jueves, 15 de diciembre de 2011

Cumbre de Durban: Una farsa de acuerdo donde nada parece importar el cambio climático

Giuseppe De Marzo (IL MANIFESTO)

Después de dos semanas y 40 horas de tiempo añadido el acuerdo de Durban en realidad no prevé absolutamente nada de obligatorio o vinculante para los grandes contaminadores, solamente dice que en el 2015 vendrá definido un acuerdo y que este será valido para 2020. Como un obeso que después de 19 años (los años pasados desde la primera cumbre hasta el día de hoy para encontrar la solución vinculante sobre el clima) continúa a dejar para el siguiente lunes el inicio de la dieta necesaria para salvarle la vida. ¿Le creerías?.

Irresponsable ceguera. No hay otro modo para definir el comportamiento de quien gobierna hoy en el mundo. 350.000 muertos al año, subida del nivel del mar, desaparición de muchos países del Pacífico, destrucción de las economía de los estados costeros, intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, acidificación de los mares, desertificación de aéreas enteras del mundo, 50 millones de refugiados ambientales, cientos de millones de puestos de trabajo en riesgo, perdida de la biodiversidad a un ritmo superior respecto a las precedentes extinciones masivas: como se hace para no ver esto y posponer las cosas todavía más? Justo aquí en África, el continente que corre el riesgo de ser “cocinado” como causa del caos climático, se ha enterrado el único acuerdo en vida, el de Kioto, que vincula legalmente los países industrializados a reducir las emisiones. En el 2012 expirará sin ser sustituido por ninguna cosa obligatoria.

La COP17 de Durban será recordada como un fracaso para la humanidad y un gran acuerdo para los que continúan contribuyendo a que suba la fiebre planetaria. Escuchando los gobiernos de los grandes contaminadores, sobre todo USA y China, deberemos esperar a 2015 para negociar un acuerdo que será vinculante sólo en el 2020. ¡El tema es que no disponemos de diez años! La ciencia es clara respecto a esto. El pico de las emisiones debe darse en 2015 y a partir del año siguiente se deberán reducir si queremos evitar ser responsables de una subida de la temperatura superior a los 4 grados en el curso de este siglo. Los gobiernos habían considerado solemnemente en Copenhague hace dos años, sede de la COP15, los 2 grados como límite, más allá del cual las consecuencias serian dantescas hundiendo gran parte de la humanidad en el apartheid económico y social. ¿Ha cambiado algo? ¿Será suficiente la green economy gestionada por el coloso chino para reducir el calentamiento global? Evidentemente no. ¿Cómo se hace por tanto a esperar hasta 2020? ¿Quién debería obligar a los grandes contaminadores a reducir las emisiones?

Ha prevalecido la idea de dejar en manos del mercado, de las fuerzas productivas (¿o destructivas?) y de las finanzas la capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como si la crisis financiera no hubiese enseñado nada sobre la mano “invisible” del mercado y sobre su único interés: hacer dinero. La ausencia de los principales jefes de estado del mundo contaminante e industrializado en la cumbre demuestra al resto como la política es hoy incapaz de tomar decisiones contrarias a los grandes intereses económicos y financieros, incluso si está en juego el destino de la humanidad. Estos por una razón y aquellos por otra, todo privilegian, erróneamente, las razones de la crisis económica. Un pensamiento primitivo, y sin embargo ganador, el que dibuja todavía una contraposición entre economía y ecología e ignora los límites señalados por la ciencia. Y no es cierto que esta sea la manera de conjugar las razones del ambiente con las del trabajo. Las propuestas presentadas por la sociedad civil y por la ciencia por una seria reconversión energética e industrial del aparato productivo, en grado de responder concretamente a estas dos grandes urgencias, han quedado ignoradas. Ni siquiera sobre los mecanismos de mitigación y adaptación se han realizado concretos pasos adelante para apoyar a los países más pobres y los más vulnerables, como las islas del Pacífico que están desapareciendo debido a la subida del nivel del mar. Los EE.UU que habían garantizado 100.000 millones de dólares cada año para el Fondo Verde han dado marcha atrás y ahora no se sabe quien pondrá el dinero, como será distribuido y cómo se dará la transferencia de tecnologías limpias. Estamos a merced de las olas. Para evitar terminar como náufragos en nuestro propio planeta tenemos rápidamente que construir un campo nuevo que exprese una cultura y una práctica hegemónica que replantee el desarrollo a partir de los límites del planeta. No es imposible. La sociedad civil, los movimientos, los trabajadores, los campesinos y la ciencia están listos. Esperamos que la política esta vez escoja quedarse en el lado correcto. Es la última oportunidad.

Giuseppe De Marzo es portavoz de Asociación A Sud.

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Audacia, más audacia

Samir Amin

Las circunstancias históricas creadas por la implosión del capitalismo contemporáneo requieren de una izquierda radical, tanto en el Norte como en el Sur, que sea capaz de formular una alternativa política al sistema existente. El propósito de este artículo es mostrar por qué es necesaria la audacia y lo que esta significa.

¿Por qué audacia?

1. El capitalismo contemporáneo es un capitalismo de monopolios generalizados. Con esto quiero decir que los monopolios no son ya más islas grandes en un mar de empresas relativamente autónomas, sino que son un sistema integrado, que controla absolutamente todos los sistemas de producción. Pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes corporaciones que no son estrictamente oligopolios, están bajo el control de una red que remplaza a los monopolios. Su grado de autonomía se ha visto reducido al punto de convertirse en subcontratistas de los monopolios.

Este sistema de monopolios generalizados es producto de una nueva fase de centralización del capital que tuvo lugar durante los 80 y 90 en los países que componen la Triada (Estados Unidos, Europa y Japón).

Los monopolios generalizados dominan ahora la economía mundial. “Globalización” es el nombre que le han dado al conjunto de demandas mediante las cuales ejercen su control sobre los sistemas productivos de la periferia del capitalismo global (periferia entendida como el mundo por debajo de la Triada). Esto no es más que una nueva fase del imperialismo.

2. El capitalismo de los monopolios generalizados y globalizados es un sistema que garantiza que estos monopolios graven impuestos sobre la masa de plusvalía (transformada en ganancias) que el capital extrae de la explotación del trabajo. En la medida en que estos monopolios están operando en las periferias del sistema global, la renta monopólica es renta imperialista. El proceso de acumulación capitalista –que define el capitalismo en todas sus sucesivas formas históricas- está determinado por la maximización de la renta monopólica/imperialista que persigue.

Este desplazamiento del centro de gravedad de la acumulación del capital es la fuente de la continua concentración del ingreso y la riqueza en beneficio de los monopolios, ampliamente controlada por las oligarquías (plutocracias) que gobiernan los grupos oligopólicos a expensas de la remuneración del trabajo e incluso de la remuneración del capital no monopólico.

3. Esto pone en riesgo al mismo crecimiento, desequilibrando la fuente de financialización del sistema económico. Con esto me refiero a que el segmento creciente de la plusvalía no puede ser invertido en la expansión y profundización de los sistemas de producción y por consiguiente la inversión financiera de la plusvalía desmedida se vuelve la única opción para sostener la acumulación bajo el control de los monopolios.

La implementación que el capital realiza en determinados sistemas, permite que la financialización opere de distintas maneras, generando:

i) la subordinación de la gestión de las empresas al principio del “valor de las acciones”.

ii) la sustitución del sistema de pensiones basado en la capitalización (fondos de pensión) por sistemas de distribución de las pensiones.

iii) la adopción del principio de “intercambio de tasas flexibles”.

iv) el abandono del principio bajo el cual los bancos centrales determinan la tasa de interés –el principio de liquidez- y la transferencia de esta responsabilidad al “mercado”.

La financialización ha transferido la responsabilidad principal en el control de la reproducción del sistema de acumulación a 30 grandes bancos que son parte de la Triada. Los eufemísticamente llamados “mercados” no son otra cosa más que los lugares donde son desplegadas las estrategias de los actores que dominan la escena económica.

Por consiguiente esta financialización, que es responsable del crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso (y la riqueza), genera la misma plusvalía que la sostiene. La “inversión financiera” (o mejor dicho la inversión en especulación financiera) continúa creciendo a gran velocidad sin corresponderse con el crecimiento del Producto Interior Bruto (que en la actualidad se está convirtiendo en algo ficticio) o con la inversión en la producción real.

El crecimiento explosivo de la inversión financiera requiere, y se alimenta de, la existencia de deuda en todas sus formas, especialmente de la deuda soberana. Cuando los gobiernos que están en el poder dicen estar persiguiendo la reducción de la deuda, están mintiendo deliberadamente. Para concretar la estrategia de financialización de los monopolios se necesita el crecimiento de la deuda, algo que en realidad los monopolios buscan más que combaten, como una manera de absorber la ganancia de los monopolios. Las políticas de austeridad impuestas para “reducir la deuda”, han tenido como resultado (tal y como se pretendía) el incremento del volumen de la misma.

4. Es este sistema –llamado popularmente neoliberal, el sistema del monopolio generalizado capitalista, “globalizado” (imperialista) y financializado (como una necesidad para su propia reproducción) – que implosiona ante nuestros ojos. Pero este sistema, aparentemente incapaz de derrotar sus crecientes contradicciones internas, está condenado a continuar su salvaje expansión.

La “crisis” del sistema es causada por su propio “éxito”. En efecto, la estrategia desplegada por los monopolios siempre ha producido los resultados deseados: los planes de “austeridad” y los llamados planes de reducción social (en realidad anti-social) continúan siendo impuestos, a pesar de la resistencia y las luchas. Actualmente, la iniciativa yace en manos de los monopolios (“los mercados”) y sus siervos políticos (los gobiernos subordinados a las demandas del “mercado”).

5. Bajo estas condiciones el capital monopólico ha declarado abiertamente la guerra tanto a los trabajadores como a los pueblos. Esta declaración es parte del planteamiento de “el liberalismo no es negociable”. El capital monopólico seguirá expandiéndose sin reducir su velocidad. La crítica a la “regulación” que explico a continuación, está basada en este hecho.

No estamos viviendo un momento histórico en donde la búsqueda de un “compromiso social” sea una opción posible. Ha habido momentos en el pasado, como el compromiso social durante la post Guerra entre el capital y el trabajo referente a un Estado social democrático en el oeste, el socialismo actualmente existente en el este, y los proyectos nacionalistas y populares en el sur, pero el actual momento histórico ya no es el mismo. El conflicto actual se produce entre el capital monopólico, y los trabajadores y la gente que es llamada a rendirse incondicionalmente. Las estrategias defensivas de resistencia bajo estas condiciones no son efectivas y eventualmente llevan incluso a ser derrotadas. En la guerra declarada por el capital monopólico, los trabajadores y los pueblos deben desarrollar estrategias que les permitan colocarse a la ofensiva.

El periodo de guerra social está necesariamente acompañado por la proliferación de conflictos políticos internacionales e intervenciones militares de las fuerzas imperialistas de la Triada. La estrategia de “control militar del planeta” por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y sus aliados subordinados de la OTAN es, en última instancia, el único medio por el cual los monopolios imperialistas de la Triada pueden continuar su dominio sobre los pueblos, naciones y estados del Sur.

Ante este desafío de la guerra declarada por los monopolios, ¿cuáles son las alternativas que se proponen?

Primera respuesta: “regulación de los mercados” (financieros y de otros tipos)

Esta regulación es una iniciativa que los monopolios y los gobiernos reivindican. Sin embargo esto es solo retórica vacía, diseñada para confundir a la opinión pública. Estas iniciativas no pueden parar la desenfrenada carrera por el beneficio financiero, resultado de la lógica de acumulación controlada por los monopolios. Son por tanto una falsa alternativa.

Segunda respuesta: un retorno a los modelos de la post Guerra

Estas respuestas alimentan una triple nostalgia: (i) la reconstrucción de una verdadera “socialdemocracia” en Europa occidental, (ii) la resurrección de “socialismos” basados en los principios que gobernaron el siglo XX (iii) el retorno a fórmulas de nacionalismo popular en la periferia del Sur. Estas nostalgias imaginan que es posible obligar a retroceder al capitalismo monopólico, forzándole a regresar a lo que era en 1945. Pero la historia nunca permite tales retornos al pasado. El capitalismo debe ser confrontado tal y como es hoy, no como nosotros hubiéramos deseado que hubiese sido imaginándonos un bloqueo en su evolución. Sin embargo, estos anhelos siguen atormentando a una buena parte de la izquierda global.

Tercera respuesta: la búsqueda de un consenso “humanista”

Yo defino este piadoso deseo de la siguiente manera: la ilusión de que un consenso entre intereses en conflicto puede ser posible. Algunos ingenuos movimientos ecologistas, entre otros, comparten esta ilusión.

Cuarta respuesta: las ilusiones del pasado

Estas ilusiones invocan “la especificidad” y “el derecho a la diferencia” sin preocuparse de entender su alcance y significado. El pasado ya nos ha respondido las preguntas del futuro. Estos “culturalismos” pueden adoptar varias formas étnicas o para-religiosas. Teocracias y etnocracias se convierten en convenientes substitutos de las luchas sociales democráticas que han visto vaciada su agenda.

Quinta respuesta: la prioridad de la “libertad personal”.

La gama de respuestas basadas en esta prioridad, considerada el “valor supremo”, incluyen entre sus filas a los retrógrados defensores de la “democracia electoral representativa”, a la que equiparan con democracia en sí misma. La fórmula separa la democratización de las sociedades del progreso social, tolerando incluso una asociación de facto con la regresión social con tal de no poner en riesgo y desacreditar la democracia, reducida ahora al estatus de una trágica farsa.

Pero hay variaciones de esta posición incluso más peligrosas. Me refiero aquí a algunos típicos “post modernos” actuales (como Toni Negri en particular) quienes imaginan que el individuo se ha convertido ya en el protagonista de la historia, como si el comunismo, que permite al individuo ser emancipado de la alienación y convertirse en protagonista de la historia, ya hubiese sido instaurado.

Está claro que todas las respuestas de arriba, incluyendo aquellas de derecha (como las “regulaciones” que no afectan a la propiedad privada de los monopolios) todavía encuentran poderosos ecos en una mayoría de la gente de izquierda.

6. La guerra declarada por el generalizado capitalismo monopólico del imperialismo contemporáneo no tiene nada que temer de las falsas alternativas que acabo de perfilar.

¿Qué hacer entonces?

Este momento nos ofrece la oportunidad histórica de ir mucho más lejos; nos demanda como única y efectiva respuesta una audaz y atrevida radicalización en la formulación de alternativas capaces de movilizar trabajadores y pueblos para colocarse a la ofensiva y defenderse de la estrategia de guerra de sus enemigos. Estas formulaciones, basadas en el análisis del capitalismo actualmente existente, deben confrontar directamente el futuro a ser construido, y sacarnos de la nostalgia del pasado y de las ilusiones de la identidad o el consenso.

Programas audaces para una izquierda radical

Voy a organizar los siguientes planteamientos bajo tres ideas centrales: (i) la socialización de la propiedad de los monopolios, (ii) la des-financialización del manejo de la economía, (iii) des-globalización de las relaciones internacionales.

Socialización de la propiedad de los monopolios

La efectividad de la respuesta alternativa requiere necesariamente del cuestionamiento del principio de la propiedad privada del monopolio del capital. La propuesta de “regular” las operaciones financieras, el retorno de los mercados a la “transparencia” para permitir que las expectativas de los “agentes” se conviertan en “racionales” y definan los términos de un consenso de estas reformas sin abolir la propiedad privada de los monopolios no es más que un claro intento de confundir a un público ingenuo. Los monopolios son llamados a “gestionar” reformas contra sus propios intereses, ignorándose el hecho de que los monopolios mantienen mil y un formas de burlar los objetivos de estas reformas.

El proyecto social alternativo debería revertir la dirección del actual orden social (desorden social) producido por las estrategias de los monopolios, con el propósito de asegurar empleo pleno y estable, garantizando salarios decentes al mismo tiempo que genera la productividad de la labor social. Este objetivo es simplemente imposible sin la expropiación del poder de los monopolios.

El "software de los teóricos de la economía" debe ser reconstruido (en palabras de François Morin) así como la absurda e imposible teoría económica de que las "expectativas" promueven la democracia porque permiten un mayor control en la toma de decisiones económicas. La audacia en este momento requiere de reformas radicales en la educación para la formación no solo de economistas sino también de aquellos llamados a ocupar cargos de gestión.

Los monopolios son cuerpos institucionales que deben ser manejados de acuerdo a los principios de la democracia, en conflicto directo con quienes santifican la propiedad privada. A pesar de que el término “bienes", importado de la palabra anglo sajona, es en sí mismo ambiguo porque está desconectada del debate sobre el significado de los conflictos sociales (el lenguaje anglo sajón ignora deliberadamente la realidad de las clases sociales), el término aquí puede ser utilizado específicamente para denominar a los monopolios como parte de los “bienes”.

La abolición de la propiedad privada de los monopolios debe tener lugar a través de su nacionalización. Este primer paso legal es inevitable. Pero la audacia implica en este punto ir más allá de este paso legal para proponerse la socialización de la gestión de los monopolios nacionalizados y la promoción de las luchas sociales democráticas articuladas en este proceso.

Daré un ejemplo concreto que podría incluirse en estos planes de socialización.

Tanto los propietarios de tierra 'capitalistas' (aquellos de los países desarrollados) como los propietarios 'campesinos' (mayormente del Sur) son prisioneros tanto de los monopolios que proveen inputs[1] y créditos, como de los que dependen del proceso de transporte y comercialización de sus productos. Pero ninguno de los dos grupos tiene autonomía real en la toma de decisiones. A esto se suma que la productividad alcanzada es apropiada por los monopolios que reducen a los productores al status de "subcontratistas". Frente a esto, ¿cuál es la alternativa posible?

Los monopolios deberían ser substituidos por instituciones públicas que trabajen dentro de un marco legal como parte de su forma de gobernar. Estas instituciones deberían ser constituidas por representantes de: (i) campesinos (los principales interesados), (ii) unidades ascendentes (manufactura de inputs, bancos) y descendentes (industria alimentaria, cadenas comerciales), (iii) consumidores, (iv) autoridades locales comprometidas con el medio ambiente y la sociedad (escuelas, hospitales, planificación urbana, vivienda, transporte), (v) el Estado (los ciudadanos). Estos representantes deberían ser seleccionados de acuerdo a procedimientos correspondientes a su propia manera de gestión social, como por ejemplo unidades de producción de inputs gestionadas por consejos de administración conformados por trabajadores directamente empleados por las unidades concernientes así como por quienes están empleados por unidades de subcontrato. Estas estructuras deberían estar diseñadas de tal manera que asocien la gestión del personal con cada uno de estos niveles, así como con centros de investigación que busquen una investigación independiente, y tecnología apropiada. Podríamos hasta concebir una representación de los proveedores de capital ("pequeños accionistas") heredados de la nacionalización, si es que lo consideramos útil.

Estamos hablando por tanto de aproximaciones institucionales que son más complejas que las reformas de autogestión o cooperativas conocidas hasta el momento. Es necesario inventar los caminos de este proceso de tal manera que promuevan el ejercicio de una democracia verdadera en el manejo de la economía, ejercicio basado en negociaciones abiertas entre todos las partes interesadas. Se requiere una formula que vincule sistemáticamente la democratización de la sociedad con el progreso social, en contraste con la realidad del capitalismo que disocia la democracia, reduciéndola al manejo formal de la política, con las condiciones sociales abandonadas al "mercado" dominado por lo que produce el monopolio del capital. Ahí y solo ahí podremos hablar de una verdadera transparencia de los mercados, cuando estos sean regulados bajo formas institucionalizadas de gestión socializada.

El ejemplo puede parecer marginal en los países capitalistas desarrollados debido a que los pequeños propietarios de tierra y campesinos son solo una pequeña proporción de los trabajadores (3-7%). Sin embargo, este tema es central para el Sur, en donde la población rural seguirá siendo significativa por algún tiempo. Aquí, el acceso a la tierra, que debe ser garantizado para todos (con la mayor equidad posible en su distribución) es fundamental para avanzar en la agricultura campesina. Esta “agricultura campesina” no debe ser entendida como sinónimo de "agricultura estática" o “tradicional y folklórica”. El progreso necesario de la agricultura campesina implica una cierta "modernización" (a pesar de que este término es poco apropiado debido a que inmediatamente sugiere modernización a través del capitalismo). Más inputs efectivos, créditos, y cadenas de producción y distribución son necesarias para impulsar la productividad del trabajo campesino. Las fórmulas propuestas aquí tienen por objetivo avanzar en la modernización bajo formas y orientadas por un espíritu "no-capitalista", es decir, bajo un horizonte socialista.

Obviamente, el ejemplo específico escogido aquí en este artículo es uno de los que necesita ser institucionalizado. La nacionalización / socialización de la gestión de los monopolios en los sectores de la industria y el transporte, bancos y otras instituciones financieras, deben ser imaginadas bajo el mismo espíritu, tomando las especificidades de sus propias economías y funciones sociales en la constitución de sus consejos de administración. Como ya se ha señalado, estos consejos deben incluir a los trabajadores de la compañía, así como a los subcontratistas, representantes de las industrias, bancos, institutos de investigación, consumidores y ciudadanos.

La nacionalización/ socialización de los monopolios nos señala una necesidad fundamental como eje central del reto que deben encarar los trabajadores y pueblos bajo un capitalismo contemporáneo de monopolios generalizados. Este es el único camino para detener la acumulación por desposesión a la que nos está llevando el manejo de la economía por parte de los monopolios.

La acumulación dominada por los monopolios puede ser de hecho reproducida solamente si el área sujeta al "manejo del mercado” está en constante expansión. Esto es posible por la excesiva privatización de los servicios públicos (desposesión de los ciudadanos), y el acceso a recursos naturales (desposesión de los pueblos). La extracción de las ganancias de las unidades económicas “independientes” por parte de los monopolios es también una desposesión (entre capitalistas!) de la oligarquía financiera.

De-financialización: un mundo sin Wall Street

La nacionalización/ socialización de los monopolios debería abolir el principio de "valor de las acciones" impuesto por la estrategia de acumulación al servicio de la renta monopólica. El objetivo es esencial para cualquier agenda que quiera escapar del anquilosamiento bajo el cual nos tiene enfangados el actual manejo de la economía. La implementación de un proceso de nacionalización trastoca la financialización del manejo de la economía. Pero ¿estaríamos regresando a la famosa "eutanasia de la renta" acuñada por Keynes en su época? No necesariamente, y desde luego no completamente. Se puede fomentar el ahorro, pero bajo la condición de que su origen (ahorros de los trabajadores, negocios, comunidades) y las condiciones de las ganancias, sean bien definidas. El discurso del ahorro macroeconómico en la teoría económica convencional esconde la pretensión del acceso exclusivo al mercado de capital por parte de los monopolios. La tan llamada “ganancia generada por el mercado” no es otra cosa que el medio para garantizar el crecimiento de la renta monopólica.

Por supuesto la nacionalización / socialización de los monopolios también se puede utilizar para los bancos, al menos para los más grandes. Pero la socialización de su intervención ("políticas de crédito") tiene características específicas que requieren de más precisión en la constitución de sus consejos de administración. La nacionalización en el sentido más clásico se refiere únicamente a la substitución de consejos de administración conformados por accionistas privados por otros definidos por el Estado. Esto permitiría en principio, la implementación de políticas de crédito formuladas desde el Estado, lo cual no es poco. Pero no es suficiente si consideramos que la socialización requiere de la participación de accionistas sociales relevantes en la gestión del banco. Aquí la gestión de los bancos por sus propios trabajadores no sería lo más apropiado. El personal afectado debe ser incorporado en las decisiones sobre sus propias condiciones laborales, pero poco más, debido a que no le corresponde determinar las políticas de crédito que deben ser implementadas.

Si los consejos de administración deben lidiar con el conflicto de intereses entre quienes proveen préstamos (los bancos) y aquellos que los reciben (las "empresas"), la fórmula para la composición de los consejos de administración debe ser diseñada tomando en cuenta cuáles son estas empresas y que es lo que necesitan. Necesitamos una restructuración del sistema bancario, sistema que se ha convertido en algo excesivamente centralizado desde que los marcos regulatorios de los últimos dos siglos fueron abandonados en las últimas cuatro décadas. Este es un argumento fuerte que justifica la reconstrucción de la especialización bancaria en función de los requerimientos de los beneficiarios de los créditos, así como de su propia función económica (provisión de liquidez a corto plazo, contribuir a la financiación de inversiones en el mediano y largo plazo). Deberíamos entonces por ejemplo, crear un " banco agrícola" (o un conjunto coordinado de bancos agrícolas) entre cuya clientela se incluyan no solo pequeños propietarios de tierra y campesinos sino también a todos los involucrados en las diferentes entidades de la agricultura descritas arriba. El consejo de administración del banco podría incorporar por un lado a los “bancarios" (personal del banco, los que han sido reclutados por el consejo de administración) y otros clientes (pequeños propietarios de tierra o campesinos, y otras entidades.

Podemos imaginar también otros tipos de sistemas articulados de bancos, adecuados para diferentes sectores industriales, en donde los consejos de administración podrían incluir clientes industriales, así como centros de investigación, tecnología y servicios, para asegurar el control del impacto ecológico de la industria, y de esta manera garantizar el mínimo riesgo (reconociendo claro está que ninguna acción humana está completamente libre de riesgos), y vincularlo a un debate transparente y democrático.

La des-financialización de la gestión económica requiere asimismo de dos tipos de legislación. La primera referente a la autoridad de un Estado soberano para prohibir que fondos especulativos (fondos de cobertura) operen en su propio territorio. La segunda es la referida a los fondos de pensiones, los cuales se han convertido actualmente en los mayores operadores en la financialización del sistema económico. Estos fondos fueron designados, en Estados Unidos en primer lugar por supuesto, para transferir a los trabajadores los riesgos normalmente asumidos por el capital, y que constituyen las razones a las que se suele apelar para justificar la remuneración del capital! Esto constituye un arreglo escandaloso, en clara contradicción incluso con la defensa ideológica del capitalismo! Pero esta "invención" es un instrumento ideal para las estrategias de acumulación dominadas por los monopolios.

La abolición de los fondos de pensiones es necesaria para el beneficio de sistemas redistributivos de pensiones, los cuales por su propia naturaleza, requieren de un debate democrático para determinar las cantidades y periodos de contribución así como la relación entre las cantidades de las pensiones y los pagos. En una democracia que respeta derechos sociales, los sistemas de pensiones son universalmente accesibles para todos los trabajadores.

Todas las medidas de de-financialización sugeridas aquí nos llevan a una conclusión obvia: Un mundo sin Wall Street, tomando prestado el título de un libro de François Morin, es posible y deseable.

En un mundo sin Wall Street, la economía está todavía controlada por el mercado. Pero por primera vez estos mercados son verdaderamente transparentes, regulados por una negociación democrática entre actores sociales genuinos (actores que por primera vez ya no son adversarios, como ocurre bajo el capitalismo). Es el “mercado” financiero, opacado por la naturaleza y el carácter de los requerimientos de la gestión para beneficio de los monopolios, el que desaparece. Podríamos incluso explorar si es que es útil o no terminar con el intercambio de acciones, dado que los derechos a la propiedad (tanto en su forma privada como social) serían dirigidos de otra manera. El simbolismo en cualquier caso–un mundo sin Wall Street- conserva todo su poder.

Des-financialización no significa en cualquier caso la abolición de la política macroeconómica y en particular la gestión macro del crédito. Por el contrario, restaura su eficiencia al liberándola de la subyugación a estrategias que buscan la maximización de las rentas de los monopolios. La restauración de los poderes de los bancos centrales nacionales, ya no más “independientes” sino dependientes tanto del Estado como de los mercados y regulados por la negociación democrática entre los accionistas sociales, nos otorga la formulación de una política macro de crédito capaz de permitir una gestión social de la economía.

En el nivel internacional: desconexión

En este punto voy a utilizar el término “desconexión” que propuse hace medio siglo, un concepto que el discurso contemporáneo aparentemente ha sustituido por el sinónimo "des-globalización". Nunca he conceptualizado desconexión como una forma autárquica de refugio, sino como un cambio estratégico de cara tanto a las fuerzas internas como externas en respuesta a los requerimientos inevitables del desarrollo autodeterminado. La desconexión promueve la reconstrucción de una globalización basada en la negociación, en vez de una subordinación a los intereses exclusivos de los monopolios imperialistas. La desconexión hace también posible la reducción de las desigualdades internacionales.

La desconexión es necesaria porque sin ésta, las medidas definidas en las dos secciones previas de este artículo no podrán ser jamás implementadas a escala global, o incluso tampoco a nivel regional (por ejemplo en Europa). Estas medidas únicamente podrán empezar a realizarse en el contexto de los estados / naciones a partir de luchas sociales y políticas, comprometidas con un proceso de socialización del manejo de su economía.

El imperialismo, bajo la forma adoptó hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial, generó un fuerte contraste entre centros imperialistas industrializados y periferias dominadas donde la industria fue prohibida. Las victorias de los movimientos de liberación nacional iniciaron el proceso de industrialización de las periferias, mediante la implementación de políticas de desconexión necesarias para alcanzar el desarrollo endógeno. Asociadas con reformas sociales, que para aquellos tiempos eran reformas radicales, estas desconexiones crearon las condiciones para un eventual "surgimiento" de los países que más lejos habían llegado en esa dirección – obviamente con China a la cabeza de este bloque de países.

Pero el imperialismo del actual momento histórico, el imperialismo de la Triada, está forzado a renegociar y "ajustarse” a las condiciones de este nuevo momento, y por lo tanto a reconstruirse bajo nuevas bases, basadas en "ventajas" mediante las cuales se busca mantener el privilegio de la exclusividad que he clasificado en cinco categorías. Estas se refieren al control de:

• tecnología
• acceso a recursos naturales del planeta
• integración global de los sistemas monetarios y financieros
• sistemas de comunicación e información
• armas de destrucción masiva.

Actualmente, la principal forma de desconexión es aquella definida precisamente por estos cinco privilegios del imperialismo contemporáneo. Los países emergentes están destinados a la desconexión de estos cinco privilegios, con distintos grados de control y auto determinación. Mientras que el éxito temprano en las pasadas dos décadas de desconexión permitió la aceleración de su desarrollo, en particular a través del desarrollo industrial dentro del sistema "liberal" globalizado, es decir "capitalista", este éxito ha alimentado la desilusión sobre la posibilidad de continuar por este camino, es decir, emergiendo como los nuevos “socios capitalistas de igual nivel”. La intención de "cooptar" a los más prestigiosos de estos países mediante la creación del G20 ha fomentado estas ilusiones.

Pero con la actual implosión del sistema imperialista (llamado "globalización"), estas ilusiones deben disiparse. El conflicto entre los poderes imperialistas de la Triada y los países emergentes ya es visible, y se espera que empeore. Si quieren avanzar, las sociedades de los países emergentes se verán forzadas a avanzar hacia modelos de desarrollo autosuficientes mediante planes nacionales y a través del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.

La audacia, en estas circunstancias, incluye un compromiso vigoroso y coherente hasta el final, que vincule las medidas requeridas de desconexión con los avances deseados en el progreso social.

El objetivo de esta radicalización implica: la democratización de la sociedad; el consecuente progreso social asociado; y la toma de posiciones antiimperialistas. Un compromiso en esta dirección es posible, no solo para las sociedades de los países emergentes, sino también para los "abandonados" o los “invisibilizados” del Sur global. Estos países han sido recolonizados a través de los programas de ajuste estructural de los 1980s. Sus pueblos están actualmente movilizados, y o bien han alcanzado algunas victorias (en América del Sur) o no lo han logrado todavía (en el mundo árabe).

Audacia significa que la izquierda radical de estas sociedades debe tener el coraje necesario para medir los retos que afronta y apoyar la continuación y radicalización de las necesarias luchas actualmente en marcha.

La desconexión del Sur prepara el camino para la deconstrucción del propio sistema imperialista. Esto es específicamente obvio claro en áreas afectadas por el manejo del sistema monetario y financiero global, resultado de la hegemonía del dólar.

Pero cuidado: es una ilusión esperar que a este sistema le sustituya “otro mundo monetario y otro sistema financiero" que sea más equilibrado y favorable para el desarrollo de las periferias. Como suele ocurrir, la búsqueda de un “consenso” basado en la reconstrucción internacional y producido desde arriba, es un mero deseo en espera de que ocurra un milagro. Lo que está en la agenda ahora es la deconstrucción del sistema existente – su propia implosión – y la reconstrucción de sistemas nacionales alternativos (para países, continentes o regiones), algo que ya ha comenzado a suceder en América del Sur. Audacia es tener el coraje de avanzar con la mayor determinación posible, sin preocuparse demasiado por cómo vaya a reaccionar el imperialismo.

La misma cuestión de la desconexión es igualmente importante para Europa, que es una especie de sub escenario de globalización dominado por monopolios. El proyecto europeo fue diseñado desde afuera y construido sistemáticamente para desposeer a la gente de su capacidad para ejercer su poder democrático. La Unión Europea fue establecida como un protectorado de los monopolios. Con la implosión de la zona euro, la subordinación a la ganancia de los monopolios ha significado la abolición de la democracia, que ha sido reducida al estatus de farsa y que adopta formas extremas, concentrándose solo en la pregunta: cómo el “mercado" (o sea los monopolios) y las “agencias de calificación de riesgos” (es decir, de nuevo los monopolios) reaccionan? Actualmente ese es el único asunto planteado. Ya no es un tema a ser considerado el cómo la gente reacciona.

Está claro que ni aquí ni allí existe una alternativa a la audacia: es necesario "desobedecer" las reglas impuestas por la "Constitución Europea" y el ficticio Banco Central Europeo. En otras palabras, no existe otra alternativa que deconstruir las instituciones europeas y la zona euro. Este es el pre requisito insoslayable para la eventual reconstrucción de "otra Europa" de pueblos y naciones.

En conclusión: Audacia, más audacia, siempre audacia.

En definitiva esto es lo que quiero decir con audacia:

(i) Para la izquierda radical de las sociedades de la Triada imperialista, la necesidad de un compromiso para construir un bloque social anti monopólico.

(ii) Para la izquierda radical de las sociedades de la periferia, el compromiso de construir un bloque social alternativo anti-comprador.

Va a tomar tiempo avanzar en la construcción de estos bloques, pero podría darse una aceleración si es que la izquierda radical se mueve con determinación y se compromete en avanzar por el largo camino al socialismo. Es sin embargo necesario proponer estrategias no para “salir de la crisis del capitalismo” sino para "salir del capitalismo en crisis", como dice el título de uno de mis recientes trabajos.

Nos encontramos en un periodo crucial de la historia. La única legitimidad del capitalismo es haber creado las condiciones para transitar al socialismo, que debemos entenderlo como una fase más avanzada de la civilización. El capitalismo es ya un sistema obsoleto, su continuidad solo puede llevarnos a la barbarie. No es posible otro capitalismo. La posibilidad de un choque de civilizaciones es, como siempre, incierto. O la izquierda radical triunfa mediante la audacia de sus propias iniciativas para elaborar avances revolucionarios, o la contra revolución ganará.

Todas las estrategias de la izquierda no radical no son de hecho estrategias, sino tan solo ajustes coyunturales a los altibajos de un sistema que implosiona. Y si el poder que se quiere, como Le Guépard, es el de "cambiar todo para que nada cambie", y si los candidatos de la izquierda creen que es posible "cambiar la vida sin tocar el poder de los monopolios", la izquierda no radical no detendrá el triunfo de la barbarie del capitalismo. Ya han perdido la batalla por no querer enfrentarlo.

Audacia es lo que hace falta para provocar el otoño del capitalismo, otoño que será anunciado por la implosión del propio sistema y por el nacimiento de una auténtica primavera de los pueblos, una primavera posible.

Referencias:
- Samir Amin, Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise ; Le temps des cerises, 2009.
- Samir Amin, Ending the crisis of capitalism or ending capitalism. Pambazuka Press 2011
- Samir Amin, Du capitalisme à la civilisation ; Syllepse, 2008.
- Aurélien Bernier, Désobéissons à l’Union Européenne ; Les mille et une nuits, 2011.
- Jacques Nikonoff, Sortir de l’euro ; Mes mille et une nuits, 2011.
- François Morin, Un monde sans Wall Street ; Le seuil, 2011.

1] Sobre los inputs: “Se empieza considerando, por razones de simplificación, que se produce un sólo bien (o servicio) por una empresa y que para producirlo es necesario una serie de elementos denominados factores de producción (también pueden ser denominados insumos o inputs). El bien o servicio producido recibe el nombre de output. La función que relacionaría las cantidades de la cantidad de factores productivos utilizados con el output obtenido recibe el nombre de función de producción. Los inputs utilizados serían las materias primas, productos intermedios (comprados a otra empresa u obtenidos en otro proceso de producción de la misma empresa), el trabajo humano usado, los suministros de energía, agua y similares, el coste de reponer el capital utilizado, maquinaria, herramientas), ya que sufre desgaste por el uso en el proceso de fabricación. Una simplificación frecuente es reducir a dos los factores: capital y trabajo. Trabajo representaría el trabajo humano, capital el resto” en http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa

Traducción: Katu Arkonada y Alejandra Santillana

Samir Amin es economista egipcio, presidente del Foro Mundial de Alternativas

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Ecuador: ¿Por qué el termino asalariado es bueno o malo?

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Lo de siempre. A falta de argumentos sólidos, ha comenzado una especie de campaña de desprestigio: ”los asalariados del gobierno” pretenden tomarse la Unión Nacional de Periodistas (UNP) Conclusión obligada: los “asalariados del sector privado” o sus patrones, están haciendo la felicidad de los ecuatorianos y, por ende, de los socios de la UNP ¿Será?.

Vayamos en orden. Lo primero: ¿es un insulto decirle a alguien que es un asalariado? Yo pienso que no. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “asalariado es aquel que percibe un salario por un trabajo”. Y, lo primero que hay que preguntar a aquellos que le gritan “asalariado” a otro, ¿no son ellos también asalariados? Salvados los casos en que tengan una fortuna para malgastarla, y no necesitan por el momento de un salario para subsistir, los más necesitamos de un sueldo o una jubilación para el buen vivir. Si hasta los más grandes banqueros del mundo tienen una remuneración que es mil veces (por decir poco) del salario de cualquier mortal ¿por qué no, nosotros, los simples mortales?

Entiendo de dónde viene esa idea, que ya es bastante vieja. Cuando reinaban en toda América Latina, ese tipo de tiranuelos, muy aliados de los Estados Unidos (Trujillo, Batista, Somoza, Rojas, Pérez Jiménez, Strossner, Pinochet, Videla y Cia. etc.) era común y corriente que no pocos políticos (entre los más audaces y charlatanes) y algunos periodistas de primera (o de segunda y de tercera) a cambio de un salario, tenían que decir y jurar que el tirano era bueno y noble, que solo quería el bienestar de los y las ciudadanas. Jamás esos “contratados” podían decir, peor admitir, que la familia del dictador, y el dictador mismo, o sus ministros y allegados, se estaban llenando de plata, porque corrían riesgos de muerte o por lo menos de persecución. La historia registra muchos casos como esos.

Pregunto: ¿sigue en vigencia esa práctica? Según los asalariados de derecha, pues si. Ellos no son asalariados (es una vergüenza serlo) pero nadie sabe de qué viven. Los únicos asalariados son los que trabajan para el gobierno. No admiten que de buena fe uno puede reconocer que el gobierno si está haciendo obra, está cobrando los impuestos a todos, que ya no hay privilegiados, que está haciendo cosas que otros gobiernos (tiranías o democracias representativas) en casi dos siglos que tenemos de Estado “soberano e independiente” no lo hicieron. Claro que el gobierno actual tiene errores (él mismo lo ha reconocido) pero hablar bien del gobierno es, para los sipianos, ser un asalariado del gobierno.

Vuelvo a preguntar: ¿y, si se está haciendo un trabajo, por qué no tengo derecho a una remuneración mensual? ¿Acaso el salario que paga el sector privado “es más mejor” -como dice el pueblo- al salario que puede percibir un periodista o un ciudadano (na) común y corriente? Y no me hagan hablar del salario de un periodista. En el mundo entero, hay una política depresiva en contra del periodista profesional. No quiero irme muy lejos; pero, en la “madre patria” (España, según los pelucones y los taurinos) están tratando a los periodistas peor que a los “sudacas” o a los trabajadores a destajo. Y eso es decir mucho o muy poco. En conclusión, el sector privado (o comercial o empresarial) ¿paga mejor que el público?

Claro que, en este rango, no entran los periodistas estrella, o super periodistas, o editorialistas o analistas. Ellos están fuera del mal (no digo del bien) De lo que se sabe y se conoce, por ejemplo, el auto exilado de Miami, el señor Emilio Palacio (conste que no hablo de él, como periodista) ganaba la bicoca de 10.000 dólares mensuales, una remuneración privada que, en un año, no gana en asalariado del gobierno. ¿Era tan buen periodista que le pagaban tanto? ¿O decía lo que los amos querían que dijera? En esta parte, debo, obligatoriamente, referirme a la segunda definición que da el propio diccionario de la Real Academia al término asalariado: “Que, en ideas y en conducta, supedita su propio criterio a quien le paga” Dejo a los sabios analistas del sector privado que digan o no si el señor Palacio escribía lo que pensaba o lo que le daban pensando.

Es decir, en nuestros países se ha dado vuelta a la tortilla, como decía la también vieja canción de los republicanos españoles cuando los franquistas (de Franco) les mataban. Hoy en día, los reales y supuestos “tiranos” ya no pagan bien “a sus muchachos”. ¿Y tiene que hacerlo el sector privado? Por ello, no me interesa cuánto gana un pelucón o si tiene una remuneración o hace algún trabajo concreto. Y como no soy un “investigador” de cosas ajenas, no me interesa ver qué trabajo hace, quién le paga, cómo le nombraron al señor César Ricaurte, Director de Fundamedios. Y Fundamedios es la entidad que, según la prensa sipiana (de la SIP-CIA) “nos representa” a los periodistas. Inclusive va a Washington, a llorar junto a los periodistas que han sido demandados “por el malo de Correa”.

¿Está pagando bien el sector privado a “sus muchachos”? En conociéndoles, permítanme que dude de su generosidad. Permítanme que les diga, con el ilustre José Martí, “conozco al monstruo por haber vivido en sus entrañas” Y no tengo la menor duda de que esos generosos empresarios (mañana o pasado mañana) les mostrarán sus uñas, cuando ya no sean necesarios y útiles. Siento desengañarles a unos cuantos compañeritos (tas) si pensaban que el sector privado iba a ser generoso con ellos; y, sobre todo, si les iba a reconocer sus cualidades.

Convengamos en algo. Aclaro, en primer lugar, que no estoy diciendo que los unos son los buenos y los otros los malos. Hay de todo en la viña del Señor, dice la Biblia. Pero, por asunto paga, estoy seguro que se darán más, mucho más, en el lado de los privados. En el otro lado, debo reconocer una “falencia” (como dicen los economistas) Que hay un buen grupo que no se ha preocupado por prepararse adecuadamente. O quizá sea culpa de las escuelas y facultades de comunicación (en cuyo caso asumo la parte que me corresponde) Vuelvo a recurrir a la Biblia: “muchos son los llamados y pocos los escogidos” Y vaya que, al paso que vamos, cada vez son muy pocos.

Vuelvo al asunto de este ensayo: ¿por qué un asalariado es más o menos que otro? Y entro en lo puramente especulativo. Si es tan malo el ser periodista (público o privado) ¿por qué el sector privado se ha preocupado por crear, en sus universidades también particulares, escuelas y facultades de comunicación? Hasta hace medio siglo, en Quito, había una sola Escuela (luego Facultad) de Comunicación, en la Universidad Central. Hoy, por lo menos hay nueve. Pregunto nuevamente (ese es mi oficio) ¿será que es tan malo ser un periodista profesional que caritativamente el sector privado se ha propuesto reivindicarlo?

Y como “soy malo de convicción” pienso que el sector privado está cansado de tanto economista, abogado, sociólogo, ingeniero, devenidos en periodistas. Claro está que ellos son “analistas” o, máximo, periodistas de opinión, como el señor Emilio Palacio. Y, como la universidad (pública o privada) no le hace daño a nadie, se han preocupado de esta proliferación, cansados de tanto espontáneo que, por si fuera poco, quieren ganar como empresarios. Pero que son leales, son leales mientras están bien pagados.

Y quiero hablar también de comunicación. Todavía soy un aficionado a escuchar a los llamados “padres” de la patria (el término está en desuso porque olvidan a las “madres” que también han llegado) y francamente que cada vez me defraudan más y más. En especial he puesto atención a los honorables que han dicho lo suyo sobre el tema. Y conste que ellos están ahí para legislar. Como dijo alguien que ya he olvidado, “si hasta hablan con faltas de ortografía”

Vergüenza es un término que dice poco. Todos piensan que los asambleístas, por el solo hecho de serlo, están facultados a decir sus verdades comunicacionales; y, la gran verdad es que son repetitivos y, por qué no decirlo, cansinos. He oído hablar, sin colorearse, pendejadas sobre este y otros temas, para referirme a un término que ya está en el diccionario de la Real Academia, por si acaso. No salen de cuatro “verdades” sobre comunicación y medios, que les han dicho que digan como verdades teologales (que no se discuten). Y no solo que se resisten a aceptar otras verdades, sino que no las entienden. Por solamente citar un caso: los primeros en lograr una auténtica ley de comunicación (no de medios; hay kilómetros de distancia entre lo uno y lo otro) deberían ser los propios “sipianos” pues, en caso contrario, los intocables y sagrados medios que ellos tratan de defender, quedarán librados a una antigua legislación y a situaciones como las del diario El Universo.

Otro punto: la necesidad de que los periodistas profesionales (que viven de su trabajo) tengan una preparación universitaria, por lo menos. Asunto que ya está consignado en la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista. Para aquellos asambleístas y analistas que pretenden hablar de comunicación, debo informarles que el Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que tiene una ley semejante y que a nadie le hace mal la universidad, por más privada y mala que esta sea. Igual que en la medicina, la abogacía, las ingenierías, la economía, sólo un periodista debidamente preparado, académicamente preparado, podrá comprender a cabalidad su oficio y desempeñarlo con propiedad y con capacidad. ¿Por qué, si a un médico se le exige su titulación para que pueda ejercer su profesión; por qué (vuelvo a preguntar) se permite que cualquiera hable de cualquier tema o problema, con propiedad?. Desde luego, esto no quiere decir ni mucho menos, que estoy hablando solo de periodistas profesionales “asalariados”. Igual que en otras profesiones, la viña del señor está llena de todo.

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Lo que surge del discurso de reasunción de Cristina Kirchner: El chantaje K

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

La presidenta Fernández de Kirchner ha decidido sacarse la careta que mal disimulada utilizó durante los ocho años de administración pingüina. Está claro que su verdadero rostro es el de la burguesa explotadora, que sólo no querían ver los integrantes del cipayaje vernáculo, más allá de aquellos que, arrinconados por la miseria, no les queda otra que aceptar los condicionamientos de los que viven del sudor ajeno.

El triunfo en las últimas elecciones presidenciales la envalentonó de tal manera, que ya no cuida las formas y empieza a decir lo que realmente piensa. Y, cuando eso se transforma en política, lo que se pone en riesgo es el patrimonio del pueblo argentino y la seguridad y la libertad de quienes se oponen a ella. Así, por ejemplo, apura la aprobación de las leyes propuestas por el oficialismo a libro cerrado (gracias a la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso). La ley de Presupuesto, donde se sigue reconociendo y pagando la Deuda Odiosa y se mantienen los subsidios (a pesar de la andanada propagandística del oficialismo que dice lo contrario) por $70.000 millones; la Ley de Tierras, donde se consolidan los derechos de los terratenientes extranjeros que ya ocupan alrededor de 30 millones de hectáreas de nuestro territorio (ni pensar en una redistribución equitativa de la tierra); o la profundización de la Ley Antiterrorista a pedido de las corporaciones internacionales, que agravará la judicialización de la protesta popular, son muestras de una derechización sin disimulo de la “señora” y su troupe.

El ejemplo más claro de este desenmascaramiento es el “nuevo” posicionamiento hacia la clase obrera, expresado claramente en el discurso de reasunción, y dirigido a la oficialista CGT. Para la presidenta, el derecho a huelga debe ser controlado, porque si se “desboca”, pasa a la categoría de “chantaje”.

En primer lugar, habría que decirle a la “señora”, que el derecho a huelga reconocido por el sistema burgués, se lo ganó la clase obrera a costa de la sangre, el sacrificio y la lucha de miles y miles de trabajadores que lo ejercieron a pesar de los intereses de los patrones. Y mientras exista el sistema de explotación, con leyes que lo permitan o no, lo seguirán ejerciendo, le guste o no a la patronal. Por más que algunos (o algunas) boconeen su desprecio a las prácticas del proletariado

En segundo... ¿quién puede definir cuándo un reclamo pasa a la categoría de “chantaje”, si lo que sale a la superficie siempre es la contradicción irreconciliable entre los intereses de los explotadores y los explotados? Si la presidenta, según dice, quiere “conciliar” lo irreconciliable (peronismo= “conciliación de clases”= utopía imposible, valga la redundancia)... al denunciar el derecho a huelga, se pone claramente (por si hacía falta más) del lado de la patronal.

Esta confesión de clase de la presidenta hace insostenible el discurso de los que cacarean el supuesto de que éste es un gobierno “de los trabajadores”. Ningún gobierno de ese tipo le pondría techo a las paritarias, ni se mofaría de las consecuencias físicas que generan las prácticas laborales, sean tendinitis o diarreas. Mucho menos encorsetaría los reclamos, o le cobraría impuestos al salario, ya sea a través del IVA a los productos de la canasta básica, o considerándolo “ganancia”. La conducción cegetista es la representación formal de la clase obrera, pero todos tenemos en claro que sus aspiraciones poco tienen que ver con la liberación de los trabajadores como clase social. Moyano y sus secuaces han sido funcionales al “modelo” kirchnerista, a sus dichos, de “capitalismo serio”; sin embargo, parece que sus servicios ya no son necesarios para la administración “K” , y comienza un camino de estigmatización del camionero. Es que aún con la funcionalidad al poder de la patronal de “Hugo” y los suyos, los ob
jetivos políticos de éstos son demasiado “radicalizados” para los planes presidenciales. La exigencia de la suba del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias que descaradamente se aplica a los salarios, y la pretensión de distribuir entre los trabajadores el 10% de las ganancias empresariales, hacen aparecer al secretario de la central obrera casi como un bolchevique a los ojos de un gobierno de derecha como el kirchnerista. Los trabajadores tendrían que tener muy en cuenta estos datos de la realidad, porque un gobierno como éste jamás podría representar y defender sus intereses.

La advertencia presidencial, entonces, hay que tomarla como lo que es: una amenaza a los trabajadores. Y un atisbo a lo que vendrá. La ya mencionada profundización de la Ley antiterrorista será un instrumento perfeccionado de “domesticación”, y allí donde las fuerzas de seguridad no tengan cabida, las camisas pardas de “La Cámpora” y las patotas al servicio de los kapomafia del conurbano actuarán como fuerza de choque y aleccionamiento.

Todo para mantener y profundizar “el modelo”, que no es más que ese “capitalismo serio” del que tanto habla la “señora”, capitalismo al fin, explotación al fin, desigualdad al fin, pocos ricos y muchos pobres al fin. Se seguirá pagando la Deuda a los buitres financieros, se seguirá entregando nuestro petróleo, continuará la criminal explotación minera a cielo abierto, la sojización que aumentará la expulsión de los pueblos originarios y campesinos pobres... Todo cosa “seria”, realmente

La exigencia de “seguridad jurídica” para invertir por parte del imperialismo no se toma como una extorsión, porque para un gobierno que defiende los intereses de los patrones, tal forma de pensar es lo normal y correcto.

En cambio, que un trabajador pare su herramienta para reclamar una vida mejor, es un insulto para los explotadores y para el gobierno que los representa.

A buen entendedor, lo que ha querido decir la “señora” en su discurso de reasunción, es “Trabajen sin chistar, muchachos, porque si no los dejamos sin laburo, y si siguen jodiendo, los cagamos a palos”

Eso sí es chantaje. El chantaje de los poderosos.

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Argentina. Petroleros y docentes: los malos de la película

LA VACA

¿Quiénes son, qué hicieron y qué simbolizan los docentes y petroleros de la provincia de Santa Cruz, cuyo paro de este año fue mentado como un caso de “chantaje” y “extorsión” por Cristina Fernández de Kirchner al asumir su segundo mandato? ¿Por qué fueron acusados de ganar los salarios más altos y provocar con sus reclamos pérdidas al Estado nacional, provincial, y a las empresas, por valor de 3.349 millones de pesos? ¿Es real ese número? ¿Cómo se ve la realidad, si en lugar de pararse en el kilómetro 0 del Congreso, la mirada se traslada al sur, donde hay, entre otras cosas, un trabajador petrolero preso desde hace 6 meses? Aquí, posibles respuestas.


Foto: Gran asamblea de obreros petroleros

Pérdidas

Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), antes de ir a buscar a su hijo a la salida de la escuela, dialogó con lavaca: “La Presidenta deliberadamente omite decir que, si bien nuestro salario comparado con otras jurisdicciones está por encima, la canasta familiar de la provincia de Santa Cruz es la más alta del país: anda por los 13 mil pesos. Creo que la frase fue un tiro por elevación para cualquier sindicato que se levante contra el modelo económico, que, dicho sea de paso, uno ve –con estas intervenciones- que se va a seguir sosteniendo apretando a los trabajadores y favoreciendo a las petroleras”.

La Presidenta denunció que el paro de los docentes y petroleros, con la toma por primera vez en la historia de un yacimiento por parte de los docentes, implicó pérdidas de 10 millones de dólares diarios, 829 millones de dólares, o 3.349 millones de pesos “que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras”. Para Muñoz la cuenta es distinta: a diferencia de un yogur o un pedazo de carne, el petróleo no es un producto perecedero. Se sigue extrayendo, aunque su transporte se vea temporalmente dificultado por algún conflicto: “No se perdió nada, porque lo que no se vendió esos días, lo vendieron más tarde. Pero el propio comentario de la Presidenta nos da la razón con respecto a la distribución de la renta petrolera, porque las cuentas reales son otras. La provincia supuestamente se queda con el 12% de un barril , cuyo precio está fijado en 45 dólares, aunque el precio real está en 100 dólares. O sea que la diferencia es pura ganancia para las operadoras, lo que demuestra que los dueños del petróleo, que somos los habitantes de la provincia, nos quedamos con migajas de la renta petrolera. El resto, del 88 al 90%,se lo llevan o Nación o las operadoras petroleras, que además pagan regalías sobre lo que ellos mismos declaran, sin ningún control por parte del Estado. Es decir, pagan lo que quieren”.


Foto: Docentes haciendo un piquete en Santa Cruz, junto a una planta petrolera de Las Heras

El preso

Omar Leguizamón, delegado de Oleosur en LH3, la planta de Las Heras que los trabajadores ocuparon pacíficamente para reclamar el cobro de haberes adeudados, propone esta mirada: “Nos dicen que el sueldo es alto. Pero estamos en la zona más cara del país: el alquiler de una piecita te sale de 2.000 pesos para arriba. El que sale al campo para ganar 10 mil pesos al mes, tiene que levantarse de noche, carretear 80-120 kilómetros hasta el yacimiento, y dejar los huesos ahí. Si dicen que un petrolero gana mucho, en las condiciones de descuido y contaminación en las que trabaja, que me expliquen cuánto ganan ellos, los diputados, los concejales, y los políticos, y qué es lo que hacen a cambio”.

Los petroleros este año se desprendieron del supuesto dirigente sindical Héctor Chaco Segovia, a quien sentían más representativo de las patronales que de los trabajadores. Lo hicieron en una asamblea de 5.000 personas, sobre la ruta 3 en Cañadón Seco, y así lograron que les pagasen deudas por valor de 25.000 pesos per cápita. Pero Oleosur, empresa coherente, siguió sin pagarle a sus obreros, obligándolos a hacer un paro de dos meses sin que gobierno ni empresa parecieran interesados en solucionar el conflicto.

En mayo tomaron la entrada de la planta LH3 para impedir el trabajo de deshidratación y bombeo del petróleo hacia los puertos. Les debían 40.000 pesos a cada uno. Más de 20 de los trabajadores que participaron del reclamo quedaron procesados. Uno de ellos, Víctor Oñate, fue buscado por la policía, y se entregó en julio, pero a la vista de sus compañeros, como un modo de garantizar su propia seguridad. Hay lugares donde de lo que hay que defenderse, se sabe, es de las autodenominadas “fuerzas de la ley”. Oñate sigue preso, sin que ninguna de las acusaciones que pesan sobre él hayan mostrado sustento alguno. En tierras donde supuestamente no se criminaliza la protesta, se invierte la carga de la prueba: el trabajador es tratado como un culpable, hasta que se demuestre lo contrario.


Foto: Los petroleros en paro en LH3, de espaldas para que no los reconozcan

¿Qué dijo la Presidenta?

En un tramo de su discurso Cristina Fernández de Kircher dijo textualmente:

“Quiero contarles una anécdota nada más para que se entienda lo que digo y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido: ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz que, además, se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros, es uno de los más importantes junto al del sector minero. Con una huelga que se prolongó por meses y que, además, tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz, de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto durante todo el conflicto 820 millones de dólares. Y si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras.

Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada…Alguien me dijo y no lo pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron: parece ser que en la Constitución peronista de Sampay, no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. Ah, no había conflicto con Perón. Mirá qué bien, ay, qué bueno está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por lo que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros; con nosotros derecho de huelga hay; pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión”. (APLAUSOS)

Más allá del revisionismo sobre Perón, cuando la Presidenta dijo “para que nadie se sienta aludido” según los autodenominados medios, se refería a Hugo Moyano. Se supone también, en esa especie de astrología política, que el “chantaje” y la “extorsión” provendrían de los camioneros, pero para que nadie se sienta aludido el ejemplo fue el de Santa Cruz . “Nosotros no extorsionamos ni chantajeamos: lo que hicimos es defendernos y reclamar por lo que nos debían, y por lo que consideramos justo”, explica Leguizamón.

Más datos

Dice Pedro Muñoz, de ADOSAC (sindicato que reúne a unos 6.500 de los 9.000 docentes provinciales): “Un maestro ingresante está en 4.200 pesos. El promedio estará entre 5.000 y 6.000 pesos, pero en un lugar donde el costo de vida es terrible y donde la inflación está disparando todos los precios. En nuestro reclamo de este año, de más de 50 días, terminamos agarrando el 25 % de aumento como un modo de seguir adelante. Todavía nos deben dos meses. Pero fijate que ahora el gobierno ya le pone un tope a las futuras negociaciones: el 18%”. Todos los gremios estatales de Santa Cruz ya han mantenido reuniones para rechazar ese tope. Al marcar ese tope, el que extorsiona y chantajea es el poder político, y particularmente el Estado provincial” sugiere Muñoz. Sin embargo su cálculo es que se trata de la provincia más rica: “Es la que tiene el presupuesto más alto per cápita del país: 7.600 millones de pesos para unos 300.000 habitantes”.

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El huevo de la serpiente

Claudia Rafael (APE)

“Todos tienen miedo y yo también... el miedo no me deja dormir... nada funciona bien excepto el miedo”. La frase, inserta en la boca del inspector Bauer, desnuda el nacimiento de una sociedad anclada en la opresión, la anestesia colectiva y la desesperanza. Cómo desentrañar esa anestesia, cómo introducir el bisturí en el corazón de una sociedad que parece haber perdido hace tiempo ya su propia brújula y empezar a soñar nuevamente un vínculo amoroso en el que la humanidad recobre sentido. El inspector Bauer presiente que ese germen será ni más ni menos que el principio del final. Es –a todas luces- el huevo de la serpiente. Ese desde el que se explican demasiadas muertes violentas: las nacidas en el entorno mismo de la víctima y aquellas urgidas institucionalmente como disciplinamiento social.

Una encuesta reciente de la UCA (Universidad Católica Argentina) revela que al 29 por ciento de los argentinos tiene a la inseguridad como su principal preocupación. Y si bien ese porcentaje alcanzó al 34 por ciento en 2010, sigue estando hoy a la cabeza. Recién después, con un 14 por ciento, aparece la educación; el desempleo, con el 11 y la pobreza, apenas con el 8. Estadísticas que cambian, obviamente, según el lugar de pertenencia: en Capital, la inseguridad preocupa al 39 por ciento contra un 34, en el conurbano y un 26 por ciento en el interior del país.

Pero ¿qué es exactamente la inseguridad?. El origen de las palabras, su etimología, suele abrir puertas a horizontes interesantes. Seguridad, del latín securitas, cualidad de estar sin cuidado. Andar por la vida sin riesgos. Pero aquel 29 por ciento global que ubica a la inseguridad como primera preocupación está seguramente pensando en un peligro determinado: aquel que puede afectar a cualquier delito que atente contra la propiedad privada. Difícilmente en el vastísimo territorio de las inseguridades se considere siquiera a la vulnerabilidad de quien vive sus días bajo un puente cualquiera, de quien no tiene un abrazo que lo abrigue de ternura o de quien no puede defenderse de determinados riesgos por el simple hecho de no saber ni leer ni escribir o de estar a abismos de distancia del cuidado de la salud o de un plato de comida caliente asegurada en su cotidianeidad.

Seguridad es, por el contrario, analizado exclusivamente en relación al terreno de lo penal.

Si existiera realmente una estadística veraz en materia de muertes violentas en el país, una de las curvas más pronunciadas de los últimos tiempos no recaería exactamente en el casillero de las producidas en el contexto de un asalto o de un robo violento. Más bien habría que depositar la mirada en una cuestión tan medular que sólo podría ser resuelta atacando de lleno a la médula. Es decir: hay, primero, una espantosa reiteración de asesinatos puertas adentro del hogar y entre personas que alguna vez guardaron lazos afectivos. Y, luego, una creciente repetición de muertes en manos de alguno de los tantos brazos del Estado.

A pesar de que –sin estadísticas oficiales- esa constante violenta se fue acrecentando cada vez con mayor énfasis en los últimos tiempos, hay una terca negación social. Cuando el 28 de julio de este año apareció sin vida Antonia, una bebé de Ayacucho, la sociedad entera, azuzada además por la arremetida mediática, salió a las calles a reclamar mayor seguridad. Cuando el 22 de noviembre murió Gastón Bustamante, en Miramar –la misma pequeña localidad balnearia en la que un grupo de policías violó y asesinó a Natalia Melmann en 2001 y en la que el hijo de uno de esos policías mató hace poco a un joven a la salida de un boliche- las tapas de los diarios titularon “durante un robo, matan a un niño en Miramar y los vecinos causaron incidentes”. Lo mismo cuando la semana pasada murieron –en lo que inicialmente se expuso como un robo- a Sara, Alí, Mónica y Ezequiel Miguel en Las Heras, Mendoza.

Ayacucho, Miramar, Las Heras estuvieron muy lejos las tres de un delito contra la propiedad privada. Y, tal vez, en el caso de Miramar, el primer gran síntoma fue el silencio mediático que siguió la historia en los primeros días después de la muerte de Gastón.

Hay un huevo de la serpiente desde el que se explican las muertes de Tomás Santillán (Lincoln), Candela Rodríguez (Hurlingham), Antonia (Ayacucho), Gastón Bustamante (Miramar), Carla Figueroa (General Pico), Olga Serantes y María Rodríguez (Olavarría); Micaela Galle, Bárbara Santos, Susana de Bártole y Marisol Pereyra (La Plata), Mónica, Sara, Alí y Ezequiel Miguel (Las Heras); Estela Soledad Sena (Tres Isletas, Chaco), Keila Geraldine Rojas (Formosa) o Yudith Cari y su bebé de dos años (Palpalá, Jujuy).

Pero también hay un huevo de la serpiente desde el que se comprenden otras muertes: Guillermo Garrido (El Bolsón); Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez y Juan José Velázquez (Jujuy); Cristian Ferreyra (Tucumán); Belén Brizuela (Catamarca); Ariel Domínguez (Capital Federal), Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonefoi (Bariloche); Mariano Ferreyra (Capital); Roberto y Mario López (Formosa); Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri (Capital); Franco Almirón y Mauricio Ramos (José León Suárez), entre tantos otros.

La violencia institucional, es decir, la violencia generada en el mismo cuerpo del Estado y la violencia nacida del mismo círculo de la víctima son el símbolo más cruento de una sociedad que optó por autodestruirse. Con historias que demasiadas veces entremezclan las dos vertientes de muerte.

Hace exactamente una semana, Alfredo Grande decía en “Elogio de la voluntad” (edición del jueves 08/12/11 de APe) que “en forma individual mucha veces buscamos lo injusto porque nos da un marco de seguridad, especialmente cuando el sujeto está funcionando en la lógica denominada “estrategia de supervivencia”. Pero cuando un “Alto Tribunal” no puede (en realidad no quiere y no le importa) diferenciar entre avenimiento y sometimiento, está haciendo un elogio de su voluntad que en realidad es un elogio de la voluntad del victimario . Desestimar la acción penal mediante el casamiento, pone en evidencia la perversión de utilizar una institución que se proclama como garante del amor, en custodio de la crueldad. Carla se casa y es cazada por las instituciones de la cultura represora. Violada en su cuerpo y en su derecho. Voluntad marchita que da cuenta del marchito deseo que pretende sostenerla. Carla ha renunciado porque le han hecho renunciar a otro humano derecho la dignidad. No pudo endurecerse pero además ha perdido la ternura. El mandato de amar al victimario no es amor. Es una caricatura grotesca y siniestra”.

Apenas unas horas más tarde, a las 4.30 de la madrugada del sábado, Carla Figueroa era asesinada por Marcelo Tomaselli a cuchilladas. El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa la había condenado al cadalso al entregarla a las garras de su asesino con una figura penal nacida para el sometimiento de la víctima.

La Justicia, la violencia institucional, decidió que no había riesgo para ella y que, por lo tanto, era justo aceptar esa figura de “avenimiento” pergeñada en el 99 ante la necesidad de eliminar la posibilidad de casamiento para eximir al victimario de una condena por violación. Esa modalidad del “perdón” que extingue la acción penal y que no es válida, por ejemplo, para el robo de una bicicleta, una naranja o la rotura de una vidriera sí lo fue para eximir de pena a Tomaselli sobre quien la misma Carla Figueroa había dicho unos días antes: “Nos habíamos separado hacía un mes y pico, yo había vuelto con él porque decía que se iba a matar. Desde que se quiso matar y le dieron el alta yo no quise saber más nada. Le dije a la madre que me perdonara, pero yo no podía seguir con esa situación (...) Fui a la casa de mi ex suegra, me subí a la moto para prenderla y él se sube de prepo atrás. Le pedí que se bajara, el me decía que no, que tenía que hablar conmigo. Que si quería volver a ver a mi hijo le tenía que hacer caso e ir donde él me decía. Sacó un cuchillo y me lo puso en las costillas. Me dijo que estaba re jugado, que no le importaba nada y que fuera por donde él me dijera. Frené la moto y me baje al costado de la calle. Me hizo sentar en una rueda de camión y me preguntó porque no lo perdonaba las cosas que me había hecho. Le dije que me había cansado y le pedí que me dejara tranquila. Quise arrancar la moto y me pegó una piña. Me obligó a subir de nuevo y me llevó hasta un desagüe. Me dijo que me sacara la ropa, yo me negué, me apoyó el cuchillo cerca de la cara y me dijo ‘sacate la ropa porque yo acá te cago matando’. Me saqué la ropa, hizo lo que tenía que hacer, terminó y se prendió un cigarrillo”.

Entonces una vez más: un 29 por ciento de la población reconoce (quién sabe cuántos más ni siquiera lo pronuncian) que sigue buscando el enemigo fuera de sí, lejos de su entorno, a kilómetros de distancia afectiva y a leguas de ese huevo de serpiente que tiene brazos, estructura y sostén institucional. Sin percibir el movimiento tenue y ondulado, la lengua bífida dispuesta al ataque y menos aún las escamas que camuflan obscenamente su presencia.

No es casual, no podría serlo, la frase en off que Ingmar Bergman introduce al final de su película, allá por finales de la década del 70: “todo estaba impregnado por el olor acre del temor e imperaba la desolación, el sufrimiento y la desesperanza. Todas las cosas y las personas estaban afectadas de un envenenamiento interno que les llevaba al espasmo, a la nausea”.

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En 2005 y 2007 argentina votó tres leyes antiterroristas: Por pedido de Washington, sale la cuarta ley antiterrorista

Emilio Marín (LA ARENA)

Con un apuro digno de mejor causa, está previsto que el Congreso apruebe la llamada “ley antiterrorista”. Como las tres anteriores, fue fogoneada por Estados Unidos y el GAFI. ¿Recompensa? Mantener asiento en el G-20.

El ex presidente Néstor Kirchner tuvo grandes aciertos políticos nacionales e internacionales, caso de los derechos humanos y la sepultura del proyecto ALCA en Mar del Plata, respectivamente.

Pero la visión de la historia debe ser multilateral. Bajo su gobierno la Argentina aprobó tres leyes antiterroristas urgidas por la presión norteamericana, que a su vez había logrado poner bajo su dirección a las potencias europeas. Los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 fueron el marco propicio para que el imperio lanzara guerras en Asia, además de amputar derechos democráticos dentro y fuera de casa. La Patriot Act fue un caso de puertas adentro, para fascistizar un modelo de por sí poco democrático. Y las leyes antiterroristas fomentadas en el mundo fueron parte de esa campaña internacional para sacrificar libertades en un altar mentiroso.

En marzo de 2005 se aprobaron dos leyes de ese cuño y en junio de 2007 hubo otra. Esta columna criticó: “Esta es la tercera ley del mismo palo aprobada por la administración K. Las otras dos, con el mismo origen bushista, se aprobaron en marzo de 2005. Una habilitaba la aplicación en nuestro país de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, hecha suya por la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. La segunda convalidaba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, votado por la ONU el 9 de diciembre de 1999”. (“La administración Bush da sus felicitaciones pero pide otras leyes y concesiones”, LA ARENA, 21/06/2007).

Allí se advertía que la tercera ley antiterrorista no agotaría la presión estadounidense. Lamentablemente fue cierto, porque hoy la Cámara de Diputados va a debatir una cuarta. Cambió el presidente estadounidense pero sigue la misma política y el Grupo de Acción Financiera Internacional sigue fogoneando leyes de ese perfil.

Lo primero que surge es que el imperio fuerza ese tipo de legislaciones y la administración kirchnerista lo acepta, con algunas demoras pero acepta. La última vez, en 2007, el GAFI había emplazado a aprobarla antes del 23 de junio, cuando hacía una reunión en París. Y sobre el filo del ultimátum, el 13 de junio, los diputados alzaron sus manos. Ahora volverían a hacerlo.

Ese núcleo financiero mundial no alcanza a definir qué es el terrorismo. No son dificultades de interpretación ni semánticas. Es un problema político: para muchos en el mundo, el principal terrorista es el estado norteamericano. “Bush, fascista, vos sos el terrorista” se le cantaba al texano por lo de Irak y Afganistán. Barack Obama hizo méritos para oír el mismo canto, por continuar allí y por bombardear Libia. Por eso el GAFI no define qué es terrorismo.

In crescendo

La ley Nº 26.268 promulgada el 4 de julio de 2007 (justo en el “Día de la Independencia” del patrocinante) incorporó al Código Penal el capítulo VI sobre “asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo”. El artículo 213 ter estableció: “se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Entre los rasgos de esa agrupación, enumeraba: “Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”. Y el articulo 213 quáter fulminaba con “reclusión o prisión de 5 a 15 años al que recolectare o proveyese bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista”.

Muchos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que defiende lo actuado por el gobierno en materia de derechos humanos –y quizás por eso mismo- cuestionaron esa reforma penal.

Otras entidades políticas y movimientos de desocupados criticaron que se dejaba la hendija abierta para criminalizar sus protestas. En efecto, si se iba a penar como delito terrorista el “aterrorizar a la población”, bien podía imputarse a quienes con sus caras tapadas y gomas prendidas en una esquina, con algún palo en la mano, “infundieran temor” en los transeúntes, bajo el peso mediático y de Mauricio Macri, que presentaba esas acciones como “violentas”.

Las prevenciones contra esa demonización de los conflictos sociales no eran superfluas. Varios militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, entre ellas su dirigente Roberto Martino, fueron procesados y detenidos por realizar un acto de repudio al Estado de Israel que masacraba palestinos. ¿No había metido la cola ese aspecto de la normativa, la que pena la propagación del “odio étnico, religioso y político”? Los argumentos de la fiscalía tenían ese sustento porque acusó a Martino y sus compañeros de ser “violentos y antisemitas”.

Entre quienes votaron por la afirmativa de la ley hubo diputados con posiciones progresistas y democráticas, como Juliana Di Tullio, Diana Conti, Vilma Ibarra, Gerónimo Vargas Aignasse, etc. Miguel Bonasso se animó a votar por la negativa. Remo Carlotto y Carlos Kunkel se ausentaron de la votación, quizás para no tener que oprimir el botón del Sí. Como sea, 101 contra 35, la idea de la Casa Blanca se patentó ley argentina.

Grupo A y el gobierno

Pese a contar con tres leyes antiterroristas, el imperio y el GAFI no se dieron por satisfechos. En 2010, en el marco de las fricciones políticas y económicas con el gobierno de Cristina Fernández por su negativa a que el FMI tuviera injerencia en la negociación con el Club de París, Obama volvió a presionar a Buenos Aires. El argumento fue que el sistema financiero argentino presentaba grietas susceptibles de ser aprovechadas por organizaciones terroristas.

No había tal riesgo. En 2011 el mayor peligro del sistema financiero local era servir de pantalla para girar al exterior millones de dólares, disimulados como remesas de dividendos y utilidades. Ese fue el drama, que redondeó hasta setiembre de este año la increíble suma de 18.351 millones de dólares.

La oposición derechosa vio en el lobby norteamericano una oportunidad para colarse. Y el 31 de julio de 2010 presentó -por medio de legisladores peronistas federales, radicales, CC y macristas-, un proyecto propio de ley antiterrorista obediente del GAFI. Había que ser un país serio. Había que insertarse en el mundo. Había que portarse bien, para recibir créditos e inversiones extranjeras.

Ese libreto opositor no prosperó, pero esas bancadas pueden decir que son la madre de la criatura, porque el 14 de octubre último, a una semana de las presidenciales, el oficialismo presentó su cuarta ley antiterrorista, peor que la de sus detractores y la de 2007. Es peor porque califica como delito de terrorismo aún sin que su autor tuviera pertenencia a una organización tipificada como tal.

Es muy grave que la iniciativa duplique la pena a cualquier delito previsto en el Código Penal si tuviera por fin infundir terror en la población u obligar a un gobierno a tomar medidas o abstenerse de adoptar determinada decisión. El GAFI plantea lo mismo, pero en un conflicto armado, mientras que el borrador argentino mantiene esa redacción aún sin guerra. Es más papista que el papa.

La futura ley dejaría a salvo los hechos de protesta social y emanados del ejercicio del derecho constitucional. Sin embargo, Verbitsky advirtió en tono crítico: “a esta confusión, incompatible con los requisitos primordiales del derecho penal, se suman ahora los conceptos abiertos e imprecisos del proyecto, que permitirían utilizar el agravante de terrorismo a la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros actos de protesta en el espacio público. La pena prevista para una usurpación pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, con el riesgo de la prisión efectiva”.

HV pidió en su columna dominical (Página/12, 11/12), que el asunto no se trate en extraordinarias, para debatirlo mejor y recibir todas las opiniones. Por lo visto la presión imperial fue más efectiva. El PEN admitía en sus considerandos que “es preciso adecuar la normativa nacional a las transformaciones registradas a nivel global y a los más elevados estándares internacionales”.

Es poco recomendable un periodismo auto referencial. Pero después de haber citado a otros colegas, se puede recordar cómo terminaba la nota de este cronista, cuatro años atrás: “El Departamento de Estado expresó sus plácemes por la tercera ley pero ya quiere una cuarta, sobre tráfico de personas. Después vendrá la quinta y luego la sexta”. Tal cual. Conservar la silla en el G-20 tiene sus obligaciones…

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Argentina: Nueva ley antiterrorista

RED LATINA SIN FRONTERAS - CENTRO CULTURAL ALEJANDRO OLMOS

Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley "antiterrorista", que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".

Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la "asociación ilícita terrorista" y el segundo sancionaba el "financiamiento del terrorismo".

La ley antiterrorista vigente

En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo", ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. "Terroristas" son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, "terroristas" son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, "terroristas" son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.

La "Ley Antiterrorista" sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de "terrorismo" a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.

En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las "asociaciones ilícitas terroristas", definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta "asociación ilícita terrorista" resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.

El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner

El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación "antiterrorista" cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,se aplicará la misma escala."

Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto "aterroriza a la población." No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.

Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.

Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.

Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.

Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta y además de catalogarlas de terroristas.

Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.

Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de "financiación del terrorismo", que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el "financiamiento" aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de "terrorismo" ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.

Una ley al servicio del imperialismo

Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de "terroristas" para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.

Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un "terrorista" a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los "terroristas" a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.

Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de "terrorista", el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.

No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de "terrorismo", se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.

En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.

Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.

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