lunes, 19 de diciembre de 2011

El “Capital humano”, el “Capital político”, una pretensión neoliberal

Gabriel Ríos (especial para ARGENPRESS.info)

Tenemos que oponernos a la obsesión neoliberal de convertir todo en capital, los recursos naturales, nuestros líderes y hasta a nosotros mismos.

Cuando se trata de los capitalistas, de sus asesores políticos y comunicacionales, nada queda al azar. La idea de “capital humano” tan en boga en estos días en otra de sus formas, la de “capital político”, es el resultado de una re elaboración del concepto de capital elaborado por economistas liberales del siglo diecinueve, entre ellos, Walras, quien sostuvo, en oposición a Marx, que el capital comprendía las tierras, la capacidad de trabajo de los individuos y las maquinarias que sirven de medio para la elaboración de una nueva producción.

Es necesario y urgente detenerse sobre esto, para develar qué es lo que políticamente oculta y promueve la idea de “capital humano”, tanto más cuando esta siendo utilizada crecientemente por sectores de la izquierda.

En Marx la categoría económica de capital es profundamente histórica y férreamente crítica. El capital consiste en una relación social de producción, una relación social de producción de la sociedad burguesa. El capital no existe sin trabajo asalariado y este no existe sin capital, ambos se condicionan mutuamente consagrando una relación de explotación.

El capital es el resultado de la apropiación de los capitalistas como clase social, del valor excedente generado por los trabajadores por encima de la suma de valores que aseguran su reproducción, que tiene su expresión como precio en el salario. La suma de valores que posee la clase capitalista, los capitalistas, se conservan y aumentan en contacto con la fuerza de trabajo, desplegando una y otra vez el trabajo asalariado. Así, la circunstancia de un crecimiento del capital es el resultado del crecimiento del trabajo asalariado, al mismo tiempo, que el crecimiento del trabajo asalariado es consecuencia de un crecimiento del capital.

Dice Marx que “El capital sólo surge allí donde el poseedor de los medios de producción y de vida encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo,…”. El capital supone entonces, que la clase trabajadora no posea más que su fuerza de trabajo para ofrecer y que los medios de producción y de vida sean de posesión exclusiva de los capitalistas, de la clase social capitalista.

Más allá del rigor intelectual necesario, lo relevante políticamente es que la idea de “capital humano” oculta precisamente la relación de explotación, sin la cual no se genera ni tiene razón de ser el capital. Y con ello se promueve una emancipación personal, sobre la idea de que todos seríamos poseedores de capital, cuyo hipotético éxito no rompe con los cimientos sobre los que se sostiene la expresión más brutal del capitalismo, el Neoliberalismo.

Tenemos que oponernos a la obsesión neoliberal de convertir todo en capital, los recursos naturales, nuestros líderes y hasta a nosotros mismos.

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El lado oscuro de la democracia

Antonio Peredo Leigue

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española -lo de Real, viene porque España sigue siendo un reino- tiene dos acepciones coincidentes respecto a la palabra democracia. La primera dice: Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. La segunda afirma: Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. En otros términos: no hay democracia si el pueblo no interviene en las decisiones fundamentales del Estado.

No voy a hablar de algún ejemplo de Nuestra América, donde todos se sienten con agudo sentido crítico para desmenuzar lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Mi intención es referirme a lo que está ocurriendo en la Unión Europea, donde dicen que la democracia nació y se fabricaron sus modelos hasta la actualidad. Aquel pueblo que no siga sus sacramentos, será condenado porque no vive en democracia. Es lo que nos enseñaron y, lastimosamente, siguen enseñando en las escuelas de Bolivia y, seguramente, de muchos otros países de esta región.

El primer país donde se mostró que no hay democracia, es Grecia; la Grecia de Sócrates y de Platón. El derroche, aviesamente incitado por los mercaderes, provocó la bancarrota. Presurosos, los jerarcas de la Unión acudieron con montos impresionantes de dinero prestado, bajo la recomendación de reducir el gasto público y constreñir el desarrollo económico. Algo hizo el gobierno pero el desajuste se mantuvo. Los mandatarios de la Unión, el dúo Merkel-Sarkozy, tomaron la sartén por el mango y retuvieron la última entrega del préstamo. Reclamaron e impusieron recortes extremos y paralización de obras como condición para cubrir la cuota. El dinero que entregaron no estaba destinado a las necesidades del pueblo que no fue consultado, sino a pagar las deudas miles de veces millonarias, causadas por el derroche impuesto como forma de vida. Por supuesto, todo el gobierno cambió y, el parlamento griego sometido a los jerarcas de la Unión, confirmó un gabinete tecnócrata encabezado por el señor Lukas Papademos quien, como carta de presentación, declaró: “No hay comida gratis para los deudores, ni soluciones fáciles para los acreedores”; es decir, estamos aquí para pagar las deudas, no para solucionar los problemas del pueblo. ¿Esto es democracia?

Tomemos otro ejemplo en la vieja Europa. Una cumbre de la Unión deliberó la semana pasada sobre las medidas extremas que deben tomarse para evitar el colapso del euro, la moneda de la UE. El primer ministro británico, Cameron, se negó a firmar el acuerdo que aprobaron los mandatarios de los otros 26 países miembros. Al llegar a Londres, Cameron recibió una andanada de acusaciones de la oposición, como era de esperar, pero también de los liberales demócratas, que forman parte de su gobierno. Éstos y los laboristas, que se supone son la izquierda del esquema político británico, acusan al conservador Cameron de haber dejado a Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Cameron se defiende diciendo que el Reino Unido sigue en la UE en razón del mercado común, pero no puede estar de acuerdo con restricciones que pueden perjudicarlos. En toda esta discusión, no tiene nada que ver el pueblo que ya está soportando restricciones. Si Cameron se mantiene, habrá más restricciones. Si cambia el gobierno, las restricciones serán mayores. ¿Hay democracia en todo esto?

La conclusión es manifiesta: la democracia al estilo europeo, es el predominio de los mercaderes en el gobierno político. El pueblo está para trabajar, para votar eligiendo a un gobierno más derechista o menos derechista, para gastar a un ritmo cada vez más enloquecido y para pagar las consecuencias de este perverso manejo mercantil.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, con claridad y puntualmente, el derecho a la vida y al trabajo digno de todas las personas en todos los países del mundo. En eso se basa la democracia. En unos países es más problemático que en otros el cumplimiento de esa declaración. Pero, ¿en Europa, cuáles son las dificultades?, ¿quién o quiénes coartan esos derechos?, ¿los gobiernos elegidos por voto popular, no responden al pueblo?

Un país, un pequeño país, dio la lección: Islandia. Los medios de comunicación se encargan de no difundir el ejemplo. Las reuniones de la señora Merkel con el señor Sarkozy se conocen en toda su extensión. Por supuesto, lo que se difunde es la versión oficial; de ninguna manera los entretelones. Y, la versión oficial, es tan dura, tan cruel, que salen sobrando los entretelones. La democracia, al estilo europeo, es el derecho de los ricos a exprimir al pueblo y, luego, hacerle pagar las consecuencias. Eso es todo.

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Ecuador: Entre las chambonadas y el golpismo

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Hace muchos años que la política descubrió eso que piadosamente he llamado “chambonadas” y que tiene nombre propio: las provocaciones. Y nadie ha podido, hasta la fecha, precisar hasta dónde una estupidez es solamente tal o si es una provocación. O las dos cosas de la vez.

Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad que, antes de lanzar una idea, un proyecto, una tesis, hay que pesar si el tiempo es oportuno, si la propia idea no puede volverse un bumerang, qué se puede ganar o qué se puede perder. En ideología política hay que tener siempre en cuenta esos detalles; más si se es gobierno, si se está auspiciando una revolución ciudadana y se tiene una oposición dispuesta a todo; y mucho más.

¿Quién diablos lanzó la idea de apropiarse de la frase “prohibido olvidar” y del 30-S tanto como siglas como por ser una fecha histórica del país y una recomendación popular? !Ah si los pueblos del mundo, en su larga historia, hubiesen observado el “prohibido olvidar”!

“Prohibido olvidar” no es una frase que puede adjudicarse como original del Presidente (Rafael) Correa, sin temor a equivocarse. No he podido encontrar, en mi corto archivo histórico, que esa frase haya sido dicha, mucho antes, por Correa o el cantautor panameño Rubén Blades. Muchos pensadores de la humanidad han tratado de decir lo mismo o algo parecido, desde que Sócrates dijo: “solo sé que nada sé” Recuerdo que el chileno Carlos Matus (ex ministro de Salvador Allende) decía de los políticos latinoamericanos “que no sabían que no sabían”. En todo caso, la pregunta sigue en pie: ¿ganan algo el gobierno o su Alianza País, al tratar de proteger esas expresiones en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual?

Otra chambonada: no permitir que la oposición parlamentaria “se luzca” en la Asamblea Nacional, de vez en cuando, con una que otra denuncia. Yo estoy de acuerdo en que, en el pasado reciente (el ex Congreso Nacional) la mayor parte de las llamadas “fiscalizaciones legislativas” no pasaron de una payasada política, de la peor especie. En estos tiempos, asambleístas como Lara o Viteri, lo que buscan es el espectáculo. De las poquísimas veces que he estado en el Parlamento (una vez) el legislador Viteri, cuando le tocó hablar los 10 minutos que el Presidente de la Asamblea daba a cada legislador para que digan lo que les dé la gana sobre un asunto en debate, se gastó todo ese tiempo en despotricar del Gobierno de Correa acusándole de que en la adquisición de unas medicinas no habían calificado a una farmacéutica y habían comprado unas pastillas al doble de lo que ofrecía la tal firma descalificada. No dijo una sola palabra sobre las razones por las que descalificaron a la firma; ni, si en la propuesta desechada, constaba tal cual la oferta. Lo que es más significativo, no dijo ni pío sobre la materia en debate.

Pienso que el grupo “oficialista” de la Asamblea, no pierde absolutamente nada si les da a estos legisladores “un chance” de lucimiento, de vez en cuando. Puede convocarse, para ello, un sábado o un domingo o un lunes, muy temprano, de manera que el parlamento no pierda su tiempo (ni los ecuatorianos y ecuatorianas) Al frente, deberá estar alguien (legislador o ministro o técnico) lo suficientemente enterado y preparado para dejar en calzoncillos al legislador denunciante, si en realidad no tiene fundamento alguno. Y si lo tiene (lo cual es muy difícil) pues aprovecharse de la ocasión para salir de uno, o dos, o tres funcionarios de gobierno, que le están haciendo quedar mal.

¿Cuáles los resultados finales?: que la pobre y escuálida oposición (desde el punto de vista intelectual) tiene, gratis, el argumento de que los gobiernistas han socapado a sus “corruptos” y no han permitido que se destapen los malos olores de la “revolución ciudadana” Solo como comparación, pienso que se repite el viejo episodio del ladrón de calle que corre gritando a todo pulmón “cojan al ladrón, cojan al ladrón” Si habría dos dedos de frente, se habría dado paso a tales denuncias, se hubiesen lucido los inculpados y habrían vuelto a quedar mal los denunciantes.

Si de chambonadas hablamos, ninguna como la de las “renuncias voluntarias obligatorias” en el sector público. Aquello, en primer lugar, no fue original del movimiento Alianza País. Hace ya un par de décadas, el arquitecto Sixto Durán Ballén y sus empresarios ensayaron algo semejante. ¿Resultados? Pues no sé si se hayan hecho análisis serios y exhaustivos sobre el tema; pero, de lo que se sabe, muchos de los que supuestamente fueron despedidos del sector público, con una buena indemnización, regresaron a él, más rozagantes que antes. Tampoco devolvieron al Estado sus indemnizaciones.

En el caso actual, se fueron muchos que debían irse (o no trabajan bien, o querían seguir trabajando solo 4 horas diarias o debían jubilarse ya) pero se lo hizo tan mal, que se ha dado a la oposición (siempre falta de buenas razones) un argumento para que, a través de los medios de comunicación del sistema, le tachen al gobierno de la revolución ciudadana, de perverso, de arbitrario y de anti obrero. Todo porque esperaron que haya la natural protesta ciudadana; y no dieron a conocer sino después de producido el escándalo, que se trataba de salir de una serie de burócratas que estaban atentando contra el gobierno, contra el país. ¿Cuándo no?

Dicen esta y anteriores constituciones que todos los habitantes de este país, llamado Ecuador, somos iguales ante la Ley. Mentira. Los “sipianos” (de la SIP-CIA) demandan para si un tratamiento muy especial. A título de defensores de la libertad de expresión (que es de todos y todas; no solo de ellos) dicen que no hace falta una ley de comunicación. Y vamos para tres años que los asambleístas de oposición (con el Sr. César Montúfar a la cabeza) se dan el lujo de impedir, por todos los medios a su alcance, que se dicte esa ley. Y no les pasa absolutamente nada. Se burlan no solo de un mandato constitucional sino que se limpian con un mandato expreso del pueblo ecuatoriano (mayo 7/2011) Y nadie en Ecuador puede asegurar que estos tíos, algún día, sean sancionados como se merecen. ¿Es eso ser iguales ante la ley?

Digo esto también porque, siendo partidario a medias de la famosa “inmunidad parlamentaria” con frecuencia se torna en “impunidad” Es decir, los asambleístas son personas especiales, especialísimas, ante la ley y el orden que dicen defender. Me confieso partidario de la “inmunidad parlamentaria” en tanto y cuanto a este (o esta) se le garantiza el que pueda denunciar, defenderse o exigir respeto para su integridad física y moral. Los revolucionarios, de todos los tiempos, se han jugado la vida por igual fin (recuerdo a los tupamaros uruguayos; sino que le pregunten al actual Presidente de ese País, don José Mujica) Reconozco que de no haber esta inmunidad, todos los días, tendríamos un legislador o legisladora en la cárcel, en el exilio o muertos. Y, a veces, ni así. Pero tan poco el legislador es un ser especial que merece siempre la impunidad. Y aun cuando se parecen los dos términos (inmunidad e impunidad) no son lo mismo. La impunidad hace que los legisladores sean especiales, frente a sus semejantes; no son iguales ante la ley, ante los reglamentos, ni ante la misma constitución.

La chambonada está en que el legislativo debió aprovecharse de los afanes reformistas de la llamada oposición y tomar al toro por lo cuernos; debió haber limitado a sus reales límites esta facultad. Un legislador (ra) tiene que tener inmunidad para sus actos legislativos; pero no tiene que tener impunidad alguna para otros decires. No tiene ningún derecho para insultar a nadie, para calumniar impunemente a ningún habitante del Ecuador. Y si lo hace, pues tiene que asumir sus responsabilidades ante los jueces competentes, sin ningún permiso de la Asamblea Nacional. La gran chambonada está en que gentes de no creer se sumaron a eso que se llama “espíritu de cuerpo” Y no fueron capaces de comprender que una cosa es ser inmune parlamentariamente; y otra, muy diferente, que ser impune totalmente. ¿Por qué a nosotros, los seres comunes y corrientes, no se nos dan iguales licencias?

Sé que es difícil lo que propongo; pero habría que recurrir a un constitucionalista a fin de que convierta en preceptos constitucionales lo que quiero decir. Que el legislador tiene una inmunidad para el ejercicio de su cargo: pero no tiene ninguna impunidad para insultar al que quiere y para que no pueda ser enjuiciado civil y penalmente, por lo que ha dicho y ha repetido. En concreto, creo que este límite (muy delicado, por cierto) debe ser establecido de manera que el legislador y otros personajes no tengan ninguna impunidad frente a clamorosos hechos delincuenciales. Por decir algo, si sostiene que fulano de tal es un corrupto cualquiera, está obligado a dar pruebas de lo que está denunciando; o, por lo menos, indicios de lo que está diciendo. El ciudadano (na) agredido estaría en su derecho de iniciarle una acción penal (por injuria grave, calumnia o acusación infundada) sin necesidad de contar con la autorización del parlamento.

¿Otra chambonada de relumbrón? La bronca porque el Municipio de Guayaquil (más bien dicho, el Alcalde Nebot y sus muchachos) le dediquen un busto a su líder, León Febres Cordero Rivadeneira. El pretexto es que se pretende (como en efecto ocurrirá) poner el tal busto en un lugar que es patrimonio nacional; y ese busto “va a afear el paisaje guayaquileño” Pregunto inocentemente: ¿no va a afear la historia nacional entera si se le dedica un busto a quien ha sido señalado por la Comisión de la Verdad como el régimen “democrático” más violento de los últimos tiempos? Pero ese es un asunto del presente y del futuro de todos (das) los ecuatorianos. Pero, ¿se gana o se pierde algo si el busto del ex dueño del país es colocado en un sitio patrimonial o en el municipio de Guayaquil o en cualquier otro lugar? Es cuestión de tiempo. ¿Qué tal si mañana o pasado, los mismos guayaquileños le ponen al busto un letrerito que diga, por ejemplo: “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”?

Mientras, la oposición (que es una colcha de retazos) gana adeptos. No digo que ya (las últimas encuestas le dan a Rafael Correa amplia ventaja frente a sus posibles contendores) pero, quién sabe si después de un año, en base a chambonadas ¿esta oposición es algo parecido a una real oposición? Y todos terminamos perdiendo lo poco o mucho que hemos ganado en estos últimos 4 años y más.

Porque la chambonada mayor es creer que la derecha (en especial la ultra) está dormida o es imbécil. Al contrario: la derecha piensa, actúa y tiene los recursos que le permiten ir para adelante, al menor descuido. No es solo un decir: que la oposición, desde hace rato, tiene dos alternativas: las elecciones (alternativa muy difícil pero no imposible) y el golpe de estado. Ya lo intentaron el 30-S (ojalá no me enjuicie el señor Alvarado por este uso) y lo seguirán intentando mientras puedan: y sobre todo, si la parte contraria le da un chance, que para eso son las chambonadas.

Y no hay que olvidar nunca (prohibido olvidar, con el permiso del señor Alvarado) que la derecha, cuando vuelve al poder (por la vía de las elecciones o por tl golpe de estado) suele ser brutal. El problema es que la derecha no sabe perdonar. Y su cuchillo es más largo que el de los “sacapintas”.

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Ollanta Humala y el laberinto de sus aliados de “izquierda”

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

En junio del 2006 escribí un articulo de crítica a los personajes de la» izquierda oficial” peruana que durante la campaña presidencial del 2006 se subieron al carro electoral del comandante Humala. Llamaron a votar por este militar acusado de crímenes y torturas. Ese artículo revive en el 2011 cuando esos mismos personajes vuelven con más decisión y repiten su apoyo por este militar que ganó las elecciones presidenciales y actualmente se perfila represivo y se dirige a instaurar un régimen de dictadura militar “constitucional”.

Estos personajes, algunos con muchos años encima y hasta jubilados fraudulentamente siguen desfilando bajo la misma bandera de estafas electorales y de servilismo político. Por ejemplo, uno de estos personajes es Gustavo Espinoza Montesinos, quien en junio del 2011 saludando el triunfo electoral de Ollanta Huama dijo: “Estamos al pie de la esperazas… primera vez en la historia patria que un movimiento popular progresista y avanzado logra hacerse del gobierno”. Pero el delirio de Espinoza fue mas lejos cuando señalo que con el triunfo de Humala, había llegado finalmente a “nuestras playas una verdadera revolución” que por las condiciones en las que se desarrolla “es más avanzada y apunta al socialismo”.

La lista de estos personajes es enorme. Solo para mencionar algunos de ellos, ahí está Hugo Blanco, Javier diez Canseco, Raúl Wiener, los dirigentes de la Confederación General de trabajadores del Perú (CGTP), el grupo “Patria Roja” y otros que desde el 2006 se enrolaron en el proyecto reaccionario del “nacionalista” Humala. El tiempo no ha modificado en nada la conducta política de los grupos y personajes de la izquierda legal del Perú. Bajo el pretexto del “mal menor”, han manipulado a las masas y las han llevado tras el carro electoral de los candidatos de los grupos de poder y del imperialismo. Usan un discurso cínico cuyo objetivo es servir al gobierno de turno. Su método es el mismo. Se venden en cuerpo y alma al nuevo gobernante. Usan loas y los mejores calificativos para justificar su servilismo.

Pero cuando el presidente de turno que ellos contribuyeron a llegar al poder, inicia su ciclo reaccionario y de represión, la “izquierda” hace contorciones y con facilidad se declara “oposición”. Pero tal “oposición” es inexistente. Su objetivo en este periodo es infiltrar una vez las masas y sobre todo los sectores en conflicto y desde el interior desviar la lucha popular. Un ejemplo reciente de esto es el conflicto del pueblo de Cajamarca y la actitud represiva del militar Ollanta Humala. Ahí acaba de hacer su ingreso los personajes de izquierda, quienes desde la CGTP o de sus magras organizaciones “amenazan” con movilizarse contra el gobierno de Humala que ellos llevaron al poder. Por Ejemplo, Hugo Blanco quien durante la campaña electoral dijo “yo voto por Humala” acaba de hacer un llamado para “ponerse del lado de los hermanos cajamarquinos contra el presidente que los traicionó”. Aquí no hay ninguna traición, el mas despistado en política podía saber que este militar no era otra cosa que la continuación de los gobiernos anteriores.

La izquierda de don Jacinto Peláez y el voto por Humala

Y cuando ustedes piensan con justa razón que la izquierda peruana, maltrecha y despreciada por tantos engaños y amores ingratos, aprendió la lección y que ahora no hay héroe o villano que le tome el pelo, se equivocan de cabo a rabo. Ahora en pleno 2006, con ojos moribundos y lastimeros de tantos fracasos, mira con destellos libidinosos al comandante Ollanta Humala, también fornido, de gruesas palabras y ducho en manejo de armas

La izquierda peruana, mejor dicho los minúsculos retazos de lo que ayer se llamaba "izquierda unida", nos hace recordar a la joven desdichada y sin suerte de la novela de don Jacinto Peláez (*). La pobre chica, narra don Jacinto, ya no era virgen como para sentirse orgullosa, y a golpe de engaños y mentiras tenia diez hijos de diferentes progenituras. Su vida era triste y errante, maltrecha, y sin belleza nadie la tomaba en cuanta, ni siquiera para contarle un nuevo cuento. Qué tristeza había en su vida.

En 1985, como doncella en flor, abrieron los ojos y se entregaron a Alan García Pérez, en quien vieron al buen mozo, joven y fornido que les deparaba un destino confortable y prometedor. Pobre izquierda, y ahí fue engañada, por decir una frase de la novela de don Jacinto Peláez. Después, cuando pasó los 9 meses y se dieron cuenta del engaño ya era tarde. Lloraron y gritaron derechista y reaccionario. Poco tiempo después, en 1990 apareció como un príncipe encantado Alberto Fujimori, un chinito con saco y corbata que les crispo el corazón y el flechazo fue a primera vista. La izquierda, un poco en sueños y un poco en la realidad, navegó en los oropeles del poder. Engañada vilmente por García Pérez, llamó a votar por el pretendiente Fujimori. Dijeron que éste era el “candidato del pueblo”. Y ahí nuevamente volvió a ser miserablemente engañada. El chinito salió más mentiroso que el propio García, y como narraría don Jacinto Peláez, esta infeliz moza cayó una vez más en las lujurias de sus ambiciones.

Pero no crean que esta desdichada izquierda aprendió la lección, y como dice con sabiduría don Jacinto, "gallina que come huevo así le corten el pico", volvió a repetir la historia. En el 2001, sin ningún remordimiento de por medio, quedo hechizada por los encantos y promesas que le cantó en las orejas don Alejandro Toledo, al que esa izquierda, la que ahora vive como alma en pena, lo llamó el "cholo" y el gobierno de todas las sangres". Lo que vino después ya es historia conocida, y la pobre izquierda como la deidad embarazada se quedó esperando el paso de algún otro marchante que le reconozca el hijo.

Y cuando ustedes piensan con justa razón que la izquierda peruana, despreciada por tantos engaños y amores ingratos, aprendió la lección y que ahora no hay héroe o villano que le tome el pelo, se equivocan de cabo a rabo. En pleno 2006, con ojos moribundos y lastimeros de tantos fracasos, mira con destellos libidinosos al comandante Ollanta Humala, también fornido, de gruesas palabras y ducho en manejo de armas. El amor es ciego, y esta izquierda pasó por alto que este militar tiene las manos tintas en sangre por el asesinato de varios pobladores de Madre Mía en el Alto Huallaga cuando era uno de los jefes militares del fujimorismo. Humala le robó el corazón a esa desdichada izquierda que sin respingo llamó a votar por el ex militar fujimorista. Y los recuerdos son simples recuerdos, y para qué acordarse de García Pérez, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, son malos momentos del pasado y nada más. En todo caso, como se dice don Jacinto Peláez, no hay primera sin segunda, y en penas y amores son muy pocos los entendidos.

Pero al margen de la historia novelesca y pueblerina de don Jacinto Peláez que el tituló "Las palomas se fueron volando", es bueno aterrizar en los hechos actuales y recordar que esta izquierda no tiene nada de inocente.

Los aparentes engaños fueron consentidos y en ese sentido no hubo delito de la parte contraria. Su trayectoria, si bien es cierto es deprimente como para ponerse a llorar, es simplemente oportunismo rastrero hacia el poder de turno. El carácter ideológico de su conducta es evidente y se trata que esta izquierda, ya no es izquierda, o en todo caso se trataría de la izquierda de la derecha peruana. En estos últimos 30 años ha buscado cualquier pretexto para colaborar con los regimenes de turno. Así vieron en García Pérez, el radical contrincante de la derecha peruana, y así vieron en Fujimori, el opositor por excelencia de los grupos de poder liderado por el escritor Vargas Llosa. Y así vieron en Alejandro Toledo, al líder de los pobres y de los sectores democráticos del Perú. Y así vieron en 2006 a Ollanta Humala, al antiimperialista y el "grito y la esperanza de los excluidos, de los pobres que exigen un cambio del modelo económico". Sinesio López, antiguo dirigente de izquierda unida, acabó como funcionario del gobierno de Toledo.

Lo que hay que tener en cuenta en la cándida historia de esta izquierda, es que su deprimente conducta para arrastrarse tras los candidatos de turno de los grupos de poder, va paralelo a su descomposición y crisis interna que se acentúa cada vez más. Basta mirar sus resultados electorales para saber que no representan a ningún sector de trabajadores ni del pueblo. En el terreno político, sindical y popular no tiene ninguna vigencia. Ha perdido cualquier significación en las luchas populares, y al contrario esta izquierda es responsable directa de que los asalariados peruanos hayan retrocedido, hablando de conquistas sociales y salariales, a la década del 60. Sus traiciones y sus componendas con los gobierno de turno, ha hecho del movimiento sindical y popular, un amasijo desclasado, que sirve exclusivamente para el circo electoral, pero no para la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores y el pueblo.

La lista es larga de nuestros "izquierdistas" devenidos en "humalistas", y solamente queremos terminar esta nota señalando que la conducta sin principio y sin ningún tipo de moral política de estos personajes, configura la grave situación política que vive el Perú. No hay salida a corto plazo para las clases populares. El pueblo seguirá siendo masa miserable para los grupos de poder. La carencia de dirección política es evidente, y mientras no aparezca una organización capaz de dirigir las luchas populares, las graves condiciones de crisis de la sociedad seguirán en desarrollo. Y en ese marco de descomposición de la sociedad y del Estado, los procesos electorales solo son instrumentos que utilizan los grupos de poder y el imperialismo para poner a tal o cual a sátrapa en el gobierno. Ahora es el turno del “nacionalista” Ollanta Humala, quien como previmos antes de su triunfo electoral, seria la continuación del gobierno fujimorista y aprista. Sin duda este gobierno es la continuación de la militarización del Perú.

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Gobernar es criminalizar

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Parafraseando a Juan Bautista Alberdi, el Gobierno Nacional se dispone a instalar el paradigma de la criminalización de la protesta social mediante una modificación al Código Penal, conocida como Nueva Ley Antiterrorista, tras haber incorporado la figura de la asociación ilícita terrorista, en el Art. 213 ter y de su financiación, en el Art. 213 quater del mencionado cuerpo legal, en sendas modificaciones realizadas en 2005 y 2007.

Tras la decisión política de alinearse con el G20, implementando los mandatos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, una vez más vuelve a redefinirse el antiterrorismo como herramienta para la criminalización de quienes hoy ejercen su derecho a reclamar ante las autoridades, de acuerdo al Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, como producto de las políticas estatales en materia socio - económica y de los caprichos empresariales en este "capitalismo en serio", el cual no deja de serlo y que sigue matando con la megaminería, los agrotóxicos y las patotas.

Sin dudas, se trata de la construcción de un paradigma jurídico que propone calificar de terrorismo a todo aquel reclamo social efectuado por la ciudadanía y cuyos efectos políticos son indudables, por cuanto se anticipan a la previsible oleada de reclamos sociales y laborales que se avecinan.

Con más de 5.000 luchadores procesados por luchar; 16 muertos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, según la Presentación 2011 de CORREPI y la tercerización de la represión, a manos de patotas sindicales, se advierte el doble discurso oficial sobre los Derechos Humanos.

Cabe recordar que el actual Senador Nacional Aníbal Fernández, cuando era Ministro del Interior del extinto ex - Presidente, en audiencia concedida a José "Pepino" Fernández, de la UTD Mosconi de Salta, que lo iba a perseguir con el Código Penal. Estamos hablando del año 2004 y sería el principio de la estrategia kirchnerista para el control social.

Las premisas enunciadas por la Presidenta de la Nación durante su discurso ante la Asamblea Legislativa referidas a la reafirmación del "modelo", que actualmente se basa en la megaminería y en la sojización de la economía, junto a la calificación del derecho de huelga, como un derecho que "no (es) de chantaje ni de extorsión" constituyendo una clara amenaza a las y los trabajadores, y la reafirmación del neoliberalismo educativo, a través del concepto de "calidad" y ahora, de la "evaluación docente" permiten afirmar un nuevo giro a la derecha, basándose en un amplio colchón electoral.

Sin embargo, la legitimidad obtenida puede diluirse en poco tiempo. Lo cierto es que, teniendo en cuenta el actual contexto internacional, la economía nacional ha de sufrir sacudones que el pueblo sentirá a partir del año próximo. De allí, la necesidad de contar con un instrumento jurídico para el control social como el que se propone.

No obstante, el proyecto fue criticado desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y por Horacio González, Director de la Biblioteca Nacional; ambos, de clara filiación kirchnerista.

Lo jurídico

Más allá de la salvaguarda introducida en el proyecto, con respecto al ejercicio de los derechos constitucionales, que constituye un mero "maquillaje" con respecto a las verdaderas intenciones de la reforma al Código Penal, puede advertirse la indefinición acerca del terrorismo.

¿Qué es terrorismo?. Es la pregunta que se formula en cada declaración de los organismos de Derechos Humanos y de las
organizaciones sociales. "Aterrorizar a la población" es un concepto que, en términos jurídicos, resulta ser lo que se llama "difuso". Resulta tan amplio y vago, que puede ser interpretado de distinta forma por la Justicia Federal que, como se sabe, responde al Gobierno Nacional en su gran mayoría.

Y aquí aparece la otra gran problemática. La calificación de un hecho, o varios, como terrorista, conllevará la inmediata detención de quienes fueron acusados por éste, los que deberán demostrar que se efectuó en el ejercicio de un derecho constitucional. Vale decir, se invierte la carga de la prueba. Con jueces que suelen sintonizar con los intereses oficialistas; algunos de ellos, con origen dictatorial, la aplicación de la norma a sancionarse puede llevar a la violación sistemática de Derechos Humanos debido a la errónea interpretación judicial.

Al ser penas superiores a 3 años, por los agravantes que se pretenden introducir, no es posible la excarcelación y en consecuencia, pasarán años para que las y los acusados queden en libertad.

Si bien se establece la competencia de la Justicia Federal, nada impide que una causa promovida por los gobiernos provinciales pueda ser derivada a ella. No va a ser la primera vez, ni la última por cierto, que un expediente judicial sea objeto de una controversia por la competencia sobre su tratamiento.

Lo político

Indudablemente, la reforma que se promueve pretende asegurar el disciplinamiento social. La misma Presidenta y sus Ministros vienen sosteniendo que, como existe una clara política social favorable a los intereses populares, no hay razón para la protesta. Craso error. Todavía existen problemáticas que no han sido solucionadas, tales como el desempleo de los mayores de 40 años; la precarización laboral, existente tanto en el Estado como en el sector privado, entre contratos de locación de servicios y el empleo en negro; la falta de vivienda y de tierra, que llevó a las muertes en el Indoamericano y en Ledesma (Jujuy), al igual que la muerte de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, afectando la vida de colectivos sociales sumergidos como los pueblos originarios y los campesinos y la ausencia de una verdadera política de Estado en materia de Discapacidad, donde las omisiones son gravísimas y que afectan desde el derecho al transporte, pese a la creación del Centro de Reservas de Pasajes; pasando por el derecho al trabajo, debido al incumplimiento del cupo laboral del 4 % en la Administración Pública Nacional, el que se pretende transferir a las empresas de servicios públicos privatizadas, al derecho a la salud y a la educación, donde son evidentes los incumplimientos del Estado y de entes obligados a la prestación de servicios socio - sanitarios, como las obras sociales.

Parece ser que gobernar es criminalizar, bajo la excusa de la gestión de un gobierno nacional y popular que no merece reproches ni protestas. Es la premisa que se quiere imponer a toda costa, con los habituales levantamanos en el Congreso Nacional. Cualquier semejanza con el menemismo no es casualidad, sino causalidad. Resulta harto visible que se pretende profundizar el control social, cuando los conflictos sociales vienen en aumento.

La aparición de listas negras en Famatina, Provincia de La Rioja, es un síntoma que no conviene perder de vista. Una típica operación de inteligencia como en la época de la dictadura que puede llevar a la criminalización de las y los vecinos por oponerse a la megaminería. Ni hablar de los conflictos docentes, los cuales son pasibles de ser criminalizados ante el menor atisbo de paros en reclamo de sus derechos. En suma, porque hay más colectivos comprendidos, se trata de ampliar la dominación para gobernar.

Lo que se viene

Desde 1983, no se había visto una avanzada similar contra los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, el avance de esta reforma coincide con el recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Evidentemente, el Gobierno Nacional teme a esos fantasmas y por ello, decidió impulsar esta reforma que arrasa con el Art. 14 de la Constitución Nacional.

Parece ser que no escuchan. Hasta han calificado a las corridas bancarias como "terrorismo". ¿Harán la misma calificación para los conflictos que se avecinan?

Al igual que durante el menemismo, el capricho oficial se impone. No le importan los derechos, tan sólo gobernar a su libre albedrío. Algo que no se condice con su autoproclamación de "gobierno de los Derechos Humanos". Ocurre que ahora se sincera: defiende los Derechos Humanos de las empresas mineras, de la sojización, de la UIA y de los empresarios inescrupulosos que siguen explotando a las y los trabajadores.

El pueblo, bien gracias... Que siga esperando... Pero cuidado, que él hará tronar el escarmiento al igual que en el 2001 por más que quieran eludir esos fantasmas...

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El gobierno siente que "no hay peor astilla que la del mismo palo"

Emilio Marín (LA ARENA)

El Congreso dio media sanción a leyes importantes esta semana. Pero quizás lo más significativo, en política, fue el choque casi frontal de Hugo Moyano y la CGT con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En la relación política de Cristina Fernández y Hugo Moyano es difícil precisar la fecha y hora del divorcio. Era un vínculo desgastado, ante propios y extraños. Se mandaban mensajes poco amigables por los diarios. Los amables componedores no pudieron inducirlos ni siquiera a una tregua.

Golpeó primero la presidenta. Ante un selecto grupo de empresarios, en la antesala de la 17º Conferencia de la Unión Industrial, blanqueó su negativa al proyecto cegetista de distribución por ley de las ganancias. Esa opinión la volcó minutos más tarde ante la platea empresaria donde mandan el textil De Mendiguren, el automotriz Rattazzi, el siderúrgico Rocca, el azucarero Nicholson, el caramelero Pagani y otros pesos pesados.

La palabra presidencial, endulzada con críticas a las supuestas extorsiones sindicales, fue rabiosamente aplaudida por la UIA. Hubo "sintonía fina" entre la política y esos empresarios top.

Moyano pegó de contragolpe. Este jueves, festejando el Día del Camionero, reunió a 50.000 afiliados en la cancha de Huracán y dio un discurso de 47 minutos que dio que hablar al país político y los medios.

El camionero ratificó que quiere discutir paritarias en 2012 sin techos y con el índice del supermercado (desechando al Indec). Insistió con el proyecto Recalde de distribución del 10 por ciento de las ganancias empresarias. Pidió la suba del monto del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que hoy fulmina a los solteros con ingresos de más de 5.782 pesos y a los casados con más de 7.998. En Azopardo 802 quieren que se exceptúen a quienes ganan menos de 12.800 pesos, lo que luce como justo. El gobierno nacional no lo concede: para desairar al líder gremial y porque ese impuesto es el segundo que mayor recauda, detrás del IVA.

El pago urgente de la deuda que el Estado tiene con las Obras Sociales, por 12.000 millones de pesos, fue otro golpe de puño sobre la mesa. El orador amagó con ir a la justicia para que paguen esa suma quienes hoy "se hacen los distraídos".

Estos planteos reivindicativos, poco simpáticos en los oídos presidenciales, no hubieran precipitado una ruptura. Los conceptos políticos de Moyano, en cambio, sí tuvieron ese resultado. Dijo cosas fuertes, como que del 54 por ciento de los votos para la presidenta, los trabajadores habían puesto el 50 y no "los niños bien" (por La Cámpora). Que el mejor gobierno de la historia había sido el del general Perón, bajando al actual del podio. Y que renunciaba a los cargos en el PJ (vicepresidente 1º del Consejo Nacional y presidente en el PJ de Buenos Aires tras la enfermedad de Alberto Balestrini) pues lo calificó de "cáscara vacía". Alegó que las decisiones se tomaban en otro lado. No hacía falta preguntarle dónde.

El derecho a huelga

Varias demandas de Moyano tienen su razón de ser. Su posicionamiento político, en una vereda cada vez más opositora, es más cuestionable.

El camionero se queja de que las huelgas obreras y medidas de protesta son descalificadas como "boicot" y "extorsión". En eso no falta a la verdad, pues desde 2009 Cristina Fernández viene cuestionando esa forma de lucha de los portuarios de Rosario, los petroleros de Santa Cruz, los obreros de Kraft, los empleados del Subte y Aerolíneas, los cortes de Uatre, etc.

Se puede estar de acuerdo con la admonición presidencial, pero a la vez considerar que la protesta del conductor de la CGT es al menos parcialmente válida. A veces hay una cerrazón del gobierno nacional que lo lleva a rechazar de plano lo que venga de la CGT, o de otros organismos en otros asuntos.

Por ejemplo, Diputados votó el jueves el proyecto de ley antiterrorista, duplicando las penas mínimas y máximas previstas en el Código Penal para los delitos donde se impute finalidad terrorista. Es tan atroz la norma, votada con apuro, que -como alegó un diputado opositor- el delito de homicidio, penado con entre 8 y 25 años de cárcel, se llevaría a 50 años, en tanto muchos genocidas, condenados por asesinatos y delitos de lesa humanidad, reciben penas de 25 años de prisión.

Esas incoherencias, producidas por el ánimo de ser obedientes con lo que piden Washington y el GAFI, hicieron que muchas entidades de derechos humanos, sociales y políticas rechazaran ese proyecto gubernamental. Entre los firmantes estaba el CELS presidido por Horacio Verbitsky, un firme defensor de la gestión cristinista. Es de esperar que por esa crítica política, al autor de "Robo para la Corona" y otros best-sellers no lo pongan en el índex junto a Moyano.

Algunas críticas voceadas por la tribuna sindical tienen sustancia. Y más allá del uso político que Moyano quiera darle, implican una defensa de derechos de los trabajadores. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, replicó aquellas acusaciones. Dijo que para defender a los trabajadores hay que apoyar a este gobierno que creó 5 millones de puestos de trabajo. Cierto y falso. Cierto que generó más o menos esa cantidad de empleos, aunque el 34 por ciento del trabajo sigue siendo informal. Falso que no se puedan tener reivindicaciones y apelar a medidas de fuerza para lograrlas, con este y aún con gobiernos mejores que pueden llegar en el futuro.

"La democracia es conflicto" dijo más de una vez la mandataria, acertadamente. Es así. Con los aliados y aún adversarios del ancho campo nacional hay que dar el debate, incluso áspero, pero no pedir la intervención del gremio APTA y cese de personería, por una supuesta medida de fuerza, como decidió la presidenta y tramitó, veloz, Carlos Tomada.

Flancos de Moyano

El pope sindical no es ningún angelito ni bebé de pecho. Nunca lo fue, ni siquiera cuando era joven militante en la derechista Juventud Sindical de Mar del Plata y, según versiones, en la fascista Concentración Nacional Universitaria, CNU, la que asesinó a la estudiante de Arquitectura Silvia Filler.

Pero mejor no irse por las ramas del árbol poli-genealógico del personaje. Pregunta: ¿su crítica del jueves habría sido tan filosa si la presidenta le concedía varios lugares en la lista de legisladores y de autoridades provinciales para la última elección? Respuesta: no. Lo más probable es que hubiera seguido en el Consejo de PJ y bajado los decibeles a los reclamos gremiales.

Conclusión

El capo de la CGT no es un gremialista y político nacional-democrático, más aún laborista, que lucha por programas y objetivos propios del movimiento obrero. A veces lo hace, como cuando respaldó a la resolución 125 o cuando denunció la Banelco, pero su proyecto general son los espacios de poder a conquistar para su grupo y defenderlos a como de lugar.

El camionero es un gremialista burocrático pero también empresario. Su deslinde de la empresa Covelia, cuando juró que no tenía nada que ver con esta ganadora de tantos contratos en municipios bonaerense y en asociación sui generis con Crese de Córdoba, dejaron muchas dudas. La justicia suiza pidió informes y el aludido tuvo la defensa del gobierno y su cancillería. Si era por lo que decía Moyano, daban ganas de decirle: "no aclare que oscurece". En su urgencia y torpeza hasta imaginó un paro con movilización a Plaza de Mayo.

Otro flanco moyanista quedó al descubierto en Huracán, porque una cosa es reclamar al Estado que pague la deuda con las Obras Sociales y otra muy distinta es jurar por la inocencia de Gerónimo Momo Venegas y Juan José Zanola que administran esas entidades en forma cuestionable. La justicia los ha imputado y procesado por desvíos de fondos, mafias de medicamentos y otras yerbas. El titular de la Asociación Bancaria viene de recuperar la libertad tras dos años y medio de prisión, luego de poner una fianza de 700.000 pesos.

En vez de deslindarse de estos desprestigiados personajes del mundo sindical, quizás Rodolfo Walsh habría tipeado "hampa sindical", el orador del jueves los defendió como si fueran luchadores perseguidos injustamente. En el país hay 5.000 procesados por defender empleo, salario y condiciones de trabajo, por reclamar tierras y viviendas, etc. El proyecto de amnistía a esas personas duerme el sueño de los justos en el Congreso y ojalá que el actual lo ponga en la agenda. Entre esos miles de procesados por luchar no están Zanola ni Venegas, imputados por lucrar, una diferencia abismal de una sola letra. Y José Pedraza, otro miembro de la cofradía, sigue tras las rejas acusado de organizar un crimen.

En vez de poner distancia con estos personajes, Moyano los defendió. Más, adoptó una posición similar, reaccionaria, al ordenar que los dos diputados nacionales que le responden votaran en contra del proyecto de nuevo Estatuto del Peón. La Sociedad Rural y la Mesa de Enlace, agradecidas.

Luis Barrionuevo, ejemplo paradigmático del sindicalismo corrupto, operador de Eduardo Duhalde, dijo complacido ante el mensaje de Moyano: "yo ya tengo secretario general de la CGT". Si Luisito dice que tiene ese secretario general, quiere decir que centenares de miles de trabajadores lo han perdido, si es que alguna vez lo tuvieron.

En esos días la presidenta impulsaba la aprobación de leyes progresistas como las del papel para diarios y la de tierras. Corría por izquierda a varios, sobre todo al camionero.

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Derecho de Huelga en la Argentina: ¿Hubo conflictos obreros entre 1946 y 1955?

Leónidas Ceruti (INDYMEDIA)

Entre los temas del discurso de asunción de Cristina Fernández de Kirchner, se han destacado dos. Por un lado, el derecho de huelga, del cual sorprende la falta de conocimiento de la presidenta y de la mayoría de los asistentes al Congreso. Por otro, la conflictividad obrera durante los dos primeros gobiernos de Perón que a muchos les conviene “ignorar”. Contra el olvido, hemos de aportar datos y análisis.



1) Desmemoriados y temerosos

Entre tantos temas del discurso de asunción de Cristina Fernández de Kirchner, dos se han destacado: el derecho de huelga y la conflictividad obrera durante los dos primeros gobiernos de Perón.

Sobre el primer tema, sorprende la falta de conocimiento de la presidenta, abogada, peronista y constituyente del 94, y de la mayoría de los asistentes al Congreso.

Lo que sucede es que muchos historiadores, periodistas, politicólogos no han abordado esas temáticas como corresponde. Ocultan que en la Constitución del 49 no estaba el derecho de huelga e “ignoran” los conflictos obreros durante los dos primeros gobiernos de Perón. Otros utilizan recursos de la oratoria para justificar la ausencia del derecho de huelga.

Por qué sucede eso. Por temerosos, temen ser tildados de gorilas, ahora destituyentes, vendidos a la “corpo”. Por eso recortan la historia y ocultan parte de ella.

Pero debemos ser justos con otros historiadores que han realizado muy buenas investigaciones del movimiento obrero entre 1945 y 1955, y algunos figuran en la bibliografía que utilizamos para este artículo.

Contra el olvido de muchos, hemos de aportar estos datos y análisis.

2) De olvidos, errores y aprietes a los trabajadores

En su discurso, en el Congreso, Cristina Kirchner deslizó: “Alguien me dijo que en la Constitución peronista de Sampay (en referencia a la Constitución sancionada en 1949 y redactada, entre otros, por Arturo Sampay) no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? Ah, no había conflictos con Perón”, se contestó con ironía. Y añadió: “O sea, cuando estaba Perón no había derecho a huelga, digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros”. Señaló entonces que "el derecho de huelga es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada" en 1994 y arremetió que en esta gestión "hay derecho de huelga, pero no de chantaje ni de extorsión".

A modo de respuesta a la Presidenta, la diputada peronista Graciela Camaño afirmó a viva voz en el recinto que "durante el gobierno de Perón no hubo conflictos". Cristina Kirchner le contestó que ella se acordaba del conflicto durante el primer gobierno peronista con los sindicatos ferroviarios, que comenzó en 1950 y recrudeció en 1951, en reclamo de aumentos salariales. Vale recordar que para reprimir la huelga Perón militarizó a los ferroviarios, poniéndolos en la órbita del Ejército. Se despidió y encarceló a los líderes de la huelga, y más tarde dispuso la detención de 2000 trabajadores, de los cuales 300 quedaron presos.


Foto: Imagen de la huelga ferroviaria que comenzó en 1950

Juan Carlos Schmid, quien integra el Consejo Directivo de la CGT y es uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Moyano, salió a contestarle a Cristina Kirchner: “No sé quién la habrá asesorado a la Presidenta. Hubo muchas huelgas durante los gobiernos peronistas. No solamente de los ferroviarios, marítimos y gran cantidad de conflictos que se dieron, y estaba Perón”.

Por otra parte, hay que aclarar que el derecho de huelga está contemplado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Dicho artículo, que contempla los derechos laborales, gremiales y de seguridad social, fue incorporado a la Constitución en la reforma de 1957, luego de que el gobierno de los golpistas del 55 declarara nula la reforma de 1949. Y no como dijo la presidenta desde la reforma de la Constitución de 1994, y dio a entender que hoy rige el derecho de huelga producto de las bondades de El y Ella.

Además, desde hace varias semanas, la presidenta se ha dedicado a criticar a los trabajadores en sus formas y temas de protestas. Primero pidió y recomendó: “Les pido que cuando protestemos lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda circular y llegue a la escuela, al trabajo, para que pueda llegar”- y después solicitó “no complicar la vida a la gente”, ni violar la ley ni utilizar métodos violentos.

Luego, vino aquella descalificación de los empleados de los subtes, cuando haciendo “docencia” desde el atril, rodeada de aplaudidores, criticó las "actitudes egoístas, insolidarias, impropias" de los trabajadores de Metrovías que, a modo de protesta, se negaron a recargar las tarjetas SUBE porque les provoca tendinitis. "Vi a mi viejo trabajar en el colectivo, tenía que sacar boleto por boleto. Laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada". "Estos de la tendinitis son a los que les reconocimos la libertad sindical. Les pido a todos los argentinos que tienen responsabilidades, que trabajan, que estudian, que están arriba de un arado, que pensemos un minuto no sólo en nosotros mismos", sostuvo.

Y, en su último discurso, renovó su reclamo a docentes, petroleros y a los gremios que hacen huelga: a eso lo ve como un chantaje o una extorsión, y no como un derecho. Como pasó muchas veces, se les reclama a los trabajadores “responsabilidad y evitar así la enorme pérdida económica que provocan esas medidas”. Ese pedido a los docentes ya lo había realizado en 2007. Por entonces, les había solicitado que no atentaran contra el cumplimiento de los días de clase.

3) Derecho de huelga y el artículo 14 bis

Carlos Marx escribió que "El capitalista (...) se ha ganado en el mundo una buena fama como hombre excéntricamente apasionado de lo que llama la libertad de trabajo. Es tan fervoroso partidario de dar a sus obreros, sin distinción de edad o sexo, la libertad de trabajar para él todas horas del día, que ha rechazado siempre con la mayor indignación toda ley fabril que pueda coartar la libertad. La sola idea de que un sencillo trabajador pueda ser tan infame como para proponerse un fin más alto que el de enriquecer a su patrono y Señor, a su superior natural, le produce escalofríos. No quiere solamente que sus obreros sigan siendo míseros siervos, sobrecargados de trabajo y mal pagados, sino que quiere además, como todo esclavista, que sus trabajadores sean siervos que se arrastren a sus pies, sumisos, moralmente avasallados, religiosamente humildes y de alma contrita. De ahí la furia verdaderamente demencial que en él provocan las huelgas. Una huelga es para él una verdadera blasfemia, una revuelta de esclavos, la señal del diluvio universal social en castigo de sus pecados". (1)

Es por eso que las luchas y reclamos por el derecho de huelga tiene una larga historia a nivel mundial y también en nuestro país. En la Constitución sancionada en 1853, y en las posteriores modificaciones, el derecho de huelga no apareció hasta 1957.


Foto: Acto de proclamación de la Constitución de 1949

En ocasión de la sanción de la Constitución de 1949, definida como una Constitución Social, en la primera sección del Artículo 37, fue conocido como el Decálogo del Trabajador, integrado por 10 incisos, pero no estaba incorporado el derecho de huelga. Lo que sí se incluía era lo referido a los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Además, incluía una gran cantidad de derechos y garantías, relacionados con el progreso social y económico. Entre ellos: el derecho de reunión (art. 26), la prohibición de discriminar por raza (art. 28), los derechos del trabajador (art. 37, I), la igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II), el bien de familia (art. 37, II), la patria potestad compartida (art. 37, II), los derechos de la ancianidad (art. 37, III), la educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV), la autonomía universitaria (art. 37, IV),la función social de la propiedad (art. 38), la estatización del comercio exterior (art. 40), la nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40), la estatización de los servicios públicos (art. 40), el voto directo (arts. 42, 47 y 82). (2)

Anteriormente, se había discutido la inclusión del derecho de huelga en la Constitución y, en la década del 40, tanto socialistas como peronistas se opusieron a incluir el derecho de huelga en la Constitución para evitar la reglamentación y limitación del mismo; los radicales intransigentes por el contrario, proponían su inclusión y las atribuciones de los sindicatos; los conservadores impulsaban la reglamentación legal del derecho de huelga y la distinción entre huelgas legales e ilegales.

3.1) Derogación de la Constitución de 1949

Producido el golpe militar de 1955, el presidente de facto general Eduardo Lonardi mantuvo la Constitución del 49 sin cambios. Poco después se produce un golpe dentro del golpe, asume el general Pedro Eugenio Aramburu quien, el 27 de abril de 1956, dictó una proclama declarando nula la reforma constitucional de 1949, e imponiendo la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.

El 12 de abril de 1957, por Decreto 3838/57, los golpistas decidieron declarar la necesidad de una reforma constitucional y convocar a elecciones para conformar una Convención Constituyente y le impone un lapso sorprendentemente breve, que no puede superar los 45 días, con caducidad automática. La representación se establecería proporcionalmente. La convocatoria prohibió también la participación de los peronistas.


Foto: Derogación de la Constitución Nacional de 1949

3.2) La Convención Constituyente del 57

Posteriormente, el 28 de julio de 1957, se realizaron las elecciones. El pueblo peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron solo 85 bancas.

La Convención Constituyente se reunió en la Ciudad de Santa Fe entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 1957. Al comenzar las sesiones los convencionales de la UCRI (Oscar Alende, Oscar López Serrot) y otras fuerzas menores como el Partido Laborista (Cipriano Reyes, Ricardo Ovando), el Partido de los Trabajadores (Juan C. Deghi) y la Unión Federal (Enrique Ariotti) plantean la nulidad de la Convención Constituyente. El argumento básico que utilizan es que un presidente de facto no tiene facultades para derogar una Constitución, ni para declarar la necesidad de su reforma. Señalan el carácter antidemocrático de impedir la representación del electorado peronista. Denuncian que el verdadero objetivo de la Convención es convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949.

La UCRP (Laurencena, Jaureguiberry) y los partidos Socialista (Alfredo Palacios, Nicolás Repeto, Américo Ghioldi, Teodoro Bronzini), Demócrata Progresista (Luciano Molinas), Demócrata Cristiano y los partidos conservadores (Luis M. Otero Monsegur, Emilio Hardoy) votan a favor de la legalidad de la Convención Constituyente. La UCRI y los partidos contrarios a la reforma se retiraron dejando a la Convención con un quórum muy estrecho.

El resto de la Asamblea resuelve tomar como base la Constitución de 1853 (con las reformas de 1860, 1866 y 1868) y proceder a la reforma de una larga lista de artículos y temáticas.

3.3) La sanción del artículo 14 bis

Sin embargo, una vez declarado tácitamente por la Asamblea la vigencia de la Constitución de 1853, resultó evidente que la mayoría de la Convención Constituyente no estaba realmente interesada en producir reformas. La situación alarmó a los sectores que permanecían en Santa Fe, en particular al sector radical intransigente, que estaba dentro de la UCR del Pueblo.

En esta encrucijada, Crisólogo Larralde, entonces presidente de la UCRP, se traslada a Santa Fe y controla personalmente la asistencia de los convencionales radicales. De ese modo logra que un número suficiente asista a la sesión donde se discutió el artículo referido a los derechos del trabajo, que fue finalmente sancionado como artículo nuevo después del Artículo 14, o Artículo 14 bis. Inmediatamente después de votado dicho artículo, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que así no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto.

3.4) Qué plantea el artículo 14 bis

El contenido de dicho articulo destaca que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; y el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

El artículo 14 bis está dividido en tres párrafos: el primero trata del derecho individual del trabajo, el segundo del derecho colectivo del trabajo, y el tercero de la seguridad social. En el Segundo párrafo (derecho colectivo del trabajo), se destaca la inclusión del derecho de huelga.



4) Conflictos durante el primer peronismo

Desde que Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión; luego del golpe militar del 4 de junio de 1943, se inicio una nueva experiencia para el movimiento obrero argentino. Las organizaciones sindicales tuvieron desde esa fecha una estrecha relación con la Secretaría de Trabajo y Previsión y lo que sobresalió fue que su desarrollo fue promovido desde el poder ejecutivo.

Entre las medidas que alentaron la activación sindical estuvieron: aumento de salarios, legislación progresista sobre todos los rubros del ámbito laboral, universalización del sistema jubilatorio, creación de la justicia del trabajo, impulso al sistema de educación técnico-profesional, y, fundamentalmente, una expansión incesante de la negociación colectiva que, prácticamente, llega a cubrir a todo el personal en relación de dependencia.

En estos convenios colectivos, muchos de ellos acordados como culminación de conflictos, se puede apreciar un considerable enriquecimiento de sus cláusulas, por ejemplo, una pormenorizada descripción de las tareas a realizar en el puesto de trabajo; un control más riguroso sobre las condiciones de trabajo; y, lo que será de excepcional importancia, la aceptación, que se irá generalizando, del funcionamiento en el interior de las empresas, de delegados y comisiones sindicales.

Mediante la acción desplegada por estos delegados y comisiones internas en el lugar de trabajo, se garantizaba el cumplimiento adecuado de la legislación laboral y de lo acordado en las cláusulas convencionales. Asimismo, su presencia en el establecimiento, además de corporizar cotidianamente la existencia de las organizaciones sindicales, representaba un límite objetivo al autoritarismo patronal y una preservación de los derechos logrados, que perdurará en la memoria colectiva de los trabajadores como uno de los logros más sustanciales de esa época.

Esas comisiones internas y cuerpos de delegados fueron duramente atacados por los golpistas del 55 y del 76.

Hacia fines de 1944 la situación tendió a tornarse insostenible para los empresarios que entendían que en la Argentina “nunca existió una verdadera lucha de clases con las características propias de los países de tradición industrial”. En ese contexto, el Estado debía administrar justicia “sin preferencia hacia un sector ni odios contra otros”. Avanzaban aún más los empresarios alegando que las actitudes de la Secretaria de Trabajo y Previsión estaban incrementando la indisciplina en las fábricas con “el uso siempre más generalizado de cierta terminología que hace presentar a los patrones en una posición de prepotencia y cada arreglo, no como un acto de justicia, sino como una conquista que, de ser necesario, los trabajadores sabrían defender aún con más fuerza”. Ante la creciente oposición patronal, Perón multiplicará su actividad. Entre agosto de 1944 y octubre de 1945, pronunciará más de 100 discursos y participará en más de 20 concentraciones populares, 15 de ellas en el interior del país.

Durante los tres primeros años del nuevo gobierno, tanto los dirigentes como los trabajadores no permanecerán pasivos aguardando los beneficios derivados de la política social oficial. Por el contrario, en esos años se registra un incremento de la conflictividad laboral con el objeto de asegurar las reivindicaciones ya obtenidas y forzar a la patronal a ampliar los beneficios. En ese contexto, el sustancial incremento del salario real registrado hasta 1949, no parece haber sido tan solo consecuencia de la favorable coyuntura productiva. Asimismo, la participación de los asalariados en la distribución del ingreso nacional alcanzó porcentajes nunca superados posteriormente (aproximadamente el 50%). (3)

La primer camada de la burocracia sindical se consolida alrededor de 1948-1949, cuando son desplazados los dirigentes obreros que habían formado el Partido Laborista y la CGT pasa a depender mucho más del Estado y de Perón.

En esos años, vemos que las huelgas entre 1946-1948, se da un periodo de alza, de cien huelgas anuales de promedio, luchas éstas que son anteriores a la consolidación de la burocracia sindical; fueron dirigidas evidentemente por activistas de base, y su objetivo eran reivindicaciones económicas y sociales; no buscaban enfrentar al gobierno peronista por el que habían votado, sino conquistar a nivel de fábrica el programa de reivindicaciones implícito en su voto. Más tarde, cuando se consolida la burocracia sindical y pasa a depender mucho más del Estado, el promedio de huelgas disminuye mucho (26 anuales entre 1949-1955). (3 bis)



La economía del país había tenido un sostenido crecimiento, pero desde 1949/50, surgieron una serie de trabas que afectaron el ritmo de desarrollo económico. Entre otras, las dificultades fueron: la recuperación de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, y la normalización de los abastecimientos alimenticios produjeron una baja en el mercado mundial de los productos agrarios, desestabilizando las exportaciones, y los problemas climáticos que originaron pérdidas significativas en las cosechas de 1949/50 y 1951/52.

Por todo ello, el gobierno implementó un plan económico de crisis, que se dio a conocer en 1952, destinado a provocar “un aumento en la producción, austeridad en el consumo y el fomento del ahorro”. Se promovía la producción agropecuaria, sin abandonar la protección a la industria, y se tendía a vincular los aumentos salariales al crecimiento productivo.

La actividad sindical reflejará la situación económica, así como los avances que el Estado iba realizando para limitar su grado de autonomía. Hacia 1950 muchos de los líderes sindicales más militantes, tanto antiguos como nuevos dirigentes, fueran siendo reemplazados por cuadros más moderados y dispuestos a una mejor relación con el Ministerio de Trabajo.

La CGT iría derivando de coordinadora de la acción sindical y mediadora entre los sindicatos y el Estado. Sin embargo, estos rasgos que tenderán a reforzarse en la coyuntura recesiva de 1952, acompañando el deterioro del nivel de ingresos de los asalariados, se revelarán impotentes para contener la protesta obrera que va a producirse como consecuencia de la renovación de los convenios salariales en 1954. En esa ocasión, la CGT y varios sindicatos se verán desbordados por el desencadenamiento de conflictos liderados por sectores disconformes.

A pesar de su identificación peronista, reclamarán aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo, cuestionando en algunos casos la legitimidad de las direcciones sindicales. Esta reacción sindical parece mostrar que no se podía reducir a la pasividad a la extensa red de comisiones internas que, algunas veces acompañadas de cuadros sindicales intermedios, manifestaban vivamente sus propuestas reivindicativas. De todas las organizaciones creadas entre 1946 y 1955, las únicas que lograron mantener su legitimidad durante dicho período fueron los sindicatos y fueron también las únicas organizaciones que sobrevivieron al golpe del 55.

Existe cierto consenso en diferenciar las acciones de lucha de 1945/46 con las posteriores. Las primeras, serían alentadas o toleradas por el propio Perón. Con ellas la Secretaría de Trabajo y Previsión presionaría sobre los empleadores para el cumplimiento de la legislación impulsada desde ese organismo. En cambio, los movimientos de protesta que se inician desde mediados de 1946 se caracterizan por un enfrentamiento entre las bases y las burocracias o simplemente como respuesta a reclamos no satisfechos.

Las acciones de fuerza que se originan a partir de 1946 hasta 1948 tienen por función profundizar las reivindicaciones conseguidas (aguinaldo, vacaciones pagas y, sobre todo, los convenios colectivos de trabajo). Durante el año 1948 hay un aumento de las huelgas en relación con el año anterior. Sin embargo, el número de huelguistas y la cantidad de jornadas de trabajo perdidas desciende considerablemente. Se puede sostener que el grueso de los reclamos de la clase va siendo saldado y los conflictos comienzan a estar circunscriptos a determinadas patronales o a reclamos específicos de cada rama. También se puede observar que durante 1949 hay un descenso de las medidas de fuerza en todas sus formas. (4)

Se pueden señalar algunos factores que determinaron la brusca disminución de huelgas después de 1948. La causa parece haber sido la satisfacción de las principales demandas económicas y profesionales de la mayoría de los trabajadores. El problema que podría plantearse es que en 1948 hay un crecimiento de las medidas de fuerza parciales: paros, trabajo a desgano y brazos caídos.

Una síntesis de los conflictos y huelgas importantes entre 1947 y 1954 es la siguiente: 1947: Textiles, Portuarios y Ferroviarios, 1948: Metalúrgicos, Frigoríficos, Azucareros, 1949: Gráficos, Azucareros, 1950: Municipales Buenos Aires, Bancarios, Ferroviarios, Construcción, 1951: Ferroviarios, Textiles, Bancarios, 1952: Metalúrgicos, Ferroviarios, 1953: Ofensiva sobre las Comisiones Internas y las regulaciones salariales, 1954: Metalúrgicos, Tabaco, Caucho.

En esos conflictos se produjeron hechos destacables como que en algunos de ellos las bases actuaron por fuera de los dirigentes y no falto la represión. Así se dio en 1947 cuando los Textiles realizaban un acto en el Luna Park y fueron atacados por la policía. Mientras que en 1949, durante la huelga de los azucareros de la FOTIA de 45 días, sufrieron una fuerte represión y fue asesinado el obrero Aguirre. Los ferroviarios en 1951 fueron movilizados, se producen cientos de detenidos y quedaron presos 300. Los aumentos salariales fueron conseguidos por las comisiones internas, y fueron criticadas desde el ejecutivo nacional.

Durante esos años se dieron los primeros antecedentes de empresas tomadas por los trabajadores y que realizaron control obrero y autogestión de la producción. Esas nuevas experiencias se dieron en 1951 con las fábricas textiles Royaltex, Produtex y Medias París, que llegaron a comercializar sus productos en Uruguay.



Citas
1) "Las matanzas Belgas. A los obreros de Europa y Estados Unidos", Londres, 1869. El texto se recoge en Carlos Marx, F. Engels en, La internacional. Documentos, artículos y cartas. Fondo de cultura económica, México, 1988, págs. 43 -44 - citado por el Dr. Antonio Baylos Grau
2) Dr. Eduardo Alfonso Depetris, Equipo Federal del Trabajo, ensayo “Derecho de Huelga, Nuevas Tecnologías y Trabajo Docente”.
3) Fernando Castelo, La clase obrera bajo el peronismo,
3 bis) Daniel C. Fernández, Las luchas obreras en la Argentina moderna. Cuadernos Políticos, número 31, México D.F., ed. Era, enero-marzo, 1982,
4) Doyon, Luoise M.; Conflictos obreros durante el régimen peronista; en Juan Carlos Torre (compilador) “La formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988.
5) Fernando Castelo, op. cit.

Bibliografía utilizada
1) Doyon, Luoise M.; El crecimiento sindical bajo el peronismo; en Juan Carlos Torre (compilador) “La formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988.
2) Doyon, Luoise M.; La organización del movimiento sindical peronista; en Juan Carlos Torre (compilador) “La formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988.
3) Doyon, Luoise M.; Conflictos obreros durante el régimen peronista; en Juan Carlos Torre (compilador) “La formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988.
4) Estatuto de la CGT (1950)
5) Dr. Eduardo Alfonso Depetris, Equipo Federal del Trabajo, ensayo “Derecho de Huelga, Nuevas Tecnologías y Trabajo Docente”.
5) Fernando Castelo, La clase obrera bajo el peronismo
6) Gustavo Nicolás Contreras Clase obrera y peronismo. La “gran” huelga marítima de 1950.
7) Daniel C. Fernández, Las luchas obreras en la Argentina moderna

Fuente fotos: INDYMEDIA

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Arturo Sampay: Constitución de 1949 y derecho de huelga

Fernando Pino Solanas

El gran constitucionalista de 1949 don Arturo Sampay, fue mal recordado por la presidenta en el discurso de asunción de su segundo mandato, al preguntar si estaba o no el derecho de huelga en la Constitución de Sampay. La doctora Cristina Fernández, que presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, no podía ignorar un tema que hasta hoy se polemiza: la no inclusión del derecho de huelga en la nueva Constitución de 1949. “Cuando estaba Perón no había derecho a huelga, (afirmó la presidenta) en cambio, ahora sí hay derecho a huelga, pero no al chantaje y la extorsión” y dio como ejemplo la huelga de los maestros y petroleros santacruceños “que en diez días le han hecho perder al país 800 millones de dólares”. El ejemplo no fue feliz al asociar a las corporaciones petroleras con los intereses nacionales.

Lo mas sorprendente fue la critica a Juan Perón: por primera vez la Presidenta la hacía pública para marcar el “otro” camino que ella lidera, pero soslayaba que durante los gobiernos peronistas se realizaron numerosas huelgas que eran legales porque el derecho a la huelga no necesitaba explicitarse en el texto constitucional. Para Sampay el derecho de huelga era un derecho natural, como el derecho a la vida, que existe antes del derecho positivo, de jerarquía superior al constitucional. Era una parte del derecho al reclamo que incluye sus otras manifestaciones -denuncia, petitorio, marcha, paro, huelga, asociación gremial y por eso no se incluyó en la Constitución de 1949. La Reforma de 1957 –y en ese año también la O.I.T- incorporó el derecho de huelga como así también -Art 14 bis- el derecho a la participación de las ganancias y el control de la contabilidad empresaria por parte de los trabajadores. Habría que preguntarle a la Presidenta porque estos derechos constitucionales hasta hoy no se han cumplido.

También es necesario hacer memoria: el Gral. Perón era el jefe y mentor de la mayor revolución nacional y social de la Argentina contemporánea que, entre otros muchos logros, había posibilitado otorgarle a los trabajadores el 50% del PBI. Haciendo justicia a Sampay, José Pablo Feinmann explica la razón política de la exclusión del derecho de huelga en la Constitución de 1949: “Perón (y no en menor medida Evita) creía que era tanto lo que habían entregado a los obreros (..) que una huelga contra ellos era una especie de herejía, una puñalada por la espalda.” (Página 12, 11/12/11). La Carta Magna de 1949 fue la más progresista del continente, se la tomó como ejemplo del constitucionalismo social y “sirvió como modelo – comenta Feinmann- a la Constitución de la Unidad Popular de Salvador Allende”. Arturo Sampay escribía en su “Informe para la Reforma”: “la llamada Constitucional de 1949 se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, a liberar el país del imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales y de los principales bienes de producción. (..) Apuntaba a consumar la revolución social requerida por el mundo contemporáneo.”

Recordemos que la Constitución de Sampay incluye en sus capítulos IIº y IIIº los “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” y “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”. En ellos se desarrolla una concepción revolucionaria que sigue teniendo vigencia: “Artículo 38: La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Artículo 39: El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.

Artículo 40: La organización de la riqueza y su explotación, tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. (..) Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado (...)toda actividad económica se organiza conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.

La Constitución de 1949 fue derogada por decreto en 1956 por la dictadura de Aramburu y Rojas y Arturo Sampay tuvo que exilarse en Uruguay. El 28 de julio pasado se cumplió el centenario de su nacimiento sin merecer ningún recordatorio oficial o universitario. Ante tanto olvido, es necesario remarcar que fue uno de nuestros juristas más notables, autor de numerosos libros, fundador y presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y director de su revista Realidad Económica. La Comisión de Homenaje que presido junto al Dr. Salvador María Lozada, lo recordó con un acto en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. En otro aniversario del descubrimiento del petróleo, volveremos a movilizarnos por su nacionalización y denunciar cómo el proceso privatizador vació nuestras reservas: de autoabastecernos pasamos a importar gas y fueloil. Entre los países que enajenaron sus hidrocarburos, Argentina es el único que no los recuperó y sigue manteniendo el modelo privatista.

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Argentina: Entre gallos y medianoche

INFOSUR

La sesión del jueves 15 en el Congreso, y la peligrosa hegemonía oficialista que no acepta el debate y vulnera los acuerdos parlamentarios.

La bancada oficialista en plena euforia por la aprobación de leyes en la madrugada del viernes.

El jueves 15 se trataron una serie de leyes que por su importancia merecían un mayor tiempo de análisis y de debate. Si embargo el oficialismo rompió todos los acuerdos de labor parlamentaria y en una sesión maratónica de 17 horas aprobó: declarar “de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios”; las modificaciones al Código Penal referidas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo; y el proyecto de ley Penal Tributaria., modificación del Régimen de Contrato de Trabajo Agrario; y culminó con el “régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”.

Papel Prensa

Con respecto a la ley declarar “de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios”, Proyecto sur se abstuvo y presentó su propio dictamen. “Si el control de Papel Prensa queda reducido a los ámbitos gubernamentales, no hay una garantía de pluralidad”, manifestó Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional, y explicó que “el artículo 10 del proyecto oficial le otorga un excesivo poder al Ministerio de Economía para dictar normas y disposiciones reglamentarias”.

Por su parte, Alcira Argumedo, agregó que “los artículos transitorios finales convierten a la ley en una que parece estar hecha a la medida de Guillermo Moreno y sus guantes de boxeo. El Secretario de Comercio no es alguien que tiene especial vocación por dar la información correcta”.

La iniciativa se aprobó con el apoyo solitario del kirchnerismo y sus aliados, que se impusieron con 134 votos frente a 93 votos de la oposición y 12 abstenciones, también opositoras.

Además de sus aliados, el oficialismo contó con el apoyo de dos diputados que respondían a Carlos Reutemann: Celia Arena y Carlos Forconi. Los cordobeses que responden a José Manuel dela Sotase ausentaron. Quienes se abstuvieron fueron Proyecto Sur, Unidad Popular (Claudio Lozano) y el bloque de Felipe Solá. Y votaron en contrala UCR, el PRO, GEN; el Partido Socialista, Coalición Cívica, Libres del Sur y Unión Por todos.

Ley antiterrorista

Cumpliendo con la “obediencia debida” los diputados oficialistas levantaron las manos sin ponerse colorados para aprobar la ley de antiterrorista (134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones). Ley que además votaron afirmativamente Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, y el Movimiento Popular Neuquino.

Los diputados de Proyecto Sur, Fernando Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli se opusieron a esta ley al sostener “que es una herramienta para la criminalización de la protesta social y que además convierte en sospechosa cualquier actividad solidaria hacia una organización militante.

Fernando Solanas, sostuvo que esta ley es el “es el reflejo del cambio de modelo que se esconde detrás de un ropaje progresistas de este gobierno”. Estamos ante una ley impulsada en el contexto de catorce asesinatos por las balas de la represión en Buenos Aires y en las tierras de los feudales gobernadores provinciales”. En un contexto en el cual vienen por nuestras tierras y recursos naturales.

Reforma del Estatuto del Peón Rural

El momento de mayor tensión se vivió alrededor de las dos la mañana cuando el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anunció la intensión de su bloque de continuar con el tratamiento del temario de la sesión. Los bloques habían pactado en la reunión de Labor Parlamentaria pasar a un cuarto intermedio tras la aprobación del paquete de leyes penales.

De inmediato el presidente dela Cámara baja, Julián Domínguez, anunció de manera rápida e imperativa que el cuerpo se abocaría a considerar el nuevo Régimen de Contrato de Trabajo Agrario.

Los diputados de Proyecto Sur decidieron retirarse del recinto porque el oficialismo rompió todos los acuerdos de Labor parlamentaria, El kirchnerismo era conciente de que tratar el Régimen de Contrato de Trabajo Agrario el viernes por la tarde hubiese implicado una masiva protesta del gremio dela UATRE, que fijó un férreo rechazo al proyecto del Ejecutivo.

La reforma del Estatuto del Peón Rural fue aprobada por 174 votos afirmativos, 4 negativos y una sola abstención, y ante la ausencia de los dos diputados dela CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, que manifestaron su disconformidad con esta medida, en sintonía con la postura del titular de la central obrera, Hugo Moyano y el titular del gremio de trabajadores rurales, el duhaldista Gerónimo "Momo" Venegas. El Partido Socialista,la UCR, Víctor De Genaro, Claudio Lozano y Victoria Donda acompañaron el dictamen del oficialismo.

Ley de extranjerización de las tierras

En cuanto a la ley de tierras se aprobó con 153 votos a favor, 26 negativos y 1 sola abstención. Entre los votos afirmativos se encontraban los de Lozano, De Gennaro, Donda, Ciciliani afirmativo, Nuevo Encuentro, mientras quela UCRse pronunció en forma negativa.

La Presidenta dice que hay un 10 por ciento de las tierras en manos extranjeras y esta ley dice que puede haber hasta un 15 por ciento, podrían enajenarse entre 7 y 8 millones de ha a manos extranjeras. Esta ley es una gran farsa porque permite aumentar la extranjerización.

Estas dos maratónicas sesiones en el Congreso ponen en evidencia que el 54 por ciento de los votos obtenidos porla Presidenta le dan al oficialismo una peligrosa hegemonía que evita el debate, vulnera los acuerdos parlamentarios y pone en riesgo la institucionalidad de la República.

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Argentina: Contra el saqueo y la contaminación

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con la Licenciada en Ciencias Polìticas Carla Poth (una de las autoras de Avance de la soja transgénica: ¿Progreso científico o mercantilización de la vida?) conversamos sobre el 17 Encuentro de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizado entre el 25 y el 28 de noviembre en Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y la Universidad Nacional de Luján. ¿Y qué es la UAC, quiénes la integran, qué objetivos comunes tienen?, son algunas de las inquietudes que atraviesan la urgente necesidad de seguir construyendo espacios que batallen "contra el saqueo y la contaminación".



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Argentina: Confirman fallo que rechazó un amparo contra el decreto que prohíbe avisos que promuevan la oferta sexual

CIJ

Lo resolvió la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Se trata de una presentación que había realizado Editorial Río Negro SA. En el caso se cuestionó la vía de reclamo intentada.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia que había rechazado una acción de amparo, presentada por Editorial Río Negro SA, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 936/11, en cuanto dispuso la prohibición de los avisos que promuevan la oferta sexual, se la deje sin efecto y se ordene al Estado Nacional que se abstenga de aplicarle cualquier tipo de sanción.

El fallo fue firmado por los camaristas Carlos Manuel Grecco, Clara María Do Pico y Rodolfo Eduardo Facio, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal general.

En el caso, el fiscal general había señalado: “Observo que las críticas del apelante confrontadas con los fundamentos del a quo no evidencian que en autos se debate una cuestión eminentemente opinable, lo cual exlcuye toda idea de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en los términos del art. 1 de la ley 16.986”.

“Nótese que no cabe acoger favorablemente al amparo sobre la base de argumentos inconcluyentes, pues se trata de una vía excepcional que, ciertamente, no comporta –ni podría en ningún caso comportar- dar solución a todos los problemas que puedan suscitarse; en esta, como en otras similares circunstancias, las vías judiciales han de reconocer sus inherentes limitaciones… Ello no impide, desde luego, que el interesado haga valer los derechos que dice vulnerados mediante la vía que corresponda”, concluyó.

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Argentina: 10 años de la rebelión

INDYMEDIA

En la década del 90 se plantaron las semillas de la rebelión. La clase trabajadora vio plasmada en si la mutación que introdujeron las altas tasas de desempleo, el desguace de la industria nacional y las empresas estatales. Muchos de los trabajadores, que antaño se iniciaban y terminaban su actividad en la misma fábrica, donde posiblemente sus hijos siguieran el derrotero, devinieron en empleados informales, precarizados en el mejor de los casos y, si no, formaban parte del nuevo sujeto social que con fuerza se imponía: el desocupado. Justamente, fue el conflicto de Cutral Có en 1996, generado por los despidos masivos a raíz de la privatización de YPF, que se transformó en pueblada e instaló no solo al desocupado como nuevo actor social, sino al piquete como su método de lucha.



El fundamentalismo neoliberal impulsó históricas resistencias que se dieron a la par de las de quienes estaban desempleados, como la carpa blanca docente, las marchas de los jubilados, la lucha de las mujeres contra los remates de viviendas y las multitudinarias marchas impulsadas también por sectores sindicales que, con sus diferencias, se oponían al ajuste y la liquidación del país. Ya en diciembre de 2001, las luchas sociales se profundizaron y el intento de generar alternativas de poder se plasmaba en la creación de organizaciones, como el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), espacio integrado por agrupaciones sociales, sindicales, agropecuarias, empresarias, políticas, de derechos humanos, eclesiales y estudiantiles. Bajo la consigna: "Ningún hogar pobre en la Argentina", entre el 14 y el 17 de diciembre el FRENAPO realizó una consulta popular en la que 3 millones de argentinos votaron su programa.


La calle como testigo

El país estaba literalmente en llamas. Altas tasas de desempleo, ahorros confiscados, bancarrota financiera, saqueos que se propagaban por toda Argentina, el ministro de economía Domingo Cavallo intentando dar seguridad a los mercados y el presidente Fernando De la Rua dictando el estado de sitio. En las calles, la gente comenzó a organizarse en barricadas, asambleas, resistiendo a las balas policiales en los barrios y caceroleando en las zonas céntricas.

Para Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que inicialmente fue una corriente sindical y luego se fortaleció en la organización de los desocupados, en 2001 “se dio la confluencia de muchos factores: por un lado la lucha constante del movimiento de desocupados, lo que hace eclosión en los barrios al dispararse los precios de los alimentos”, a lo que se sumaron “sectores de capas medias saqueadas por el gobierno”. Señaló también la existencia de “divisiones” en los sectores de poder “con Eduardo Duhalde y demás operando también”.

En tanto, el Secretario General de la CTA Rosario, Gustavo Teres, quien en 2001 era militante de base del gremio docente AMSAFE recordó que “la gran marea humana que salieron el 19 y 20 expresaba su indignación en el «que se vayan todos»”, reclamaba el fin de la institucionalidad vigente y marcó el fin de lo que denominó “fundamentalismo neoliberal”.



El dirigente sindical consideró que hubo “cuatro actores fundamentales” en el proceso dado en 2001 – 2002:

- Los sectores de la clase media “que impulsaron y consolidaron muchas asambleas barriales”;

- los movimientos de desocupados, “que se fortalecieron como organizaciones multitudinarias y pasan a formar parte del esquema de la mayoría de las organizaciones de izquierda”;

- el movimiento de fábricas recuperadas, entre las que se destacan Brukman, Zanón, en Rosario el ex Tigre, que demostraron que “se podía producir y organizar el trabajo por fuera de la lógica capitalista”;

- la “renovación sindical” que, encabezada por una nueva dirigencia, recupera organizaciones gremiales, con impronta “fuertemente democrática”. Justamente, apuntó que fue parte de esa generación de dirigentes que, a raíz de la convocatoria del abogado laboralista Horacio Zamboni, decide en un encuentro impulsar el reclamo del salario mínimo, vital y móvil.

La rebelión del 2001 estuvo empapada de una profunda crítica a la institucionalidad vigente, reclamando la democratización y contraponiendo a las estructuras burocráticas y expulsivas, una identidad asamblearia y pluralista. El reclamo de otro tipo de participación que por algunos fue leído como “anti política” puede ser visto no sólo direccionado a los partidos dominantes, sino también como un mensaje dirigido a parte de las organizaciones que se ubican dentro del campo popular.

La izquierda, con sus divisiones y retrasos, estuvo en la calle e intentó dirigir el proceso abierto. Algunas agrupaciones, tal vez parte de las lógicas que la población rechazaba, tomaron actitudes divisionistas en determinados espacios, generando incluso rupturas. A priori pudo visualizarse que se carecía de una dirección política y que en el intento de generarla se manifestaban serias debilidades, producto también de una historia vinculada al genocidio instaurado por la última dictadura militar que llevó al esfuerzo militante de resurgir de las cenizas esparcidas por todo el territorio nacional tras la recuperación democrática.

De hecho, la misma dirigencia de la CTA durante el 2001 no convocó a la movilización, lo que le valió duras críticas. Teres recordó que parte de la dirigencia de la central “antagonizó la rebelión del 2001 y el FRENAPO”, que venía de realizar la multitudinaria consulta popular de su programa político, “planteando que la insurrección echaría por tierra la popularidad alcanzada por el frente. Era una postura sumamente alejada de la realidad y es un debate que se puede decir que saldamos en la calle”, apuntó el actual referente local de la central.

“La masa salio espontáneamente sin programa definido y después la clase obrera ocupada, producto que la dirigencia sindical de ese momento estaba en un compás de espera, no promovió un paro nacional que la colocara en el centro de la escena política”, criticó por su parte Delmonte.

Justamente, una de las evaluaciones que se hizo pocos años después de la crisis fue que esa masividad alcanzada, en la que se había logrado la unión de reclamos, el reconocimiento a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo que encabezaban las enormes marchas de la resistencia, el levantamiento de históricas banderas, se diluyó sin poder decantar en un proyecto de poder alternativo.

“Las fuerzas que empujábamos esa iniciativa teníamos debilidad. Y otros sectores que podrían haber apoyado, tenían esperanza en el proyecto de la alianza o no eran independientes. Luego los sectores dominantes trabajaron a fondo para restablecer las formas de dominación que había en ese momento con elecciones cada 4 años y recuperar la confianza en esos políticos”, consideró el referente de la CCC.



“El sectarismo y el excesivo personalismo” en las organizaciones populares devino en “incapacidad para coordinar una experiencia de unidad popular. El pueblo daba señales por debajo de que había condiciones, que la dirección de ese movimiento no supo leer”, apuntó en tanto Teres.

Impunidad, repliegue y relegitimación

Ya en 2002 con Eduardo Duhalde en la presidencia, la represión continuó. El 26 de junio los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán no sólo mostraban la continuidad de la tensión social y la brutalidad de quienes gobernaban, sino la profundización de la crisis que tocaba en ese momento a todos los sectores que buscaban mantener a fuego el orden vigente: la clase política repudiada en el “que se vayan todos”, el empresariado beneficiario, las fuerzas policiales sanguinarias y los medios masivos de comunicación socios y cómplices.

Actualmente no hay responsables políticos juzgados por los 38 crímenes cometidos durante las jornadas de diciembre de 2001. Vale aclarar que el número marcado no es definitivo y hay muchas personas que por no estar registrada su muerte o no poder las diversas organizaciones que investigan los hechos hacer contacto con familiares y corroborar los casos, no son contabilizados. Los conceptos de impunidad y relegitimación toman dimensiones concretas al advertir que la mayoría de los gobernadores responsables de las fuerzas de seguridad donde hubo asesinatos en las jornadas del 19 y 20, están hoy en cargos ejecutivos y legislativos (ver recuadro).

En lo que a este punto respecta, Pablo Solana, referente del Frente Popular Darío Santillán –organización que proviene de parte de lo que hace una década era la coordinadora Aníbal Verón-, consideró que los políticos repudiados en el «que se vayan todos» “lograron recomponer niveles de adhesión, de apoyo popular. Venimos de una serie de procesos electorales que lo están demostrando con claridad. A uno le puede gustar más o menos pero los números son evidentes. Son datos objetivos que demuestran que esa misma dirigencia política, las mismas personas con nombre y apellido que son las mismas que hace 10 años habían estado en los cargos públicos que habían generado tal repudio social, son los que están siendo legitimados con un sistema político que en esencia no cambió”, denunció.



Respecto a la etapa abierta en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, Teres consideró que “hay que hacer una lectura integral, desde que irrumpe Duhalde, se pone a Roberto Lavagna como Ministro de Economía y luego se plantea una continuidad” con su permanencia en el cargo en el gobierno de Kirchner. “Creo que Kirchner logra tener una lectura acertada de la etapa y a través de la dirección del Partido Justicialista, que como partido de gobierno siempre ha tenido una eficacia muy fuerte en el diseño de las políticas dentro del estado”, lo que para el Secretario General de CTA Rosario le permite cooptar a varias organizaciones y tomar reclamos históricos como la defensa de los derechos humanos.

“El gobierno del kirchnerismo fue el sector de las clases dominantes que más lúcidamente comprendió lo sucedido del 2001 y operó y opera para que los poderosos recuperen las formas de dominación previas a aquella crisis política. Pero han tenido que utilizar un discurso progresista y es un arma de doble filo”, definió Delmonte.

“El kirchnerismo construyó una nueva hegemonía con señales positivas dentro de los cimientos de una vieja organización política que a mi criterio recicla a muchos de los dirigentes cuestionados, que fueron parte de las políticas del 2001 y hoy forman parte de este proceso”, acusó en consonancia el referente de CTA.

A la par, el dirigente del FPDS evaluó que el impulso expresado en los diferentes sectores que protagonizaron las luchas de 2001 – 2002, “de alguna forma se replegó”. “Hoy nos encontramos en una situación que es distinta, porque en aquel momento era mucho más desesperante a nivel social, económico y a nivel de poder político las respuestas tenían un nivel de hostilidad” que llevo a tener “que volver a enterrar compañeros asesinados” en referencia a Santillán y Kosteki. “Eso no nos pasó a nosotros en las protestas recientes, pero sí pasó en Jujuy, en el Indoamericano, pasó con Fuentealba. No somos de hacer un trazo grueso directo y decir ‘son las mismas políticas’ o ‘es un gobierno que mantiene la continuidad de’, pero hay un aparato político represivo” que está activo en las provincias, analizó.

En el 1er Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001 se planteó la necesidad de visualizar la lucha de los derechos humanos de manera integral. Los asesinatos por gatillo fácil, el caso del periodista gráfico José Luis Cabezas, el de María Soledad Morales, las muertes de los caídos hace una década, el docente Carlos Fuentealba y otros emblemáticos casos, la desaparición de Luciano Arruga y Jorge Julio López, son parte de un triste glosario de impunidad en Argentina que el sistema democrático ha avalado. Claro, que el planteo no fue realizado por contraposición ni mucho menos rechazo a los históricos, necesarios y tardíos juicios a los genocidas, sino para que no se repita en ellos la espera de 30 años para encontrar justicia.

Fotos del 19 y 20 de diciembre de 2001 publicadas en Indymedia Argentina durante esos días por integrantes y lectores.

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