viernes, 20 de enero de 2012

Argentina, Tucumán. La lucha continua: Una militante de la solidaridad en busca de sobrevivientes de la masacre

PRIMERA FUENTE

Fue secuestrada muy joven, sufrió el infierno de la tortura apenas con 19 años, pero logró sobrevivir al genocidio de la dictadura militar. Cuando la liberaron, a principios de los 80, Lilian Reynaga comenzó otra lucha para reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus compañeros sobrevivientes, no lo ha conseguido plenamente. Los ex presos políticos sufren, además de las secuelas físicas y psicológicas que les dejó la tortura, el rechazo de la gente que los sigue considerando “delincuentes subversivos”.

Hoy trabaja como radióloga y a la vez continúa militando en política, porque no olvidó sus ideales. Sobre todo el de la solidaridad con las víctimas, con los escasos sobrevivientes y su compromiso con la reconstrucción de la memoria, en busca de justicia. Integra la Federación Nacional de Ex Presos Políticos y lleva adelante un censo, recorriendo en su modesto auto cada rincón de la provincia, para registrar a aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que nunca fueron reconocidos ni ayudados a superar las secuelas.

“Desde que volvió la democracia, en 1983, los ex presos tratamos de reinsertarnos social y laboralmente. De reconstruirnos como personas. Nos ha llevado mucho tiempo, incluso en el ámbito familiar, porque nos quitaron todo: la familia, los bienes, la posibilidad de terminar una carrera. Y con toda esa mochila de lo que significa salir de una cárcel, fue terrible -explicó Reynaga-. A mí me costó. Yo he trabajado en la Juventud Peronista y fui detenida muy chica, a los 19 años. En 1982 volví a la misma zona donde vivía, a trabajar políticamente, a reabrir las unidades básicas. A los que volvimos no siempre nos recibían de la mejor manera. Nuestras familias también sufrieron la discriminación y el castigo moral de parte de la sociedad. Mi pobre vieja, que falleció en 2010, tuvo que irse del barrio Echeverría porque los vecinos la trataban con desprecio y la llamaban la madre de la subversiva. Se mudó a una casita en Villa Mariano Moreno, donde yo fui en 1981 a cumplir mi libertad vigilada en total aislamiento, amenazada y hostigada por los servicios”.

Actualmente la asociación de ex presos realiza un censo de gente que estuvo en la misma condición durante la dictadura.

-Sí. Estuvimos durante meses recorriendo pueblitos del sur de la provincia. Hemos encontrado a testigos potenciales de hechos que seguramente desconocemos todavía. En Santa Lucía, por ejemplo, hay testigos oculares de fosas comunes. Tratamos de convencerlos de la necesidad de dar a conocer estos hechos. Les damos todas las garantías que tienen a través de los programas nacionales de protección y de acompañamiento de los testigos. Hay un cuerpo de psicólogos que está trabajando con nosotros. Avanzamos sabiendo que hay sectores que se oponen a la revisión de los crímenes de lesa humanidad. Nosotros somos las pruebas vivientes del genocidio y la información que podemos proporcionar no la puede dar otra persona. Esta es otra forma de contribución y de entrega que tenemos como militantes del campo popular. Hoy, gracias a las políticas de derechos humanos que ha puesto en marcha el Gobierno, los ex presos podemos cumplir esta misión, que hace 20 años hubiera sido imposible. Así como hubo tantos compañeros que dieron la vida, nosotros estuvimos en la cárcel y ahora podemos contribuir de esta manera.

¿Donde estuvo detenida usted, fue víctima de torturas? -Yo fui una de las 24 mujeres que estuvimos en la cárcel de Villa Urquiza. Hay una causa que va a ser elevada a juicio, posiblemente este año. Las mujeres la pasábamos muy mal en la cárcel, porque estábamos en manos de las patotas que actuaban entonces al servicio del Estado. Yo he sido violada, en la tortura, con lo que llamaban el "coito eléctrico". Con la picana. A mí me destrozaron, me quemaron. Además de torturarme sicológicamente diciendo que no iba a poder tener hijos. No es fácil hablar de esto, pero lo hago porque ayuda a sanar esas heridas internas. Hoy los organismos de derechos humanos han logrado que la Justicia diferencie ese abuso sexual como un acto aberrante dentro de la tortura, que es motivo de un juicio aparte para los genocidas. Lo sufrimos las mujeres y también algunos hombres. Villa Urquiza fue un campo de concentración "legalizado", donde se practicaron los mismos tratos inhumanos que en los centros clandestinos. Además de torturarnos, nos sometían a simulacros de fusilamiento, e incluso mataron a algunos compañeros. Entre las mujeres, había esclavas sexuales. Por eso Villa Urquiza es una megacausa que se sigue investigando.

¿En Tucumán la represión tuvo características especiales con respecto a otras provincias? -A diferencia de otras provincias, Tucumán tiene una ínfima cantidad de sobrevivientes -450- en relación con la cantidad de desaparecidos, que fueron unos 3.000. En Santa Fe, en cambio, hay más de 1.200 sobrevivientes y unos 300 desaparecidos. Para colmo, aquí hubo muchos compañeros que murieron al poco tiempo de ser liberados porque habían salido en muy malas condiciones. Algunos todavía se encuentran en estado de mendicidad. Muchos murieron en esas condiciones, en estado de total abandono, cayeron en el alcoholismo o se suicidaron. Los sobrevivientes padecen problemas cardiacos o renales, hipertensión, y otros males que provienen de la cárcel, de la tortura, y de la vida de privaciones que llevaron después. Hace poco se nos murió de un paro cardiaco un compañero, en Famaillá, que estuvo detenido dos años en bases militares. No fue reconocido como preso político, e incluso fue cesanteado de la Municipalidad de Famaillá.

Tenía 56 años. En esa misma situación hay alrededor de 35 compañeros en la zona. Viven de changas, sin acceso a la salud, y en viviendas de familiares que los pudieron albergar. La gran mayoría de los detenidos y desaparecidos de Tucumán provienen de sectores campesinos y obreros, de una provincia que ha padecido la pobreza estructural.

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