lunes, 14 de noviembre de 2011

Obama, Sarkozy, Netanyahu: ¡a cuál más mentiroso!

Atilio A. Boron

Como era previsible, la prensa del imperio silenció rápidamente el incidente del impensado “micrófono abierto” que reveló las verdaderas opiniones de Nicolás Sarkozy y Barack Obama sobre el premier israelí, Benjamín Netanyahu. Según quedó registrado en la conversación sostenida entre ambos mandatarios el francés le dijo a Obama: "No lo puedo ver más. Es un mentiroso". Lejos de manifestar su desacuerdo, el ocupante de la Casa Blanca convalidó las palabras de Sarkozy diciendo que: “Tú estás harto de él, pero yo tengo que tratarlo todavía con más frecuencia que vos... ¡todos los días!".

El incidente es interesante por varias razones. Primero, porque demuestra inapelablemente el talante moral de dos de los más importantes líderes políticos de Occidente. Lo menos que podría decirse de ellos al conocerse ese diálogo es que son hipócritas, cínicos e inescrupulosos en el manejo de los asuntos públicos y, en consecuencia, es dable pensar que esa deshonestidad e inescrupulosidad debe también presidir sus actos cuando, por ejemplo, declaran guerras o bombardean poblaciones civiles indefensas como ocurriera hasta hace pocas semanas en Libia. Lo que ambos dijeron sobre el premier israelí, “mentiroso”, se les aplica como anillo al dedo a ambos mandatarios. Dos de las más importantes “democracias” del mundo -en realidad, sórdidas “plutocracias” en donde las grandes fortunas y las megacorporaciones son las que detentan el poder real en sus manos- tienen en su puesto de mando a dos individuos que hicieron y hacen de la mentira uno de sus instrumentos predilectos de dominio. ¿O no se deshicieron por años en elogios a Netanyahu? ¿No se respaldaron incondicionalmente las iniciativas del “mentiroso” israelí? ¿Cómo explicar lo inexplicable, el apoyo financiero, militar y politico a un insoportable mentiroso?

Segundo, Obama confesó que tiene que soportarlo a diario. Lo que no dijo es un secreto a voces: lo soporta a diario porque el lobby israelí en Estados Unidos tiene comprada, o alquilada, a la mayor parte de la dirigencia política del imperio, corrompida como está hasta la médula y a buena parte de los emporios mediáticos. Así de simple. Obama tiene que aguantar las presiones del “mentiroso” porque su carrera política ha sido, y sigue siendo, dependiente de poderosos lobbies corporativos y de varios países, entre los cuáles el más potente es el de Israel. Lo mismo vale para sus aliados en el Congreso, sean del partido que sean. Por lo tanto, cuando Obama habla no puede decir la verdad. Sus constantes apelaciones morales, propias de un predicador de baratos sermones dominicales, son un taparrabos de lo indecible: la completa supeditación de la magistratura más importante del mundo a las conveniencias e intereses de quienes pagan para ser servidos. Pagan para hacer posible su carrera política y luego cobran con creces por sus aportes en las costosas campañas políticas del imperio. De ahí que un insoportable mentiroso como Netanyahu concite la permanente solidaridad de quienquiera que ocupe la Casa Blanca.

Por último, Estados Unidos anunció pocos días antes de la indiscreta conversación entre Obama y Sarkozy que el próximo año las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes realizarían los mayores ejercicios conjuntos de toda su historia. Cualesquiera hayan sido las razones esgrimidas para justificar tamaño esfuerzo el pútrido olor a la mentira se cuela por cada una de las palabras del comunicado oficial. ¿Cómo va a justificar ahora Obama esa iniciativa? ¿Cómo seguir tan promiscuamente asociado con un mentiroso como Netanyahu, no por azar el único que lo acompañó en la votación de la Asamblea General en donde 186 países repudiaron el bloqueo a Cuba y derrotaron por enésima vez la postura de Washington? Síntomas estos de una insanable descomposición moral y de una alocada carrera encaminada a inventar renovadas y cada vez más peligrosas mentiras: que Sadam tenía armas de destrucción masiva, que Gadafi bombardeaba con su fuerza aérea a civiles inocentes en Bengazi, que Irán está a punto de contar con un artefacto nuclear, que Venezuela y Cuba amparan al terrorismo, que Evo hace lo propio con el narcotráfico, etcétera. Calumnias y montajes necesarios para mantener un sistema ya condenado por la historia. Y para conjurar ese instante final los mentirosos de todos los pelajes no vacilan en cerrar filas. El espectáculo es bochornoso y repugnante, porque cada uno sabe que el otro, más allá de la nobleza de su investidura como gobernantes, es un mentiroso. Y ahora lo dijeron públicamente, gracias a un “error técnico” de la conferencia conjunta que pronunciaran Sarkozy y Obama. No sorprende que a las pocas horas la noticia había dejado de ser noticia para los grandes medios del imperio. Nos tocará a nosotros recordarla día a día.

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Islandia: Un resumen de tres años de crisis

Miguel Giribets (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis de Islandia aporta muchos elementos de reflexión. Vamos a hacer un breve resumen de lo sucedido en estos tres últimos años.

A) El capitalismo sólo crece como economía especulativa

Antes del estallido de la crisis de 2008, Islandia era la demostración de que el capitalismo es el paraíso en la tierra, un ejemplo de las maravillas del neoliberalismo que todo el mundo debería imitar. Aunque no faltaba el toque étnico cuando se decía que los motivos del éxito de Islandia se debían a sus “raíces vikingas”: "los islandeses controlan mejor el riesgo por su pasado vikingo". Al mismo tiempo, Islandia era el “Wall Street del Ártico” y el “Tigre Nórdico” de la economía mundial. El gran economista Rodrigo Rato, cuando dirigía el FMI, se deshacía en elogios sobre lo bien que se estaban haciendo las cosas en aquel país.

En 2008 Islandia era la sexta nación más rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y uno de los países más ricos del mundo en ingresos per cápita. Su PIB por habitante era un 50% superior al de los EEUU. Un informe de la ONU de este año señalaba que Islandia era el mejor lugar del mundo para vivir; dos años antes, otro informe internacional sentenciaba que los islandeses eran las personas más felices del mundo.

En 2007 se vendieron en Islandia más coches Mercedes de lujo que en toda Suecia. Islandia era el segundo país del mundo comprador de la marca de lujo Bang & Olufsen, después de Rusia. “Los restaurantes elegantes de Reikjavik dejaban a los de Londres como mediocres cantinas. Los artículos de lujo inundaban los negocios y enormes 4x4 obstruían las calles” (1)

Islandia vivía en el mejor de los mundos posibles de la mano de la especulación financiera de sus bancos más importantes: Kaupthing, Landsbanki y Glitnir. La banca se había privatizado y desregularizado en 2003; el Kaupthing operaba en 13 países y era el séptimo banco de los países nórdicos. La bolsa multiplicó su valor por 9 de 2003 a 2007.

También se habían privatizado muchas empresas públicas, entre las que destacaremos la industria de la pesca en los años 80. De estas privatizaciones salieron algunas de las mayores fortunas del país.

Islandia era también una maravilla del neoliberalismo desde el punto de vista fiscal. Los impuestos del capital eran del 10%, mientras que los del trabajo eran del 36%; el impuesto de sociedades era del 18% y se preveía una bajada al 15%.

B) El capital especulativo nos lleva a una crisis sin retorno

La cosa cambia en 2008. A comienzos de año, el fondo de inversión Gnúpur hace saber que tiene que refinanciar su deuda y FL Group comienza a vender sus activos para aumentar su liquidez. En abril, las posibilidades de quiebra del mayor banco, el Kaupthing, eran 7 veces mayores que la media de los bancos europeos. La corona islandesa ya conoce una fuerte devaluación del 25% en el primer cuatrimestre de este año, la bolsa está cayendo un 40% desde el verano anterior, la inflación está en el 6,8%, los tipos de interés han llegado al 15,5% y el consumo cae en picado. La economía islandesa se estaba resintiendo de las limitaciones de crédito que comenzaban a aflorar a nivel mundial. “La corona islandesa cayó bruscamente en sentido contrario al valor de las deudas de los bancos, que aumentaron; la perennidad de los créditos expresados en monedas extranjeras se convirtió pronto en un problema “público”; el mercado de acciones se derrumbó y las quiebras se multiplicaron. El Danske Bank de Copenhague describió entonces a Islandia como una “economía géiser” a punto de explotar” (1). No obstante, aún en julio de 2008 los expertos del FMI dicen que la situación de la economía islandesa es “excelente”.

Y. efectivamente, a finales de 2008 la economía islandesa explotó. La quiebra de Lehman Brother y el cierre del crédito ahogan a los bancos de Islandia: Landsbanki, el principal banco del país, es nacionalizado; a continuación se nacionaliza el Kaupthing el Glitnir, los otros dos bancos más importantes. En este momento la deuda de la banca islandesa es varias veces el PIB del país; los bonos de los bancos llegaron a multiplicar por 12 el PIB, acumulando una deuda de 61.000 millones de dólares, una cifra inasumible para una población de 300.000 personas. La bolsa se hunde un 76% y la moneda se devalúa un 70% respecto al euro. Islandia está en bancarrota, con unas necesidades financieras inmediatas entre 15.000 y 20.000 millones de euros. “La caída de los establecimientos bancarios islandeses se produjo dos semanas después de la caída de Lehman Brothers. El 29 de septiembre de 2008, el Glitnir solicitó ayuda al gobernador del Banco Central, Oddsson. Pretendiendo tranquilizarlo, éste ordenó a su institución comprar el 75% de las acciones de Glitnir, lo cual tuvo como único efecto agravar la inquietud. La nota del país se vino abajo, mientras al Landsbanki y al Kaupthing les retiraron sus líneas de crédito. Los retiros masivos comenzaron en las filiales de Icesave [banco creado por el Landsbanki] en el extranjero. “ (1)

El FMI concede a Islandia un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de varios países nórdicos. La contrapartida es la que todos sabemos: subida del IRPF y del IVA, nuevos impuestos, bajada de salarios y recorte de beneficios sociales (el hospital de Rejkiavik ha reducido su presupuesto un 25% en estos tres años). Los tipos de interés, por indicación del FMI, llegan al 18% en octubre.

C) La movilización del pueblo es el único freno a las políticas del capital

Semana a semana, cada sábado la población islandesa se va movilizando contra el gobierno. “Entre octubre de 2008 y enero de 2009, los sábados después de almorzar, en medio del frío, miles de personas de todas las edades se agruparon en la plaza principal de Reikjavik. Los manifestantes se tomaron del brazo para formar una cadena humana en torno al Parlamento y tapizaron el edificio con frutas y yogures exigiendo la renuncia del gobierno” (1) “La cacerola también ha llegado a Islandia. Cocinada a golpes de un descontento popular, con pocas especias, sin banderas ni partidos, la protesta que quita el hambre pero no alimenta. Se sostiene sobre el fuego lento del desempleo y la ejecución hipotecaria. Si el cacerolazo argentino se gestaba cantando, los islandeses han elegido aullar desde las cocinas de las casas que pierden. Los huevos, lechugas y barras de pan que los políticos esquivan, protegidos tras carreras y paraguas, en su ceremonial camino desde el Parlamento a la catedral de Reykjavik aceleran el vaciado de las despensas.” (2)

En varios momentos se producen enfrentamientos con la policía. Se toma al asalto una comisaría para liberar a manifestantes detenidos; el 5 de diciembre el Banco Central es ocupado por los manifestantes. El 23 de enero de 2009 consiguen que el gobierno convoque elecciones anticipadas; pero ésto sólo incita a la población a salir con más fuerza a la calle: las caceroladas son generales y el primer ministro y todo su gobierno han de dimitir. El primer ministro dimisionario es recibido por los manifestantes con bolas de nieve y una lluvia de huevos. Días antes, los manifestantes habían “bombardeado” el Parlamento con papel de wáter y zapatos; la policía tuvo que esmerarse para evitar que la gente asaltara el edificio.

Las elecciones tienen lugar el 25 de abril y son ganadas por una alianza de izquierdas formada por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde.

El año 2009 acabará con una caída del PIB del 7% y el desempleo estaba en torno al 10%, cuando antes era inexistente. En 2010 el crecimiento fue cero. El endeudamiento público ha pasado del 10% al 100% del PIB. La deuda total de Islandia es del 280% del PIB.

Se plantea el problema de la deuda con los inversores británicos y holandeses. Atraídos por altos intereses, unos 200 organismos oficiales (ayuntamientos, etc.) y miles de inversores de estos dos países habían adquirido hasta 3.700 millones de euros en bonos y deuda de los bancos islandeses. En diciembre de 2009 el Parlamento acuerda que se pagarán en 15 años al 5,5%. La cifra representa el 75% del presupuesto anual del país.

Pero los islandeses entienden que ellos no tienen que pagar la deuda en que han incurrido los bancos. De nuevo se producen movilizaciones en la calle y en enero de 2010 el presidente se niega a firmar el acuerdo del Parlamento después de que el 25% del electorado haya firmado un documento en que se oponen a pagar esa deuda; en consecuencia, el tema de la deuda con Gran Bretaña y Holanda se tendrá que resolver en referéndum en marzo.

El 98% de los votantes dice que NO hay que pagar la deuda de los especuladores bancarios. En respuesta, el FMI congela las entregas de dinero del préstamo pactado el año anterior. Gran Bretaña y Holanda amenazan con bloquear el ingreso de Islandia en la UE. En abril Moody’s califica a los bonos islandeses a un paso del bono basura.

Otro método de presión ha sido que en diciembre de 2008, como el gobierno no hacía frente a sus deudas internacionales, Gran Bretaña aplicó a Islandia la ley antiterrorista. “Y eso significaba que los ingleses declaraban a Islandia como terrorista, igual que a Al Qaeda. De modo que no podíamos acceder al dinero. Vendíamos nuestro pescado y nuestro aluminio en el exterior, pero no podíamos recaudar los pagos del exterior e ingresarlos al país, porque el dinero pasa por la City, el centro financiero de Londres, y como éramos terroristas, el dinero era detenido allí, de modo que los islandeses no podían ni ingresar su dinero ni comprar nada en el exterior. Nadie quería hacer negocios con “terroristas”. La situación era tal que empresas islandesas que habían hecho negocios con empresas europeas durante más de 50 años eran incapaces de obtener ningún suministro de Europa.” (3)

Presionado por la calle, el gobierno comienza en 2010 una investigación criminal contra los especuladores: en junio se cursan órdenes de detención con varios ejecutivos bancarios que estaban viviendo en el extranjero. Un informe parlamentario describe cómo los antiguos directores se adjudicaban préstamos fraudulentamente (1.600 millones de euros el Glitnir), y cómo los auditores de Price Waterhouse habían encubierto todos los fraudes bancarios. Además, 10 de los 63 parlamentarios tenían préstamos por unos 10 millones de euros cada uno. En Islandia llegan a ser detenidos 4 directivos que estaban viviendo en Luxemburgo y pueden ser condenados a 10 años. En total, se puede decir que tan sólo unos 20 banqueros, políticos y empresarios han destrozado la economía de los islandeses.

La Interpol recibe la orden de arresto contra el expresidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson, que es detenido en mayo. Tenía su residencia en Londres, en una mansión de 12 millones de euros. Este personaje está acusado de malversación de fondos, falsificación de documentos y violación de la ley sobre transacción de acciones.

En septiembre 2010, el Parlamento decide llevar a los tribunales al antiguo primer ministro Geir H. Haarde, por negligencia en su mandato. El juicio ha comenzado en junio pasado.

En octubre 2010 la situación está lejos de solucionarse: cada día alguien quema su casa para que el banco no se la quede; 46.000 familias tienen problemas para llegar a final de mes; 13.000 casa han sido embargadas por los bancos; 6.000 islandeses han emigrado por motivos económicos desde enero de 2009. Y de nuevo arrecian las movilizaciones: la policía no puede contener a los manifestantes, que rodean al Parlamento haciendo sonar tambores de metal y cacerolas. “Miro a mi alrededor y mis amigos, mi familia, lo han perdido todo. Todo. Yo estoy aquí para demostrar que si nos lo quitan todo, podemos empezar de cero otra vez. Miro a mi alrededor y no soporto lo que veo. Es injusto. Salvan a los bancos y dejan que la gente se hunda” (2)

No obstante, aparece alguna señal de recuperación: la economía crece un 1,2% en el tercer trimestre de 2010 respecto al trimestre anterior. Es el primer crecimiento en dos años. Para 2011 la previsión de crecimiento es del 3%. En cualquier caso, en 2011 el PIB había caído un 15% respecto a 2008.

En diciembre de 2010 se produce un nuevo acuerdo parlamentario sobre la deuda con Gran Bretaña y Holanda: a partir de 2016 se comenzará a pagar y se terminará en 2046. El gobierno está de acuerdo en el pago de la deuda. Pero el tema se somete de nuevo a referéndum en abril y la gente vuelve a votar NO al pago de la deuda por un 60%.

En junio 2011, Landsbankinn acuerda reducir la deuda de los particulares, lo que afectará a unas 70.000 personas. Se contemplan varias opciones: reembolso del 20% de los intereses pagados de 2008 a 2011; reducción de la deuda de la vivienda, pasando a calcularse la hipoteca sobre precios de mercado; reducción de otras deudas, cuando se considere que están por encima de las capacidades de pago del deudor.

D) Cambiar el gobierno no es la solución

Otro elemento interesante –pero que ha tenido efectos muy limitados- ha sido el intento de elaborar una nueva Constitución a partir de 2010. Los redactores han sido 25 ciudadanos sin filiación política, elegidos entre 522 candidatos. Se han llevado a cabo formas de democracia directa, en las que asambleas populares discutían y proponían el articulado de la nueva Constitución.

En julio de 2011 la propuesta constitucional ha entrado en el Parlamento. A partir de ahí, ha ido perdiendo sus aspectos más progresistas, pero, no obstante, hay que resaltar que la nueva Constitución prevé que el 2% de la población puede pedir que se debate un tema en el Parlamento, que el 10% de la población puede hacer propuestas legislativas, se garantizan derechos de la naturaleza y de propiedad colectiva sobre los medios naturales -inspirado en los cambios constitucionales de Bolivia y Ecuador-, que se puede votar a personas de una lista en lugar de toda la lista y que queda abolido el servicio militar obligatorio. El nuevo redactado no entra en los temas de democracia directa o en el control y nacionalización del mundo financiero y económico.

Y así está Islandia: entre la certeza de que las cosas no pueden seguir como están y el problema de cómo avanzar en alternativas que permitan que los islandeses tomen las riendas de su destino. Como señala Gunnar Skuli Armannsson, activista de ATTAC Islandia: “Tanto los socialdemócratas como la Izquierda Verde estuvieron prometiendo cosas muy buenas a la gente en la campaña electoral. Pero han roto todas sus promesas. De modo que los islandeses hemos aprendido, igual que los irlandeses, igual que los griegos y los españoles, que cambiar el Gobierno no es la solución.” (3)

Notas:
1- CUANDO EL PUEBLO ISLANDÉS VOTA CONTRA LOS BANQUEROS-REBELION, ESPAÑA 270511 Robert Wade y Silla Sigurgeirsdóttir -www.eldiplo.org
2- LAS CACEROLADAS CONTRA BANCOS Y POLÍTICOS RESUENAN-REBELION, ESPAÑA 181010 Alberto Arce –Diagonal
3- “LOS BANCOS Y ACREEDORES SEGUIRÁN SU AVANCE: LA ÚNICA SALIDA ES PARARLOS” -REBELION, ESPAÑA 041111 Patricia Rivas - Entrevista a Gunnar Skuli Armannsson, activista de ATTAC Islandia

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Colombia: La guerrilla también llora sus muertos y reclama sus prisioneros

Carlos Medina Gallego

A propósito de la muerte de Alfonso Cano.

Con la muerte de Alfonso Cano, se llega a la desoladora conclusión de cómo no sólo nos hemos acostumbrado a la tragedia de la violencia, la guerra y la muerte sino que hemos llegado a extremos increíbles de brutalidad y desprecio por los sentimientos tradicionales de la humanidad. Hay tratados enteros sobre los usos y costumbres de la guerra que establecen las dignidades humanas en el marco de la tragedia que ella representa, en relación con los muertos, los prisioneros, los heridos y la población civil, en países y zonas en conflicto armado. Pero eso parece haberse perdido, ya no se reconoce la grandeza del adversario y se construye la victoria sobre el envilecimiento del enemigo. No tiene gran valor reconocerse vencedor frente a un adversario al que lo hemos desprovisto de todo mérito.

No tengo la menor duda que Guillermo León Sáenz Vargas es uno de los muchos colombianos que, desde las motivaciones de sus inconformidades y rebeldías juveniles, en el estudio juicioso y el conocimiento detallado de la realidad y la historia de su país abrazaron ideas políticas altruistas, se formaron como revolucionarios y se comprometieron en la lucha por transformar las causas estructurales de nuestros conflictos.

No veo en Cano, ni un delincuente, ni un terrorista, ni un criminal de ninguna naturaleza, veo un hombre comprometido con su país, envuelto en las encrucijadas de la guerra, obligado por las circunstancias y propias convicciones a asumir responsabilidades mayores de un conflicto que se pudo resolver con una reforma agraria y un programa nacional agrario democrático, el cual ya cumple casi un siglo de vida. No veo en la historia de vida de Cano ni el bandido, ni el narcoterrorista, ni el intransigente como se quiere presentar, ni siquiera percibo en él un hombre de armas a la manera de Jorge Briceño, lo que noto es un hombre de ideas y de compromisos políticos, buscando colocarse de manera favorable frente a una lógica perversa que piensa que un proceso de paz se da según la situación de la correlación de fuerzas en el campo militar, lo cual no hace más que alimentar la confrontación. Creo que la reactivación de las FARC obedece a querer afrontar la lógica del gobierno de llevar a una guerrilla derrotada a la mesa de negociación y eso no va a ocurrir.

Un ejército se llena de gloria solo cuando reconoce la grandeza de su enemigo y le da el tratamiento que corresponde a sus dignidades militares, ¿qué héroes pueden ser quienes ejecutan a un bandido?… En eso las FARC, que son mucho menos formados en las tradiciones, usos y costumbres de la guerra, al momento de entregar los restos del Coronel Julián Ernesto Guevara, le rindieron homenaje militar y lo despidieron como Héroe de la Patria, eso es respeto por el enemigo, por su valor y por su grandeza.

No puede seguir siendo cierto que se reconozca el conflicto armado para concederle los derechos sólo a las fuerzas institucionales, desconociendo las condiciones del enemigo, sus derechos y, que ahora, se quiera sostener con una historia de connivencia criminal con el paramilitarismo de centenares de miembros de las fuerzas militares, de policías investigados y condenados por operaciones criminales el fuero militar, el cual ha sido utilizado a través de la historia, no para salvaguardar la dignidad de la institución, sino, para dejar en la impunidad los crímenes que se cometen.

Alfonso Cano es a la FARC lo que el General Alejandro Navas es a la Fuerzas Militares, si este hubiese muerto en manos de la FARC, seguramente sus comandantes tendrían para él el máximo de sus reconocimientos como enemigo digno. Pero el general Navas que sabe de la guerra, también debe saber lo que significa conducir un ejército en una guerra degrada y perder todos los días hombres y oficiales. La guerrilla también llora sus muertos que son tan campesinos como los miembros de las fuerzas militares, carga sus mutilados y da razón a sus familias.

La FARC tiene muchos prisioneros, pero de todos ellos tres son los que reclamaría con mayor énfasis la organización, los que el gobierno nacional entregó como bandidos a tribunales norteamericanos. Las FARC tienen 22 prisioneros del gobierno, uno de ellos cumplió 15 años en manos de la organización. Abandonados a su suerte y en medio del fragor de los combates que son cada vez más intensos, dada la dinámica de estas acciones de las fuerzas oficiales centradas en bombardeos, ametrallamientos y desembarcos operativos. Me gustaría saber en cuánto pondera el gobierno el valor de sus prisioneros, de sus hombres, de sus héroes…, porque hace poco en uno de los conflictos más largos de la Historia de la Humanidad, el Estado Israelí concedió por uno solo de sus prisioneros la libertad de algo más de mil palestinos.

La figura de la Llave de la Paz no la tiene el presidente Santos, él tiene por ahora la Cerradura de la Guerra combatiendo con la misma intransigencia a los “intransigentes” que critica. Comparto con algunos amigos la idea que si hay alguien que tenga la Llave de las paz de este país son las FARC y el ELN; es cuando ellos decidan definitivamente abandonar la guerra en un proceso de negociación discreta, donde la victoria no sea de uno o de los otros sino de la nación colombiana y de su esperanza de futuro que la paz será posible.

Ha muerto Cano, la estrategia ha funcionado y lo ha hecho también que dejó gravemente herido el proceso de paz y taponado el camino de la solución política negociada. Quienes hemos estado empujando desde la sociedad civil la salida negociada al conflicto armado, con igual obstinación si se quiere, nos sentimos profundamente tristes, no por la muerte de Cano que desde luego nos consterna, sino por el futuro de esta Colombia que amamos y está en manos de quienes consideran que los problemas se arreglan por la vía de la guerra, no en los escenarios de una democracia que se profundiza en el bienestar de la población y en su convivencia solidaria.

Los analistas especulan sobre quien será el sucesor, las FARC ya saben quién es… pero independientemente de uno o de otro, si las cosas no se modifican, si las actitudes de las partes no cambian, el sucesor será la guerra. No hay que esperar que la correlación de fuerzas sea favorable para avanzar en el camino de la solución política, lo que hay que buscar es el equilibrio dinámico de opiniones que hagan coincidir en propósitos muy claros la voluntad de las partes en un proceso de paz sin vencedores.

Coletilla: Esta generación de niños indignados que está marchando por las calles no se pueden seguir educando en la intransigencia de sus gobernantes y encontrar como única salida la violencia. El presidente Santos, que critica con tanto fervor la intransigencia, debe retirar la propuesta de reforma a la Ley 30 y dejar que la comunidad universitaria, el gobierno nacional y la sociedad colombiana se abra a un gran debate nacional sobre un proyecto construido social y políticamente por todos y para el bienestar de la nación.

Carlos Medina Gallego es Docente – Investigador de la Universidad Nacional de Colombia.

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Colombia: ¡Siglos de descabezamientos¡

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

En 1782 descuartizaron a los dirigentes José Antonio Galán, y a sus compañeros de lucha Manuel Ortiz, Isidro Molina y Lorenzo Alcantúz, para descabezar la Rebelión de los Comuneros colombianos.

En Junio de 1830 el general Obando, brazo armado del Santanderismo colombiano, manda asesinar en las montañas de Berruecos al Mariscal Antonio José Sucre para descabezar el movimiento Bolivariano y subir a F.P Santander en la presidencia de Colombia y poder descuartizar el proyecto anfictiónico de Bolívar de la Gran Colombia.

En 1914 los ganadores de la guerra de los mil días mandan asesinar de dos hachazos en la cabeza al general Uribe-Uribe, para descabezar el movimiento Radical y porque él había dicho en un discurso público que el partido Liberal “debía beber en las fuentes del Socialismo”.

En 1928 el general Cortés Vargas da orden de disparar las ametralladoras contra los trabajadores de la zona bananera de Santa Marta y mata más de 3 mil trabajadores con sus familiares, para descabezar el movimiento huelguístico popular contra la United Fruit Norteamericana, y pocos días después, el mismo ejército colombiano descabeza en Barrancabermeja a los 16 dirigentes de la huelga de los petroleros contra la Texas Petroleum Company

El 9 de abril de 1948, es descabezado con la ayuda directa de la CIA norteamericana el movimiento gaitanista UNIR (unión de izquierda revolucionaria) con el asesinato de su dirigente Jorge Eliecer Gaitán.

En 1957 es asesinado el guerrillero desmovilizado Guadalupe Salcedo para descabezar la resistencia gaitanista de los Llanos Orientales, y en 1961 es envenenado en Cúcuta el guerrillero desmovilizado Rafael Rangel Gómez para descabezar el Movimiento revolucionario gaitanista de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

En febrero de 1966 muere en un combate desigual el sacerdote Camilo Torres Restrepo, su cadáver es secuestrado eternamente por el ejército colombiano y queda descabezado el Frente Unido del pueblo colombiano.

En 1983 desaparece Jaime Bateman en una avioneta a la que le habían alterado sus instrumentos de navegación y queda descabezado el movimiento guerrillero nacionalista M19, y en 1990 es asesinado el desmovilizado Carlos Pizarro quien se había reclamado como su sucesor.

A partir de 1985 hasta la muerte del senador Manuel Cepeda en 1994 en que queda descabezada definitivamente la UP (unión patriótica), son asesinados cinco mil cuadros políticos legales incluido sus dos candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

En 2008 la prensa colombiana anuncia que con la muerte de sus comandantes, el fundador Manuel Marulanda y Raúl Reyes, ha sido finalmente descabezada la organización guerrilla de las FARC. En 2010 vuelven a asegurar su descabezamiento con la muerte del su comandante Mono Jojoy. ¡Es el fin del Fin! gritaron extasiados sobre su cadáver, pero nuevamente el 4 de noviembre 2011, cuando cae el comandante de las FARC Alfonso Cano en un combate desigual contra 600 hombres de un comando especial aerotransportado y satelital de la CIA y el ejercito colombiano, la Oligarquía Cipaya colombiana tiene que salir una vez más a anunciar el descabezamiento definitivo y el Fin de la Resistencia y Rebeldía populares, poniendo como ejemplo a seguir para el futuro : O el cadáver del comandante caído, o al vivo de Gustavo Petro quien cambió las botas pantaneras por lo votos del pantano podrido del uribo-santísimo.

Dentro de unos años cuando la Resistencia Popular de siglos persista, y si no te han descabezado, ¿quién se acordará de ti, Petro?

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Potente, prepotente e impotente

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno macrista trata de ensayar alguna respuesta frente a tres problemáticas que debe enfrentar en el futuro inmediato, a poco menos de un mes de su reasunción. Una de ellas, es harto conocida, el conflicto por la reforma del Estatuto del Docente; otra, las consecuencias de un derrumbe evitable y la que está por venir, con la movilización prevista para el 23 de noviembre, de los trabajadores de la salud.

Son tres cuestiones en las cuales se revela el carácter potente, prepotente e impotente, tanto de Mauricio Macri y su equipo como de los sectores afectados y la ciudadanía porteña. El libro "Potentes, prepotentes e impotentes" de Quino, el creador de Mafalda, podría reflejar en imágenes lo que hoy ocurre. Su vigencia es indudable. Potencia, para la dominación y para la lucha; prepotencia, para buscar la sumisión y para enfrentar la intolerancia, y la impotencia, para advertir los caminos llenos de espinas en el ejercicio del poder y para sobreponerse a la inercia en la cual nos encontramos para impedir que las dos primeras sigan destruyendo la Reina del Plata.
Resulta potente, el mensaje gentilmente difundido por los multimedios acerca de la pretendida búsqueda de soluciones, por parte del macrismo, cuando la realidad lo desmiente: la lucha docente, de los vecinos de Bartolomé Mitre y de los trabajadores de la salud que, alguna vez, fuesen definidos como "terroristas sanitarios" por Ginés González García, el ministro de la no salud ligado al Banco Mundial, echa luz sobre las falacias y mentiras de una gestión que solamente busca cubrir las apariencias. Al igual que Piñera, su mejor profesor, ahora buscan la distensión mientras siguen urdiendo la forma de obtener los resultados deseados: la dominación absoluta y sin límites, sin ley, justicia o Constitución que se le oponga.
De igual modo, los docentes, los vecinos del edificio derrumbado, médicos y enfermeros de la Ciudad vienen elevando su voz para denunciar el cinismo con el cual Macri y sus ministros intentan encontrar una salida de acuerdo a los intereses que representan.
Prepotente es el adjetivo necesario para una acción y un discurso para la dominación, en el caso de docentes, médicos y enfermeros; para salvar los buenos negocios de la construcción a mansalva, cuyos cimientos sólo saben de ese dinero en detrimento de los derechos de las y los vecinos, y para demostrar fuerza ante estas problemáticas. Y todavía queda el traspaso del subte...
Pero la prepotencia es el mecanismo de defensa para la docencia, los vecinos que perdieron todo en un segundo y los que, día a día, atienden la salud de las y los porteños. Resulta imperativa, en estos tiempos de luchar contra la imposición de la arbitrariedad y contra la previsible impunidad que se avecina. No son tiempos para tímidos. Ocurre que, si bien la lucha es despareja a nivel de recursos, juega a favor esa masividad demostrada a través de las marchas frente a la Jefatura de Gobierno y la Legislatura porteña. Ella es la que obligará, sin dudas, a este gobierno a pensar que no son simples números, son personas de carne y hueso...
Sin embargo, la potencia y la prepotencia que surge desde el pié está llevando a la impotencia estatal. A la de un gobierno que pretende un ejercicio más cercano a la dictadura que a la democracia. Y a medida que se van conociendo las diferentes alternativas que presenta ante sus interlocutores, se va desnudando el verdadero trasfondo de sus intenciones.
En el conflicto docente, un signo notable es la afirmación del Ministro Bullrich que lo único que no es negociable es el retiro de los proyectos presentados; en la reparación de los daños ocasionados por ese derrumbe sin control estatal, el proyecto oficial solamente piensa en los propietarios, porque los inquilinos son de palo, éstos son la "gente como uno" a quienes hay que resarcir aunque dicha indemnización sea parcial y en lo sanitario, lo significante es la búsqueda de la cooptación a través de la AMM (Asociación de Médicos Municipales) y de la censura a las denuncias que puedan realizarse en el marco de las inspecciones judiciales.
Se advierte que la negociación solamente la realizan mediante la fuerza y la simple imposición. De política, nada. Su única cintura es ese afán de castigar desde el panóptico de Bolívar 1, para cuidar los intereses de esa clase mierda que los ha votado y aquellos que, sin pertenecer a ella, aspiran ilusoriamente a serlo alguna vez en su vida.
Sin embargo, suele aflorar la impotencia entre los sectores afectados por las problemáticas que mencionábamos ante la inflexibilidad de las posiciones macristas. No encuentran el camino para forzar que se acepte ese reclamo fundado. Y flaquean las fuerzas ante ciclópea faena. Lidiar con esta clase de funcionarios nunca fue, ni será fácil. Sucede que están entronizados por una elección abrumadora que los lleva a pensar que son reyes, en lugar de simples administradores de la cosa pública. Y cuando las monarquías abusan de su poder, al igual que las dictaduras, caen como un castillo de naipes.
El Zar Nicolás II no lo entendió en su momento. Y cayó con la Revolución de 1917, salvando las distancias, desde luego, pero es bueno pensar desde el absurdo histórico.
Pero no pueden quedarse debatiendo en el medio de lo impotente. Se sabe que la lucha es larga, cuando se enfrenta a comerciantes que no les gusta el regateo a pesar de su prosapia liberal, a gobernantes acostumbrados, y que añoran, a la mano dura del pasado reciente.
Pero la peor impotencia es advertir que la ciudadanía porteña todavía no se dió cuenta del peligro. No se trata de una cuestión de gobernabilidad. Es una cuestión cultural. Se trata de la cultura represora y del ánimo de reprimir todo aquello que atente contra el interés del lucro asesino. La subjetividad del macrismo encierra una gran dosis de cinismo, como la de Etchecolatz en el caso de la Calle 30. Su escuela fue la dictadura y el menemismo, y no lo debemos olvidar.
Todavía podemos ser potentes y prepotentes para superar la impotencia que parece superarnos a las y los porteños. Un viejo lema viene a cuento: la unión hace la fuerza. No basta con luchar en soledad. Docentes, padres, estudiantes, médicos, enfermeros, ciudadanas y ciudadanos debemos unir esfuerzos para acabar con la potencia y la prepotencia de Macri y sus ministros.
Mientras lo sectorial deje de lado a lo general, se cumplirá el viejo dictado de Maquiavelo en "El Príncipe". El dividir para reinar. Pero Macri no es un monarca y este pueblo no está compuesto de esclavos del mercado. Es hora de recordarle que existe una Constitución, con todos los defectos burgueses que sabemos que tiene; que los derechos existen, a pesar de su contínua evasión hacia el respeto de los que corresponden a todas y a todos, y que estamos en una democracia, resurgida de la sangre de 30.000 compañeras y compañeros.
Es hora de organización y de lucha. Tal vez, en esta unión por el espanto neoliberal, pueda surgir un límite preciso para las ambiciones sin límite, la del lucro, la del control y la del poder. No es poca cosa.

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Chocolate por la noticia: ¡El modelo es capitalista!

Felix Herrero (INFOSUR)

La narración gubernamental sobre el modelo vigente y la realidad de un país colonizado.

“El capital es eterno. Pasa sobre las cosas perecederas, pasa sobre los hombres mortales sin fenecer. Si el rédito o parte de él se incorpora al capital, el capital crece hasta el infinito, sin más límites prácticos que los remedios heroicos que las sociedades urden para contener su absorción, con ciclos críticos o con crisis que cercenan de golpe el desmesurado crecimiento. El capital no fenece y por eso fundamentalmente es inhumano”. Raúl Scalabrini Ortiz

Modelo. Es una formulación, no necesariamente matemática, que se utiliza en economía, derecho, sociología, política, etc. para describir un sistema de conformar una sociedad o un sector de ella. Cuando el modelo es integral, referido al terreno moral, político o institucional se lo suele llamar simplemente modelo.

Modelo K. Se lo define, y así lo hace la presidenta de la Nación, como industrializador con inclusión social, a partir de la generación de puestos de trabajo y crecimiento del mercado interno.

Así definido es parte del relato y no de la realidad. La narración gubernamental olvida que el país no fue reindustrializado, que sigue siendo un extractor y exportador de materias primas, que su característica de economía primaria y de servicios no se ha alterado. Que la creación de trabajo generada en los primeros años del kirchnerismo hoy muestra serias caídas. Hay demasiada desocupación, trabajo en negro, juventud sin ocupación.

A la autodefinición económica y social que hace el kirchnerismo elude el carácter de exportador de materias primas (soja y minerales) en una sociedad donde las finanzas mantienen beneficios tributarios y de libre disponibilidad de utilidades, inexistentes en otras partes del mundo: se puede afirmar sin temor a equivocarse que el modelo del gobierno mantiene la continuación de los regímenes neoliberales de entidades financieras, banca central, radicación de capitales extranjeros, de reforma del Estado, etc. instaurado por el menemismo.

Es decir que el modelo kirchnerista conjuga una serie de objetivos y de mitos: al modelo se lo narra como inclusivo aún cuando deja afuera a mucha población empobrecida. Se proclama peronista, o con timidez como nacional y popular, a pesar de la altísima concentración de la riqueza que establece y con ministros y vicepresidentes venidos del alsogaraísmo y asesores como Roberto Dromi mientras mantiene la entrega de la minería, el petróleo, las finanzas, etc.

El capitalismo kirchnerista. Su astucia consiste en no establecer compromisos duraderos ni tener socios permanentes, tanto en el orden interno (Clarín lo fue, sectores agrarios también) como internacional. Ayer sus asociados eran chinos y brasileños, ahora de nuevo son los americanos del norte, sin dejar nunca de lado a los europeos. Los chinos y Europa compran soja y biocombustibles, las firmas automotrices euroamericanas lo asocian con Brasil, los minerales van para Brasil y el Canadá de las empresas británicas, el gas natural para metano se dirige a Estados Unidos y a China, el potasio en su totalidad al Brasil.

Recomponer las relaciones con Estados Unidos parece ser la nueva dirección del capitalismo kirchnerista. Para ello no hay que molestar a los socios petroleros y mineros. Las empresas petroleras y financieras que se disponen a reponer el crudo agotado en el mar del Norte por el de nuestras Malvinas siguen actuando ilegalmente en nuestro país sin ser sancionadas: la responsabilidad de la presidenta y de muchos de sus funcionarios surgirá, sin duda, en el futuro, como una de las causas mayores de las prácticas ilegales del capitalismo kirchnerista. Ahora se suma el proyecto Ley de anulación del acuerdo que en Madrid entregaron Menem y Di Tella al Reino Unido: ¿la presidenta seguirá con la narración peronista o progresista mientras dudará una vez más entre vetar o no cumplir las leyes?

La continuidad capitalista se encuentra con los vetos a las leyes sancionadas por unanimidad: la ley de protección del bosque, la de los glaciares, y la dificultad para sancionar una ley de regulación de las entidades financieras. La de glaciares se terminó sancionando porque no podía repetir el veto pero para no cumplirla, todo lo cual se agrega al capitalismo en broma.

Afirmaciones en el fracasado G-20 en Cannes. La presidenta, luego de las elecciones que la transformó en la primera mandataria reelegida en el país, no sigue las enseñanzas de su maestro en la extranjerización: Menem aconsejaba mantener en reserva preelectoral las medidas que le quitaban adhesiones, como las desnacionalizadoras. Para el cipayo Menem no había que anoticiar que iba a privatizar el país pero lo dejó para después. En el caso de nuestra actual presidenta luego de la reelección también lo hizo al afirmarle a Barack Obama que adhería al capitalismo y que “no se puede pasar por alto el liderazgo de Estados Unidos a nivel global”. No se animó a decir que ese liderazgo está en decadencia y que se basa en el poder de las armas y no en el de la moral.

Además pasó a confesar algo que no necesitaba hacerlo porque es evidente y hay demasiadas pruebas precisas y concordantes de que su modelo en serio es el Capitalismo más crudo, que no se oculta en ningún capitalismo jocoso. Es en broma cuando importa dólares en valijas no declaradas, cuando formula un capitalismo de amigos, cuando no permite fusiones o compras de empresas si no le dan un diego a sus socios o al Estado para que luego “argentinice” para sus amigos, cuando veta leyes votadas por todos como la de los glaciares, de los bosques naturales, o la aplicación parcial de los artículos de la ley de prensa, o el veto parcial de la ley de partidos políticos para evitar la existencia de partidos que ponen en crisis a sus adictos, etc.

Capitalismo en serio. Cuando dice que hay que ser Capitalista en Serio, dice que en serio el gobierno seguirá siendo capitalista, porque no hay capitalismos distintos: los que existen son modelos de diferente gestión, o de formatos variables como eran, hace algún tiempo el capitalismo estadounidense y el capitalismo europeo. Este último resultó de la acción común de los socialdemócratas y demócratacristianos que pretendieron establecer un capitalismo más humanista y ético, como si capitalismo y ética fueran categorías conciliables.

Pero no nos preocupemos en definir este modelo que se hizo flexible para lograr caja propia, enriquecimiento con propiedades inmobiliarias, y negociación para obtener participación accionista a parientes y amigos, en las empresas extranjerizadas (YPF S.A., intentos en Cerro Dragón, participación minoritaria en Cerro Vanguardia, etc.). Este es el capitalismo de broma y de amigos al que será difícil transformarlo en serio: en las cajas de caudales de los modelos de acumulación por corrupción y presiones, también, como las de sorpresa, salta siempre el payaso que se ríe del futuro de todos.

La imprecisión y el equívoco dan más libertad de acción que los propios programas que no se mantienen en el tiempo. El corto plazo se relaciona más con el relato que con el modelo. Mientras tanto, es el poder mediático el que asegura los privilegios al servicio de los socios y amigos.

Algunos, ingenuamente, creen que el kirchnerismo está imitando al peronismo que tuvo planes y documentos básicos para establecer su economía mixta: el primer plan quinquenal fue un conjunto transformador de Leyes, el segundo consistió en 808 medidas concretas y conectadas hacia los fines de los tres objetivos básicos del peronismo. El plan trienal tuvo una conformación más clásica de los modelos de los setenta, con coherencias posibles de matematizar. El Modelo Nacional para el Proyecto Nacional constituyó un documento de actualización doctrinaria y de objetivos por demás definidos. Claro, que la constitución nacional de 1949 fue el gran documento de la revolución peronista, sobre todo en el discurso e introducción de Arturo Sampay, donde expresa la doctrina económica y jurídica peronista. El autor del artículo 40 en su introducción y exposición reformadora da una lección de economía mixta como pocas veces se encuentran en documentos oficiales, y es la economía que hoy hegemoniza al mundo, tanto oriental como occidental.

Nada de esto encontramos en la exposición del modelo kirchnerista: nada de proyectos y programas que aten a leyes para que se cumplan, nada que suene a compromiso a realizar, nada para realizar el relato mediático y progresista, nada para planificador, incluso desde el ministerio que lleva el nombre de planificación.

El modelo kirchnerista es un gran relato que con rapidez e inteligencia impone palabras como “destituyente” a todo lo que crítica, “apocalípticos” o “cataclísmicos” a los hechos que muestran entregas o ineficiencias, y “modelo” a su política flexible y acomodaticia.

Opiniones sobre la autodefinición de capitalista. No hemos leído, oído ni encontrado explicaciones favorables a la definición de modelo de la presidente. Martín Caparrós expresa la realidad que se oculta cuando constata que entre los 10 primeros productos que se exportan sólo uno es industrial: los automóviles, que tienen una balanza comercial negativa. También es concluyente Pablo Miceli al afirmar que el capitalismo es uno solo y su cara es la desigualdad, la injusticia y el hambre en todo el mundo: “No hay capitalismo en serio, ni en broma, ni ordenado, ni anarcocapitalismo”. Para Ariel Mayo “...el modelo económico y social defendido por Cristina es el de un ‘capitalismo en serio’... (ellos) suelen evitar hablar de capitalismo, en buena medida porque la ambigüedad les permite caer parados en todas las contingencias”. Otra opinión entiende que “...el capitalismo en serio que pregona la señora es el de los sueldos de miseria, la tercerización, la abismal brecha entre ricos y pobres, el destierro de los pueblos originarios y el saqueo de la riqueza del suelo... Efectivamente, señora Cristina, usted está proponiendo un capitalismo en serio: el que rige actualmente” (FORA, 8 de noviembre de 2011).

Profundizar el modelo. Cuando intelectuales aprendices de peronismo y “militantes” rentados (otra contradicción entre la narración y la realidad) suelen pedir que hay que profundizar el modelo, ¿qué se quiere decir?

¿Se tratará, como lo hacen los socialdemócratas, de sojizar más aún, de dar más libertad para disposición de la renta petrolera, de establecer para siempre la pérdida del autoabastecimiento del crudo, de eximir de impuestos a las financieras y a los colocadores de dinero, de extranjerizar más con niveles similares a los pequeños países centroamericanos, de pagar sin investigar la deuda del Club de París? Superar o profundizar el modelo piden ahora algunos descontentos. Como dice Alcira Argumedo (“Memorias afectadas”) “...sin duda lo que la transformación hegemónica (kirchnerista) sí ha superado es el Art. 40 de la Constitución de 1949”.

Capitalismo sin imperialismo ni colonización. Para la presidenta, el capitalismo en serio no tiene nada que ver con el imperialismo y la colonización (cuya segunda versión histórica estamos sufriendo en nuestra región). Habla de un capitalismo abstracto, bondadoso e inexistente, que ninguna relación tiene con la división internacional del trabajo y el empleo. Bueno sería que los adictos locales del capitalismo serio, venidos del peronismo o del progresismo, relean “Las venas abiertas de América Latina” (1970), o por lo menos el primer párrafo del libro donde Eduardo Galeano dice que “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones...”

Felix Herrero es Director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS).

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Argentina: Sentencia Final del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales

UAC - ACTA

"Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos".

"El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.

El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:

Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera

En estas audiencias fueron juzgadas: Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná.

Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983, así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad.

En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a las empresas Novartis, Syngenta, Bayer, y a las empresas farmacéuticas como Big Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus nuevos productos con la sangre, el dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.

Por qué un Juicio Ético Popular

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden.

Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.

El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.

El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza, la idea de “buen vivir”.

El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de “favorecer el desarrollo y el progreso”.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y “en” la Naturaleza. Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes” de la sociedad.

Si la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y abrir nuevas brechas de emancipación.

Este Juicio afirma su carácter popular por los intereses que defiende, por las luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.

Afirmado como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas. Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas políticas.

Algunas consideraciones sobre el modo de acumulación capitalista actual

En Nuestra América, el actual modelo de desarrollo responde a una nueva fase de acumulación del capital, producto de la división del trabajo territorial y global, a partir del cual nuestros países han sido designados como proveedores de materias primas y bienes de consumo a los países del Norte y a las potencias emergentes (China, India, y el propio Brasil). Como en otras épocas históricas, América Latina aparece como continente exportador de bienes de la naturaleza, lo cual reconfigura negativamente nuestros territorios, destruye formas de vida, y genera nuevos modelos de dominación a una escala nunca antes pensada.

A medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los mismos no han cesado de crecer. Cada proyecto desencadena un conflicto que no termina, ni aún cuando sea momentáneamente paralizado, o cuando se hubiere agotado el ciclo de vida de la explotación. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación.

Algunas de las características de este modo de acumulación capitalista, basado en un modelo de desposesión, extractivista, reprimarizador son:

La importante concentración del capital -tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en el de la comercialización y distribución de sus productos- a través de un proceso de fusión y absorción en unas pocas grandes empresas.

Los gobiernos abren las puertas de los países a las inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con el presupuesto nacional, colocando el aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que favorecieron su expansión y consolidación.

La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresas se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

El control de las semillas y de los plaguicidas asociados a ellas ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicas por parte de unas pocas compañías transnacionales, entre las que merecen destacarse además de la estadounidense Monsanto que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, las empresas Novertis, Syngenta y Bayer.

Monsanto patentó variedades de cultivos -soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando un alarmante proceso de mercantilización de la vida y de destrucción de la biodiversidad, desconocido hasta hace unas décadas.

El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, no sólo somete a los pueblos a la dependencia del monopolio de semillas, sino que además atenta contra la soberanía alimentaria, al provocar que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos, ahora se utilicen para cultivos de exportación. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de seres humanos padeciendo hambre, se reduce la producción de alimentos, se destinan tierras al cultivo de agrocombustibles, se encarece el precio de los alimentos y crecen las ganancias extraordinarias de las corporaciones transnacionales.

La deforestación del monte nativo. La abrupta expansión de las fronteras del capital verificada en las últimas décadas se ha realizado a costa de sacrificar el monte nativo. La expansión de la superficie sojera, minera y forestal ha implicado una gravosa pérdida de bosques nativos y la consecuente pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones cuyas estrategias de vida están íntimamente ligadas al monte. Un caso particularmente engañoso es la promoción de programas de forestación que terminan implantando grandes extensiones de monocultivos forestales. En la mayoría de los casos la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. Informa la fiscalía de Alto Paraná: “En Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día y desaparecen 12 mil hectáreas cada año”.

La destrucción de la agricultura campesina y familiar. El modelo de agronegocios presenta un carácter excluyente, pues su avance vertiginoso, su expansión descontrolada, desborda cualquier frontera e impide que las comunidades campesinas e indígenas desarrollen sus formas tradicionales de cultivo.

A través de un proceso de integración vertical de los distintos rubros de inversiones, se ha impuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales, que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir.

La articulación entre diferentes explotaciones extractivas permite consolidar el modelo económico imperante. Un ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto contribuye activamente al desmonte de la región amazónica y el Matto Grosso y, junto con ello, a la desertificación de uno de los pulmones del planeta.

La expansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.

Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación.

La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente.

El control de la palabra y de la comunicación

La dominación de los capitales transnacionales y la creación de hegemonía política del bloque de poder que sustenta al modelo se constituyen a través del control de la palabra, de los mecanismos de “construcción de verdad”, de la comunicación y difusión de mensajes que promueven el consumismo, la exaltación del mercado, la violencia, en medios de uniformar las maneras de ver el mundo. Es alarmante la difusión de imágenes degradantes de las mujeres, la reproducción de estereotipos sexistas, la proliferación de la pornografía a través de las nuevas tecnologías informáticas, que aumentan la capacidad de maniobra de las redes de trata y de prostitución.

Este Tribunal considera necesario llamar la atención sobre el papel de las corporaciones de la comunicación y de la informática, alertando que:

A pesar de sus inmensas ganancias, el derecho a la comunicación no está garantizado para los sectores populares excluidos de la sociedad.

Algunas de las grandes corporaciones de la comunicación y la informática actúan en el mundo como aliadas del poder global militarizado, de sus servicios de inteligencia y de información, e incluso están constituidas por empresas creadas desde estos centros. Gran parte de la tecnología que utilizan, por ejemplo el sistema de mapeo, de reconocimiento facial, el desarrollo de un software de prospección de redes sociales, fueron desarrolladas por empresas que recibieron financiamiento de la CIA. Muchas de las informaciones, comunicaciones e imágenes que estas corporaciones circulan, fueron puestas al servicio de los procesos de criminalización de los movimientos sociales y de control de las protestas.

En el espacio virtual, todos los sistemas de redes sociales utilizan mecanismos para la detección de lo que llaman tendencias y sentimientos. Estamos asistiendo a un proceso de profundas transformaciones en nuestras relaciones de comunicación y en la cultura. Desde hace mucho tiempo el espacio público ha sido el espacio central de la construcción política. Ahora asistimos a una privatización del espacio público. El control en el espacio inmaterial, en el ciberespacio, está fundado en la posibilidad de detectar y anticipar lo que va a suceder, donde coinciden los intereses de control de los estados con los de las corporaciones.

Las corporaciones de la comunicación tienen las actitudes características de toda empresa monopólica: crear estándares propios, garantizar obsolescencia programada, profundizando los marcos del actual modelo de consumo. Tienen mecanismos para garantizar que su clientela quede cautiva.

La dirección en que va apuntada la demanda y el consumo sobre estos bienes inmateriales, se relaciona con la dilapidación de recursos materiales. Esto impacta en el mundo material y en la vida de la gente. El óxido de tantalio que está en cada celular cuesta vidas humanas. Las guerras de baja intensidad en el África Occidental se producen por conseguir este tipo de recursos. Las corporaciones de lo inmaterial tienen sus raíces puestas en el mundo material, y profundizan nuestra dependencia hacia modelos de consumo insostenibles.

Militarización, intervencionismo, golpes de estado

Las corporaciones transnacionales promueven la militarización de los territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las invasiones armadas, la desestabilización de los gobiernos, los golpes de estado, los conflictos entre países, las acciones de inteligencia y contrainteligencia, las guerras de baja, media y alta intensidad, anulando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ha sido evidente la posición de las corporaciones petroleras, farmacéuticas, hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras, de la telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana, la conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras. La dictadura cívico militar que emergió del mismo, recibió y continúa recibiendo el respaldo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, y las instancias financieras de la Unión Europea.

El golpe de estado se propuso restaurar los privilegios de las corporaciones, sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el Plan Mérida. Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el paramilitarismo, las agencias de seguridad, el narcotráfico, el sicariato, la intervención de militares colombianos y salvadoreños en operativos represivos, la presencia militar norteamericana a través del incremento de las bases militares y de la participación directa en operativos de represión. Todos los días se producen asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente contra las comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En los años posteriores al golpe de estado, han crecido brutalmente los femicidios, la violencia contra las mujeres, los y las jóvenes, el asesinato de integrantes de la comunidad lgttbi. Hay una especial agresión contra la libertad de expresión, que se manifiesta en los asesinatos de periodistas y los ataques a las radios comunitarias.

Estos hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que sufre el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a las instancias de integración centroamericana, dando una imagen de retorno a la “normalidad”, que no se condice con la grave situación que vive este pueblo.

En Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con EE.UU.

Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en la industria petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la tierra está en manos del 0,4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los últimos cinco años, 7.500 detenidos y detenidas políticas.

Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos.

Sentencia

1. Fundamentos

Este Tribunal Ético Popular ha escuchado las denuncias realizadas en las audiencias de la Patagonia, del NOA, de la Triple Frontera, a las que se han sumado, en la audiencia de Buenos Aires, los testimonios de movimientos sociales de Colombia, Honduras, Brasil, Paraguay, México, sobre los crímenes de las corporaciones transnacionales. Saqueo, destrucción, contaminación de los bienes comunes naturales, desplazamientos forzados de poblaciones, vaciamientos de territorios, golpes de estado, intervenciones militares, femicidios, mercantilización de todas las dimensiones de la vida, negación de culturas e identidades se encuentran en sus extensos prontuarios. La violencia ha sido y es central en los dispositivos coloniales y neocoloniales. Es el medio principal de producción de sentidos que naturaliza las relaciones sociales de explotación, opresión y dominación. En esta dinámica, los Estados actúan como disciplinadores de las poblaciones y los territorios y como legitimadores de los megaproyectos.

Este Tribunal Ético Popular ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en América Latina, invisibilizados por el discurso del poder y por los grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio, y pueden ser considerados –dadas las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven- como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza.

Asumiendo el paradigma de los derechos humanos y el de los derechos de la naturaleza, este Tribunal Ético Popular apuesta a ampliar su comprensión, que se ha visto reducida por una mirada de los derechos humanos que tiende a subestimar e invisibilizar los crímenes que no se relacionan directamente con la represión política e institucional, minimizando o directamente no considerando a aquellos que se relacionan con la criminalización de la pobreza, la falta de respeto y valoración a las culturas oprimidas en Nuestra América, la exclusión, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y trata, la muerte o la mala vida de una infancia que no tiene lugar en las políticas de Estado.

El Tribunal Ético Popular considera necesario también problematizar esta falsa dicotomía entre “naturaleza” y “humanidad”, compartiendo los saberes de los pueblos originarios desde los cuales no hay una frontera entre ambas, ya que como humanidad somos naturaleza, y todas sus destrucciones lo son, en unidad, destrucciones de nuestras vidas.

Este Tribunal Ético Popular considera que no es posible enjuiciar a las transnacionales sin hacerlo, simultáneamente, al llamado “modelo de desarrollo” y al sistema capitalista, patriarcal y racista que lo ha generado, lo reproduce y lo extiende en torno a un sujeto central que es el hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual, occidental y cristiano.

Este Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social.

Respecto de las violaciones de derechos sociales y económicos

La violación de derechos sociales y económicos se expresa en un conjunto significativo de situaciones, impactos y violencias, tanto sobre sujetos, como familias y comunidades, entre ellos:

* Éxodo, expulsión rural, por el desplazamiento de comunidades y surgimiento de “refugiados ambientales”.

* Migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales que buscan mejores condiciones de vida, quedando expuestas -dada su vulnerabilidad- a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.

* Destrucción de las formas de vida. Con ello nos referimos a la destrucción de su riqueza cultural y sus prácticas sociales, aumentando los índices de drogadicción, alcoholismo, prostitución y violencia intrafamiliar.

* División de comunidades y compra de voluntades a través de la corrupción de funcionarios y de la distribución de planes sociales, en nombre de una muy dudosa responsabilidad social empresarial, destinada no sólo a acallar la protesta o a confundir sobre los objetivos de las transnacionales, sino a controlar la producción y la reproducción del conjunto de la vida social.

* Profundización de la precarización y flexibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo, la violación de los derechos laborales, la baja calificación laboral e, incluso, el trabajo esclavo. En algunos casos, esta precarización es generada como consecuencia del desarraigo y abandono de las poblaciones de sus lugares de origen, en busca de empleo.

* Destrucción de las economías regionales existentes, debido a la imposición de un modelo económico construido de acuerdo con las necesidades de las corporaciones, y no de las poblaciones locales.

Respecto de las violaciones a los derechos a la salud y a un ambiente sano

La violación de estos derechos se evidencia en una multiplicidad de efectos dañosos que se han documentado en este Tribunal.

* Afectación irreversible de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos: disminución de las defensas, aumento de la mortalidad infantil, esterilidad, intoxicaciones, enfermedades mentales, cánceres, malformaciones congénitas, alteraciones hormonales, lupus, artritis, asma, alergias, disminución de fertilidad, trastornos de conducta, etc..

* Afectación de la salud de las poblaciones como consecuencia de la contaminación del agua, el aire y la tierra, por ejemplo en el caso de explotaciones de megaminería a cielo abierto -con uso de sustancias tóxicas-. En las explotaciones del mineral plomo, se recuerda el caso de Abrapampa, Jujuy, por la comprobada presencia de plomo en sangre en los niño/as de esa localidad del Noroeste Argentino. Las mujeres embarazadas tienen infecciones urinarias más frecuentes. Se ha comprobado una estrecha relación entre las minas uraníferas abandonadas y niños que nacen en sus proximidades, con paladar partido y labio leporino. Se han comprobado las afectaciones en la salud de integrantes de comunidades mapuche ubicadas en Loma de la Lata por la presencia de metales pesados en el organismo.

* No se ha realizado remediación o restitución de suelos por la explotación minera.

* Violencia producida por el desempleo, que se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., lo que impacta no sólo en la persona afectada, sino también en sus vínculos familiares y sociales.

* Multiplicación de enfermedades agudas. En el caso de las regiones de explotación petrolera, las enfermedades más comunes que se presentan son: infecciones respiratorias agudas (bronco neumonía y gripe), diarreas, hepatitis, parasitosis y desnutrición. El paludismo y las diarreas infantiles son las enfermedades de mayor incidencia en las zonas rurales, presentándose ambas en época de verano. La desnutrición se da en menores de dos a cinco años. La mayoría de casos ocurren en la población indígena. Los lugareños sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos), indicadores de la contaminación de la zona.

* Fue denunciado en este tribunal que las grandes empresas transnacionales farmacéuticas utilizan para el desarrollo de nuevos productos, a personas de países periféricos, aprovechando la falta de regulaciones que permiten abusar de su salud, prácticamente sin costos. Muchos médicos en Argentina, “reclutan” pacientes para protocolos de investigaciones generadas por las empresas en sus países de origen, y cobran entre 200 y 15.000 US$ por cada uno de ellos. Empresas transnacionales (como Big Pharma) y médicos reclutadores, prueban antihipertensivos, vacunas experimentales, antiepilépticos, antidepresivos, etc., haciendo un gran negocio en el que los pacientes ponen su cuerpo ingenuamente.

El Ministerio de Salud y demás organismos estatales permiten esta aberrante práctica de investigación privada. Más de 50.000 argentinos pasan o pasaron por estos ensayos clínicos comerciales, y el número de protocolos sigue aumentando, habiendo en curso cerca de 1.000 en el corriente año.

Respecto de la violación de derechos de la Naturaleza que impactan sobre la vida

Históricamente, la naturaleza ha sido considerada como un “capital” o una “canasta de recursos inagotables”. Esta visión antropocéntrica propia de la Modernidad, centrada en la idea de una naturaleza inagotable e infinita, ha encontrado una nueva inflexión en la actual dinámica de acumulación del capital, basada en la apropiación y sobre-explotación de la vida. Desde los minerales, el agua, la biodiversidad, hasta las semillas, los saberes medicinales ancestrales y la fotosíntesis hoy son concebidas como “mercancías” que forman parte del mercado global.

Contra este modelo civilizatorio, emerge un nuevo Constitucionalismo Latinoamericano que proclama una convivencia con todos los seres vivientes de la tierra, denunciando el fundamentalismo de mercado desde una perspectiva más amplia y universal. El telón de fondo sobre el que nacen los que hoy se denominan Derechos de la Naturaleza, principalmente desde las sabidurías y luchas de los pueblos originarios es, en gran medida, la emergencia planetaria como resultado de la destrucción de ecosistemas enteros.

En este sentido, este Tribunal valora la perspectiva jurídico-filosófica, -que aparece por primera vez en la nueva Constitución Ecuatoriana (2.009)-, que subraya el desplazamiento desde una visión antropocéntrica de la Naturaleza hacia otra “socio-biocéntrica”. Así, la Naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los cuales se define como “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71). La Naturaleza posee valores intrínsecos (también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana.

Dicha postura estableció que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene la facultad de exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 y ss). Tal como sostienen algunos juristas “lo que es más importante es que al reconocerle a la Naturaleza el carácter de sujeto de derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y habilita así el ejercicio de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de terceros)”.

Desde estas posiciones, consideramos que el actual “modelo de maldesarrollo”, traducido por la mercantilización de la naturaleza, es un modelo profundamente “tanático” o destructivo, que incorpora la vida a la muerte, en lugar de incorporar la muerte a la vida. Es un modelo que incurre en la sistemática violación de los Derechos de la Naturaleza (y de los Derechos Humanos), y amenaza en ello con su destrucción masiva.

Entre otras implicancias, este Tribunal ha constatado:

* Destrucción de bienes naturales que agravan y aceleran el cambio climático.

* Multiplicación de megaproyectos extractivos que producen deforestación, una de las principales causas del efecto invernadero. Varios de los casos presentados ante este tribunal evidencian, como consecuencia de la deforestación que, en época de lluvias, se producen aludes de barro que arrasan con las casas y han producido la muerte de familias enteras. Las grandes lluvias también afectan la flora y la fauna de la zona impactando sobre la biodiversidad.

* Desaparición de bosques nativos, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo por diferentes industrias extractivas juzgadas por este Tribunal, en manos de agentes transnacionales.

* Destrucción de los ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación de la megaminería “a cielo abierto”, como consecuencia de la utilización de sustancias químicas, reactivos tóxicos de lixiviación y sistemas de flotación que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables. Entre otros efectos, éstas producen:

pérdida de vegetación por la emisión de cargas contaminantes al aire y al agua y procesos de erosión acelerados;

efectos erosivos sobre el suelo y ruptura de las cadenas alimentarias de la que dependen la fauna; provocados por la pérdida de vegetación de pradera;

Amenaza de extinción de especies animales y vegetales;

Afectación de los cursos de agua por la generación de aguas ácidas, o por la presencia de sólidos en suspensión que, al aumentar la turbiedad, disminuyen los rangos de luminosidad, afectando los procesos biológicos de fauna y flora que habita en los medios acuáticos.

* Afectación del suelo:

remoción incontrolada de la capa vegetal y deforestación;

procesos erosivos incontrolados;

cambios en el paisaje;

alteraciones en el drenaje;

absorción de contaminantes transportados por vía aérea;

desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos.

* Afectación del agua:

agotamiento de las fuentes de agua;

captación y acumulación monopólica de los derechos de agua;

cambios en la hidromorfología;

contaminación de acuíferos;

alteración de la mecánica de las corrientes de agua;

contaminación de cuencas hídricas con metales pesados, o compuestos de cianuro;

drenajes ácidos de minas (DAM) y drenajes ácidos de roca (DAR).

Este Tribunal subraya la gravedad de estas violaciones y recuerda la importante decisión de Naciones Unidas, por la cual el 28 de julio de 2.010 declaró el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Esa declaración manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

* Afectación del aire:

contaminación por dispersión de sólidos en suspensión (plomo, mercurio, uranio y arsénico, entre muchos otros metales y metaloides).

generación y transporte de nubes de lluvias ácidas por emisión de minerales sulfatados.

Un caso testigo corresponde a las actividades petroleras que contaminan los acuíferos, los ríos y esteros por los desechos generados y porque interrumpen su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; fluye con el agua. El agua, además, es el vehículo comunicacional hacia la biósfera y el de toda la cadena trófica.

Al respecto, este Tribunal ha constatado que ninguna de las empresas representativas de los modelos extractivos aquí analizados incorpora operativamente o respeta los principios preventivo y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente (Ley Nro. 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2.002), que son la base de todo el derecho ambiental.

Éstos son:

Principio de prevención: a través del cual se establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: a través del cual se establece que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional: a través del cual se establece que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Respecto de las violaciones de Derechos Culturales

La violación de Derechos Culturales se manifiesta en una diversidad de situaciones, en una compleja trama que incluye desde la mercantilización de la vida a la invisibilización de las culturas consideradas subalternas y la desapropiación de saberes ancestrales. Entre otras violaciones, este Tribunal ha constatado:

* Imposición de un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas, lo cual conduce tendencialmente a su extinción.

* Desapropiación de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos.

* Negación, invisibilización y borramiento de la historia y la cultura de los pueblos y sustitución por un pensamiento uniforme referido a un orden global hegemónico.

* Afectación del territorio de las comunidades indígenas, que constituye la base de su cosmovisión e identidad cultural y social. Un caso testigo presentado ante este Tribunal es el del Proyecto Navidad, referido al traslado de un cementerio mapuche de la zona (en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa IMA – Inversiones Mineras Argentinas), palmaria demostración de que el emprendimiento está emplazado en territorio ancestral. Esta ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de refugiados ambientales que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, miseria y exclusión.

* Generación de escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución, debido a las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la concentración de hombres solos en zonas de explotación petrolera o localidades cercanas.

* Alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres, y negación de sus identidades.

* Destrucción y afectación del patrimonio arqueológico de la región.

* Las políticas de legitimación, como la mal llamada “compensación ambiental”, por ejemplo, a través de los bonos verdes, significa de hecho la compra de un permiso para contaminar, y las “disculpas” por contaminar.

Respecto de las violaciones de Derechos Civiles y Políticos

El Tribunal considera que este modelo de maldesarrollo pone en jaque a la democracia y los derechos fundamentales de los pueblos, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, de divisiones en la sociedad, y una espiral de la criminalización de las resistencias que, sin dudas, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los Derechos Humanos, y habilita la consumación de nuevos genocidios.

En consecuencia, este Tribunal considera que no se trata solamente de una discusión económica, técnica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia.

Entre las violaciones y atentados a los derechos civiles y políticos se han constatado:

*Desterritorialización del Estado y desestatización del territorio. La omnipresencia de los intereses de las corporaciones transnacionales ha implicado una significativa pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios, esto es una pérdida de soberanía nacional y popular. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Barrick Gold, que gracias a la firma de un tratado binacional controla porciones del territorio argentino y chileno.

* Corrosión institucional y corrupción política: en tanto grupos de presión con fuerte capacidad de lobby, las empresas transnacionales intervienen activamente en la formulación de políticas nacionales, imposición o remoción de funcionarios, derogación y/o sanción de diferentes normativas en sus diferentes niveles, cooptación de medios de comunicación en función de sus objetivos económicos y en detrimento de derechos constitucionales fundamentales.

* Pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos además de sus métodos de producción y comercialización. Asimismo, la estrategia que se conoce como “puertas giratorias” implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

* Control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan. Este Tribunal ha podido constatar la construcción de una narrativa descalificadora y estigmatizante, a través de la difusión e imposición de un discurso hegemónico en nombre del “desarrollo” y la “defensa del empleo” (a través de medios de comunicación, universidades, fundaciones, publicaciones del sector, entre otros). Entre los dispositivos de control social, las empresas transnacionales implementan la llamada Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos “comunitarios” que les permiten realizar un “lavado verde de su imagen” y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo de las poblaciones afectadas por sus explotaciones, a fin de lograr la licencia social para las empresas. Un ejemplo de ello son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. Estos generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.

* Prohibición y/o no realización de Consultas Públicas a las poblaciones sobre temas relevantes, tal como lo prevé la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, en relación a la implementación de proyectos extractivos que afectan severamente las condiciones de vida de la población. Los casos emblemáticos analizados por este Tribunal corresponden a la industria minera. A excepción de la consulta realizada en la localidad chubutense de Esquel (2.003), todas las otras consultas solicitadas por la población y/o los municipios han sido prohibidas (Calingasta, Tinogasta, Andalgalá., Iglesias, Loncopué).

*Denegación del acceso a y ocultamiento de la información pública, acerca de los diferentes proyectos extractivos, sobre todo en lo que respecta al estadio de desarrollo e informes de impacto ambiental. Se testimonió el ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas sobre la salud que trae el PCB (bifenilos policlorados), aceite químico refrigerante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, aún después de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam. Su utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

*Cierre de los canales de expresión pública, debido al control de los medios de comunicación por parte de sectores interesados en promover dichos proyectos extractivos, y publicidad engañosa como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud.

Agravamiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, represión y amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Este dispositivo global encuentra una potenciación en el marco de la expansión de las industrias extractivas.

Entre los casos presentados ante este tribunal están los siguientes:

En el sector de agronegocios denuncia la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida por la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores”. Estos hechos son realizados con el concurso de la represión institucional, responsabilidad de los Estados.

En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén.

En provincias como Salta, Neuquén y Jujuy, la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática, favoreció un contexto de rechazo a la protesta social, reforzando una política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias con mayores niveles de conflicto social.

Militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto las fuerzas de seguridad públicas como privadas, provinciales como nacionales, e incluso las patotas vinculadas a la burocracia sindical han intervenido violentamente en diferentes conflictos.

En el caso de las empresas petroleras, se viene registrando un despliegue de las fuerzas de seguridad, en aras de reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. Los controles de población en las fronteras, la creación de fuerzas policiales especiales en las diferentes provincias, las bases y operativos militares, y leyes antiterroristas nacionales forman parte de este denso dispositivo multiescalar de militarización.

En las áreas de explotación minera, la represión apunta a tildar como fundamentalistas ecológicos a activistas defensores del medio ambiente o de los derechos de la Madre Tierra. Desde la instalación del modelo minero como ‘política de estado’, se ha judicializado a más de un centenar de pobladores que, en la defensa de sus fuentes de agua y de sus tierras, han recurrido a bloqueos informativos de los transportes de insumos tóxicos de las mineras como último recurso.

Este Tribunal quiere llamar la atención acerca de la nueva ley antiterrorista presentada por el Poder Ejecutivo nacional al Senado de la Nación (14/10/2011, presentadas por el Ministro de Justicia J.Alak y el Jefe de Gabinete A.Fernández). Dicha ley deroga las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley evidencia una clara potencialidad represora. Por otra parte, la figura de financiamiento al terrorismo es muy amplia, y apunta a hostigar a las ONGs que apoyan a las organizaciones y movimientos sociales, y a cortar las posibilidades de sostenimiento de estos movimientos.

Este Tribunal ha podido constatar la alarmante continuidad en las actuales empresas transnacionales, de agentes de la represión que intervinieron bajo el terrorismo de Estado. Dos de los casos más resonantes corresponden a megamineras transnacionales: Barrick Gold y Minera La Alumbrera YMAD UTE

Respecto de las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Este Tribunal quiere destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones.

En última instancia, el gobierno busca incluir a los pueblos originarios como “pobres” (en el sentido sociológico), a través de políticas sociales compensatorias, pero no como “sujeto político”, a partir de las demandas de posesión integral de sus tierras y territorios (derecho a la libre determinación). Así, la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos debe atravesar el camino arduo, y a veces interminable, de la judicialización, tal como ha podido constatar este Tribunal que sucede en muchas provincias.

En la actualidad, la dinámica de desposesión viene acompañada por políticas que, lejos de resolver los problemas ligados a las desigualdades estructurales, apuntan a la manipulación simbólica. Por ello, este Tribunal considera que el problema fundamental es la persistencia de dichas estructuras de desigualdad y las políticas etnocidas, las cuales no sólo no han retrocedido, sino que se han agravado en el actual contexto de acaparamiento de tierras y de expansión de las industrias extractivas y los agronegocios.

Entre los derechos conculcados, se ha comprobado la violación de derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y políticos:

Un ejemplo ilustrativo es la violación del derecho al territorio. Se ha constatado el incumplimiento de los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos y naciones originarias, tales como el Convenio 169 de la OIT (1.989), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2.007), incorporadas con rango supraconstitucional en las constituciones provinciales, y nacional. En los últimos tiempos, se han constatado maniobras fraudulentas conjuntas entre corporaciones y gobiernos para violentar y malversar ética y políticamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT, a través de estrategias de cooptación, clientelismo, divisionismo e intervencionismo manipulador sobre las comunidades.

Asimismo, se evidencia el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre la utilización de los bienes de sus territorios.

Por otro lado, tal como sostiene el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. El artículo 10 de la misma declaración establece: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción del regreso”.

2. Responsabilidades

Este Tribunal ha constatado que las formas de operar de las empresas transnacionales no serían posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

El peso de la normativa jurídica: las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas petroleras, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolas del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de la profundización de políticas de Estado que implementan el modelo extractivista, reprimarizador de la economía, que favorece la presencia de las transnacionales, otorgando a las mismas garantías para el despojo.

Esta alianza, que podemos definir como estructural entre estado, gobierno y empresas, se visualiza en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las corporaciones transnacionales como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades. El estado nacional y los estados provinciales se convierten en garantes de la impunidad con la que operan las empresas para mercantilizar la vida y los territorios.

Esta connivencia también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Las obras de infraestructura que favorecen a las corporaciones en general son, por ejemplo, la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de proyectos de gran envergadura, costeados por los gobiernos a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.

Asimismo, esta complicidad se viene expresando a través de la acción de ciertos legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, que han operado como “lobbystas” de las empresas transnacionales, así como de algunas instancias de la justicia (nacional y provincial), que han sido funcionales a las grandes corporaciones, las cuales influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a la propiedad intelectual -tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad-.

Esta responsabilidad se expresa en el hecho de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no exigen ni realizan evaluaciones estratégicas de impacto ambiental de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando los estudios y las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

La complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ya citada ausencia de consultas públicas y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales. El derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas.

La complicidad del Estado se manifiesta en los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petrolera, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

La complicidad del Estado con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos.

La complicidad del estado en la política extractivista se manifiesta claramente en el paquete de leyes que permiten la entrega del patrimonio nacional, y mediante el Tratado Binacional Argentino Chileno de implementación minera conjunta, que cede la Cordillera de los Andes a las corporaciones transnacionales. En el caso de las mineras, la Ley de Inversiones Mineras, y las leyes, decretos y acuerdos fiscales posteriores, generaron las responsabilidades para convertir a la actividad en un saqueo económico sin precedentes.

La complicidad del Estado con las corporaciones se manifiesta de manera especial en la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que enfrentan a las transnacionales.

La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable al proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales.

Este Tribunal ha constatado la complicidad de una gran parte de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

Este Tribunal denuncia la grave responsabilidad ética que recae sobre las jerarquías de las iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Son especialmente responsables aquellas que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas y hasta en los poderes públicos, salvo honrosas excepciones ligadas, sin duda, a la lucha por la defensa de los derechos humanos y, en algunos casos, a la defensa de los derechos socioambientales, como es el caso de algunos obispos y pastores. En nuestro país, no sólo desde las jerarquías de las diferentes iglesias se refuerza el modelo, sino que se estigmatiza a quienes puedan cuestionarlo.

3. Condena

De acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal Ético Popular resuelve:

Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.

Denunciar y condenar ante la opinión pública a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado Nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.

Denunciar y condenar a las empresas farmacéuticas y a los agentes médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer, Bistec, Merck, Lilly.

Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.

Denunciar y responsabilizar por estos crímenes a aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura y posteriormente, a partir del restablecimiento de la democracia, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial.

Denunciar y condenar a las empresas transnacionales por los crímenes cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.

Denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno en la OEA.

Este Tribunal DECLARA:

El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los Pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida.

La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.

La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.

La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.

La falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos.

El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.

La falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.

El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.

El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.

El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.

Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.

4. Recomendaciones y propuestas

Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.

Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:

Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.

Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.

Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.

Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.

Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.

5. Compromiso del Tribunal Ético Popular

Al concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza.

Desde Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación.

Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.

Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia.

Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.

Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos".

Buenos Aires, 29 de octubre, 2.011 Juicio Ético Popular a las Transnacionales

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