martes, 29 de noviembre de 2011

Sobre la educación y la ciencia

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Tanto en Chile como en Colombia las recientes protestas estudiantiles tienen en común su enorme preocupación no solo por la naturaleza democrática o elitista de la educación sino fundamentalmente por la función misma del sistema educativo como elemento decisivo en la construcción de un orden social nuevo, moderno, democrático y que permita un ejercicio efectivo de la soberanía como estados y su existencia real como naciones.

Buena parte de las reivindicaciones del estudiantado se refieren a la financiación, sobre todo si se trata de las universidades públicas que se suponen gratuitas y a las cuales se pretende que tengan acceso las clases laboriosas cuyos menguados ingresos no les permiten financiar una educación superior para sus hijos. El nacimiento y extensión de centros universitarios gratuitos o a muy bajos precios ha sido resultado de medidas políticas de gobiernos progresistas que de esta forma rompieron el cerrado círculo de una formación universitaria destinada tan solo a reducidos grupos oligárquicos, muchos de los cuales han estado casi desde la época colonial bajo la dura férula de una iglesia católica por lo general tradicionalista, retardataria y profundamete conservadora. La democratización, dando acceso a sectores medios y en menor medida a la clase obrera, rompe no solo este privilegio sino que va unida al avance de los principios de laicidad y de la necesaria separación del dogma de la ciencia, es decir, a la modernidad.

Los programas de impulso industrial del desarrollismo y de la sustitución de importaciones exigieron en su momento aumentar notoriamente el número de profesionales y en algunos casos propiciaron inclusive la aparición de núcleos de investigación propia como un intento de limitar la dependencia tecnológica. Los nuevos centros industriales y comerciales, una agricultura moderna, el robustecimiento del aparato estatal y el mismo proceso de urbanización acelerada han generado necesidades urgentes que un sistema educativo de mayores dimensiones ha satisfecho en las décadas pasadas.

Pero para el modelo neoliberal que enfatiza en la exportación de materias primas y mercancías de escaso valor agregado (renunciando a todo proyecto de desarrollo industrial propio) este tipo de educación superior resulta innecesario y su financiación pública un despilfarro contrario a su flosofía mercantil según la cual cada cual tendrá la educación que pueda financiarse. Los proyectos educativos en curso (que afectan a muchos más países en el áea) son la culminación de un lento proceso que en los últimos años han venido debilitando sistemáticamente la función central de la universidad pública al tiempo que se promueve su lenta privatización. Se comienza por elevar las tasas que ya se pagan (por lo general pequeñas y en proporción a los ingresos familiares) en una escalada que las acerca a “los costes reales”, hasta hacer que tales cantidades solo puedan sufragarse por la mayoría de los afectados acudiendo a préstamos que generan hipotecas que en muchos casos cubren buena parte de la vida laboral del “afortunado”, tal como ocurre con la vivienda, otra cruz que lleva a cuestas las clases laboriosas.

Por otra parte, el estado va disminuyendo poco a poco sus compromisos con los centros educativos públicos de manera que a la vuelta de un par de años éstos se ven abrumados por enormes deudas imposibles de afrontar con unos presupuestos que menguan o crecen siempre muy por debajo de sus necesidades reales. Se reduce drásticamente el fondo de inversiones, se limita el número de profesores de planta y se obliga a los centros a contratar personal eventual (más barato), de renuncia a expansiones necesarias en todos los campos, se sacrifica la investigación y al final, el gobierno exige a los centros académicos que asuman al menos parte de su financiación, para lo cual se ofrecen “generosamente” empresas y entes privados cuando no directamente universidades y fundaciones extranjeras. A cambio, las universidades tienen que acomodar sus estrategias académicas a las exigencias y necesidades de sus nuevos socios mientras la operación es presentada por el gobierno como una oportuna “apertura” de los centros académicos, como el fin de esas “torres de marfil” que viven de espaldas a la realidad nacional y como la construcción saludable de un necesario “vínculo con la sociedad”.

Se privatiza poco a poco o de manera brutal como se pretende ahora en Chile y Colombia provocando las enormes movilizaciones estudiantiles que han despertado amplias simpatías en la población; unos respaldos masivos de la opinión pública que explican los éxitos del movimiento: Piñera y Santos han sido puestos literalmente contra la pared.

Dentro del esquema neoliberal no cabe entonces una universidad pública que funcione como centro clave del pensamiento, como vector insustituible de cualquier proyecto nacional serio. No se ve la necesidad de financiar entidades que produzcan no solo profesionales y técnicos sino sobre todo científicos y filósofos que piensen la nación. ¿Para qué desarrollar caros proyectos de investigación pura, fundamentales para la tecnología y la ciencia aplicada, si tales retos ya los realizan los nichos del pensamiento en los países centrales del capitalismo?. Si dentro de la estrategia del nuevo librecambismo la clase dominante criolla solo aspira a insertarse de lleno en el tejido mundial del capitalismo como socios menores de las economías metropolitanas, como apéndices políticos de los centros de poder mundial, como simples receptores de la basura cultural que se les entrega y como fieles aliados que ofrecen bases militares para afianzar el poder de Occidente en contra de cualquiera que desafíe el orden mundial ¿para qué una universidad cuya función es precisamente sentar las bases científicas y tecnológicas de un proyecto de nación con autonomía, independencia y prosperidad de ésta y las futuras generaciones?. Para estos servidores incondicionales del imperio (el que sea), estos países tienen suficiente con centros de formación media que administren adecuadamente las nuevas repúblicas bananeras.

Las movilizaciones de los estudiantes ponen sobre el tapete un debate fundamental y sus exigencias van mucho más allá de sus reivindicaciones particulares (financiación suficiente, gratuidad, democracia interna, autonomía académica, relación directa con los problemas del país, bienestar universitario y ante todo calidad). En esta lucha se juega en buena medida la suerte misma del país, su formación como una entidad digna de tal nombre. ¿Ocurre por azar que los imperios de Occidente se hayan aplicado con tanta diligencia a destruir primero que todo los centros universitarios en el Irak ocupado?. Liquidar profesores y científicos, demoler bibliotecas y centros de investigación, saquear el patrimonio cultural y fomentar mediante el terror la emigración masiva de profesionales y académicos es parte de una política imperialista y no simplemente “efectos colaterales del conflicto”. Guardando las debidas distancias no muy distinto es el propósito de unas reformas que en Latinoamérica tienen una clara inspiración estadounidense (al punto que están recogidas de manera explícita en los tratados de libre comercio). Se trata de debilitar al máximo esos centros del pensamiento, esos semilleros de incorformismo, esas fábricas del saber sin las cuales un país estará a disposición de que otros piensen por él sus problemas.

Los neoliberales también en esto reviven las viejas mañas de sus predecesores del librecambio en el siglo XIX que pretendían consagrar para estas naciones, como legado divino, la condición de simples productores de materias primas y mercancías de escaso valor agregado destinadas a satisfacer la demanda de las metrópolis. No son tampoco muy distintos que el general Murillo, el carnicero que ordenó el fusilamiento de un sabio patriota neogranadino afirmando “España no necesita sabios”. Cuando se impone el TLC, que entre otros fines busca remodelar a fondo nuestros centros de educación superior a imagen y semejanza de los intereses del imperialismo, bien puede repetirse la sentencia; en efecto, “ Washington no necesita científicos en Latinoamérica”. Tampoco los requiere nuestra clase dominante que se basta y se sobra con profesionales obedientes, técnicos de mediopelo y políticos de irremediable vocación cipaya.

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Brasil: Ni juicio ni castigo

Atilio A. Boron (OTRAMÉRICA)

¿Es cierto que Brasil va a esclarecer lo sucedido durante la dictadura militar? ¿Alguien pagará por las atrocidades? Parece que no, y en este artículo Atilo Boron nos explica por qué. Los militares siguen en el poder.

Hace pocas semanas la prensa internacional informó que la presidenta Dilma Rousseff había finalmente dado vía libre a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en la que, como se recordará, ella misma fue capturada como guerrillera, detenida y torturada. Para sorpresa de muchos la Comisión investigará las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas el período 1946-1985 en lugar de concentrarse en los años 1964-1979, que fueron aquellos en los que se perpetraron los crímenes más aberrantes. Además, la Comisión -y esto es lo decisivo- nació privada de la facultad para juzgar y castigar a los responsables de los crímenes.

Como lo señalara en una entrevista concedida al autor de esta columna por la profesora Anita Prestes, hija del legendario dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, la Comisión tiene como misión esclarecer pero no podrá juzgar a los muchos torturadores que todavía actúan a la luz pública en Brasil, muchos de ellos inclusive en el ámbito de las instituciones estatales. Un dato revelador de los limitados alcances de la Comisión, que algunos pensaron emularía los avances registrados en la Argentina, surge del incidente ocurrido en ocasión de la ceremonia que sancionaría su creación el día 18 de Noviembre en el Palacio del Planalto, en Brasilia. Para esa ocasión la presidenta Rousseff habría querido -o al menos consentido- que hablara en representación de las víctimas de la represión la profesora Vera Paiva, hija del ex-diputado Rubens Paiva, uno de los primeros desaparecidos por la dictadura militar instalada luego del golpe de estado de
Abril de 1964. Conocida la intención de la presidenta los tres ministros militares del gabinete presidencial manifestaron su más enconada oposición: si Paiva hablaba también debería hacer uso de la palabra un militar. Resultado: Paiva no habló y el brillante discurso que tenía preparado no pudo ser leído. Conclusión: la fundamental supremacía civil sobre las fuerzas armadas es todavía una peligrosa asignatura pendiente en la "democracia" brasileña.

La derecha y los militares brasileños argumentaron lo de siempre: "no reabrir heridas ya cicatrizadas" y que el proceso ya había sido cerrado con la sanción de la Ley de Amnistía de Agosto de 1979, que posibilitó el regreso de los exiliados al tiempo que arrojaba un espeso manto de olvido sobre las atrocidades cometidas en los años anteriores. Lo grave del caso fue que no sólo la presion militar hizo que Dilma tuviera que ceder ante las demandas castrenses: el Tribunal Supremo de Brasil se apresuró a ratificar la impunidad declarando que los alcances de la Comisión de la Verdad no podían transgredir los límites establecidos por la Ley de Amnistía. De este modo el "esclarecimiento" al que pueda llegar la Comisión se verá dolorosamente frustrado ante la imposibilidad de apelar a la justicia para castigar a los culpables. Se convierte en un ejercicio lindante con lo masoquista: se examina y comprueba el crimen hasta en sus menores detalles
pero al precio de reprimir el ansia de justicia que tensa el espíritu de los familiares y amigos de las víctimas. Vera Paiva podrá saber como capturaron, torturaron, mataron y desaparecieron a su padre pero al precio de renunciar a su derecho de enjuiciar y castigar a los culpables de su asesinato. Enésima comprobación de que no bastan las iniciativas "desde arriba", desde las alturas del estado: sin la pujanza de los organismos de derechos humanos la impunidad de los represores está garantizada. Así lo demuestra el caso que estamos analizando y, por la inversa, lo que ha venido ocurriendo en la Argentina.

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Chile: La artera puñalada al movimiento estudiantil…

Andrea Dufournel (especial para ARGENPRESS.info)

¿Cuánto costará el voto de un diputado?; ¿a cambio de qué obtuvo los votos necesarios el gobierno para aprobar su tan cacareado, pero insuficiente presupuesto de educación?, seguramente habrá muchas preguntas sin respuesta frente a esta nueva afrenta al pueblo chileno. Un parlamento en que sus miembros, en muchos casos, se niegan a escuchar a pesar de que dicen representar a sus “entusiastas” votantes, y que sólo en época de campaña electoral les recuerdan, respetan, saludan y les tratan de usted; hoy, esos mismos votantes, esos que han salido a las calles a exigirles que cumplan con su deber y que, por una vez, legislen de acuerdo a lo que se les pide, según ellos, se han transformado en intransigentes.

Cuando vemos a diputados como René Alinco que llamó a votar en conciencia, y vaya que lo hizo: con su voto se aprobó la partida de educación, comprobamos que las negociaciones no son algo nuevo en el parlamento, pensamos ¿cuál es el precio de la conciencia del Sr. Alinco?... recordemos que también apoyó la construcción de hidroaysén. Eso no habla muy bien del parlamentario “independiente” ex PPD y cercano al “partido progresista” (PRO).

La falta de respeto hacia los votantes, seguramente será “recuperada” en la campaña que se viene el próximo año, nuevamente nos tratarán de usted, recordarán que estuvieron con el movimiento estudiantil y social, apoyo que nos recordarán tiene tanto valor cómo el voto por el “NO” de Piñera en el plebiscito que echó a Pinochet. Nuevamente el gobierno, y en particular la derecha, tiene mucho que agradecerle al PRO de Enriquez Ominami, cuando uno de sus cercanos les brinda su apoyo.

Cuando nuevamente la traición hace sombra en los cielos chilenos, debemos analizar más que nunca qué valor tienen quienes pretenden erigirse cómo representantes del pueblo, cuando más que representantes transforman su labor en ganapanes, y vaya que salen caros… bastaría con hacer un currículo contemplando en vez de pretensiones de sueldo “valor de su voto”. Tengo pleno derecho a pensar, sin temor a equivocarme, que algo deben haber conseguido a cambio.

Las prácticas tan criticadas por la derecha, cuando era oposición, son hoy políticas de gobierno y obvio, ya no extrañan.

El mayor pecado de los chilenos ha sido permitir que nos traten como “terroristas, subversivos y revoltosos”, es que nos compran por tontos y no sólo quienes nos gobiernan, sino quienes llegaron al parlamento pensando en obtener un trabajo muy bien remunerado, salvo honrosas excepciones.

Desde que asumió la derecha ha demostrado que su intención no ha sido mejorar la educación: se han quitado horas de historia, artes y música, se niegan a reponer las clases de educación cívica en los planes de estudio de los colegios, se pretende terminar con la educación pública. El juego del gobierno, es dividir para reinar, lo han conseguido… lo que si me queda claro es que el movimiento estudiantil continuará.

A partir de hoy habrá que organizar y plantarles cara a quienes tienen como único objetivo continuar con su religión neoliberal. Alguien podrá decir: ¿qué se ha ganado con tantas marchas, paros y movilizaciones?... se ha ganado, claro que se ha ganado, poner en el lenguaje de los chilenos lo injusto del sistema, la diferencia que existe entre la educación de ricos y pobres, la necesidad de hacer cambios estructurales al sistema político y social del país, el tema está y quedará instalado, me podrán preguntar si valió la pena y les puedo decir categóricamente que sí, valió la pena, esto ha sido la semilla que han sembrado los jóvenes que, apoyados por sus familias, volveremos a movilizarnos junto a los trabajadores y espero que ya no nos vuelvan a meter el dedo en la boca cuando nos vuelvan a tratar de “usted”.

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¿Qué novedades trae la política económica argentina en la transición gubernamental?

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Menos de dos semanas faltan para el recambio de gobierno en la Argentina, en rigor, la propia sucesión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Los interrogantes se asocian más a los nombres que ocuparán los principales cargos en el gabinete de Ministros y en el Poder Legislativo, donde el oficialismo renueva mayoría, que a modificaciones sustanciales de rumbo, especialmente en materia económica. Aunque la realidad impone una “escala técnica”, tal como enuncia Eduardo Curia desde las páginas de BAE. (1)

Las medidas enunciadas en la transición, desde las elecciones del 23/10 y hasta asumir el nuevo gobierno el 10/12, revelan preocupaciones en varios frentes y ajustes en la política fiscal para el sostenimiento del superávit estatal y comercial. El balance del sector externo aparece afectado por la demanda de dólares, sean las que sean las motivaciones, desde genuinas operaciones de ahorro, gasto, o inversión, hasta iniciativas políticas de opositores, o maniobras del poder económico. Lo real es que se modificó al alza la cotización del dólar paralelo, aún con fuertes restricciones a las operaciones de compra venta producto de las medidas de monitoreo de la AFIP.

Más allá de la política cambiaria, la cuestión de fondos pasa por la evolución de los precios relativos, y es sabido que la inflación supone una transferencia de ingresos hacia el poder económico. La evolución de los precios tensa el debate abierto entre empresarios y trabajadores respecto del ajuste salarial a discutir en negociaciones colectivas en la primera parte del 2012. Las sugerencias oficiales privilegian una moderación de los reclamos de los trabajadores, quienes demandan actualización de sus ingresos por inserción formal e informal en el mercado de trabajo.

Preocupa la salida de capitales en la estrategia política y el modelo de acumulación.

Esa merma de operaciones cambiarias mencionada, no evitó la salida de ahorros en dólares de la banca, que según el BCRA fueron unos 650 millones de dólares en la tercera semana de noviembre, y 2.300 millones desde fines de octubre; ni contuvo la suba de los intereses, sea a las imposiciones en plazo fijo en pesos (incluso en dólares), como a los créditos. El tema preocupa por la escases de préstamos en la economía Argentina, una virtud a la hora de evaluar los problemas de la economía mundial por la elevada exposición crediticia de particulares y Estados nacionales y provinciales. Lo negativo en el país, el crédito escaso, termina siendo una virtud (a lo Pirro) en el marco de la crisis de la economía mundial.

El tema de fondo son las remesas de utilidades al exterior (RUE), con gestiones intensas desde el gobierno para frenar la salida de capitales ante los anuncios enfáticos de CFK relativos a que no se modificará el régimen legal que permite la libertad de salida por RUE y mucho menos alentar el proyecto legislativo de repartir ganancias con los trabajadores, el proyecto de Héctor Recalde, el diputado asociado a la CGT. La empresa General Motors anunció reciprocidad con el gobierno, vía inversiones, ante el préstamo que oportunamente recibió de la ANSES. Algo parecido sugiere la FORD, destacando inversiones para volver a producir motores en el país e intentar modificar el carácter de industria de ensamble que hoy presenta la principal industria en el país, lejos la que define el crecimiento fabril en el país. La industria automotriz, liderada por el capital extranjero, es cabeza del crecimiento económico en el sector fabril, devolviendo un preocupante perfil dependiente y de ensamble del sector industrial.

Son variadas las señales de CFK hacia los empresarios de la industria, ratificadas en la Conferencia reciente de la UIA. El gobierno pretende desde el fuerte consenso electoral fortalecer un sujeto social que manifieste explícitamente la conciliación de clases para un modelo productivo, que retenga utilidades en la acumulación local y distribuya ingresos para el consumo interno. Es una estrategia que se sustenta con fuerte iniciativa política entre la orgánica gremial de dirigentes sindicales y patronales.

Precios agrícolas en baja y oportunidad para discutir la inserción global.

No solo preocupa el perfil industrial y la fuga de capitales, sino la tendencia a la baja de las cotizaciones de los productos primarios de exportación, especialmente de la soja, nada menos que la mitad de la cosecha agrícola. Esa tendencia en baja preocupa a los empresarios de la producción y al gobierno, que ve afectada su recaudación fiscal. No olvidemos que las retenciones son junto al IVA y Ganancias el eje de la política de recaudación tributaria actual. Durante todo el 2010, los tres tributos generaron el 55% de la recaudación récord, con 27% el IVA, 17% Ganancias, y un 10% los derechos de exportación, nada menos que con 45.000 millones de pesos, algo más de 10.000 millones de dólares al cambio oficial. (2)

Mantener el ritmo de la recaudación tributaria asegura el financiamiento de políticas sociales masivas, claves a la hora de disputar consensos en la sociedad. La política de ingresos está asociada a mantener abundantes recursos. Eso explica el ajuste con los subsidios, donde solo se mantendrán en el mediano plazo aquellos destinados a quienes justifiquen su situación de pobreza. El desmantelamiento de los subsidios, aún pequeño, que alcanza a menos del 10% del total destinado a ese fin, se irá engordando con el correr del tiempo, en la medida que se siga visualizando consentimiento hacia una estrategia que mantenía privilegios inaceptables para la mayoría empobrecida.

Esa disminución de precios internacionales se asocia a la recesión europea, la desaceleración económica de EEUU, de Brasil y de China, todos ellos importantes a la hora de evaluar las relaciones comerciales de la Argentina con el mundo. Son esos países, con independencia del saldo comercial que se mantiene con ellos, los principales destinatarios de la producción local.

Tensiones entre coyuntura y estructura

Los problemas de la economía mundial afectan la evolución de la coyuntura y favorece una discusión estructural sobre el modelo productivo local. Los nubarrones de la escena global pueden ser de utilidad a la hora de definir soberanamente el rumbo de la producción local, especialmente en la semana que surge la CELAC. La Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños reúne economías que suman PBI por 6,3 billones de dólares, una potencialidad por reservas de hidrocarburos y producción energética, alimentaria, y una gran riqueza por biodiversidad, con importante y calificada fuerza laboral.

Esta asociación es la que debe privilegiar la Argentina, más que la “vuelta a los mercados”, las “negociaciones con el Club de París”, o los compromisos con el FMI y el sistema financiero mundial por pertenecer al G20, agrupamiento que ilegítimamente pretende “gobernar” el mundo. La hegemonía de la corriente principal de pensamiento económico induce políticas de austeridad. Es ejemplo de ello el pasaje a gobiernos de tecnócratas no electos por sus pueblos en Grecia e Italia; o la alternancia ajustadora entre socialdemócratas y conservadores, caso de España; pero también pasa por los intentos de reflotar el papel del FMI en las reuniones del G20, quizá el único acuerdo sustancial del poder mundial ante la crisis.

La crisis hace sentir sus efectos sobre los trabajadores y los pueblos del mundo, con mayor desempleo y pobreza, producto del incremento de la explotación del capital sobre el trabajo, sempiterna propuesta para superar las obstaculizaciones de la valorización y la acumulación capitalista. ¿No es hora de pensar en la región nuestramericana más allá del orden y la lógica capitalista?

Notas:
1) Eduardo Luis Curia. La economía está en “escala técnica”. BAE, Lunes 28 de noviembre de 2011, página 36.
2) Información del sitio de AFIP en internet.

Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en Universidades Públicas de Argentina. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

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Antes de asumir, el gobierno va provocando realineamientos

Emilio Marín (LA ARENA)

La Argentina política avanza a mucha velocidad. Antes que la presidenta asuma su segundo mandato, ya tuvo varias definiciones que van provocando realineamientos políticos y gremiales.

Como se dijo aquí, Argentina no es Suiza. No es tan pulcra, puntual y previsible como su relojería (su banca, no tiene esa limpieza). La cambiante política doméstica se corroborado en la coyuntura, especialmente por algunas decisiones demoradas por la presidenta y lanzadas al ruedo en los últimos días.

Un tema que hizo mucho ruido y muchas nueces, fue el del cese de los subsidios del Estado en las tarifas de luz, gas y agua, comenzando por barrios y sectores sociales más ricos. Esto causó un pequeño terremoto político cuya onda aún continúa, alimentado por la falta de precisiones gubernamentales. Las aguas se encresparon y se confundieron.

El debate se hizo intenso también por la condena presidencial al proyecto de Héctor Recalde, de distribución de un diez por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores. Esta polémica provocó una disputa pública entre la presidenta y el secretario de la CGT; es una diferencia profunda que aún no ha podido encaminarse hacia una solución tranquila. El contrapunto se realimentó con las medidas de protesta de algunos gremios aeronáuticos, frente a drásticos discursos y medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Por último hubo entredichos alrededor de la inflación, de si existe o no y de cómo tratarla para que no afecte el nivel de actividad económica y sobre todo la capacidad adquisitiva del salario.

En toda esta madeja mal ovillada, quizás los nudos más difíciles de desatar sean los de la relación Cristina Fernández-Hugo Moyano. La presidenta tuvo conceptos muy duros contra la propuesta del jefe sindical sobre distribución de ganancias durante su discurso ante las colmadas mesas de la 17º Conferencia Industrial de la UIA.

Hay circunstancias más importantes que la letra de ese discurso, de por sí muy significativo. Ese fue el rol de la reunión previa de la presidenta con ocho popes del empresariado, antes de comparecer ante el conjunto. José I. De Mendiguren, Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Federico Nicholson y Paolo Rocca, entre otros, tuvieron allí la primicia de que la jefa de Estado iba a tapar con diarios el cadáver de la ley Recalde. Después CFK lo dijo con todas las letras: que las cosas de ese tipo (económicas y sociales) no se pueden arreglar con una ley y que mejor será que los gremios lo negocien por separado con los empresarios en las paritarias. La platea empresaria aplaudió a rabiar.

Curioso concepto presidencial de que estas cosas no pueden salir del Congreso. Así dichas hasta rozaron una concepción antidemocrática pues el parlamento está precisamente o debería estarlo, para aprobar leyes que mejoren la vida de la mayoría de los argentinos. La feroz resistencia monopolista, que se negó incluso a concurrir a Diputados para dar su aporte a la iniciativa legal de la CGT, demuestra la necesidad de que el conjunto de la sociedad tome partido en la discusión, saldándola a favor de los asalariados. Con el criterio del PEN, habría hecho mal el peronismo en promover la legislación obrera sobre convenios, previsión social, etcétera.

¿Desde dónde habla Cristina?

Todo un sector kirchnerista que había visto con simpatía la propuesta del diputado Recalde, ahora dio varios pasos hacia atrás y los costados, luego de la clara toma de posición de la presidenta. Respaldándola, ahora argumentan que mejor el reparto será por gremios, como en Brasil, o como en nuestro país tienen sindicatos como el del neumático (Sutna).

Pero una corriente importante del gremialismo, expresado por el jefe de camioneros, ha ratificado que insistirá con la demanda de distribución de ganancias. Esto en principio puede ser una postura política e ideológica más que práctica, pues resulta difícil pensar que pueda prosperar en la futura legislatura con esa negativa de una presidenta respaldada por el 54 por ciento de los votos el 23 de octubre pasado.

Si Cristina Fernández mantiene su negativa a esa iniciativa azopardista, como es de prever, la pregunta es qué hará Moyano y los gremialistas. ¿Se subordinarán a lo dispuesto en forma irrevocable por CFK? ¿O por el contrario, van a profundizar la diferencia?

Los interrogantes hoy no pueden ser respondidos categóricamente. Deberá pasar un cierto tiempo hasta poder dar una respuesta.

Hay más todavía. Cuando la CGT pide tener participación en las ganancias, resulta que el Estado le dice, por medio de la máxima autoridad, que no y que semejante asunto deber ser tratado por las partes.

Pero cuando una parte gremial aeronáutica tiene un conflicto con su patronal de Aerolíneas Argentinas, embozado o no, como se le imputó a APTA, el Estado toma la decisión de intervenir la personería de ese sindicato.

Ricardo Cirielli dice defender los derechos de los trabajadores, y al margen de su encuadramiento con la CGT de Luis Barrionuevo, algo de razón puede tener. Son muchos los que opinan que no debería intervenirse sindicatos por diferencias con medidas adoptadas por su dirección o su base.

La presidenta, a su turno, tuvo razón cuando recordó todo el esfuerzo e inversión estatal que hizo su gobierno para recuperar la aerolínea de bandera. También lo suyo fue razonable cuando puso el proyecto nacional por encima de los intereses sectoriales o de un gremio en particular. Delicado asunto este de combinar y resolver las contradicciones entre un gobierno y las organizaciones sociales, fijando las fronteras entre el legítimo interés de un sector y la sociedad.

Claro que esas verdades cristinistas se relativizan cuando es enunciado desde la tribuna de la Unión Industrial, con los empresarios que más ganan, como los de Tenaris-Techint, Fiat, Ledesma, Repsol, Alpargatas, Banco de Galicia, Arcor, Banco Patagonia, Macro, etc. Hasta Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, aplaudió de pie el discurso de la presidenta.

Otras cámaras patronales del establishment, como la AEA, además de la UIA, dieron apoyo a la otra medida gubernamental ya mencionada, referida a la eliminación de subsidios del Estado a los servicios públicos privatizados. Si esa poda queda limitada a los sectores de mayores recursos o si llegará casi hasta el hueso de la ciudadanía de a pie, es todavía una duda. Por ahora los que quedan a salvo del ajuste de tarifas son los segmentos más sumergidos, que cobran planes sociales o la jubilación mínima.

El resto tendrá que ponerse. De allí entonces la duda sobre la supuesta condición política más general desde la que pontifica la presidenta.

¿Posibilidad de laborismo?

El alboroto dentro del justicialismo, entre la línea política y la sindical, genera dudas sobre si esta última no pondrá proa hacia la conformación de un movimiento político propio, en el futuro. Una suerte de laborismo. Aún es pronto para saberlo pero no se puede negar de plano esa evolución, en un mediano plazo.

Allí radica la diferencia entre la JP Regionales de los ´70 y la actual agrupación La Cámpora. Aquella tenía más fuerza propia porque había acumulado con luchas y organización independiente de la dirección del general Perón, aún declamándose como su rama juvenil. Con ese capital se atrevieron a discutir con el viejo líder. La Cámpora, en cambio, es una creación del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina; su militancia no es muy numerosa y sus dirigentes fueron casi todos promovidos a puestos de gobierno, en el Congreso y en Aerolíneas, AFIP y otros directorios. No están en condiciones de discutir ni una coma de lo que decida la presidenta de la Nación.

Moyano y la corriente mayoritaria de la CGT Azopardo, en cambio, es un segmento con poder de fuego dentro del justicialismo. Con todo lo burocrático que sean muchos de esos dirigentes, sus bases son asalariados organizados y están disconformes con ciertos puntos dispuestos por el gobierno, como el cobro de impuestos al salario.

En política cada quien atiende su juego. La presidenta juzga conveniente conciliar un cierto acuerdo con los capitanes de la industria nucleados en la UIA, aunque eso perjudique la tradicional relación con el sindicalismo. El tiempo dirá si fue una buena elección.

Por su parte Mauricio Macri ha evaluado retardar el traspaso del Subte a su jurisdicción, lo que aceptaría recién en 2017. Semejante contradicción fue bien marcada por CFK en la conferencia industrial, tratando de erosionar los vínculos de la entidad con el jefe del PRO y aceitar los propios.

De todas maneras la presidenta argentina, cabe subrayarlo, no se ha convertido en una émula de Juan Manuel Santos ni Sebastián Piñera. En los próximos días ella viajará a Caracas para participar de la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

El cristinismo tampoco abandona su relación con los organismos de Derechos Humanos, reconfortados por el procesamiento de los represores Videla y Menéndez en la causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. En ese ambiente de DD HH se sintió alivio y alegría ante la noticia del fallecimiento del general Antonio D. Bussi. "Viva Tucumán menos uno", cantaba siempre Mercedes Sosa cuando entonaba una zambita tucumana.

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Política de subsidios: ¿Ajuste o Justicia?

Claudio Lozano (ACTA)

El escenario económico pos electoral que se va configurando es preocupante. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.

Habrá que ver si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario de resentimiento del nivel de actividad económica.

1) Estamos en presencia de un reconocimiento expreso del problema fiscal que, hasta el momento, el gobierno negó. El año 2011 termina con un déficit financiero que supera los $27.000 millones y la proyección fiscal para el 2012 si se repite la performance hasta hoy vigente lleva ese déficit a más de $50000 millones.

2) Es evidente que para un presupuesto nacional cuyo gasto se ubica en torno a los $500.000 millones, tener exenciones impositivas, subsidios y regímenes de promoción que superan los $124.000 millones es una verdadera barbaridad que exigía y exige una revisión. Máxime cuando los efectos que estos subsidios producen en términos de equidad social y de orientación adecuada de la inversión son por demás discutibles.

3) Se confirma que pese al discurso pseudo-progresista del gobierno nacional y popular y a las afirmaciones reiteradas de los funcionarios respecto a las virtudes de los subsidios, la maquinaria construida encerraba profundas injusticias. Ya sabemos por ejemplo que unos $4600 millones se destinaban a financiar a grandes empresas y a hogares de elevado poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% no tiene gas en red y el 22% no posee agua corriente. Precisar esto y señalar que el móvil oficial de las medidas en curso es resolver el deterioro de las cuentas públicas implica entender que en los momentos donde hubo capacidad de expandir el gasto la asignación de recursos públicos dejó mucho que desear y que ahora la eliminación es para equilibrar las cuentas y no para invertir en la solución de los problemas y urgencias sociales.

4) Estamos convencidos respecto a que es posible resolver esta madeja de subsidios sin descargar los costos sobre los hogares más postergados. Para esto es imprescindible segmentar adecuadamente a los distintos usuarios y terminar con las “rentas extraordinarias” de las empresas.

5) En este sentido, el enfoque oficial resulta sesgado e incompleto. No se puede abordar la discusión de los subsidios sin poner en consideración la estructura de costos de las empresas y por lo tanto, la correspondiente revisión respecto a la validez o no de la presente estructura tarifaria. El planteo oficial da por sentado que las tarifas son razonables y que lo único que debe hacerse es trasladarle los costos a quienes consumen. Una evaluación de la situación de petroleras, generadoras y transportadoras y sus consecuentes ganancias ampliaría los márgenes de acción de la política oficial y permitiría evitar injusticias con los consumidores. Máxime en un contexto donde los subsidios a la energía han convivido con las rentas extraordinarias de las petroleras, la falta de inversión y el aumento del costo de la energía por la suba significativa de las importaciones. Es bueno constatar que el ahorro de $4600 millones que se está buscando con estas primeras medidas no logra compensar los mayores recursos que el
Estado debe destinar hoy por el encarecimiento de la matriz energética. En este aspecto el Gobierno amplió el fondo fiduciario para la importación de gas creado en el 2008 de $1300 millones a $13000 millones.

6) Es este enfoque incompleto y por supuesto falto de democracia, ya que las decisiones actuales debieran tomarse en el marco de audiencias públicas e incorporando a las asociaciones de usuarios y consumidores en la Comisión que resuelve estas decisiones, lo que nos preocupa en función de la anunciada “personalización del subsidio”. Será vital el modo en que se gestione la evaluación de las declaraciones juradas respecto a la necesidad o no de los subsidios, a efectos de no cometer injusticias profundas en la eliminación de los mismos.

7) Al enfoque incompleto ya señalado que elude la consideración de la estructura de costos de las empresas y la revisión del vigente esquema tarifario, debemos adicionar una reflexión más. En una economía de alta concentración y conglomeración, la eliminación de subsidios cuyo objeto fue contener precios, debe acompañarse necesariamente de cambios en los marcos regulatorios de los diferentes mercados. De lo contrario, se abre la posibilidad cierta de que los ajustes tarifarios que originalmente puedan concentrarse en las grandes empresas, terminen sobre las espaldas de la comunidad vía traslado de los mayores costos al sistema de precios.

Compartimos plenamente la necesidad de fortalecer los ingresos públicos para dotar al Estado de mejores condiciones de intervención en un contexto de crisis mundial como el presente. No obstante, asombra que el gobierno no haya puesto en marcha decisiones tales como:

Restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas a los niveles del año 1993 cuando Domingo Cavallo las redujo a la mitad.

Derogación de los decretos menemistas de desregulación y libre disponibilidad del crudo en el sector de hidrocarburos.

Reforma impositiva con sesgo progresivo.

Revisión de la Deuda Pública y puntualmente de la que hoy se discute con el Club de París cuya mayor proporción fue contraída en la época de la Dictadura militar.

En ausencia de estas discusiones, la preocupación acerca del futuro es mayor habida cuenta del modo en que se va configurando el escenario económico luego de las elecciones. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.

Habrá que observar cuidadosamente la gestión de lo anunciado y el rumbo final de la política oficial para terminar de confirmar si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario donde lo que se resentirá es el nivel de actividad económica.

Claudio Lozano es Director del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA). Diputado Nacional.

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Argentina: Política lingüística y proyecto de país

Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

El 14 de de noviembre se convocó a una conferencia de prensa en el Parlamento con representantes de comunidades quechuas, mapuches y wichís junto al vocero de los Qom de Formosa Félix Díaz, en defensa del derecho de los pueblos originarios a sus territorios y a su cultura: cada uno saludó en su lengua y luego habló en la lingua franca castellana. Al mismo tiempo se realizaban las Jornadas de la Lengua en la Biblioteca Nacional (Página12, 15/11/2011) donde participaron docentes, lingüistas, escritores y semiólogos, que en cierto modo trataron el mismo tema.

En esas jornadas, se afirmó que “La política lingüística está al servicio de un proyecto político de país”, remarcando el conflicto entre quienes propugnan la enseñanza del portugués en función de la integración latinoamericana y los residuos neoliberales que abogan por el inglés. También fue señalado que la política lingüística “debe pensarse al interior de un proyecto educativo” y como la meta de una educación de calidad para todos indica que “la enseñanza monolingüe es negativa porque tiende a la exclusión y a la baja de calidad”, se realizan “seminarios para la actualización de profesores de español, guaraní y portugués”, a fin de adoptar un enfoque plurilingüe e intercultural. Si bien es un paso considerar la diversidad lingüística de las naciones del Mercosur y ampliar las relaciones económicas hacia las culturales, no alcanza para referirse a un enfoque plurilingüe e intercultural. De las tres lenguas oficiales reconocidas en ese espacio, el guaraní es un homenaje al glorioso Paraguay: primero los jesuitas con sus cosas buenas o malas; más tarde José Gaspar de Francia -el Karai Guazú, el Supremo- y los López, respetaron la lengua de los guaraníes, que aún hoy es la segunda lengua oficial y la única de las tres no impuesta por los colonizadores.

Por el contrario, en nuestro país se consideró que los pueblos originarios y sus lenguas eran expresión de una barbarie que debía erradicarse y el sistema educativo actuó en consecuencia: el proyecto educacional fue parte del proyecto político de aniquilamiento de todos sus derechos, incluyendo el referido a los territorios que milenariamente ocuparan. Los ecos del positivismo de Roca y Sarmiento retumbaron en la Biblioteca Nacional al intervenir Natalia Bengochea, exponiendo un trabajo sobre la comunidad boliviana en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Entrevistó a alumnos primarios, docentes y directivos:”Si se les pregunta a los chicos qué idioma hablan en su casa, muchos responden “En mi casa se habla normal” y así hacen referencia al español”. Según declaraciones de los alumnos, “la mayoría no entiende ni habla las lenguas de su país. No obstante, la mayoría de ellos reconoce que algún miembro de su familia habla quechua o aymara”. Indicó también que “varios agregaron que los padres hablan estas lenguas solamente entre ellos, a escondidas. Según sus declaraciones los padres no transmitirían esas lenguas a sus hijos.” La investigadora concluye que, dentro del ámbito escolar, la interculturalidad se concreta a través de “expresiones culturales, de manifestaciones artísticas relativas a lo folklórico”; pero “en cuanto a la lingüística, se sigue la tradición contribuyendo al monolingüismo”. La situación que relata Bengochea confirma el éxito de ese proyecto y surge la pregunta si una política intercultural bilingüe ha de enriquecer sólo los acuerdos comerciales de integración o reivindicar además la realidad cultural y lingüística de nuestros pueblos.

Otros estudios -entre ellos Didáctica e identidades culturales: acerca de la dignidad en el proceso educativo que realizamos en la Universidad de Luján con María del Carmen Maimone y Paula Edelstein- han comprobado que, debido a la discriminación y a la condena implícita o explícita de la cultura oficial de la escuela hacia esas identidades, los padres imponen a sus hijos un mandato de ocultamiento: no decir que conocen esas lenguas; no mencionar creencias ni relatos; porque deben ser “normales”, al costo de aceptar el desprecio a su identidad y la de su familia. La enseñanza trabaja sobre los conocimientos que traen los alumnos; pero como es difícil para ellos discriminar que sí y que no deben decir, tienden a refugiarse en el silencio, se inmovilizan ante la hostilidad: condiciones nefastas que redundan en problemas de aprendizaje, disciplina, repitencia o deserción. Si de bolivianos se trata, cuando vino a trabajar en la zafra del Ingenio Ledesma, la familia Morales no hablaba “normal” y su pequeño hijo Evo fracasó en aprobar primer grado de la escuela argentina: un caso típico del “no le da la cabeza”. En contraste, los resultados del aprendizaje de estos chicos son espectaculares cuando se les dignifica su identidad, habilitando la superación del ocultamiento. Si la “política lingüística está al servicio de un proyecto político de país” y si “debe pensarse al interior de un proyecto educativo” el interrogante es: quiénes habrán de integrarse plenamente en ese proyecto de país y en ese proyecto educativo. Nos referimos explícitamente a los compatriotas aborígenes, a los inmigrantes de países vecinos y a los descendientes mestizos de esas raíces. Aceptar la interculturalidad es aceptar la profunda crisis de hegemonía de la cultura occidental dominante, con sus atávicos rasgos de racismo y desprecio hacia el carácter humano de una parte mayor de los seres humanos, que en Argentina se manifiesta en el desprecio hacia estos sectores, sumado al silenciamiento de sus culturas y sus lenguas, junto al despojo de sus territorios: fue el tema de la conferencia de prensa en el Parlamento. Porque la ampliación de la enseñanza de lenguas extranjeras oficiales como el portugués y el guaraní, no revierte la discriminación hacia otras como el quechua, el aymara y las de los pueblos mapuches, wichí o Qom; desconociendo además, que la lengua es sólo la punta del iceberg de una cultura que conlleva modos de ser, actuar y concebir el mundo.

A ciertos intelectuales o científicos sociales les resulta difícil colocarse en el lugar del otro, que es definido como un objeto de estudio o un problema. Bajo formas peculiares, la experiencia del mandato de ocultamiento la sufrieron exiliados en España: sus hijos aprendían historia en el ámbito escolar y, como modo de protegerlos o ser “normales”, debían silenciar su versión cuando estudiaban la victoria de Cancha Rayada o la derrota de Ayacucho. Imaginemos que a los itálicos se les despiertan las antiguas ambiciones imperiales y conquistan la Argentina. Al igual que todos los imperios de Occidente, después de masacrar a gran parte de los nativos imponen su propia lengua. Dentro del ámbito escolar, la interculturalidad se concreta según ellos a través de “expresiones culturales, de manifestaciones artísticas relativas a lo folklórico”; pero “en cuanto a la lingüística, se sigue la tradición, contribuyendo al monolingüismo”. Todos los pueblos tienen relatos -la mayoría de nuestros aborígenes los transmiten en forma oral- y el Martín Fierro es el poema nacional por excelencia. El ámbito escolar permite a los chicos conocerlo, dado que es parte de las “manifestaciones artísticas relativas a lo folklórico”; pero como se ha impuesto el monolingüismo italiano y en su casa se “habla normal” habrán de leerlo en la lengua oficial: “Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen” será entonces “A colui che è nato con la pancia è inútile l´ortopedia”.

Alcira Argumedo es diputada nacional por Proyecto Sur

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Argentina: La resistencia nace en la escuela

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Mario Martínez es el realizador del documental LA RESISTENCIA NACE EN LA ESCUELA. Si bien dicha producción audiovisual cuenta lo que sucede en una escuela rural en Puerto Vìboras (Departamento Paraná, Entre Ríos); es una clara muestra de lo que pretenden los gobiernos con sus políticas educativas: convertir las escuelas en galpones para contener pibes y niñas hasta que lleguen las vacaciones... Afortunadamente, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos - Seccional Paraná se practica la ética de resistir por una pedagogía distinta.


Va adjunto trailer del documental: http://www.youtube.com/watch?v=pxjUeKfHehM

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Dario Aranda: "El periodismo tiene que dejar de alegar obediencia debida"

BRUJULA COMUNICACIÓN

Luego del asesinato de Cristian Ferreyra, militante del Mocase, desde los grandes medios se trató de desdibujar las responsabilidades políticas y ocultar el trasfondo de la muerte: la lucha por la tierra. Darío Aranda, periodista de Pagina/12, asegura que Ferreyra fue una nueva víctima de la expansión de los agronegocios y que varias de sus notas sobre el tema fueron retocadas por el diario cambiando el sentido de las mismas.

¿Cómo se desarrolló todo esto porque desde muchos medios lo primero que trataron de correr es que tuviera que ver con la disputa por la tierra?

Lamentablemente es algo recurrente lo que está pasando en los medios, por un lado los grandes medios asociados a los agronegocios lo tratan de mostrar casi como un hecho policial muchas veces o cuando se demuestra que fue una represión por un tema territorial no se aborda el fondo de la cuestión; el motivo de todas las represiones, de los asesinatos es el modelo extractivo petrolero, minero, forestal, agropecuario, que avanza sobre territorios campesinos indígenas ancestrales con derechos reconocidos por las propias leyes argentinas, internacionales, que no debieran ser corridos de esos lugares donde vivieron siempre.

¿Cómo fue el caso puntual de Cristian Ferreyra?

Cristian era un joven militante de 23 años, referente de las comunidades a 60 km de Monte Quemado, limite norte de santiago del Estero, se conoce con los agresores, quienes fueron a la casa de un compañero, Dario Godoy, incluso uno de los agresores tiene una relación de parentesco con la compañera de Cristian, son conocidos en el lugar, en la zona norte de Santiago de Estero como una mano de obra disponible en todo este trabajo represivo, ya sea para sectores políticos o sectores empresarios.

MOCASE lo ha denunciado claramente y la comunidad viene enfrentando recientemente un proceso de hostigamiento en los últimos dos años que incluyó la quema de una radio, el encarcelamiento de Ricardo Cuella, y el pedido de captura por el mismo juez que está interviniendo ahora y que ahora pareciera que interviene tan rápido, cuando es un juez sindicado como cómplice de todas estas represiones. El juez había ordenado 12 detenciones con el único argumento de campesinos que han defendido su territorio, en el hecho puntual, el miércoles a la hora de la siesta llegaron a la casa de Darío Godoy a buscar directamente a Cristián, cuando salieron y sin mediar palabra le dispararon y lamentablemente Cristián murió desangrado con su esposa y su hijito de dos años.

¿Hay otro compañero herido, también?

Darío Godoy aún está herido, está en el hospital de Santiago del Estero, la verdad es que en el día de hoy desconozco cual es el estado, lo último que me habían dicho es que estaba estable, hoy no se cual fue el parte médico, esa es la realidad.

Fue una semana bastante complicada porque hace tres semanas estuve en Santiago del Estero, no llegué hasta Monte Quemado pero estuve en el norte, y estuve en la tumba de Sandra Eli Juárez, una campesina santiagueña de 33 años que murió frente de una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo del año pasado, también victima de los agronegocios. Fue muy conmovedor porque estuve en el lugar donde ella cayó muerta frenando la topadora, está toda la marca del camino, de la picada que venía haciendo la topadora, y donde ella la freno han hecho un monolito, donde la recuerda, y muy fuerte conocer a sus hijos, una nena de 5 años que nunca más pudo pronunciar la palabra mamá, un nene de 11 años que no quiere volver a entrar a la casa porque sabe que la mamá no está, es algo que se viene anunciando, no solo uno, sino un montón de gente que está mucho más en el tema, después de lo que fue la represión en Formosa el 23 de noviembre pasado, se está anunciando que se va a cobrar otra vida, y justamente ahora se cobra otra vida, una vida joven de un militante que su familia, a sus hijos sin padre.

En los últimos dos años, cuatro asesinatos, Javier Chocobar diaguita de Tucumán el 12 de octubre del 2009, Sandra Juárez 13 de marzo del 2010, Roberto López Qom de Formosa el 23 de noviembre del año pasado y ahora Cristian Ferreira.

¿Se podrían sumar las cuatro muertes de Jujuy?

Se podría sumar tranquilamente, y sobre todo si no hubo más muertos, hay que remarcarlo, fue porque falló la puntería, porque podría haber muchos muertos más pero como una cuestión de puntería no los hay, y lo que lamentablemente tenemos que decir es la responsabilidades estructurales de gobiernos nacionales, provinciales, del poder judicial, que avanzan con un modelo que lamentablemente no hay señales, no hay ninguna señal de que se vaya a detener, este tipo de notas lamentablemente, de familiares llorando las vamos a ver repetidas,

Nosotros tratamos mucho el tema de la tierra y cada cierto tiempo estas noticias son noticias.

Ahí también es impresionante la apatía, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, del poder político, de la opinión pública, de los intelectuales, de los medios de comunicación, que sin duda valoramos, se valora mucho mas cuando matan a un maestro como Fuentealba o a un militante universitario como Mariano Ferreira y pareciera que los muertos del campo, campesinos e indígenas no valieran tanto y que ellos no tienen derechos humanos, y mas si son de las provincias feudales de interior que tiene clara vinculación con el gobierno nacional.

La responsabilidad del gobierno nacional

Me sorprendió y me dolió terriblemente un mail que me mandó un compañero militante de Córdoba diciéndome por qué vinculé al gobierno nacional con este asesinato.

Yo no puedo creer qué le pasó a muchos compañeros del campo popular que hoy no ven la vinculación directa.

Tuve la posibilidad esta semana de entrevistar al Chino Navarro, militante del Movimiento Evita (nadie puede decir que el chino es de derecha o golpista) es uno de los cuadros mas importantes del movimiento evita y del kirchnerismo, y el lo dijo claramente “hay que empezar a denunciar al poder judicial y a los gobiernos provinciales cómplices” y ante mi pregunta sobre la acción del gobierno nacional, el Chino Navarro, dijo: “El gobierno nacional tiene que ser el primero en repudiar estos actos y en estar al lado de las victimas”. Yo hasta el día de hoy, no he escuchado a ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional referirse al tema. Mínimamente por una cuestión de forma con quienes están velando a un compañero debería estar, pero no hay un silencio que se parece mucho a la complicidad.

Los principales diarios santiagueños sorprendieron con el tratamiento del tema. El Liberal tituló “Un muerto y un herido tras una trágica discusión en Copo”, Panorama tituló “Monte Quemado, matan de un escopetazo a un joven tras una discusión” y Nuevo Diario tituló: “Encargado de campo mato a un poblador”.¿Más allá de las diferencias semánticas se intento sacarle el componente político y de lucha por la tierra a la noticia?

No he leído esos diarios peor no dudo que así sea, lo que si pude ver y sentí mucha vergüenza ajena fue un cable de la agencia TELAM del día viernes, titulado “La muerte de un campesino en santiago del estero fue por una disputa entre vecinos”. Así como el titular de Clarín tras la muerte de Kosteki y Santillán fue “La crisis causo dos nuevas muertes”, este es terrible y tiene que ir a todas las universidades y escuelas de periodismo del país y la verdad que eso no es periodismo militante. No es ni periodismo ni militancia porque un militante del campo popular no puede esconder y disfrazar de esa forma el asesinato de un militante del campo popular. Por eso indigna la forma en que nos están tomando el pelo y que le toman el pelo a quienes han derramado sangre.

¿Vos viviste un episodio en carne propia con tus publicaciones en Pagina/12?

El sábado la nota que salió publicada, (yo la mande por mail) y lo hice público que cambiaron de manera muy grosera la cabeza, el primer parrarfo, que para los periodistas es lo mas importante donde esta condensada toda la información. La lavaron y la verdad que fue una tomadura de pelo.

Un derecho básico que tenemos los periodistas es retirar la firma de un articulo con el que uno no esta de acuerdo, no solo no me dieron ese derecho sino que a las 9 y media me llamaron diciéndome que esta todo bien que habían hecho un retoque agregando una línea de otra cosa pero en ningún momento me dijeron lo que habían hecho.

Cuando lo vi, la verdad que ya venia de un proceso y discusión mucho más larga y tome la decisión de hacerlo publico. Lo que yo puse en el encabezado es que había 4 niveles de responsabilidades, que marcaba el Movimiento Campesino Indígena, que eran los agronegocios y las multinaciones; el gobierno provincial, el poder judicial y el gobierno nacional. No es que me lo dijeron de manera individual, en la marcha del viernes ese discurso fue sostenido todo el tiempo y cuando termina la concentración frente a la casa de Santiago del Estero, el vocero Adolfo Farias lo dijo frente a todas las cámaras (TN, Crónica, C5N, etc), claramente como esta redactado lo pongo en boca del MNI y pongo la cita de Farias. Sea como hubiera sido me debían haber consultado.

Esto esta trayendo consecuencias que en el día de hoy no sabemos como sigue, hay distintas versiones y lo que si se en cuanto a la continuidad laboral no sabemos como sigue, la comisión interna del diario ha tomado cartas en el asunto y estamos esperando la solidaridad de compañeros del diario inicialmente y hasta donde organizaciones en lucha como el Movimiento Nacional Campesino Indígena en breve va a sacar un comunicado solicitando adhesiones y repudiando la censura y alertando sobre lo que pudiera pasar. Que me eche o me frisen y me discontinúen con las notas (teniendo en cuenta que no soy de planta permanente sino colaborador del diario).

La verdad que es un momento personal complicado principalmente por el asesinato de un militante del campo popular. En Página 12 hay una asamblea el miércoles y se va a sacar a relucir que esta es una practica que se está dando seguido y la verdad no podía dejar pasar de sacarlo afuera porque tengo un compromiso asumido con las organizaciones que acompaño en territorio y además es un hecho muy grosero que viene de una acumulación.

Algunos compañeros me llamaron diciendo que no debería haberlo hecho publico, y esos pareceres son atendibles de los compañeros bien intencionados, pero era hipócrita no mencionarlo porque yo estuve en Rosario gracias a ustedes y otros compañeros presentando un libro y criticando al periodismo y no podía no reproducir algo así. Doy clases de periodismo y siempre sostengo que lo único que uno tiene es la credibilidad, la firma y lo que hace diariamente, entonces si yo me comía eso hubiera estado peor de lo que estoy en lo humano y lo familiar. No se que va a pasar, pero se que no mentí que conté lo que había pasado, que escribí lo que había acordado que nunca me avisaron lo que cambiaron y que básicamente como periodista tenemos que dejar de alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. No entiendo al periodismo así y tuno tiene que ser consecuente con lo que dicen y lo que piensan.

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La violencia de la violencia: Redoblar el compromiso

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

La violencia recorre el mundo. El desembarco de fuerzas internacionales para oprimir a los pueblos en nombre de la paz, se da en el marco de una crisis profunda del sistema capitalista. La violencia laboral dentro de las empresas se superponen con las violencias que implica el despojo del empleo masivo, como sucede en España y Grecia.

Un sistema, según declaraciones del dirigente sindical George Mavrikos, “ha superado sus límites, no puede dar ya una solución, en mi opinión debemos cambiar el modelo para tener un modelo nuevo basado en la justicia social y sin explotación del hombre por el hombre.” (1)

Como parte de este cuadro, están incluidas las situaciones de violencia en el seno de muchas familias, particularmente, la que sufren muchas mujeres.

Aunque superpuestas, estas violencias son presentadas en forma aislada, tal es el caso de la declaración de Michelle Bachelet en calidad de Directora Ejecutiva de ONU mujeres, omitiendo la crisis mundial. (2)

En nuestro país, en forma diversa, las organizaciones de mujeres nos expresamos, el 25 de noviembre. Por ejemplo frente al Obelisco, “ropa femenina manchada de sangre o chamuscada simbolizaba a las víctimas fatales del machismo. Un grupo vestía de luto: lo integraban, entre otros, dos jueces federales. “La violencia contra las mujeres siempre mata” fue la consigna”. (3)

Nuestra participación con las trabajadoras y los trabajadores de la salud, nos acercó a una situación compleja, donde los/as profesionales deben abordar las consultas de violencia de las mujeres sin el apoyo efectivo de políticas públicas en hospitales donde la población asistida, viene sufriendo condiciones de vida precarias.

Esta situación desentona con los desarrollos y compromisos internacionales y el cumplimiento de las leyes sancionadas sobre la cuestión.

La conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer” fue declarado en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
El 25 de noviembre fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres de la República Dominicana, símbolos visibles de la resistencia contra la dictadura del General Rafael Trujillo. Ellas se atrevieron a desafiar al dictador, y por esa actitud fueron perseguidas y encarceladas, al igual que sus esposos, Manuel Tavaréz Justo, Leandro Guzmán y Pedro González.

Minerva Mirabal era integrante de un movimiento para derrocar al dictador Leónidas Trujillo. Fue una de las fundadoras y dirigentes de la Agrupación 26 de Junio, creada en enero de 1960. Ella, junto a un centenar de miembros de la agrupación, fue encarcelada ese mismo mes. Fueron sometidos a terribles torturas y algunos murieron. Además de opositora política, Minerva se resistió al acoso sexual del tirano, lo que convirtió a su familia en blanco de persecuciones.

La escalada represiva del régimen generó mucho descontento en la sociedad dominicana. Trujillo, entonces, se vio obligado a liberar a las mujeres presas en febrero de 1960.

En mayo, frente a una nueva ofensiva del dictador, Minerva y su hermana María Teresa fueron enjuiciadas por “atentar contra la seguridad del Estado” y condenadas a 5 años de prisión. Pero nuevamente, frente al creciente descontento de amplios sectores con el régimen, fueron liberadas junto a otras mujeres.

Finalmente, el 25 de noviembre, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron a visitar a sus esposos detenidos en la prisión de “La Victoria”. Las tres fueron violentamente apresadas a dos kilómetros de la misma. Llevadas a unos cañaverales apartados de la carretera, fueron violadas y asesinadas a palos y puñaladas. El compañero que iba con ellas, Rufino de la Cruz, fue ahorcado y los tres cadáveres puestos en el vehículo y arrojados a un precipicio. Los diarios publicaron la noticia como "un accidente en el que murieron tres mujeres y un chofer". Sus bienes fueron confiscados por orden de Trujillo.

Redoblar el compromiso

En estas circunstancias, las trabajadoras debemos articular nuestra acción contra la doble opresión con la lucha contra el saqueo y contaminación y por un proyecto de país soberano y solidario asentado en el control estatal y popular de los recursos estratégicos, la lucha contra los despidos y la precarización laboral y por otro modelo sindical, la defensa de la soberanía popular y la lucha contra el imperialismo y contra toda forma de opresión y fragmentación de los pueblos latinoamericanos

Un tema nodal, la relación clase-género –La actualidad de estas palabras

Carolina Muzzilli, realizando una evaluación, del Primer Congreso Femenino Internacional, en mayo de 1910 planteó, en La Vanguardia del 27 de septiembre, su posición en el mismo (4):

Las tareas que os incumbe es llevar nuestra sabiduría hasta la anublada inteligencia de la mujer de los talleres y fábricas, descender hasta la clase social a que ellas pertenecen para elevarlas moralmente.

De otra manera nuestra acción quedará encerrada en un estrecho círculo y será por eso mismo estéril. Además debe dejar de ser sólo una lucha de sexo para integrarse en el fecundo campo de la lucha de clases.

En la obra de emancipación del proletariado está interesado grandemente el sexo femenino, que da un gran contingente a la fábrica y al taller.

Para llegar a la emancipación de la mujer es necesario trabajar para arrancar de la fábrica malsana a la mujer madre y futura madre, es necesario elevar sus condiciones actuales por otros de trabajo más humano y cultivar su cerebro a fin de que vislumbre el porvenir del proletariado permitiéndole esto tomar parte en la lucha de clases.

Entonces, sólo entonces, podremos decir que hemos delineado la lucha feminista.

Por último recordemos que sin decirlo, el partido Socialista hace obra feminista, por cuanto tiende a la elevación moral y material del proletariado, sin distinción de sexo, encaminándolo a su total emancipación.

Es hora que el “feminismo sportivo” deje paso a aquel verdadero “feminismo que debe encuadrarse en la lucha de clases”. De lo contrario el movimiento feminista sólo será un movimiento aristócrata, concretándose a proteger- y la protección está encubierta por el manto de caridad- a todas aquellas mujeres, las obreras que no deben pedir humildemente sino exigir los bienes que corresponde a toda criatura humana.

Un análisis con debate con las que proponían la caridad (sentimiento de ayuda), las señoras de las sociedades de beneficencia, que muchas veces daban trabajo a los institutos y las niñas y jóvenes lo hacían en forma gratuita.

Notas:
1) Entrevista publicada en la Agencia –ACTA, 26 de noviembre de 2011.
2) Clarín, 25 de noviembre de 2011.
3) Página 12, 26 de noviembre de 2011.
4) Actas del Primer Congreso Femenino Internacional, Ediciones conmemorativas, mayo 2010.

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Argentina. Santa Cruz: Procesan a gremialistas de la UOCRA por la brutal golpiza a docentes y estatales

ACTA

La Justicia de Santa Cruz procesó a dirigentes y activistas de la UOCRA que habían golpeado salvajemente a un grupo de docentes y estatales durante una protesta ocurrida el 12 de abril en Río Turbio, confirmaron fuentes sindicales a la agencia DyN.

El procesamiento recayó sobre el ex delegado normalizador de UOCRA, Carlos García, y los delegados José Aguilar, Juan Domingo Martínez, Víctor Hugo Bulacio y Hugo Francisco Lima.

Los cinco fueron considerados por la jueza de Río Turbio Betina Bustos como co-autores "material y penalmente responsables del delito de coacción agravadas por el empleo de armas" y lesiones calificadas en 12 hechos.

La magistrada también procesó a Ricardo Rubén Socomba por el delito de coacciones agravadas por el empleo de armas, "lesiones leves calificadas por el concurso predeterminado de personas en doce hechos", "lesiones graves calificadas por el concurso predeterminado de personas" y, daño y amenazas hacia los manifestantes.

Bustos determinó el embargo sobre bienes de cada uno de los procesados por un monto de 30 mil pesos. La golpiza ocurrió el 12 de abril cuando docentes y empleados estatales de hospitales de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre se manifestaban en reclamo de mejoras salariales a la vera de la ruta.

Allí, los manifestantes esperaban el paso de una comitiva del gobierno para expresar sus reclamos ante el gobernador Daniel Peralta, quien viajaba a la ciudad para inaugurar obras.

Pero, un grupo de atacantes que se identificó con la UOCRA golpeó a docentes y enfermeros con palos, piedras y golpes de puño, según describieron los testigos del hecho, videos y fotografías que se tomaron ese día.

El secretario general de ADOSAC, Pedro Muñoz, manifestó su "satisfacción por la decisión" de la Justicia aunque criticó la demora del procesamiento, dado que se produjo siete meses después de la paliza.

El gremio docente cuestionó públicamente en más de una oportunidad a la dirigencia de la seccional Santa Cruz Sur del gremio de la UOCRA de ser "una patota sindical y paraestatal amparada por el gobierno provincial".

De hecho, activistas de ese sindicato participaron de golpizas al diputado provincial del radicalismo Omar Hallar, se enfrentaron con una marcha de estatales que protestaba contra la reforma previsional en diciembre de 2010 y, en octubre último, golpearon a trabajadores de una empresa que construye el interconectado hacia El Calafate.

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Argentina. Chaco: Investigarían represión a Ligas Agrarias

DIARIO NORTE - CHACODIAPORDIA

Piden investigar la represión contra las Ligas Agrarias en la provincia del Chaco durante la última dictadura militar. La solicitud se encuadra en presuntos delitos de lesa humanidad.

La solicitud conjuez, Juan Antonio Piñero partió desde la fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los doctores Horacio Rodríguez y Diego Vigay.

Piden "investigar delitos de lesa humanidad ocurridos contra dirigentes de Ligas Agrarias en el Chaco durante la última dictadura" y las imputaciones incluyen la desaparición forzada de personas, homicidios calificados y tormentos.

El requerimiento está circulado a la causa “Residual Caballero, Humberto Luico y otros por tormento agravado y privación ilegítima de la libertad"

Los abogados dicen haber recogido testimonios de víctimas y familiares sobre la represión a militantes de la histórica organización campesina

La investigación es para aclarar las circunstancias de las muertes de Juan Sokol -durante la tortura en la Alcaidia de Saenz Peña- y de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Picoli, en supuestos enfrentamientos con militares y las desapariciones de de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas.

Se incluyen los casos de torturas a Enrique Lovey, Luis Rodríguez, Filomeno Chavez, Juan Catalino Chavez, Jorge Omar Mussin, Marcelino Sequeira y Adolfo Thomas Dalesandro.

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Salta: Picadas, quemas y desmontes en Dragones

FEDERACIÓN WICHI - COPENOA

En Embarcación, Departamento de San Martín, provincia de Salta, existe un fallo judicial que prohíbe los desmontes pese a ello, y aún en zonas comprendidas de acuerdo a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos como categoría I (roja) y II (amarilla), se suscitan distintos delitos vinculados a la tala ilegal o desmontes, en tierras de ocupación ancestral indígena y/o campesinas de la cuenca del rio Bermejo y del chaco salteño en general.

Los habitantes del monte, tanto indígenas como campesinos no solo padecen la degradación del medio ambiente con la consecuente pérdida de los medios naturales de supervivencia sino también además, sufren las constantes amenazas de desalojos por parte de supuestos dueños y la persecución policial.

Los territorios indígenas se encuentran en el marco de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Para el caso de los Campesinos existe la Ley provincial 7.658 que prohíbe los desalojos. En cualquiera de los casos y contando con legislación en su favor, las leyes NO se cumplen, peor aún, los indígenas y campesinos son intimados a desistir de las denuncias (que en la mayoría de los casos la policía ni siquiera se las recibe) u obligados bajo presión y amenazas a firmar acuerdos perjudiciales a sus propios intereses.

Solo en el año 2011 indígenas y campesinos han denunciado apertura de picadas, quemas y desmontes en cadena en las Comunidades indígenas Wichi de Misión Salim, Comunidad Wichi Las Llanas, Comunidad Wichi Pozo Hondo, puestos campesinos El Gateao, El Tasil y en Fortín Dragones.

Un recorrido por la localidad de Dragones, este último 12 de Noviembre recopilo en coordenadas los distintos puntos donde se están llevando adelante tareas de tala.

El área de estudio determinó que en la Ruta Nacional N° 81, al llegar al punto 23°14´56,5” de Latitud Sur y 63°20´48,1” de Longitud Oeste, accediendo por un camino interno se detectaron diferentes problemáticas ambientales observando áreas de peladares como también la erosión producida por el agua y el viento debido a la pérdida de la cobertura vegetal afectando la protección del suelo, dejando a sus habitantes desprotegidos y vulnerables ante las inclemencias climáticas.

En las coordenadas geográficas: 23°28´13,4” de Latitud Sur y 63°27´15,4” de Longitud Oeste, se observó extracción de madera, siendo la especie de quebracho colorado la mayormente extraída (ver fotos N° 1-2). Asimismo se observaron aberturas de caminos para la extracción de trozos de madera, los cuales, según datos aportados por pobladores locales, son amontonados en el punto 23°24´34,6´´ de Latitud Sur y 63°27´06,8” de Longitud Oeste con el fin de realizar tendidos de alambre (cerramiento).

Continuando con el recorrido se llegó a la Comunidad Wichi y paraje Campesino La Fortuna en donde se observó una gran cantidad de postes de quebracho colorado extraídos. Los mismos se encuentran ubicados en el punto 23°31´09,5” de Latitud Sur y 63°20´48,1” de Longitud Oeste.

Cabe resaltar que la zona en la cual se están llevando a cabo las tareas de tala ilegal, se encuentra en territorio indígena y en las márgenes del río Bermejo.

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México: Oaxaca coloca de manera forzada el DIU a mujeres indígenas

Citlalli López (CIMAC)

Las autoridades de Salud en el estado de Oaxaca violentan los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas, al colocarles sin su consentimiento dispositivos intrauterinos (DIU) como método de planificación familiar, acusaron parteras comunitarias.

Agregaron que los DIU no son efectivos como mecanismos de control natal, y que si las mujeres con estos dispositivos quedan embarazadas, su vida y la del producto se ponen en riesgo.

“Muchas mujeres van al centro de salud a tener a sus bebés o al hospital. Ahí no les preguntan si quieren llevar un control de planificación, sino que nace el bebé, les ponen el dispositivo y trae severas consecuencias porque no les avisan qué les pusieron, y luego el cuerpo desecha coágulos y restos de placenta, pero el dispositivo tapa la salida de la sangre y nos llegan las mujeres peor que si estuvieran embarazadas”, advirtió Enriqueta Contreras.

Molesta, la partera indígena señaló que los médicos no respetan la decisión de las mujeres, sobre todo de aquellas que no hablan español. “Esas son violaciones que se cometen contra las mujeres”, denunció.

Enriqueta y otras parteras contaron experiencias similares durante el Primer Encuentro de Médicos Tradicionales, realizado en esta capital estatal.

Castigo social

Angélica, partera de Tlacolula de Matamoros, comunidad ubicada a menos de 20 minutos de esta ciudad, narró: “Hace poco vino una muchacha que se alivió; a los tres meses el marido quería tener relaciones con ella. La mujer empezó a sangrar y decía que le lastimaba. Fueron a varios doctores hasta que llegaron a la casa”.

Durante la revisión, Angélica interrogó a la paciente: “¿Te pusieron dispositivo?”. A lo que la joven respondió: “Sí me preguntaron, pero no acepté”.

La partera mandó a la mujer de regreso a su casa con un remedio natural para desinflamar la matriz. Días después, la paciente regresó porque continuaban las molestias, ahora de picazón en la vagina. En la revisión Angélica encontró el DIU, el cual se había movido de lugar al ceder la inflación del útero.

Victoria Gutiérrez, partera en la comunidad serrana de Tlahuitoltepec, relató en español no muy fluido que una paciente había decidido no tener más familia y contrario a otras mujeres pidió la colocación del DIU. La efectividad fue nula, pues al poco tiempo la indígena quedó embarazada.

Además del riesgo para ella y el producto, la mujer temió la reacción violenta de su esposo y sus familiares por recurrir a un método anticonceptivo.

En Tlahuitoltepec, como en muchas otras comunidades de Oaxaca, las mujeres están sometidas al machismo y al castigo social cuando ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.

En contra de su decisión inicial de no tener más hijos, la indígena decidió continuar el embarazo. “La mamá estuvo llore y llore, pensando en que podría morir. La acosté y acomodé al bebé, chequé el útero, ya estaba abierto y encontré el dispositivo. Lo saqué y tuve que esconderlo debajo de la cobija para que no lo vieran la suegra y el esposo”, contó Victoria.

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Radiografía de los medios de comunicación en Bolivia tras conflicto del TIPNIS

Rafo Artigas

Las coberturas a la marcha de los TIPNIS y las elecciones judiciales recientes de octubre nos han revelado las tendencias y las intencionalidades políticas que tienen los medios privados de comunicación. Tras un balance cuidadoso, reflejamos que se han evidenciado fuertes intereses económico-políticos en medio de ese conflicto sobre todo de medios privados de comunicación en Bolivia.

La radiografía que les presentamos parte de un análisis al manejo de la información que efectuaron tanto los medios privados, así como los mismos estatales para tipificar un mapeo actual cuyo escenario ya nos prepara el rol que jugarán si se activa un posible conflicto antes de una recomposición en la estructura gubernamental.

Es de verificar cuidadosamente el rol que jugaron los medios privados, la exclusividad de sus notas periodísticas, durante los 65 días, el manejo de los temas con vinculaciones directas de los periodistas con los dirigentes de la marcha y la gran disposición técnica, logística con todo su arsenal para “atender” las demandas informativas de los pueblos indígenas no fue tan casual.

Manipulación informativa de medios privados

Revisando toda la historia de las marchas desde 1990, nunca se vio el despliegue mediático y mas aun de medios privados que en temas indígenas, hicieran una cobertura amplia como la que vimos en esta coyuntura. Diversos observatorios de medios revelaron que sí hubo manipulación informativa de los medios privados durante ese conflicto.

El doctor en política José Luis Exeni, en su libro Mediamorfosis, realizó una caracterización de la transición de los medios de información masiva el conflicto del TIPNIS y afirmó que en ello “se desnudó el perfil de algunos medios privados que “ocultaron mostrando”, desinformaron en franca vulneración de la Ley de Leyes y del Código de Ética de la prensa, inflamaron el conflicto y se transformaron en verdaderos actores político-empresariales”.

Exeni dijo que los medios privados “realizaron una espectacular cobertura periodística: reportajes, noticias, comentarios, intervención de opinadores, reacciones, despachos en directo. Al menos unos 40 informadores fueron desplazados al lugar”.

Especialmente la televisión apuntó sus mensajes al corazón, al sentimiento de la audiencia antes que al razonamiento. Su objetivo era conmover al público y, al parecer, mostrar un gobierno indígena insensible enfrentado a indígenas. En esa línea, los canales mostraron con prioridad a niños y mujeres embarazadas en situación de penuria.

En lo que pareció una puesta en escena, un menor fue filmado justamente cuando mostraba un bidón vacío. Los reportes no dijeron que había el líquido elemento en San Borja, que los dirigentes compraban agua embotellada —según el testimonio del periodista Clayton Benavides, enviado al lugar— que la llevaban en tanques, o que el río cercano estaba contaminado.

Sin embargo, el complejo mediático minimizó u ocultó la trascendencia de nueve comisiones de ministros que buscaron el diálogo con los indígenas, las esperas presidenciales destinadas a conversar, los pedidos para consultas sobre la carretera y, desde el lunes 26 de septiembre, casi dejó en el olvido la situación por la que atravesó el canciller David Choquehuanca o las amenazas indígenas con sus flechas a los policías.

Por otro lado, tras el violento operativo policial que terminó en excesos y vulneración de los derechos humanos de los marchistas, varios medios privados recurrieron a la mentira. Un periódico abrió su edición con el siguiente titular: “Muere un bebé en violenta represión contra indígenas”. Algunas agencias noticiosas y radios se refirieron a la existencia (falsa) de varios adultos muertos y desaparecidos.

Con esas falacias, esos medios vulneraron los principios de “veracidad y responsabilidad” establecidos en la Ley Fundamental (artículo 107, inciso II).

Tras esas informaciones no verdaderas se realizaron manifestaciones en varias urbes, con ataúdes blancos (en alusión a las supuestas muertes), se habló de “asesinato”. Aún hoy algunas personas siguen creyendo que hubo víctimas mortales en la intervención policial.

Pese a ello, los medios no aclararon en similar espacio o tiempo lo que habían desinformado. Al no hacer esa aclaración fueron contra el artículo 9 del Código de Ética de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, que indica que “los periodistas rectificarán espontáneamente e inmediatamente las informaciones inexactas o erróneas y concederán el derecho de réplica y rectificación a toda persona que lo solicite”.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Boris Quisberth, admitió que en el conflicto del TIPNIS se evidenció la “manipulación de algunos medios que quieren inflamar el conflicto por intereses empresariales y por lograr la primicia”.

Por lo expuesto, se puede concluir que varios integrantes del complejo mediático privado —que incluye especialmente a los propietarios de dichos medios—, en el conflicto del TIPNIS, se visibilizaron como verdaderos actores políticos.

Son los mismos que en el pasado tuvieron el poder real en sus manos y sienten que no solamente están perdiendo ese poder económico, el poder político, el poder institucional y el poder judicial, sino están perdiendo la fuente de generación de su poder, por eso han convertido a sus medios en una trinchera política.

Pero también esta claro que esos grandes conglomerados de medios privados, ese “trabajito” no lo hicieron a título de plena identificación con la causa del TIPNIS, su respaldo vino también de las ONGs que en directa relación con los medios recibieron su buena bonificación.

Es bueno refrescar la memoria y conocer que en Bolivia la propiedad de los medios está concentrada en manos privadas (85%). Hay multiplicidad de medios, pero las reglas de juego, el rayado de cancha de la competencia comunicacional, lo marca el modelo empresarial comercial, nos señala Adalid Contreras, en su libro “De medios y enteros”, CEDLA, 2005.

Medios del estado y política comunicacional

La cobertura informativa de los medios del estado (BTV, Radio Patria Nueva, Cambio y ABI) se mantuvo reproduciendo a los actores que exigían que se concrete la carretera y a los portavoces del gobierno que estuvieron al inicio del conflicto.

En el proceso de la marcha como tal solo atinaron a reproducir las versiones de los dirigentes de la marcha y en otras ocasiones a dirigentes del TIPNIS (del lugar) y a los dirigentes interculturales, minimizando la trascendencia de hechos reales de la marcha.

“Al no haber política comunicacional y, además, al subordinar toda información a la agenda de provocación de los medios privados, el gobierno sólo responde de modo defensivo, y ello le obliga a no producir nada que no sea otra provocación”, observó el filósofo Rafael Bautista, en uno de sus artículos recientes referidos a los procesos de comunicación.

Si hay algo que muestra con claridad en todo el proceso y por los que el gobierno recibió una dura crítica, es la ausencia de una línea informativa que oriente y, que lejos de la confusión y el manipuleo de los privados, los medios estatales no manejaron una estrategia proactiva, de clara orientación a los sectores populares y sin intereses que hagan ver alguna intencionalidad.

Consideramos que todo ello se debe a la ausencia de una política de comunicación, que tras más de nueve meses de implementarse esa cartera de estado, hizo aguas antes, durante y después del conflicto del TIPNIS. Y es que una autoridad que maneja la información a mano debería tener el monopolio de la comunicación y ejercer ese derecho imponiendo una política de información dentro de su estructura de medios estatales coordinada y con coherencia en su tratamiento periodístico.

Alentábamos con optimismo que, con una estructura organizativa renovada (Viceministerio de Políticas Comunicacionales y Viceministerio de Gestión Comunicacional), tendríamos una información transparente, ágil, proactiva sobre la gestión gubernamental, tal como ellos nos dijeron pero no hay tal.

“El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado”, dice Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex vocero “capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal”, aunque, observa, “las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas”.

Y hablando de estrategia de medios del estado, no creemos que el efecto mediático de exponer a Evo Morales signifique así ganar más adeptos y por consiguiente un canal oficial como el 7, esté pensando en recuperar audiencia siguiendo de “pe a pa” las transmisiones de los actos oficiales del primer mandatario del país.

No creemos que, en el marco de su nueva estrategia de comunicación de estado, si la tiene, se recomiende que la gestión gubernamental pudiera haber un gran repunte con que los medios estatales “exhiban” a Evo Morales, tal si fuese parte de una campaña de candidatos a elecciones presidenciales.

Seguimos machacando con eso que, la exagerada exposición del jefe de estado tiene otro efecto, los otros medios privados aprovechan sólo para denigrarlo, para sacar a luz sus “errores” o algún desliz en sus discursos y mofarse de ello.

Sin embargo, el redoblado monólogo del discurso oficial con la sustancial eliminación de los contenidos del adversario, sobre todo en TV, y el abuso de la propiedad pública, en un contexto de obsecuencia que los lleva hasta la irrupción de la intimidad del disidente, y la complacencia que se traduce en algo así como “tormento de transmisiones oficiales” matizadas con otras mas chauvinistas, en vivo o diferido.

El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y “alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado”, dice Alfonso Gumucio Dagrón, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex vocero “capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal”, aunque, observa, “las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas”.

“Pecaría de ignorancia el Ministro Canelas si no entendiera que las responsabilidades que tiene en sus manos son mucho más importantes e interesantes, que traducir el pensamiento de Evo o arreglar los entuertos que producen sus precipitadas y poco reflexivas declaraciones”, agrega Gumucio en “El misterio del Ministerio”.

Agrega Gumucio, “Peca de ingenuo por no tener política comunicacional (porque ésta no la asegura el tener un ministerio de comunicación); por no saber cómo proponer alternativas al uso perverso que hacen los medios del entretenimiento y la información”, concluye el también estudioso de la descolonización.

Mapa Mediático

El mapa mediático puede quedar ideológicamente dividido en dos grandes bandos”. Uno corresponde al conformado por los emporios periodísticos del ex grupo Líder, disuelto en julio pasado, pero que no ha perdido en conjunto su influencia nacional a la cabeza de: El Deber en Santa Cruz y Los Tiempos en Cochabamba, cabeza de una serie de diarios menores publicados por Editores Asociados, de la familia Canelas: El Potosí, Correo del Sur y otros. Sin dejar de nombrar a los matutinos más radicales que cuentan con respaldo económico de empresarios nuevos vinculados a las gobernaciones del oriente: El Día, El Mundo, en Santa Cruz, El País en Tarija y La Patria en Oruro.

Junto a ellos, la “televisión privada”, en manos de grupos empresariales cruceños: Monasterio, (UNITEL) Kuljis, (RED UNO), Daher (PAT) y Mercado (CADENA A).

Seis meses después, el régimen de propiedad comenzó a cambiar, por partes. En enero del 2009, el consorcio español Prisa comunicó que vendía a la sociedad Akaishi Investments su participación del 25% en la compañía propietaria de la red ATB, por 4,1 millones de dólares. No se ha podido verificar si Akaishi es aún propietaria de la porción o la ha transferido a algún grupo venezolano.

En octubre de ese año, la prensa local difundió la versión del diario venezolano Últimas Noticias según la cual Jordán Silva y Joaquín Livanello eran los representantes del consorcio venezolano que adquirió las acciones de la red ATB. Sin embargo la Red ATB después de su screening reciente y la propuesta que nos muestra en la línea informativa mantiene su mesurada posición equilibrada sin carga de sensacionalismo como los hacen sus otros colegas medios privados de televisión.

La postura que asumieron algunas redes de radio como Fides, Panamericana y Erbol es de un disimulado rostro ecléctico, pero que en coyunturas mas conflictivas como las que vivimos, aprovechan para sacar a luz su ácida crítica al gobierno aprovechando en sus revistas a los ya conocidos “analistas” que a más de uno, ya no son creíbles.

El nuevo matutino “Página Siete”, entra en este grupo de medios, no obstante haberse comprobado que este agitó a la población con una información que fue desmentida respecto a la muerte de un bebé y otros poco creíbles a lo largo del conflicto.

De los resultados de estas prácticas hay sobrados ejemplos, bien en momentos de conflictos como los ocurridos en América Latina, o cualquier otro lugar del planeta, o contra países que soberanamente han decidido romper con la fórmula capitalista.

La información publicada sobre Cuba es un ejemplo de cómo se tergiversan los hechos y las realidades mediante una guerra mediática que se ha prolongado por más de 50 años, y que incluye diversas variantes con el objetivo de desvirtuar lo que ocurre en el primer país socialista de América Latina, a 90 millas del imperio norteamericano.

Resulta que los mercenarios que EE.UU. reclutan en Cuba, para ellos son “disidentes” y hasta se confabulan para otorgarles premios, como por ejemplo los concedidos a la tristemente célebre bloguera Yoani Sánchez, por la corporación mediática PRISA, de conocidos vínculos con otros consorcios norteamericanos. Se encargan así de fabricar una “disidencia” y utilizarla mediáticamente para atacar a Cuba y tratar de lesionar su prestigio.

Esta es la verdadera esencia del poder mediático, fabricar hechos o “personajes” y/o manipular información. Eso también está pasando en Bolivia.

Rafael Artigas es comunicador e investigador orureño.

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