miércoles, 28 de diciembre de 2011

El ajedrez global de la crisis (Parte III): BRICS, EAGLES y emergentes

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

No sólo China ha podido sustraerse de la crisis global. También un grupo de economías intermedias (denominadas emergentes, ascendentes o BRICS) ha logrado capear el temporal. Este núcleo de países conforma el conglomerado semiperiférico actual de la estratificación mundial.

Este sector mantuvo su crecimiento el año pasado, incrementó significativamente la tasa de inversión y aumentó su participación en el PBI global. Si estas tendencias perduran, la localización de la producción y el empleo sufrirá un importante desplazamiento en el próximo período. Estos cambios son congruentes con la nueva división internacional del trabajo que privilegia la región asiática.

Las economías ascendentes son las niñas mimadas del capitalismo. Reciben elogios del FMI y fueron las estrellas de los últimos foros empresarios de Davos. Los nuevos multimillonarios de China, Rusia o India se integran rápidamente al club de los poderosos.

Otro indicador de las modificaciones en curso es la distribución de las reservas mundiales. Estos reaseguros suman 6,5 billones dólares en las economías ascendentes y sólo 3,2 billones de los países del Norte. El endeudamiento externo del primer grupo ha caído y algunos integrantes de esa membrecía ya son acreedores. En el otro polo ha irrumpido la nueva categoría de “Países Ricos Altamente Endeudados”.

Pero es muy frecuente extraer conclusiones engañosas de estas mutaciones. La principal confusión surge de la indiscriminada clasificación de todo el grupo ascendente, en un mismo rubro de BRIC. Esta denominación (Brasil, Rusia, India, China) fue primero extendida a BRICS (con Sudáfrica) y luego a BRIIC-K (con Indonesia y Corea). Otra ampliación reciente habla de EAGLES (con México, Egipto, Taiwán y Turquía). (1)

Los creadores de estas marcas son operadores bancarios (Goldman Sachs, BBVA) que incluyen o excluyen a los países de su lista, en función de las oportunidades de inversión financiera. El carácter coyuntural de esta evaluación salta a la vista. Pero su principal inconveniente radica en equiparar bajo una misma sombrilla, a un país que avanza hacia un status de potencia central (China), con economías intermedias de incierta evolución.

La distancia que mantiene el gigante asiático con cualquiera de sus seguidores es abismal en cualquier terreno de la producción, las exportaciones o las reservas. Esta brecha es particularmente visible frente a otra economía de gran crecimiento reciente (India) o en comparación a un vecino que precedió al avance chino y se estancó frente a esa irrupción (Corea del Sur). (2)

Al ubicar a todo el grupo en la misma canasta se olvida que muchos países del pelotón han ascendido como proveedores de los insumos básicos demandados por China. Más que impulsar el crecimiento global, estas economías han sido arrastradas por ese avance. Es importante también notar la línea divisoria que separa a los protagonistas de un desarrollo industrial de los actores que se expanden por el repunte de la renta petrolera (Rusia) o agrícola (Brasil). Estas diferencias definen grados de consistencia muy disímiles del crecimiento.

Las distinciones entre los emergentes presentan contornos más categóricos en el plano geopolítico. La autonomía de las políticas imperiales que tienen Rusia o China, no se extiende a la India, Brasil o Sudáfrica. Estos países mantienen estrechos vínculos de asociación o dependencia con las potencias que regulan el orden mundial. Por esta razón, el propio funcionamiento de los BRICS no ha incluido la adopción de estrategias comunes.

Es cierto que la mayor estabilidad política de todo el grupo contrasta coyunturalmente con el generalizado desarreglo que impera en las potencias centrales. Pero tampoco este rasgo determina patrones de acción internacional conjunta.

Las nuevas alianzas Sur-Sur en desmedro de las viejas conexiones con los centros metropolitanos presentan un alcance limitado y no anticipan la “segunda globalización” comandada por los emergentes que pronostican algunos analistas. Hasta ahora el dato más relevante ha sido la integración de los emergentes al G 20, para ampliar el sostén del capitalismo en crisis. (3)

Los padecimientos de la periferia

El alivio de los países intermedios no se extiende al resto de la periferia. La crisis golpea nuevamente con mayor virulencia a las economías más empobrecidas, reiterando una norma de las convulsiones capitalistas. Este impacto se verifica en cualquier terreno del empleo o los ingresos. Los emigrantes enfrentan mayores obstáculos para ingresar al Primer Mundo, las remesas se recortan y las oleadas de refugiados se multiplican.

Mientras la prensa sólo habla de economías centrales y emergentes, la inmensa mayoría de los países se encuentra fuera del G 20, soportando el drama cotidiano de la miseria. Allí se localizan los 2050 millones de personas sin acceso a la sanidad básica y los 884 millones carentes de servicios de agua potable.

Pero lo más novedoso del tsunami actual es la convergencia de estos sufrimientos con una tragedia de hambre. El aumento de los precios de los alimentos que precedió a la crisis no fue revertido por la recesión y en muchas zonas se acentúa el drama de la desnutrición. En Somalia, por ejemplo, ya se observan todos los síntomas de una catástrofe alimentaria.

La cifra total de hambrientos se ubica en torno a los 1020 millones de personas, pero la amenaza se extiende a los 2.500 millones que subsisten en condiciones de pobreza. Este flagelo aumenta al compás del encarecimiento de los cereales, que obedece a la consolidación de un esquema neoliberal de agricultura exportadora, que destruye la pequeña propiedad, aniquila el abastecimiento local tradicional, generaliza la desposesión de los campesinos y multiplica la emigración rural.

Esta reorganización capitalista del agro determina la falta de comida que agobia a una sexta parte de la humanidad, cuando la producción total alcanzaría para satisfacer esa nutrición. El reinado de la rentabilidad y el manejo oligopólico del comercio agrícola por parte de un puñado de transnacionales (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) potencian la tragedia del hambre.

Las expectativas de atenuar el problema por el efecto deflacionario de la desaceleración económica global no se están cumpliendo. El ascenso de los precios alimenticios que comenzó en 2003 persiste sin grandes modificaciones.

Muchos autores estiman que ese comportamiento alcista obedece a la formación otra burbuja. Especular con los precios a futuro de los cereales se ha convertido en una operación muy redituable. Permite canalizar los excedentes de liquidez que genera la pérdida de oportunidades de inversión en los países desarrollados. (4)

Otros analistas consideran que el encarecimiento de los alimentos es un problema más estructural y derivado de la creciente demanda ejercida por los nuevos consumidores asiáticos. También destacan la presencia de costos crecientes de producción y productividades declinantes en el sector agrícola. (5)

Ambos enfoques subrayan explicaciones complementarias (de corto y largo plazo) del mismo fenómeno. Pero en cualquier caso, las maniobras financieras y las brechas estructurales entre la oferta y la demanda presagian el agravamiento de la crisis alimentaria, que auguran todos los expertos de la FAO.

Este padecimiento se intensificará además por las presiones del agro-negocio, que bloquea en los cónclaves del G 20 cualquier regulación internacional de los precios. En ese ámbito actúan los países que producen el 77% de los cereales y manejan el 80% del comercio agrícola. El hambre de los desamparados aporta un buen negocio para varios integrantes de esa asociación.

Multipolaridad y hegemonía

La diversidad de situaciones regionales que rodea a la crisis actual ha generalizado las predicciones de un viraje hacia la multipolaridad. Este contexto es diferenciado de la bipolaridad de posguerra (Estados Unidos versus la URSS) y de la unipolaridad de los años 90 (supremacía norteamericana). La declinación estadounidense es asociada al avance de China y los emergentes. Algunos enfoques también resaltan el agotamiento del neoliberalismo y pronostican un crecimiento desarrollista de la periferia, asentado en la intervención estatal y el intercambio entre las economías del Sur. (6)

Pero estas miradas omiten las significativas continuidades que vinculan al actual período con su precedente. La multipolaridad podría modificar las relaciones de poder entre las potencias, pero no altera los pilares de la mundialización neoliberal. El protagonismo de las empresas transnacionales persiste, junto a la competencia global por lucrar con la explotación de la fuerza de trabajo.

Esta internacionalización del capital determina, además, la continuidad del libre comercio y los flujos financieros transfronterizos. A diferencia de lo ocurrido durante la entre-guerra, la multipolaridad actual no anticipa el surgimiento de bloques proteccionistas, dispuestos a batallar por la conquista de los mercados a través de la guerra.

El estancamiento del centro determina efectivamente una mayor interacción entre las economías intermedias. Pero estos enlaces se desenvuelven en estrecha asociación con empresas del Primer Mundo. Esta colaboración no es un imperativo tecnológico, ni obedece a necesidades de financiación. Las burguesías emergentes ampliaron su radio de acción junto al capital extranjero y continúan reforzando esos vínculos.

Sus estrategias no incluyen propósitos antiimperialistas o iniciativas de “No Alineados”. Tampoco incentivan planificaciones para-mercantiles del comercio (Comecon) o proyectos de solidaridad (Bandung). Actúan siguiendo criterios de rentabilidad, que tienden a recrear los viejos desniveles de la relación centro-periferia- semi-periferia.

La mundialización ha modificado los patrones geográficos de esos lazos. Ya no se requiere cercanía territorial entre las economías dominantes y sus abastecedores de insumos. Las relaciones de dependencia comienzan a desbordar su radio tradicional.

Resulta imposible predecir el ordenamiento final de esta mutación, pero es evidente que no saldrán airosos todos los jugadores. La acumulación exige equilibrar los avances de un polo con las pérdidas del segmento opuesto. Si una región prospera otra debe decaer, para que el enriquecimiento de los capitalistas ganadores sea solventado por la población de las zonas perdedoras.

La multipolaridad no altera este principio selectivo del desarrollo burgués. El capitalismo excluye crecimientos compartidos en el largo plazo o eliminaciones progresivas de todas las desigualdades socio-regionales. Los admiradores del nuevo escenario ignoran esta extensión de brechas de distinto signo.

Frecuentemente visualizan a la multipolaridad como un cambio de hegemonía política a favor de China y en desmedro de Estados Unidos. Pero nunca aclaran qué significado le asignan al concepto de hegemonía. Esta noción puede ser identificada con la supremacía imperial o con formas de gestión consensuadas opuestas a la coerción bélica. En el primer caso se sugiere que el expansionismo chino reemplazaría al dominador estadounidense. En la segunda variante se supone que esa sustitución será pacífica y resultante de una avasalladora primacía económica. Los desaciertos de ambas hipótesis saltan a la vista

Desde la posguerra Estados Unidos ha ejercido una explícita dirección imperialista. Actúa como garante militar de la reproducción de capital y brinda protección a todas las clases dominantes, frente a la insurgencia popular y la inestabilidad del sistema. Los dirigentes chinos no se imaginan a sí mismos cumpliendo ese rol, en ningún momento del futuro.

Quiénes suponen que la sustitución coercitiva será innecesaria por el simple efecto de la pujanza económica oriental, no explican cómo funcionaría el capitalismo global sin garantes militares de ninguna especie. Esta visión olvida que un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación, no puede desenvolverse sin el uso de la fuerza.

La identificación de la multipolaridad con el repliegue bélico de Estados Unidos o sus socios europeos es una hipótesis ingenua. En cualquier “des-occidentalización” de la economía mundial, el gendarme norteamericano continuará supervisando invasiones, ocupaciones y matanzas. Ciertamente la primera potencia ya no actúa con la omnipotencia de los años 90, pero dirige la OTAN, concentra la mitad del gasto bélico mundial y mantiene una estrecha asociación con todos los países que alineó durante la guerra fría.

Los principales integrantes de esa alianza no suelen quebrantar esta familiaridad cuando expanden su poder económico. La invariable lealtad de las burguesías petroleras del Golfo al liderazgo norteamericano es un ejemplo de esa actitud. El sometimiento de Japón es más sintomático, puesto que no ha buscado caminos de autonomía político-militar para contrarrestar su estancamiento. La regresión económica nipona se profundiza con el endeudamiento público más elevado del mundo desarrollado y con el fracaso de los planes pos-terremoto de reactivación. (7)

El rol central de Estados Unidos se ha verificado nuevamente en la ampliación del G 7, la cooptación de los países intermedios y el resurgimiento de FMI para preservar el orden imperial vigente. El gendarme global utilizará también su poder para intentar la recuperación del terreno que ha perdido. Ya insinúa formas de presión sobre su rival chino con maniobras navales en Corea del Sur, ejercicios en Mongolia e instalaciones bélicas en Australia. Incluso tantea la reacción de su oponente en los litigios con Taiwán, las disputas con la India y la resolución del status de Tíbet. Pero estas tensiones no quebrantaron hasta ahora el marco asociativo vigente con China desde hace varias décadas.

También el gigante asiático ha jerarquizado la solidaridad capitalista. En lugar de propiciar la caída de los bancos occidentales socorrió a los quebrados. En el reciente desplome europeo reforzó incluso su convergencia con el FMI y ha condicionado los préstamos futuros a las auditorias del Fondo. Esta integración refuerza la hostilidad de los dirigentes chinos frente a cualquier protesta local o internacional contra el neoliberalismo. (8)

Continua.

Ver también:

Claudio Katz es economista, investigador, profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
1) Bocco Arnaldo, “De los Brics a las Eagles” Página 12, 10-1-11. Abeledo Anahí, “El desafío para los emergentes es tener crecimiento”, Clarín, 10-7-11
2) Beckett Paul, “Pese al crecimiento, aumentan las dudas sobre el milagro indio”, La Nación, 30-3-11. Nye Jospeh, “La carrera de fondo, Clarín, 2-2-11, Ramstad Evan, “El milagro coreano”, La Nación, 8-11-10.
3) Un cuestionable enfoque en: Kateb Alexander, “Los países BRICS dan una lección”, Página 12, 20-9-11
4) Halevi Jospeh “Se avecina una nueva crisis”, Il Manifesto 8-6-11.
5) Krugman Paul, “Las limitaciones que nos impone un mundo finito”, La Nación, 29-12-10. Blejer Mario, “Argentina y la seguridad alimentaria” La Nación, 4-12-11.
6) Distintas visiones en De La Balze Felipe, “La crisis acelera el curso de la historia”, Clarín 27-11-11 Turzi Mariano, “La nueva divisoria global: emergentes y declinantes”, 18-8-11. Tokatlian Gabriel, “El año de la encrucijada”, La Nación, 11-1-11. Cufré David, “Con la vieja receta”, Pagina 12, 26-6-10.
7) Belson K, Onishi N, “Una falta de liderazgo que agudiza la crisis”, La Nación, 17-2-11.
8) Hemos desarrollado los temas de este capítulo en nuestro reciente libro, Katz Claudio, Bajo el imperio del capital, Espacio Crítico Ediciones, Bogotá 2011. Próxima edición Luxemburg, Buenos Aires.

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29 de diciembre 1996-2011. Guatemala: 15 años de ¿paz? Muy poco para festejar

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

El 29 de diciembre se cumple el decimoquinto aniversario de la Firma de la Paz Firme y Duradera. Quince años han pasado desde que los comandantes del movimiento armado (la URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) y el gobierno del por entonces presidente Álvaro Arzú estamparan solemnemente sus firman para dar así por terminada la segunda guerra civil más prolongada del continente, luego de la colombiana.

Ya quince años de paz…. ¿De paz? Las interrogantes que se abren son muchas más que las respuestas.

Se dice y repite hasta el hartazgo que "la paz es mucho más que la ausencia de guerra". Verdad rotunda, sin dudas. En Guatemala ello se hace patéticamente evidente. Formalmente en el país hace ya una década y media que terminó el enfrentamiento bélico, pero muy lejos se está de la paz. Es cierto que ya no existe un clima de militarización con fuerzas armadas ocupando todos los espacios (los geográficos y también los sociales), enfrentamientos armados, zonas tomadas por la guerrilla e impuestos de guerra, estrategias contrainsurgentes con desaparición forzada de personas y campañas de tierra arrasada. Todo eso quedó en el pasado. Ahora el país, formalmente al menos, vive en "democracia". Ninguno de los dos contrincantes antaño enfrentados en el campo de batalla puramente militar ha vuelto a desarrollar acciones bélicas contra el otro; el cumplimiento del cese al fuego ha sido celosamente respetado por ambas partes, y sus fuerzas desmovilizadas se han integrado a la vida civil. De ello pueden dar fe una larga lista de observadores y acompañantes internacionales del proceso de paz. Pero la paz, si es cierto que ella es más que la ausencia puntual de guerra, es una realidad muy lejana en la cotidianeidad de la sociedad guatemalteca.

El país sigue presentando índices de pobreza y exclusión social alarmantes. Según datos de Naciones Unidas, ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto a nivel mundial en desnutrición crónica (UNICEF, 2011). Por otro lado, dada la catástrofe medioambiental que se vive, el cambio climático lo coloca en cuarto nivel a escala global en orden a la vulnerabilidad derivada de los desequilibrios medioambientales, que golpean básicamente a los sectores pobres. El analfabetismo sigue siendo una dura realidad, con un 25% de su población que no lee y escribe (ya no digamos analfabetas digitales, donde apenas un 10% del total de sus habitantes se conecta a internet); el 51% de los guatemaltecos se encuentra por debajo de la línea de pobreza (2 dólares diarios de ingreso), las diferencias entre lo urbano y lo rural continúan tajantes, con población de origen maya siempre excluida, sin mayor representación política (8 diputados mayas sobre un total de 158), condenada a los peores y más mal pagados empleos, y para una buena parte de la juventud en general, maya y no maya (70% de la población tiene 30 años o menos) la única salida posible es marchar como inmigrante irregular a Estados Unidos en búsqueda de mejores horizontes. En otros términos: las causas estructurales que encendieron la mecha de la guerra civil en la década de los 60 del siglo pasado siguen vigentes.

Para completar el paisaje social donde la paz es, ante todo, una dudosa declaración discursiva, podría agregarse que hoy por hoy, a partir de una compleja sumatoria de motivos, la situación de inseguridad ciudadana coloca a la sociedad en un clima de zozobra perpetua, donde la criminalidad campea impune y la sensación de indefensión de la población civil, aunque por distintos motivos, no es tan distinta de la vivida años atrás en los momentos más álgidos del conflicto armado interno.

No cabe ninguna duda que hoy ya no se respira un agobiante clima dictatorial, que no hay retenes policiales ni militares a cada paso, que existen garantías constitucionales desconocidas algunos años atrás. Si se quiere hacer una lectura optimista de todo ello, sin dudas se puede concluir que hoy la guerra es algo del pasado, y el 15 º aniversario de la firma de la paz da para festejar mucho. Pero quedarse sólo con eso puede ser un tanto miope…, o malintencionado.

Hoy no hay guerra, eso es una realidad. No hay 20 muertos diarios producto de las acciones bélicas, no hay censura en los medios de comunicación, cualquiera puede expresar bastante libremente sus ideas sin temor a los servicios de inteligencia que lo estarán persiguiendo, se puede circular sin mayores restricciones por cualquier parte del país…, pero la paz no ha llegado. Y tal como van las cosas, nada indica que ande cerca, aunque se festeje quizá con cierta pompa un nuevo aniversario (u otros más en el futuro inmediato, porque nada indica que en el breve plazo vaya a darse un nuevo conflicto bélico interno).

Dos cuestiones importantes a destacar entonces. Por un lado, si bien hoy no existe una dinámica de guerra, un abierto clima bélico con combates, atentados y emboscadas, la sensación de inseguridad generalizada así como la cantidad de muertos diarios por hechos criminales colocan a Guatemala con tasas de violencia como si se tratara de un país en guerra. De hecho, está entre los más violentos del mundo (en el momento de festejar este nuevo aniversario, la cantidad de muertos diarios por hechos violentos ronda las 15 personas, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 personas al año, considerada altísima según los patrones internacionales). Junto a ello, abonando también al clima de violencia generalizada, como fenómenos directamente ligados a la cultura militarizada de la post guerra se da una serie de hechos altamente cuestionables y preocupantes: la cultura de violencia y desprecio por la vida que legaron tantos años de guerra está incorporada en la normalidad cotidiana. De ahí que puedan verse como hechos cotidianos los linchamientos, la "limpieza social" de "indeseables" (rateros, pandilleros, travestis), la proliferación de violentas pandillas juveniles con lógicas de acción y armamentos militares (lo que puede hacer pensar en agendas ocultas tras de ellas), el asesinato con posterior descuartizamiento de las víctimas, el feminicidio en curso (asesinato selectivo de mujeres con marcado sadismo, lo cual comporta mensajes políticos), y el consecuente pedido de "mano dura" por parte de la población para terminar con esta explosión de violencia que se presenta como incontenible. Por lo pronto, en las recién pasadas elecciones quien acaba de ganar la presidencia es un general retirado que justamente prometía endurecimiento contra esta inseguridad, y fue lo que le llevó a triunfar en la justa electoral, asentándose en el temor de la población, urbana en mayor medida.

Junto a esta primera consideración, no puede dejarse de mencionarse como otro elemento especialmente importante que conspira contra la paz, la expandida cultura de impunidad que barre toda la sociedad. En realidad, todos estos elementos se interconectan, y combinadamente son los que tornan tan difícil –cuando no imposible– hablar seriamente de una genuina paz en Guatemala: a) la pobreza crónica como común denominador con diferencias irritantes entre los más ricos y los más excluidos (el país tiene el promedio más alto del mundo en tenencia de automóviles Mercedes Benz per capita, así como de avionetas particulares, junto a índices de pobreza escalofriantes, como Haití o como países del África sub-sahariana), combinado con b) los efectos que dejó la guerra (armas en manos de civiles por doquier, legales y no legales; agencias de seguridad privada que superan en número en un 600% a los efectivos policiales nacionales; aceptación normal de salidas violentas para resolver todo tipo de conflictos, estructuras del aparato contrainsurgente que no se han desmantelado y continúan manteniendo cuotas de poder, muchas veces enquistadas en el mismo Estado), todo lo cual se da sobre c) un mar de fondo de absoluta impunidad (según lo reconoce el mismo sistema de justicia oficial, 98% de los crímenes no llega jamás a condena; con algunos centavos, o con un buen matón a sueldo, cualquier juez se "ablanda", con lo que el mensaje dominante es, entonces, que la justicia no funciona).

Es importante resaltar que la impunidad no es sólo un efecto de los años de guerra; el enfrentamiento armado la dejó ver de un modo evidente, pero en realidad puede llegar a decirse que el mismo conflicto bélico vivido por 36 años y la modalidad que el mismo tomó fueron consecuencia de una impunidad crónica que marca toda la historia del país. Desde la constitución del Estado-nación moderno, en 1821, la unidad nacional no dejó de ser pensada y manejada como gran finca, con una aristocracia agroexportada mirando siempre hacia el extranjero (Europa o Estados Unidos), que basó su desarrollo económico en una inmisericorde explotación de la mano de obra desorganizada y barata, indígena en su mayoría. La cultura de impunidad recorre de cabo a rabo la formación de la sociedad guatemalteca, haciendo posible que un finquero fuera amo y señor de su tierra, disponiendo de un modo casi feudal lo que sucedía en su propiedad. A modo de ejemplo, valga decir que durante la dictadura del general Jorge Ubico, entre 1931 y 1944, existía una ley que legitimaba abiertamente esta impunidad permitiendo al finquero cometer cualquier tropelía contra el empleado díscolo, eximiéndolo de toda responsabilidad penal. Tiempo en que se vendían las fincas con "todo lo clavado y plantado, indios incluidos". Es decir: impunidad que marca la vida cotidiana en todos sus aspectos, haciendo que las asimetrías entre poderosos y desposeídos sean abismales, con un Estado que no hizo sino legitimar históricamente esas diferencias, siempre pensando en la agroexportación llevada a cabo por una escasa élite, multinacional muchas veces, y de espaldas a las grandes mayorías, rurales en lo fundamental. Impunidad que se expresa en todos los aspectos de la vida; valga como muestra la relación entre géneros, donde hasta hace algunas décadas la mujer que deseaba trabajar fuera de la casa necesitaba el consentimiento de su padre, esposo o tutor, o donde el varón que violaba a una mujer menor de edad, según una normativa jurídica nacional aprobada constitucionalmente, si ésta lo aceptaba luego como esposo, quedaba libre de toda responsabilidad criminal, ley que fue derogada recién después de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Todo esto significa que la impunidad como norma es la matriz con la que se desenvolvió la sociedad guatemalteca a través de los años, de los siglos. La guerra civil que enlutó al país dejando una cauda de 200.000 muertos y 45.000 personas desaparecidas y de cuya finalización ahora se celebra el 15 º aniversario, expresa la brutalidad impune con que siempre se han manejado las cosas: el silencio y la resignación como norma, y cuando se pretende protestar, represión feroz, sabiéndose que quien reprime no tendrá consecuencias (de hecho, después de terminad la guerra y con la cantidad enorme de violaciones de derechos humanos registrada, no hay prácticamente ningún juicio que condene a los responsables de estos abusos –más de 600 masacres de aldeas campesinas, por ejemplo–, salvo algunos ocasionales "chivos expiatorios" (algún militar de bajo rango, algún agente de policía o algún patrullero civil, pero nunca alguien de la jerarquía castrense). Dicho en otros términos: la impunidad es la ley imperante.

Terminó la guerra, es cierto, pero las causas estructurales que la provocaron persisten, y la cultura de impunidad reinante hace que lo que se firmó 15 años atrás no haya podido, y como van las cosas, no vaya a poder concretarse nunca. Es decir que, tal como está la situación real, los Acuerdos de Paz no pueden dejar de ser letra muerta para pasar a constituirse en hechos efectivos de la vida político-social en Guatemala. Los poderes reales del país (los grupos aristocráticos tradicionales ligados a la agroexportación o ligados a las nuevas economías globales, o las nuevas aristocracias emergentes, ligadas en muchos casos a economías no muy "santas" –narcotráfico, lavado de dinero, contrabando–, así como los llamados "poderes ocultos" que siguen manejándose con la lógica contrainsurgente de años atrás), si bien aceptaron la firma de la paz, nunca se comprometieron realmente con la misma. Lo que fijan los Acuerdos de Paz no es vinculante: nunca pasaron a ser texto constitucional. Se cumplieron a cabalidad los acuerdos que fijaban la desmilitarización concreta, la desmovilización de efectivos del ejército y del movimiento guerrillero con su correspondiente reasentamiento y opciones para la reinserción a una vida no militar. Pero todos aquellos acuerdos que fijaban –al menos en el papel– modificaciones reales a la estructura de poder en el país (tenencia de la tierra, tributación fiscal, políticas sociales) no pasaron de las buenas intenciones.

Podría decirse que en el único campo donde se registraron algunos reales avances es en la presencia cultural de los pueblos mayas. Hoy día el racismo no ha desparecido de la sociedad guatemalteca; ni siquiera eso se plantea seriamente con políticas públicas sostenibles. Pero sí es cierto que las nuevas agendas abiertas luego de la Firma de la Paz en 1996 visibilizaron bastante la situación de los pueblos originarios. No cambiaron en lo sustancial, pero al menos hoy tienen una presencia nueva con la que no contaron en la historia pasada. Esa es, quizá, la faceta más visible como cambio social en estos 15 años. De todos modos es preciso destacar que en ese cambio cultural hay mucho de cosmético, de espectáculo preparado en términos de "corrección política" y en el que cuenta mucho el apoyo económico de la comunidad internacional: se les permite y reivindican sus ceremonias religiosas ancestrales, por ejemplo, pero su situación económica real no cambia. Hace ahora un año en que se produjo un accidente donde un camión cargado de "indios" (80, para ser exactos) volcó, provocándose la muerte de alrededor de 20 de ellos. Era un camión que llevaba población maya a un corte de café igual a como se hizo históricamente, transportándolos de sus lugares de origen a las fincas de producción en las peores condiciones: el accidente dejó ver lo que continúa siendo la realidad social de los pueblos originarios, más allá de algunas transformaciones mas cosméticas que sustanciales: la mano de obra barata acarreada como siempre, aunque se alienten oficialmente sus ritos religiosos en un país de tradición católica a morir.

Ahora bien, si nada ha cambiado, si incluso puede pensarse que "poderes ocultos" siguen manejando metodologías contrainsurgentes fomentando el actual clima de inseguridad pública ("en río revuelto, ganancia de pescadores"…): ¿por qué se firmó la paz entonces? Eso hay que entenderlo en el contexto regional, pero más aún, en el concierto internacional. La guerra estaba empantanada desde hacía ya un buen tiempo antes que se sellara la histórica firma el 29 de diciembre de 1996. Técnicamente ninguno de los dos contendientes podía derrotar en forma abierta al otro; de todos modos, las estrategias contrainsurgentes seguidas por las fuerzas armadas habían desmovilizado ampliamente a las bases populares, campesinas en su mayoría, creando un clima de terror que no permitía el crecimiento político de la propuesta revolucionaria. De esa cuenta, la guerrilla no crecía, y mucho menos podía imponerse. Y para la derecha guatemalteca, si bien la convivencia con la guerra no le era cómoda, tampoco le era especialmente incómoda, dado que seguía adelante con sus negocios (siempre lo más importante en la lógica de acumulación del capital), en tanto las fuerzas armadas –dominantes de la escena política– habían conseguido un espacio económico que la guerra misma no le impedía, o más bien favorecía. Si se firmó la paz fue porque la composición del escenario internacional, dominado por la hegemonía estadounidense, no la alentaba, o dicho de otro modo: ya no necesitaba de estas guerras regionales en Centroamérica.

La Guerra Fría había tocado a su fin y los grupos armados ya no tenían mayor espacio para seguir moviéndose. En Nicaragua, caída la revolución sandinista por vía electoral en 1990, para la geoestrategia imperial ya no era necesario seguir manteniendo a la Contra en el plano militar. Ese reacomodo de fuerzas y los aires de "pacificación" que se fueron imponiendo para la región, hicieron que la guerrilla salvadoreña –el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN– no pudiera seguir adelante con su lucha, llegando a una paz negociada políticamente en 1992. El escenario no permitía tampoco la continuidad del proyecto revolucionario por vía armada en Guatemala, con un campo socialista ya desintegrado y con Cuba atravesando su terrible "período especial", dificultándosele cada vez más el apoyo a los procesos transformadores en el área. La paz, entonces, fue más producto de la imposibilidad de seguir adelante con una guerra que ya no tenía reales posibilidades de triunfo por parte de la URNG que por un proceso genuino de transformación que superara las diferencias históricas que la habían iniciado casi cuatro décadas atrás.

De algún modo puede decirse que no habiendo podido triunfar en el plano militar, el movimiento revolucionario plasmó en el papel de los Acuerdos buena parte de su ideal de cambio para sentar las bases de una nueva sociedad. Ahora bien: si la derecha nacional, incluidas sus fuerzas armadas –y por supuesto con el aval de Washington– aceptaron esa firma, fue porque la correlación de fuerzas políticas se lo permitía: se firmaba algo sabiendo que luego, en la práctica, nada cambiaría. Al día de hoy es poco lo cumplido de esos históricos acuerdos. Y lo que no se cumplió en 15 años, ya muy difícilmente pueda cumplirse de aquí en más. El gobierno entrante del general Otto Pérez Molina, que asumirá el próximo 14 de enero del 2012, no augura para nada una profundización de esos acuerdos, sino por el contrario su paulatino olvido.

15 años después, la maniobra es evidente: se puso fin a un proceso militar que, sin ningún lugar a dudas, era contraproducente para muchos sectores pues no ofrecía salidas, pero el genuino espíritu de cambio (paz y justicia) que imponían los Acuerdos está muy lejos de haberse materializado. Se podrá decir ahora, quizá con cierta grandilocuencia, que efectivamente no hay guerra, que se silenciaron las armas y que el clima democrático prevalece. Aunque eso es muy relativo, muy engañoso incluso: no hay guerra formal, pero sigue habiendo 18 muertes diarias por inanición, por hambre, en un país productor de alimentos.

Las luchas sociales siguen. No hay, en todo caso, un proyecto claro y definido desde la izquierda; el movimiento guerrillero, ahora reconvertido en partido político, no encuentra su espacio, y su actuación electoral es bastante pobre. Por otro lado, los movimientos sociales están desperdigados, sin haber instancias que aglutinen todo el descontento que flota en el aire. Es cierto que no hay acciones armadas, pero la conflictividad está a la orden del día expresándose de una y mil maneras. La violencia delincuencial que azota al país es una expresión (en muy buena medida manipulada desde las sombras) que funciona como mecanismo de control social. Por supuesto, los beneficiados de todo ello no son los ciudadanos de a pie que la experimentan día a día.

No hay guerra, es cierto, pero sigue habiendo muerte, sufrimiento, pobreza extrema, desesperanza y desmovilización. Si se quiere ver con objetividad: no hay guerra en términos formales, pero el país no está en paz ni remotamente. Por tanto, es poco lo que puede festejarse este 29 de diciembre.

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Leyes Antiterroristas: De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación”

CORREPI

La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.

Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la "gobernabilidad democrática" sustentada por la "cooperación continental".

Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2003. Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes.

La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su contenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre, el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no alcanzaban. En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo había enviado al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.

Al día siguiente de la conferencia de prensa ministerial, las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial , la Sociedad Rural , las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba , aplaudieron la medida y ratificaron su apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina, mostrando con claridad qué intereses se defienden con ese tipo de leyes.

El proyecto, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del PJ no kirchnerista, y renombrados “progres” como Martín Sabatella y sus compañeros de bancada de Nuevo Encuentro, el ex radical Carlos Raimundi y el banquero del PC, Carlos Heller.

La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003, que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en 1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso, como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta; las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU ; la ley 26.087, de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y dio más facultades para la UIF ; la ley 26.268, de julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”, de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y, finalmente, en noviembre de 2009, la ley 26.538, que amplió más el Fondo permanente de recompensas.

De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y “personalidades” íntimamente vinculadas –cuando no orgánicas- del partido de gobierno. La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias falsas.

Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió, seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín, 24/12/2011).

“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo el país, en diciembre de 2001. Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó “paradójico” que “en la Argentina , un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías desde hace más de cinco años.

Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o vejaciones.

También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo (...) y los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta”. O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos nada que temer...

Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería represiva de la norma –a ellos les gustan las cosas más sutiles-, depositan sus esperanzas en que la presidenta, cabeza del poder ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la iniciativa. Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su posicionamiento antipopular.

Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por el “legal ejercicio de la superior función de protección del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus fallos.

Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie. Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una medida de gobierno o la repudie.

En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares. Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades; por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”.

La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios.

Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia.

La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo trabajador.

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Argentina. Entrevista a Juan Carlos Capurro: La Ley Antiterrorista no fue producto de la presión del GAFI

Carlos Saglul (ACTA)

Juan Carlos Capurro asesor jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y abogado de entidades defensoras de los derechos humanos señaló a ACTA que el gobierno no fue presionado para legislar la Ley Antiterrorista. Advirtió que “desde la época en que gobernaba Isabel Perón no se impone una legislación tan grave desde el punto de vista del retroceso de los derechos democráticos. Con esta ley puede ir preso cualquiera que proteste. Es urgente pedir su derogación”, advirtió.

Tenemos una Ley Antiterrorista aunque no hay terroristas, o en todo caso lo que existió fue un Estado Terrorista.

Acá no hace falta ninguna Ley Antiterrorista porque el Código Penal tiene prevista las herramientas para combatir este tipo de delitos. De lo contrario no se estaría juzgando el Terrorismo de Estado. El gobierno lo sabe.

La otra falsedad es que esto es producto de una presión del GAFI. Es mentira, el GAFI no puede exigir una ley que viola la libertad de expresión. Acá hay una ley que por ejemplo habla de aterrorizar a la población, lo cual se presta a cualquier interpretación por parte de los jueces.

También tipifica como delito, obligar a un funcionario a tomar una decisión contra su opinión.

Muchas veces, especialmente durante el gobierno de Carlos Menem, encontrabas funcionarios que después de haber negociado algo con las comisiones internas alegaban haber sido presionados. Esto avala este tipo de actitudes. ¿Qué se hará ahora, meter presos a los dirigentes?

Me dice que el Gobierno no fue presionado. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ley?

Esto sale después de que la jefa de Estado habló de presiones desmedidas de los gremios. Advirtió que no aceptará el chantaje. Al enfrentamiento que tenía con la CTA después de los intentos de dividirla, sigue lo de la CGT. Me parece que no es casual. Esto es lo que se llama Ley Penal en Blanco. Deja a la libre interpretación de quien acusa lo que considera que encaja en su relato del supuesto delito. Supongamos que la gente se moviliza para exigir algo que el gobierno no quiere. Lo estaría obligando a hacer algo, incurrirían en terrorismo según la Ley.

¿Es decir -según usted- que se está intentando criminalizar aún más la protesta social?

La cifra de procesados por protestas sociales fue históricamente de cinco mil. En los últimos años el número aumentó por lo menos en un 30 por ciento. Hay miles y miles de dirigentes sociales procesados en todo el país. Con esta Ley la situación será peor. Es un hecho muy grave, especialmente para los trabajadores, un cheque en blanco contra los gremios y cualquier protesta social.

Parece que hay menos represión porque ahora es selectiva a diferencia de antes que era masiva. Por ejemplo la mayoría de los procesados actuales son de la CTA, de las organizaciones de izquierda.

¿Está a favor de pedir una amnistia generalizada?

La CTA a estuvo siempre por el desprocesamiento pero hay un debate interno a partir de la opinión de compañeros que piden se legisle una amnistía. No estoy de acuerdo, aquí no hubo delitos, por lo tanto amnistiar no permite demostrar la inocencia de los procesados.

¿Hay conciencia sobre la gravedad de la situación?

Esta Ley es una espada de Damocles sobre los trabajadores y se da en un momento en que nunca desde en menemato hubo por ejemplo, tantos muertos por conflictos sociales en distintos puntos del país.

No se tiene en cuenta la gravedad de la Ley porque aparece “casualmente” en un momento muy especial del año. Lo digo con todo conocimiento ya que tengo muchos años de profesión como abogado de conflictos sociales. No recuerdo desde el gobierno de Isabel Perón una ley parecida. Hay que movilizarse, hay que exigir la derogación de esta ley antes que la apliquen.

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Argentina: Protesta, estado de sitio y leyes del terror

Ximena Cabral (PRENSA RED)

Justo cuando se conmemoraba otro aniversario del 19 y 20 de diciembre, en Villa Matoque, Santiago del Estero, balearon a dos militantes campesinos. A la vez, organizaciones jurídico-sociales repudian la sanción de la Ley Antiterrorista que criminaliza la protesta social.

Los hechos de diciembre. De la Rúa en un primer plano. Mensaje a todos los argentinos. “Culmina un ciclo, conmoción interior”. Decreta el Estado de Sitio por TV. Miles de hombres y mujeres salen a las calles de las principales ciudades de Argentina. Son nítidos los sonidos de fondo: cacerolas, entonaciones del himno, ruidos de balas de goma y corridas. Que se vayan todos.

Es 19 de diciembre de 2001. La segunda imagen que recorre tapas de diarios, agencias y la prensa internacional es el helicóptero volando por encima de la Casa Rosada. La casa esta rodeada. El presidente huye; abajo la caballería, las balas de goma, las corridas y la represión desatada.

Fueron al menos 38 fallecidos y unos 500 heridos reprimidos durante aquel ciclo de protestas, según datos de organizaciones sociales basados en las causas abiertas en todo el país.

A diez años, no sólo no avanzaron los juicios sino que se profundizaron reformas institucionales que amplían la inseguridad a partir de criminalizar a quienes protestan.

La media sanción de la ley antiterrorista y las modificaciones presentadas en este año avanzan en este sentido.

Calles inseguras

A las 39 muertes y numerosos heridos de 2001 se le suman los muertos en protestas a lo largo de estos años. Kosteki y Santillán, Sandra Cabrera, Carlos Fuente Alba, Mariano Ferreyra, los Qom en la Comunidad La Primavera, campesinos organizados como Cristian Ferreyra –solo por nombrar los más emblemáticos- muestran cómo la protesta puede implicar cárcel, represión o muerte.

El mismo 19, mientras se celebraban diferentes recordatorios de la crisis, dos campesinos de la organización campesina UPPSAN Villa Matoque (Santiago del Estero), Néstor Palacios e Ignacio Palacios, fueron heridos de bala, defendiendo sus tierras, por Alonso Santillán Secretario de la comisión municipal de Villa Matoque, quien responde a la empresa "Servicios y Negocios", según informaron por comunicado.

En este marco, la media sanción del bloque oficialista y aliados en el Senado de la modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista implica profundizar una política represiva sobre la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.

El proyecto de modificación de la ya cuestionada ley Antiterrorista, fue denunciado por organismos de reconocida trayectoria como la asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) como otro paso legal para criminalizar la protesta social.

“El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público” afirman los arriba firmantes.

Agregan que “una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.”
Estigma y cárcel

Bajo un trazado geopolítico, organismos financieros decretan políticas para América Latina basadas en un recetario punitivo. La ley Antiterrorista de 2007 fue elaborada bajo supuestos de seguridad y riesgo continental ante la amenaza al narcotráfico y al terrorismo.

Sin embargo, la letra de la ley y estas reformas, como muestra una investigación de Red Eco, son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Es decir, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se disponen medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales.

La ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares -por su asociación metonímica al terrorismo- son parte de las implicancias de esta Ley.

“Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo” denuncian en la carta pública ACIJ, CELS y CEPPAS.

Así, “dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas” afirman.

El trabajo y fortalecimiento de movimientos y organizaciones sociales también se ve cercenado debido a que la reforma atañe a las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales.

Estas podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

A diez años de aquel Estado de Sitio desafiado, hoy desde ambas cámaras se promueven nuevos instrumentos para desactivar, reprimir y acallar las voces disidentes que se expresan en la protesta social.

Las balaceras a campesinos, quemas, supuestos enfrentamientos entre patotas, detenciones arbitrarias, y una ampliación de términos que dejarían al arbitrio de la autoridad de turno, son parte de los conflictos en los que sumergen las conmemoraciones de diciembre.

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Argentina: “Hay que terminar con el triángulo de la corrupción de los ferrocarriles”

INFOSUR

Mientras el Gobierno sigue repartiendo subsidios generosamente a Aerolíneas Argentinas y a diversas empresas que no los necesitan, El Gran Capitán demuestra que el servicio ferroviario argentino sigue en plena decadencia.

Mientras el Gobierno sigue repartiendo subsidios generosamente a Aerolíneas Argentinas y a diversas empresas -como el caso de las petroleras, mineras, hipódromos, casinos- que no los necesitan, el servicio ferroviario argentino sigue en plena decadencia.

“El caso de la cancelación el último domingo del servicio Gran Capitán, que une las ciudades de Posadas, Misiones, con la Capital Federal, que derivó en una protesta de los usuarios, no hace más que demostrar con cuanta impunidad opera el triangulo de corrupción ferroviario existente en los ferrocarriles”, dijo el diputado Fernando Solanas.

La empresa Trenes Especiales Argentinos (TEA) continuó vendiendo pasajes pese a que la Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Juan Pablo Schiavi, decidió interrumpir hace casi un mes el servicio y alrededor de 100 personas no pudieron viajar a pesar de que tenían los tickets de la empresa TEA.

“Necesitamos acabar con el corrupto sistema de subsidios y de concesionarios que vienen desde Menem -señaló Solanas-, y están exentos de responsabilidades. Necesitamos un tren para todos, trenes públicos controlados por trabajadores, pasajeros y productores de cargas, junto a técnicos y funcionarios. Es posible realizarlo, como lo demuestran nuestros proyectos de ley que esperan ser tratados en la Cámara de Diputados: el “Fondo de Desarrollo Ferroviario”, la “Comisión Investigadora de los Bienes Ferroviarios” y la empresa “Ferrocarriles Públicos Argentinos” -Frepar-.”

Por último el diputado manifestó que “hay que terminar con el triangulo de corrupción que forman el Grupo Cirigliano, el sindicato La Fraternidad y la Secretaría de Transporte de la Nación que con sus socios son el símbolo del despojo y la destrucción de los ferrocarriles”.

Fuente imagen: INFOSUR

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Argentina: Los reclamos y la puja por el ingreso serán más duros en 2012

Irina Santesteban (LA ARENA)

El distanciamiento del jefe de la CGT, Hugo Moyano, con el gobierno nacional, permite augurar un próximo año conflictivo, a la luz de los reclamos que no son atendidos por los empresarios ni por el gobierno.

Aunque las campañas electorales en el país y las provincias se llevaron casi toda la atención en el año que está terminando, los conflictos gremiales y reclamos sectoriales tuvieron lo suyo.

En el sur, los trabajadores petroleros y docentes bloquearon las entradas de las plantas de Repsol y de otras firmas, por varios días, en el primer caso en un duro conflicto que "se llevó puesta" a la dirección del sindicato. No obstante, luego los petroleros volvieron a la carga, porque las contratistas no cumplieron con el pago de los salarios que habían acordado durante las negociaciones. Los docentes también protagonizaron un largo reclamo, que costó muchos días de clase, mientras el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni protestó porque Argentina es el país de la región latinoamericana con más paros en el área educativa. Aunque el funcionario reconoció que "los reclamos son justos", acorde a la línea que baja desde la Casa Rosada, abogó porque los conflictos se diriman de otra manera.

Larga marcha

Entre abril y julio, los integrantes del Frente Nacional Campesino realizaron una caminata que salió desde Salta y llegó a Plaza de Mayo, luego de recorrer 1.700 kilómetros.

El sentido de esta larga marcha fue denunciar la difícil situación que viven los campesinos pobres y pequeños productores rurales, por el uso y la tenencia de tierras en la Argentina y los desalojos que sufren los poseedores ancestrales en varias provincias. También pidieron que se dote de mayor estructura y presupuesto a la Subsecretaria de Agricultura Familiar, para agilizar los diagnósticos, la elaboración de proyectos y la ejecución de emprendimientos sustentables.

En ese marco, aunque muy insuficiente, la Ley de Tierras que aprobó la semana pasada el Congreso Nacional, podría ser un punto inicial para comenzar a dar soluciones a este postergado sector.

Los campesinos se quejaron de que "el campo" esté representado por la Mesa de Enlace que, según expresan, pertenece "al viejo modelo de país agroexportador, de concentración de la tierra en pocas manos, de acumulación de la riqueza en manos de grandes empresas, y de pobreza, desalojo y destrucción para pequeños y medianos productores".

Y denunciaron que esos sectores se están quedando con todas las tierras del país y exigieron que se construya otro modelo agrario que beneficie a todos los productores y a todos los argentinos.

Ganancias

Un reclamo que atravesó a varios gremios fue el de pedir la derogación de la categoría cuarta para el pago del impuesto a las Ganancias, que se aplica sobre los salarios que superan el mínimo no imponible establecido por la ley.

Como el gobierno nacional no actualiza este monto al mismo ritmo que los incrementos salariales y tampoco ha renovado las escalas que se aplican desde la última reforma que hizo el entonces ministro José Luis Machinea en el año 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cada día son más los trabajadores de ingresos medios y altos que deben tributar este impuesto.

Bancarios, lucifuercistas, camioneros, judiciales o petroleros son algunos de los gremios que reclaman al gobierno, sin respuesta, para que se derogue el impuesto a las Ganancias sobre los salarios o, al menos, se aumente considerablemente el monto del mínimo no imponible.

Esa fue una de las demandas de Hugo Moyano, en su duro discurso del pasado 15 de diciembre, cuando se animó a enfrentar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que cinco días antes había asumido su segundo mandato, luego de su contundente triunfo en las urnas, con un 54 por ciento de votos.

Otro reclamo

El otro reclamo del camionero, que ya ha sido archivado por la presidenta, es el de la ley de Reparto de las Ganancias de las empresas, proyecto que el diputado cegetista Héctor Recalde había presentado en el Congreso Nacional en abril de 2010. La presidenta, en la 17º Conferencia de la Unión Industrial Argentina dijo claramente que el reparto de ganancias debía ser acordado en paritarias y no impuesto por ley, con lo cual desautorizó el reclamo de la CGT. Su discurso fue música celestial para los empresarios, que no quieren ni en broma que los sindicatos les husmeen sus balances, para comprobar a cuánto ascienden sus ganancias netas.

Beneficios

Es que, aún con los conflictos sintéticamente enumerados en esta nota, las empresas, sobre todo las multinacionales, no dejan de ganar buena plata en nuestra Argentina, país generoso.

Según una información publicada en el la edición digital de Clarín, del 26 de julio, Repsol registró en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 579 millones de euros, en baja principalmente por los conflictos sociales en Argentina y la guerra civil de Libia que le obligó a suspender la producción en este país.

Aún con esos dos problemas, en el conjunto del semestre enero-junio, las ganancias netas de Repsol totalizaron 1.344 millones de euros, con un ligero aumento de 0,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.

Repsol reconoció que, a pesar de la merma de sus resultados por los dos factores referidos, los mismos fueron compensados por la "mejora de los precios internacionales del crudo, la recuperación del negocio químico de Repsol y los excelentes resultados de su división de GNL (gas natural licuado)".

Participación

Para hablar en criollo, ¡ni haciéndoles huelga pierden plata estos monopolios! Y después se quejan cuando los trabajadores pretenden que se cumpla el precepto constitucional que reza: "Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y participación en la dirección".

Ni una cosa ni la otra, para los grandes empresarios, si hay pérdidas o crisis económica, como en 2008, los trabajadores tienen que bancarse suspensiones y despidos. Pero si hay ganancias, son todas para los dueños, y no hay que pedir mucho aumento salarial, porque si no "producen inflación".

Hasta ahora, Moyano había sido casi un aliado de los empresarios, cuando negociaba las paritarias, fijando un "techo" al reclamo del resto de los gremios. Pero despechado por los pocos lugares obtenidos en el reparto de candidaturas oficiales, y desairado en sus dos reclamos principales, el líder de la CGT puede ser un dolor de cabeza para el gobierno y para los propios empresarios.

Más reclamos

Independientemente de ese "factor Moyano", lo más importante de apreciar es que el 2012 será de menor crecimiento económico (la ley de presupuesto prevé algo más del 5 por ciento de aumento del PBI, inferior al casi 8 por ciento de este año). Habrá recortes al salario vía inflación y menos subsidios, aumento de servicios y, en una medida que no se puede estimar bien aún, coletazos de la crisis internacional. Esta perspectiva para el mundo del trabajo lo hará reclamar en forma más airada que en 2011, tanto al sector público cuanto al privado.

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Los grandes contaminantes siguen en pie: Los patrones del Riachuelo

Lucas Schaerer (NOTICIAS URBANAS - ACTA)

Los únicos detenidos por el juez federal Luis Armella fueron trabajadores de fábricas recuperadas. Con un presupuesto de casi 5 mil millones, Acumar solo trasladó este año a 93 familias que vivían en la ribera, de un total de 18 mil.

Casco, pasamontañas negro, guantes de tela para sostener la ametralladora y los borceguies para voltear puertas. Así ingresó el pelotón de 50 efectivos de infantería de la Policía Bonaerense enviados por el juez federal de Quilmes Luis Armella para realizar el allanamiento a la fábrica gestionada por trabajadores, Curtidos Unidos, y así llevarse detenido a un trabajador que ni siquiera saber leer y escribir pero que a los grandes medios ACUMAR, el ente que debe sanear la cuenca Riachuelo-Matanza, hizo creerles que es un empresario contaminador.

Oscar Aguirre es un morocho y petacón curtidor de cuero. Toda su vida laboró en esta actividad. Al punto que las huellas dactilares no pudieron quedar registradas en sede policial porque desaparecieron de sus dedos. “El funcionario de ACUMAR decía mal la versión a los policía. Me acusó que yo era el responsable de la contaminación. Es cierto que firmé un papel porque agarraron unos cueros y me preguntaron si los había trabajado. A lo que respondí que sí.

"Pero después en la causa figura que yo rompí la faja de clausura y eso es falso. Tan injusta fue mi detención que los policías me pidieron disculpas. Ni alpargatas tengo y dicen que soy un empresario”, explicó Aguirre a Noticias Urbanas tras una asamblea en la ex Curtiembre Neira, que desde hace cinco años la gestionan los propios trabajadores del cuero, que entonces fueron avisados por una empleada de limpieza del vaciamiento que realizaba Manuel Neira, quien fundó la curtiembre en 1918 y llegó a tener tres turnos con 280 empleados, y que hoy bajo la gestión obrera resisten en sus puestos 30 trabajadores que conforman la cooperativa Curtidores Unidos, ubicada en Avellaneda, Entre Ríos 1457, a no menos de cincuenta cuadra del Riachuelo.

La detención de Aguirre fue la única de todo el megaoperativo en donde el magistrado Armella libró 38 órdenes de allanamiento sobre distintas empresas vinculadas al rubro curtiembres. De los procedimientos participó personal de la Policía Ecológica de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y el coordinador de Fiscalización Industrial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con directivas del presidente ejecutivo de ese organismo, Oscar Deina.

No fue la única avanzada judicial del quilmeño Armella con su brazo ejecutor, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, más conocida por sus iniciales ACUMAR. Otro de los trabajadores de la recuperada Curtidores Unidos que fue detenido es Carlos Bustamente. También reprodujeron que era un empresario. “No estaba en la fábrica cuando allanaron. Me avisan que estaba la policía y que necesitaban papeles administrativos. Me viene y después de entregar la documentación me piden que suba al patrullero para trasladarme a la seccional a firmar unos papeles. En cuanto me senté en el móvil me dicen que estaba detenido. Siempre me llevaron esposado, pasé por dos comisarías esa noche y siempre en celdas con presos comunes”.

Bustamente, un hombre delgado que maneja la computadora en Curtidores y fuma compulsivamente, expresó a este semanario que “los medios como La Nación y Popular se pasan porque somos operarios no empresarios como escribieron. Es una vergüenza que nunca nos vinieron a ver o llamar para comprobar quienes somos en verdad”.

Tanto para Aguierre como para Bustamente, acusados en los diarios de ser contaminadores del Riachuelo, “Armella y Acumar buscan trascendencia política para cubrirse, ya que a los grande nunca los tocan”. Un destacado miembro del poder judicial porteño involucrado en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, que en el 2008 llegó a la Corte Suprema de la Nación, reconoció a NU que “existe un cierre político en la causa. Los patrones del Riachuelo se sientan en una mesa.

Lorenzetti (presidente de la Corte), Fernández (Aníbal, ex jefe Gabinete Nacional), que maneja al juez Armella para ascenderlo a camarista, y el ex intendente Mussi (Juan José, titular de ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación). Se han presentado infinidad de quejas por los habitantes en el camino de sirga (los 35 metros de la zona ocupada a la vera del Riachuelo que debe liberarse de viviendas y empresas). Ninguna tiene recepción. Es imposible entrarles. Ya que la Corte Suprema rechaza las medidas que se le presente. No pudieron organizaciones sociales y barriales aportando elementos de contaminación de tres grandes multinacionales contaminadoras”, detalló desde el anonimato este trajeado funcionario judicial porteño.

Además de las detenciones, las fábricas recuperadas sufrieron cuatro clausuras con fajas de ACUMAR y ordenadas por el magistrado en la causa por el saneamiento del Riachuelo. “Clausuraron en total cuatro fábricas del movimiento y otra recuperada (Cooperativa de Trabajo Huesitos Wilde) que no se agrupa con nosotros. Nos persiguen en lugar de darnos una alternativa para trabajar.

Ahora los muchachos cuentan con el permiso municipal y la idea es empezar a producir de manera inmediata porque Curtidores al momento de la clausura tenía muy poca producción”, afirmó el abogado y fundador del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), Luis Caro.

Las denuncias desoídas

“En medio de ese proceso, en el que ni siquiera se está produciendo en las fábricas, este juez salió de caza de brujas con las fábricas más pequeñas y está haciendo la vista gorda con las más grandes”, sostuvo Juan Grabois, el abogado y militante de la organización cartonera más numerosa del país radicada en Villa Fiorito en la zona aledaña al Riachuelo. Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluido (MTE), junto a vecinos de Lomas de Zamora y el respaldo de la Fundación Alameda el primero de junio con una marcha a la Corte Suprema radicaron una denuncia penal contra tres multinacionales acusándolas de contaminadoras. La denuncia es previa a que los cartoneros, costureros y las fábricas recuperadas se agruparan en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En la denuncia penal, con patrocinio del vicepresidente de la Fundación Alameda el penalista Mario Ganora, se señala la violación al artículo 55 de la ley 24.051 contra los directivos de las empresas multinacionales SADESA SA (que fact
ura más de 1000 millones de pesos al año con la producción de cuero), CAMILO FERRON SA (agroindustrial que factura 20 millones de pesos anuales y fue clausurada en el 2007) y CONTE TODO S.A. (un depósito de desechos industriales que quema azufre y luego lo entierra debajo de escombros) por envenenamiento.

“Estas empresas forman parte de la mafia ambiental de la Argentina, que gracias a las coimas que pagan siguen arrojando impunemente efluentes envenenados, ante la mirada complaciente de inspectores y funcionarios. Presentamos videos, pruebas de laboratorio, informes médicos y testimonios de vecinos que respaldan la denuncia. Mientras que todo ocurre ACUMAR dilapida más de 5 mil millones de pesos y la Cuenca no mejora”, difundieron en su momento las ong’s.

El juez federal Amella, responsable directo de aplicar las órdenes de la Corte Suprema, ya había sido acusado de beneficiar a la empresa Edesur. Su respuesta fue judicializar la protesta de vecinos que se sublevaron a la instalación de una subestación eléctrica. El caso es conocido como Rigolleau, el nombre de la subestación, a instalarse en Berazategui (tierra de Mussi), y llegó al escándalo cuando los vecinos fueron citados por la Justicia Federal de Quilmes. La citación a indagatoria por un corte de vías realizado tiempo atrás, se produjo en medio del estado de alerta de los vecinos autoconvocados, ante las versiones de un inminente regreso de los trabajos para la puesta en funcionamiento de la subestación.

Los pocos traslados

La liberación del camino de sirga es uno de los objetivos clave para el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo. Armella estableció plazos inamovibles para la mudanza de todas las poblaciones que sigan asentadas en la ribera. El plazo es 2013. Sin embargo este año del camino de sirga solo fueron trasladadas 93 familias. Las viviendas sociales que deben construirse para los habitantes que viven en la ribera del Riachuelo suman 17.771, entre ambas jurisdicciones.

Por Capital se mudaron 30 familias en el asentamiento Luján y 33 del asentamiento el Pueblito de Pompeya. De los asentamientos porteños quedan pendientes trasladar 116 familias del asentamiento Magaldi, 215 de la Villa 26 y 1.334 que habita en la villa 21/24 de Barracas. Por el fallo de Armella, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe liberar los 35 metros desde la costa del Riachuelo hacia adentro. Las casas son construidas por la Corporación del Sur y entregadas con créditos que otorgó el IVC con el compromiso de pago de una cuota mensual de 500 pesos durante 20 años.

Pero al paupérrimo nivel de construcción de las viviendas se suman las deficiencias de las nuevas construcciones. El asesor Tutelar de Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, señaló en varios escritos dirigidos a todas las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, además de la Defensoría del Pueblo, que existen viviendas sin gas “usan en cambio garrafas que pagan las familias sin que se contemple la cuestión de seguridad por una posible explosión y en cuanto a la luz recurren a la que aporta la obra ya que sucede que se entregan las casas sin el certificado de obra.

"La falta de energía impide el uso de la bomba de agua y por ende la falta de líquido hace imposible higenizarse, limpiar y cocinar", cerró Gustavo Moreno el asesor de Cámara que vela por los derechos de los menores e incapaces.

ACUMAR no atiende el teléfono

Oscar Deina, el presidente Ejecutivo de ACUMAR, se negó a responder las preguntas de Noticias Urbanas. Tampoco el departamento de prensa tuvo argumentos en cuanto al cuestionado proceder del organismo tripartito. Acumar es el ente creado en 2006 producto de un fallo de la Corte Suprema que instaba a los organismos estatales correspondientes a sanear el recorrido del río que pone diariamente en riesgo la salud de 3.500.000 habitantes.

Un informe de ACUMAR revela que “el universo de curtiembres radicadas en la Cuenca es de 247, de las cuales 196 están en actividad comprobada. De este total, 181 están en funcionamiento dado que las restantes han sido clausuradas. De estas curtiembres, 91 están en un plan de reconversión industrial; otras 24 están en proceso de declaración de agente contaminante y el resto permanece en monitoreo constante”. Para el organismo “existen 32 empresas con registro de curtiembres en comprobado estado de abandono y 13 curtiembres que no vuelcan actualmente sus efluentes. Ocho curtiembres tienen actividad intermitente y 27, pese a tener carteles de venta o alquiler, los vecinos dieron información respecto de la actividad de la planta”, finaliza el informe de Acumar que dio a conocer tras una campaña de la ong ambientalista Greenpeace sobre las curtiembres.

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Un niño ante la ley

Julián Axat (APE)

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Variación libre en mirada de infancia
nuestra del cuento “Ante la ley”, del
escritor checoslovaco Franz Kafka

Ante las puertas de la ley hay un adulto que cumple funciones de guardián. De pronto se le aparece un niño. Se trata de un niño que se encuentra descalzo, ropas roídas, algo sucias; con bastante hambre y frío como para que el señor adulto con funciones de guardián no se apiade de él y lo deje entrar. El niño le ruega al adulto-guardián que sea bueno y lo deje entrar, que mucha gente le contó que del otro lado de la puerta es divertido y que tarde o temprano, si pasa, llegará a ser un hombre feliz.

Pero como la función del adulto-guardián es, justamente, controlar los deseos de los niños que como él, intentan pasar por esa puerta, contesta que no puede dejarlo pasar por el momento, que tiene órdenes estrictas "de arriba" de impedir su paso. El niño pregunta entonces si más tarde podrá pasar. “Es posible”, contesta el adulto-guardián, pero no por el momento.

Pero el niño, que además de ser un niño curioso e insistente, se da cuenta que las puertas de la ley están abiertas a espaldas del adulto-guardián, lo que le despierta ganas de escabullirse sin que éste se entere. Pero enseguida el adulto-guardián se da cuenta de las intenciones del niño, y, muerto de risa, le dice: “Si tantas ganas tenés de entrar por esa puerta, intentá entrar a pesar de mi prohibición y verás lo que te ocurre...”

El niño se asusta de la amenaza del adulto-guardián, porque además de hablarle entrecortado y serio, lo hace con palabras difíciles que apenas puede entender. El adulto-guardián es alto y fornido, con nariz grande y aguileña, usa bigotes ralos y uniforme marcial impecable. Todas esas características son las que convencen al niño que es mejor esperar y no escabullirse. No vaya a ser que el adulto-guardián se enoje con él, tan chiquito e indefenso que es…

El adulto-guardián dice que ya no tiene más banquitos para aguardar al lado de la puerta, que hoy los niños como él se sientan sobre el asfalto, en la vereda, en la tierra o donde pueden… Entonces el niño se acurruca como puede, a esa altura muerto de frío y hambre, a esperar cerca del umbral. El adulto-guardián, a pesar de su moral de hierro, asume cierta piedad por esos niños, por lo que le arroja una frazada algo gastada y terrosa, seguro que usada por cientos de niños como aquel.

El niño espera horas, días y años, pasa tiritando dentro de la frazada. Pasa inviernos helados, lluvias torrenciales que lo deja hecho sopa, calores intensos de verano que lo deshidratan, mucha hambre, sed, enfermedades… Pero, con lo que le queda aún de fuerzas, intenta todavía pararse y suplicar sin cesar al adulto-guardián que lo deje entrar de una buena vez. Pero éste, siempre abrigado bajo el dintel de la puerta, cómodo en un sillón de terciopelo que se ha hecho llevar especialmente, con una buena vianda y una copa de vino en la mano, con las cejas ceñidas hacia abajo le reprocha que no insista, que todavía no ha llegado su momento para ingresar. Pero en ese instante la imagen del niño hecho un ovillo en el suelo le da algo de ternura y compasión, por lo que el adulto-guardián le arroja al piso algunos restos de comida que le quedaron de la cena para que el niño se alimente y sobreviva un poco más.

Con frecuencia, el adulto-guardián busca mantener con el niño breves conversaciones. Le hace preguntas para certificar si realmente tiene hambre, si tiene frío, si está cansado... De paso también le pregunta sobre su barrio, si se acuerda de su mamá, si tuvo alguna vez un papá, sobre el nombre de sus hermanos. Pero todas son preguntas indiferentes, para distraer al niño del tiempo que pasa. Ocurre que el adulto-guardián recibe una paga por hacer esos cuestionarios, pero también hay veces que siente un poco de culpa ante la ya evidente desnutrición del niño. Sabe que si lo entretiene con preguntas, en una de esas soporta más tiempo que otros niños que ya ha tenido ante su vista en igual situación y han durado menos… pero es inútil, por más que el adulto-guardián tenga algo de cargo de conciencia, sabe muy bien que tiene ordenes de que -por ahora- no puede pasar...

Entonces el niño, al que aún le quedan algunas ganas de jugar, le propone al adulto-guardián, llevarle algo a sus hijos, que por culpa de ese pesado oficio, apenas tiene tiempo de ver. O a su señora esposa, o a un amigo... En una de esas, usando esas tácticas el adulto-guardián al final se apiada de él y lo deja entrar. Entonces, el adulto-guardián, que gusta y conoce de sobornos de esa índole le contesta: “Lo acepto para que no pienses que has omitido algún esfuerzo o que te niegue las ganas de jugar, pero no creas que por eso te voy a dejarte pasar. Es necesario que te esfuerces y me demuestres que eres un buen chico, como esos otros que, a diferencia de ti, son tan buenos niños y que no tienen que venir por acá a mendigar por pasar… Lo acepto porque ya sabes que como en esta larga espera te has quedado muy solo, no te queda otra que aceparme como alguien que te quiere…”

Pero pasan largos años, el niño sentado en el suelo dentro de la frazada observa continuamente al adulto-guardián, que ahora dice ser como su padre que nunca tuvo. El niño se olvida de lo que era jugar con otros niños, se olvida de su pasado, la piel se le pone blanca, con arrugas, le salen manchas extrañas y de colores, los huesos le sobresalen, le crece una barba blanca y se queda sin pelo, se arrastra, porque el niño ya no tiene fuerzas para pararse; y entonces comienza a darse cuenta que de tanto esperar se ha puesto viejito, muy viejito, más viejo incluso que el propio adulto-guardián que lo mira acostumbrado a esas cosas que suelen pasar ante su vista. El niño-viejo ya no articula palabras, sino chillidos como los de un ratón desesperado cuando está en una situación de peligro.

Al niño ya viejito le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado al adulto-guardián, por lo que se trata de su último ruego. El niño viejito trata de hacer señas o chillidos para que el adulto-guardián se acerque, ya que el rigor de la muerte cercana le comienza a endurecer su cuerpo.

El adulto-guardián tiene que agacharse mucho para hablar con el niño viejito, porque la diferencia de estatura entre ambos ha aumentado con el tiempo. ¿Qué quieres ahora -pregunta el adulto- guardián -. Eres insaciable… no escarmientan… todos los niños como tú se esfuerzan por llegar y pasar por esta puerta… pero el niño ya viejito lo interrumpe con un último esfuerzo en sus palabras: … Sr. adulto-guardián… cómo se explica que durante tantos años yo haya sido el único niño en intentar pasar por esa puerta que usted protege?

El guardián comprende -ahora sí- que es lo último que va a escuchar, y, para asegurarse de que oirá sus palabras, le dice al oído con voz atronadora: Ningún niño como tú podría intentarlo, porque esta puerta estaba reservada solamente para ti. Y ahora, voy a cerrarla.

Julián Axat; escribe poesía, ha publicado los libros. ALBAÑILES; Peso formidable, servarios, medium, ylumynarya. Es también defensor oficial.

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Esa maldita costumbre de matar III: Diciembre del 2001

Leónidas Ceruti (INDYMEDIA)

Como ya hemos planteado en otros artículos, las clases dominantes en nuestro país siempre han apelado a la violencia para resolver y hacer frente a los conflictos y las crisis políticas, económicas y sociales. Eso es lo que aconteció una vez más en aquel Diciembre del 2001, cuando el pueblo ganó las calles y las plazas. Sobre ese mes de lucha, represión y muerte nos hemos de explayar, para ver en acción a los distintos actores que participaron y como, desde el poder político, se apeló a la violencia del Estado para hacer frente a las demandas populares.


Sumario:
1. La violencia y la burguesía
2. La protesta social desde Menem a De la Rúa
3. Descontento, paros, estado de sitio, rebelión y represión
3.1. Que se vayan todos, represión para todos
4. Danza de presidentes y lucha por el poder
5. Maldita esa maldita costumbre de matar

“para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia
para vencer al hombre de la paz
y acallar su voz modesta y taladrante
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo
y matar más para seguir matando
para batir al hombre de la paz
tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de la paz era una fortaleza”
Fragmento de "Hombre de la paz" de Mario Benedetti


1.-La violencia y la burguesía

La violencia suele verse como un ejercicio de fuerza de parte de instituciones, grupos o individuos sobre otros grupos o individuos con el propósito ya sea de obtener algo de quienes padecen el ejercicio de la fuerza o bien poner de manifiesto el poder y las convicciones del ejecutor de la fuerza. El término “violencia” puede tener diferentes sentidos según quienes lo utilizan. Algunos interpretan a la violencia como lo que está fuera del derecho o del orden jurídico. Otros plantean que se la utiliza como medio para vencer la resistencia de las personas.

La clase dominante utiliza la violencia para perpetuar su dominio, para defender sus intereses, y las clases oprimidas lo hacen para enfrentar la opresión y para liberarse de la condición de explotación en la que viven. Este enfrentamiento es consecuencia de la sociedad misma y del desarrollo técnico y económico alcanzado en cada momento histórico y gracias al cual las distintas sociedades resuelven el problema de la supervivencia.

Podemos enmarcar el problema de la violencia en la sociedad capitalista por parte de la clase dominante a partir de estos elementos:

- la alienación económica supone la separación, por la violencia, entre los trabajadores y las condiciones de producción;

- el aparato jurídico-político, plasmado en el Estado, tiene como funciones fundamentales controlar coercitivamente los posibles desbordes de las clases subordinadas, o reprimirlos violentamente si se hacen efectivos

Del Estado emerge una violencia política que se ejerce sobre todos aquellos, incluidos miembros de la misma burguesía, que alteren el orden establecido. Esa perturbación puede obedecer a una resistencia instintiva a la dominación, la cual se puede manifestar en diferentes hechos de violación a la legalidad, o a un movimiento consciente del proletariado en busca de superar la explotación. En este último caso es cuando la violencia política se vuelve totalmente explícita, pues los aparatos de coerción del Estado y, en muchas ocasiones, las milicias privadas de los sectores dominantes ponen en práctica medidas de fuerza para contener el ascenso de las luchas.

No se puede entender el problema de la violencia política sin conceptuar a la política como la organización y aplicación sistemática de determinadas relaciones de poder, como la articulación de un conjunto de medios para la consecución y la preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de clase.

El principal organizador y concentrador de la violencia es el Estado, de manera que cualquier intento por legitimar y justificar la violencia ejercida por la clase en el poder pasa por legitimar el Estado. El objetivo básico que se persigue es despolitizar, desideologizar y neutralizar el Estado, presentarlo como el sintetizador del “bien común” y garante de la “ley y el orden”.

La violencia es inherente a una organización social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. De hecho, la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia en su conjunto al capitalismo.

Foto: Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa

Antes y durante la dictadura militar del 76, las clases dominantes utilizaron todo tipo de métodos violentos para la represión, con el argumento de que estaba en peligro el orden social. Se consideraba a la violencia como un elemento normal del proceso político para controlar o manipular las diferencias ideológicas. La violencia vista desde el poder en la década del ’70 para muchos sectores de la sociedad no estaba cuestionada si se ejercía desde el Estado.

Para otros, desde lo ético no se puede justificar la violencia en la medida que representa una violación al derecho a la vida y a la integridad física. Agregan que, desde ese punto de vista, la violencia debe ser ajena a la esencia de la política, si se la entiende a ésta como la instauración de la libertad; es decir, como la creación de un espacio donde los hombres puedan ejercitar la capacidad de entenderse y de concretar acciones.

Como ya hemos planteado en otros artículos, las clases dominantes en nuestro país siempre han apelado a la violencia para resolver y hacer frente a los conflictos y las crisis políticas, económicas y sociales. Eso es lo que aconteció una vez más en aquel Diciembre del 2001, cuando el pueblo ganó las calles y las plazas. Sobre ese mes de lucha, represión y muerte nos hemos de explayar, para ver en acción a los distintos actores que participaron y como desde el poder político se apeló a la violencia del Estado para hacer frente a las demandas populares. (1)

2.-La protesta social desde Menem a De la Rúa

Creemos necesario repasar brevemente esta etapa porque consideramos que hubo un puente entre las luchas de los 90 y la actitud adoptada por el pueblo frente a la crisis terminal de diciembre del 2001.

El programa económico del gobierno de Menem tenía como meta la reinserción de la economía argentina en el mercado mundial y una nueva etapa de acumulación del capital. Su decisión fue la de concretar un pacto con la derecha económica y política. El ajuste le fue encargado a Domingo Cavallo, quien al asumir lanzó el llamado Plan de Convertibilidad, fijando por ley la paridad entre el austral (luego convertido en peso) y el dólar. El efecto fue que se redujo la inflación. Con los meses llegó la apertura de la economía y la gran desocupación. Al aprobarse dos leyes como la de Emergencia Económica y Reforma del Estado fueron intervenidas las empresas públicas y se encomendó a sus autoridades la tarea de reestructurarlas (rescindir contratos, despedir personal) y privatizarlas. Un acelerado proceso de privatizaciones se inició desde entonces. Desde 1990 se dispuso la privatización de la telefónica ENTEL, Aerolíneas Argentinas y varias empresas dirigidas por el Ministerio de Defensa, y se habían concedido derechos de explotación de áreas petroleras antes reservadas a YPF. A estas empresas se agregaron luego las líneas marítimas (ELMA), correos y telégrafos (ENCOTEL), carbón (YCF), aguas (OSN), transportes subterráneos (SBA) y la metalúrgica SOMISA. Fueron entregadas al sector privado además las líneas ferroviarias y rutas nacionales. Posteriormente, se reestructurará y privatizará la mayor empresa pública, la petrolera YPF.

Foto: Protesta piquetera en Mosconi, Salta (julio 2001)

Desde el comienzo del primer gobierno menemista, el Ministro de Economía y la UIA acordaron, a través de un pacto político, medidas para rebajar costos. Esto significó menos salarios y mayor explotación entre otras cosas. Además, la reconversión industrial debía pasar por una baja de los costos laborales y un aumento de la productividad. Para ello era necesario sancionar varias leyes que permitieran alcanzar distintos objetivos: bajar los costos fijos del salario (beneficios sociales), negociar aumentos solo sobre la base del incremento de la productividad y reestructurar el número del personal. Todo lo cual trajo despidos y avasallamiento de las conquistas sociales del movimiento obrero. Fueron muchos los políticos del oficialismo y de la oposición, como sindicalistas, que apoyaron las medidas del plan Menem-Cavallo.

Frente a esas políticas económicas, crecieron los reclamos, nuevos actores y formas de protestar. La memoria histórica de los trabajadores hizo que surgiera lo que se llamó el movimiento piquetero. Florecieron por todo el país los piquetes y los piqueteros, con sus cortes de rutas y calles, que comenzaron a hacerse habituales en los paisajes provinciales. Todo se inició en 1991. El primer piquete fue organizado por las esposas e hijas de los mineros del yacimiento de hierro de Hypasam, en la localidad patagónica de Sierra Grande, el 21 de septiembre de ese año. Ellas fueron las que cortaron la Ruta Nacional 3. Los trabajadores llevaban ya tres meses sin cobrar y con la amenaza del gobierno nacional de cerrar la mina. Fue en esa instancia que las esposas de los mineros decidieron cortar la ruta, iniciar una huelga de hambre, mientras las hijas movilizaban a los 12.000 habitantes de la localidad. Las Madres de la Ruta sólo dejaron pasar el camión con los sueldos atrasados. Carlos Menem cerró la mina y pasó a ser un museo, que visitan los turistas. Hoy es la República Popular China quien tiene a su cargo la explotación de la mina de hierro más grande de Sudamérica.

En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el país y esta práctica fue incrementándose durante los años siguientes. En 1998 fue cortada una ruta por semana, en 1999 una cada día y medio, y en el 2000 hubo al menos un corte diario. En 2001, el promedio fue de entre cuatro y cinco cortes por día.

Los desocupados, los ocupados y algunos gremios iniciaron una serie de reclamos con acciones de acción directa, paros, caravanas. Y, desde los 90, las manifestaciones populares fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias. Se produjeron varias muertes y gran cantidad de heridos en todo el país. Algunos casos emblemáticos sobre el modo en que la reacción estatal se ha desplegado contra este tipo de manifestaciones, han quedado fijados en la conciencia colectiva. Entre ellos, las muertes de Víctor Choque, en la provincia de Tierra del Fuego; Teresa Rodríguez, en Neuquén; Mauro Ojeda y Francisco Escobar, provincia de Corriente; y Aníbal Verón, Carlos Santillán y José Oscar Barrios en la provincia de Salta.

Luego, vendría el fracaso del gobierno de De la Rúa: creció la crisis económica, política y social; se sucedieron ajustes, renuncias, hechos de corrupción. Se le sumó una serie de intrigas palaciegas entre el ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el PJ, la UCR, la Alianza, los gobernadores. Todo llevó a una situación explosiva. La crisis era considerada como terminal.

En los últimos meses del 2001 se produjeron protestas en las grandes ciudades que consistieron en manifestaciones públicas, cortes y reclamos. Se trataba de protestas en contra de las reducciones salariales, la reducción de personal en el sector público, el desmantelamiento del aparato de contención social del Estado, la desocupación y la crisis del sistema financiero y bancario.

Foto: Jornada nacional de lucha del 7 de agosto de 2001 en Rosario

3.- Descontento, paros, estado de sitio, rebelión y represión (2)

En un recorrido sobre lo acontecido en las semanas de diciembre del 2001, podemos ver desconcierto en el ejecutivo nacional, disputas políticas, desaciertos económicos, malestar y reclamos de todos los sectores, cada día más pobres en las calles y más fuerzas policiales y de la gendarmería patrullando. Todo eso es lo que intentaremos reflejar en estas líneas, para recordar y darle una verdadera dimensión a lo acontecido.

El gobierno nacional adoptó durante los primeros días de diciembre una serie de restricciones importantes a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares. De tal forma, las transferencias dinerarias se vieron limitadas y la casi totalidad de los pagos debió hacerse por medio de transferencias bancarias. El “corralito”, establecido por el decreto 1570/01 del Poder Ejecutivo, encerró los depósitos de grandes sectores de la clase media y perjudicó a todos los sectores de la economía informal.

Los diarios titulaban: “Definen un paquete que incluiría la dolarización de las cuentas”, “Cavallo anunciará medidas para restringir el retiro de depósitos”, “Limitarán extracciones por 90 días”, “La gente no tendrá problemas con los pagos”, “De la Rúa asegura que ‘la garantía y la potestad’ están en sus manos”, “El gobierno intenta desdramatizar la avanzada del PJ en el senado”, “El presidente y varios funcionarios minimizaron la virtual pérdida de la vicepresidencia de la Nación”.

Las manifestaciones de protesta ganaron las calles y canalizaron el enojo de los distintos sectores. Los comerciantes realizaron movilizaciones en las que marcharon golpeando cacerolas por distintos barrios porteños. La Cámara de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) había convocado a oscurecer las vidrieras e incluso los carteles luminosos de cines y teatros.

Eduardo Menem puso en duda la continuidad de De la Rúa: “si la crisis se agrava, se podría llamar a una Asamblea Legislativa”. El senador veía a la convocatoria como única salida institucional, pero después bajó los decibeles. De la Rúa se reunía con Puerta, quien reclamaba el llamado a extraordinarias, según sus voceros, para cimentar la "imagen de gobernabilidad de la Alianza". El decretazo provocó el inmediato rechazo de los trabajadores. La CGT disidente repudió las medidas del gobierno y anunció un plan de lucha. Cristina de Kirchner declaraba: "Hay un desplazamiento del poder hacia el peronismo". Sin embargo, la senadora electa se quejaba de que en su partido no hay "un sistema de decisiones unívoco".

Daer y Moyano convocaron a un paro nacional por 24 horas. Las dos CGT se pintaban la cara y llamaban a la huelga. Faltaba definir si la medida de fuerza sería con movilización, cortes de calles y hasta ocupación de edificios. El peronismo tenía el control total del Congreso. El PJ recuperó el timón que había perdido en diputados. Bajo el signo del “consenso”, el duhaldista Camaño se convirtió en el nuevo presidente de la cámara baja. El gobierno flexibilizaba el nuevo régimen bancario y anunciaba que “los trabajadores podrán sacar los mil pesos de una sola vez”, “los viajeros podrán irse con 10 mil dólares”, y que “no habrá restricciones para las nuevas colocaciones”. Cavallo seguía defendiendo la convertibilidad y fustigaba a las calificadoras. El FMI informaba que no aportaría los 1.200 millones, argumentando que no se cumplió con el déficit cero. Para los empleados en negro, la crisis pesaba más. Los empresarios y los asesores tributarios no le tenían mucha fe al blanqueo dispuesto por el gobierno. A la vez, anunciaban más despidos por efecto de una mayor recesión. Y continuaba la fiebre por la bancarización.

Desde Cuba, Fidel Castro opinaba: “no sé si habrá algún loco que quiera la presidencia”, “en la Argentina existe la ficción de que tienen presidente”. Y desplegó una batería de críticas contra De la Rúa, Cavallo y Baylac. Mientras, el gobierno llamaba a Menem en su búsqueda desesperada de consenso; Ruckauf declaraba que "De la Rúa se parece a Galtieri". Eran cinco los heridos tras las marchas contra el ajuste cordobés. La policía reprimió a los empleados provinciales que cortaron calles en repudio al ajuste y el pago de salarios en cuotas. Neuquén sin agua y energía por los paros. Para Carlos Corach lo que sucedía era que "destruyeron lo que Menem construyó". Los ataques entre radicales y peronistas eran cada vez más violentos. El radical Pascual no dudaba en afirmar que "a Ruckauf se le cae encima la provincia" y “el gobernador busca el retiro de De la Rúa”.

El Congreso iniciaba un nuevo período en momentos de graves dificultades. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado estaban en manos del PJ. El nuevo ajuste reclamado por el FMI y el presupuesto del 2002 serían temas de discusión en el parlamento. Desde la UCR se ratificaba la voluntad aliancista y deseaban “buenas migas con el gobierno”, según declaraba su vicepresidente, Juan Manuel Casella, aunque admitía que se propondrían correcciones. A su vez, el Frente Nacional Contra la Pobreza ratificaba su llamado a la consulta popular. Se pedía un seguro de empleo de 380 pesos y 60 por hijo. La convocatoria era libre y abierta para los días 14, 15, 16 y 17 de ese mes.

"Desde que asumí, vivo apagando incendios", manifestaba De la Rúa. Moyano no demoró su respuesta: "Le debe faltar presión a la manguera", ironizó el sindicalista, y ratificó que irían al paro. Daer afirmó: "Todo lo que toca Cavallo lo destruye", y criticó duramente el plan económico, rechazó los ajustes y habló de profundizar la protesta. Para Eduardo Camaño, titular de la cámara baja, otro ajuste “no pasará”. En esas jornadas se repitieron largas colas en los bancos y las quejas. Los cajeros estaban preparados, pero el efectivo se evaporó, sólo los más afortunados pudieron sacar 1.000 pesos de sus sueldos de una vez. El dólar seguía alto. Protestas en Rosario contra las medidas y el sistema financiero: el comercio Pyme contra "los buitres", casi 200 manifestantes organizaron un "escrache" ante un banco extranjero, y también se quejó la izquierda.


El 13 de diciembre se desarrolló el séptimo paro general contra el gobierno de Fernando De la Rúa. El acatamiento fue importante, generalizado y conflictivo. Hubo incidentes graves en la provincia de Neuquén y en otros puntos del país. En Mendoza, un grupo de treinta personas irrumpió en una sucursal de la cadena de supermercados Átomo y se llevó alimentos.

La Capital de Rosario ponía en sus paginas estos titulares: “Fuera de las marchas en el centro, las calles estuvieron desiertas. La huelga fue contundente y con alta sensación térmica. La inactividad fue casi total y balearon a un canillita. Hubo unos pocos incidentes en otros lugares del país. La adhesión provincial fue muy alta, según el gobierno. La capital del paro tuvo tres marchas: dos en el microcentro y una en zona sur. Bronca contra los bancos. Hubo recorrida para convencer a los que trabajaron. Protestaron los mercantiles, y esta vez hubo empleados y también comerciantes. Huevazos a la Intendencia y marcha en zona sur. La CCC terminó su marcha con un escrache al palacio municipal. El transporte, sector público y comercio, los pilares de la protesta. Adhesión sin fisuras en todo el país. El gobierno nacional minimizó la huelga, pero las CGT calcularon un acatamiento del cien por ciento. Hubo incidentes y atentados en varias ciudades del interior. La policía chocó con manifestantes en Neuquén: seis heridos y grandes daños. En Córdoba atacaron los edificios de dos diarios y en Capital Federal y Mar del Plata a colectivos y taxis. La medida se sintió tanto en el centro como en los barrios. Rosario mostró un paisaje desolado. Las persianas bajas fueron la constante, salvo en algunos comercios y en los grandes hipermercados”.

En la provincia de Buenos Aires, un grupo de manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que participaba de una protesta convocada por la CGT Disidente, ingresó en la Municipalidad de Pergamino y exigió a las autoridades bolsones de comida. Fueron desalojados por la Gendarmería Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tres taxis fueron incendiados. En La Plata, una bomba molotov explotó en la madrugada frente a una sucursal del Banco Nación y provocó la rotura de los vidrios. Otra bomba detonó en la ciudad de Mar del Plata en una sucursal del Banco Francés del barrio Constitución.

Las fuerzas de seguridad parecieron no comprender la magnitud del conflicto latente que estallaría días después. El jefe de Gendarmería Nacional, comandante general Hugo Miranda, sostuvo en una entrevista periodística que había condiciones generalizadas de protesta contra algunas medidas, pero no evidencias de una pueblada “...entendida como un masivo uso de la violencia. Si bien, hay situaciones de cortes de ruta y demás, se van manejando en parámetros más racionales. No han aparecido grupos radicalizados porque la gente los rechaza, con lo que se impide que una cuestión menor se transforme en un gran problema”.

Foto: 14 de diciembre de 2001: Saqueos en Rosario (Página 12)

El viernes 14, la tensión social aumentaba. Hubo asaltos e intentos frustrados a locales comerciales. Rosario vivió un día cargado de zozobra y los peores fantasmas se iban haciendo realidad: un chico de 8 años resultó herido y hubo una decena de detenidos. El miedo pareció apoderarse de todos: mediodía agitado en las zonas oeste y norte. Cien personas saquearon un súper y después fueron a pedir alimentos a otro. De Eva Perón al 5500 pasaron al norte. Corridas y balacera en Empalme Graneros: la policía frenó la entrada a un comercio. Dicen que hubo punteros que arengaron a los vecinos. La senadora Rosana Latorre declaraba "se desbarranca el país", y sorprendió al trazar un sombrío diagnóstico de la crisis: "la convocatoria a la asamblea legislativa ha ganado fuerza". Si bien evitó hablar del retiro anticipado de De la Rúa, dijo que "el final puede ser imprevisible". Para el ministro provincial Lorenzo Domínguez, "la ciudad está en tensa calma". Mendoza también. Desde la provincia dicen que la seguridad está garantizada. Los súper abren sólo con custodia policial. Distintas formas de reclamar solución a las carencias básicas: tarde negra en un local de Donado y Mendoza. Los vecinos fueron por bolsones de comida y recibieron balas de goma, luego hubo piedrazos, corridas. Los cartoneros se estacionaron en la Intendencia para pedir alimentos. Desde el rectorado de la UNR se informaba que los universitarios cobrarían el 20 por ciento de su salario. Los profesores y el personal no docente seguirían con el paro. El rector estudiaba accionar judicialmente. Amplio rechazo a la dolarización de distintos políticos y economistas. El gobierno trataba de sentar a Duhalde en la mesa de diálogo y anunciaba que el titular del congreso nacional justicialista se reuniría con De la Rúa. La consulta del FRENAPO arrancó con éxito. La población respondía masivamente al plebiscito por un seguro de empleo y formación de 380 pesos. Se esperaba un aval del BCRA para aliviar las restricciones. Y como un “regalo” de navidad, anunciaban que “dejarán sacar del banco un poco más de efectivo, será excepcional, para afrontar los mayores gastos del período”. Cavallo desmintió que se congelen depósitos. Carrió, declaraba que llevaría al presidente a los tribunales. Se aceptaba una presentación efectuada por las dos CGT: un juez decidió que los trabajadores pueden retirar plata sin restricciones. El fallo alcanzaba a todos los empleados del país. Daer decía que si el gobierno no cumplía incurrirá en desacato. Economía echaba mano a los plazos fijos de las AFJP. El gobierno nacional evitó un default, salvando un vencimiento de 770 millones, pero debería afrontar nuevos compromisos, en las semanas siguientes.

Foto: Vecinos de Godoy Cruz, en Mendoza, exigen alimentos a una cadena de supermercados. 14 de diciembre de 2001

Los diputados se pronunciaban contra Cavallo. Rodríguez Giavarini viajaba a EEUU a buscar aval político y se reunía con el secretario de Estado, Colin Powell. Contactos por el canje de deuda. Congresistas de ese país pedían que no de más plata para la Argentina. Las viejas cuotas pactadas en pesos no cambian. Para los poseedores de tarjetas: todas las deudas se vuelven verdes. Más empresas en problemas: la medida de protesta fue desencadenada por el atraso salarial y el ajuste. Huelga de hambre de decanos acentuaba la crisis universitaria en San Luis, y once alumnos se sumaron a los tres funcionarios que protestan por la "anárquica y desesperante" situación. Se demoraron los vuelos de Aerolíneas y Austral en rechazo de quitas salariales. Asambleas de los técnicos afectaron las salidas desde Ezeiza y Aeroparque. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Una medida cautelar consagraba la intangibilidad del salario. Los docentes tomaron un banco.

El Intendente de Rosario, Hermes Binner, el sábado 15, se reunía con supermercadistas y funcionarios. Se anunciaba que habría una entrega masiva de comida a las familias carenciadas. Se reconocía que se trata de una "medicina" en un marco de emergencia. Los híper donarían 20 mil cajas de alimentos. La normalidad volvió a las calles bajo atenta vigilancia policial. Fue un día tranquilo y sin incidentes. Hubo un último asalto pasada la medianoche del viernes. La mayoría de los súper abrió, otros bajaron las persianas. Los dirigentes locales le reclaman ayuda a la Nación. Puerta, el virtual vicepresidente de la Nación, decía que Duhalde fue un visionario en la campaña y que "De la Rúa debía arriar banderas", y le pedía al presidente un cambio de 180 grados para resolver la crisis. Duhalde confirmaba haber conversado con Chacho Álvarez, el senador negó que el diálogo apunte al retorno del ex vicepresidente al partido justicialista. La UCR pretendía liderar la concertación, y luego de una agitada reunión, el partido del gobierno emitió un documento de apoyo al presidente. Terragno, por su parte, afirmaba: "hay ineptocracia".

Hasta ese día, más de 35 mil rosarinos ya le había dicho "sí" a la consulta popular. La incertidumbre pasaba por la convertibilidad y cuáles serían los escenarios posibles. Ninguna de las opciones era un picnic y todas requieren del ajuste político y fiscal. Para algunos la devaluación era un error. Un economista afirmaba que los empresarios más chicos sufren las medidas contradictorias del gobierno, relataba la odisea de las Pymes, cómo hacen las empresas para cumplir con las normas cuando el gobierno les exige y nos les da nada a cambio, y que el apetito por el dinero público conduce al abismo. Algunos legisladores instaban a aprobar el presupuesto que pedía el FMI. El vocero presidencial, Baylac, pidió un urgente tratamiento de ese proyecto y de la ley de coparticipación. La UCR anunciaba que no aceptará "los dictados del fondo a ciegas". Desde el ejecutivo proclamaban que “No iban a tocar el aguinaldo”, sería de 500 pesos la cuota extra que se podría retirar de los bancos.

El domingo 16 fue aprovechado en Rosario para que se reuniera el comité de emergencia. Funcionarios y empresarios preocupados. Binner buscaba unirse con Reutemannn para exigir ayuda social. El gobierno nacional consideraba que la tensión en la ciudad “la deben resolver la provincia y el municipio”. Mientras llegaban refuerzos policiales de otras unidades regionales. El HCD garantizaba la creación de partidas especiales, ediles oficialistas y opositores se unieron ante la delicada crisis social. Se buscaba una veloz respuesta para la demanda de cajas alimentarias. El justicialismo autoconvocaría al Congreso a sesiones ordinarias. Podría haber un conflicto de poderes. La estrategia de la oposición contemplaba, entre otras medidas, eliminar los superpoderes del gobierno. El titular de la UCR se diferenció del gobierno de De la Rúa, pero sin rupturas. Rozas: "la gente tiene derecho a protestar", y puso en funciones al presidente del comité provincial, y en la ocasión se escuchó “que el país se encuentra a un paso del estallido social”. Carrió: "voy a hacer que Cavallo termine preso", y apuntó contra De la Rúa y Baylac, a quien sugirió que "habría que investigar". Desde el FRENAPO, aseguraban “ya hubo más de un millón de votantes”. Reunión en Olivos para ultimar detalles del presupuesto, De la Rúa: "ni hablo de dolarización forzosa". El presidente rechazó las versiones sobre un cambio obligado de pesos por dólares. Para Cavallo, es un tema "artificial", y se trabajaba a contrarreloj para definir la ley de leyes. El transporte de carga arrancó el paro con un alto acatamiento, y la medida era por tiempo indeterminado: fuerte adhesión en Santa Fe. Pedían rebajas en el precio del gasoil.

El fuerte proceso recesivo que soportaba el país provocó que las ventas se retrajeran por cuarto año consecutivo, era la baja más pronunciada en años. El consumo cayó 10% durante el año 2001. Evaluaban pedir al FMI más tiempo para pagar la deuda. Pese al despliegue de la policía hubo saqueos en Concordia y Mendoza. Cientos de personas de origen humilde asaltaron supermercados. Hubo dos heridos y cuatro detenidos. Paro nacional de los gremios ferroviarios.


La crisis social crecía y crecía, y el lunes 17, en Rosario, el reclamo de comida provocó duros enfrentamientos en Génova y Travesía. Unas doscientas personas forzaron la entrega de cajas de alimentos. Fuego cruzado entre la policía y habitantes de una villa de emergencia. Más de 20 vecinos heridos y 3 efectivos apedreados. En la prensa local se anunciaba “El comité de crisis distribuirá sus bolsones a partir de mañana”. Peligraba la atención de unos 1.600 jubilados. Los geriátricos prestadores del PAMI estaban al borde del colapso. Los 44 centros de internación de la ciudad entraron en default. La obra social les debe tres millones de pesos. Apoyo al paro de los profesores y del personal no docente de la UNR. Los alumnos tomaban las facultades. Seguía demorado el envío de las partidas para el pago de los sueldos. Las farmacias no atendían a los jubilados afiliados al PAMI. Ya se hablaba de que los comercios del rubro entrarían en cesación de pagos y desabastecimiento. Servini de Cubría dejó en manos del ex presidente la conducción del PJ. Menem le ganó la pulseada judicial a Duhalde por la interna justicialista. El ex jefe del estado aseguró que De la Rúa no estaría "en funciones" si no fuese por la "herencia recibida". Masiva respuesta a la consulta del FRENAPO en todo el país, al finalizar el plebiscito contra la pobreza. En todo el territorio nacional habría algo más de 2.700.000 votos. En Santa Fe, tercer distrito, más de 200 mil.

El presupuesto fue al Congreso con un ajuste de 9 mil millones. Mantiene el recorte salarial pero no elimina el aguinaldo. Caen incentivo docente y planes de competitividad. Legisladores no estaban dispuestos a votar de apuro. El Banco Central dispuso una excepción a las restricciones y los empleados pueden retirar 500 pesos más de las cuentas sueldo. La producción fabril está peor que en la crisis del tequila. La industria cayó al nivel más bajo de toda la serie histórica. Los empresarios continuaban apoyando el uno a uno, así lo revelaba una encuesta privada. Sin embargo, los industriales preferían un régimen de flotación. En Mendoza y Concordia intentan frenar saqueos con ayuda alimentaria. Volvieron a asaltar supermercados en ambas ciudades. Crece la tensión ante la demanda de mercaderías. Acuerdo en Quilmes. Protestas de comerciantes y vecinos en Buenos Aires. Docentes puntanos tomarán exámenes a la madrugada. El sur santafesino se sigue movilizando contra la política del gobierno nacional. Cinco mil personas se levantaron en Firmat contra el rumbo económico. Comerciantes, industriales, obreros y desocupados estuvieron representados en la manifestación. Asamblea para hacer un paro regional. Marchas y huevazos en otras poblaciones. En San José de la Esquina, Arteaga, Bigand y Elortondo los vecinos presentaron petitorios a los bancos. Sigue tomado un frigorífico en Venado Tuerto.


Reutemannn y Binner se reunieron con los ministros Mestre, Sartor y Dumon, el martes 18. La nación pagaría los planes trabajar y enviaría 19 mil cajas de alimentos. Los funcionarios del gabinete nacional prometieron que durante enero continuarán con los programas de empleo. Según De la Rúa, la situación social estaba "controlada". En Rosario, en el barrio Las Flores y la zona oeste, los vecinos recibieron insumos básicos. El comité de crisis repartió casi 3.500 cajas de alimentos en barrios humildes. Las cajas de comida se entregaron bajo una fuerte guardia de la Gendarmería y efectivos de Infantería. Se reclamó una amnistía para las personas detenidas en los incidentes del viernes. Los senadores peronistas votaban la autoprórroga de sesiones ordinarias, y el PJ aumentaba la presión en el congreso. Un diputado aclaraba que “la oposición no quiere quedar atada al temario impuesto por el gobierno para las extraordinarias”. La CGT no paraba esos días, aunque mantenía las críticas a las medidas. Los caciques dialoguistas pidieron a los legisladores del PJ el cumplimiento de la intangibilidad de sueldos. El ex presidente Menem insistía en la peligrosidad de devaluar y proponía un seguro para desempleados.

"En la consulta popular hubo un urnazo", proclamaba el FRENAPO. Desde Córdoba, De la Sota, declaraba "la gente se hartó del gobierno". Duhalde apelaba la resolución de la justicia por el control del PJ. El FMI estimó que el PBI se contraería el 1,1% en el 2002, y no creía que la Argentina pudiera sostener su plan económico y que la mezcla de déficit fiscal, deuda y régimen cambiario "no es sustentable". Economía zafaba otra vez del default. Fuerte reclamo para incluir fondos sociales en la ley de leyes. La UCR y el PJ condicionaban su apoyo al presupuesto 2002. Menem reclamaba que se vote rápido, pero con un subsidio de desempleo. El impasse con el FMI compromete el auxilio internacional. Acusan a Cavallo de instigar a los banqueros a cometer delitos. Feroz disputa entre el gobierno y jueces por el cepo a depósitos. Fallos que habilitan al retiro de efectivo por encima de lo estipulado fueron rechazados por economía. Tarjetas: se dispararon las tasas de interés en dólares. Economista de la UIA pide una devaluación. Aumentaba la tensión social en varias ciudades pero no hubo choques con la policía. Varios grupos de trabajadores desocupados reclamaron la entrega de alimentos y el pago de planes trabajar. En Córdoba, también entregaban bolsones para contener las protestas. La crisis apretaba a la municipalidad mediterránea y disponían la emergencia económica y administrativa. Comerciantes de Quilmes cerraron sus negocios. La policía vigiló la presencia de grupos de personas.

3.1.- Que se vayan todos, represión para todos

El miércoles 19 fue una jornada de lucha y la maldita costumbre de matar se paseó en un ritual de asesinatos, que se fue repitiendo por las calles y plazas. En la ciudad de Casilda, los vecinos decidían que "si no hay respuestas, el próximo paso es la rebelión fiscal". Más de mil personas participaron de una manifestación convocada por obreros de la metalúrgica Gherardi. Anunciaron un paro regional para el jueves próximo.

Desbordado por la crisis, las protestas y la represión, De la Rúa decretó el estado de sitio por 30 días.


Lo decidió con la situación social ya fuera de control. El presidente se dirigió públicamente al país en un mensaje televisivo. En su discurso convocó infructuosamente a las fuerzas opositoras a colaborar en el sostenimiento de la gestión de gobierno. Casi simultáneamente en todo el país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, muchísimas personas salieron de sus casas y confluyeron en una masiva protesta popular expresada en el golpe de las cacerolas, ocuparon la calle y espontáneamente se dirigieron en grandes columnas hacia a la Plaza de Mayo.


Todos los ministros le presentaron la dimisión al presidente. La rebelión contra el estado de sitio apuró la caída de Cavallo. Tras una frenética jornada colmada de saqueos y violencia el Jefe de Hacienda presentó la renuncia y partió tras nueve meses de desaciertos.

Foto: Movilización en Rosario

Durante todo ese día, Rosario se había movilizado para repudiar al gobierno y se vivió un día de inusitada violencia. En la prensa escrita de la ciudad se podía leer “117 detenidos, cuatro muertos y casi 200 heridos en una jornada de saqueos y represión. A lo largo del día, se multiplicaron los enfrentamientos en distintas zonas de la ciudad. La lluvia de piedras y las balas policiales tiñeron la tarde de negro. Villa Banana embistió contra los súper. Grupos de vecinos se llevaron alimentos de dos comercios. En estos episodios se produjo una de las muertes. Monseñor Miras: "de esta catástrofe se sale con fuentes de trabajo". Máxima tensión y una intensa pedrada en Lamadrid y Grandoli. Fuertes enfrentamientos y múltiples saqueos en la zona sur de la ciudad. Desocupados ingresaron a comercios y se llevaron lo que pudieron. Corridas y disparos en las calles piquetes, piedras y balas. En torno a la circunvalación hubo varios intentos de saqueos a camiones con comida. Del estallido no se salvaron ni los utilitarios que pertenecían al local en Gutenberg y Pasco. El desborde no dejó nada en pie. El temor a los saqueos se trasladó desde los barrios a la peatonal. La psicosis paralizó el comercio en el microcentro. De un comerciante a los manifestantes "¿Por qué no van a saquear al Congreso"?. Villa Gobernador Gálvez sacudida por saqueos a varios supermercados. Una mujer murió y decenas de personas resultaron heridas”.

Mientras, la policía provincial, bajo su mando, asesinaba y reprimía a los que reclamaban comida. El titular de gobierno provincial, Carlos Reutemannn, dijo que era un momento terriblemente difícil. El ministro Domínguez pidió paz y no descartó nuevos episodios de violencia. La tensión social repercutió en Binner y en el Concejo. Algunos comerciantes se enfrentaron a los manifestantes, la autodefensa elegida como estrategia. La CTA convocó a un paro nacional. El senado votó la prórroga de las sesiones ordinarias. Diputados votó para liberar las cuentas de empleados y pasivos, también dio media sanción a un proyecto para eliminar los superpoderes que tenía Cavallo.

Hasta ese momento, eran varios los muertos en distintos puntos de la Argentina. Era máxima la tensión en el país de la furia. Los saqueos y choques con la policía y comerciantes provocaron centenares de heridos y detenidos. La bronca hizo sentir su peso en las provincias. El clima caótico se multiplicó de la mano de numerosas manifestaciones populares frente a los supermercados. El justicialismo machacó sobre la debilidad del jefe del estado. Menem exigió al gobierno superar el estado de anarquía. El Consejo Nacional Justicialista pareció dar el aval al estado de sitio decretado por el poder ejecutivo. Reacciones dispar de los políticos tras los disturbios.


Trágicos hechos de violencia en las calles de la ciudad de Santa Fe. Mataron a un joven y hay varios heridos. Dos periodistas fueron internados tras los saqueos a supermercados y hubo numerosas detenciones. Héctor Cavallero declaraba "el ciclo de De la Rúa y Cavallo está terminado". Con matices, Lamberto, Giustiniani y Natale aportaron su visión de la crisis. Accidentada reunión multisectorial de diálogo político. Un grupo de manifestantes insultó a De la Rúa y apedreó su auto. El incidente tuvo lugar cuando el presidente se retiraba de la sede de Caritas, a 200 metros de la casa rosada. Siete millones de pesos contra el hambre: el gobierno distribuirá ese importe en alimentos en los puntos más críticos del país y destrabará planes trabajar.

Dos años de ajustes sin ninguna red de contención. El peronismo tenía una prohibición: compartir la función de gobierno. Cavallo le dijo a un senador que quería seguir siendo ministro, pero con un presidente del PJ. Los editoriales afirmaban: “La clase política frente al desafío de ponerse los pantalones largos” y, para muchos, la única solución era la renuncia del presidente. El mundo hizo foco en los disturbios. El gobierno buscaba impedir el drenaje de fondos del sistema financiero. El Banco Central pondría límites a la apertura de nuevas cuentas. La autoridad monetaria solicitó a los bancos un informe para poder identificar la repetición de titulares. Los bancos ampliarán el horario de atención. Pedían apoyo internacional para que venga un auxilio financiero. El tesoro de EEUU solicitaba al FMI que ayude. Los saqueos movilizaron a Paul O’neill, pero fuentes del Departamento de Estado avalan la renuncia de Cavallo. El mercado salió inmune de la ola de saqueos que sacudía al país. Se declaró en cesación de pagos la siderúrgica Acindar. La empresa de Villa Constitución comunicó a la bolsa que no podrá afrontar vencimientos de capital e intereses. Una jueza laboral ordenó el arresto de un banquero que no liberó depósitos. Postergaron las cifras del déficit. El Banco Mundial confirmó que los créditos fueron al freezer. Una calificadora pronosticó un default para el mes de enero.


El estallido continúo el 20. La mayoría de los comercios optaron por permanecer cerrados. Saqueos, pedradas y tiroteos volvieron a adueñarse de la zona sur. La tensión ganó las calles nuevamente y hubo violentos choques entre policías y manifestantes. En Rosario, balearon a un periodista de La Capital: Claudio Berón fue alcanzado por una bala en la espalda mientras cubría un piquete en reclamo de alimentos. Duelo en la ciudad por las víctimas de los incidentes del miércoles 19. El asesinato de Pocho Lepratti marcaba el nacimiento de un mártir en Ludueña. Una multitud de jóvenes, mujeres y niños desconsolados se convocó en el barrio para despedir sus restos. Cuatro historias y un mismo final trágico: Juan Alberto Delgado, Graciela Acosta, Yanina García y Rubén Pereyra: todos fallecieron baleados. Una marcha reunió a gente sin banderas políticas y a militantes. Cinco mil rosarinos expresaron su bronca contra los políticos. Muchos se enteraron en el Monumento a la Bandera sobre la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.

Reutemann, además de desatar una represión brutal, anunciaban que “ya se repartieron 42 mil unidades de ayuda alimentaria. La entrega de cajas con alimentos a carenciados se duplicó en sólo tres días”. El problema era cómo se organizaba la distribución, y debían poner custodia policial para evitar desbordes. En Rosario, la actividad comercial quedó resentida por los vaivenes del clima social. El centro se despobló hacia las 14. En el noroeste hubo persianas bajas y el sur no tuvo movimiento. Ocho civiles y cuatro policías fueron heridos en los disturbios.

A la una de la madrugada del jueves 20 de diciembre, al mismo tiempo en que se difundía por televisión la renuncia de Domingo Cavallo, la Policía Federal destacada en la Plaza de Mayo comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que se habían congregado allí, pacífica y ruidosamente. No fueron respetados ancianos, mujeres o chicos.


La reacción policial fue brutal. Frente a ello, muchos manifestantes volvieron a sus casas o se alejaron considerablemente de la zona de la Plaza de Mayo y de la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, grupos numerosos, más activos, permanecieron en el lugar y resistieron la intervención policial. A partir de entonces se produjeron incendios, pedradas en distintos lugares de la zona céntrica. Todos los participantes de la virtual pueblada permanecían en la periferia y parte de ellos continuaban avanzando sobre la Plaza de Mayo. La situación se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Con el correr de las horas, entrada ya la mañana y a plena luz, muchos manifestantes volvieron a congregarse en la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional.

Hacia las dos de la tarde, grupos heterogéneos convergían sobre la plaza: partidos de izquierda y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de La Matanza, marchaban hacia allí junto a oficinistas, con sus trajes y maletines. Media hora más tarde y aunque la situación era tranquila, la Policía Federal intervino nuevamente. Primero se escucharon sirenas. Luego llegaron carros de asalto y se armó la primera fila de la Guardia de Infantería con cuya intervención comenzó la represión.


Se trató de una reacción de violencia extrema frente a un conjunto de personas que, al tiempo de la intervención policial, manifestaban pacíficamente. Frente a ello, algunos grupos reaccionaron arrojando piedras, palos y adoquines contra los agentes policiales y contra algunos edificios públicos o bancos. Los tachos de basura y los bancos de la plaza fueron incendiados y con ellos se montaron barricadas. Todos corrían, hacia un lado y otro. Una hora más tarde, la policía había logrado montar su centro de operaciones en Rivadavia y Entre Ríos. Los manifestantes habían quedado repartidos en varias esquinas. Mientras la policía reprimía a los manifestantes frente al Congreso Nacional, a sólo dos cuadras de allí eran devastados varios comercios. Estos enfrentamientos urbanos se sucedieron hasta la noche.


La jueza federal María Romilda Servini de Cubría se hizo presente en la Plaza de Mayo durante el momento más álgido de la represión y ordenó a los jefes policiales a cargo, el cese inmediato de la represión. Su orden, sin embargo, no fue acatada. Los jefes policiales respondieron que el Ministro del Interior había dispuesto desalojar la totalidad de la Plaza de Mayo. En este contexto fueron heridos de bala y perdieron la vida al menos cinco personas: Diego Lamagna (26), Alberto Márquez (57), Marcelo Gastón Riva (30), Carlos Almirón (24), Gustavo Benedetto (23). Al menos cinco personas más recibieron heridas de bala de plomo. Otros muchos, incontables, sufrieron golpes, empellones de caballo y padecieron el efecto de los gases.

Dos días donde todo fue tierra de nadie. Otra jornada cargada de incertidumbre y violencia en las calles. Las fuerzas de la federal y las policías provinciales estaban y actuaban como cebadas por la muerte. El episcopado exhortó a cuidar la democracia y la ética política. Los peronistas y sus internas debían enfrentar varias amenazas. La TV fue el espejo de una realidad atravesada por la tragedia. Algunos argentinos vieron pasar su propia historia por las pantallas de televisión, mientras otros protestaban y luchaban por las calles y avenidas. Los saqueos, la represión y el helicóptero llevando al presidente, imágenes de un "flashback" indeseado. Dibujos animados durante todo el día y desaparecieron de canal 7 las imágenes de la conmoción social. En el momento de la renuncia del presidente la televisora estatal pasaba dibujos animados. Se adujo un paro de trabajadores en la emisora.

Tras 740 días de mandato, el presidente abandonó el poder envuelto en fuertes críticas. Los diarios con títulos de catástrofe decían “Cayó De la Rúa, vuelve el PJ”. El incontenible estallido social precipitó la renuncia. Negativa peronista a compartir el gobierno. La asamblea legislativa aceptaría la renuncia. El Congreso Nacional sería el centro de todas las miradas. Diputados y senadores se reunirían para designar al sucesor del renunciante jefe del estado. Los gobernadores analizaron en San Luis la sucesión presidencial. El debate era si se completaba el mandato o llamaban a elecciones. Los mandatarios del PJ buscaban encontrar puntos comunes para enfrentar la crisis nacional. Mathov y Santos estuvieron en tribunales hasta la madrugada. De la Rúa y Mestre fueron acusados por homicidio y desobediencia judicial. La magistrada Servini de Cubría los responsabilizaba por la feroz represión que ella misma ordenó parar. La CGT oficial y la CTA ratificaron las medidas de fuerza y paro, aunque con ómnibus en las calles. Moyano definía el levantamiento de la huelga que comenzó a la medianoche. UTA no adhería. El camionero sintió pena por la partida de De la Rúa. Se ponía en marcha por vez primera la ley de acefalía. La norma, que regía desde 1975, fue sancionada durante el mandato de la entonces presidente Isabel Perón.

Tras una década, la convertibilidad ingresaba en la cuenta regresiva. El BCRA dispuso feriado cambiario, los bancos pagarían jubilaciones y se podría extraer dinero de las cuentas de salarios, con límites. Devaluación, la alternativa que pisaba más fuerte. El Congreso eliminó las medidas más cuestionadas de Cavallo. Derogaron los superpoderes y se liberaron los depósitos salariales. El senado votó por unanimidad un proyecto que había sido aprobado en diputados. Washington no dio señales de que saldría al rescate. Estados Unidos vía difícil que se pudiera afrontar el pago de la deuda. El FMI dijo estar listo para asistir al nuevo equipo económico en la búsqueda de un programa sostenible. Los analistas de Wall Street se mostraban pesimistas con la Argentina. El país estaba al borde de su mayor cesación de pagos.


4.- Danza de presidentes y lucha por el poder

Renuncia de De la Rúa, ley de acefalia, asunción de uno, renuncia, asunción de otro, nueva renuncia, otro presidente, otra renuncia, disputas y otro presidente.

El país empezó a ver la danza de presidentes cuando los diarios anunciaban que “El presidente del Senado, Federico Ramón Puerta asumió la presidencia. El misionero fijó como su primer objetivo ayudar a las provincias para aplacar los ánimos. Rodríguez Saá será designado como el sucesor de De la Rúa. A las urnas el 3 de marzo. El presidente que completará el mandato hasta el 2003 se elegirá a través de la polémica ley de lemas. El PJ gambeteó los riesgos de su feroz interna. La justicia le prohibió salir del país a De la Rúa, que fue denunciado por homicidios reiterados. "Yo no estaba al frente de eso", se excusó el ex presidente sobre la represión en el centro porteño. El jefe de la Federal pidió disculpas. Buenos Aires sigue en estado de sitio. El gobierno provisorio decidió restablecer la medida por expreso pedido del gobernador Ruckauf. Muchas personas se armaron para repeler supuestos ataques. Se aplaca la ola de saqueos en el país. Persiste una fuerte psicosis por el temor que generó la explosión de violencia en las principales ciudades. Empresarios piden créditos de tasa cero. De la Sota, Ruckauf y Kirchner pidieron que Reutemannn sea candidato. El mandatario santafesino se mostró satisfecho por la rapidez con la que el PJ definió la salida institucional (pero no se acordó de los asesinados por la represión en su provincia). El justicialismo se adueñó del vertiginoso día después. Los diarios del mundo creían que la crisis agitaba el fantasma del golpe. The Washington Post consideró en una editorial que "los militares pueden verse tentados de regresar".

Foto: Rodríguez Saá, De La Sota, Reutemann

La designación como presidente de Rodríguez Saá fue una decisión consensuada entre cinco gobernadores: el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Alberto Reutemannn, el santacruceño Néstor Kirchner y el pampeano Rubén Marín, así como, en menor medida, Duhalde, senador por Buenos Aires. Menem fue marginado del conciliábulo. La presidencia del puntano duró sólo siete días. Intrigas y conspiraciones en las filas del justicialismo, hicieron que desde San Luis anunciara su dimisión "indeclinable", de la que responsabilizó a las "actitudes de mezquindad y retaceo" exhibidas por los dirigentes provinciales, arremetiendo particularmente contra de la Sota por "priorizar la interna partidaria a los intereses de la patria".

Ante las renuncias de Adolfo Rodríguez Saá y la del presidente del Senado, Ramón Puerta, asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, como presidente interino hasta tanto la Asamblea Legislativa designara un nuevo mandatario.

El vasto poderío del PJ bonaerense coronó en la Asamblea Legislativa, luego de una “refinada” operación política que depositó en la Presidencia, a su jefe máximo: Eduardo Duhalde. Homogéneo como pocos, en la movida tuvieron decisiva participación los máximos operadores duhaldistas en el Parlamento: Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari y José Pampuro, tres históricos, aunque el iniciador fue el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, en la propia residencia de Chapadmalal, apenas comprobó que Adolfo Rodríguez Saá ya era historia.

Hubo un solitario intento de romper esa homogeneidad a cargo del cordobés José Manuel de la Sota, uno de los derrotados de esos días. Fue cuando, junto con Néstor Kirchner, ofrecieron a Carlos Reutemannn erigirlo como candidato presidencial para enfrentarlo a Duhalde en el recinto. Una fuente inobjetable dijo al diario La Capital que el gobernador santafesino rechazó la oferta por considerarla "aventurera", especialmente porque la invitación le llegó media hora antes de que comenzara la Asamblea. Eduardo Duhalde entró en pánico, fue personalmente al Congreso y recorrió las oficinas en busca del apoyo necesario para llegar a la presidencia.

Reutemannn participaba de esas maniobras, reuniones y disputas palaciegas, despreocupado de lo acontecido en su provincia, con siete asesinatos, cientos de heridos, y muchos más brutalmente reprimidos.


Los bonaerenses, no bien advirtieron que la definición se daría de nuevo en la Asamblea, pensaron en alcanzar un acuerdo con la UCR y parte del Frepaso, lo cual de inmediato generó el resentimiento de por lo menos nueve gobernadores del PJ. Pero sabían que no tenían posibilidades. Precisamente, la tarea de Ruckauf fue acompañar en sus horas finales a Rodríguez Saá, quien, no se sabe si con ayuda o sin ella, antes de caer le dio un golpe tal vez definitivo a De la Sota, al acusarlo directamente de su renuncia. Entre los peronistas renació el clima de la campaña electoral de 1999, que separó a los bonaerenses de santafesinos y cordobeses. La senadora por Santa Fe Roxana Latorre no quiso opinar sobre esas teorías conspirativas, pero su cinismo la llevó a decir “que después de lo visto en esta última semana, Reutemannn es la reserva que le queda al PJ".

La danza de los presidentes, de los postulantes, las renuncias, los que negociaban en nombre de otros, los apetitos de poder, las conspiraciones, las intrigas, los aprietes, todo hecho sobre los cuerpos de los asesinados, demostraron en esos días porque en las calles el pueblo gritaba “QUE SE VAYAN TODOS”.

Foto: Retratos en el Primer Encuentro de Familiares de Víctimas del 2001

5.- Maldita esa maldita costumbre de matar

Como hemos visto, en este recorriendo actuaron desde autoridades nacionales, provinciales, políticos, hasta empresarios, banqueros, gremialistas, economistas, fuerzas de la represión, desocupados, ocupados, y jubilados. A todos ellos los vimos en acción en esas jornadas de crisis. Y lo que pretendemos es realzar lo acontecido.

De esos días de diciembre del 2001, lo primero a destacar es la voluntad del pueblo de salir a las calles, las plazas, en defensa de sus reclamos, y enfrentar la represión. Dio nacimiento a numerosas manifestaciones de democracia directa, en las asambleas barriales.

Se continuó con las luchas con las que se enfrentó las políticas antipopulares del menemismo, y dejaron las bases para futuros conflictos, como las que se fueron dando hasta estos días. Un puente unió nuevas formas de lucha, donde la participación de cientos de miles de jóvenes fue lo destacable.

Se disputó el espacio público. Se fue desde los cortes de ruta de los 90 a las manifestaciones y asambleas del 2001. Los trabajadores dieron forma a las fábricas recuperadas. Tomas y producción bajo control obrero.

Lo segundo a subrayar fue la represión desatada por el gobierno nacional y las gobernaciones que fue brutal y salvaje. Con furia, sin piedad, se descargó contra niños, jóvenes, ancianos: gases, bastonazos, balas de goma, balas de plomo.

La bronca, la desesperación y la desocupación dio fuerza a mujeres y hombres para protestar y luchar cuerpo a cuerpo con los represores, y no hubo retroceso.

Lo tercero a enfatizar es que Ellos, los políticos, los grandes empresarios, los banqueros, se acomodaron, y salieron adelante. Los pasillos se llenaron de intrigas, pases de facturas. Pero negociaron para seguir explotando y reprimiendo. No se fue ninguno: ni los que llevaron al país a esa catástrofe, ni los que dieron las órdenes de matar, ni los que conspiraron, ni los que trenzaron. Todos en busca de más poder, sin importarles los asesinados, los heridos, y las tragedias de cientos de familias.

Y fueron muchos los heridos, los presos, los asesinados. En ellos nos debemos referenciar paraseguir la lucha. Nuestro homenajealosque cayeron en esas jornadas, pero siguen con nosotros en cada huelga, protesta y manifestación: Marcelo A. Pacini (15), Claudio Lepratti (35), Graciela Acosta (35), Juan Alberto Delgado (24), Rubén Pereyra (20), Walter Campos (17), Yanina García (18), Ricardo Villalba (16), Graciela Machado (35), Diego Ávila (24), Julio H. Flores (15), Damián Ramírez (14), Ariel M. Salas (30), Pablo Marcelo Guías (23), Víctor Ariel Enrique (21), Roberto A. Gramajo (19), Eduardo Legembre (20), Mariela Rosales (28), Diego Lamagna (26), Alberto Márquez (57), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23), Rubén Aredes (30), Daniel Mataza (23), Cristian Gómez (25), Maximiliano Tasca (25), Sergio Pedernera (16), Jorge Cárdenas (52), José Vega (19), Carlos Manuel Spinelli (25), David Ernesto Moreno (13), Ramón Alberto Arapi (22), Romina Iturain (15), Eloísa Paniagua (13), José Daniel Rodríguez (25), Elvira Avaca (46), Luis Alberto Fernández (27).

Y también debemos recordar a los responsables de esos asesinatos, en la provincia de Santa Fe: al gobernador Carlos Reutemann, su ministro Lorenzo Domínguez, y el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Álvarez; al presidente De la Rua, al secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y los gobernadores Ruckauf, De la Sota, entre otros.


Citas:
1.-Para este ítem se utilizaron los siguientes textos:
- Engels F. "Anti Duhring". Editorial Grijalbo S.A. México D.F. 1981.
- Marx, Carlos, Correspondencia, Editorial Grijalbo S.A. México D.F.- México 1981.
- Ellacura Ignacio S. J.: "Trabajo no-violento por la paz y violencia liberadora". Revista Reflexión y Liberación, año 1, vol. 4, dic-febrero 1990. Stgo. Chile.
- Luis Armando González, Carmen Elena Villacorta, “Aproximación teórica a la violencia”.

2.-Para este ítem utilizamos los artículos de los diarios La Capital, Clarín y Pagina 12, de diciembre de 2001.

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