viernes, 2 de diciembre de 2011

En Caracas hoy nace la CELAC: ¿El futuro sustituto de la OEA?

Ernesto Carmona (MAPOCHO PRESS, especial para ARGENPRESS.info)

Jefes de Estado y cancilleres de 33 países de América Latina y el Caribe muestran hoy y mañana en Caracas su voluntad política de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el nuevo foro de integración continental que excluye a EEUU y Canadá. Con el andar del tiempo, la Celac terminará -en los hechos prácticos- por anular a la anacrónica Organización de Estados Americanos (OEA), básicamente concebida en su tiempo como instrumento para el manejo de un "patio trasero" que vivió un siglo 20 azotado por dictaduras impuestas y apoyadas por el socio principal.

La Celac será una representación política más genuina de los pueblos de América Latina y el Caribe que hablan diferentes lenguas, poseen variadas culturas, como países tienen distintos tamaños y con diversos matices socio-económicos y políticos abordan una lucha común permanente por mejorar sus condiciones de vida. La diversidad tras objetivos políticos comunes le dará un nuevo sentido independiente a la palabra “integración”, diferente a los designios rapaces de naciones grandes que sólo buscan mercados y materias primas baratas a través de sus transnacionales. También quedan fuera de juego las ex metrópolis ibéricas, España y Portugal, sumergidas hoy en sus propias dificultades.
Breve historia

La Celac remontó un largo camino propio, desde que en los ’80 se constituyó el Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) para promover la paz centroamericana ante los conflictos armados internos en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En los '90 devino en el Grupo de Río, que continuó la labor de Contadora con más países involucrados, como Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, que incorporaron de a poco a naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), en una trayectoria de 22 cumbres que abordaron situaciones clave de la región.
El paso siguiente fue la Cumbre sobre Integración y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CALC), impulsada desde el Grupo de Río por el entonces presidente brasilero Luiz Inacio Lula Da Silva, para articular procesos propios de integración y desarrollo frente a los desafíos de la crisis financiera de los países desarrollados, la crisis económica y la crisis alimentaria. El primer encuentro cumbre de la CALC en Brasil, en 2008, incluyó representaciones del Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Grupo de Río.
La Celac estará formada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Diversidad ideológica

Lo esencial es que Caracas cobija un encuentro de mandatarios ideológicamente tan disímiles como el chileno Sebastián Piñera, el venezolano Hugo Chávez, el colombiano Manuel Santos, el ecuatoriano Rafael Correa, el mexicano Felipe Calderón, el peruano Ollanta Humala, el nicaragüense Daniel Ortega, la argentina Cristina Fernández y muchos otros surgidos de elecciones impecablemente libres.
Los coordinadores de los 33 países fundadores prepararon del 28 de noviembre al 1 de noviembre los documentos que serán adoptados en la Cumbre del viernes y sábado: la Declaración de Caracas, que proclama el nacimiento de la organización, el Plan de Caracas, que fija los lineamientos a seguir para que la Comunidad cumpla sus objetivos, el estatuto de funcionamiento y procedimientos y 18 comunicados que incluyen aspectos educativos, ambientales y de desarrollo social. La opinión mayoritaria se inclinó por darle a la Celac el carácter de foro de integración, sin burocracia funcionaria y complementaria de instancia como Unasur y la propia OEA.
El borrador de los Cancilleres establece que los órganos de la Celac serán la Cumbre de Jefes de Estado, la reunión de Cancilleres, la Presidencia pro tempore, la reunión de coordinadores nacionales, las reuniones especializadas y la tríada integrada por el Estado que ostenta la Presidencia, el precedente y el sucesor. La reunión de Jefes de Estado será la instancia suprema de la Comunidad y deben reunirse ordinariamente en el país que ostente la Presidencia.
Los Cancilleres resolvieron por unanimidad que Cuba sea sede de la Cumbre 2013 y Costa Rica en 2014. Al acordarse en México el embrión de la Celac en 2010, se decidió que la siguiente Cumbre 2012 fuera en Chile. La designación de Cuba para 2013 fue un acto de justicia sin reparos con un país excluido de la OEA entre 1962 y 2009. Entre otros, el peruano Rafael Rocangiolo dijo que "constituye una reivindicación histórica indispensable por lo que ha sido la historia en estas décadas y por lo que Cuba significa como símbolo de la causa de América Latina y el Caribe".
Los cancilleres estuvieron de acuerdo en que la Celac puede fortalecer la región ante la crisis financiera mundial, pero aún ni está definido si las decisiones se alcanzarán por consenso o mayoría calificada. El canciller chileno Alfredo Moreno opinó que América Latina y el Caribe "han mostrado que pueden progresar en un momento en el que otros países más desarrollados han tenido dificultades". Dijo que estos países se han preparado "sumando fuerzas", actuando en mecanismos como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y ahora lo harán desde la Celac "aprovechando que hay mercados que están creciendo".
El tema subyacente fue la supervivencia de la OEA. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, afirmó que la Celac reemplazará a la OEA, idea compartida por el presidente anfitrión, Hugo Chávez. "Ese es el destino de la Celac, llegar a sustituir a la OEA (...), los temas de la región deben tratarse en la región", dijo Chávez. Para Patiño surge una oportunidad de mejorar el diálogo regional y abordar temas como la presencia colonial de Estados Unidos en Guantánamo, tema que no se puede tratar en la OEA.
Según Chávez, "a medida que pasen los años, [la Celac] dejará atrás a la vieja y desgastada OEA", fundada en 1948 por iniciativa de EEUU. La OEA "es un organismo mellado por lo viejo, por el desgaste de los años, muy lejos del espíritu de nuestros pueblos, de la independencia, de la integración de América Latina", apuntó el venezolano.
La canciller mexicana, Patricia Espinosa, cree que la OEA, asentada en Washington, y la Celac "son esfuerzos de cooperación y diálogo complementarios". Para el canciller uruguayo Luis Almagro, la OEA y la Celac "son dos cosas absolutamente diferentes". Indicó que la OEA "incluye a una potencia mundial con una instancia de diálogo diferente", mientras que el nuevo organismo ofrece una visión latinoamericana y caribeña "para lograr mejores oportunidades para la región".
Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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El Plan Cóndor desnuda al Brasil

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

El brazo del universo mora y es largo pero se dobla a la justicia (Martin Luther King)

En la sangrienta época de las dictaduras militares en América Latina fue creada la red internacional terrorista más grande del Siglo XX bajo el nombre de “El Plan Cóndor” cuyo nombre hacía temblar de terror a los exiliados y perseguidos brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos.

Este plan, que remeció al mundo cuando fue descubierto, fue un acuerdo firmado en 1975 para la represión política entre los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Consistía en el intercambio de información sobre los disidentes de cada uno de estos países para posteriormente secuestrarlos, intercambiarlos, desaparecerlos, llevarlos a su país de origen o asesinarlos in situ. Ya en Argentina y Chile los autores de estos delitos están siendo juzgados y en estos días el largo brazo de la justicia está llegando al Brasil.

Los autores del golpe de Estado en el Brasil en 1964, Mariscal Humberto Castello Branco y los generales Arthur da Costa Silva, Emilio Garastazú Médici Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo, que gobernaron el país a base del terror hasta 1985, jamás se imaginaron que la rueda de la historia les jugaría una broma y que sus perseguidos llegarían alguna vez a ser presidentes del país.

Pero así sucedió. En 1995 el Dr. Enrique Cardoso, expulsado por la junta militar del país llegó a ser elegido presidente. Lo reemplazó en 2003, un ex detenido y encarcelado dirigente del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva y finalmente este año una ex guerrillera arrestada, encarcelada y torturada durante la dictadura, Dilma Vana Rousseff fue elegida la presidenta del Brasil.

Frecuentemente el retorno a la democracia no significa inmediatamente la aplicación de la justicia a los crímenes cometidos en el pasado. Los militares brasileños antes de dejar el poder promulgaron la Ley de Amnistía que los exoneraba de toda la responsabilidad por la represión entre 1964 y 1985 y en especial por su participación en el “Plan Cóndor”.

En el contexto de la Guerra Fría entre los EEUU y la URSS, Brasil ocupaba un lugar especial. Fue uno de los pocos países que tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética que consideraba que solamente Cuba y el Brasil de Goulart eran “países progresistas” en América Latina, lo que producía una irritación en Washington. Después del golpe de Estado estas relaciones con la URSS se enfriaron hasta los setenta y muchos comunistas brasileños, incluyendo al Secretario General del Partido Comunista Luiz Carlos Prestes, se exiliaron en Moscú.

Sin embargo, a partir de 1975 justamente cuando empezó a volar el Cóndor represivo sobre América Latina hubo un acercamiento pragmático y estrictamente comercial entre el Brasil que empezó a buscar independencia económica de los EEUU y la URSS que estaba detrás de nuevos mercados y proveedores de trigo durante el bloqueo estadounidense. Así los intereses económicos se sobrepusieron a los ideológicos cerrando los ojos el Comité Central del Partido Comunista de la URSS frente a la persecución de sus camaradas brasileños.

Muy pocos saben que el Brasil fue el precursor de aquel siniestro Plan Cóndor, que todavía no tenía este nombre, y empezó a aplicar y perfeccionarlo ya desde 1964. A pesar de tantos años transcurridos y los cambios políticos, los militares brasileños siempre han sabido ocultar o justificar los crímenes de la dictadura, borrar o esconder las estadísticas y proteger tanto a los represores como a toda la institución de la espada de Damocles de la justicia.

Tal es la influencia de las Fuerzas Armadas que en el Brasil hasta ahora no hay ni un condenado por el abuso de los derechos humanos entre 1964 y 1985. De lo poco que se sabe es que más de 600 personas fueron asesinadas, unas 150 desaparecidas, más 50.000, detenidas, unas 2000, torturadas y unos 10.000 brasileños fueron al exilio. Las verdaderas cifras de las víctimas deben ser mucho más altas pero los militares no tienen la voluntad de abrir sus archivos si es que no los destruyeron.

Tal es su poder en el Brasil democrático que ni Lula da Silva en su presidencia (2003 – 2011) se atrevió a crear una Comisión de la Verdad como lo hicieron en la mayoría de los países de América Latina. Recién hace dos semanas la presidenta Dilma Rousseff después de mucha indecisión y bajo la presión del Partido de los Trabajadores al que pertenece, se atrevió a firmar la Ley de la Comisión de la Verdad que da plazo de dos años a sus siete miembros de concluir el informe sobre el abuso de los derechos humanos en el Brasil durante los años de dictadura.

También firmó la Ley del Acceso a la Información que establece límite de 50 años para abrir los archivos ultra secretos. Es decir la verdad final se sabría recién en el 2035. Mientras tanto la Ley de Amnistía para los militares promulgada en 1979 sigue vigente y los protege de todos los abusos de derechos humanos cometidos entre 1946 a 1988.

No quieren los militares que la opinión pública sepa cómo en 1964 recibieron instrucciones del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson de sacar del poder al presidente Joao Goulart por su cierta simpatía a la URSS.

El agregado militar norteamericano y uno de los hombres más siniestros e inteligentes de la CIA, coronel Vernon Walters elaboró el plan del golpe de Estado y eligió al general Humberto Castello Branco para ser su líder, seduciéndolo con la idea que el Brasil se convertirá en el brazo derecho de los EEUU en América latina. Lo del “brazo derecho” no sucedió, simplemente el país fue transformado en el laboratorio represivo donde se estrenó el Plan Pre Cóndor.

Para entrenar a los cariocas en las técnicas de tortura fue despachado al país al famoso y siniestro agente del FBI contratado por la CIA, Daniel Mitrione, considerado como el máximo especialista en la tortura. Allí creó su laboratorio para los futuros torturadores latinoamericanos y allí inventó su famosa “Silla de Dragón” utilizando para sus experimentos a los mendigos del Bello Horizonte.

Posteriormente vino la ayuda del general francés Paul Aussaresses que perfeccionó su siniestro arte en Argelia.

Ya desde el año 1964 los agentes brasileños paseaban por Argentina como por su casa secuestrando a los opositores de la dictadura. Henri Kissinger y Walter Vernon decidieron usar su experiencia de persecución de disidentes en otros países para crear en 1975 la internacional del terror bajo el nombre de “Plan Cóndor”.

Sin embargo, ya mucho antes de esto los agentes y “diplomáticos” brasileños estaban trabajando en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo que no tenía fronteras, preparando futuros golpes de Estado en América Latina.

Siguen insistiendo las Fuerzas Armadas brasileñas en ocultar la historia, proteger a sus represores y lograr el perdón y el olvido. Solamente surge una pregunta: ¿Y los torturados, podrán a olvidar y perdonarlos, igual como los parientes de los desaparecidos y asesinados?

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Juez chileno pide extradición de ex jefe de Misión Militar de EEUU en Chile por muerte de periodista Charles Horman, y el estudiante Frank Teruggi

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

A casi 40 años del asesinato del joven periodista estadounidenses Charles Horman Lazar, ultimado por el ejército chileno el 17 de septiembre de 1973, y su amigo Frank Randall Teruggi Bombatch, estudiante de economía muerto cinco días después, el juez especial Jorge Zepeda Arancibia, ministro fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó el procesamiento por homicidio calificado del capitán de navío estadounidense Ray E. David Charles, a la sazón Comandante de Grupo de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile. El magistrado pidió a la Corte Suprema que autorice la solicitud de extradición del estadounidense Ray E. David Charles para que sea juzgado en Chile.

También fue procesado el brigadier en retiro del ejército chileno Pedro Espinoza Bravo, implicado en numerosos otros crímenes relevantes, como los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier en Washington (1976) y el general Carlos Prats en Buenos Aires (1974), condenado -además- a cadena perpetua en Francia. La decisión del juez Zepeda señaló: “Que, con el mérito de los antecedentes reseñados, más la declaración de Pedro Octavio Espinoza Bravo, de fojas 5.437 y siguientes, aparecen presunciones fundadas para estimar que ha tenido participación en los referidos delitos de homicidio calificado, previstos en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, en las personas de Charles Edmund Horman Lazar y de Frank Randall Teruggi Bombatch, en calidad de autor”.

Foto: Charles Horman

¿Quiénes fueron Horman y Teruggi?

La extensa resolución (1) del ministro Zepeda aborda exhaustivamente la colaboración que existió entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Chile al momento de decidir conjuntamente el asesinato de Horman y Teruggi, quienes formaban parte de un grupo de jóvenes norteamericanos progresistas que vivían en este país, simpatizaban con el gobierno de Salvador Allende y denunciaban sistemáticamente ante la opinión pública local y de Estados Unidos las maniobras desestabilizadoras de Richard Nixon contra el gobierno de la Unidad Popular. El grupo de jóvenes estadounidenses sacó adelante la agencia noticiosa Fuente de Información Norteamericana (FIN), que pretendía mostrar la otra cara y la visión ocultada de Estados Unidos. Aunque sus materiales se distribuían abierta y legalmente en un boletín mimeografiado destinado a los medios de comunicación de ambos países, está actividad periodística pública de lo que hoy llaman contra-información era monitoreada en Chile por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, que la consideraban “sensible” y “subversiva”.

Charles Horman trabajó, además, en la empresa cinematográfica Chile Films, que perteneció al Estado y emitía de antaño un noticiario que se difundía en los cines del país. Pese a su juventud, antes de trasladarse a Chile, Horman alcanzó cierta trayectoria profesional en su país como colaborador de la prestigiada revista The Nation, del diario Christian Science Monitor, del magazine Innovation y realizó documentales para la WNetTV de Nueva York y Kmg TV de Seatle y Portland. El libro Morir es la Noticia, publicado en Chile en 1997, ofrece una investigación sobre el caso Horman realizada por el periodista chileno Cristian Opaso (2). Su asesinato alcanzó una gran difusión mundial desde que el cinematografista griego Costa-Gavras llevó su historia a la pantalla grande con la película Missing (Desaparecido), basada en el libro The Execution of Charles Horman, de Thomas Hauser, publicado en 1978 en Nueva York y reproducido en castellano en 1988 por Ediciones Martínez de Roca de Barcelona con el título Desaparecido.
“Ambas obras llevaron a Charles y a los militares norteamericanos involucrados en el golpe a la conciencia de millones de personas, por lo menos de otros países, ya que la película nunca se ha comercializado en la cartelera oficial chilena. Sólo se ha visto en videos que circularon clandestinamente durante la dictadura”, escribió Opaso. Y hasta el día de hoy el film nunca se exhibió en los cines chilenos, ahora por no existir copia alguna en 35 mm con títulos en castellano. Sólo está disponible en DVD.

Mientras trabajó en Chile Films, Horman consiguió imágenes de archivo recientes sobre la realidad local y escribió el guión del film documental de 85 minutos The Avenue of Americas (Avenida de las Américas), su último trabajo profesional, estrenado en 1975 con dirección del peruano Jorge Reyes. La película evoca las palabras de Allende que caracterizaron a Chile como “un Vietnam silencioso” sometido a una guerra económica de baja intensidad emprendida en su contra por Estados Unidos. Según un comentario de Bill Sloan y Amos Vogel, el film del productor Walter Locke, de Pueblo Film Production, Inc., fue “uno de los mejores seis largometrajes documentales independientes del año”.

La descripción de la producción del documental indica que “el 11 de septiembre de 1973 esta guerra culminó con la muerte de Allende y el derrocamiento de la democracia en Chile en el golpe militar más sangriento de la historia latinoamericana. Avenida de las Américas muestra cómo era el gobierno de la Unidad Popular y por qué Allende encontró una oposición profundamente arraigada, de Estados Unidos y de las clases acaudaladas de Chile. Involucra a su audiencia con gente que hoy sufre bajo un brutal régimen represivo al servicio del objetivo de la hegemonía de Estados Unidos a expensas de un orden social justo… y demuestra cómo la CIA y corporaciones transnacionales como la ITT precipitaron la caída de Allende”.

Frank Teruggi, asesinado a los 24 años, el 22 de septiembre de 1973, fue un ex seminarista vinculado a la Teología de la Liberación y fichado temprano por el FBI como miembro del Grupo del Área de Chicago para América Latina (CAGLA), una ONG progresista y anti-imperialista considerada “subversiva” por el gobierno de Washington. También participó en manifestaciones y grupos de activistas contra la prolongada guerra imperial de Estados Unidos en Vietnam, que se extendió a otras naciones del sudeste asiático. Durante toda su permanencia en Chile Teruggi fue monitoreado secretamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos que siempre han operado en este país sudamericano. Entretanto, el joven tomaba clases en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), de la Universidad Católica, para conocer mejor la sociedad chilena, y estudiaba formalmente en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, mientras aprendía el idioma galo en el Instituto Chileno Francés de Cultura. Convertido por la práctica en un activo redactor y traductor de la agencia noticiosa FIN, fue secuestrado de su domicilio en Ñuñoa junto con otro estadounidense, David Hathaway, quien logró salir con vida del infierno militar chileno digitado por Estados Unidos.

En un episodio desconocido, Teruggi estaba en clases en el Instituto Chileno Francés de Cultura cuando se entero del fallido intento de golpe del 29 de junio de 1973 protagonizado por los ruidosos tanques del Regimiento Blindados 2 de Santiago. Salió a observar que ocurría en el centro de la ciudad, muy cerca de donde perdió la vida el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, y resultó herido por bala de guerra en una pierna. Trasladado a la Asistencia Pública fue curado de la lesión, pero al poco tiempo fue citado a declarar ante el fiscal militar Francisco Saavedra Moreno, quien investigó el fallido levantamiento contra Allende por cuenta de la justicia castrense, para que explicara por qué fue herido con armamento de guerra. Probablemente, desde entonces este “herido por bala de guerra” resultó más sospechoso para el Servicio de Inteligencia Militar del ejército chileno y sus colegas estadounidenses que seguían sus pisadas e intercambiaban estrechamente con los chilenos la información sobre los norteamericanos residentes en Chile en tiempos de Allende.

La Embajada de Estados Unidos en Santiago no prestó asistencia consular, ni de ninguna naturaleza, a sus conciudadanos indefensos condenados a morir por militares chilenos en connivencia con los servicios de inteligencia estadounidenses. Al contrario, todos los funcionarios requeridos por familiares y amigos de las víctimas actuaron como cómplices y encubridores, incluido el cónsul Frederick Purdy y otros funcionarios como John Anderson, Marian Lipton, John Hall y Dale Shaffer. El caso de ambos ciudadanos estadounidenses asesinados fue llevado a la justicia chilena por los abogados Fabiola Letelier del Solar y Sergio Corvalán Carrasco, en representación de Joyce Horman, viuda de Charles Horman, y Manis Teruggi, hermana de Frank Teruggi.

Foto: Joyce Horman

Pormenores de la resolución del juez

El juez acreditó que el periodista Horman y su colega Terry Simon fueron sorprendidos por el golpe del 11 de septiembre de 1973 cuando se hallaban en Viña del Mar, recién hospedados en el Hotel Miramar, usado entonces como una suerte de cuartel por numerosos estadounidenses encubiertos por la Operación Unitas que se realizaba en Valparaíso. El 15 de septiembre de 1973, Horman y su acompañante salieron de Viña rumbo a Santiago transportados nada menos que por el Oficial Jefe Comandante de la Misión del Grupo Militar de Estados Unidos Chile y Jefe del Grupo Naval de los Estados Unidos de América en Chile, o sea, el mismísimo Ray E. David Charles, quien tenía su oficina en el ministerio de Defensa, muy cerca del jefe del Servicio de Inteligencia Militar, general Augusto Lutz. En esos días inmediatamente posteriores al golpe existían grandes dificultades de transporte y para cualquier destino se requería un salvoconducto de las nuevas autoridades golpistas.

De acuerdo al dictamen de procesamiento del juez, la decisión de transportar a la pareja a Santiago “se produce al informarse el oficial norteamericano que Charles Edmund Horman Lazar y Terry Simon se hospedaban en el Hotel Miramar de Viña del Mar, de lo que da cuenta el antecedente consular desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que transmite: “Art Creter -ISND- Los 2 se registraron en el Hotel Miramar, pieza 315, a las 23:00 hrs. el 10 de Spt., dio la dirección Paul Harris 425, dijo “escritor”. Salió 15 de Sept.”. Este dato desclasificado significa que Horman y su acompañante ya estaban sometidos a vigilancia estadounidense.

El documento judicial añade:

“Que el transporte de Charles Edmund Horman Lazar y de Terry Simon, desde la ciudad de Viña del Mar a Santiago, es hecho por el Capitán de Navío norteamericano con el salvoconducto del oficial de inteligencia del Departamento Segundo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el que se desempeñaba en las actividades de oficial de enlace con los militares americanos y la cumple en su labor de Jefe de División de Inteligencia, del Estado Mayor de la Defensa Nacional”.

“Que la acción en contra de la vida de Charles Edmund Horman Lazar -y en contra de la vida de Frank Randall Teruggi Bombatch- se insertó dentro la investigación secreta norteamericana de personas estadounidenses afectadas por la actividad de recolección de datos de lo que ellas hacían políticamente en Estados Unidos y en Chile; actividad calificada por los agentes del Estado de “subversiva” tanto al interior como exterior de los Estados Unidos.

El dictamen judicial observó que la inteligencia estadounidense cuestionaba como “subversiva” la labor de Horman en Chile Films, cuyo material fílmico sensible fue sacado de Chile después de su muerte de la víctima. La resolución del juez hizo notar que en la empresa hubo una investigación de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, antes, durante y después de la muerte de Horman, “registrada en la documentación oficial militar”.

La orden de matar

“La decisión de dar muerte a Charles Horman Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dependiente del General de Ejercito Augusto Lutz Urzúa, y se ejecuta por el Batallón de Inteligencia Militar o Cuartel de Inteligencia del Ejército, a cargo de determinado oficial de esa repartición encargado de súpervigilar la ejecución de detenidos”, reza la resolución del juez Zepeda.

Foto: Ministro Jorge Zepeda

“La detención y muerte de Charles Edmund Horman Lazar se produce durante las antes descritas operaciones secretas en contra de ciudadanos norteamericanos; y formó parte de la actividad de “inteligencia” del sujeto oficial Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de A, pues, hay presunciones que luego de las operaciones encubiertas que cumplía en Chile, diseñadas en contra de Charles Edmund Horman Lazar, decide no anular la voluntad de los autores materiales de la muerte de éste, no obstante tener la posibilidad de hacerlo, atendida su actividad de coordinación con los agentes del Estado de Chile, y con su actuar favorece la muerte de la víctima, atendido que consideraba “subversiva” o “extremista” la actividad de investigación e información política periodística que ésta realizaba, agravada al haber conocido la víctima involuntariamente la actividad norteamericana en la ciudad de Viña del Mar, de colaboración con los acontecimientos militares en desarrollo en Chile;”

El juez determinó que “con anterioridad, según antecedentes desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, durante julio de 1972, Frank Randall Teruggi Bombatch es afectado por las actuaciones secretas de agentes oficiales de los Estados Unidos de América. Una agencia gubernamental de los Estados Unidos de América, que realizaba investigaciones del tipo seguridad avisa al FBI que estuvo en contacto con un informante y proporcionó para ella la siguiente dirección: Frank Teruggi, Hernán Cortés 2.575, Santiago, Chile”.

“La agencia comunica, además que, de acuerdo a la información recibida por sus fuentes, Teruggi es un americano residente en Chile que está estrechamente vinculado con el Grupo para la Liberación de las Américas Área Chicago”.

El largo brazo del FBI y CIA

“Mediante memorándum, de 28 de noviembre de 1972, al Director Ejecutivo del FBI, desde la legación norteamericana en Bonn, Alemania, califica a Frank Teruggi de “subversivo” y se indica que la información en relación con Teruggi fue proporcionada por el 66° Grupo de Inteligencia Militar (66th MIGp), bajo clasificación confidencial y marcada (con la nota) ‘Alerta - Fuentes y Métodos sensibles involucrados. Originalmente provenía de… desde Heidelberg, Alemania. La naturaleza de esta fuente debiera ser protegida’”.

En esa época, los jóvenes estadounidenses estaban en rebelión contra la guerra en Vietnam, desertaban masivamente del servicio militar o lo eludía trasladándose a Canadá y otros países. Diferentes grupos de activistas contrarios a la guerra también promovían la deserción y exhortaban a abandonar las filas a los soldados reclutados. La resolución judicial chilena dictaminó que “el Grupo de Inteligencia Militar mencionado señala a Teruggi como una persona involucrada en actividades diseñadas para apoyar a hombres en servicio quienes se habían ausentado sin permiso de sus unidades y en actividades de apoyo a inducir el ausentismo sin permiso de hombres en servicio, tanto en actividades de ayuda y desorganización de disidentes del personal del Ejército de los Estados Unidos en Alemania. Se asevera, además, que tiene vastos contactos en Alemania y los Estados Unidos”.

“Al igual que con Charles Edmund Horman Lazar, la acción en contra de Frank Randall Teruggi Bombatch se inserta en las investigaciones secretas ejecutadas en contra de personas norteamericanas, afectadas por la actividad de recolección clandestina de datos de lo que ellas realizaban en el ámbito político; actividad realizada por agentes del Grupo de Inteligencia Militar estadounidense, dirigida por el sujeto oficial Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de A., en relación a extremismo político, tanto al interior como exterior de los Estados Unidos de América. En este caso, se trataba de la producción por parte de Frank Randall Teruggi Bombatch, de material periodístico de izquierda en el denominado Boletín FIN, (Fuente de Información Norteamericana), destinado a ser entregado en los Estados Unidos de América, material sensible por considerarse por los agentes de Estado norteamericanos “subversiva” tal actividad mediática".

Los antecedentes que afectaban a Teruggi fueron entregados al Servicio de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a cargo del General Augusto Lutz Urzúa, oficial del Estado Mayor del Ejército. Así, el día 20 de septiembre de 1973, tal autoridad militar da orden al personal de Carabineros de la dotación de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, de detener a la víctima Frank Randall Teruggi Bombatch y a su compatriota David Hathaway, en la morada de éstos de calle Hernán Cortés N° 2.575, comuna de Ñuñoa, Santiago, la que se cumple alrededor de las 20.15 horas, ante la presencia de la futura cónyuge de David Hathaway, la joven Olga Irene Muñoz Gómez; acción en la que, además, los captores decomisan “literatura sospechosa” y fotografías personales”.

La resolución del juez señala, además:

“Que Frank Randall Teruggi Bombatch y David Hathaway quedaron privados de libertad en el campo del Estadio Nacional y en horas de la madrugada del viernes 21 de septiembre, son interrogados por un oficial del Ejército frente al camarín ocupado por extranjeros; luego, al mediodía, ambos ingresan a un camarín del Estadio Nacional, en el cual se encontraba un grupo indeterminado de extranjeros. Ese mismo día 21, alrededor de las 18 horas, un oficial del Ejército llama a un grupo de detenidos, entre ellos a Frank Teruggi Bombatch, el que es sacado del camarín sin que su compatriota David Hathaway vuelva a verlo; no obstante, éste último se percata que todos los días, después del viernes 21 de septiembre, militares preguntan y simulan buscar a la víctima Charles Horman Lazar, sin mencionar el nombre de Frank Randall Teruggi Bombatch, ambos ya muertos y hechos desaparecer por los hechores”.

“Que, en efecto, entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre de 1973 Frank Randall Teruggi Bombatch, es muerto al margen de todo proceso legal por los agentes del Estado que habían ordenado su privación de libertad en el Estadio Nacional, los que luego abandonan su cuerpo en las calles de Santiago; así Frank Randall Teruggi Bombatch fue muerto por múltiples heridas a bala mientras se hallaba privado de libertad y bajo la custodia de los agentes del Estado".

El Certificado de Defunción del Registro Civil e Identificación de Chile, extendido el 10 de octubre de 1973, indica que Frank Randall Teruggi Bombatch, falleció el 22 de septiembre de l973, a las 21:10 horas, y que la causa de muerte fueron heridas a bala toráxico- abdominales. “Los datos corresponden a los del ingreso a la morgue del cuerpo de la víctima, pues su cadáver había sido abandonado en un lugar indeterminado de la vía pública, ello con la finalidad propiciada por los hechores para impedir que se conociera la acción que determinó su muerte”.

Notas:
1) Texto completo de la resolución del juez Jorge Zepeda:
http://www.poderjudicial.cl/noticias/File/PROCESAMIENTO%20HORMAN%20Y%20EXTRADICION.pdf?opc_menu=&opc_item=
2) Para mayor información sobre Charles Horman, ver Morir es la Noticia:
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/reporter/capII15.html

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

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Para avanzar en Revolución: Defensa de la Autonomía Universitaria

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)

La autonomía universitaria es una conquista del movimiento popular. Es una conquista de la lucha revolucionaria en favor del pensamiento crítico, del conocimiento científico de la realidad y del ser humano en sus relaciones con esa realidad. Un gobierno revolucionario, basado en el pensamiento bolivariano y definido por el socialismo debe ser celoso de la defensa de la autonomía universitaria, como un espacio esencial para la creación del conocimiento, el debate de ideas y concepciones, la enseñanza y la investigación. Aunque consideramos que existen otros escenarios donde también debe producirse y se produce ese múltiple y complejo proceso de conocer, crear y aprender.

La Autonomía es base para el avance del saber.

Los que hemos hecho vida universitaria portando banderas e ideales revolucionarios dentro de un contexto socio-político capitalista, sabemos con toda certeza la significación de la Autonomía Universitaria, por cuya defensa sufrimos persecuciones y represión. Durante toda la historia de las luchas revolucionarias por una sociedad más justa y por la sociedad socialista, los estudiantes han jugado un papel de gran significación y la Universidad ha sido cantera de las ideas de libertad y justicia y un formidable espacio para la generación de las propuestas teóricas de cambio social y para el impulso de la organización y la movilización política del pueblo y de los trabajadores. Tal vez esto no lo sepan o no lo aprecien suficientemente quienes no tuvieron la oportunidad de ejercer la libertad de crítica y de debate en su proceso de formación intelectual por haberse educado en academias militares o en recintos de enseñanza confesional, autoritaria o restringida. En las Academias militares, en los Seminarios religiosos y en muchas Universidades Privadas y Públicas NO AUTONOMAS, no existe un verdadero proceso de creación del conocimiento y mucho menos el debate crítico de posiciones característicos de la universalidad del saber. En estos recintos o instituciones abundan los dogmas, se impone la obediencia ciega a la superioridad de seres divinos o a los rangos jerárquicos de una estructura inconmovible a la cual hay que someterse pasivamente.

El ejemplo: Principal medio pedagógico

Un Gobierno que se pretenda revolucionario debe alcanzar la convicción y la simpatía de los escenarios universitarios por la fuerza de las ideas y de las realizaciones. El mejor instrumento pedagógico es EL EJEMPLO. Con el ejemplo se harán posibles la confianza y la legitimidad que son pilares indispensables para que el proceso de creación y desarrollo del conocimiento se asuma con dedicación y certidumbre. De allí que las relaciones con la comunidad universitaria deben abordarse bajo las premisas del diálogo y el debate franco, crítico y autocrítico, la paciencia y la amplitud de horizonte, salvaguardando siempre la autonomía universitaria que permite el despliegue de las mayores y mejores capacidades.

Hacer avanzar la ciencia y la tecnología para mayor justicia social

No hacemos nada con producir egresados que obedecen como soldados las órdenes en una organización cerrada preestablecida, en vez de intelectuales capaces de comprender y organizar los elementos de la realidad para la formulación de nuevas disposiciones o normas, dentro de una organización cada vez más provechosa para la colectividad y para el manejo de las contradicciones y conflictos en función de la justicia social.

No hacemos nada con producir legiones y legiones de operarios con títulos universitarios que siguen manuales y repiten operaciones mecánicas, en vez de investigadores con capacidad de descubrir las íntimas y ocultas relaciones entre las cosas, los seres y los procesos para reformular tales relaciones alcanzando crecientes grados de soberanía científica y tecnológica.

No sirve de justificación, y ni siquiera de explicación el gasto universitario, para poner en práctica una política que afecte la Autonomía. Debe atacarse la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción que afecten el presupuesto universitario, sin lesionar las bases de la Autonomía Universitaria, estimulando el debate y los procesos democráticos de elección y de organización participativa de los sectores de la comunidad universitaria dentro de las Universidades, incluso en las experimentales y oficiales como la UNEFA y la BOLIVARIANA y también en las numerosas UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS, para la defensa de los intereses de cada sector y para la evaluación y control de la administración y para la participación en la toma de decisiones, siempre con la mirada hacia la justicia social.

Aportes de la APUCV

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) se ha caracterizado por la defensa de los intereses universitarios, no sólo de sus intereses particulares. Desde la APUCV se desarrolló una crítica demoledora de los gobiernos antipopulares de AD y Copei. Desde allí se ha contribuido por décadas a las luchas de los trabajadores y del pueblo con la solidaridad moral y material, y, como muro de contención de la represión gubernamental contra esos sectores en lucha. Desde allí se han propuesto alternativas frente a las políticas represivas y neoliberales de los gobiernos, desde Betancourt hasta Caldera II (1959-1998). La APUCV organizó la solidaridad en favor de los militares que encabezados por el ahora Presidente Chávez y sus compañeros, Arias, Urdaneta y Acosta, se rebelaron en 1992 contra la corrupción y la ineficacia del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez. El auxilio intelectual, material y moral recibido por los militares rebeldes de parte de los profesores de la UVC fue vital
para darles una base programática a la acción, para la protección de su integridad física y el respeto de sus derechos y, en 1994,para su liberación de la cárcel por medida de gracia del entonces presidente Cadera.

El Gobierno debe corregir su conducta frente a las Universidades

La comunidad de la UCV ha denunciado múltiples hechos de lo que consideran agresiones de parte del Gobierno Nacional y ha organizado un Acto en defensa de la Universidad en el marco de la conmemoración del día del Profesor Universitario el 5 de Diciembre, bajo la consigna “LA UCV NO SE RINDE”.En una Declaración Pública de convocatoria expresan:

«Sin embargo, desde los aciagos días de la toma de la Sala de Sesiones del Consejo Universitario, en el año 2001, la UCV ha tenido que enfrentar la terrible paradoja de un gobierno que, luego de establecer la autonomía universitaria como norma constitucional, ha desplegado al mismo tiempo una de las más brutales y anti-universitarias políticas de agresión vistas en nuestro país en muchos años.

«Al ver sistemáticamente frustrados sus propósitos de doblegar a la universidad, el gobierno, de manera simultánea a la intensificación del cerco presupuestario, ha pasado al empleo de las más diversas formas de violencia a lo interno del campus. Esta violencia se ha objetivado en el uso recurrente de la intimidación y la amenaza en contra de autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria por parte de individuos y grupos simpatizantes de la “revolución”, llegando en no pocas ocasiones al uso de armas de fuego y a la destrucción del patrimonio de la universidad. El último de estos episodios tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, cuando grupos de encapuchados lanzaron explosivos contra el Edificio del Rectorado e incendiaron dos automóviles pertenecientes a la UCV, mientras que otro grupo lanzaba bombas lacrimógenas en la Escuela de Derecho y en el sótano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

«Como si todo lo anterior no fuera suficiente, cuando las autoridades de la UCV han intentado tomar medidas, en el marco de lo establecido en las normas internas y en la vigente Ley de Universidades, para mantener el orden y restablecer la normalidad de la vida universitaria, el gobierno ha aplicado para impedirlo el Allanamiento Jurídico de la Autonomía, por medio de un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que sólo buscan favorecer y aumentar el control y la injerencia gubernamental sobre la universidad.»

Es, entonces, completamente razonable y necesario que el Gobierno Nacional corrija su conducta frente a las Universidades Autónomas para alcanzar un marco de relaciones mutuamente provechosas que beneficien: 1) Una educación de calidad en correspondencia con el proceso de desarrollo del país. 2) El mejoramiento de la calidad de vida de los profesores y 3) Perfeccionar las condiciones en las cuales se desenvuelve el proceso de enseñanza, debate e investigación. Ese acto debe ser el punto de partida para que el gobierno cambie su política y tome la iniciativa para superar el conflicto con la Universidad. Eso es lo que esperamos la mayoría de los venezolanos.

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Argentina: ¿Revelación política?

Ariel L. (JUVENTUD GUEVARISTA)

Sobre la ley para instituir el día del fallecimiento de Néstor Kirchner, como el “Día de la Revelación Política Juvenil”.

“no soporté ver los caballos de la Montada
pegándole a las Madres, y fui a la plaza”
Joven entrevistado en Marca de Radio

Según el diccionario de la Real Academia Española, una “revelación” es una “manifestación de una verdad secreta u oculta”. En la religión, “revelación” define al acto mediante el cual Dios “manifiesta a los hombres lo futuro u oculto”. En el arte de la fotografía, “revelar” es “hacer visible la imagen impresa en la placa o película fotográfica”. ¿Y en qué consiste la “revelación política”?

El pasado 13 de octubre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley del diputado José Bucca (PJ) que propone instituir el día 27 de octubre, aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, como el “Día de la Revelación Política Juvenil”. El proyecto fue girado al Senado y está cerca de convertirse en Ley.

En el proyecto se afirma que “En el escenario político de estos últimos años, se ha visto el resurgimiento de la juventud argentina”, que “comenzó a tener un protagonismo más activo” motivada por las expresiones del ex presidente y por el nuevo proceso político del país. “De esta manera se fue cultivando y acrecentando la relación del Dr. Néstor Kirchner con esa franja etárea. El sentimiento de gratitud hacia su figura (…) se vio reflejado cuando miles de jóvenes dijeron presente durante sus exequias, para rendirle el póstumo homenaje y darle el último adiós”.

Quiero decir varias cosas. Para empezar, es plausible (y aprovechable) la intención del gobierno nacional de fomentar la participación de los jóvenes, ya que colabora con la difusión de una convicción que muchos tenemos: que los jóvenes no sólo somos el futuro, somos también el presente. No somos una transición a algo posterior, sino que hoy mismo tenemos ideas, proyectos, fuerzas y acciones que inciden en la vida social de nuestros barrios, escuelas, trabajos, clubes, movimientos, organizaciones, ciudades, etc. Si somos el presente para el lucro de los empresarios privados y estatales que nos precarizan (ellos no nos ven como “futuro”, nos prefieren así, sin experiencia sindical), si somos el presente para el fomento publicitario de hábitos de consumo individualista, también lo somos para la vida política (y por tanto colectiva) del país.

Sin embargo, más allá de ese elemento rescatable, me interesa (y me parece necesario) discutir esta idea que han venido generalizando algunos funcionarios y medios de comunicación aliados al kirchnerismo desde la muerte del ex presidente: la idea, el relato oficial, de que la politización de la juventud es algo novedoso que tiene su génesis en el 2003 y en el kirchnerismo a su principal motor. En ese relato el 2003 aparece como un parteaguas entre una juventud apática y despolitizada, y otra “revelada” y comprometida. Desde el punto de vista histórico esto no es real, por lo cual es necesario discutirlo.

Antes de eso, es importante la siguiente aclaración: no pongo en cuestión las diversas preferencias políticas de las juventudes argentinas, sino su tratamiento desde el Estado.

Hay vida antes del 2003

Hace unos meses, las periodistas Paola Di Pietro y Roxana Russo elaboraron un informe para el programa radial Marca de Radio conducido por Eduardo Aliverti. Allí cuestionaron la idea generalizada de que durante los noventa los jóvenes estuviesen subsumidos en la apatía total: “aunque los jóvenes no estuvieran relacionados con los partidos políticos, sí participaban desde otros lugares (…) A pesar de pretender instalar a la juventud en el espacio de la apatía y la falta de compromiso, esta década, paradójicamente, tuvo a los jóvenes como protagonistas”. La resistencia de muchos jóvenes se fue manifestando a través de las nuevas organizaciones de desocupados, el escrache, el corte de ruta, los colectivos culturales, los medios alternativos de información, las agrupaciones estudiantiles independientes: un conjunto de espacios que muestran el desarrollo de una politización y una militancia por fuera del ámbito de la participación electoral y los partidos políticos. Estos jóvenes, a diferencia de los actuales, se politizaron en el rechazo a la política institucional y tradicional.

La rebelión de 2001 también los tuvo como protagonistas: “La crisis los colocó en las asambleas y en las calles. Jóvenes piqueteros, jóvenes que participaban de asambleas vecinales, jóvenes con cacerolas: todos unidos en una consigna que rechazaba las formas tradicionales de participación política”. Y así llegamos a junio de 2002, cuando la policía bonaerense asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes piqueteros y militantes barriales miembros de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón. A pesar de estos hechos, la mentada “recuperación de la política” por parte del kirchnerismo insiste en poner a las experiencias previas en el lugar de la no política.

La novedad

Es innegable que el kirchnerismo tuvo y tiene un efecto diferente y novedoso sobre una parte de la juventud, pero de ningún modo se trata de un efecto fundante o “revelador” para toda la juventud. El informe radial también recogió la opinión de la socióloga Melina Vázquez: “desde 2003, con el kirchnerismo en el poder, se sucedieron varios acontecimientos que dieron lugar a que la discusión política se trasladara a la vida cotidiana: la 125, la ley de medios, el matrimonio igualitario”, lo cual repercutió también sobre los jóvenes que se mantenían alejados de la política. “Con la gestión kirchnerista, a partir del año 2003, se genera una activación de una nueva militancia y de nuevas organizaciones que se definen claramente como juveniles: La Cámpora, la JP, inclusive la inserción del kirchnerismo en las agrupaciones universitarias”, alrededor del “liderazgo movilizador” de Néstor y Cristina.

A su vez, la conexión de muchos jóvenes con el kirchnerismo también fue y es promovida desde el Estado. Son Néstor, Cristina y otros dirigentes quienes han sostenido de un modo permanente la reivindicación de la participación de los jóvenes, algo impensado en los noventa. En ese sentido, la muerte de Kirchner hizo visibles a muchos adherentes que no se habían expresado hasta ese momento. Pero la juventud argentina es más que eso. Hay una juventud previamente politizada que no debe ser invisibilizada. Es correcto diferenciar a los jóvenes de las últimas décadas de los jóvenes de hoy, pero de un modo distinto al relato oficial. En los noventa muchos jóvenes fueron presa del consumismo y el individualismo neoliberal, y muchos otros cargaban con un pesimismo en relación con la política institucional y tradicional, pero ese pesimismo no se generalizó como inacción y apatía. Así fue que la rebelión de 2001 implicó una impugnación de los políticos (‘que se vayan todos’) y al mismo tiempo una acción ciertamente política.

Hoy se ha achicado la distancia entre los jóvenes y las instituciones políticas, y a diferencia de aquellos, los de hoy han renovado la creencia en la posibilidad de producir cambios desde el Estado. El kirchnerismo trae una novedad a los procesos de construcción de referentes. Según Melina Vázquez, “Es importante tener referentes que sean de la actualidad (…) Es muy difícil entender el compromiso articulado solamente con líderes que ya no están (…) Participar en la actualidad pone en juego recrear nuevos líderes que le den sentido a la práctica militante”. En ese sentido Néstor y Cristina, como símbolos y referentes, generan una relación particular con muchos jóvenes, gracias a su carácter de actualidad y cercanía. Porque además es el kirchnerismo quien está en el poder y quien representa posibilidades inmediatas de cambio (la vieja y eterna discusión entre el principismo y el pragmatismo o posibilismo), y esto comporta para el kirchnerismo su principal ventaja. Pero no existe en nuestro país una juventud homogénea, sus expresiones políticas e ideológicas son variadas a pesar de los intentos del kirchnerismo por incluirlas bajo una misma identidad. Existen otros símbolos, referentes y experiencias acumuladas de la juventud que exceden la coyuntura actual de nuestro país.

Varias juventudes, varias fechas

La nueva etapa política abierta en el 2003 acercó nuevos jóvenes a la participación (y sin duda en una magnitud superior a las décadas anteriores), pero también abre la posibilidad de hacer visiblesa muchos otros que ya venían participando de distintas maneras: muchos jóvenes que tenían una relación con la política desde antes del 2003 y que no los motivan ni Néstor ni Evita ni Cámpora, sino otros símbolos y otros referentes. Símbolos y referentes del pasado y del presente: los jóvenes desaparecidos durante la última dictadura (el 70% de los desaparecidos tenía entre 16 y 30 años); el Che, Fidel y las enseñanzas de la revolución cubana; los procesos políticos latinoamericanos de Venezuela y Bolivia (más radicales y progresistas que el kirchnerismo); sus líderes Hugo Chávez y Evo Morales; la larga lucha de los organismos de derechos humanos; la militancia barrial en contra del aún persistente clientelismo peronista; el ejemplo de los militantes y piqueteros Darío y Maxi asesinados en 2002; la defensa de la tierra y los recursos naturales (a la que poca atención pone la mayoría de la militancia kirchnerista); las luchas por la educación pública, por el trabajo digno, por una comunicación alternativa, contra el gatillo fácil. En una realidad social todavía tan injusta, insolidaria y violenta, sobran los símbolos y referentes a partir y a través de los cuales los jóvenes impulsamos y alimentamos nuestra acción política. Y lejos está la simbología de la juventud y de las luchas sociales de agotarse en el kirchnerismo (y más aún en el 27 de octubre).

El proyecto finalmente será Ley porque ningún legislador kirchnerista va a decir lo contrario. Después de todo, no será la única fecha conmemorativa del calendario nacional que se apruebe a espaldas del rigor histórico: ¿o acaso no tardamos casi 100 años en dejar de festejar el 12 de octubre como el día de la raza? Sin embargo eso no nos exenta de decir lo que pensamos y preguntarnos entonces sobre otros posibles símbolos de la participación política de la juventud: ¿Por qué no recordar el Cordobazo de mayo de 1969, símbolo del protagonismo político de la juventud argentina y su solidaridad militante con los trabajadores? ¿Por qué no recordamos a los militantes Darío y Maxi, de 21 y 22 años, asesinados por la policía de Duhalde el 26 de junio de 2002? ¿Por qué no a los 38 asesinados por la policía y el gobierno de la Alianza el 19 y 20 de diciembre de 2001, que tenían en promedio 23 años? ¿Por qué no a Mariano Ferreyra, militante de izquierda de 23 años asesinado el 20 de octubre de 2010 a manos de una patota sindical de la CGT aliada al gobierno nacional? ¿Por qué no a Cristian Ferreyra, víctima fatal del modelo extractivista de despojo y concentración de tierras que el gobierno defiende y reproduce en varias provincias? Sobran las fechas, sobran los motivos para participar, porque sobran las injusticias.

¿Alguien hará de Néstor en el acto escolar?

Este proyecto de ley se enmarca en la ya excesiva campaña oficial de mitificación de la figura de Néstor Kirchner. Por eso también propone incorporar el 27 de octubre al calendario escolar. Según escribe su autor, “El calendario escolar (…) considera la organización de actividades que contemplan conmemoraciones y celebraciones por entender que las mismas, al concretarse en los espacios institucionales y de aula, posibilitan a los alumnos comprender y valorar el sentido de hechos y circunstancias, comprometiéndose personal y grupalmente”. Es una pena que el diputado no se haya interesado por leer un poco sobre las famosas efemérides escolares, ya que varias investigaciones analizan los defectos de esta práctica institucional, fundamentalmente sus efectos negativos sobre la capacidad de comprensión sistemática de los hechos históricos y sus complejidades por parte de los alumnos. O tal vez sea precisamente esa comprensión lo que se quiere evitar.

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Argentina: Ley Antiterrorista "Para Todos"

Fabiana Arencibia (RED ECO)

El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un nuevo proyecto de "ley antiterrorista" que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos.

La aparición de este proyecto pasó desapercibida, porque solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle entrada en el parlamento con las firmas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de su Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Así sucedió a mediados de 2007 con la ley 26268, presentada también por el Ejecutivo kirchnerista y sancionada en tiempo record bajo la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta norma ya había modificado el Código Penal agregando dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".

Al igual que entonces, la figura del GAFI empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de "país confiable" para recibir inversiones internacionales.

El gobierno fue allanando el camino porque precedieron a la presentación de este proyecto cientos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado para "combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.", según se señala en su página.

En el sitio web también se pregunta: "¿Qué se entiende por terrorismo?" Y se responde que "a la fecha, ninguna convención internacional ha podido insertar una definición unívoca del término". Esta indefinición es la base sobre la que se pretende imputarle a diferentes actos el calificativo de terroristas, tanto en la ley vigente como en el actual proyecto

¿Qué trae de nuevo este proyecto? Deroga los artículos 213 ter y 213 quater de la ley anterior e incorpora a la parte general del Código un agravante para cualquier delito penal. Por lo tanto, se considerará como terrorista el delito que tipificado en el Código Penal sea cometido "con finalidad terrorista". Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de una "organización" o "grupo organizado", por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista.

La "finalidad terrorista" se desprende del articulo propuesto como 41 quinquies, que dice: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".

En el tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación al que "directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento". Por lo cual podría configurarse este delito en el marco de una campaña de solidaridad financiera a los presos políticos mapuches chilenos que están acusados en su país de terroristas.

Curiosamente, o no, la idea de generalizar como posibles actos terroristas a cada uno de los delitos del código, sumado al alcance de la ley mas allá de nuestras fronteras, fue la misma que inspiró a un proyecto que, con las firmas de representantes de la "oposición", ingresó el 15 de julio del año pasado a la Cámara de Diputados (1)

Hoy este proyecto aparece en un contexto de: miles de luchadores sociales procesados por delitos tipificados en el Código Penal (entre los que se destacan la usurpación y el corte de calles/rutas, entre otros), aumento en el nivel de movilizaciones por trabajo y salario, contra la precarización laboral, para frenar el avance de las industrias extractivas contaminantes y el desalojo de campesinos para plantar soja. Se agregan ocupaciones de tierras para vivienda y de espacios públicos con acampes, cortes de calles y rutas. Sumado a esto han venido las advertencias de la presidenta en cuanto a los límites que deben tener los reclamos de los trabajadores para no "boicotear" a la Argentina y su sugerencia de no cortar calles sino de que el "marchódromo" sea solo la Plaza de Mayo.

Todas estas medidas de lucha se encuadrarían en el objetivo de obligar a las autoridades nacionales y extranjeras (marchas de solidaridad con los estudiantes chilenos, por ejemplo) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. "Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados", afirma la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) en un documento.

Tratando de resguardar ciertas formas, uno de los párrafos que precede al articulado, dice que "quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, (...) no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional (…). En ningún caso, la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos humanos"

Al respecto Martín Alderete, abogado de la CADEP, afirmó que "esto es una cuestión retórica porque el ejercicio de cualquier derecho constitucional hace inviable la aplicación de un delito". Y dio como ejemplo el caso de una huelga – ejercicio de un derecho constitucional – y en ese marco la ocupación de la fábrica: "Tampoco estoy cometiendo un delito de usurpación porque estoy ejerciendo un derecho constitucional. Sin embargo las causas de los compañeros procesados son justamente por ejercer derechos constitucionales. Y sin embargo están procesados".

"Con este proyecto de ley se podrían criminalizar a vecinos que cortan la calle porque se les cortó la luz y, si se considera que esa protesta es violenta se le aplica ese agravante", agregó.

Lo que ha trascendido es que este proyecto no entraría en las sesiones extraordinarias de diciembre. Sin embargo, en 2007 los pasos por las comisiones y por ambas cámaras del Parlamento fueron fugaces y se aprobó casi sin discusión y sin que nadie se entere. Por otra parte, a partir del 10 de diciembre el kirchenirsmo tendrá mayoría propia y parte de la oposición viene de haber aprobado el anterior proyecto sin poner demasiadas trabas.

Cuando Red Eco publicó su libro "Leyes del Terror" advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer pública la existencia de este proyecto.

Audios: Entrevista a Martín Alderete en el programa Al Oeste-FM En Tránsito 93.9-Castelar (Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini)

Contenido del proyecto de ley antiterrorista

Alcances del delito de financiación del terrorismo

Supuesto resguardo de derechos constitucionales

Texto completo del proyecto de ley del PEN

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Guillermo Salas, el sheriff platense II: "Ahora vas a ver lo que es la tortura"

INDYMEDIA

Este artículo forma parte de la serie de relatos acerca de la vida delictiva de Guillermo Salas y sus colegas. La serie conforma a su vez un capítulo, que es el de aquellos hechos que en algún momento tomaron estado público. Del 2001 a la fecha, Guillermo Salas desempeña funciones en la Comisaría 1° de La Plata como Jefe de Calle. Desde entonces ha pasado a formar parte de toda historia de violencia y corrupción policial contada por jóvenes que trabajan o viven en la calle, o que siquiera se acercan de los barrios periféricos al centro.

El 10 de agosto del 2009 el consejero estudiantil Facundo Ferray presencia la violenta detención de un joven por dos agentes de civil: Guillermo Salas y Gastón Mónaco. Su pedido de explicaciones acerca de la acción policial lo llevó a los calabozos de la Comisaría 1°, donde la tortura y el armado de causa fue la respuesta de los oficiales. La versión policial fue la única que tuvo en cuenta la Justicia. Aquel chico que el servicio de calle detenía había sido víctima del ataque perpetrado un año antes en Plaza San Martín al grupo de chicos conocido como “la banda de la frazada”, hecho que a su vez retoma a Salas y la Comisaría 1°.

El operativo Plaza San Martín

Hacia el 2008 la Comisaría 1° tiene por Comisario a Daniel Piqué; el Teniente 1° Guillermo Salas y el Subcomisario Bravo Diego dirigen el servicio de calle. Los medios locales advierten sobre un nuevo terror en la ciudad: “la banda de la frazada”, integrada por chicos y chicas en situación de calle que duermen en la glorieta de la Plaza San Martín, ubicada en el corazón platense, entre la Legislatura y la Casa de Gobierno.

A fines de julio, militantes de distintas organizaciones sociales conforman “Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle” e inician una olla popular en la plaza con el fin de reclamar por la situación de abandono que se encontraban los niños que allí dormían. A lo largo de los días las represalias de la Comisaría 1° se repiten. Tras cinco noches, el 25 de julio, un grupo de personas ataca a los niños y niñas con palos y cadenas, corriéndolos a lo largo de la plaza. Una de las agresoras se identifica a un integrante de autoconvocados como “yuta” y le enseña un revolver que poseía en una cartera. Mientras tanto, cuatro bici policías empujaban a la Plaza a aquellos chicos perseguidos que intentaban escapar del lugar.

Guillermo Salas fue ubicado al frente de la investigación, sin realizar mayor tarea que afirmar “hasta el momento no se ha logrado identificar a los denunciados”. Sin embargo, para aquel entonces, cuando recién se iniciaban las actuaciones, ya se habían realizado las primeras identificaciones. La oficial que se presentó como “yuta” era la Sargento Sandra Rita Salerno del Agrupamiento Administrativo, legajo 133.800. Mientras tanto, los oficiales pertenecientes al grupo ciclista eran el Oficial Fallecen Juan, Oficial Hurcade Facundo, Oficial Aloil Rodrigo y la Oficial Ibañez Vanesa. Estos declararon haber recorrido aquella noche la plaza sin encontrar más que un hombre que les dijo que “minutos antes hubo problemas con unos chicos (…) que según ellos eran los menores que en forma permanente concurren a la plaza”

La Comisaría 1° demostró su capacidad operativa cuando luego de una movilización hacia la dependencia policial realizada a dos días del ataque, se encargó de armarle una causa a uno de los integrantes de “autoconvocados. Los ágiles agentes relacionaron la voz de quien afuera pronunciaba un discurso con la de aquel que días atrás se había presentado para retirar los colchones secuestrados a los chicos. Acusado de realizar pintadas en las paredes de la dependencia, se le radicó una denuncia que se extinguió a los pocos días cuando la Fiscal Virginia Bravo dictó el sobreseimiento.

La investigación sobre quiénes perpetraron el ataque no prospero. Luego de unos pocos meses en los cuales los militantes denunciaron insistentes amenazas a ellos y los niños, la Comisaría 1° fue apartada de la investigación. Otra causa pasaba así a dormir en el Juzgado de Garantías N°2 de César Ricardo Melazo, esta vez de la mano de la Fiscal Virginia Bravo.

Foto: Uno de los jóvenes heridos durante el ataque enseñaba las marcas

Lo de Aníbal

Son las ocho y media de la noche del 10 de agosto de 2010. Diez policías y tres patrulleros se apuestan en calle 5 entre 50 y 51, al lado del local de comidas conocido como “lo de Anibal”. Facundo Ferray, un joven de 30 años, se encuentra discutiendo con dos policías vestidos de civil: Guillermo Salas y Gastón Mónaco. Ambos intentan agarrarlo, pero la resistencia del joven aferrado a su bicicleta es mayor. Una decena de curiosos observa la escena y algunos se acercan pidiendo que dejen de pegarle. Los oficiales uniformados se suman al forcejeo hasta que logran tirar el joven al piso y entre patadas uno de los oficiales le coloca la rodilla en la nuca mientras Salas lo esposa.

El joven es puesto de pie y grita que “él no había hecho nada y lo estaban secuestrando”, según el relato de uno de los testigos. Es empujado contra el patrullero cuando un hombre se acerca para preguntarle si desea que le avise a alguien. Él llega a enumerar los primeros números de un teléfono antes de que Salas le cruce el brazo por el cuello y lo meta en el patrullero.

Foto: Guillermo Salas

Minutos antes, Salas y Mónaco se movilizaban en las inmediaciones de 5 y 50 en un Chevrolet Corsa, cuando vieron a Josecito de 15 años junto a dos amigos. El servicio de calle de la Comisaría 1° tenía la orden impartida una semana atrás por el Juez Hugo Rondina de “buscar, localizar e internar” al joven.

Josecito fue víctima del ataque del 2008 a los chicos que dormían en la plaza y cuando Salas y Mónaco procedieron a su detención, aun se encontraba en situación de calle. Como sus amigos, el joven sufría una fuerte estigmatización de los medios locales e incluso nacionales. El diario Clarín en su edición del 25 de julio de 2009 tituló “Tiene 15 años y ya suma 43 detenciones por robos”. El Defensor Juvenil, Julián Axat, presentó durante aquellos días una denuncia penal por el delito de acción pública, señalando que la mayoría de las detenciones respondían a averiguación de antecedentes, afirmando que “por lo tanto, la información que dicha seccional -Comisaría 1°- brinda a los medios de prensa resulta no ser solo fraudulenta y poco veraz, sino que se trata de una forma de manipular la información pública”. El defensor oficial también denunció “una grave ausencia u omisión por parte de los Servicios encargados de recibir las derivaciones policiales”, tales como el Servicio Zonal. Sin embargo, aquella tarde en 5 y 50, Salas y Mónaco volvían a arrestar al joven.

Facundo Ferray, estudiante de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales y consejero directivo de la misma, se dirigía en bicicleta hacia su casa. En 5 y 50, señaló haber visto “dos personas adultas que tenían un menor contra la pared sosteniéndolo del cuello”, por lo que decidió detenerse. Salas tomó nota de la presencia del joven y le preguntó qué hacía en ese lugar, afirmando que se trataba de un operativo policial y no tenía nada que hacer allí. El joven no se retiró y les pidió que se identifiquen como policías, ya que no tenían credencial o insignia alguna. En pocos minutos, más de diez uniformados se presentaron en el lugar y se sumaron a la discusión. José fue subido a un patrullero y llevado a la comisaría pero los oficiales permanecieron en el lugar. Salas y Mónaco le exigieron a Ferray que se identifique, a lo que respondió con su nombre y afirmando que era estudiante de abogacía y conocía el Derecho Penal, teniendo ellos la obligación de identificarse. Los oficiales le pidieron entonces que suelte la bicicleta porque lo iban a llevar detenido.

En la Comisaría

Ferray es subido al patrullero bruscamente. A un costado se sienta Mónaco quien empieza a insultarlo y decirle que era un hijo de puta, un zurdo de mierda, que los derechos humanos eran para proteger a los delincuentes. En el corto viaje hasta la Comisaría 1°, las amenazas de los oficiales no ceden, diciéndole que le iba a dar miedo cada vez que viera un patrullero y realizando afirmaciones tales como “cuando lleguemos te voy a hacer romper el culo” y “ahora vas a ver lo que es la tortura”.

En la Comisaría se le requisa la mochila sin ningún testigo presente y donde según el acta policial se le “encontró un cuchillo de 20cm de largo”. Ferray es llevado a una sala ubicada en el patio de la Comisaría donde lo obligan a desnudarse y mirar la pared mientras le preguntan los datos. Mónaco insiste con el amedrentamiento, gritándole que ahora iba a ver lo que era meterse con ellos, y aprovechando una baja en la tensión insinúa “uy, en el fondo están usando la picana”. A las 4.30 sería puesto en libertad sin saber aún que una causa se había iniciado en su contra, acusado de “resistencia a la autoridad y usurpación de títulos”.

Foto: Gastón Mónaco

En los tribunales

La causa en su contra se inicia con las declaraciones calcadas del Teniente 1ro Guillermo Salas y el Teniente Gastón Mónaco. Ambos afirman que cuando esperaban el móvil para trasladar a José a la Comisaría, se hace presente un joven que dice ser abogado del Comité Contra la Tortura y exige la liberación del detenido. A pedido de ser identificado se niega reiteradamente y trata de darse a la fuga. Tras un forcejeo es reducido y llevado a la Comisaría donde se le incauta una cuchilla.

El testigo del hecho es Aníbal, dueño de la casa de comidas al lado de la cual se sucedieron las detenciones. En su declaración sostiene lo mismo que los uniformados, pero citado posteriormente por la justicia a pesar de reconocer su firma al final de la foja niega haberla leído. “La policía me llevó los papeles para que los firme en mi negocio, yo no declaré ni me preguntaron nada, ni tomaron apunte de nada que yo dijera” aclaró en la Fiscalía. El hombre de 64 años afirmó que “por lo menos una vez más me ocurrió que me llevaran los papeles para firmar, pero no recuerdo ni cuando fue”. A pesar de esto no se dio curso a investigación alguna acerca de esta práctica policial.

Tampoco se procedió en la investigación por las agresiones sufridas por Ferray, tal ccomo solicitó el Centro de Protección de los derechos de la Víctima. También la Fiscalía pidió al Tribunal de Familia N°2 “se informe si al efectivizarse la detención dispuesta se ha constatado algún tipo de lesión o maltrato para con el menor por parte del personal policial interviniente”. Sin embargo, el Juez Rondina ignoró el pedido, a pesar de que Josecito presentara un golpe en la mandíbula izquierda que requirió de un tratamiento médico.

La causa que sí avanzó fue la que encontró al estudiante de abogacía por imputado. La misma se desarrolló velozmente hasta llegar al día 9 de septiembre, en que el Juez de Garantías N°2, César Melazo decidió elevar a juicio la causa, accediendo al pedido de la Fiscal María Laura D’ Gregorio. Pocos días después, tras la apelación realizada por la Defensa, Ferray lograría el sobreseimiento.

Ver también:
- Argentina. Guillermo Salas, el sheriff platense I: "Ahora vas a ver lo que es estar con un policía".

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Argentina, Salta: “Yo soy el periodista Luciano Jaime” (Parte I)

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Luciano Jaime se recibió de periodista en la ciudad de la Plata. En el año 1965 ya en Salta, inicio su labor periodística trabajando en el Diario Norte y luego en El Intransigente. Desde donde realizo denuncia sociales, especializándose en policiales. Integro el Movimiento Juvenil peronista, el Movimiento Revolucionario peronista y el Frente Revolucionario Peronista, apoyó la lista verde que llevaría a la gobernación a Miguel Ragone, asesinado y desaparecido.

Luciano Héctor Jaime, fue asesinado en febrero de 1975, durante la presidencia de Estela Martínez de Perón, y López Rega. Según amigos y militantes de la época, fue secuestrado y dinamitado por la Triple AAA, brazo paramilitar de derecha del peronismo en la década del 70. Su cuerpo apareció dinamitado en la localidad de El Encón, cercana a Campo Quijano.

La Agencia de Noticias Copenoa, emitirá una serie de entrevistas en formato de video 16.9, realizadas a militantes amigos y familiares del periodista Luciano Jaime, para desentrañar las luchas sobre el poder que existían en esa época, en particular por ser militantes peronistas, las diferencias entre la derecha y la izquierda de este complejo movimiento. Y fundamentalmente como se prepara la represión en Democracia en la década del 70 en argentina y en particular en la provincia de Salta.

El sindicalista judicial Juan Carlos Salomón hoy de 75 años, y fundador del Frente Revolucionario Peronista, recreara la llegada del periodista Luciano Jaime, al movimiento juvenil peronista, su participación, las protestas, y posteriores detenciones, como las denuncias de allanamientos y detenciones, sin orden judicial, ya concretadas en esa época democrática.

Salomón, recordara a Jaime como el presentador en los actos de la lista verde de Miguel Ragone. Su participación en el comité de huelga de los canillitas contra el Diario El Tribuno, su talento como periodista de investigaciones policiales, su tesón en busca de la verdad, sin medir consecuencias, lo que le costaría la vida, como su simpatía y alegría de vivir, a tal de recibir cariñosamente desde sus amigos el apodo cariñoso el de Isidorito, por su peinado engominado.

Luciano Jaime había denunciado en el Diario Intransigente que el sindicalista Eduardo Fronda, cuyo cuerpo apareció el 9 de enero de 1975 a un costado de la ruta a Lesser, estaba acribillado a balazos y con signos de tortura.

Jaime también relató que había visto detenido a Fronda antes de aparecer asesinando en la central de policía.

La entrevista realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz a Juan Carlos Salomón sobre la vida de Luciano Jaime, será emitida en tres partes. En cada una de ellas conoceremos aspectos desconocidos de quien fuera en vida Luciano Héctor Jaime, al cumplirse 36 años de su secuestro y asesinato, perpetrado por la represión y la triple AAA, en enero de 1975.

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Argentina, Mendoza: ¿Quién observa cómo se están gestionando las cárceles?

MDZOL

Durante mucho tiempo, tras el motín del año 2000, varias comisiones se dedicaron de lleno a seguir minuciosamente cómo se estaba manejando el sistema penitenciario mendocino. Legisladores, ONGs y organismos internacionales lo hicieron. Hoy, ¿quien lo hace? ¿La finidad política hace que se mire para otro lado?.

Las cárceles de Mendoza son noticia sólo cuando una situación extrema logra trasponer el silencio que imponen sus muros. La vida cotidiana en su interior es un misterio y, por ello, los ciudadanos confiamos en que los gobernantes eligen a personas con la suficiente capacidad para gestionar esos ámbitos, respetando todas las leyes y la Constitución.

El sistema penitenciario de Mendoza ha sufrido muchos vaivenes desde la recuperación de la democracia. La historia anterior es, todavía, más trágica. Pero sucedió durante gobierno ilegítimos, aunque haya estado a cargo de civiles que hoy forman parte de partidos supuestamente democráticos.

El estallido que puso en evidencia la necesidad de que sea un área gobernada con seriedad y responsabilidad ocurrió en 2001.

Fue allí cuando una gran cantidad de sectores políticos y sociales también se dieron cuenta que había que mirar más allá de los altos muros carcelarios y formular un seguimiento pormenorizado sobre cómo se gobernaban nuestras prisiones.

Surgió la Cmisión de Seguimiento Penitenciario, integrada por el padre Jorge Contreras, Luis Triviño, Roberto Follari, Roberto Chediack y Olga Ballarini, entre otros. La Legislatura siguió desde cerca cada situación desde la Comisión Bicameral de Seguridad. Y también lo hicieron organismos de Derechos Humanos, a instancia de abogados que llevaron, inclusive, la dramática situación hasta estamentos internacionales, como Diego Lavado, Alfredo Guevara, Pablo Salinas y Carlos Varela Álvarez.

También se encontraba la participación de Marita Perceval, quien actualmente cumple un rol de primer nivel en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones que pesaban contra Mendoza por la situación de sus cárceles. Pero los acontecimientos que vienen sucediendo dan cuenta que la situación, aunque ha variado sustancialmente, merece la continuidad de las observaciones externas.

El propio gobierno provincial acaba de desplazar a un jefe penitenciario, reconociendo tácitamente que hay un problema.

La continuidad de los “suicidios” es una señal de alerta, como lo son también los continuos motines y la denuncia de los fiscales en torno a que se enteran “por los medios” de lo que pasa. Y aunque a la sociedad el tema les resulte resbaloso, debido a la bronca que causa la inseguridad, y que a muchos medios les importe un comino lo que ocurre allí dentro, porque no consiguen más lectores hablando de ello, es un tema de Estado que debe manejarse tan bien como una escuela, un hospital o una comisaría.

Por ello es necesario plantear la necesidad de que, más allá de las simpatías políticas, la continuidad de las observaciones externas en áreas tan delicadas como las cárceles, deben continuar, evitando condenar a tan trascendente tarea a una acción espasmódica.

Fuente foto: Nacho Gaffuri - MDZOL

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Matan a una, matan a todas

Alfredo Grande (APE)

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“La culpabilidad del victimario se diluye en la culpa de la víctima”
(Aforismo implicado)

“Este domingo el diario El Tribuno advirtió sobre el incremento de femicidios en todo el país. Incluso se recordó que, en los últimos 10 meses del año, 233 mujeres fueron asesinadas. A estos crímenes todavía hay que sumarles los asesinatos de sus hijos o familiares cercanos. Ayer la estadística de que cada 31 horas se asesina a una mujer en el país tuvo un salto escalofriante. En La Plata descubrieron los cuerpos de cuatro mujeres asesinadas en su casa a cuchilladas. Una ellas es una niña de 11 años, además se encontró a su abuela de 63, su madre de 30 y una amiga de ésta, también de 30 años”.

Asesinar por “ser”. Ser negro, comunista, gitano, judío, musulmán, cristiano, ateo, lindo, feo, barra mansa, joven, viejo. Pensar al genocidio como crimen de lesa humanidad implica que es la propia condición humana, la humanidad fundante, la que es avasallada cuando este crimen se ejecuta. La cuestión no circula porque se lo hace, aquello que necesita el discurso justificatorio de todo “cruel que arranca el corazón con que vivo”. Los victimarios de la historia siempre han tenido diferentes versiones del “por algo será”, del “algo habrá hecho”. El hacer del otro justifica mi propio hacer castigador, torturador, extirpador. El victimario siempre dice actuar en defensa de valores abstractos, para los cuales es necesario eliminar antivalores materiales. Para sostener “ideales”, se masacran personas. Por lo tanto, toda lucha deviene cruzada, incluso con los aditamentos de purificadora, salvadora, beatífica. El genocidio es la puesta en acto de una certeza delirante donde el Poder y la Verdad se fusionan. No todo “ser” merece la oportunidad de existir. Algunas existencias deben ser erradicadas, justamente para impedir que un ser malignizado ose anidar en ellas. Hay un “ser” nacional que debe ser custodiado, protegido, defendido. Pero no todos son portadores sanos de ese “ser”. Por eso los custodios del santo grial de las existencias dignas velan con la espada para que “dejen de ser”. Toda la tradición reaccionaria de Occidente y gran parte de Oriente considera a la existencia de la mujer como portadora de un ser que sólo encuentra su dignidad cuando acepta, o sea, se somete, a engendrar otro ser. Mandato divino que arrasa con el propio deseo de la mujer, porque no se trata de su existencia concreta sino de la misión de su “ser”, en la cual ella nada tiene para decir. La paradoja que para la cultura represora deviene siniestra es que para que el “ser” engendre otro “ser”, tiene que encarnarse en una existencia sexuada. Y que debe someterse a los mandatos que habilitan una sexuación que pueda concebir sin pecado. Es decir, legitimada por un sacramento. La propiedad privada de la mujer es sostenida por un varón que representa y restituye un Orden Patriarcal. Jerárquico, naturalizado, represor. Ese orden patriarcal habilita el “ser para la reproducción” pero mutila el “ser para el placer”. Expropiada la mujer de su placer, incapacitada por siglos de sometimiento a enfrentar en su nivel fundante al Orden que le formatea la existencia, queda enajenada en el único rol y función que respetabiliza su ser: ser madre. Los otros destinos a los cuales pudiera orientar su existencia, son tabúes que castigan el mínimo intento de ignorarlos. Henrik Ibsen, el genial dramaturgo, lo expuso con belleza y contundencia en “Casa de Muñecas”. La frustración sistemática y planificada en la mujer genera una frustración análoga en el varón. Pero los destinos de ambas frustraciones se separan: mientras en la mujer la frustración sostiene la sexualidad reprimida, en el varón es uno de los cimientos de la sexualidad represora. “Nunca lo hubiéramos sospechado”, como escribió Freud al referirse al inconciente represor. La sexualidad represora (pornografía, prostitución, pedofilia, denigración erótica, etc) es sostenida desde los paradigmas de una sexualidad reprimida. No es casual que el significante “puta” designa tanto a la mujer que comercializa su sexo como a la que reinvindica su potencialidad deseante por fuera del corralito matrimonial. La miseria sexual de las masas se sostiene tanto desde la sexualidad reprimida como de la represora. El Orden Patriarcal no solamente formatea la existencia de la mujer, sino que ordena al varón que debe someter a las mujeres. Que deberá conquistarlas para que frente a la cofradía de varones, pueda exhibir una virilidad pura y contundente. Una falla real o simbólica en esta propiedad privada, es castigada con la cruel injuria a la autoestima del varón. La sexualidad reprimida sostiene el mandato de la necesaria fusión entre amor y sexualidad. La sexualidad represora sostiene el mandato de la necesaria escisión entre amor y sexualidad. Ambos mandatos, en su aparente contradicción, sostienen la abolición del deseo, como la ley que aprobó el parlamento europeo en los dichos de Joaquín Sabina. Todo este mecanismo cultural que intenta organizar el devenir sexual de las masas, es capturado por la mercantilización y comercialización de los cuerpos. Como se verifica en toda mercancía, es la demanda la que genera la oferta, y no al revés. Nadie compraría un esclavo, si nadie ofreciera esclavos para comprar. Lo que sucede es que intervenir en la demanda, asegura que la rentabilidad de la oferta seguirá intocable, porque la justicia no es neutral. Como todos saben, los perejiles de turno son los que serán exhibidos como el producto de las campañas anti lo que sea, cuando las diferentes industrias y mercados ilegales siguen generando ganancias exorbitantes. Cualquier ley que se haga, habrá mas trampas que leyes. La única forma de armonizar la sexualidad de todos los géneros, es sosteniendo sin titubear la profecía del amor libre, libre en su dimensión de sexualidad placentera. Pero la posmodernidad ha construido al falso profeta del placer individual y permanente. La violencia y la crueldad, en sus formas larvadas o manifiestas, son producto de la frustración crónica y ascendente de amores y placeres aplastados. El extravío moral y mental de psicópatas y perversos, no alcanza a explicar ni un caso sobre cien de violencia sobre la mujer. El femicidio responde a matrices culturales represoras, tanto de la mujer como del varón. El Orden Patriarcal habilita que el varón humillado, domado, castigado, pretenda lavar su honor viril mancillado asediando, agrediendo y vulnerando a la mujer que no supo amar o cuidar. La sexualidad reprimida potencia la sexualidad represora. El varón paga por tener su placer, pero no tiene placer por pagar. Paga porque es mas cómodo acoplarse a un orden injusto, que pretender subvertirlo. La mujer prostituída, como estrategia de supervivencia, acepta ese pago que le permite sostener su existencia y otras existencias, ya que la cultura oficial ha dicho ausente con o sin aviso, hace años. La bomba de tiempo está preparada, y explota cada vez que se la pisa. Por eso no se trata en forma principal, aunque no deja de ser necesario consignar, de cuantas mujeres son asesinadas. Una sola que lo sea por su “ser mujer” es suficiente para sostener el concepto de “femicidio”. Para mí esto es importante, porque nos conduce inevitablemente a sostener que “matan a una, matan a todas”.

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