viernes, 25 de noviembre de 2011

La reconquista de la Plaza Tahrir

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

Una nueva ola revolucionaria recorre Egipto, rubricada por la reconquista de la Plaza Tahrir por el pueblo después de una batalla campal de más de 36 horas con la fuerzas de seguridad. Los egipcios, otra vez con sus jóvenes a la cabeza, se han lanzado a una nueva insurrección que exige la renuncia del Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas (CSFA), encabezado por el mariscal Mohamed Hussein Tantawi, que sucedió a Mubarak en el mando de la nación, la creación de un gobierno de salvación nacional al que se subordinen los militares y un cronograma para la instauración de un gobierno constitucional.

El consenso en la Plaza Tahrir, donde el lunes se reunió más de un millón de manifestantes, es que el CSFA traicionó la encomienda del pueblo para crear un orden democrático y constitucional. Esa encomienda no fue gratuita, se debió a que el ejército se negó a reprimir la insurrección popular del 25 de enero de este año -como pretendían Mubarak y sus aliados en Washington y Tel Aviv-, retiró su apoyo a las sangrientas fuerzas de seguridad y forzó la salida del sátrapa, impidiendo así un baño de sangre.

Pero al cabo de diez meses el CSFA ha evidenciado que aquella loable actitud no estaba inspirada en un compromiso con las demandas populares sino en el cálculo de que al desmovilizarse las masas decaería su combatividad y vigilancia. Así, el CSFA no cumplió la promesa de derogar la Ley de Emergencia ni rindió cuenta de sus actos a las organizaciones juveniles y partidos políticos legalizados después del derrocamiento de Mubarak y obstaculizó la labor al gobierno interino, todo con el objetivo de preservar los enormes privilegios que detentan los altos jefes militares. El movimiento popular ha tenido que soportar un hostigamiento constante, una cantidad de juicios militares sin precedente contra activistas, el recrudecimiento de la represión contra los reclamos obreros y populares y la impunidad de los represores. El CSFA sometió a referendo un texto constitucional redactado a la carrera y no consultado con las organizaciones populares, que luego echó a un lado, eludió fijar fecha para convocar a elecciones presidenciales y permitió la actividad política de los mubarakistas. Pero cuando colmó la paciencia del pueblo fue al intentar introducir en un nuevo proyecto constitucional la facultad de las fuerzas armadas para decidir su presupuesto sin contar con el futuro parlamento y el mantenimiento de su tutela política sobre el país.

El viernes 18 de noviembre se realizó una gran marcha convocada por la mayoría de las fuerzas políticas para exigir al CSFA la definición de un calendario preciso para la instauración democrática y la trasferencia del poder a un gobierno civil. Al final de la marcha, un grupo mayoritariamente de jóvenes, decidió quedarse en plantón en Tahrir en contra de la opinión de los partidos. La brutal represión de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Gases tóxico-paralizantes Made in USA, cachiporras, piedras, perdigones de caza y balas de goma fueron lanzadas por los gendarmes contra la muchedumbre. Esta respondió con la lucha cuerpo a cuerpo, lanzando adoquines y utilizando las cachiporras arrebatadas a la policía. Con el paso del reloj crecían las filas de combatientes populares, escenario que era replicado en el emblemático Suez –cuna de grandes luchas obreras-, Alejandría, Port Said, la combativa zona industrial del delta del Nilo y todas las ciudades del país. Se repetía el fenómeno de enero en cuanto a la masividad y la difusión de la insurrección pero ahora con mayor madurez, conciencia política y experiencia. La represión ha ocasionado ya varias decenas de muertos y cientos de heridos y amenaza con agravarse, lo que llevó al imán de la mezquita de Azhar, máxima autoridad sunnita de Egipto, a exigir a la policía el cese de la represión y al ejercito su intervención para detener el baño de sangre.

El CSFA ofreció el martes 22 un plan rechazado de inmediato por los manifestantes, que incluía la creación de un gobierno de salvación nacional y elecciones presidenciales en junio de 2012. Además, un referendo donde el pueblo decidiría “si se traspasa el poder a los civiles”, algo que en Tahrir se consideró un chiste de mal gusto.

La revolución en Egipto ya ha forzado un cambio importante en la política exterior. Mientras se mantenga viva la pelea entre el imperialismo y los pueblos árabes tendrá una colosal fuerza a su favor.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Europa: La derecha se reinventa

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Veinte años atrás la humanidad encaraba el futuro a partir de tres premisas: el planeta podía ser destruido por una guerra nuclear; unos prometían que todo se resolvería con el fin del comunismo y otros aseguraban que al eliminar el capitalismo se instalaría el paraíso en la tierra. Excepto la opción atómica, ninguna de aquellas tesis está vigente.

Ochenta años atrás, en medio de una crisis económica que parecía insoluble (obviamente no lo fue) los pueblos de Italia y Alemania encumbraron a Mussolini y a Hitler respectivamente y el fascismo arrastró a Europa y a toda la humanidad a la guerra.

En la España de hoy se repite la mitad de aquella historia: la derecha retorna al poder aunque es improbable una contienda; Rajoy no es Hitler ni estamos en 1933; no obstante el hecho de que las masas tomen distancia tanto del comunismo como de la opción socialdemócrata, marca el fin de una era: Los que en 1945 en Europa ganaron la guerra, perdieron la paz.
Las superpotencias de entonces: Estados Unidos y la Unión Soviética no querían la confrontación con Alemania e hicieron lo indecible para evitarla. El Congreso norteamericano aprobó las leyes de neutralidad que maniataron a Roosevelt y la URSS firmó el Pacto Stalin-Ribbentrop. La invasión a la Unión Soviética en junio de 1941 y el bombardeo a Pearl Harbor aquel mismo año las arrastraron al más grande conflicto bélico que la humanidad haya conocido.

La feliz circunstancia de que en 1933, el mismo año en que Hitler llegaba al poder en Alemania, en Estados Unidos fuera electo Franklin D. Roosevelt permitió afrontar la crisis económica, superar la Gran Depresión y pasando por encima de los prejuicios anticomunistas, formar la coalición antifascista, que sumó las enormes fuerzas militares y el potencial económico norteamericano, soviético, británico; así como los de China, Canadá y otros países que en larga y cruenta lucha, pagando costos enormes, lograron vencer al nazismo.

El triunfo aliado coincidió con un momento del desarrollo de la tecnología que auspició la diversificación de la producción y la elevación de la productividad del trabajo que no sólo facilitó la reconstrucción de Europa, Japón y la Unión Soviética sino que, en torno de aquellas gigantescas tareas, abrió una era de prosperidad económica nunca antes vista que, aunque perjudicada por la Guerra Fría, cambio la faz de la humanidad.

Para los pueblos de Asia y Africa que formaban el vasto sistema colonial, el fin de la II Guerra Mundial creó un escenario favorable a la descolonización y al florecimiento del nacionalismo en los espacios políticos afroasiático, proceso al que en 1959 se sumó la Revolución Cubana, que añadió color latinoamericano al llamado Tercer Mundo. Los liderazgos de Nehru, Nasser, Leopold Senghor, Sukarno, Sekou Toure, Fidel Castro, Ahmed Ben Bella y otros, promovieron la lucha contra el neocolonialismo y el imperialismo, impulsaron el crecimiento económico y matizaron el mundo bipolar.

La debacle del socialismo real que culminó con la desaparición de la Unión Soviética cambió sustancialmente la correlación mundial de fuerzas y alteró los delicados equilibrios políticos dejando a los países recién liberados y a aquellos que asumen posiciones antiimperialistas e incluso nacionalistas, a merced de los intereses hegemónicos de las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos. En conjunto la Guerra Fría y sus resultados cambiaron al mundo, esta vez para peor.

El mundo de hoy

El fin de la confrontación Este-Oeste y la desaparición de la amenaza de confrontación nuclear global pareció una promesa dramáticamente desmentida por una miríada de conflictos locales, por la Guerra del Golfo, provocada por Irak y aprovechada por los Estados Unidos y por la desacertada respuesta de la administración Bush a los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York.

El 11/S introdujo una rareza político-militar cuando la única superpotencia fue víctima de una agresión, aunque de gran escala, de naturaleza no estatal, realizada por una organización terrorista de matriz ideológica indefinida, que con unos miles de dólares y utilizando y una docena de suicidadas provocaron un titular inédito: “ESTADOS UNIDOS BAJO ATAQUE”.

Sin detenerse a considerar las opciones para enfrentar aquella innovación, Bush proclamó una cruzada global contra el terrorismo provocando las guerras de Afganistán e Irak, que 10 años después han ocasionado millones de víctimas y originado gastos bimillonarios y contribuido a una profunda crisis económica sin resolver el problema del terrorismo, sino todo lo contrario.

Por una extraña paradoja, mientras el socialismo real desapareció de la escena, Europa y los Estados Unidos no pudieron sostener los ritmos de desarrollo que otorgaron los pueblos de Norteamérica y Europa Occidental, una prosperidad que parecía ilimitada, y cuando de los ímpetus del nacionalismo afroasiático sólo quedan trágicos recuerdos, en América Latina las cosas marchan mejor que nunca, incluyendo la economía.

Aunque no milito entre los pesimistas y creo en la humanidad que por adversas que fueran las circunstancias, siempre sobrevivió y progresó, reconozco que, a nivel global, escasean las razones para el optimismo. Allá nos vemos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Pacto de Punto Fijo murió, pero el puntofijismo aún sigue vivo

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El 31 de octubre de 1958 tiene lugar un acuerdo institucional -conocido desde entonces como Pacto de Punto Fijo- entre los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD), con el propósito de respetar y hacer respetar los resultados electorales, con representación equitativa de cada uno de ellos en el gabinete ejecutivo y demás poderes públicos tras el derrocamiento del gobierno dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez.

Ya anteriormente sus líderes fundamentales Rómulo Betancourt, Jóbito Villalba y Rafael Caldera habían suscrito el 20 de enero de ese mismo año el Pacto de Nueva York mediante el cual se comprometieron a luchar unidos contra la dictadura, con exclusión deliberada del Partido Comunista de Venezuela (PCV) al considerar lo perjudicial que resultaría la influencia del modelo comunista para el establecimiento de un gobierno democrático en Venezuela. Ambos pactos vendrían a legitimar la posición de la dirigencia adeca en el exilio cuando dio a conocer desde México su rechazo a la participación de los comunistas en un frente o movimiento de unidad nacional en contra de Pérez Jiménez, razonando que ello perjudicaría las relaciones con el régimen de Estados Unidos. Sin embargo, URD abandonaría luego la coalición de gobierno, cuestión que no impidió que AD y Copei instituyeran un régimen bipartidista durante cuarenta años, envolviendo y definiendo prácticamente a toda la sociedad venezolana.

En la actualidad, hablar del puntofijismo es hablar de una conducta política e institucional caracterizada por la mediocridad, la degradación, la demagogia y la corrupción administrativa, rasgos que, a pesar de los diversos cambios producidos en el país, siguen incólumes. De ahí que sea pertinente referirse a una cultura adeca, tal como lo hace el historiador venezolano Oscar Battaglini: “esta sociedad sigue siendo una sociedad adeca. Persiste la cultura adeca. AD se quebró como institución político-partidista, pero dejó sembrada su impronta en lo más profundo de la psiquis de esta sociedad. AD resumió, en el periodo histórico cuando tuvo la hegemonía, el contenido y la dinámica anómica que la sociedad acumuló, y eso sigue estando allí. Por eso es necesario que el pensamiento crítico hurgue profundamente en esa situación, y se convierta en un factor de cambio profundo”. Esta circunstancia histórica, no obstante, poco ha sido estudiada con seriedad y objetividad, quedando en simple expresión de algo que se rechaza y se le endilga a alguien opuesto al ejercicio de la soberanía plena por parte de las mayorías. En este caso, ahora que se impulsa un proceso revolucionario con orientación socialista en Venezuela, sería pertinente seguir la recomendación hecha por Battaglini, de manera que pueda trascenderse las barreras del estado de cosas imperante, es decir, el reformismo de una buena porción de sus dirigentes, aún los más honestos y sinceros, ya que ello es parte sustancial de la ideología pequeño-burguesa dominante, la cual ha moldeado sus pensamientos, sus prejuicios y su visión del mundo.

Esto ha permitido la vigencia de un modelo económico primordialmente rentista y de un Estado burocrático-representativo que obstaculiza la puesta en marcha del socialismo revolucionario y, especialmente, la organización revolucionaria del poder popular, estando más prestos a servirle de sustento a los factores de la burguesía que al pueblo. Por ello, pese a que el pacto de Punto Fijo murió, el puntofijismo aún sigue vivo y es necesario combatir su influencia en todos los ámbitos posibles, de modo que la construcción de un modelo alternativo de sociedad sea una realidad inmediata y no un simple maquillaje o pretexto para que sus herederos en el poder continúen regateándole la soberanía al pueblo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

CELAC frente al tutelaje imperialista

Modaira Rubio Miércoles (TRIBUNA POPULAR)

La tesis del latinoamericanismo que responde a las ideas y los pensamientos del Libertador Simón Bolívar, cuando en 1812, desde su Manifiesto de Cartagena, expresó la necesidad de fundar una sola Patria latinoamericana tanto por su extensión y riqueza como por su libertad política.

En 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno de 32 países de Nuestra América, reunidos en Cancún, México, resolvieron la creación de una nueva institucionalidad continental sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, bajo la forma de una Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).

En la cita, se acordó realizar la fundación de este nuevo organismo hemisférico en la ciudad de Caracas, el 5 de julio de 2011, en la efeméride del Bicentenario de la Patria Bolivariana. Y no es casual la selección de esta fecha, pues fue la genialidad de Simón Bolívar quien propuso la unidad latinoamericana para combatir y enfrentar al entonces naciente colonialismo norteamericano, pero por la enfermedad del Presidente Chávez fue postergada para este 2 y 3 de diciembre.

En ese momento, los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, señalaron que fue una decisión histórica conformar una organismo sin la injerencia norteamericana.

De inmediato, y hasta entonces, la Casa Blanca ha dado señales de incomodidad con esta iniciativa y ha tratado de “reformular” su política hacia su otrora “patio trasero” con unas nada exitosas giras de Clinton y Obama en el Continente, en el mes de junio de éste año.

Sin lugar a dudas, la configuración de la CELAC constituye una herramienta política para defender los intereses comunes de la región, como el principio de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.

Para el Departamento de Política Internacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CELAC son dos visiones opuestas de la integración. Ambas entidades representan dos corrientes ideologías del siglo XIX: el panamericanismo y el latinoamericanismo.

La OEA promulga el panamericanismo pro-imperialista en su concepto de integración. Mientras, la recién constituida CELAC, se edifica bajo la tesis del latinoamericanismo que responde a las ideas y los pensamientos del Libertador Simón Bolívar, cuando en 1812, desde su Manifiesto de Cartagena, expresó la necesidad de fundar una sola Patria latinoamericana tanto por su extensión y riqueza como por su libertad política.

El Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, constituyó la más expresa acción para llevar a cabo la concepción continental latinoamericana. Bolívar buscaba la unión con el objetivo de asegurar la independencia, la libertad, la igualdad jurídica y la seguridad del desarrollo autónomo. Tenía una idea clara del peligro de las relaciones bilaterales con las potencias europeas y con EEUU. Es allí cuando escribe su célebre frase: "Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad".

Todo este proceso está muy bien explicado en el libro del camarada Pedro Ortega Díaz “El Congreso de Panamá y la Unidad Latinoamericana”, donde deja en evidencia que los comunistas venezolanos siempre mantuvieron una clara posición sobre cómo debían orientarse los procesos de integración en Nuestra América, de cara a nuestros vecinos y de espaldas a las potencias imperialistas del Norte.

Tras el fracaso del Congreso Anfictiónico, surgió en la última década del siglo XIX, debido a la conveniencia de EEUU de limitar la actividad del Reino Unido en el área comercial del continente americano, el concepto “panamericanista” que incluía a Norteamérica. En 1889 y 1890, se celebró en Washington la “Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos” o “Conferencia Panamericana”, y desde entonces el latinoamericanismo perdió posición y EEUU extendió el contenido de la Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el presidente James Monroe bajo el lema: “América para los Americanos”, asumiendo el control de la política continental.

En 1948, surgió la OEA como brazo ejecutor de esa política imperialista en la región. De allí la importancia histórica y definitiva para los procesos de liberación en el continente, del nacimiento de la CELAC para enfrentar de manera eficaz el injerencismo panamericanista.

La diplomacia bolivariana, encabezada por el presidente Chávez, se convierte hoy en punta de lanza del proyecto de integración latinoamericanista, concebido como una alianza continental progresista y antiimperialista, bajo el ideal de la unidad nuestroamericana no tutelada por Washington, en un concepto humanista del desarrollo y la cooperación entre los pueblos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Parrilladas en peligro: El ajuste estructural a la argentina

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
1. El martes 22 de noviembre, mientras el mundo tiembla ante las amenazas espartanas del Estado de Israel y el Pentágono sobre Irán y buena parte del Medio Oriente con fines de apropiación energética y superior dominio geopolítico, y cuyos efectos eventualmente devastadores a escala planetaria no se pueden nombrar por espanto y vergüenza, en Argentina la Presidenta se reunió con casi un millar de empresarios de la Unión de Industriales (UIA) del país. La UIA es parte del G8 que agrupa a los dueños de la Sociedad Rural, Cámara de Comercio, de la Construcción, la Bolsa, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Asociación de Bancos de la Argentina.

A un mes de haber obtenido el 54% de los sufragios nacionales, Cristina Fernández transparentó sin apremios electorales la naturaleza del proyecto gubernamental. En tanto los números de la inflación real superan el 20 %, pero oficialmente se habla de un 9%, Fernández dijo que “no hay que pelearse, pero por sobre todas las cosas no hay que hablarse por los diarios” y que no existe en estudio ninguna ley para prohibir el giro de utilidades al extranjero.
Con luz de mediodía, la Presidenta ratificó su política de “pacto social” (tan mítico como las expresiones ‘siempre’ y ‘nunca’, o el fin de la historia y las contradicciones), en medio de la llamada “quita de subsidios” a industrias de servicios básicos que ya ha comenzado paulatinamente a impactar a la población. La fórmula implementada hasta el momento con un gasto astronómico para el erario nacional (es decir, para el acumulado excedente producido por millones de personas), consistió en subvencionar buena parte de las ganancias del capital con el compromiso de traspasar desde arriba a la población una rebaja sustantiva en materia de servicios y otras mercancías. Desde los casinos (?), hasta el gas, agua, electricidad, comunicaciones, transporte, minería, etc. A partir del 1 de diciembre, comenzarán a aumentar las cuentas entre 150 a 400%, primero en los sectores más adinerados, y luego se extenderá el incremento opacamente hacia el resto de la ciudadanía. Estos días, el ingenio mediático de la Casa Rosada elaboró que antes de “la quita forzada” (para enfriar la inversión social, estabilizar la política cambiaria, acorralar la inflación y evitar un nuevo sobreendeudamiento ante la ruta del déficit fiscal), quienes lo deseen `pueden renunciar voluntariamente a los subsidios, como una Teletón, mueca filantrópica, caridad en vitrina o pudor.
Se trata de imponer de una vez por todas –y tonificarse regionalmente- la vieja política de los programas sociales focalizados formulados desde hace casi 4 décadas por las instituciones tutelares de la deuda y el crédito mundial para construir clientela electoral y, sobre todo, evitar la conflictividad social con el objetivo de cautelar la gobernabilidad inestable de estos paisajes. De todos modos, ya era una medida bien poco “nacional y popular” y menos “defensora de los Derechos Humanos” en términos ampliados el contrasentido de subvencionar con el excedente socialmente producido al capital concentrado para retornarlo parcialmente a los trabajadores y la comunidad. De todos modos, la iniciativa de carácter populista fue uno de los pilares que explican la victoria de Fernández en las urnas.
2. Lo cierto es que Argentina no está desconectada de la crisis económica mundial, ni ha salido -más allá de una retórica teatral para el turismo y los foros internacionales- de la actual fase de reproducción capitalista que gobierna las relaciones sociales en América Latina y que se soporta sobre la hegemonía del capital financiero en todas sus formas, el patrón primario agro y minero exportador, la privatización de lo que alguna vez no lo fue, el saqueo transnacional de los recursos naturales a costa de humanidad y bienes finitos, y la sobreexplotación del trabajo asalariado mediante el subempleo, el trabajo en negro, la precarización de las relaciones contractuales, y la creciente tercerización. De hecho, ante la ralentización de la economía brasilera y China producto de la crisis europea y norteamericana, el precio de las materias primas cae diagonalmente. La economía argentina está subordinada sanguínea e históricamente a la carioca. Y ya Brasil anunció una baja de expectativas de crecimiento para el 2011 frente al debilitamiento de sus exportaciones.
3. Por otro lado, y como es recurrente (quien pueda, resulta imprescindible leer revista La Maga Nº 2, ese fresco acierto periodístico), el holding multimedial Clarín –que engordó desde la segunda mitad de los 80’ del siglo pasado, pero hizo su primavera bajo el gobierno de Néstor Kirchner), en la actualidad se mantiene reñido con Fernández y arquitectura burda y majaderamente al secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Hugo Moyano. El dirigente sindical y empresario (o viceversa) de la industria transportista, entre otras, cayó en desgracia con Cristina y no deja de repetir a todo volumen y en innumerables canales que “¿Por qué un trabajador no puede ser Presidente?” y que “hay que repartir las utilidades de las empresas”. Naturalmente, le agradaría ser él ese trabajador al que alude (!), y la consigna redistributiva no pasa de ser propaganda corporativa para la gradería. En rigor, el problema no tiene nada que ver con “redistribuir las utilidades” (incluso sistémicamente, una medida así obstaculizaría nuevas inversiones en tanto el capital invierte todo lo que gana. Salvo que Moyano sea un revolucionario comunista encubierto y busque jaquear el capitalismo argentino e inestabilizarlo para una pronta insurrección donde él haga las veces de jefe de algún ejército rebelde que crece en las sombras). Pero Moyano en realidad es hijo de su historia y, en consecuencia, un insuperable burócrata sindical, antidemocrático, corporativista, acomodaticio, nepotista y funcional a los intereses del gran empresariado en la patria que inauguró San Martín. Mientras tanto, el mismo grupo Clarín, releva más sobriamente al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el ultraliberal Mauricio Macri, pre candidato a las elecciones nacionales de 2015, quien se resiste a asumir los costos que le reportaría hacerse cargo de la administración sin subsidios del transporte subterráneo de la Ciudad.
4. El 23 de noviembre más de 5 mil personas de organizaciones sociales y políticas de la Capital argentina marcharon contra la criminalización de la protesta social. Entre las agrupaciones más visibles se encontraban los trabajadores de fábricas de neumáticos, de la empresa Kraft, Texaco, frigoríficos, hospitales, docentes, estudiantes, intelectuales.
El delegado ferrocarrilero de la Línea 60, Néstor Marconi, acusa mientras no deja de avanzar hacia la Plaza de Mayo que “Tenemos 5 compañeros presos (Oñate, Olivera, Tapia, Claro y Germano) por reclamar los derechos de los trabajadores y más de 4 mil delegados sindicales procesados.”
Ana Barría pertenece al Movimiento Ciudadano y Portuario –Marítimo y Naval De Pie y dice entre bombos que el actual gobierno “no representa los intereses de los trabajadores. Ellos están por los privilegios y nosotros por la igualdad”.
El representante de los asalariados de la Ferrovía Avellana, Trejo José, apunta que “el pasado 4 de noviembre fuimos reprimidos con balas de goma cuando estábamos demandando mejores sueldos. En menos de un año van 15 muertos en distintas luchas. En Buenos Aires, Bariloche, El Chaco, Formosa, y la semana pasada una ‘patota’ sindical mató a Cristian Ferreyra en Santiago del Estero”.
5. En calle Corrientes, nudo y resumen de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra el Teatro Astral. El fin de semana ofrecerán un recital los reconocidos músicos Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.
El recital se titula “Más de lo mismo”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Los subsidios no se retiran para ‘redistribuir ingresos' a las mayorías

Pablo Heller (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El empeño de la propaganda oficial por presentar el tarifazo en curso como un acto de "equidad social" y de "justicia redistributiva" viene creciendo, en forma proporcional, a las evidencias que van señalando la envergadura y el alcance del mismo.

El esfuerzo del gobierno por negar el lanzamiento de un tarifazo es una poderosa señal de crisis política. En primer lugar, porque los K no pueden echarse atrás. El recurso de echar mano a todas las cajas oficiales se ha agotado. Si bien el Presupuesto 2012 prevé tomar 19.400 millones de los fondos jubilatorios y del Banco Central, a los que se agregan otros 45.000 millones para los pagos de la deuda, esas sumas resultan insuficientes para enfrentar todos los compromisos -entre ellos los 80.000 millones en subsidios.

Tampoco hay síntomas de que vayan a recular. Quedarían afuera del ‘tarifazo' solamente los jubilados que perciben la mínima, discapacitados o beneficiarios de la asignación por hijo o de planes sociales. La estadística oficial reconoce apenas un 15 por ciento de la población como ubicada por debajo de la pobreza y con ingresos inferiores a 1.250 pesos para ser considerado "pobre". El beneficio, en definitiva, sólo quedaría reservado para los indigentes. Por otra parte, el parámetro de los niveles de consumo de energía no tiene en cuenta los consumos colectivos de varias familias que comparten un mismo hogar o el uso mayor de electricidad por carencia de gas u otros servicios. El hecho de que se someta a un "cruce de datos" quien pueda continuar con ese beneficio da pie a un manejo discrecional.

¿Se reducen los subsdios?

Pero lo más paradójico es que el gobierno acaba de disponer un ajuste de las tarifas de luz y gas que, en ambos casos, pueden duplicar el monto de la factura. Esto significa colocar, de movida, 7 mil millones de pesos adicionales.

Una cuestión parecida se presenta en otros rubros, con los subsidios a biocombustibles. Los derivados de la caña de azúcar o del maíz vienen recibiendo subsidios que ahora deberían aumentar, como consecuencia de los aumentos de tarifas, por un lado, y de los combustibles, por el otro. Quiere decir que lo que los Ledesma y compañía tengan que poner por un lado del mostrador se verá más que compensado con la suba de subsidios del otro lado. Además, la utilización como materia prima de artículos de primera necesidad para la producción de biocombustibles encarece la canasta básica alimentaria.

Un modelo financiero

Durante esta última década, los subsidios sirvieron para sostener un régimen privatizado parasitario. Los subsidios no redundaron en una mejora de las prestaciones, hay falta de inversiones y hasta de mantenimiento, así como la pérdida de reservas.

Las privatizadas pretenden, además, la liberación de las tarifas, lo que ponen como condición para nuevas inversiones. Se retornaría, en este caso, al esquema de negocios del menemismo, con una fuerte deuda con el exterior. Este esquema exige precios internacionales. La tarifa, en otras palabras, no tiene en cuenta el costo de producción, sino la cotización mundial del petróleo y sus derivados, así como la remuneración del capital que financia las inversiones. Una liberación, en la actualidad, supone, por ejemplo, en lo que se refiere al gas, una triplicación del precio si lo comparamos con el combustible que viene de Bolivia o su quintuplicación cuando viene embarcado de otros orígenes. Se trata de un nivel tarifario prohibitivo.

El rescate de las privatizaciones menemistas de la quiebra de 2001/2, por medio de subsidios, ha dejado al país sin reservas de combustibles, a lo que se suma el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria o de la flota de aerolíneas, el colapso del sistema de transporte y la obsolescencia energética. Sólo para 2012, los subsidios para la importación de combustibles previstos ascenderán a 20.000 millones de pesos -es decir: casi 5.000 millones de dólares que se van a ir del país, precisamente, en el momento en que los K plantean defender las reservas y evitar su fuga al exterior.

Reconstrucción al servicio de los trabajadores

En lugar de este rescate inservible, que prolonga la agonía de un sistema agotado, es necesario nacionalizar los recursos estratégicos y proceder a una reconstrucción integral de los servicios de gas, luz, transporte y la actividad petrolera bajo el impulso de una amplia intervención y control de los trabajadores.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Asesinato en un bosque de la Nación

Alfredo Grande (APE)

.

“No me importa que haya vida después de la muerte. Solo me importa que haya vida antes de la muerte”
(aforismo implicado)

“OTRA VICTIMA POR DEFENDER SU TERRITORIO. Un sojero detenido por el asesinato de Cristian Ferreyra El empresario agropecuario Jorge Ciccioli se entregó y quedó detenido, sospechado de ser participante secundario en el asesinato del militante del Mocase. Javier Francisco Juárez, detenido y acusado de ser el autor material del crimen, y su hermano Walter Juárez son empleados de Ciccioli, quien reclama la propiedad del territorio comunitario en el que vivía Ferreyra. La orden de detención la había librado el juez de Monte Quemado, Alejandro Sarría Fringes. Ayer por la tarde Juárez, acusado de homicidio simple y lesiones graves, por dispararle y provocar heridas a Darío Godoy, otro campesino, fue llevado a Monte Quemado bajo un estricto operativo policial para ser indagado por el juez Sarría Fringes, aunque se abstuvo de hacerlo por indicación de su defensa. La comisión regresó con el detenido a esta capital para que continúe alojado en la Alcaidía de Tribunales. Allí se encuentra ahora Ciccioli, quien deberá aguardar que el juez a cargo de la investigación lo cite a indagatoria en los próximos días. (Página 12)

Cuando Lisandro de La Torre ve caer asesinado a Enzo Bordabehere, sabe que no le queda vida. El “fiscal de la patria” tiene sus días contados, pero para la resta y no para la suma. El que fuera derrotado con fraude por Agustín P. Justo, el senador que llegó a denunciar el pacto Roca-Runciman, el político que se batió a duelo en dos oportunidades, no disponía de más capacidad de asombro e indignación, la misma que hoy llena las calles del mundo. El suicidio no es derrota: es fracaso. Pero no solamente del que se suicida, sino de los que con la indiferencia, complicidad, cinismo, hipocresía y delitos varios, van tejiendo la tela donde cae primero y es succionado después todo militante de la verdad y la justicia. En los tiempos del fraude patriótico, un asesinato en el senado de la nación no era en vano. Pasaban cosas en el parlamento, la degradación de la política no alcanzaba a todos por igual. Asesinar a Lisandro de la Torre era destruir un símbolo, una idea, una praxis. Hoy, banelco más, banelco menos, nadie tiene como prioridad asesinar a un senador. Podríamos decir que en cierto sentido ya están muertos, viendo el prontuario de algunos que se incorporan pronto. Sin embargo, votar es resucitar un poco. Y volverán obscuros golondrinos, las bancas del Senado a poblar. Sería importante un debate sobre para qué sirve hoy el Congreso, más allá de que sea una estación del subte A. ¿No estaremos en presencia del mayor subsidio de todos los tiempos, para sostener el alucinatorio social de la división de poderes? Entre los decretos de necesidad y urgencia, y los vetos presidenciales, la eficacia de las leyes son directamente proporcionales a la vibración armónica que tengan con la voluntad política del Ejecutivo. Hay mayorías automáticas mas allá de la corte menemista, aunque podamos conceder que son semi automáticas porque no hay cooptación que dure cien años. El reacomodamiento de precios, eso que algunos llaman inflación, es sostenido y quedará desnudo cuando los taparrabos de los subsidios sigan cayendo. No creo que los vecinos sensibles de Puerto Madero, Recoleta, countries varios, protagonicen ninguna caceroleada por la suspensión de los subsidios. El Casino, ahora sin subsidios, seguirá flotando y estafando. Y muchos harán patria diciendo: “Yo renuncio al subsidio”. Corajudo el criollo, que sabe montar en pelo cuando no encuentra el apero de pato. Ahora la distribución de la riqueza pasa por no subsidiar o sea, si hay riqueza que no se note. Seguramente los afortunados que renuncian al subsidio hicieron la plata trabajando y por eso pueden vivir en el otro Buenos Aires, el que está prohibido para los que viven en los barrios de a pie. Pero la patria, que no es un fusil ni una bandera, muestra su verdadera imagen en las políticas de exterminio que la mayoría de las provincias sostienen. El cínico recurso de apelar a mantener las fuentes de trabajo, logra sepultar la convicción de que el hambre para mañana está generado por el pan de hoy. Si el trabajo destruye las fuentes, de lo que se trata es de crear nuevos trabajos, para que la ganancia de hoy no sea la hipoteca suicida del mañana. Polémica fundante que no puede aspirar a la misma difusión e importancia que el traspaso del subte, en la cual se trenzan funcionarios que con absoluta seguridad no viajan en las horas pico, porque entonces entenderían que la tragedia no es de quién son, sino cómo se hace para bajar si por milagro lográs subir. Estoy esperando ansioso la tarjeta BAJA, que quizá podría resolver el dilema. Pero aunque sigo esperando, es alivio saber que no estamos solos. Transcribo parte de un documento que también habla de los asesinatos que se cometen en la Nación: “Este Tribunal Popular del Cordón Industrial del Gran Rosario, de acuerdo a las denuncias y testimonios de los casos presentados y en concordancia por lo dictaminado en otros juicios populares nacionales, como el Juicio Ético a las transnacionales de Buenos Aires, del NOA, del NEA, de la Patagonia ; y Juicios Populares Internacionales, DECLARA CULPABLE: a las empresas, Cargill, Vicentin y Molinos Río de la Plata por: violar los derechos de los pueblos a la soberanía nacional; por violar los marcos normativos y jurídicos; por violar los derechos de los trabajadores, y los derechos a la salud, y a vivir en un ambiente sano; por violar los derechos de información, comunicación, educación, circulación. Y sobre todo por violar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza , agudizando un verdadero genocidio silencioso

Al estado, y a todos los gobiernos en sus distintos niveles, nacional, provincial, local, que han contribuido a la continuación y profundización de este modelo de destrucción y saqueo

Al actual sistema capitalista de escasa distribución y excesivo consumo, caracterizado por la extracción y explotación de nuestros bienes comunes

A los organismos internacionales de crédito, como el Fmi, Banco Mundial, BID, OMC, etc, por violar el derecho de los pueblos a elegir su propio proyecto de “desarrollo”, y a imponer por medio del financiamiento programas y proyectos y un modelo “a seguir”, que poco tienen que ver con las necesidades de nuestros pueblos

Al paradigma cultural y político dominante, que reproduce a partir del discurso, un sistema inmoral e insustentable de desarrollo

A todos aquellos funcionarios del gobierno nacional, y provincial, y local, conjuntamente con legisladores, profesores y decanos universitarios, autoridades y funcionarios de la salud , medios de comunicación, que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas, culpables del delito de complicidad, corrupción y participación necesaria, directa o indirecta en actos que no hacen más que sostener este modelo de desarrollo no sustentable, condenando el bienestar y el buen vivir de nuestros pueblos”. No hay seriedad en el capitalismo, excepto la seriedad de los cementerios. En algún bosque de la Nación, Cristian Ferreyra fue asesinado. No nos conocimos nunca. Pero ahora yo tengo el privilegio de conocerlo.

De saber que defendió lo que seguramente yo no defendí antes, pensando que mi mayor tragedia era viajar en subte. Ahora que lo conozco, sólo puedo defender su recuerdo. Con bronca y con amor. Y no renunciar al subsidio, aunque sí renunciar al suicidio. Luchar con los que luchan, porque no estoy solo y además, tampoco quiero esperar más.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Transgredir los límites

Carlos Chile (ACTA)

El sesenta por ciento de votos obtenido por la derecha en la Ciudad de Buenos Aires se comienza a sentir en la prepotencia que quiere imponer el modelo macrista en el gobierno. La ciudad está perdiendo conquistas democráticas como lo es el vaciamiento del presupuesto para las comunas, ese lugar donde la gente puede debatir y tomar decisiones sobre los recursos del Estado.

Lo restringen para que eso no sirva como un espacio de participación real, de democracia extendida. Nos estamos moviendo en el marco de una situación de reconfiguración, de crisis del Estado porteño y por supuesto de mayores desafíos.

Entonces, yo creo que desde el campo popular es necesario tener abierta la cabeza, pensando que hay un perfeccionamiento del modelo de Estado que intenta perpetuar un modelo económico en la Argentina.

Eso significa tener capacidad de bancarse el ensayo, la diversidad, y en el marco de esa prueba estar dispuesto a que hay cosas que van a salir bien y otras que no.

Cuando uno adhiere a la tesis del ensayo no hay éxito predeterminado. Esa idea requiere de mucha audacia, de mucha firmeza en lo estratégico y en lo ideológico para poder sostener, más allá de la ofensiva del sistema, esa línea de trabajo.

Yo creo que la política que ratifica la Capital Federal, niega lo corporativo y se afirma en la pluralidad, para poder construir, yo diría, una visión distinta, superadora, un proyecto contracultural, contra hegemónico, lo que para nosotros y nosotras es la Constituyente Social.

Por ahí estamos transitando, ese es el tema, hemos conseguido ir construyendo colectivos y fundamentalmente hemos podido, más allá de discursos posibilistas dentro de nuestra propia Central, recurrir a lo mejor que tiene el campo popular que es la valentía para trasgredir los límites que el sistema nos impone.

Indudablemente la CTA en los cuatro años que vienen va a estar en el centro de la tormenta, tormenta que no hemos construido nosotros, tormenta que es planetaria, según el presidente del Banco Central de Inglaterra, se presupone que va a ser peor que la de los años 30.

Por eso no alcanza con la idea de que la crisis no la paguen los trabajadores, hay que construir acción política para garantizar eso, entonces necesitamos más CTA, y por supuesto, no hay ninguna posibilidad de éxito para esta idea sin el componente de la universalidad.

La única forma de producir universalidad es la incorporación de millones al debate político y esa es la tarea. En eso estamos caminando y yo creo que de una u otra forma la vida nos va mostrando la senda que hemos elegido es la correcta.

Carlos Chile es Secretario General de la CTA Capital.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El represor Bussi, al juicio final

PRIMERA FUENTE

A los 85 años y luego de una extendida agonía murió el represor Antonio Domingo Bussi. Sus restos serán sepultados en la localidad de Pilar, en provincia de Buenos Aires, por decisión de la familia.

Bussi padecía severos problemas cardíacos y estaba internado desde el lunes pasado en un instituto privado de cardiología en San Miguel de Tucumán. Horas antes de confirmar el fallecimiento, su médico personal había asegurado que se encontraba en "estado terminal" y que algunos de sus órganos vitales ya no respondían funcionalmente.

El exmilitar condenado por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura fue interventor de facto de Tucumán entre 1976 y 1978 y luego resultó electo gobernador entre 1995 y 1999. Sobre el fin de su mandato resultó electo diputado pero la Justicia rechazó su asunción porque se encontraba investigado por crímenes imprescriptibles.

En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán, pero tampoco pudo asumir. En 2004 fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones tucumana y luego afrontó los juicios orales. El 28 de agosto de 2008 fue sentenciado a cadena perpetua, que por su delicado estado de salud, cumplía desde hace meses en su casa del selecto barrio Yerba Buena, en la capital provincial.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos de los cuales fue testigo: “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a la persona". Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

En el 87 lo salvó el Punto final, pero también la justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal provincial, que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas en su contra. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El voto le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, había justificado.

En marzo de este año, el represor fue condenado a prisión perpetua junto al ex general Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y asesinato del senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse ocurrido el 24 de marzo de 1976, cuando se desempeñaba como jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército.

Bussi tenía más de un centenar de causas en la Justicia argentina por distintos crímenes de lesa humanidad y otros delitos como enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. En el año 2007, le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que se trasladó desde el ex arsenal Miguel de Azcuénaga hacia la casa de uno de sus hijos en un country tucumano.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Escrita horas antes de su muerte: Carta al genocida Bussi

PRIMERA FUENTE

“Hoy leí la noticia que usted está agonizando, va camino a su muerte y decidí escribirle desde mi tristeza”, comienza la carta que escribió Silvana Forti, hija de desaparecidos, al genocida Antonio Domingo Bussi, quien finalmente murió esta tarde, a las 16.50, en el Instituto de Cardiología de la capital tucumana.

“Triste noticia, la de su espera en una clínica de la capital de Tucumán, cuando en realidad usted debería estar en una clínica de prisión.

Triste noticia la de su inminente muerte porque usted finalmente no pasó por la cárcel donde todo genocida debería estar.

Triste noticia que nos impide llevarlo a juicio por el secuestro, desaparición y tortura de nuestra madre Nélida Azucena Sosa de Forti.

Usted es el principal responsable y mientras se muere, nosotros seguimos buscando saber qué pasó con nuestra madre, dónde están sus restos para poder darle un entierro digno, como el que usted tendrá sin merecerlo.

Triste noticia que su crimen quede impune porque usted no solo es responsable de la desaparición de mi madre, a quien mandó a secuestrar el 18 de febrero de 1977 junto a mis 5 hermanos de 16 a 6 años, todos forzados a bajar de un avión de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza, cuando viajaban a Venezuela para encontrarse con mi padre.

Usted es también responsable de numerosos crímenes, abusos y robos realizados a ciudadanos tucumanos que aun esperan, como nosotros, que la justicia se haga una realidad. Y es también responsable de haber marcado traumáticamente nuestras vidas siendo muy jóvenes y de lanzarnos al exilio, experiencia difícil que se sumó al insoportable dolor de no saber nunca más nada de nuestra madre.

Triste noticia que usted muera sin el juicio ni el castigo necesario. Pero sepa que no logró destruir el legado humanista de mi madre, ni su memoria, ni su afán solidario, ni su defensa de los derechos sociales ni su prédica contra toda injusticia, porque toda ella vive en nosotros, sus hijos, como práctica viva en todos los países que nos han acogido.

Triste noticia la de su inminente muerte, pues siempre esperamos verlo sentado frente a los jueces gozando de las garantías que usted siempre violó. Y nos queda la duda de si algún día la justicia dejará de ser tan injustamente lenta”.

Dra. Silvana Forti

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Salta: Un estado que penaliza a las victimas

INDYMEDIA

Luego de que fracasara -por manipulaciones políticas- el intento de llevar al recinto del Congreso el debate de legalización de aborto. La realidad del aborto clandestino no golpeo duramente: Una niña de tan solo 13 años de edad fallecía en la provincia de Salta producto de un aborto inseguro.

Desde el viernes 18 de noviembre, la justicia, dejo detenida a la madre de la niña Alcaldía General de Salta. Para el juez Federico Diez, la mujer esta sospechada de haber suministrado misoprostol, a la niña. para provocarle el aborto. El magistrado declaro a un diario nacional: “Secuestramos el útero del hospital y lo enviamos al laboratorio. Allí se determinó que el aborto no fue por un instrumento externo sino farmacológico. Necesito tener a esta persona a disposición porque no hay certezas de que no haya participado y en el entorno cercano hay mucho hermetismo”

La niña, como tantas cientos de mujeres que interrumpen un embarazo, era pobre. Un dato que pone en contexto, los riesgos que asumen las mujeres de los sectores populares que por una u otra razón deciden abortar. Las estadísticas demuestran que al año, en Argentina, se producen alrededor de 400.000 interrupciones voluntaria de embarazos. En base a los datos de los registros hospitalarios, se calcula que por cada mujer que llega al hospital con hemorragia y/o una infección, hay otras 7 que no reciben ni demanda asistencia médica.

Ante este hecho el Hospital Materno Infantil dio a conocer las cifras de caso que atendieron lo que va de este año: 1759 casos este año, 65 de mujeres menores de 16 años, 265 de 17 a 19 años, 1211 de 20 a 25 años y 260 de 26 años en adelante.

Sin embargo las organizaciones de mujeres de la provincia de Salta expresaron: “…las cifras son escalofriantes, ya que corresponden a un sólo hospital y no están los datos de los hospitales del interior, además de ser sólo los casos que llegan al hospital público porque el aborto ha salido mal y corre peligro la persona.”Al mismo tiempo denunciaron que en la provincia se da educación religiosa en colegios públicos, que se devuelven las cartillas de educación sexual integral de la Nación, argumentando que no se condice con la forma de pensar de la sociedad salteña. Negando la existencia de altos índices de embarazo adolescente.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, adhiere al comunicado emitido por la Articulación de Mujeres – Salta y expresa en un comunicado: “El estado argentino debe respetar los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y ser coherente con las posiciones asumidas en foros internacionales. Solo un estado laico garantiza los derechos humanos. Por eso este 25 de noviembre en todo el país convocamos a pronunciarnos: la ilegalidad del aborto es violencia.”

• Libertad para la madre de la niña muerta por aborto clandestino!

• Basta de criminalizar las victimas!

• Contra la violencia de genero en todas sus modalidades!

• Por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

• Implementación del protocolo para la atención post-aborto!

• Implementación y reglamentación de la ley 7311 sobre sexualidad responsable en la provincia de salta!.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Basta de violencia hacia las mujeres. Salta: Ante el caso de la niña fallecida por un aborto clandestino

Hace pocos días atrás moría en el Hospital Materno de Salta una niña (DC) de 13 años producto de una septicemia por un aborto clandestino. Mientras se velaba a la niña, la brigada de investigaciones y policías armados de la provincia retiraron el cuerpo de la casa velatoria sin avisar a la madre. La madre de DC fue detenida, acusada por el Juez Federico Diez de suministrarle un fármaco para provocar el aborto.

.

Luego se le denegó la excarcelación, aún cuando incluso en el propio presupuesto judicial que la llevó a la detención, esta mujer no significa ningún peligro social y podría esperar el desarrollo de su juicio en libertad. Sólo para ofrecer un ejemplo de comparación: el cura abusador Grassi con condena por violaciones sigue libre. No estando la niña viva y negando la madre haberle suministrado misoprostol, su detención es un caso de prepotencia institucional con la que se pretende establecer un sistema aún más profesionalizado de terror sobre las mujeres que se practican abortos.

El suministro de misoprostol por vía intravaginal o por vía oral no mata a nadie. Lo que mata es no contar con un centro médico que siga a la persona luego de que se lo suministra para que una vez provocado el aborto, se chequee que no hayan quedado restos fetales, en ese caso debe practicarse un legrado.

Es claro que cualquiera sea la forma en que esta niña accedió a este método tan extendido de aborto químico, no contó luego con el seguimiento médico necesario. y eso no ocurre en la provincia de Salta porque todo el aparato de salud está inficionado por la política clerical del gobierno de Urtubey.

El misoprostol es usado de forma legal en los países donde el aborto está autorizado. En la argentina se utiliza un medicamento geriátrico que contiene la droga y este se ha convertido en un método muy extendido para practicarse abortos clandestinos: en los lugares más pobres, donde no se puede acceder a otros métodos se venden las pastillas a precios dos y tres veces mayor que en los barrios ricos. Es comprensible para las leyes del mercado, alli las mujeres se practican abortos quirúrgicos por $5000.

Resulta un escandaloso avance reaccionario esta detención que se enmarca en las políticas abortistas de miseria, falta de educación sexual científica, educación religiosa en la escuela pública, trabajo precario, ataques sexuales contra las mujeres, trata de personas y desapariciones. El detenido debe ser el representante del estado, en este caso Urtubey, que a sabiendas del enorme ingreso de mujeres a causa de abortos en los hospitales públicos de la provincia (sólo 6 por día en el Materno) no ha hecho más que profundizar las causas que llevan a las mujeres y niñas a recurrir al aborto clandestino.

A la luz de estos hechos, resulta aún más criminal la decisión de los diputados de dar la espalda al tratamiento del proyecto de ley de aborto legal en el Congreso Nacional y la reafirmación de la presidenta de dar la espalda al derecho al aborto y acompañar en esto la política del vaticano.

Contra la política abortista del gobierno kichnerista de Urtubey decimos:

Aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la iglesia del estado. Basta de educación religiosa en la escuela pública. Educación sexual científica y anticoncepción gratuita y adecuada.

Libertad a la madre de la niña fallecida a causa de un aborto clandestino.

Justicia para la niña DC.

25 de noviembre
Contra todas las formas de violencia hacia las mujeres
Concentración en Buenos Aires en el Congreso Nacional 17 hs
Concentración en Salta en Córdoba y San Martín 18 hs.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Archivo 2011: La represión sigue siendo política de estado.

.

El 25 de noviembre, a las 18.30, CORREPI estará en Plaza de Mayo haciendo su presentación anual del Archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado.

Hace 15 años, el gobierno menemista, en la voz de Carlos Corach, intentaba deslegitimar nuestra denuncia sobre su política represiva y nos pedían “números, datos”.

Así comenzó la tarea de sistematizar la información. Pero como, para nosotros, nuestros pibes muertos no son ni “números” ni “datos”, la información del archivo acompaña nuestra tarea militante diaria de organización, de denuncia y de lucha.

Hoy, después de la reelección de un gobierno que se adjudica el rol de “defensor de los DDHH”, nuestro archivo sigue evidenciando números que contradicen de pies a cabeza ese discurso.

Sobre 3.393 personas asesinadas desde diciembre de 1983 a la fecha, 1.836 murieron en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en los últimos 12 meses. Más del 50 por ciento son pibes menores de 25 años.

Además, el Archivo muestra que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país. Desde las policías de los gobiernos “más reaccionarios” como el de Macri, que con su metropolitana, en lo que va del año, tiene 5 casos de gatillo en su haber, hasta la policía del “socialista” Hermes Binner, la policía santafesina, que vuelve a ocupar el primer lugar en cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes de su provincia.

A estos datos, hay que agregar el recrudecimiento por parte del gobierno de políticas de persecución hacia los sectores organizados. La represión selectiva del kirchnerismo sigue manteniendo en sus cárceles a tres presos por razones políticas y criminaliza a quienes salen a luchar por salario, trabajo y mejores condiciones de vida.

La utilización de patotas sindicales y grupos de choque para dirimir conflictos gremiales o medidas de lucha han sido moneda corriente en este último periodo, como lo prueba el asesinato de Mariano Ferreyra.

Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne.

Mariano Ferreyra: de cómo la justicia cuida a los sicarios del estado.

Esta semana, la Cámara en lo Criminal confirmó el procesamiento de siete policías federales por su apoyo, el 20 de octubre de 2010, a la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra.

Los policías imputados son el ex titular de la Superintedencia Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, los comisarios Luis Echeverría, Jorge Ferreyra y Luis Mansilla, el subcomisario Rolando Garay, el principal Gastón Conti y el suboficial Villalba. Esta causa es un desprendimiento de la causa inicial por el asesinato de Mariano. Es que la estrategia de la justicia y del gobierno es disimular su responsabilidad sobre lo ocurrido y, por supuesto, cuidar a sus sicarios. Por esto mismo es que estos siete policías, cuatro de ellos oficiales jefes, fueron procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, es decir, por no haber prestado auxilio a las víctimas después del hecho, y no como partícipes del asesinato, cuando está por demás probado que no actuaron por “omisión” sino que fueron una pieza fundamental del plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, permitiéndole un escape seguro y, finalmente, destruyendo pruebas de su accionar.

Ya la jueza Wilma López desoyó el planteo que hicimos los querellantes en la causa para que se los impute como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua. Ahora es la Cámara en lo Criminal quien confirma el procesamiento realizado por la jueza, responsabilizándolos por un delito menor, que no refleja su verdadera participación en el asesinato de Mariano. Como siempre, la justicia se encarga de cuidar a los sicarios del estado, o de darles el menor castigo posible, limpiando la responsabilidad que tienen, tanto la policía como el gobierno, en el asesinato de un luchador.

Cristian Ferreyra: Otra víctima de un crimen “nacional y popular”.

“Asesinado por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue”. Así tituló el oficialista diario Página/12 en relación al crimen de Cristian Ferreyra, el militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) asesinado en Copo, Monte Quemado, cuando el 16 de noviembre, junto a otro campesino también herido, se resistía al desalojo.

Rápidamente, el periodista Darío Aranda (autor de la nota), salió a denunciar al diario del gobierno, porque le censuraron la explicación del crimen que realiza el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Concretamente, Aranda dijo que le “podaron” el siguiente párrafo: “El MNCI donde militaba Ferreyra enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Zamora, el Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del MNCI Adolfo Farías fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones”.

¿Qué evidencia este pasaje censurado de la crónica periodística, a manos de un medio oficialista?

¿Cómo se compadece este silenciamiento de la víctima en un medio del gobierno autodenominado de los derechos humanos?

Como en el caso del otro Ferreyra, Mariano, estos crímenes se inscriben en el método de la represión tercerizada para defender, desde el estado, los intereses de los empresarios.

Que el “modelo nacional y popular” se asienta en los pooles sojeros, nadie puede negarlo: desde los Grobocopatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales al estilo del asesino Jorge Ciccioli, responsable directo del crimen de Santiago del Estero).

Al amparo de las direcciones estatales de tierras, las policías provinciales y el propio poder judicial, las prebendas y privilegios que estos asesinos-socios del gobierno ostentan, han servido para consolidar el negocio de la sojización, con el que forma caja “el gobierno nacional y popular”.

Es que negocios son negocios, como lo explicara la propia presidenta, cuando, tiempo atrás, recibió a Pueblos Originarios reacios a su cooptación, aunque haya que decretar zonas liberadas, desalojos compulsivos ilegales e ilegítimos, cajoneo de múltiples denuncias e impunidad para el matonaje.

En esta lógica se inscribe el disparo mortal sobre Cristian Ferreyra. Como en el asesinato de Mariano, donde los intereses de los empresarios ferroviarios se contraponen con el de los trabajdores tercerizados, en el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado.

Y en ambos, el estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación y protagonismo. Para eso, necesitan socios como empresarios asesinos, gobernadores o burócratas sindicales afines, jueces, fiscales y policías convenientemente adiestrados tanto para la comisión como para la omisión, patotas prestas a actuar, y siempre, siempre, un diario que tergiverse un crimen de la burguesía.

Corcovado y Luis Bolaño: la justicia en evidencia.

Esta semana presenciamos dos fallos judiciales que muestran sin disimulo el rol del aparato judicial como garante de la impunidad de los represores de cada día. Dos casos en los que las pruebas demuestran una cosa, y el fallo dice lo contrario.

En marzo de 2009, Corcovado, Chubut fue sitiado por la búsqueda de un prófugo. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones de Policía), junto con otras reparticiones de la policía provincial, invadió el pueblo. Allanaron violentamente más de 20 viviendas, asesinaron a Wilson Bustos, dejaron parapléjico a su hermano Marcos, y hasta hoy sigue desaparecido el adolescente Luciano González. Hasta tomaron la radio zonal para que no se difundiera lo que sucedía.

Luego de la denuncia de las víctimas, la fiscalía amagó con la calificación de tortura, y de delitos de lesa humanidad, pero todo terminó con una tibia imputación por “excesos y abusos”. Se decidió acusar solamente al comisario Miguel Gómez, jefe del GEOP, y a ninguno de sus subordinados ni a los otros sectores de la fuerza policial que intervinieron. Tras casi tres años de espera, en estos días se conoció la sentencia, que causó asombro e indignación en Corcovado: lo absolvieron.

Los jueces decidieron, basándose en impresiones personales, y no en una base probatoria concreta, que probablemente los recuerdos de los habitantes de Corcovado “se vean mezclados por apreciaciones escuchadas, por un ataque que sintieron como aditamento de desgracias como la muerte de un integrante de la familia y otro gravemente herido”. Por otro lado, sobre lo actuado por los subordinados del comisario Gómez, concluyeron que “seguramente” no habrían sido decididos por él, y resultaron “excesos del personal policial”. Personal desconocido, por cierto, ya que no existe listado del personal policial que participó del operativo durante esos días.

Es decir, de la terrible semana que vivieron los habitantes de Corcovado no existe ningún responsable, ni material, ni político.

El otro fallo fue en el juicio por el asesinato de Luis Bolaño, en Grand Bourg, Buenos Aires, el mismo mes de marzo de 2009, por el vigilador privado Juan Pablo Rodríguez. Como hemos informado, Luis, un chico discapacitado mental y motriz, volvía a su casa cuando Rodríguez le disparó a matar. La historia del vigilador es que Luis era un delincuente armado y violento. Las pruebas, por su parte, muestran que Luis no hubiera podido siquiera sostener un arma, ya que tenía la “mano en garra” y el brazo atrofiado, aparte de que la supuesta arma nunca fue encontrada en la escena.

Esta semana, el tribunal oral nº 2 de San Martín condenó al vigilador de la empresa Clave seguridad SRL, contratada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la pena de dos años y diez meses de prisión, por supuesto que sin ir preso.

¿Por qué? Porque, según los jueces, como Luis, desorientado, caminó erráticamente para un lado y parta otro, en un lugar donde eran frecuentes los robos a mano armada, el vigilador pudo equivocarse, y creer que debía defenderse. Así, aplicaron la tesis de un “error en el ejercicio de la legítima defensa”, no sin aclarar que, después de todo, “…fue la propia acción de Bolaño la principal provocadora del error”.

Así como la policía es el brazo represivo del estado, el perro guardián de los poderosos, y su función es la de reprimir al pueblo, el aparato judicial es el que se encarga de defenderlos a ellos. La justicia no está en los tribunales, se consigue con organización y lucha.

Detenciones arbitrarias: la gran herramienta de la represión preventiva.

El diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, informó, la semana pasada, que una mujer policía denunció que su jefe, el comisario de una seccional de la ciudad, porque obligaba a todos los policías a hacer detenciones sin motivo alguno para elevar el número de las estadísticas de la comisaría.

El comisario llevaba una planilla con los nombres de sus subordinados, y las cantidades de detenciones realizadas. Y también colgaba un cuadrito con las fotos de los verdugos más eficientes, al estilo del “empleado del mes”.

Esta es la política que CORREPI viene denunciando desde que existimos. Las detenciones arbitrarias, en Córdoba, Buenos Aires, Salta o Santa Cruz, son política de estado. Para garantizar la “seguridad” de los ricos, los asesinos de uniforme detienen arbitrariamente a todo pibe de barrio por pura pinta. Así lo vemos a diario en las calles del país, cuando la policía pone contra la pared y cachea a los pibes que andan vestidos con ropa deportiva y gorrita.

En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del Caso Walter Bulacio, ordenó al estado argentino derogar todas las normas y prácticas que habilitan detenciones arbitrarias. Sin embargo, en Córdoba, como en todo el país, siguen existiendo, al amparo legal de los Códigos de Faltas o Contravenciones y las facultades para detener personas en averiguación de antecedentes. Ni hablar de las prácticas que ni siquiera están normadas, como las razzias y las requisas que hace la gendarmería en los colectivos que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires.

El estado argentino jamás va a cumplir con el dictamen de la Corte IDH porque se quedaría sin una de sus armas más elementales para controlar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.

En un escaparate de sinceridad, el diario cordobés publicó: “El Gobierno argumenta que la detención no es una pena, sólo una medida preventiva, y que no se podría responder a las demandas de seguridad y a las denuncias de la sociedad…”. Es verdad, las detenciones arbitrarias son una herramienta de represión preventiva imprescindible para garantizar las demandas de seguridad de los explotadores.

Otro burócrata de la UOCRA integrante del batallón 601.

En el Boletín Informativo Nº 616, de julio de este año, denunciamos la participación durante la última dictadura militar del secretario general de la UOCRA, como personal civil del batallón 601, donde realizaba tareas de inteligencia.

A principios de este mes, el SITRAIC (sindicato de trabajadores de la construcción y afines) denunció otro nombre más. Séquito de Gerardo Martínez por más de 20 años e integrante de la Triple A, Raúl Alberto Leiva (DNI 12.622.342) aparece a foja 46 y con número de orden 2474, en la nómina oficial que el Ejército Argentino entregara en 2010 a la ministra Nilda Garré.

En dictadura, entregaron compañeros a las manos del ejército. En “democracia”, son los mismos burócratas los que ejercen la repreisón. Los que muelen a palos a los trabajadores que se organizan de manera independiente, los que mandan a matar en las movilizaciones, como sucedió con Mariano Ferreyra, los que amenazan, los que amedrentan. Los que lavan la cara al gobierno, que terceriza la represión en estas patotas sindicales para sostener su discurso de “defensa de los DDHH”.

En dictadura o en “democracia”, el objetivo es el mismo: mantener callados a los que se organizan y quieren cambiar este orden nefasto de las cosas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: El narcotráfico amenaza a jueces y fiscales federales en Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El Dr. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quien es Presidente Cámara Federal de apelaciones de Salta, hablo con la Agencia de Noticias Copenoa sobre las denuncias señaladas contra jueces y fiscales federales provenientes del narcotráfico en las provincias de Salta y Jujuy.

Al respecto, se pronunció el Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quienes repudiaron los ataques. Las víctimas son el juez federal N° 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio; el juez federal N° 3 de Orán, Raúl Juan Reynoso; y del juez federal N° 2 de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, y el secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, Federico Aníbal Zurueta, y el fiscal federal N° 2 de Salta, Eduardo José Villalba.

Los custodios del juez jujeño Olivera Pastor encontraron en la puerta de su juzgado una caja con su nombre y apellido. Adentro había un cráneo humano, lo que es un claro mensaje mafioso.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Estatuto Layún para Empleadas Domésticas

César Arese (ACTA)

Las instituciones trascienden a los hombres y Camel Rubén Layún dejó de ser un abogado laboralista, para convertirse en una institución viviente del Derecho Laboral de Córdoba. Su desaparición física ocurrida el 18 de noviembre, es una contingencia dolorosa para todos sus afectos, pero no concluye su existencia sino que la hace brillar más que nunca.

Fue fundador y dirigente del Círculo de Abogados Laboralistas de Córdoba, del Equipo Federal del Trabajo, y del Centro Tiempo Latinoamericano. En dos oportunidades fue asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación, actuó como abogado de varios sindicatos, colaborador de décadas con Cáritas Arquidiocesana y dictó cátedra universitaria de Derecho del Trabajo.

Desplegó una importante obra doctrinaria entre la que pueden destacarse sus trabajos en la Revista Jurídica del EFP, sus intervenciones en congresos y jornadas, su participación en la elaboración de las “Bases Constitucionales para América Latina y el Caribe” y sus libros en coautoría como “Flexibilidad laboral y relaciones de trabajo en las PYMES” y tantos otros.

Se caracterizó por transitar los pasillos de tribunales concentrado en las defensas, ansioso y apasionado; nunca indiferente y jamás buscando sus réditos personales por encima de sus defendidos. En muchas oportunidades, los resignaba para facilitar que los litigantes obreros alcanzaran sus reclamos, un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados. Tan fue así que en el momento en que falleció preparaba calzar una vez más y, seguramente con orgullo, su traje de abogado laboralista para otra audiencia en la Cámara Laboral. Obviamente, era un juicio en que estaba asumiendo la tutela de los intereses de los trabajadores. Estaba de un solo lado y nunca lo ocultó. Le apasionaba abogar por los más desposeídos y fue su elección de vida.

Como al parecer le era insuficiente esta inmensa tarea, también actuó en búsqueda de la verdad respecto de los crímenes de la última dictadura militar. Sin ser un especialista en Derecho Penal, asumió la defensa jurídica destinada al esclarecimiento del asesinato del Obispo Enrique Angelelli de La Rioja producido durante la dictadura militar 1976/1983.

Toda esta obra ya lo hace acreedor de un homenaje. Sin embargo, la actuación jurídica y militante más importante de su vida, fue ser asesor del modesto Sindicato de Personal de Casas de Familia (SINPECAF-CTA). Acompañó durante décadas a la heroína del sindicalismo argentino, la dirigente de domésticas Sara Astiazarán quien, sin un peso, ni siquiera local sindical propio, batalló y consumió toda su vida para lograr el reconocimiento de las empleadas domésticas como sujetos de trabajo decente, al igual que el resto de los trabajadores.

Layún se fue corporalmente, en el mejor año jurídico para las empleadas del hogar. La Organización Internacional del Trabajo, aprobó el 16 de junio último el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. El nuevo convenio de la OIT se dirige a proteger a las personas que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral y les asegura los derechos mínimos a la libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, de trabajo infantil y discriminación en el empleo y la ocupación.

Pero lo central en la mística de Layún fue derogar el Estatuto del Servicio Doméstico vigente por decreto 326 de 1956, ese que no reconoce a las domésticas, un límite de jornada, por ejemplo. Trabajó durante décadas para el proyecto de ley de Estatuto para Trabajadores de Casas Particulares hasta que la iniciativa fue asumida e impulsada por la actual gestión del Ministerio de Trabajo de la Nación. La norma que busca equiparar los derechos de las empleadas domésticas con el resto de los trabajadores, ha recibido el respaldo casi unánime de las dos cámaras legislativas, restando sólo la aprobación del Senado en particular.

La gran fantasía de Camel será posible este año. Centenares de miles de trabajadores domésticas argentinas mejorarán sus condiciones de vida y se acercarán aun más a la dignidad humana, gracias a una norma que debe ser conocida como “Estatuto Layún para Trabajadores de Casas de Particulares”.

Este triunfo de un jurista por los derechos humanos laborales valdrá la profunda pena que hoy siente el Fuero Laboral de Córdoba.

César Arese es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: "El proyecto de poder popular se reconstruye desde la base"

Carlos Saglul (ACTA)

Jorge Cardelli, secretario de Formación de la CTA Nacional, coordinó ayer un Plenario Nacional de esa Secretaría que se desarrolló en la Sede Nacional de la Central, Lima 609. En diálogo con ACTA, el dirigente docente y diputado nacional, se mostró convencido de que democratizar el poder es también socializar el conocimiento y explicó el plan federal de capacitación de cuadros.

La mayoría de las empresas no tiene delegados, mucho menos formación gremial.

La burocracia no sólo se caracteriza por no propender a que las bases se organicen sino también por no socializar el conocimiento. Los compañeros no conocen ni siquiera sus convenios. ¿Si no saben sus derechos cómo pueden defenderlos? Hay un Manual del Delegado que editó la CTA y que es fundamental difundir. Es parte central de la organización. Lo que estamos haciendo en este encuentro es una planificación curricular, trabajar a nivel de todo el país a través de talleres y encuentros de formación. Cumplimos de esta forma con lo que diez mil delegados de todo el país votaron en Mar del Plata.

El retroceso que significó el neoliberalismo para los derechos de la clase trabajadora fue por sobre todas las cosas la derrota de un Proyecto de Nación que la contenía.

Por eso lo técnico es sólo una parte de la formación, que en muchos casos es sectorial porque tiene que ver con convenios, ramas de la industria. No nos olvidemos que nuestra Central no sólo reúne sindicatos. Lo nuestro es la coordinación popular. Esa derrota de la que me habla, hace más necesaria que nunca la formación, en todo caso el debate político ideológico que dé carnadura a un Proyecto Nacional conducido por la clase trabajadora.

¿Hablaba de federalizar la formación?

Se trata de dar origen a escuelas de formación en cada provincia, un programa básico que contenga a toda la militancia. Al tiempo se avanza en la concreción de una Escuela de Formación de Dirigentes.

¿Qué temas se están abordando?

La situación actual de la clase trabajadora, precarización, tercerización. La cuestión de clase social y su relación con la conformación de la identidad del trabajador. Características y mapa actual del conflicto laboral. Situación actual del movimiento sindical en las distintas regiones del país. Se tocaron entre otros temas como avanza el modelo extractivo exportador, la crisis del consenso neoliberal, las nuevas formas de dominación del capitalismo contemporáneo.

Algunos sectores que se dicen “progresistas” hablan de la posibilidad de volver al capitalismo en su época de oro, cuando no estaba centrado en la especulación financiera. ¿Esto habla desde lo técnico de profundas carencias de formación y también ideológicas?

Venimos de un ciclo de derrotas del campo popular, el terrorismo de Estado, luego el enorme retroceso que significó no sólo en lo económico sino también en lo cultural el neoliberalismo. Organización popular, formación de cuadros son necesarios para dejar atrás esa crisis.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Procesos de extranjerización de tierras en América Latina

ANSA

Procesos intensos de concentración y extranjerización de tierras en América Latina y el Caribe constató un estudio del Fondo para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Aunque el acaparamiento de tierras, en su versión estricta, se restringe a Brasil y Argentina, la concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un tema extendido en la región.

"Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar", señaló Fernando Soto-Baquero, Oficial de Políticas de la FAO.

"Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento", explicó el consultor de la FAO a cargo de analizar los 17 estudios sobre acaparamiento de tierra, Saturnino Borras, profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Entra en segundo día paro regional en Perú

PL

Un paro general de rechazo a un proyecto minero entra hoy en su segundo día en la región norandina de Cajamarca, en medio de llamados al diálogo por parte del gobierno, organizaciones sociales y otros sectores.

La protesta tuvo ayer contundencia y se caracterizó por su carácter pacífico, pese a versiones alarmistas que lo precedieron, sobre supuestos aprestos violentos del frente de organizaciones sociales que dirige la huelga.

El paro afectó las actividades educacionales, comerciales y financieras, así como el transporte urbano e interprovincial, y solo fue acompañado por algunos bloqueos de calles y carreteras.

El presidente regional (gobernador), Gregorio Santos, y miles de manifestantes se desplazaron a la vecina provincia de Celendín, a orillas de la laguna El Perol, una de las fuentes de agua que estiman serán depredadas por el proyecto de explotación de oro Conga.

Además, una gran concentración demandó en la plaza principal de la ciudad de Cajamarca la anulación de ese proyecto, a cargo de un consorcio peruano-estadounidense que prevé una inversión de cuatro millones 800 mil dólares.

Los oradores del acto aseguraron que el paro seguirá hasta que la demanda sea atendida y demandaron dialogar con el presidente Ollanta Humala, quien en Lima llamó al diálogo y la cordura y dijo respetar al pueblo de Cajamarca y la voluntad de las comunidades.

Ratificó sin embargo el aval oficial al proyecto Conga y dijo que dará al Estado recursos necesarios para los programas sociales, a tiempo de garantizar que el gobierno protegerá los recursos hídricos y está dispuesto a revisar los estudios de impacto ambiental y absolver cualquier duda de la ciudadanía.

También pidió confianza en la nueva política orientada a que la minería rinda más beneficios al país y señaló que las empresas del rubro deben ganar la confianza de la población para evitar la desconfianza y los conflictos.

El mandatario tocó el tema al clausurar un congreso de la Confederación Campesina de Perú cuyos participantes le expresaron su apoyo a la protesta de Cajamarca.

Entretanto, el primer ministro, Salomón Lerner, se declaró dipuesto a viajar a Cajamarca a entablar conversaciones con los dirigentes de la huelga y a tratar sobre el polémico estudio de impacto ambiental.

Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal católica llamó a un diálogo justo para solucionar el conflicto y ofreció su apoyo para viabilizarlo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Salvador: Analizan impugnar nombramiento de militar en Ministerio de Justicia

David Ernesto Pérez (COLATINO)

La investidura del general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública provocó el rechazo de más de diez organizaciones civiles, que estudian impugnar la designación presidencial por vías legales.

La argumentación esgrimida es la posibilidad de vulneración del artículo 168 de la Constitución de la República, que obliga al nombramiento de autoridades civiles al frente de la Policía Nacional Civil (PNC), institución bajo tutela del Ministerio de Justicia.

Asimismo, pusieron en tela de juicio el carácter “volátil” del retiro militar, contemplado en el artículo 8 de la Ley de la Carrera Militar, el cual establece que cualquier miembro castrense que se retire podrá ser llamado de nuevo “cuando las necesidades del Servicio lo requieran”.

“Tenemos que discutir esa condición de retiro, y si exonera absolutamente a un militar, y ver si, efectivamente, existe o no una violación constitucional. Habrá que estudiar si se puede impugnar, es una de las vías posibles”, explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Mientras tanto, el ex rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote José María Tojeira, niega la posibilidad de la impugnación vía legal del nombramiento, aunque tampoco comparte la decisión del Presidente Mauricio Funes de designar a un militar de baja en la cartera de Estado, calificando el hecho de “error político”.

“No existe ninguna prohibición para que sea un militar o un militar retirado (designación como ministro), creo sobre todo que se trata de un error político y no legal”, analizó el religioso.

“Militares están preparados para destruir al enemigo, no para seguridad pública”

Los sectores insatisfechos con la designación de Munguía Payes sostienen que la formación militar se enfoca en la llamada “seguridad nacional”, doctrina implantada durante los años de la guerra civil, que generó, entre otras cosas, más de 70 mil muertos y siete mil desaparecidos.

“Los militares están entrenados para localizar y destruir al enemigo, evidentemente la seguridad pública implica prevenir la delincuencia, investigar, entre otras cosas. Es importante que la seguridad pública no se contamine con el pensamiento militar”, contrastó el ex rector.

El Salvador experimenta actualmente, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una fuerte presencia militar que se evidencia con más de ocho mil militares en tareas de seguridad y dos militares de carrera en el Gobierno del Presidente Funes.

Munguía Payés dirigió el Ministerio de Defensa, y en su lugar fue nombrado el General José Atilio Benítez. Los sectores sociales temen, principalmente, que el país entre en la ola de militarización que sufren México, Guatemala, Honduras, Colombia, entre otros, con la justificante de la lucha contra el crimen organizado.

En comunicado de prensa, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) mostró su preocupación por el nombramiento castrense en la cartera de seguridad, temiendo “un posible giro” en las estrategias implementadas por el Gobierno.

La organización norteamericana coincide con amplios sectores sociales del país en que, el nombramiento “atenta contra los Acuerdos de Paz”, lo que podría confundir los roles militares y policiales.

WOLA propone, como alternativa a los problemas de seguridad pública, “fuerte inversión en programas de prevención social a nivel comunitario para responder a las causas que conducen a la violencia”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Estados Unidos y Europa en defensa del mercenarismo

Víctor M. Carriba (PL)

A pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos y las principales potencias europeas, la Asamblea General vuelve a buscar este año una nueva resolución contra la utilización de mercenarios y las actividades de las empresas privadas militares de seguridad.

El tema aparece en el programa anual del máximo órgano de la ONU dentro del punto dedicado al Derecho de los pueblos a la libre determinación y ya fue discutido en la Tercera Comisión, la cual se ocupa de los asuntos sociales, humanitarios y culturales.

Ese cuerpo acaba de acordar un proyecto titulado "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación".

La iniciativa fue presentada por Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Belarús, y fue adoptada por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones.

De esa forma, se consiguió vencer la dura oposición de un frente encabezado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, Bosnia y Herzegovina y Portugal, que ocupan un asiento temporal en ese órgano de 15 asientos.

Como discreto complemento de esa lista aparece la abstención de Colombia, país latinoamericano que forma parte de esa instancia de la ONU hasta finales del año próximo.

Los restantes integrantes del Consejo de Seguridad votaron a favor del documento: Rusia y China (miembros permanentes), más Brasil, Gabón, Líbano, Nigeria, India y Suráfrica.

La carga opositora al proyecto incluyó un compacto grupo europeo, con 36 de los 52 votos en contra provenientes de países de esa región, pertenecientes y no a la Unión Europea (UE).

Por América Latina se registraron 20 sufragios a favor, ninguno opuesto y tres abstenciones (Chile, Colombia y México).

El documento que ahora debe ser aprobado por la Asamblea General abarca el más amplio panorama relacionado con el peligro que representan los mercenarios y las empresas privadas militares de seguridad para los países subdesarrollados y el principio de autodeterminación de los pueblos.

El tema no es nuevo y ha sido objeto de resoluciones del Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y la Organización de la Unidad Africana y su sucesora la Unión Africana.

Los votos de Washington y la UE tratan de evitar una condena a los Estados que permitan el reclutamiento, financiación, entrenamiento, concentración, tránsito o utilización de mercenarios con el objetivo de derrocar gobiernos, en particular de países en desarrollo.

Según los documentos de la ONU, esas actividades atentan contra la Carta en lo que atañe a los principios de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial, libre determinación, no utilización de o la amenaza del uso de la fuerza y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Y además, constituyen un peligro para la paz y la seguridad de los países en desarrollo y ocasionan la pérdida de vidas, graves daños a la propiedad y efectos negativos en la política y la economía de las naciones afectadas.

En ese sentido, el proyecto de la Tercera Comisión precisa que como quiera que se utilicen o la forma que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos.

En tiempos más recientes, la ONU desató nuevas alarmas ante la participación de mercenarios y de empleados de empresas militares y de seguridad privadas en violaciones graves de los derechos humanos.

Entre esas faltas, la organización mundial incluye ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones y arrestos arbitrarios, incendios intencionales y saqueos.

El enfoque actual sobre el asunto advierte que la sucesión de conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial. Al mismo tiempo, llama la atención sobre el reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofertan servicios internacionales de asesoramiento y de seguridad militares.

Más aún, reclama la prohibición expresa de que esas firmas participen en conflictos armados o acciones para desestabilizar regímenes constitucionales y a establecer mecanismos nacionales para regular el registro y la concesión de licencias a esas empresas.

Todo con el fin de garantizar que los servicios de esas corporaciones privadas no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor y que sus miembros y responsables no reciban ninguna forma de impunidad.

Los reclamos presentados en la ONU abogan por la elaboración de principios concretos relativos a la regulación de las empresas privadas de servicios de asistencia y asesoramiento sobre seguridad militar.

En los últimos tiempos, el grupo especial de la ONU dedicado al problema de los mercenarios aboga por la discusión y adopción de una convención sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de esas entidades.

Se trata de consistentes demandas, denuncias y advertencias en torno al amplio espectro del problema de los mercenarios y las firmas privadas de seguridad.

Pero todo indica que esas inquietudes atentan contra los intereses de las potencias y gobiernos que se oponen a la más mínima regulación conceptual, formal y legislativa del mercenarismo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...