad natal de Gadafi, Sirte fue destruida por completo al estilo del bombardeo de Dresden por los Estados Unidos en 1945.

Ahora el Consejo Nacional de Transición que tomó el poder está compuesto por diferentes grupos rebeldes rivales dominado por al Qaeda, apoyados por los Estados Unidos a pesar de que este movimiento fue declarado enemigo número uno de Norteamérica.

Pero “business es business” y el primer ministro inglés Cameron dijo a los empresarios a ponerse los ternos (suits) para ir a Libia. La era del saqueo del país ha sido anunciada. Pero todavía nadie sabe el desenlace final, la historia recién comienza.

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“Las trasnacionales deben aplicar en el Sur las mismas reglas que en el Norte”

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

No a la violación de derechos humanos y ecológicos en el Sur / Sí a leyes que penalicen las violaciones de las multinacionales / Suiza es el país con mayor densidad de multinacionales en el mundo por habitante / Las ONG ponen en jaque a las trasnacionales helvéticas.

¿Cómo evitar que la multinacional Syngenta obtenga beneficios multimillonarios vendiendo en el Sur pesticidas prohibidos en Europa por su toxicidad? ¿Cómo hacer para que la Glencore no sea responsable de desplazamientos forzados de pueblos para explotar materias primas de los subsuelos de Colombia, Bolivia o el Congo? O para impedir que la Triumph licencie en masa a trabajadores sindicalizados de Filipinas... Interpelación que fundamenta la Campaña “Derecho Sin Fronteras” que acaban de lanzar en Suiza más de cincuenta importantes ONG de cooperación; de derechos humanos; organizaciones sindicales y campesinas; asociaciones de solidaridad y del mundo de las iglesias. El Gobierno y el Parlamento deben asegurar que las empresas trasnacionales que tengan su sede en Suiza respeten los derechos humanos y ambientales en todo el mundo de forma similar. Las normas exigidas en Suiza deben valer en el planeta entero. Entrevista con Michel Egger, uno de los responsables de la plataforma Alianza Sur y coordinador de la Campaña en la región francófona.

P: ¿Cuál es el marco político en el que la sociedad civil suiza lanza esta campaña?

Michel Egger (ME): Esta iniciativa debe ser comprendida en el contexto de la actual mundialización. A nivel internacional, las multinacionales, es decir las sociedades trasnacionales, no dejan de aumentar su poder. Y, al mismo tiempo, las medidas de regulación que podrían limitar esa tendencia y garantizar el respeto de los derechos humanos y ambientales, no avanzan con la misma velocidad. Existe un pacto global a nivel de las Naciones Unidas sobre el tema e incluso iniciativas de auto-regulación voluntaria de algunas empresas. Pero no es suficiente. Constatamos una especie de desfase entre el avance del poder de las multinacionales y los medios existentes para regularlo.
Suiza es el país con mayor densidad de multinacionales en el mundo por habitante. Muchas de las cuales violan los derechos humanos y del medio ambiente en los países donde están establecidas, principalmente a través de sus filiales o de las empresas que las abastecen. La legislación suiza no incluye disposiciones que obliguen a las multinacionales helvéticas a responder por sus actividades en el Sur. Tampoco da la posibilidad a las víctimas de obtener reparación alguna. Ellas no pueden ni iniciar causas colectivas en el plano civil ni estar representadas por asociaciones a nivel penal.

P: ¿Qué mensaje tratan de promover las ONG helvéticas?

(ME): Es primordial que el Estado defina un marco jurídico que exija a las multinacionales helvéticas obligaciones claras. Que tome medidas para que ellas no violen los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero. Convendría, entonces, eliminar la separación jurídica entre la sede central y las filiales. Además, es necesario ir creando las bases legales para que las personas que sufren perjuicios por las actividades de esas multinacionales, de sus filiales o sus proveedores, puedan iniciar un proceso jurídico en Suiza con el fin de obtener reparación. La ley suiza, por el momento, no lo permite. Por el contrario, autoriza que las sedes centrales de dichas multinacionales no asuman sus responsabilidades.

P: Podría definir bien precisamente los objetivos específicos de la Campaña “Derecho sin Fronteras”?

ME: Hay dos objetivos que se van a promover en dos etapas consecutivas.
En un primer momento, promoveremos la sensibilización de la opinión pública sobre los problemas referidos. Vamos a presentar ejemplos de casos concretos de empresas violadoras de derechos humanos y del medio ambiente en el Sur. En esa etapa de lanzamiento queremos que la población, así como los miembros de las organizaciones que promueven la campaña, comprendan la gravedad de la situación y la laguna de los instrumentos para cambiarla tanto a nivel de derecho helvético como de política gubernamental.
En un segundo momento trataremos de convencer al Parlamento –en el plano nacional y eventualmente cantonal- para introducir modificaciones legales con el fin que las multinacionales deban tomar las medidas necesarias para respetar los derechos humanos y ambientales y que las víctimas puedan acceder a la justicia. Eso implicará la revisión del Código Civil y Penal. En síntesis, empezaremos por la sensibilización sobre el problema para pasar luego al plano político y jurídico.

P: La insensibilidad de la mayoría de las multinacionales en los países del Sur no es para nada nueva. Diría incluso que es la norma corriente de su práctica desde lustros por no decir siglos. ¿Por qué lanzar entonces una campaña de esta naturaleza justo ahora? Hubiera podido tal vez promoverse antes...

ME: Tal vez se pueda explicar por el contexto internacional actualmente favorable. En 2005 se lanzó ya una iniciativa similar a nivel europeo. Y pensamos que es importante que Suiza y sus trasnacionales no queden afuera.
Por otra parte, hay desde hace algunos años un movimiento internacional, en el marco de las mismas Naciones Unidas, para regular –todavía bastante *soft*- a las multinacionales. Son muy importantes los aportes del John Ruggie, antiguo Representante Especial de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos del hombre y de las sociedades trasnacionales y otras empresas. Ruggie definió un marco de referencia fundado sobre tres pilares conceptuales: la obligación por parte de los Gobiernos de proteger las poblaciones contra las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros –incluidas las trasnacionales. La responsabilidad de éstas a respetar los derechos humanos. Y, también, el derecho de las víctimas a una reparación a través del acceso a la justicia. La campaña que lanzamos se inscribe en ese marco. Exige a Suiza tomar en serio esas obligaciones. Nuestro país, cuna de los derechos humanos y sede de numerosas multinacionales puede y debe jugar un rol pionero en esta temática.

P: ¿Una declaración de guerra de las ONG contra la empresa privada? Justo cuando una de los principios de la cooperación oficial helvética es promover la colaboración entre el sector público y el privado.

ME: No lo entendemos como una declaración de guerra. Pero es cierto que la cooperación pública suiza al desarrollo es muy permisiva hacia el sector privado. Muchas ONG suizas mantienen una mirada crítica. Ya que para nosotros la primera contribución del sector privado al desarrollo consiste en respetar y promover los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Es esencial que nuestro Gobierno se muestre más crítico y más exigente hacia las multinacionales suizas. Es necesario que se elabore una estrategia más coherente de los actores de a política exterior de nuestro país: la Secretaria de Estado para la Economía; la Cancillería y su división política y la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE).

Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria miembro activo de la Campaña Derecho sin Fronteras Junto con SWISSINFO.

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Argentina: "El modelo K es un intento de neo desarrollismo"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Cristian Castillo -candidato a vicepresidente del Frente de izquierda y de los Trabajadores en la última elección nacional del 23 de octubre- conversamos sobre el modelo K, las políticas educativas y el desafío de los sectores políticos de izquierda en la Argentina.


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Argentina: Una corrida cambiaria y una crisis política

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Tuvieron que fugarse del país 7.000 millones de dólares en menos de noventa días para que el gobierno admitiera la existencia de un “golpe especulativo” y dispusiera de medidas intervencionistas en el mercado de cambios. Mucho antes de que eso ocurriera, el Frente de Izquierda denunció esta sangría en el curso de la campaña electoral y planteó la apertura de los libros de las grandes corporaciones y bancos, así como el control obrero de sus operaciones. El intervencionismo oficial sólo apunta a arrancarle una tregua a los especuladores para preparar la devaluación. En los hechos, ha establecido un ‘corralito’ para los pequeños ahorristas.

“Corralito” cambiario contra los trabajadores y pequeños ahorristas. La capitulación ante los banqueros y capitalistas, una confiscación contra los que trabajan y un hundimiento en el pantano de la bancarrota capitalista. El corralito oficial

Los nuevos controles oficiales han clausurado virtualmente el mercado minorista de cambios. Según datos del propio Banco Central, sólo el 3% de las compras de dólares se canalizan a través del cambio minorista. Mientras tanto, cuatro bancos internacionales -por cuenta y orden de sus grandes clientes- movilizan el 80% del mercado cambiario. La decisión de obligar a petroleras y mineras a liquidar las divisas de sus exportaciones en el país es puramente cosmética, porque pueden invertir los pesos al 20/30% anual y, gracias al seguro de cambio establecido por el Banco Central, convertirlos en dólares oportunamente.

De la crisis mundial a la crisis política

Esta corrida está lejos de ser una mera cuestión monetaria. Esta crisis se ha incubado cuando las exportaciones y las reservas de divisas engordaban al calor del alza especulativa del precio de la soja, que rigió desde fines de 2009 hasta hace poco tiempo. El ingreso de dólares a la Argentina -y, en general, a los países “emergentes”- alimentó una enorme liquidez monetaria, la cual fue a parar a la compra de títulos públicos, a la bolsa o a fideicomisos que financiaron el crédito de consumo a tasas usurarias. Los que viven de su trabajo pagaron esa especulación con un salto cualitativo de la inflación. Esta creciente acumulación de activos líquidos es la que se dispara ahora fuera del país, en función de una especulación para devaluar el peso. Asimismo, hay una fuerte salida de divisas en los ‘países emergentes’ para hacer frente a las deudas de las casas matrices en Europa y Estados Unidos. La crisis en Europa, en este momento, fue detonada por una salida de dólares -por parte de los fondos norteamericanos- que dejó sin financiación a los bancos del viejo mundo. La fuga de capitales está vinculada a la bancarrota capitalista.

Devaluación a plazo fijo

La estación terminal de la corrida cambiaria es la devaluación de la moneda, que la burguesía industrial, los agroexportadores y el propio capital financiero (cada uno con sus propios intereses) reclaman a gritos. La devaluación abatiría el salario, el gasto social y, principalmente, los activos en pesos en poder de la Anses y de las provincias, que se han endeudado al 12% anual en dólares. Para los especuladores financieros, que han acaparado los dólares, la devaluación sería un negoción. Las reservas internacionales ya no son suficientes para cubrir la circulación monetaria y funcionar como garantía de nuevos préstamos internacionales.

La salida de divisas ha estado acompañada por un fuerte retiro de depósitos de los bancos. El gobierno decidió volver a colocar fondos de la Anses en los bancos locales. A los monopolios cerealeros, el gobierno les está prometiendo la “corrección cambiaria” para febrero o marzo, cuando comience a liquidarse la próxima cosecha de soja. Mientras prepara una devaluación a término, el gobierno utiliza a la Afip para condenar a los trabajadores y a los pequeños ahorristas a un verdadero corralito en pesos.

El futuro gabinete

La corrida cambiaria tiene un contenido político fundamental, porque apunta a condicionar la composición del próximo gabinete. O sea que después del 53% de los votos obtenidos, la orientación del futuro gabinete sería definida por los “mercados”. El “pliego de reclamos” de los pulpos cerealeros, agroindustriales o financieros excede por mucho a la devaluación: quieren que ésta sea acompañada por una contención de salarios y jubilaciones. Para eso, quieren ver en los ministerios al ala que impulsa un acuerdo con el Club de París (los acreedores internacionales) y el FMI, en detrimento de los que hablan de ‘profundizar el modelo’. En cambio, el ‘ajuste del modelo’ -que exige la banca internacional- pasa por un tarifazo que ponga fin a los subsidios a las privatizadas y que las autorice a contraer nuevos préstamos en el exterior. El nombramiento de un ministro que asegure este programa “podría pegarle un vuelco a las expectativas que gobiernan la demanda de dólares”, señala Clarín (2/11), en un artículo que propagandiza la candidatura de Mario Blejer, ex funcionario del FMI y actual asesor de los K, al Ministerio de Economía. La disputa por el gabinete desatada por una corrida cambiaria es una crisis política, que el gobierno debe resolver antes de asumir un nuevo mandato.

La crisis no es “cambiaria”: antes de su debut, el gobierno de la votación plebiscitaria se enfrenta con una crisis de fondo. La capitulación ante los banqueros y capitalistas significa una confiscación contra los que trabajan y un hundimiento en el pantano de la bancarrota capitalista.

En oposición a ello, planteamos medidas anticapitalistas: control de las operaciones de cambio y apertura de los libros de los bancos y grandes empresas, a cargo de los trabajadores. Prohibición de remesas de utilidades, regalías y préstamos del país. Nacionalización de la banca. Prohibición de suspensiones y despidos. Salario igual a la canasta familiar, vigencia del 82% móvil.

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Argentina: Política de subsidios

Claudio Lozano

“Mientras subsidiamos bingos, casinos e hipódromos, el 47% de los hogares argentinos carece de cloacas. Es hora de modificar la política de subsidios”.

Luego de vanagloriarse del éxito de su política de subsidios, la que en su opinión favoreció a los sectores más desprotegidos, el gobierno nacional ha hecho el primer reconocimiento expreso de que las cosas, en materia de cuentas públicas, no están tan bien como se decía.

Frente a esto suponemos:

a) El éxito de los subsidios sobre los sectores vulnerables es, por lo menos, relativo. Según el último censo, el 47% de los hogares argentinos carece de cloacas, el 43,9% no tiene gas de red y el 22,3% no posee agua corriente.

b) Parece razonable eliminar los subsidios tarifarios a sectores que indudablemente exhiben capacidad económica suficiente. Resulta incomprensible que hasta hoy se hayan mantenido subsidios a bancos, compañías de seguro, bingos, casinos, hipódromos, petroleras, compañías de telefonía móvil, etc. No obstante, es conveniente señalar que el ahorro de recursos que se logra con lo dispuesto se estima en 600 millones de pesos, cuando el déficit del presupuesto 2011 orilla los 30.000 millones de pesos, el proyectable para el 2012 prácticamente lo duplica y son más de 60.000 millones de pesos los subsidios económicos incorporados en el último presupuesto.

c) Lo anterior indica que lo anunciado es apenas una mínima muestra de lo que está en discusión y que el eje de la cuestión pasará por las resoluciones que tomará la creada Comisión que revisará la continuidad de estos subsidios.

d) Es evidente que un Estado que pierde recaudación por exenciones impositivas que totalizan unos 49.000 millones de pesos y canaliza subsidios por más de 60.000 millones, debe revisar lo que está haciendo. No obstante es bueno alertar que el gobierno podría fortalecer inmediatamente las cuentas públicas en más de 40.000 millones de pesos con sólo restituir las contribuciones patronales a las grandes empresas a los niveles que tuvieran en el año 1993 cuando Domingo Cavallo las redujo a la mitad.

e) Es conveniente señalar también que el único modo de replantear los subsidios en materia energética y de transporte sin afectar a los usuarios de menores recursos, pasa por replantear la regulación “noventista y menemista” aún vigente en materia de hidrocarburos, y por revisar y terminar en algunos casos, con las concesiones en materia de transporte ferroviario, avanzando en la creación de una Empresa Nacional de Ferrocarriles, que recupere el control simultáneo sobre el transporte de carga y de pasajeros.

f) Respecto a la transferencia del subte y del Premetro a la Ciudad de Buenos ires, pareciera lógico inscribir esta decisión en la discusión más general de la Autonomía de la Ciudad. No resulta muy sensato, en un contexto donde la ciudad de Buenos Aires no participa del régimen de Coparticipación, que además gasta en una policía metropolitana cuando debiera transferírsele con recursos la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, que se piense ahora en trasladarle el control sobre servicios que requieren subsidios para su funcionamiento y sin los recursos correspondientes. Daría la sensación, tal cual se presentan las cosas, que el gobierno entiende la Autonomía solo como un traslado de gastos al Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

g) Resulta positivo que el gobierno asuma el problema que exhiben las cuentas públicas y más importante aún que mantenga un criterio de equidad para su resolución. En esta misma dirección debiera crearse una Comisión Bicameral o un Consejo Nacional que discuta una reforma impositiva integral, así como también una Comisión Parlamentaria que revise la deuda con el Club de París habida cuenta de su origen dictatorial y el aumento geométrico que exhibe desde el 2001 a la fecha.

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Aborto legal en el Congreso: Boicot del kirchnerismo

Vanina Biasi (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Movilización por la aprobación de la ley. No dejaremos que la lucha por el aborto legal quede en un saludo a la bandera en el Parlamento. Por primera vez, el Congreso discutió (en la Comisión de Legislación Penal) un proyecto de aborto legal seguro y gratuito, que fue aprobado. El logro es el resultado de años de lucha del movimiento de la mujer, en particular de los 26 encuentros nacionales de mujeres.

La aprobación, sin embargo, tiene sus reservas: de los 31 miembros de la Comisión, sólo 12 bajaron a sesionar. De ellos, sólo ocho pusieron su firma en alguno de los proyectos: siete lo hicieron por el de la Campaña por el Derecho al Aborto, en tanto que Vega, el presidente de la Comisión, firmó su propio proyecto de modificación del artículo 86 del código penal. El FpV sólo envió a la Comisión a Diana Conti, mientras los diarios insisten en la firme oposición de CFK a consagrar el derecho al aborto. El proyecto debe pasar ahora a la Comisión de Familia y a la de Salud. El presidente de la Comisión de Salud es un kirchnerista, que acaba de firmar junto a Duhalde y otros tantos derechistas en contra del aborto legal.

Se sesionó con un quórum mínimo especial y las firmas del proyecto representan la mitad más uno de los que participaron del debate. No está claro que haya llegado la firma de Liliana Parada -del espacio de Claudio Lozano- que, aunque es vicepresidenta segunda de la Comisión, no estuvo presente. Gil Lavedra de la UCR, Laura Alonso, del PRO, y Martínez, del juecismo, aunque se pronunciaron a favor del proyecto de aborto legal, se negaron a firmar el dictamen. De Marchi, un aliado PRO, cuestionó que hubiera dictamen.

La Comisión de Legislación Penal está integrada por once diputados kirchneristas, diez de los cuales pegaron el faltazo -entre ellos, Recalde y Kunkel. La diputada Conti firmó el proyecto (en disidencia, porque quiere que el proyecto penalice a los médicos que practiquen abortos luego de las doce semanas de gestación), pero abandonó la sala antes de la finalización del debate.

La intervención de la diputada Cynthia Hotton, en oposición al aborto legal, rescató la política del Ministerio de Salud de la Nación -un guiño a los K-, alegando que otorga subsidios a la maternidad.

Mientras esto ocurría adentro, afuera se desarrollaba una movilización a favor del aborto legal, que contó con la presencia de los partidos del Frente de Izquierda, la Fuba, la Compa, la CTA, el PCR y el MST, junto a integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto. Fue destacada la ausencia absoluta de cualquier sector ligado al kirchnerismo. A pesar de algunos pronunciamientos pro aborto legal de Carta Abierta, ninguno de sus miembros se acercó siquiera al Congreso.

El 25 de noviembre, en el día contra todas las formas de violencia contra las mujeres, debemos marchar masivamente advirtiendo que no dejaremos que la lucha por el aborto legal quede en un saludo a la bandera en el Parlamento.

A la luz de este debate abierto se pone más en evidencia el enorme daño que la política del PCR de realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones le imprime al movimiento, negándose a realizar el Encuentro en el centro del poder político, lo que facilitaría una movilización popular por este y todos los reclamos de las mujeres.

La limitada perspectiva parlamentaria obliga aún más al movimiento de mujeres a redoblar los esfuerzos por colocar el reclamo en la movilización popular; caso contrario, el lobby clerical sobre los diputados seguirá ganando la pulseada.

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Siete chicanas contra la televisión alternativa

Natalia Vinelli (ACTA)

En los últimos meses las televisoras alternativas, populares y comunitarias realizamos numerosas actividades en defensa del sector y en rechazo de las resoluciones 685 y 686, que llaman a concurso para la adjudicación de frecuencias en TV digital.

Estas resoluciones son resistidas por los medios y organizaciones populares dado su carácter restrictivo: además del alto valor de los pliegos (hasta 140 mil pesos), las bases y condiciones ponen en desigualdad a estos medios respecto de otros considerados dentro de la figura “organizaciones sin fines de lucro”. La movilización en reclamo de concursos específicos, gratuidad en los pliegos y debate de jurados visibilizó la problemática y permitió confrontar posiciones alrededor de qué es la televisión popular y las maneras en que ésta viene funcionando.

Recordemos que los medios alternativos cuestionamos la figura “organización sin fines de lucro” durante el debate de la ley de medios en el Congreso, entendiendo que favorecía a las grandes cooperativas y fundaciones (pongamos por ejemplo la AFA o la fundación del Banco de Valores), y que no contenía las especificidades de los canales de TV y emisoras de radio alternativos, populares y comunitarios. Tampoco resolvía la ambigüedad de este tipo de prácticas en cuanto a su definición ni trazaba límites claros respecto de ellas. Los primeros concursos demuestran que no estábamos equivocados: hay una cómoda “incomprensión” por parte de los funcionarios del área acerca de qué es un medio comunitario, lo que favorece una idea acotada de lo que se entiende por democratización en materia de medios (que luego se traduce en pliegos concretos).

Si bien no nos proponemos acá debatir sobre cuáles son los elementos que hacen a un medio alternativo, popular o comunitario, nos parece importante destacar algunos aspectos que se nos presentan de manera conflictiva al leer las condiciones de admisibilidad para poder concursar por frecuencias y legalizar nuestras emisoras para crecer en aire y alcance. Resistimos que en nuestro nombre se beneficien las pymes, las fundaciones fantasmas de las grandes empresas, sindicatos burocráticos o las pequeñas quintas personales (que algunos tengan derecho a tener medios es otra cosa, el problema es que claramente no somos lo mismo y por lo tanto no podemos cumplir los mismos requisitos). Por eso salimos a reclamar concursos específicos y políticas de promoción y fomento, de manera de hacer efectivo y plural el 33 por ciento del espectro destinado para este sector por la nueva ley 26.522.

En este sentido decimos, aunque para nosotros suene obvio, que los medios en manos del movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo no nos regimos con la lógica patrón / empleado sino que funcionamos como militantes; en todo caso podríamos pensar en la figura del voluntariado social o mejor, en el trabajo voluntario. No perseguimos el lucro y nos financiamos con aportes voluntarios y donaciones de las organizaciones populares que nos acompañan.

Trabajamos con copyleft y creative commons para nuestras producciones y para musicalizar los informes audiovisuales. Entendemos que la profesionalización hay que ensayarla desde la mirada de lo popular, construyendo nuevos géneros y formatos y no cercenando las posibilidades de participación por la obligación de contratar la voz de un locutor.

Estos elementos son indispensables para realizar concursos acordes a nuestra realidad, de manera que el acceso a la televisión digital sea para todos y no para unos pocos, y no se siga reproduciendo el sistema de medios que se decía superar. Porque hoy la presencia de los medios comerciales en la televisión digital no se puede pasar por alto: C5N de Daniel Hadad, CN23 de Sergio Spolsky, Gol TV de Paco Casal y Francescoli o 360TV no ganaron ningún concurso (ni en digital ni en analógico) y sin embargo ya están en el aire junto con la señal (tampoco concursada) de la UOCRA de Gerardo Martínez, a la postre denunciado como agente infiltrado del Batallón 601 del ejército entre los obreros de la construcción durante la dictadura militar.

Todos estos temas fueron parte de las discusiones que mantuvimos con funcionarios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA (reuniones que llegaron luego de mucha insistencia y movilización); y también de los debates con estudiosos de los medios.

En los foros que realizamos se pudieron escuchar variedad de posiciones, desde el apoyo a la ley de medios hasta de oposición por izquierda. Esta amplitud que saludamos nos permitió conocer lo que, dicho rápidamente, el oficialismo en medios y comunicación, con matices, “piensa de nosotros”. Eso que piensan de nosotros es parte de la argamasa desde la cual se formulan las traducciones de la ley de medios sobre la realidad concreta; en este caso, las resoluciones que llaman a concursos para la adjudicación de frecuencias en televisión digital.

Esto en definitiva se puede resumir, sin pretensión de agotar ningún debate, en lo que entendemos son siete prejuicios o suspicacias contra la TV alternativa, popular o comunitaria. Estos saltan a la discusión muchas veces en forma de chicanas, otras implican desconocimiento y otras, directamente, desnudan cuál es el sistema de medios que algunos sectores (podríamos decir, los hegemónicos) dentro del kirchnerismo imaginan cuando hablan de democracia en esta materia. Esperamos que la breve sistematización que sigue sirva para continuar el debate y mejorar las argumentaciones de cara a la necesidad de ocupar desde nuestras televisiones un lugar en la pantalla.

I. “Los que cuestionan las resoluciones 685 y 686 son los que siempre ven el vaso medio vacío, y terminan siendo funcionales a la derecha”.

Deberíamos comenzar por decir que el pueblo en las calles nunca es funcional a la derecha, aunque parezca una verdad de Perogrullo, y que en el caso concreto de la ley de medios, no es Clarín quien está realizando la crítica y reclamando ser escuchado en sus reivindicaciones sino los medios populares. Nosotros denunciamos la concentración de la comunicación en pocas manos desde que se conformaron los multimedios con la ley de reforma del Estado de Menem y Dromi; realizamos campañas callejeras denunciando la tergiversación y el ocultamiento de la información durante el menemato y fuimos parte activa de la resistencia al neoliberalismo; estuvimos en la calle el 19 y 20 de diciembre gritando “que se vayan todos” y “nos mean y los medios dicen que llueve”, y generamos nuestros propios medios en articulación o como parte orgánica de las organizaciones sociales y políticas invisibilizadas por el fast food televisivo.

Además, participamos con nuestras propuestas en el debate de la ley, rechazamos el decreto 527/05 que en los hechos prorrogó las licencias a los grandes medios y denunciamos los puntos que, venimos verificando, siguen condenando a la marginalidad y a la alegalidad a los medios populares. La concepción del “paquete cerrado” que hay que tragar sin mayor trámite porque “lo otro es peor” ayuda muy poco a la democratización (aún cuando referimos a una democratización en el marco de la democracia burguesa); desnuda las limitaciones propias de quien lo enuncia y se cierra en el circuito de la soberbia y la obsecuencia perdiendo legitimidad. Entonces, ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío: estamos peleando porque la televisión alternativa, popular y comunitaria, que fue el sector perseguido y postergado históricamente por la ley 22.285, ocupe el lugar que le corresponde en el espectro.

II. “La televisión alternativa no existe, no los mira nadie, a lo sumo 10 amigos”.

Esta afirmación es claramente una chicana (y es bastante gorila), sobre todo cuando transita los pasillos de las facultades donde se estudia Comunicación y donde existen materias y orientaciones denominadas “Comunicación Comunitaria”. Paradójicamente, muchos estudiantes se acercan a nuestras prácticas como parte de su formación, algunos se incorporan a este hermoso frente de lucha o construyen sus propias herramientas y muchos, más de lo que se piensa, imaginan sus futuros profesionales asociados a estas búsquedas (que, insistimos, se propagandizaron junto con la ley de medios, y ésta debiera promover). ¿Cuántas experiencias tienen su origen, o al menos vínculos importantes con las universidades nacionales? ¿Desde qué tradiciones se fundaron las carreras de Comunicación?

Además, si la radio y la televisión alternativa, popular y comunitaria no hubiese sufrido 30 años de allanamientos, decomisos y persecuciones seguramente estaría mejor equipada, y aún así estamos en el aire y comprobamos día a día nuestra llegada. Basta el ejemplo del Canal 4 Utopía en los 90: no sólo lo veían muchos más que 10 amigos sino que tuvo que enfrentar 14 decomisos, a los que respondió con la movilización del vecindario. A dos años de aprobada la ley, es cierto, no se produjeron decomisos. Pero se mantiene una situación de alegalidad que impide a nuestros medios crecer y desarrollarse en toda su potencialidad, condenándonos a la marginalidad.

Eso es lo que queremos superar: no existen hoy políticas de fomento de los medios en manos de los trabajadores y el pueblo que no sean aquellas que cercenan el sentido a lo pequeño. Tenemos derecho a que nuestras voces sean escuchadas, a tener alcance, a disputar masividad. Difícilmente lo logremos sin políticas igualitarias respecto de la migración tecnológica a digital, o emitiendo en análogo por aire en tiempos de apagón tecnológico y consumo masivo de TV por cable. Por eso la legalización es fundamental, y por eso nos censamos cuando el AFSCA lo solicitó (nos referimos a la resolución 3). De paso, ¿qué datos arrojó aquel censo? Todavía hoy no se conocen.

III. “La televisión alternativa es berreta, desprolija y mal hecha, incapaz de producir contenidos de calidad ni de cumplir los requisitos de programación diaria”.

Este prejuicio no es más que eso, un prejuicio por desconocimiento; otras veces pura hipocresía. Es cierto que algunos medios cultivan un gusto por la artesanalidad (lo cual no quiere decir todas las veces mal hecho), pero la mayoría de los colectivos que se dedican a la producción audiovisual vienen demostrando la calidad de sus trabajos y toda la potencialidad y frescura que podría desatarse si se contara con un plan de fomento. Si no, ¿para qué solicita el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos BACUA nuestras imágenes? Además, ¿qué entendemos como parámetro de calidad?

Es cuestión de encender la pantalla para asistir a una catarata de basura informativa, como decía Rodolfo Walsh, o al entretenimiento vulgar, sexista y grosero que copa la TV. Junto con esto decimos que el desafío de la programación diaria se resuelve con aire real, y que hoy, con lo poco que tenemos, logramos cubrirla bastante bien gracias a la colaboración entre los colectivos, la cooperación y la apertura de las emisoras a voces mucho más diversas de las que transitan por los medios oficiales. Claro que siempre podemos mejorar, de hecho estamos aprendiendo todo el tiempo, pero estamos en condiciones y queremos asumir el desafío.

Asimismo no podemos dejar de subrayar que a veces en la discusión, “sin querer queriendo”, se nos exige a nosotros lo que la industria cultural resuelve apenas (la repetición, los enlatados, los programas ómnibus que requieren poca producción, la entronización de los chimentos son la materia prima de la TV actual). El problema de los contenidos entonces no es nuestro, sino principalmente de ellos. La televisión es un monstruo que fagocita imágenes de manera permanente, y es ese esquema televisivo unidireccional y comercial el que le quita la historia a las imágenes y las vuelve viejas antes de tiempo.

IV. “La televisión alternativa es local, no hace falta demasiada potencia”.

Hay una tendencia importante a cercenar lo alternativo, popular o comunitario a lo chiquito, a lo inmediatamente cercano, a los márgenes abandonados por el sistema. Incluso hay prácticas que se sienten más cómodas en esa pequeña dimensión. Todas aportan a la construcción de otro discurso, es cierto, pero si hay algo que está haciendo falta desde hace rato son medios populares que disputen masividad y, en definitiva, poder. ¿Por qué nos tenemos que conformar con llegar a 1, 5 o 10 kilómetros (o con que nos vean los famosos “convencidos”)? ¿Por qué las luchas que transitan por nuestras pantallas deben quedar acotadas a un alcance ínfimo? La respuesta es obvia. Buscamos disputar sentido, construir una nueva subjetividad, crear colectivamente una opción, una alternativa comunicacional y sobre todo política. Limitar nuestras posibilidades a los márgenes molesta tanto como la llegada mínima a la que se nos condena.

V. “La televisión alternativa no es sustentable: si no pueden pagar pliegos, no pueden sostener un canal”.

Esto no es cierto. Los canales de televisión alternativos, populares y comunitarios venimos emitiendo hace 5, 3 o 2 años, algunos más y continúan las primeras experiencias de los 80 y 90. No tenemos que demostrar que podemos sustentarnos porque ya lo hacemos en la práctica, con muy poco, sin ningún apoyo por parte del Estado y sin perseguir el lucro. Invitamos a todo aquel que le interese a conocernos, acercarse a los estudios que construimos desde abajo, levantando paredes, poniendo pisos, levantando decorados, armando puestas de luces. Nos financiamos con nuestros propios aportes y los de las organizaciones que entienden la importancia de defender estos medios que arman al pueblo. Nos sostenemos porque sabemos la importancia del esfuerzo y de la urgencia de levantar herramientas propias en el camino de la construcción de poder popular. Además cabría preguntarse si son sustentables los nuevos canales oficiales más allá de la publicidad oficial; si los estudios cumplen las normas que nos exigen a nosotros y por qué han llegado a la televisión digital sin ningún concurso que los avale.

VI. “La TV alternativa es crítica pero le pide al Estado que la reconozca”.

Nosotros invertimos esta afirmación para que quede clara la postura: ¿Por qué el Estado reconoce, a través de la publicidad por ejemplo, a los medios concentrados? ¿Por qué el mercado y el propio Estado ya experimentan en TV digital sin haber concursado y los medios populares seguimos esperando? ¿Por qué somos nosotros los que nos debemos enfrentar a condicionantes económicos, jurídicos y políticos que en los hechos nos dejan fuera de concurso o nos limitan al bajísimo alcance cuando la ley de medios se presentó al debate como una ley democratizadora, garante de la pluralidad y defensora de la diversidad? “La ley de medios te da el poder a vos”, decía una publicidad de la Presidencia de la Nación tras convocar: “Hablemos todos”. ¡Hagamos efectivo el 33 por ciento!

Los canales y los medios alternativos, populares y comunitarios expresamos las voces silenciadas o tergiversadas por los multimedios, a los que dice contraponerse el espíritu de la ley. Aprendemos de las luchas del movimiento piquetero, de las organizaciones sindicales, de las cooperativas populares, del movimiento de fábricas recuperadas. Pensamos que el Estado debe promover el trabajo recuperado a través de un apoyo real (de paso, hoy 10 mil trabajadores y trabajadoras ganan su sustento en fábricas sin patrón), y no subsidiar a las grandes empresas capitalistas para que sigan enriqueciéndose a costa de los salarios y la desinversión de los servicios. De la misma manera pensamos que el Estado debe fomentar las experiencias de comunicación articuladas con el movimiento social, los trabajadores y el pueblo. Si no es como cambiar algo para que el sistema de comunicación, en lo estructural, no cambie.

VII. “Reclamar el ingreso al cable implica avalar el sistema de televisión paga”.

Dejamos esta opinión para el cierre, porque es como volver al principio. Es notable la lista de exigencias a la televisión alternativa que esquivan sin problemas los canales estatales, oficiales y privados. La comunicación alternativa, popular y comunitaria fue la principal afectada por la autoritaria y excluyente ley 22.285 de 1980, que tuvo muchos más años de democracia que de dictadura. Esta postergación histórica no puede seguirse prolongando. ¿Cómo puede ser que la TV alternativa tenga que conformarse con seguir emitiendo por aire, en análogo, cuando el 70 por ciento de la población por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hoy mira televisión por cable?

Reclamar la legalización para exigir el ingreso a la grilla de cable es completamente justo y lógico ya que implica aire real, y nos moviliza contra las cableras que, nos dice la ley, están obligadas a integrar a su dieta a los canales de aire legalizados en su zona de cobertura. El gobierno dio una batalla contra Cablevisión para que incorpore Paka Paka. ¿Esta señal sí merece ingresar al cable pero los medios en manos de los trabajadores no? Entonces el problema no está en si se avala el sistema de televisión paga (justo a los medios alternativos, que siempre quedamos afuera, que somos los sectores más débiles de la comunicación), sino que se trata de un problema político que tiene que ver con los discursos, con la subjetividad y el tipo de relaciones que se ejercen y construyen desde y con nuestra pantalla.

Para terminar y para que quede claro: creemos que esta ley de medios es mejor que la 22.285, y que en ese sentido es progresiva en cuanto a democratizar las instituciones mediáticas en el sentido que lo hicieron otras instituciones desde la apertura democrática de 1983 (por ejemplo la educativa). También pensamos que el debate sobre el modelo de comunicación en nuestro país –fogoneado por un contexto regional que puso en cuestión el tema de la concentración de medios y su rol como actor político-, genera un piso propicio para el surgimiento de nuevas experiencias comunicativas populares y alternativas. Pero que esta potencialidad aporte realmente al surgimiento de una alternativa y no quede reducida a la mera autorrealización comunicativa o a la religión de lo pequeño depende de nuestra intervención en conjunto con otras expresiones organizativas del campo popular.

La ley de medios abre el abanico para avanzar en reivindicaciones concretas en la medida que nos movilicemos e intervengamos de manera organizada, como viene sucediendo con el rechazo a las restrictivas resoluciones 685 y 686 y a otras que se prometen para los próximos meses pero que amenazan con cercenar la TV popular a la baja potencia y el mínimo alcance (es decir, a no disputar nada). Esto es algo que ya planteábamos durante la discusión de la ley en el debate hacia otros sectores del campo popular. Hoy lo seguimos sosteniendo: es momento de avanzar hasta lograr el reconocimiento, es momento de organizarnos para disputar masividad. Ésa es la gran tarea de la TV alternativa, popular y comunitaria en estos días. Por eso llamamos a todos los sectores, a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, a los referentes del mundo de la cultura y el arte a sumarse y colaborar con esta lucha.

Natalia Vinelli es periodista. Barricada TV.

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El paco

Alberto Morlachetti (APE)

Si el paisaje cuelga para los ricos de un marco de ventana, y sólo para ellos, lo ha firmado la mano magistral de Dios, escribía Walter Benjamin. Así sienten y piensan determinados grupos humanos, acopiadores de riquezas, siempre hegemónicos, siempre minoritarios, portadores de propiedades “sustanciales”, inscriptas de una vez y para siempre en una especie de esencia biológica que los convierte en dominantes frente a colectivos sociales mayoritarios cuyos comportamientos discrepantes serán siempre inferiores, naturalizando el racismo a través de los tiempos.

El capitalismo como sistema es el lugar de los naufragios, no mira la transformación del mundo, sino a su destrucción. Establece una suerte de profilaxis social sobre la amenaza que representan los pobres de bienes. Ya Ingenieros a principios del Siglo XX centra su atención en la amenaza que representan y propone mecanismos para atenuar su potencial amenazante. “Se impone evitar que ciertos grupos sociales endosen a otros su población criminal; es indiscutible que cada Estado debe preocuparse para sanear su ambiente mediante la defensa social bien organizada y no descargando sobre otros sus bajos fondos degenerativos y antisociales”.

Señala especialmente a la población infanto-juvenil: “Urge cuidar la planta desde la semilla sin esperar que haya retoñado siniestramente”. En el mismo sentido, el Congreso Panamericano del Niño de 1916 reclama eugenesia instando a seleccionar las semillas para mejorar la raza ya que luego los niños serán “detritus sociales”.
-I-

La pasta base de cocaína o paco, no es una droga. Es peor que eso: “es el desecho de una droga”. Es un tiro al blanco en la nuca de los niños. Surge como residuo de las cocinas o laboratorios en los que se elabora la cocaína, emerge como un resultado de una industria que busca la forma de introducir en el mercado hasta sus desechos, que se mete en el cuerpo y en el alma de los pibes y los destroza en barrios descartables, donde los pájaros se pudren en la mitad del vuelo.

Los niños vencidos son como poemas que huyen del sitio señalado por la plaga mientras sus madres se arrodillan derrotadas -en la turba del suelo formada con la podredumbre de los años muertos- y rezan para que las nubecitas no metan viento porque las casas se vuelven pedacitos de cartón que se pegan como estrellas apagadas en el cielo cuando las pecha el aire.

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Argentina: 1100 millones y ni una flor

Norberto Rosendo (COMISIÓN NACIONAL SALVEMOS AL TREN)

Gobierno sin gestión es solo corrupción.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires piensa en endeudarse en 1100 millones de pesos más (algo así como 220 millones de dólares) para terminar la ruta 6 y hacer la interconexión con el nuevo puerto de contenedores de La Plata.

Interesante forma de tirar la plata y de empiojarle la vida a miles de vecinos de La Plata al mismo tiempo, con el paso de miles de camiones con dudosas y preocupantes cargas, tales como el Metanol que todos los días pasan por nuestras veredas camino a un destino cercano al puerto, el polo petroquímico de Repsol YPF.

Analicemos aquí cuanto saldría hacer un túnel ferroviario desde Tolosa hasta un poco mas delante de 122 y 50 que permitiría tomar las cargas del puerto y pasarlas por debajo de la ciudad y dejarlas, en por ejemplo Kilo 5, o algún destino mas cercano a su destino final en la zona del Gran Buenos aires hacia donde fluirán el 90% de los contenedores que se descarguen en el puerto platense.

Un túnel de esa naturaleza, a todo trapo, mas la automatización del señalamiento del Roca y la eliminación de todos los pasos a nivel entre La Plata y Constitución saldría algo así como 80 millones de dólares, es decir mucho menos de la mitad de lo que plantea el crédito actual y brindaría un servicio mucho más eficiente desde lo ambiental (uso del espacio, gasto de combustible etc).

Una obra como la propuesta no dejaría sin trabajo a los camioneros ya que los contenedores llevados a Kilo 5, por ejemplo, luego deberían ser remolcados a su destino final por camiones, pero a una taza de eficiencia y rentabilidad extremadamente más alta que la que pretende hacerlos carretear los mas de 200 Km de la ruta 6.

Y además nos dejaría como saldo positivo el hacer desaparecer el FC de la calle 1 al mismo tiempo que el tiempo de recorrido del tren de pasajeros se reduciría de la actual hora y un ratito (a veces 50 minutos de ratito) a 25 minutos de recorrido entre La Plata y Constitución.

Proponemos aquí una obra racional que costara la mitad de lo que costaría una irracional obra que además de cara será inútil ya que los camiones se dirigirán tal como ahora hacia capital no por la ruta 6, si no por la autopista, pulverizando todo a su paso y complicándonos la vida a todos los platenses que ya no podremos usar la autopista como medio de unión con la capital o que mejor dicho convertirán a dicha autopista en un largo e incomodo estacionamiento.

Norberto Rosendo es miembro fundador del MONAREFA.

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Argentina: “Que no nos corten el derecho a reclamar”

ACTA

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó su opinión ante las recientes expresiones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con respecto a las protestas de los trabajadores, el corte de calles y la criminalización de la protesta.

“Es difícil sostener que en nuestro país no se criminaliza la protesta cuando existen entre 4 y 5 mil militantes populares procesados por reclamar.

“No se trata de acusar al Gobierno de apelar a la represión brutal pero hay responsables entre el poder político, los grupos económicos, las fuerzas de seguridad y las patotas en los 14 asesinatos perpetrados desde el crimen de Mariano Ferreyra a la fecha.

“Los trabajadores que reclaman no buscan aprovecharse de ningún Gobierno ni de su Presidenta sino que buscan soluciones a los problemas concretos que los aquejan: homologación de acuerdos salariales, paritarias libres, sueldos bajos, trabajo precario, tercerización laboral, falta de libertad y democracia sindical, entre otros temas por los que la CTA lucha diariamente.

“Lucha que no cesa mientras no cesen las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Lucha que seguirá adelante, sea cortando calles, ocupando veredas o llenando la plaza de Mayo –que sigue estando vallada- sin violencia ni pretensión de molestar a otros sectores populares, pero con la firme voluntad de protagonizar el conflicto social.

“Reclamando con legítimo derecho la prohibición de los despidos y suspensiones como la mejor manera de proteger a los trabajadores de la crisis; la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y el 82 % móvil para todos los jubilados.

“Convencidos de que lo que hay que cortar es la ambición desmedida de los grupos económicos que han comenzado a descargar la crisis sobre los trabajadores ”. firman el comunicado Pablo Micheli, secretario general, Ricardo Peidró y José Rigane, secretarios adjuntos de la Central de Trabajadores de la Argentina con fecha 2 de noviembre de 2011.

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Argentina, Salta. Rivadavia Banda Norte: Comunidad Wichi Lewetes Kalehi, cautiva de la actividad petrolera

OPS - COPENOA

Hace aproximadamente dos meses la empresa Wicap SA, que presta servicios para la UTE Maxipetrol en el área Morillo, volvió a instalarse en la localidad del mismo nombre, cabecera del municipio Rivadavia Banda Norte. Retomó las actividades tendientes a completar la prospección sísmica que había interrumpido en los últimos meses de 2010; regresó con sus topadoras que arrasan el monte abriendo picadas. Ante ello, y existiendo acuerdos firmados el año pasado para permitir los estudios de factibilidad petrolera, familias criollas y algunas comunidades wichí reiniciaron el diálogo con la contratista para concretar el cobro de las indemnizaciones por los daños que sufrieron el año pasado y evaluar la conveniencia o no de permitir la continuación de los trabajos de exploración.

La gran mayoría de los indígenas se opone a que continúen haciendo picadas en sus montes, pero la necesidad económica y la permanente presión de la empresa, a través del ofrecimiento de dinero como de la amenaza de que “van a pasar sea como sea” porque tienen respaldo del gobierno del gobierno, modifica la postura inicial. Una de las comunidades, la Wichi Lewetes Kalehi -del paraje Los Baldes, ubicada a 40 km al sur de Morillo-, estaba en esas tratativas desde 2010, y ante la nueva y descontrolada apertura de picadas en su territorio decidió frenar el avance de las máquinas. Personas consultadas por OPSur, que recorrieron el lugar, contaron que vieron estacas clavadas en el patio de una vivienda y en el centro comunitario. Estas estacas, según nos informaron, señalan el trayecto que deben seguir las topadoras para la apertura de las picadas; con indignación nos dijeron: “Hoy la casa -wet- y su entorno -lewet- están en riesgo literalmente”.

El 10 de octubre Gustavo Orquera, presidente de la comunidad denunció, en la comisaría 44 de Morillo, a la UTE Maxipetrol por el incumplimiento de un acuerdo firmado el 24 de junio, ya que la empresa cortó alambrados de corrales y destrozó grandes árboles –algarrobos, chañares y quebrachos blancos- a fin de alcanzar sus objetivos. Todas estas tareas se realizaron sin que la comunidad conozca el plan de trabajo ni el Estudio de Impacto Ambiental. La misma presentación fue realizada dos días más tarde en la Secretaría de Política Ambiental –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta. Según las personas consultadas estas denuncias obligaron a que la empresa dialogue y explicite la legalidad o no de su accionar.

“El viernes 14 fuimos testigos en la comunidad de que la empresa no cumplió el compromiso de indemnizar por los daños y completar la tarea inconclusa [tenían proyectado abrir 9 picadas, pero hicieron 11]”, relataron desde Morillo. “Y el miércoles 19 aparecieron las topadoras presionando a la comunidad para que dejara pasar las máquinas. Al frente del personal de la empresa [Wicap] estaba el Sr. Cristian Vaca y lo acompañaban efectivos de la Comisaría Nº 44 de Morillo y refuerzos provenientes de la ciudad de Tartagal, que se mantuvieron alejados, atrás de las topadoras que penetraron en la comunidad sin autorización alguna. Mujeres, niños, jóvenes y mayores de Wichi Lewetes Kalehi intentaron frenar las topadoras y dialogar, sin resultado, ya que el Sr. Vaca les decía que entrarían ‘sí o sí’”, detallaron.

El jueves 20 Orquera presentó una nueva denuncia en la Comisaría de Morillo, en aquella oportunidad el presidente de la comunidad le dijo al comisario local: “Nos están atropellando, somos personas humildes que seguimos acuerdos y no nos respetan”. En tanto el presidente de la Organización Zonal Tch´ot Lhamejenpe -que nuclea a 19 comunidades de Rivadavia Banda Norte-, Hugo Jaimez, le manifestó al funcionario policial: “Hay incumplimiento de parte de la empresa, yo fui testigo del acuerdo que iba a hacer la comunidad, pero ellos atropellaron, y se presentan acompañados de la policía. Autoridad no respeta [en relación a la policía], se presta, y no tiene que hacer así. La empresa entra por la fuerza, y… no entiendo, no entiendo…. Nos están invadiendo. Es triste, la gente wichi sin armas, con título, y nadie defiende”. El funcionario reconoció que estaba llevando a cabo un operativo preventivo, la pregunta que se hacen las familias wichí es ¿para quién? Eran 30 miembros de la comunidad que defendían su derecho al territorio, a la propiedad comunitaria que estaba siendo amenazada, y salieron a parar las máquinas.

El lunes 24 la comunidad mantuvo una reunión con empresa Wicap, la UTE Maxipetrol y de la Fundación para el Desarrollo Sustentable (Fundesus) -que trabaja para la petrolera-, con el objetivo de llegar a un acuerdo respetuoso. “Nuevamente, y con profundo dolor, fuimos testigos de cómo se desconoce, falta el respeto e ignora al indígena. Entraron sin permiso a sus casas para censarlos (dicen que para ver la ubicación de sus viviendas); llevaron un plano pero dijeron: ‘mejor no lo mostramos porque ellos no entienden’”, contaron desde Morillo. “Se toman atribuciones por el acuerdo firmado en 2010. La comunidad planteó con mucha dignidad su postura y pidió que los indemnizaran y luego se retiraran. La empresa pidió que levantara o rectificara la denuncia realizada en la Secretaría de Política Ambiental. Mientras tanto sigue la presión y crean divisiones en la comunidad”, agregaron. También destacaron que la comunidad está insistiendo para que el Ministerio de Ambiente envíe sus inspectores a verificar los daños denunciados.

Estos atropellos contra Wichi Lewetes Kalehi preocupan al resto de las comunidades de la zona, las cuales ya han manifestado su apoyo a sus hermanos de Los Baldes para frenar a la empresa, ante lo que consideran una constante violación de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Wichi Lewetes Kalehi cuenta con título de sus tierras desde 1995 y según subrayan “es pionera en la ejecución de proyectos de desarrollo sustentable que recuperan sus saberes y actividades ancestrales, permitiendo la vida digna de más de 40 familias”. Hoy 3.900 has de su territorio están atravesadas por picadas de 4,20 a 8 metros de ancho. En 2010, sin mediar información de parte de la empresa, ni consulta previa por parte del gobierno provincial, la comunidad firmó un acuerdo con la UTE Maxipetrol que la convirtió en cautiva de la actividad petrolera.

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Argentina: Puebladas muertes y cárcel por el fondo de reparación histórica para Departamentos hidrocarburíferos en Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Luego de una década y media de postergación, discriminación y exclusión social, a la que son sometidos los pobladores de los Departamentos productores de hidrocarburos en Salta, en una clara política que favorece a multinacionales petroleras en desmedro de la población, el ejecutivo provincial, anuncia la creación de un fondo de reparación histórica por 800 millones de pesos, financiado por las regalías que generan el gas y el petróleo, que fuera hipotecado hasta el 2012, por la toma de créditos internacionales desde las gobernaciones del peronista Juan Carlos Romero.

Concretado el desguace de las empresas de bandera como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, abalado por el voto de diputados peronistas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en la década del 90, dejó a los actores sociales beneficiados por el estado de bienestar, en un camino hasta ahora sin retorno sobre ese estado de bien social, hoy de exclusión.

La anhelada re estatización sobre la producción de los recursos no renovables como el gas y el petróleo, y la distribución de las regalías entre compatriotas, es el argumento consensuado por protestas y puebladas acaecidas en la última década en las ciudades de Tartagal y Gral. Mosconi, esta última icono de las luchas sociales en la Argentina.

Reclamos y asesinatos

Los reclamos populares de miles de salteños excluidos que bloquearon las rutas norteñas, instituyeron acuerdos históricos que quedaron refrendados en petitorios acordados y votados sobre la ruta nacional 34, como la nacionalización de las empresas petroleras hoy explotadas por multinacionales, y el ansiado fondo de reparación histórica para el Departamento San Martin.

La respuesta en esos años, ante el pliego de reivindicaciones por parte del ejecutivo provincial, nacional y la justicia federal, fue ordenar sangrientas represiones sobre la población civil que dejaron a centenares de pobladores heridos, torturados, encarcelados, procesados, criminalizados y cinco pobladores asesinados. Sangre derramada por compatriotas indefensos, que empuñaban el reclamo del regreso de un estado de bienestar social.

Justicia y castigo: La otra deuda

El quebrantamiento del estado de derecho, las violaciones a los derechos humanos, que el estado debía garantizar y que menoscabo sobre este pueblo en lucha durante los gobiernos de Romero, como la continuidad de la criminalización sobre la protesta social y el enjuiciamiento sobre dirigentes populares, con el agravante en la implementación del actual Gobierno de Urtubey, del denominado “Plan de tolerancia cero”, que tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a multinacionales, sofocando de forma preventiva la protesta social, no estará sanada solo con inversión en infraestructura, sino que deberá quedar resuelta con justicia, resarcimiento y castigo sobre los torturadores y asesinos materiales e intelectuales de los salteños que empuñaron el reclamo por una provincia en igualdad.

La Agencia de Noticias Copenoa emite escenas de la película “Oro negro” Tierra sublevada de Fernando “Pino” Solanas , con los relatos de Solanas sobre las pueblas en el norte de Salta. Las imágenes de las rebeliones y la represión estatal fueron tomadas por el periodista y Director de Copenoa, Marco Díaz Muñoz .


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Que la mayoría decida en plebiscito, exigen en Chile

PL

Más de un centenar de organizaciones chilenas dieron su espaldarazo a una concentración hoy en esta capital en reclamo del establecimiento del plebiscito vinculante como método de expresión de la voluntad popular.

El acto de protesta tendrá lugar en la Plaza de Armas de Santiago y fue convocado por el frente Democracia para Chile, que integran unas 70 organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, ecologistas y vecinales.

Es propósito de los manifestantes en el contexto de la demostración presentar a un grupo de parlamentarios un proyecto de Ley de Plebiscito, elaborada por unas 110 agrupaciones de la sociedad chilena.

Así lo dieron a conocer representantes de Acción Ecológica, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y de la Asamblea Ciudadana por el Plebiscito.

"Entregaremos, en un acto ciudadano, la propuesta a todos aquellos parlamentarios que crean que la voz de un centenar de organizaciones sociales representan el sentir de millones de chilenos y chilenas", expresaron.

La instauración del plebiscito para encauzar la solución de grandes problemas nacionales, precisaron, sería el primer paso de objetivos estratégicos de mayor calado, encaminados a la derogación de la institucionalidad chilena, impuesta por el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La ciudadanía se cansó del abuso y ha entendido que en Chile urgen los cambios profundos; por eso la mayoría debe decidir mediante el acto de referendo vinculante, recalcaron los organizadores de la protesta en declaración circulada en esta ciudad.

Durante la consulta popular del pasado 7 y 8 de octubre, convocada por la Mesa Social por la Educación y en la que participaron más de un millón y medio de chilenos, el 90 por ciento de los votantes se mostró a favor de la implementación en el país de la figura del plebiscito vinculante como ejercicio democrático.

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