miércoles, 9 de noviembre de 2011

Las 25 Noticias Más Censuradas 2010/2011 (N° 24): Republicanos reducen derechos de la mujer

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La derecha republicana estadounidense intenta múltiples caminos legislativos para suprimir los derechos de la mujer, según un trabajo de Tanya Somanader publicado el 15 de febrero 2011 en el portal "ThinkProgress.org" (PensamientoProgresita). Esta historia fue considerada como la 24ª más ignorada por los grandes medios en el ranking anual de Proyecto Censurado.

GOP es sigla en inglés de Viejo Magnífico Partido, Grand Old Party, como llaman también al rancio partido Republicano, que convirtió a Dakota del Sur en el estado más enemigo del aborto de todo el país. Allí, los GOPs aún debaten el establecimiento de castigos extremos y ejemplificadores contra cualquier persona que realice un aborto dentro de sus fronteras.

El parlamento estadal considera un proyecto de ley para redefinir el “homicidio justificable” que podría estimular asesinatos de “médicos que realicen abortos”. La reforma permitiría -en teoría- que el padre, la madre, el hijo, la hija o el marido de una mujer den muerte a cualquier persona que intente asistir o ayudar en el aborto a una mujer, aunque ella misma haya solicitado el procedimiento.

La cámara de representantes de Dakota del Sur está dominada por el GOP, que llegó al poder por sus promesas de creación de empleo y está perpetrando “el asalto más completo y más radical de nuestros tiempos contra la salud de las mujeres”. La presa reciente de los proyectos anti-derechos reproductivos revela “una estrategia nacional más amplia” de los antiabortistas para fabricar obstáculos, a menudo perversos, contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Los legisladores GOP del estado Dakota del Sur y a nivel federal, han levantado otras cuatro restricciones radicales del aborto para reducir los derechos de las mujeres y erradicar su capacidad de optar por esa decisión. A través de inflexibles añadidos a las políticas antiabortistas, el GOP subordina las decisiones y las vidas de las mujeres a una impracticable filosofía de mentes cerradas, cavernarias.

En 1994, el estado prohibió asistir el aborto dentro de sus fronteras. La “Paternidad Planeada” obliga al médico a salir del estado una vez por semana para visitar pacientes en una clínica de Sioux Falls. Las mujeres de lugares remotos, mucho más alejados de ese estado rural, necesitan conducir más de seis horas para alcanzar esta clínica solitaria”, deben “recibir asesoramiento y esperar 24 horas antes de experimentar el procedimiento”.

En otra restricción propuesta, los legisladores estadales GOP de Arizona y Ohio develaron el llamado “Proyecto Latido del Corazón” que “prohíbe a las mujeres concluir embarazos tras el primer latido perceptible del corazón del feto”. El latido del corazón puede oírse “en el plazo de 18 a 24 días de concepción” y “en casi todos los casos a las seis semanas”, un período en que “muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas”. Mientras Ohio y Arizona tramitan estos proyectos, Texas, Oklahoma y Georgia observan "de cerca" su progreso.

El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, diseñó una legislación anti-aborto para trámite por vía rápida (fast track), que obliga a exhibir a las “mujeres embarazadas un ultrasonido del feto hecho por lo menos dos horas antes de un aborto”. Los médicos tendrían que mostrar las dimensiones, miembros u órganos internos del feto y -si es audible- el latido del corazón fetal”.

Steve Montenegro, legislador GOP del parlamento de Arizona y partidario de la ley local anti-inmigrantes, introdujo otro proyecto para criminalizar abortos si fueran provocados por motivos de raza o sexo. La probable legislación significaría encausar por “un crimen de Clase 3” -punible con cárcel de 2 a 10 años en una prisión estatal- a los médicos que “realicen abortos con conocimiento de estas razones”.

Montenegro no hizo más que copiar esta idea al representante federal republicano de Arizona Trent Franks, que introdujo con Susan B. Anthony y Frederick Douglass la Ley de Discriminación Prenatal que “criminalizó el aborto según el sexo, color o raza del niño o del padre”. Illinois y Pennsylvania tienen ya leyes para prohibir abortos según sexos y otros estados, incluyendo Georgia, Mississippi y New Jersey “intentan decretar la legislación que prevendría abortos de sexo o raza preselecciónados”. Oklahoma tuvo éxito en 2009, pero un tribunal estatal tiró abajo la medida “por tecnicidades procesales”.

El senado de Kentucky aprobó una medida similar que obliga a las mujeres a recibir un ultrasonido y “si ella elige cerrar los ojos, el médico todavía debería describirle la imagen”. Un republicano del parlamento de Montana también propuso un proyecto que “habría convertido en crimen si los médicos realizaran un aborto sin procurar antes un ultrasonido”. El proyecto de ley fracasó por estrechos 53-47 votos. Posteriormente, Wyoming aprobó una ley menos rigurosa que “requiere de los médicos informar a las mujeres que buscan un aborto que pueden ver una imagen de ultrasonido de su feto antes del procedimiento”.

En el nivel federal, los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes activan por segundo año consecutivo nuevas reducciones de los derechos de la mujer. Primero, intentaron excluir a ciertas víctimas de la cobertura del aborto permitido -incluyendo mujeres adictas a drogas, mujeres que no luchan físicamente contra el delincuente y algunos menores- redefiniendo la violación. Enseguida, el congresista republicano por Pennsylvania Joe Pitts introdujo el proyecto “Ley de Protección de la Vida,” una iniciativa que “daría luz verde a los médicos para dejar morir a mujeres embarazadas si tienen una condición peligrosa para la vida y necesitan un aborto de emergencia”.

En otros esfuerzos paralelos, un comité del parlamento de Iowa aprobó una ley para prohibir todos los abortos para desafiar legalmente una decisión judicial anterior. Debajo “de la bandera de la restricción fiscal”, los republicanos federales de la Cámara de Representantes empujan cuentas o proyectos para prohibir la financiación federal en la cobertura del aborto y cortar los “dólares federales a las clínicas de atención de mujeres que ofrecen abortos”.

El GOP subordina las opciones y las vidas de las mujeres a una filosofía miope y poco realista, dijo Elizabeth Nash, asociada del Guttmacher Institute. “Erigen una barrera tras otra. ¿“En qué punto las mujeres dicen “no puede subir esa montaña”? Aquí es donde estamos consiguiéndolo”.

Fuentes:
- “Five Ways That The GOP Is Trying To Eradicate A Woman’s Right To Choose,” Tanya Somanader, Think Progress, February 5, 2011. http://thinkprogress.org/2011/02/15/five-ways-eradicate-choice/
- Proyecto Censurado: http://www.mediafreedominternational.org/2011/03/12/south-dakota-takes-extreme-measures-to-be-the-top-anti-abortion-state/
- Student Researcher: Taylor Wright, Sonoma State University
- Faculty Evaluator: Don Romesburg , Sonoma State University

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

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El capitalismo contemporáneo y los derechos humanos (entre ellos la democracia participativa) son incompatibles

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

El 9 y 10 de noviembre se celebra en Guatemala un Seminario Regional de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para debatir el tema “Empresas y Derechos Humanos” al que fui invitado para comentar los “Principios rectores” aprobados recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas referidos a las empresas y la vigencia de los derechos humanos.

Dichos “Principios rectores” se basan en la hipótesis de que las empresas, en particular las grandes empresas transnacionales, pueden asumir voluntariamente la responsabilidad social de proteger y respetar los derechos humanos y remediar sus eventuales violaciones.

El tratamiento que las grandes potencias están dando a la crisis griega e italiana –que implica el virtual retorno a la esclavitud por deudas de pueblos enteros - es la demostración cabal en los hechos de que el capitalismo contemporáneo (en crisis profunda) y la vigencia efectiva de los derechos humanos son incompatibles. Estos ejemplos extremos no excluyen otros, en países centrales y periféricos, donde la contracción del gasto social (previsión, salud, educación y otros servicios públicos) y la crisis de representación política van al unísono.

Este antagonismo insuperable capitalismo-derechos humanos se ha reflejado en el seno de las Naciones Unidas cada vez que se ha tratado –sin éxito - el tema del control social de las empresas transnacionales y recientemente en los “Principios rectores”, ejercicio de gatopardismo de pura factura ultraliberal.

Imposibilitado de asistir personalmente, envié al Seminario de Guatemala la siguiente ponencia.

COMENTARIOS AL MARCO DE TRABAJO Y PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS DE 'PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR'

I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social de las empresas es un tema recurrente y se hace necesario comenzar por una cuestión semántica.

La expresión responsabilidad tiene distintas acepciones.

1) Una de ellas es la de « encargado de… ». Por ejemplo : la dirección de una empresa está encargada (es responsable) de que se respeten los derechos laborales en el ámbito de la empresa.

2) La segunda acepción tiene el sentido de que cada persona (física o jurídica, esta última a través de los dirigentes que toman las decisiones) es responsable de sus actos, por los cuales debe rendir cuentas. Por ejemplo, quien viola los derechos laborales debe rendir cuentas ante las instituciones públicas pertinentes (de la administración del Estado y los tribunales de justicia)..

3) Y la tercera acepción tiene el sentido de que quien es responsable de un daño, por ejemplo un empresario que no respeta las normas de higiene y seguridad en el trabajo, además de incurrir en una falta que lo hace pasible de una sanción administrativa, es responsable por los daños que sufran los trabajadores y debe indemnizarlos.

A veces se extrapola la primera acepción en el sentido de atribuirle a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, una responsabilidad general de « estar encargadas » de hacer respetar los derechos humanos. Habría en este caso una delegación en las empresas de las responsabilidades inherentes a las instituciones del Estado de hacer respetar los derechos humanos en general. O sería una responsabilidad propia del Estado compartida con las empresas. Esta concepción puede llevar a que se propicie conferir un estatuto privilegiado a las empresas dentro de la sociedad, fundado en su poder e influencia , lo que es contrario a los principios fundamentales de una sociedad democrática, entre ellos la igualdad de todos ante la ley y a otras consecuencias negativas que examinaremos en este trabajo.

Las grandes empresas, que calculan todo en términos económicos y de beneficio máximo, no podían dejar de ver en esta “demanda” de que se ocupen y respeten los derechos humanos algo aprovechable para su propio “marketing”, lo que las incitó a hacer una “inversión ética”, poniendo en el mercado productos con un ingrediente “ecológico” o “social”, por ejemplo en forma de etiquetado (label) o de un “satisfecit” otorgado por una ONG.

Una de las consecuencias es que las empresas ponen en práctica el autocontrol o el control privado de su responsabilidad social. Es decir que las empresas pueden no rendir cuenta a las instituciones de derecho público (Poder judicial, administración) sino a sí mismas o a organizaciones o instituciones que contratan las mismas empresas a esos fines.

Aparte de esta motivación puramente económica de “oferta diferenciada”, la introducción del tema de los derechos humanos en la actividad de las grandes sociedades transnacionales obedece también a otras razones:

a) Evitar el deterioro de la imagen de la empresa (o recomponer la imagen ya deteriorada) ante la opinión pública, particularmente sensibilizada por los temas ambientales, por la denuncia de la explotación del trabajo infantil, por la inseguridad alimentaria, etc., y alejar así el riesgo de perder una parte del mercado consumidor;

b) Eliminar competidores aceptando ciertas reglas que suelen implicar costos difíciles de afrontar para las empresas económicamente más débiles ;

c) La negociación de “labels” y códigos voluntarios con instituciones y asociaciones permite a las grandes empresas ejercer una influencia moderadora sobre éstas y a veces ponerlas en situación de subordinación (algunas de estas instituciones o asociaciones pasan de la posición de observadores exteriores a la de “verificadores” y aun de “asesores” de las sociedades transnacionales) . Estas "asesorías", que se ocupan de los efectos más chocantes para la opinión pública de las actividades de las sociedades transnacionales, no se ocupan de las causas y permiten a las empresas corregir sus estrategias de imagen (greenwash) e inclusive introducir algunas pequeñas reformas, en general temporarias, a un mínimo costo.

Cuando a fines del decenio de 1980 se abandonó el proyecto de un código internacional de conducta para las sociedades transnacionales, después de más de diez años de trabajos de la Comisión de Sociedades Transnacionales de las Naciones Unidas, dichas empresas se sintieron enteramente libres para actuar con la exclusiva finalidad de obtener beneficios máximos y con total desprecio por los derechos humanos y ambientales.

Pero la depredación incontrolada de los recursos naturales y algunas grandes catástrofes ecológicas así como las graves violaciones a los derechos sociales y laborales imputables a las empresas, sobre todo a las sociedades transnacionales, comenzaron a inquietar a una parte de la opinión pública, lo que dio lugar a campañas para exigir a aquéllas productos ecológica y socialmente correctos. Es decir, el respeto del medio ambiente y de las normas laborales.

II. OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DEL SEÑOR RUGGIE DE 2011 CONTENIENDO LOS PRINCIPIOS RECTORES (“PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR”) APROBADO POR CONSENSO POR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

A. LOS ANTECEDENTES

Para hacer frente eficazmente a las actividades de las sociedades transnacionales transgresoras de los derechos humanos hace ya bastante tiempo que se planteó la necesidad de crear un entramado institucional y normativo específico, complementario de la normativa general vigente.

Con ese objetivo el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas creó en 1974 la Comisión de Sociedades Transnacionales, que estaba compuesta por 48 Estados y que se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas . Dicho Código se discutió durante diez años pero nunca vio la luz, a causa de la oposición de las grandes potencias y del poder económico transnacional.

El ECOSOC creó también en 1974 el Centro de Sociedades Transnacionales, organismo autónomo dentro de la Secretaría de la ONU, que funcionó como secretaría de la Comisión de Sociedades Transnacionales.

Pero en 1993-94 ambos organismos fueron prácticamente desmantelados y cambiaron sus objetivos. El Secretario General de la ONU, decidió transformar el Centro de Sociedades Transnacionales en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Por su parte, el ECOSOC resolvió transformar la Comisión de Sociedades Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, teniendo en cuenta el « cambio de orientación » de la Comisión (consistente dicho cambio en haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las sociedades transnacionales y ocuparse, en cambio, de la « contribución de las transnacionales al crecimiento y al desarrollo »).

En 1998 se planteó nuevamente en el seno de las Naciones Unidas la cuestión de establecer normas internacionales destinadas regular las actividades de la sociedades transnacionales cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una resolución para estudiar la actividad y los métodos de trabajo de las empresas trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución se señalaba que uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales.

En la misma resolución, la Subcomisión decidió la creación y estableció el mandato de un Grupo de Trabajo para que realizara ese estudio.

El primer esbozo de Proyecto era una especie de código voluntario para las STN, que éstas podían adoptar o dejar de lado, lo que se suele llamar “soft law” (derecho blando) o “no derecho”. Era un intento de cambiar algo para que todo siguiera igual.

La Asociación Americana de Juristas, por mi intermedio, y el Centre Europe Tiers Monde (CETIM) con sede en Ginebra , después de cuatro años de debates, de la organización de un seminario interdisciplinario y de una reunión de dos días con los miembros del Grupo de Trabajo, logramos que se mejorara el Proyecto, pero muchas cuestiones esenciales no se incorporaron al mismo como, por ejemplo:

1) La responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las empresas;

2) La responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus proveedores y subcontratistas;

3) La primacía del servicio público sobre el interés particular;

4) La prohibición de patentar formas de vida, etc.

Con el CETIM nos empeñamos hasta último momento en tratar de mejorar el Proyecto, proponiendo reformas de fondo al mismo a fin de que adquiriera cierta consistencia jurídica y alguna eficacia . Sin resultado.

En sus sesiones de agosto 2003, la Subcomisión adoptó una resolución aprobando el proyecto y lo remitió, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisión de Derechos Humanos.

Pese a que el Proyecto aprobado por la Subcomisión estaba lejos de ser perfecto en materia de control y encuadramiento jurídico de las sociedades transnacionales, éstas reaccionaron vivamente contra el mismo con un documento de unas 40 páginas, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE), instituciones que agrupan a las grandes empresas de todo el mundo. En dicho documento afirmaban que el proyecto de la Subcomisión socavaba los derechos humanos, los derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas, que las obligaciones en materia de derecho humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados y exhortaban a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión . Finalmente en 2005 la Comisión de Derechos Humanos, ignorando por completo el Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó la Resolución 2005/69 por la que invitaba al Secretario General de la ONU a designar un Relator especial, para el cual sugirió un mandato inspirado en el Global Compact .

Al aprobar dicha resolución, los Estados Miembros de la Comisión de Derechos Humanos cedieron a las presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su documento.

Y para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisión podía invocarse como una norma internacional vigente, la Comisión de Derechos Humanos se ocupó de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto “…al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto”.

En julio de 2005 el Secretario General Kofi Annan nombró representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact, organismo al que nos referiremos más adelante.

En 2006 John Ruggie escribió su primer informe para la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/97), pero el mismo no se trató porque la Comisión se disolvió sin celebrar, como correspondía, su última sesión.

En el mismo desarrollaba argumentos intentando demostrar que las sociedades transnacionales no están obligadas por el derecho internacional y que lo más apropiado es concertar a las empresas, a las Naciones Unidas (Global Compact mediante) y a la “sociedad civil” para establecer declaraciones de buenas intenciones en forma de soft law, códigos de conducta, etc, cuya aplicación será controlada por las mismas empresas y por representantes de la “sociedad civil” .

En su informe de abril de 2008 (A/HRC/8/5), aunque no había propuestas concretas (el autor decía que se trataba de un marco conceptual) Ruggie hizo un sorprendente giro de 180 grados con relación a sus informes anteriores, quizás influído por los efectos devastadores de la crisis financiera mundial.

Subraya y diferencia tres aspectos: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respetarlos y la necesidad de mejorar el acceso a los remedios o recursos frente a las violaciones. Supera la confusión creada sobre el papel de las empresas como encargadas –junto con los Estados- de hacer respetar los derechos humanos.

En mayo de 2008 Ruggie presentó un informe adicional (A/HRC/8/5/Add.2) titulado “Empresas y derechos humanos: encuesta sobre el alcance y los tipos de presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por empresas”, en el que se reconoce el efecto negativo de la actividad de las empresas sobre el goce de los derechos humanos, laborales y no laborales.

Pero Ruggie no sacó de su informe de 2008 las conclusiones que se imponían: el 28 de enero de 2009 se publicó en el sitio informativo de la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra (UNOG) una nota del mismo Ruggie anunciando que había obtenido los servicios voluntarios de quince estudios jurídicos internacionales –cuya lista proporcionaba- especializados en el asesoramiento de grandes empresas para que examinasen la legislación empresarial de 40 países y sus efectos en la promoción de una cultura de los derechos humanos entre sus clientes. Es impensable que tales asesores realizarían un estudio objetivo e imparcial que pudiera contrariar los intereses de sus acaudalados clientes, enemigos declarados de cualquier legislación nacional o normas internacionales reguladoras o restrictivas de sus actividades.

En su informe de 2009 Ruggie mantuvo invariable la línea de fondo impuesta por la sociedades transnacionales : ninguna propuesta de normas obligatorias para las empresas.

En el Informe de 2010 cabe destacar que bajo la apariencia de una consulta amplia y general a diversos sectores sociales los verdaderos interlocutores del señor Ruggie han sido las grandes empresas, las asociaciones de empresarios como la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores y los abogados asesores de esas mismas grandes empresas.

Por el contrario, los demás participantes en las numerosas reuniones organizadas por el señor Relator han sido meros figurantes cuyas opiniones no ha sido tenidas para nada en cuenta.

En el Informe de 2010 el eje del enfoque jurídico puede resumirse en que las empresas no tienen deberes u obligaciones sino sólo responsabilidades. La consecuencia es que en los informes del señor Relator no hay ninguna propuesta de normas obligatorias para las empresas, de conformidad con lo que exigieron la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores en el documento que publicaron en marzo de 2004 contra el Proyecto de Normas aprobado por la Subcomisión de Derechos Humanos en 2003.

B. LOS “PRINCIPIOS RECTORES” DE 2011.

El Informe final del señor Ruggie al Consejo de Derechos Humanos incluye un Proyecto de Principios rectores sobre negocios y derechos humanos.

En el párrafo 2 de la Introducción al Informe, refiriéndose al Proyecto de Normas aprobado por la Subcomisión de derechos humanos en 2003, Ruggie dice que el mismo buscaba imponer a las compañías el mismo tipo de deberes en materia de derechos humanos que los Estados aceptaron al ratificar los tratados internacionales : promover, asegurar la realización, respetar, asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos.

El relator repite una crítica que ya formuló en informes anteriores al Proyecto de Normas, crítica que nosotros compartimos y que señalamos oportunamente al Grupo de Trabajo que elaboró el Proyecto.

En efecto, en el Proyecto de Normas de la Subcomisión, después de decir que… “si bien los Estados y los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos… agrega que : “…las STN y otras empresas tienen también la responsabilidad de promover y asegurar…)

Nosotros señalamos el error al Grupo de Trabajo de la Subcomisión y propusimos suprimir la frase “tienen también la responsabilidad de promover y asegurar”… a fin de que ese párrafo dijera: “deben respetar y contribuir a hacer respetar, proteger y promover los derechos humanos”…( ).
No cabe duda que el Estado tiene una responsabilidad (responsability) indelegable por la vigencia de los derechos humanos en el ámbito de su jurisdicción y debe impedir que los mismos sean violados, ya sea por el mismo Estado y/o sus propios funcionarios como por los particulares. Y si no cumple con dicha obligación incurre en una responsabilidad internacional.

En efecto, la expresión responsabilidad tiene dos significados, tangentes pero diferentes, que se expresan en inglés con dos palabras distintas: responsible, responsability y accountable, accountability. Ya nos hemos referido a esto al comienzo de esta ponencia.

Uno de ellos es la de « encargado de… ». Por ejemplo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También se puede decir que la dirección de una empresa está encargada (es responsable, responsible) de que se respeten los derechos laborales en el ámbito de la empresa.

El otro significado consiste en que cada persona (física o jurídica, esta última a través de los dirigentes que toman las decisiones) es responsable de sus actos, por los cuales debe rendir cuentas (accountable). Por ejemplo, quien viola los derechos laborales debe rendir cuentas ante las instituciones públicas pertinentes (de la administración del Estado y los tribunales de justicia). Y reparar los daños causados (liability).

A veces se extrapola el primer significado en el sentido de atribuirle a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, una responsabilidad general de «estar encargadas» de hacer respetar los derechos humanos. Habría en este caso una delegación en las empresas de la responsabilidad inherente al Estado de hacer respetar los derechos humanos en general. O sería una responsabilidad propia del Estado compartida con las empresas.

El señor Ruggie utiliza este error del Proyecto de Normas de la Subcomisión para crear la confusión entre las obligaciones inherentes al Estado de promover, garantizar y asegurar el respeto de los derechos humanos y la obligación –y la consiguiente responsabilidad directa en caso violación- de las empresas (como de todas las personas privadas morales y físicas) de respetar los derechos humanos consagrados en normas internacionales. En efecto, en el párrafo 60 de su informe de 2006 escribía:… «Si las Normas sencillamente reproducen principios jurídicos internacionales establecidos no pueden entonces obligar directamente a las empresas porque con la posible excepción de ciertos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no existen principios jurídicos internacionales generalmente aceptados que lo hagan »…

De modo que, según el relator, los derechos humanos constituirían una categoría especial de derechos que sólo pueden ser violados por los Estados y sus funcionarios y no por las personas privadas, salvo ciertos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ( ).

Según el mencionado Informe de 2006, los delitos cometidos por éstos últimos pueden constituir violaciones de los derechos humanos sólo cuando el Estado aparece como copartícipe por acción o por omisión. Es decir que hay violación a los derechos humanos sólo cuando surge, de una manera u otra, la responsabilidad del Estado.

De manera que la misma acción cometida por un Estado, que engendra su responsabilidad a título de violación de los derechos humanos, cometida por un particular según el señor Ruggie también engendraría su responsabilidad pero a título de crimen o delito según el respectivo derecho nacional y no a título de violación de los derechos humanos.

No cabe duda alguna que las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes.

El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas en materia de derechos humanos y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones a los mismos quedó consagrado en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ( ) y se fue afianzando en la doctrina, en numerosos convenios internacionales, especialmente en materia de protección del medio ambiente ( ) y en la jurisprudencia. Nos referimos más extensamente a esta cuestión en nuestras Observaciones al Informe de Ruggie de 2006 .

Con este enfoque el señor Ruggie cumple diligentemente con lo exigido por las sociedades transnacionales: nada de normas internacionales de cumplimiento obligatorio para las grandes empresas, como él mismo lo dice en los parágrafos 11 y 14 de la Introducción a su Informe final:

11…The Guiding Principles addressing how Governments should help companies avoid getting drawn into the kinds of human rights abuses that all too often occur …

Es decir que los Principios rectores no son ni aspiran a ser normas obligatorias sino solo indicaciones de cómo los Gobiernos deben ayudar (no controlar y sancionar) a las compañías para que eviten ser arrastradas a cometer las clases de abusos contra los derechos humanos que ocurren demasiado a menudo. En este párrafo se excluye la voluntad deliberada de las compañías de cometer violaciones y se las hace aparecer como inducidas a cometerlas por un factor exterior y ajeno a su voluntad y no como actores principales cuya motivación fundamental es obtener el máximo de beneficios.

14. The Guiding Principles’ normative contribution lies not in the creation of new international law obligations…

Está claro: la contribución normativa de los principios rectores no radica en la creación de nuevas obligaciones en el derecho internacional.

Los Principios rectores del señor Ruggie son pues, meras orientaciones. Carecen de obligatoriedad tanto para los Estados como para las empresas. Cumpliendo así con la exigencia, reiteradamente manifestada, de las grandes empresas transnacionales.

C. ACERCA DEL “GLOBAL COMPACT” O PACTO MUNDIAL

El señor Ruggie ha sido el principal arquitecto (asesor principal de Koffi Annan) del Global Compact y su labor como Relator Especial ha seguido las orientaciones ideológicas ultraliberales y las prácticas de dicho organismo.

En 1978 la organización no gubernamental « Declaración de Berna », publicó un folleto titulado L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies , donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba Geigy, Hoffmann La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Desde la creación del Global Compact ya no se trata de «infiltración », sino de la apertura de par en par de las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales.

El proyecto de crear el Gobal Compact fue anunciado en 1998 por el entonces Secretario General de la ONU, Koffi Annan, en un informe destinado a la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”(A/52/428).

El Secretario General decía en ese informe que... « la desregulación...se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo » (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando... « la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros » (párr. 29).

Era la legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

En mayo del 2000 se reunió en Budapest el Congreso Mundial de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). En un discurso grabado Kofi Annan se dirigió al Congreso afirmando que la ONU y la ICC eran “buenos y estrechos asociados”. Pero el Presidente de la ICC, Adnan Kassar, fijó los límites estableciendo lo que él llamó una importante condición: no debe haber propuestas para dotar al “Global Compact” con normas obligatorias (prescriptive rules). "Nosotros resistiremos cualquier tendencia en ese sentido", añadió .

El Global Compact, se lanzó oficialmente el 25 de julio del 2000 con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la sociedad civil”. Entre las sociedades participantes en el lanzamiento del Global Compact, se encontraban, entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (Grupo Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en diversas partes del mundo, etc.

Esta alianza entre la ONU y grandes sociedades transnacionales creó una peligrosa confusión entre una institución política pública internacional como la ONU, que según la Carta representa a “los pueblos de las Naciones Unidas...” y un grupo de entidades representativas de los intereses privados de una elite económica internacional.

El 27 de abril de 2006 el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York invitó al mundo de las finanzas a adherir a los Principios para la Inversión Responsable. Esta nueva propuesta fue desarrollada por el Global Compact y la Iniciativa de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el propósito de proveer un marco para integrar aspectos sociales y ambientales a las inversiones.

“Hoy es cada vez más claro que los objetivos de las Naciones Unidas –paz, seguridad, desarrollo– van de la mano con la prosperidad y el crecimiento de los mercados. Si las sociedades fallan, los mercados fallan”, dijo Kofi Annan en Wall Street. Explicó las características de los Principios: “Ofrecen una guía para conseguir mejores retornos en inversiones a largo plazo y mercados más sustentables”. También elogió al Pacto Mundial (Global Compact), un acuerdo que “se ha convertido en la iniciativa de responsabilidad corporativa más amplia del mundo”. “En señal de que el paso que damos hoy es realmente significativo, los líderes de algunas de las más grandes e influyentes instituciones de inversión en el mundo se han unido a nosotros”, manifestó el Secretario General (Fuente: Noticias de la ONU).

Todavía los pueblos del mundo están sufriendo los efectos de la crisis provocada por la “inversión responsable” del capital financiero.

Ban Ki-moon, persistiendo en la misma orientación que su predecesor Koffi Annan, declaró el 29 de enero de 2009 en el Foro Económico Mundial de Davos: “El interés propio bien entendido es la esencia de la responsabilidad empresarial y la clave para un mundo mejor” . El actual Secretario General de la ONU sigue las huellas del ultraliberal Milton Friedman quien dijo : “La responsabilidad social de las empresas consiste en incrementar sus beneficios” (“The social responsibility of business is to increase its profits”).

Hemos dicho en diversas oportunidades que el Global Compact es un mero instrumento de las grandes sociedades transnacionales.

Esta apreciación la confirmó de alguna manera la Dependencia Común de Inspección(DCI) de las Naciones Unidas en su informe sobre el papel y el funcionamiento del Global Compact:United Nations corporate partnerships: The role and functioning of the Global Compact (JIU/REP/2010/9) publicado en 2010 .

CONCLUSIÓN

En el decenio del 80 ganaron las sociedades transnacionales cuando se enterró el Proyecto de Código de Conducta para las mismas. En 2011 vuelven a ganar con el Informe final del señor Ruggie y sus “Principios rectores” , que sepulta el nuevo intento de elaborar normas de cumplimiento obligatorio para las sociedades transnacionales, iniciado por la Subcomisión de Derechos Humanos en 1998.

ES HORA QUE LAS REPÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECOJAN EL DESAFÍO DE ESTABLECER A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS GRANDES EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES CUYA VIOLACIÓN ACARREE SANCIONES ECONÓMICAS Y PENALES PARA LAS EMPRESAS Y SUS DIRIGENTES RESPONSABLES.

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Guatemala. ¿Por qué molesta tanto el triunfo de Daniel Ortega?: Aquí están, estas son, las patotas de… ¡la OEA!

Ingrid Storgen

El pueblo es soberano, dicen los líderes de estas democracias tuteladas que gozamos los nuestramericanos, pero parece que hay gente a la que esa soberanía le molesta irrazonablemente. Y es grave, tan grave que preocupa si nos sentamos a analizar entre líneas la realidad que algunos pretenderán tapar pero sin lograrlo.

En Nicaragua se celebró el acto electoral resultando vencedor indiscutible, Daniel Ortega. Los datos indican que su victoria fue arrasadora, tanto como lo fue en Argentina la de la presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Foto: La juventud y sobre todo la mujer nicaragüense han sido protagonistas en la campaña electoral.

Sobre el último triunfo nadie dijo nada, fue contundente y como tal se lo aceptó porque eso es lo que corresponde; el de Ortega lo fue también pero con una diferencia, que algunos dijeron NO y otros se sumaron.

Entre esos nones aparece el de la OEA, tajante, contundente, inexplicable pero, ya sabemos que cuando OEA habla es palabra santa.

Y la OEA tuvo cómplices para decir NO. Cómplices que no llegaron a Nicaragua por la fuerza, pero sí quieren imponer la voz de la fuerza para negar la voluntad de un pueblo que, al igual que el argentino, quiso decidir por si mismo.

Uno de esos cómplices es un joven de 26 años, Tomás Ottavis, líder de la agrupación conocida como La Cámpora.

Ottavis fue acompañante de la Organización de Estados Americanos y fue también obligado a dejar su misión de observador en el departamento de Río San Juan por agredir a la secretaria del Consejo Electoral Municipal de San Carlos, Eveling Pérez Enríquez.

Foto: Las ONG`s financiadas por la USAID, NED y la UE no entienden que el Pueblo ya votó.

Desde luego la misión de Acompañamiento Electoral de la OEA en Nicaragua negó las acusaciones, pero resulta que no se sabe el motivo por el cual Ottavis, salió con sus maletas por la puerta trasera del hotel donde se hospedaba.

Según el CED, el muchachito hizo uso de agresión verbal y física, lo que de por si habla de violencia, cometiendo con su descabellado acto una falta de respeto lisa y llana ya que su función allí debería haber sido la de observador.

Sólo eso y no es poco.

La agresión se cometió a las 9 horas del pasado viernes cuando un grupo de campesinos pedían su cédula. El muchacho, equivocadamente, según versión de la propia secretaria, pretendió obligar a entregar las cédulas de una lista que el mismo mostraba a la vez que tomaba del cordón de la credencial que colgaba del pecho de la funcionaria, donde quedaron las huellas de un manotazo.

Evidentemente muy nervioso, la sarandeó de la blusa que quedó rasgada mientras gritaba “acá vamos a hacer lo que nosotros queremos”

Epa, chiquito, ¿qué cosa es esa? ¡¡¡No estamos en casa!!! Y no fue todo porque además entró en la oficina con el mismo estado de nerviosismo exigiendo a los técnicos que le mostraran las cédulas y se las entregaran. ¿Exigiendo? Si.

Ottavis, ante el reclamo de la prensa dijo no poder dar declaraciones pero que no era sino un mal entendido. Y remató: “siempre acusan cuando están haciendo lo que no corresponde”.

¿Y qué era lo que no correspondía para ese razonamiento primario? Pues elegir lo que le daba la gana elegir al pueblo nicaragüense, como hizo hace pocos días el pueblo argentino.

Foto: Hassenfus, gringo derribado por los sandinistas
Así fue la historia vergonzosa en una elección que no admite dudas, donde el pueblo quiere seguir liderado por quien beneficiara a los pobres, mejorara la calidad de vida de quienes padecieron una guerra civil espantosa cuyo recuerdo todavía sacude y ahora hace uso de su legítimo derecho: VOTAR.

Tal vez la OEA salga a dar alguna explicación, corresponde, hechos como el mencionado nos pueden hacer pensar a los de por sí mal pensados, que no vaya a ser que a alguien se le ocurra utilizar a Argentina como punta de lanza de una feroz campaña contra el FSLN, en estas épocas de profundización del capitalismo.

Sabido es que cuando uno no quiere, dos no pueden, si a alguien se le ocurrió eso, que otro alguien se niegue por el bien del pueblo hermano. Esperemos que este análisis elemental –pero atento- pueda continuar en los próximos días y que este no sea más que una duda expresada en voz alta.

De momento creo que hacen falta explicaciones y queda una pregunta flotando en el mar de las incógnitas ¿Por qué molesta tanto el triunfo de Daniel Ortega?

¿Será que en las cuestiones democráticas también tendremos que empezar a pensar que hay hijos y hay entenados?

Ortega ganó, el FSLN tendrá un nuevo período y nada más ni nada menos que porque su pueblo así decidió.

No hagamos papelones ya sabemos que la OEA tiene su base, las patotas iracundas que se queden en su casa porque todavía tienen mucho que arreglar.

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El G20, símbolo del fracaso de un sistema

Eric Toussaint (ISEPCI)

Decididamente es urgente optar por otra arquitectura internacional y democrática. También conviene que las opciones sean anticapitalistas: rechazar la dictadura de los acreedores, expropiar los bancos sin indemnizaciones y ponerlos bajo control ciudadano, rechazar el pago de una deuda ilegítima, redistribuir, de forma radical, la riqueza.

El G20 no tiene más legitimidad que su progenitor el G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón). Estos países lo crearon hace tres años cuando comenzaban a estar minados por la crisis económica más importante desde los años treinta del siglo pasado. El G20 fue un fracaso desde el comienzo hasta el fin de su reunión del 3 y 4 de noviembre de 2011, en Cannes (Francia). La crisis de la Unión Europea y de la zona euro es evidente y está en el centro de todas las preocupaciones. La pirueta de Georges Papandreu anunciando, tres días antes de la cumbre, la convocatoria de un referéndum en Grecia para enero de 2012, cuestionó el último andamiaje que trataba de evitar una quiebra en cadena de los grandes bancos privados europeos y su efecto bumerán sobre las instituciones financieras norteamericanas. |1|

Y este anuncio convulsionó una agenda del G20 minuciosamente preparada desde hacía meses. De manera patética, todos los jefes de Estado y de gobierno y los dirigentes empresariales se volvieron, de repente, dependientes de la capacidad del tándem Sarkozy – Merkel de lograr que las autoridades griegas declararan, antes del fin de la cumbre, que el referéndum no se celebraría. Si la perspectiva de un referéndum se hubiera confirmado y si éste consistía en pedir al pueblo griego su conformidad para la aplicación de los acuerdos de la cumbre europea del 26 y 27 de octubre de 2011, se hubiera producido un desastre bancario y financiero. ¿Por qué hubiera pasado eso? Porque todo indicaba que el plan iba a ser rechazado ya que, según un sondeo realizado después del 27 de octubre, sólo el 12 % de los griegos aprobaba dicho acuerdo. La perspectiva de este rechazo habría provocado durante el mes de noviembre un descalabro del valor de los títulos griegos, lo que hubiera obligado a los más grandes bancos franceses y de otros países europeos a aplicar una quita de entre el 80 y 90 % a sus activos griegos. Los accionistas habrían aumentado la venta de acciones de esos bancos provocando un marasmo en la bolsa. Se habrían desencadenado ataques especulativos contra los títulos italianos y españoles, a los que la zona euro habría sido incapaz de enfrentarse, ya que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) no tiene los medios necesarios. Los bancos franceses, alemanes y de otros acreedores de Italia y España no hubieran resistido.

Es evidente que Georges Papandreu, bajo la presión de las nuevas y durísimas reacciones populares ocurridas durante la fiesta nacional del 28 de octubre y frente a las críticas dentro de su propio partido, intentó ganar tiempo torpemente, y asegurarse un voto de confianza en el parlamento. Ese cambio, de alguien que desde hace 18 meses se burla de las reglas más elementales de la democracia y reniega de sus compromisos electorales, no era motivado por la voluntad de dar la palabra al pueblo La verdad es que cuando, el 1 de noviembre, se conoció su promesa de referéndum, ésta fue ampliamente rechazada por la población así como por los partidos y organizaciones sociales de izquierda. Por supuesto, por razones totalmente opuestas, los dirigentes europeos se opusieron en forma unánime a cualquier consulta popular que concerniera al nuevo plan de austeridad impuesto a Grecia en el marco del acuerdo europeo de octubre de 2011.

La crisis de la Unión Europea fue bien visible durante la cumbre y los dirigentes de las instituciones europeas no tuvieron los papeles principales. J. M. Barroso y H. Van Rompuy, respectivamente presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, fueron simples figurantes mientras que Sarkozy y Merkel lideraron, del inicio al fin, todas las transacciones importantes.

Aunque la vuelta atrás de Georges Papandreu y la perspectiva de un gobierno de unidad nacional que se comprometa a aplicar las medidas de austeridad, que la mayoría del pueblo griego rechaza, salvan la cara del plan de ayuda a Atenas —mejor dicho del plan de rescate del euro y de los grandes bancos privados—, tal es el descontento en Grecia que nada está definitivamente cerrado.

Desde ahora en adelante, Italia será el próximo eslabón más débil de la zona euro con una deuda soberana seis veces más importante que la de Grecia. El G20 constituye un fracaso terrible para el gobierno italiano. Silvio Berlusconi tuvo que aceptar que su país sea sometido a un examen permanente por parte del FMI. Al salir de la cumbre, Christine Lagarde, directora general del FMI, declaró respecto al jefe de gobierno italiano: «Lo someteremos al test de la realidad» y agregó a propósito de Italia «Enviaré cada tres meses un equipo compuesto seguramente de 5 o 6 especialistas.» |2| Que un país miembro fundador del G7 sea sometido a un tratamiento tan humillante muestra la profundidad del fracaso de la zona euro y de la Unión Europea. No olvidemos que Mario Draghi, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, era hasta hace un mes el director del Banco Central italiano, después de haber sido ministro del gobierno Berlusconi. El BCE, que está en plena crisis, no tiene por lo tanto la presidencia sólida que necesita para hacer frente a esta situación. El anuncio realizado por Mario Draghi, ex miembro de Goldman Sachs, de la reducción del 0,25 % en el tipo director del BCE constituye una nueva concesión a los banqueros con déficit de financiación a buen precio.

Otro fracaso para la UE y la eurozona: al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera todavía no le adjudicaron las nuevas competencias y el aumento de medios previstos en la cumbre europea del 21 de julio de 2011. Los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) finalmente dijeron que no aportarían fondos al FESF.

Por otro lado, parece que el FMI no va tan bien como su directora quisiera hacernos creer: los 500.000 millones de……. prometidos al FMI por la cumbre del G20 de 2009, reunida en Londres, no se han visto confirmados. Y esto es consecuencia del rechazo de los países del G7 a aceptar una exigencia de los BRIC. Éstos deseaban que su ayuda al FMI, a la UE y a Estados Unidos se viera recompensada por un aumento de su peso en las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) Pedían un nuevo reparto de los derechos de voto y también puestos de responsabilidad para lograr influir en estas instituciones. Salieron perdiendo las dos partes: el G7 no consiguió convencer a los países emergentes a aflojar su bolsa y a su vez éstos no obtuvieron un peso estructural en esas instituciones conforme a su importancia económica y política.

A pesar de que se enfrentan a una profundización de la crisis económica y a unas sombrías perspectivas para 2012, los gobiernos de los países más industrializados rechazan tomar unas medidas elementales para restituir el orden en el sector financiero privado y relanzar la economía: separación entre bancos de depósitos y bancos de negocios, prohibición de algunas actividades especulativas, impuesto sobre las transacciones financieras, límite en los sueldos de los administradores de sociedades y una limitación muy estricta de los bonos, represalias contra los paraísos fiscales, aumento de los gastos públicos para relanzar el empleo, protección del poder adquisitivo de los asalariados y de los receptores de subsidios sociales… De todas estas medidas que en un momento u otro de la crisis fueron propuestas por responsables políticos como Nicolás Sarkozy, el anfitrión de esta cumbre del G20, ninguna fue puesta en práctica. Sin embargo, estas medidas constituyen la mínima expresión de un programa del tipo del que adoptó el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en su país, para afrontar la gran depresión.

Barack Obama y todos los dirigentes europeos optaron por otra vía: el apoyo estructural masivo a los bancos y a otras instituciones financieras para tratar de evitar las quiebras en cadena conjuntamente con un refuerzo de las políticas neoliberales (reducción de los gastos públicos y del poder adquisitivo de la mayoría de las familias, refuerzo de las políticas de precarización del trabajo asalariado, una nueva ola de privatizaciones, aumento de los impuestos indirectos, etc.). Los resultados de esta elección no levantan ninguna duda: una degradación del nivel de vida de la mayoría de la población de los países afectados, un continuo aumento de las desigualdades, la posibilidad de nuevas quiebras bancarias ya que no se impuso ningún límite serio a las políticas especulativas, un crecimiento escaso salpicado de recesiones durante diez, incluso quince años, el mantenimiento de un endeudamiento estructural de los poderes públicos como consecuencia de la insuficiencia de los ingresos fiscales, la continuación de la crisis en la zona euro,…

El abismo que separa la real politik y el discurso lleno de fanfarronadas respecto a los abusos de los mercados es patente cuando se lee el siguiente trozo de la declaración final: «No toleraremos una vuelta a los comportamientos observados antes de la crisis en el sector financiero, y controlaremos estrechamente la puesta en marcha de nuestros compromisos respecto a los bancos, a los mercados OTC de derivados y a las prácticas remunerativas».

Especialmente mortífera en los países del Sur y en particular en África, la crisis alimentaria provocada principalmente por la especulación sobre los productos agrícolas figuraba también en la agenda del G20 y su examen no dio pie a ninguna medida. La declaración se contenta con afirmar que es necesario: «atenuar los efectos de la volatilidad de los precios».

Luego de esta cumbre del G20, los indignados de Europa y de Wall Street ven sus convicciones reforzadas. Los que pretenden conducir al planeta son incapaces de encontrar unas soluciones correctas y han utilizado toda su influencia para impedir que un pueblo pueda pronunciarse sobre las recetas neoliberales que le imponen. La lección no será olvidada. Decididamente es urgente optar por otra arquitectura internacional y democrática. También conviene que las opciones sean anticapitalistas: rechazar la dictadura de los acreedores, expropiar los bancos sin indemnizaciones y ponerlos bajo control ciudadano, rechazar el pago de una deuda ilegítima, redistribuir, de forma radical, la riqueza.

Notas:
1) Véase Éric Toussaint: "El eslabón más débil en Europa son los bancos"
2) Entrevista a Christine Lagarde publicada en Le Monde del 6-7 de noviembre de 2011, p.12

Traducción: Griselda Piñero

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Argentina. Despenalización del aborto: la ley demora, la muerte no

LAVACA

¿La despenalización del aborto deberá seguir esperando para convertirse en ley? Luego de declarar inválido el dictamen de mayoría que avalaba el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, llamó a una sesión extraordinaria con las comisiones de Salud y Familia para este jueves 10 de noviembre (desdiciéndose del dictamen mayoritario de la reunión, como puede verse en la versión taquigráfica). El dilema sobre si se trató de puntillismo reglamentario, o una operación para demorar el tema, se aclarará con el tiempo.

Los titulares de las Comisiones de Salud y de Familia ya adelantaron que no llamarán a la discusión a los legisladores que las integran. Todo hace pensar que la iniciativa no será tratada en lo que resta del año legislativo, en medio de internas y recambio parlamentario. En ese caso habrá que esperar otro año para discutir la ley. El tiempo no es oro: es vida.

Para entender la magnitud de la demora:

Un año = 500.000 abortos clandestinos = una mujer muerta por día = cuatro de cada diez embarazos = 80.000 mujeres hospitalizadas por complicaciones posteriores a la intervención clandestina.


Cambio de época

De todos modos el tratamiento en las comisiones ha sido un avance notable, por lo cual no se trata estrictamente de un año perdido. “Además de los datos sobre los efectos y muertes, lo que ha cambiado es el tipo de tratamiento que se le da al tema en la sociedad, la idea de la autonomía de las mujeres” dijo a lavaca Florencia López, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto es: aunque ninguna mujer muriera en estas prácticas clandestinas, lo que se está naturalizando es lo que debería ser obvio: su derecho a decidir sobre sí mismas. Está dejando de convertirse en un “tema de feministas”, y se lo comprende como un problema social: el feminismo siempre tuvo razón, y no es cosa sólo de mujeres.

Hoy mismo habrá una reunión de la Campaña en Diputados, evaluando qué puede pasar el próximo jueves. Todo el movimiento por un aborto legal, en rigor la sociedad, deberá seguir bregando para que exista una ley.

El arte de patear la pelota

Los diputados que se oponen a la despenalización del aborto, entre ellos, Patricia Bullrich (Unión por todos) y Cynthia Hotton (Valores para mi País) impugnaron el dictamen de mayoría obtenido luego del debate de la comisión de Legislación Penal emitido el martes 1º de noviembre. Argumentaron que la cantidad de diputados no alcanzaba la mitad más uno de los presentes para avalar la iniciativa. Sin embargo, al concluir la jornada el presidente de esa comisión, el parlamentario Juan Carlos Vega, había dado por válida la sesión (ver versión taquigráfica), pero luego se desdijo, dio lugar a las quejas y llamó a una nueva reunión prevista para este jueves.

Este encuentro tiene carácter de extraordinario y busca reunir a los integrantes de las comisiones de Salud y Familia en lo que será la última posibilidad que Diputados trate el tema este año. Existe poco optimismo en torno a la concreción del plenario teniendo en cuanta que el presidente de la comisión de Salud es el oficialista Antonio Morante, que está en contra de la despenalización. Es similar la postura de la titular de Familia, Claudia Rucci, integrante del autodenominado peronismo federal quien anunció que no concurrirá al debate y no llamará a sus colegas para ese fin.

Además de esta falta de voluntad, el reglamento de la Cámara de Diputados, dice que el 20 de noviembre es el último día que pueden reunirse las comisiones para dictaminar.

El Frente para la Victoria se ausentó del debate de la Comisión de Legislación Penal. Sólo participó la diputada Diana Conti, quién presentó un proyecto diferente al de la Campaña y, a la vez, consideró que no era prioridad tratar el tema este año. En este sentido, se pueden leer las declaraciones del ministro de Justicia Julio Alak que recoge el sitio Noticias Congreso Nacional (NCN). El funcionario declaró: “La presidenta Cristina Kirchner tomó la decisión de que el aborto no esté hoy como un tema de agenda”.

Para quienes han llevado adelante la iniciativa de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, que establece la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el dictamen, aunque invalidado, es un buen antecedente para volver a presentar el proyecto el año próximo. Así será porque como todo indica perdería su estado parlamentario y empezaría su recorrido desde cero.

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No debate y no cumple

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

La Reina del Plata está al rojo vivo. Una ausencia de diálogo para encontrar consensos y desobediencias e incumplimientos varios son la marca PRO en estas últimas semanas de gestión antes de la reasunción del próximo 9 de diciembre. Entre el conflicto docente por las reformas al Estatuto; las viejas intimidaciones a las y los docentes que se animen a denunciar las irregularidades en materia de infraestructura escolar, hace un tiempo atras y las nuevas que ordenó María Grosso, flamante Directora de Salud Mental del GCBA, ante las inspecciones de la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces, y las viejas y nuevas desobediencias al Poder Judicial y Legislativo, en mayor o menor grado, marcan un ejercicio autoritario del poder que se encuentra demasiado lejos de lo democrático.

Los docentes van por su cuarto día de paro y movilización, frente al ímpetu impuesto por el Ministro Bullrich, la Diputada Morales Gorleri y el Diputado Sergio Abrevaya para reformar el Estatuto del Docente. En el pasado reciente, un memorándum los obligaba a no dejar pasar a los medios de comunicación social para dar cuenta de las falencias edilicias de las escuelas porteñas. Ni siquiera les importó la masiva votación del pasado 3 del corriente en las elecciones de miembros de Juntas.
Hace unos días, nos enterábamos de un nuevo acto de autoritarismo con la orden de sumariar a los empleados de las instituciones sanitarias dedicadas a la Salud Mental de la Ciudad que colaboraran con las inspecciones de la Asesoría Tutelar, que dirige la Dra. Laura Musa. Desde las visitas bajo control de la Dirección de cada uno de los Hospitales a denegar la respuesta inmediata a los requerimientos de los funcionarios judiciales, se intenta establecer un mecanismo para ocultar los graves incumplimientos en este tipo de instituciones donde, precisamente, se encuentran internados quienes no tienen las facultades mentales para expresar su desagrado o incomodidad. Ello constituye un abuso inaceptable que, ahora, comparten con los que trabajan con los internos. Se trata de controlar para evadir la ley, para continuar el sesgo privatista en materia de salud.
Este fin de semana nos encontró con el derrumbe de un cuerpo de un edificio de Bartolomé Mitre al 1200, debido a la presunta excavación en sus cimientos linderos con una obra en construcción, la que estaba en demolición. Precisamente, al ser mal ejecutada llevó a que más de 200 personas aún se encuentren esperando el momento de regresar a sus casas, debido a la evacuación preventiva de la zona aledaña al inmueble derrumbado o bien, buscando cobrar la magra indemnización que saldría por una ley promovida por la Diputada Silvina Pedreira, la que sería pagada por el gobierno porteño para permitirles rehacer sus vidas en otro inmueble, sin contar con el anciano hipoacúsico que todavía no fue buscado pese a las fuertes sospechas que se encuentra entre los escombros, según lo denunciara su propio hijo a los medios de comunicación social. Más grave aún, teniendo en cuenta el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, con un saldo de tres muertos, es la falta de reglamentación de la Ley de la Ciudad Nº 3.562, la que establece una inspección en ocasión de la demolición y otras dos, cuando se realiza el pozo constructivo. El derecho no cuenta cuando se trata de buenos negocios...
No debate el macrismo, cuando trata de violentar los derechos de los docentes sin importar el medio y las formas. Nada nuevo bajo el sol, cuando se trata de construir una educación para pocos, en lugar de otra para todas y todos. Donde todo pasa por el ánimo de seguir alimentando el estómago de la educación privada e inocular las normas y valores neoliberales en la educación pública. Todo vale. Desde levantamientos intempestivos de reuniones acordadas con los sindicatos docentes a la presentación inconsulta de proyectos de ley que no han sido consensuados previamente.
Ocurre que, como en el pasado, evadir el cumplimiento de las normas es la ley suprema para el ejercicio del poder. No existe Constitución, ni Derecho Administrativo. Derecho de huelga y de defensa, ni pensarlo. Y ese desconocimiento resulta de una inusitada gravedad: se está afectando a la democracia y también al Estado de Derecho.
Si antes las topadoras de Bussi eran las maquinarias con las cuales arrasaba las villas en Tucumán; ahora, son las legales y las no tanto, las que intentan barrer con los derechos de las y los trabajadores como también de las y los ciudadanos. Ayer, la fuerza era la ley; hoy, la mera discrecionalidad, entre la razón, la conveniencia y los negocios son la norma primordial.
No cumple el gobierno macrista, con casi ningún fallo judicial. Responde con evasivas, ante cada pedido de la Justicia o bien, levanta la barrera presupuestaria como en el caso tratado en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vivienda para una madre y su hijo con discapacidad, el cual fue debidamente omitido por los grandes medios para proteger a Macri.
Pero tampoco cumple con algunas normativas que ya deberían ser cumplidas hace tiempo. Algunas, en complicidad con la Legislatura, como la postergación en la implementación del cupo laboral del 5 % para las personas con discapacidad. Y no lo establece solamente la reglamentación de una ley, sino un artículo de la Constitución de la Ciudad.
Durante su campaña electoral en el 2007, afirmaban que iban a ser la "nueva" política. Mentira. Los hechos lo desmienten. Son la vieja política. La de Martínez de Hoz. La de Menem y Cavallo. La de Duhalde y Ruckauf "meta bala". Y este año, afirmaban que iba a cumplir con todo aquello que no hizo en cuatro años de gestión, donde siempre le echó la culpa al otro y no importa quien sea: el Gobierno Nacional o la ley del mercado.
No debate y no cumple. Eso es PRO. Debatir y cumplir en el ejercicio del poder no lo es, aunque constituye una de las obligaciones de los gobernantes ante la ciudadanía. Parece que vale más un buen negocio para los militantes propios o para sus amigos que el beneficio de la comunidad.
Mientras tanto, se derrumba el derecho y el respeto por los valores democráticos. Y eso es lo grave que enfrenta Buenos Aires, en un incendio tan voraz que avanza a pasos agigantados mientras no aparecen los bomberos de la democracia...

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Argentina: La lucha por la tierra en Puerto Piray (Parte I). Charla con Raúl Gorriti

Sebastián Korol (REVISTA SUPERFICIE, especial para ARGENPRESS.info)

Decididas a luchar por la expropiación de tierras a la transnacional chilena Alto Paraná S.A. para el cultivo de alimentos, cerca de doscientas familias campesinas de Puerto Piray “Kilómetros” conformaron hace cinco años la organización Productores Independientes de Piray (PIP).

Es sábado, 8 de la mañana, día de reunión “por tema tierras”. Nos disponemos a visitarlos. El encuentro está previsto para las 9, en el salón de PIP. En la terminal de Eldorado nos espera alguien que acompaña a los colonos de Piray desde el inicio: el Ingeniero Agrónomo Raúl Gorriti, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).


Compartiremos con él un viaje de treinta minutos, que pasarán rápido, entre la charla y el mate. En el camino nos irá mostrando y explicando las gravísimas problemáticas locales derivadas de la presencia y accionar de la corporación forestal.

“Nosotros estamos trabajando junto a estas familias precisamente en donde estamos, en la colonia, en la zona rural del municipio de Puerto Piray”, comienza. Se trata de un proyecto relacionado al uso de las tierras que reclaman los vecinos. “Nuestro aporte se da en la producción de horticultura y fruticultura y todo lo que es animales de granja. Pero no podemos avanzar con la superficie que la gente tiene hoy. No podemos avanzar en un proyecto de agricultura familiar con menos de media hectárea, que es lo que tienen actualmente”.

Transitamos un dificultoso camino de tierra. Gorriti nos señala el fondo de los terrenos de las familias campesinas. Un ejército de árboles de color uniforme, delgados y altos marca la línea divisoria entre la empresa y los colonos.


“El momento es ahora”

En marzo de este año la empresa chilena cosechó los pinos de la zona Piray "Kilómetros", que tenían gran altura, e hizo tala rasa.

Expresa Raúl:

“Entonces los colonos, que venían reclamando esas tierras desde hacía cinco años, dicen ‘no vamos a esperar otra vez quince años, el momento es ahora’. Y es ahí cuando vinieron y como medida de acción directa bloquearon la entrada y salida de los camiones, en el límite, porque como ustedes ven, son 70 metros de fondo, donde cultivan frutas, verduras, tienen sus huertas, sus gallinas, sus chanchitos; efectivamente este pedacito de tierra no alcanza para sostener la agricultura familiar campesina”.

La policía no tardó en llegar. Hubo intimidaciones, amenazas de desalojo violento. Todo fue filmado por los vecinos.

Luego se abrió una mesa de diálogo, entre el gobierno provincial, el gobierno municipal, y los productores. El gobierno provincial propuso que se libere la salida de camiones y maquinarias de Alto Paraná, a condición de que la empresa no eche veneno ni plante pino. Ambas partes aceptaron.

“Finalmente la gente salió de estos lugares, pero la empresa echó veneno y plantó pino”.

Como nuevas muestras de la judicialización de la protesta social en Misiones, tras la medida de fuerza la justicia abrió causas por supuesta usurpación a dos campesinos y un técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.

La mesa de diálogo quedó en la nada. Alto Paraná se negó abiertamente a ceder tierras, y el gobierno provincial se quedó de brazos cruzados.

Por la tierra, para alimentos

El reclamo de los pobladores es que los pinos sean retirados mil metros al fondo, para que todas esas tierras se habiliten para el cultivo de alimentos.


Según el mapa productivo nacional, Piray Kilómetros es considerada como “zona forestal”. La definición impide la soberanía alimentaria de las comunidades locales.

“Estas doscientas familias están privadas de producir para las localidades cercanas como Montecarlo, Puerto Piray y Eldorado, en donde deben haber por lo menos 150 mil habitantes. En estos lugares, donde ahora hay herbicidas y pinos, se podría producir para el consumo de estas tres localidades”, observa Gorriti.

Comenta desde dónde esos municipios se abastecen de productos hortícolas: “Entran los camiones con zapallitos de Brasil, se van a Buenos Aires, vuelven, cuando todo se podría producir aquí. Acá (señala el fondo de las viviendas de los productores) hay aproximadamente mil hectáreas, que podrían llegar a producir frutas, verduras, carne. Y también se podrían recuperar los arroyos, porque hay plantaciones hasta los bordes de los arroyos, lo que está denunciado desde 2002. Hasta el intendente lo denunció oportunamente. Acá lo vemos, con mucha impotencia. Todas las posibilidades, pero todo paralizado por el pino”.

Arsenal

El uso indiscriminado de agrotóxicos en proximidades de la comunidad es otra preocupación entre los productores.

“El Ministerio de Ecología -en estas mesas de diálogo estaba un funcionario justamente del área que ellos dicen agroquímicos, -que nosotros decimos agrotóxicos-, dice que Alto Paraná no infringe ninguna Ley ambiental. Y claro, el glifosato está permitido por el Ministerio de Agricultura de la Nación, y desde ese punto de vista es razonable. Efectivamente no incumple con ninguna ley ambiental. El problema es ver cuáles son las leyes ambientales que tenemos. Siempre están a favor de las grandes empresas. Por eso, a nosotros nos parecen promisorios los fallos de San Jorge y La Leonesa, en el Chaco. Si esa jurisprudencia se hubiera aplicado acá no se habría echado veneno en ninguna parte, porque hasta el arroyo son mil metros. Lamentablemente todavía no es así”.

Acota Gorriti: “hay efectos de enfermedades crónicas, como cánceres y un sinnúmero de enfermedades que la gente padece; pero como es gente pobre no pueden demostrarlo, no tienen elementos ni los medios para ejercer esos derechos, para demandarlos en la justicia, porque tienen que ‘probar’ que fueron los agrotóxicos los que les enfermaron, lo que finalmente lleva a que la gente desista. Hay muchos casos de enfermedades. Son enfermedades crónicas que tampoco la medicina lo vincula al ambiente, sino que dice ‘bueno, la persona de repente se enfermó y vaya a saber porqué’.”

La mezcla de herbicidas utilizada por Alto Paraná en los pinales se conoce como “Arsenal”. Es una explosiva combinación de glifosato con otros tóxicos que elimina todo, excepto el pino.

En épocas de fumigación, llegan cuadrillas con cientos de hombres que en pocas horas riegan con venenos la tierra.

“Por esa razón, hubo que presentar un recurso de amparo para evitar que esto siguiera ocurriendo. Efectivamente con un recurso de amparo presentado por un municipio y un Juez que se ponga los pantalones se pararía esto. O sea, desde el punto de vista legal, de las leyes y la propiedad privada ‘no se puede coartar la libre empresa’, pero cuando hay decisión política sí se puede”.

Concentración

Oficialmente, la empresa Alto Paraná es propietaria de 230 mil hectáreas en Misiones. Pero a esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo, con lo que la firma supera las 280 mil hectáreas: el 10 por ciento de la superficie total de la provincia.

El municipio de Puerto Piray cuenta con 36 mil hectáreas. Allí, la empresa Alto Paraná posee 22.500 hectáreas, el 63 por ciento de la superficie.

Otros municipios fuertemente afectados por la concentración y extranjerización de tierras para el monocultivo de pino son: Puerto Libertad –donde la corporación es propietaria del 80 por ciento de la tierra-, Wanda, Esperanza, Colonia Delicia, Victoria, Montecarlo y Eldorado.


Expulsión y desempleo

Raúl Gorriti analiza que el modelo forestal expulsa definitivamente de la zona a cada vez más familias, por la imposibilidad de producir en las chacras, y de conseguir un trabajo en el pueblo.

Desde hace algunos años, Alto Paraná S.A. utiliza para la cosecha del pino una moderna máquina conocida como “procesadora”. Cada una de éstas reemplazó el trabajo de ochenta motosierristas, más los ayudantes que acarreaban la producción.

“Efectivamente, ésta es una empresa privada ‘eficiente’ en la producción de pasta de papel y madera para aserrío, y es lo que dicen constantemente los técnicos, y que generan puestos de trabajo. Pero lo que me parece que sería bueno poner en discusión es cuáles son las concepciones de desarrollo de las cuales estamos hablando. Según la empresa, y el sistema que los apoya, la concepción de desarrollo es la generación de riquezas. Sin preguntar: riquezas para quién ni riqueza costa de qué. Los vecinos denuncian constantemente que esa generación de riqueza queda en pocas manos, de empresas transnacionales, y a costa del desastre ambiental. Alto Paraná dice ‘damos trabajo’, pero en definitiva lo que estamos observando es que emplea cada vez menos mano de obra. Lo estamos viendo en Puerto Bosetti con el cierre del aserradero, el despido de los motosierristas justamente, que antes trabajaban y que ahora están siendo reemplazados por estas maquinarias, que desde el punto de vista capitalista son muy ‘eficientes’.”


Proyectos trabados

Cuenta Raúl que como técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, han presentado al Subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, un proyecto en relación al uso de las tierras que reclaman los vecinos. “El proyecto está orientado a la producción de horticultura y fruticultura y animales de granja. Pero no podemos avanzar con la superficie que la gente tiene actualmente. No podemos avanzar en un proyecto de agricultura familiar con menos de media hectárea, que es lo que tienen actualmente. Por eso nos parece pertinente y apoyamos el reclamo de la gente en relación a que se habiliten estas tierras, en actual uso forestal, para la agricultura familiar”.

La intención es abastecer primero a la comunidad local, pero también a los municipios de Montecarlo, Puerto Piray y Eldorado, que cuentan con aproximadamente 120 mil habitantes. "Por lo tanto, nos parece que contribuye al desarrollo local. En vez del actual modelo, que trae todos esos productos para consumo masivo del sur: Posadas, Mar del Plata, Mendoza, y otras zonas del país. Que eso, en vez de venir de otros lados se produzca acá, que genere trabajo, genuino, y acorde a la cultura que tienen los pobladores, que son campesinos. Ellos saben cómo hacerlo, nosotros lo que hacemos es tratar de apoyar desde el punto de vista técnico lo que la gente ya sabe. Pero llega un punto que es el techo, y es la necesidad de tierras. Y ese es el conflicto. En definitiva, es un conflicto que se plantea también a nivel provincial, que es, por un lado una provincia de base agraria con gente que vive en sus comunidades, que cría a sus hijo y nietos en sus comunidades, una provincia de base agraria con gente; y por otro lado, una provincia con un modelo foresto industrial en gran escala, turística y de desarrollo energético a partir de las represas”.

Son los dos modelos en pugna, que están actualmente en conflicto. "Nosotros, como trabajadores de la agricultura familiar, estamos claramente a favor de una provincia agraria, con miles de chacras, y gente que pueda criar sus hijos y ver criar sus nietos en este lugar; en vez de que queden en este lugar las poblaciones de mayores edades y los hijos tengan que migrar hacia los grandes centros urbanos. Eso es lo que no queremos porque vemos que la gente lo sufre. La gente sigue organizada, sabe que la pelea es muy dura, y que la lucha por la tierra es muy difícil. Pero siguen organizados y sumando fuerzas con otras organizaciones, que también están peleando por la tierra”.

Raúl avisa que estamos llegando. Estacionamos frente a un salón amplio con ladrillos a la vista. Un cartel blanco con letras rojas anuncia: PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE PIRAY. Aguardan afuera decenas de mujeres y algunos hombres. Sobre una larga mesa de madera se observan equipos de mate y platos con chipas “cuerito”. Está todo preparado para que comience la reunión.

Sebastián Korol es co-director de la REVISTA SUPERFICIE.

Imágenes: Nicolás Amadío

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La vacuna y el brujito

Ignacio Pizzo (APE)

“….todas las brujerías del brujito de Gulubú,
se curaron con la vacú, con la vacuna luna lunalú….”
(canción de la vacuna, María Elena Walsh).

Una nueva mutación que yo llamaría transposición de derechos emerge desde hace algún tiempo en nuestra Argentina, y se expresa fenotípicamente en una suerte de propaganda paradójica. El caso -Los médicos siempre hablamos de casos-, es el lanzamiento de la nueva vacuna contra el VPH (virus papiloma humano), que por resolución ministerial, presidencial o vaya a saber quién resuelve, ya es obligatoria en nuestro calendario nacional y las destinatarias son todas aquellas niñas a partir de los once años.

Esta vacuna que viene empuñando el reconfirmado ministro Manzur en una mano, y algunos dicen con la cruz del Opus Dei en la otra, ha tenido un anticipo publicitario con Araceli González promoviendo vacunarse contra el cáncer de cuello de útero. Si bien es cierto que hay asociación entre este tipo de cáncer y el virus papiloma humano, es una maniobra mediática que considero imprudente.

Cuando menciono el término transposición extraído de los libros de genética, no lo hago por el mero hecho de innovar en los argumentos, sino para acercarme a alguna certeza en estos tiempos de tanto desasosiego. Si entendemos el derecho como sometimiento al poder de una parte de la vida (Mate, 2006 : 147) y depositamos nuestra salud en una estado de derecho que se basa en la violencia como señala Raúl Zibechi, pareciera lógico que quien acarrea el poder político se toma la atribución de administrar cuál de los derechos acumulados va a largar primero y a quien beneficiará.

Poco sabemos acerca del cáncer de cuello de útero. Sabemos sí que es una de la pocas patologías oncológicas que se pueden prevenir y curar en etapas tempranas, y que la técnica demostrada para tal fin fue desarrollada por el Doctor George N. Papanicolaou en 1928 e implementada desde 1941, abreviada con el nombre PAP. Ahora bien, el interrogante que se desprende de este singular análisis, abre más dudas, más desacuerdos con la política sanitaria, por el simple hecho de que al preguntarnos si tenemos garantizada la accesibilidad a los servicios de salud para realizar un seguimiento a todas las mujeres de nuestro territorio, no hace falta ser muy lúcido para manifestar un “no” rotundo. Si seguimos abriendo el tándem de preguntas y descubrimos que adoptamos una medida importada de países considerados desarrollados, como aquel de las relaciones carnales y otro del viejo mundo conquistador, y a su vez no desconocemos que el laboratorio Merck es uno de los que investigó y comercializó la vacuna, agregamos el infaltable mercantilismo sanitario enquistado en el seno del poder gobernante.

La inmunización de nuestra población constituye uno de los pilares de la prevención; ha significado la erradicación de pestes mencionadas en los libros de historia como es el caso de la viruela, y la reducción a valores casi imperceptibles de patologías graves como la polio o el tétanos, gracias a la implementación de programas seriamente diseñados y pensados para nuestros habitantes. Cuando este tipo de cofradía del sanitarismo se desprestigia de tal manera, como ha venido ocurriendo primero con la vacuna de la Gripe A H1N1 y ahora con la del VPH, ambas de dudosa eficacia y con una cantidad demostrable de reacciones adversas, los efectores de salud somos terreno fértil para que se deposite en nosotros la falta de credibilidad. La confusa información, que infiero es para dar señales visibles de que se está trabajando en el ámbito de la salud a la vez que se establece cierta complicidad con la industria farmaceutica, hace que me tome el pretencioso atrevimiento de utilizar términos de Antonio Gramsci cuando habla de “revolución pasiva” haciendo alusión al hecho de meterse en el bolsillo a gran parte del pueblo otorgando algunas reivindicaciones mientras se mantiene el poder de dominación del estado. Mientras se publicita y se aplica esta nueva medida sanitaria, la pobreza -que no es una cultura- y el modelo hospitalario expulsivo siguen contribuyendo a que existan problemas de salud que están lejos de abandonar este mundo. Algunos pequeños cambios para que todo continúe del mismo modo.

El intento de resistir ciertas resoluciones no es por tozudez desenfrenada, sino para tratar de acompañarnos en la apertura de nuestros ojos y al menos cuestionar esta idea de arrear en forma intempestiva a nuestras niñas a ser cobayos latinoamericanos desposeídos de toda decisión, sino por el contrario fortalecer la idea de que son sujetos que deciden sobre su propia integridad y son protagonistas de su sagrada vida.

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Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Perdón… Nos equivocamos de dirección / Represión a trabajadores. Causa Ferreyra / Robo al country / Gatillo fácil en barrios y estadios. “Suicidios” en cárceles / Las luchas “que generan malhumor” y el gobierno “que no reprime” / Noticia... ¿Noticia?

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Perdón… Nos equivocamos de dirección
El jueves 3 de noviembre, al mediodía, agentes de la policía bonaerense ingresaron en la sede de una ONG del partido de San Fernando. Llegaron con carros de asalto, destrozaron con las culatas de sus armas y los borceguíes todo lo que encontraron a su paso y atacaron brutalmente, fracturándole un brazo, a la hija de la titular de la asociación.
Resulta que la policía de San Fernando estaba cumpliendo con una orden de allanamiento y se equivocaron de domicilio. Pidieron disculpas a los damnificados, pero este hecho muestra cómo se maneja cotidianamente la policía cuando realiza un allanamiento. En esta ocasión salió a la luz porque entraron a las patadas en una ONG por error, pero nunca se muestra como trata la policía a la gente cuando allanan un domicilio o hacen una razzia.
Este método no es novedad, es lo habitual, la policía lo sabe, la justicia lo sabe y los funcionarios de todos los gobiernos lo saben. Y lo saben porque es la orden, no un hecho aislado, la policía a los barrios no entra pidiendo permiso, entra a los garrotazos o a los tiros, para que la gente sepa quién manda, forma parte de lo que desde CORREPI caracterizamos como represión preventiva, para meter miedo y lograr que el pueblo no se organice.

Represión a trabajadores. Causa Ferreyra
El 1º de noviembre, una patota de la UOCRA atacó a varios trabajadores del SITRAIC que realizaban un piquete en un obrador, denunciando que todos los trabajadores estaban en negro. José Luis Guerra, una de las víctimas del ataque, fue apuñalado por los matones de Martínez. Al mando de éstos últimos estaba Cardozo, máximo dirigente de la UOCRA Lomas de Zamora, quien increpó a los trabajadores, amenazándolos con matarlos a todos, por denunciar a Gerardo Martínez. El SITRAIC, junto con la CORREPI, y otras organizaciones, denunciamos a Martínez por su participación en el Batallón de Inteligencia nº 601 durante la dictadura.
El 3 de noviembre, hubo una audiencia en la causa donde se investiga la responsabilidad de los policías en el asesinato de Mariano Ferreyra. Había sido convocada para resolver una chicana planteada por el abogado del comisario Lompizano, que buscaba que la causa tramite en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI, junto con APEL, lleva adelante las querellas de varias de las víctimas del ataque del 20 de octubre de 2010, en las que acusamos a los policías como partícipes necesarios en el homicidio calificado, lo que tiene una pena de perpetua.
Sin mucha sorpresa, nos enteramos que, como consecuencia de nuestras denuncias, los abogados del ministerio de Seguridad habían tenido que renunciar a defender a varios de los policías implicados. Como no podía ser de otra manera, fueron reemplazados por abogados poderosos estudios, y altos honorarios. Si bien la resolución de la chicana fue postergada para los próximos días, quedó claro que la finalidad buscada por la defensa es, en primer lugar, evitar que recaiga una condena a prisión perpetua y, en segundo lugar, dilatar lo más que se pueda el juicio oral.
Por otro lado, este 4 de noviembre por la madrugada, los trabajadores ferroviarios del Belgrano Norte fueron brutalmente reprimidos por la policía federal, mientras realizaban una medida de fuerza votada en asamblea, consistente en un corte de vías. Los trabajadores reclaman el pago de tickets adeudados y mal liquidados desde 2009. La orden de desalojo fue dada por el juez federal Bergesio y fue cumplida a rajatabla por el comisario a cargo del operativo. A los golpes con bastones, las balas de goma y los gases lacrimógenos, se sumó la persecución por las vías y zonas aledañas, con carros hidrantes y numerosos patrulleros. El resultado de este hecho represivo fueron varios trabajadores heridos, afecciones respiratorias producidas por los gases, y tres trabajadores detenidos.
Ese mismo día, los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires, fueron reprimidos por la seguridad de la legislatura porteña, que les impidió presenciar una sesión de comisiones, donde se iba a discutir la reforma del estatuto docente impulsada por el gobierno de la ciudad. Esa reforma es repudiada por todos los docentes. Sin embargo, a diferencia de situaciones, donde para debatir sobre el aborto, los legisladores permiten opinar a los más reaccionarios, o durante el conflicto con el campo, donde pudieron participar todas las patronales agrarias, en este caso, no se permite ingresar a los interesados directos, los trabajadores. Esto, por su parte, nos debe llevar a la reflexión sobre el engaño que suponen categorías como la de “ciudadano”. Está claro que no es lo mismo el “ciudadano” del Opus Dei, o de la Sociedad Rural, que el “ciudadano” trabajador que da clases en las escuelas públicas.

Robo al country
Como nunca falta en nuestros boletines, esta semana les contamos el caso de vigiladores, en este caso privados, del Country y Club de Campo Mayling, un barrio privado de Pilar, que robaron bienes que se suponía debían proteger. Fueron varios vecinos los que los denunciaron, "los vimos varias veces mirando por las ventanas de las casas" contaron los testigos, que, por temor a represalias, mantienen su anonimato. Entraban a las casas que sabían estaban sin gente y se llevaban televisiones, dvds, computadoras, etc.
Luego de que se le diera intervención a la comisaría 5ª de Pilar de la zona, uno de los compañeros de la empresa de seguridad RGA y Asociados, contó que lo querían involucrar en los próximos robos que tenían planeados. Lo extraño es que recién después de que detuvieran a sus camaradas habló, ¿Cuál seria la historia si no los hubiesen agarrado?
Mucho podemos acotar a este tipo de hechos, pero la extensión de la nota no nos lo permite. Nadie puede dejar de ver la ironía de que haya personas con mucha plata que pretenden armar barrios VIP para evitar tener que "sufrir presencias indeseables que ensucien sus veredas" y sus propios custodios sean quienes los roban.

Gatillo fácil en barrios y estadios. “Suicidios” en cárceles
El 30 de octubre, la policía rosarina asesinó a un hombre de 35 años luego de una supuesta persecución. Minutos más tarde, mientras los peritos tomaban rastros en el lugar y levantaban el cadáver, los familiares y vecinos del “sospechoso” apedrearon a un suboficial que resultó herido. El asesinato se produjo en el barrio Empalme Graneros, típico barrio obrero, metalúrgico, que tradicionalmente ha sufrido las inundaciones por los desbordes del arroyo Ludueña. Como siempre, los medios hicieron referencia a que las fuentes (es decir, la policía que lo asesinó, y que es quien informa a la prensa) decían que el muerto era un delincuente que se había tiroteado desde el lugar de acompañante de una motocicleta.
No faltaron los “perros” (armas plantadas) en la escena del crimen. Sólo así se puede entender la justa reacción popular ante hechos como el relatado. Por ese asesinato, y por la cotidiana prepotencia de la célebre policía brava santafesina.
En San Rafael, la policía mendocina reprimió salvajemente la desconcentración del clásico entre Huracán de San Rafael y Sportivo Pedal Club. El saldo, un herido de gravedad y 26 detenidos. La víctima herida, Hugo David Ramírez, recibió dos balazos de goma en la clavícula izquierda, a tan corta distancia, que le perforaron uno de sus pulmones, y tuvieron que suturarle una vena y una arteria. Según los médicos, "Le va a quedar un drenaje pleural para expulsar la poca sangre que le quedó en el tórax".
En Añatuya, Santiago del Estero, un preso que estaba detenido por una pelea familiar en la que había golpeado a su mujer y a su suegra, “tomó la trágica decisión de suicidarse”, cortándose las venas (o el cuello, dependiendo de “las fuentes”), a las pocas horas de haber sido llevado a la Alcaidía de la Unidad Regional III. Como no podía ser de otra manera, los guardiacárceles llegaron a auxiliarlo cuando ya no había nada que hacer para salvarlo, muriendo al llegar al hospital.
Como todas las semanas, con casos como éstos, no hacemos más que mostrar que la brutalidad policial no se debe a una particularidad geográfica, es constitutiva del aparato represivo estatal.

Las luchas “que generan malhumor” y el gobierno “que no reprime”
Hace un par de días, la presidenta de la Nación aprovechó un acto oficial para fustigar públicamente a un ex aliado. Fue durante un acto en el que se promocionó la compra de equipamiento para el hospital Churruca, el de la policía. Compraron un tomógrafo y un resonador magnético, y un nuevo sistema de seguridad, con cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo.
El enojo de la presidenta obedecía a que la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), que dirige el Momo Venegas, había cortado la autopista Ricchieri. En consecuencia, aprovechó las cámaras dispuestas para la video conferencia con el Churruca para pasarle la factura a su correligionario, que hoy sigue alineado con Duhalde, y, por lo tanto, está enfrentado al kirchnerismo.
La presidenta aprovechó para tirarle algunas flores, seguramente bien merecidas, como decirle “mamarracho” y acusarlo de que, apenas llegó la gendarmería, enrollaron las pancartas, y se fueron, en auto, a comer a una parrilla, seguramente no del tipo de bolichones donde nos reponemos nosotros después de una movilización.
Pero lo que es interesante para reflexionar son las otras cosas que dijo Cristina, en consonancia con la agenda represiva que viene marcando su gobierno, cosas mucho más dirigidas a los trabajadores organizados, y las organizaciones que apoyan sus reclamos, que a burócratas como Venegas, empresarios ellos mismos.
Dijo Cristina Fernández: “Esta clase de movilizaciones pretende desgastar políticamente al Gobierno porque la gente se malhumora”, como si la gente anduviera con un humor de maravillas, porque todo anda fenómeno, sin inflación, sin crisis de vivienda, con hospitales de lujo totalmente gratuitos y unas escuelas públicas impecables...
Entonces, para que la gente no “se malhumore”, propuso que “los que quieran protestar lo hagan en la vereda, o en una plaza” porque, dijo, “es un crimen obligar al desplazamiento de un centenar de gendarmes afectados a tareas específicas en el Cinturón Sur o en el Conurbano bonaerense para desalojar un corte”... claro, porque los necesita para que patrullen los barrios, metan gatillo y picana en las comisarías, cosa de aplicar bien a fondo el control social que dificulta la toma de conciencia y la organización.
Después, dijo que, cuando se corta una ruta, los trabajadores pretenden aprovecharse de un gobierno "que ha hecho política de la no represión de la protesta social..."
Lo grave no es que ella mienta, no creemos que nadie espere que diga la verdad, sino que haya algún desprevenido que caiga en la trampa de buena fe...
¿El gobierno que hizo una política de no reprimir la protesta?
Nada más claro que los números para salir de dudas. Desde que fue asesinado Víctor Choque, en 1995, en la represión a una movilización después del cierre de la fábrica Continental en Ushuaia, 64 compañeros cayeron bajo balas policiales, de la gendarmería o de las patotas paraoficiales en la represión a la protesta. Y de esos 64, ¡16! Los mató el gobierno de la que dice que ella y su marido no reprimieron...
Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007 y Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008.
En 2010, fueron nueve: Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados; los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.
Y en 2011, los 4 muertos en Libertador Gral. San Martín, en la represión a la toma de tierras del ingenio Ledesma.
Entonces, ¿de qué gobierno que no reprime nos habla la presidenta? ¿Del de los 16 muertos en la represión a la protesta? ¿Del que mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura? ¿Del que desaloja a los tiros y gases? ¿Del que militariza los barrios? ¿O del que tiene miles de procesados por luchar?
Por eso CORREPI lleva la cuenta, de los asesinados por el gatillo fácil y la tortura, y también de los caídos por luchar, en marchas y movilizaciones, para exponer la verdadera extensión y profundidad de la política represiva del estado.

Noticia... ¿Noticia?
Sin hecho atípico, sin lo nuevo, no hay noticia.
Para un desprevenido, la noticia es que van a investigar la compra de las pistolas Bersa Thunder 9.19 mm, reglamentarias de la Policía Federal que reemplazaron a las Browning 9mm.
Y que la investigación tiene como disparador el asesinato de Ariel Domínguez el pasado 20 de Julio en San Telmo a manos del policía federal Mendoza cuando se sumó a una persecución y en la corrida -según declaró- se le cayó el arma, golpeó contra el piso, se disparó y mató al muchacho que esperba el colectivo de regreso a su casa.
El cabo Mendoza ha sido procesado por homicidio culposo (o sea, un “accidente” con pena de hasta 5 años de prisión) y no por homicidio agravado por "abuso funcional policial" (perpetua).
La noticia es demostrar que, en un presunto acto de corrupción, se compraron armas en mal estado o no se proveyeron las cartucheras adecuadas, por lo que el arma suele caerse y dispararse en la corrida de quien la porta, con lo que se extiende, convenientemente, la persecución penal a los responsables de esas compras.
Ahora bien, en casos como el de la referencia -que se reproducen invariablemente y nuestro Archivo registra por centenares- esgrimen siempre la misma excusa: "involuntariamente se dispara el arma reglamentaria por el efecto de un golpe provocando la muerte de...".
El arma reglamentaria, en todos esos casos, era de otra partida y otra marca (Browning).
En todos los casos (con Browning o con Bersa Thunder), para que el arma se dispare es necesario que sus dos seguros estén desactivados.
Los propios instructores de tiro de la misma policía federal reconocen -desde tiempos compartidos entre una y otra marca- "que recomiendan a sus agentes iniciar la persecución con el arma lista para disparar" (del testimonio de un perito de la defensa del asesino del Kunky Mendez).
En todos los casos, sin excepción, las causas terminaron con el policía impune o con una pena insignificante.
La noticia para CORREPI es otra.
La noticia es que quieren ocultar una política sistémica de estado consistente en el disciplinamiento social en su modalidad de represión preventiva, tras la pantalla de la corrupción.
De ese modo, se licua la responsabilidad institucional, el hecho es el producto de un mix entre la fatalidad y un mal funcionario y los casos podrán repetirse utilizando siempre una generosa excusa absolutoria.
La noticia, es que no hay novedad.

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