miércoles, 4 de enero de 2012

Critican en Estados Unidos detención indefinida de sospechosos de terrorismo

PL

La recién firmada Ley Presupuesto de Defensa Nacional de Estados Unidos para 2012 genera fuertes críticas entre analistas políticos, pues uno de sus acápites permite la detención indefinida de sospechosos de terrorismo.

El último día de 2011, el presidente Barack Obama rubricó el documento que asigna un monto de 662 mil millones de dólares para el sector defensivo, si bien mostró inconformidades con algunos aspectos como la cláusula que modifica el régimen de interrogatorios a extranjeros encarcelados.

Las discrepancias de la Casa Blanca surgieron no precisamente por motivos éticos relacionados con el maltrato a detenidos, sino cuando el Ejecutivo se percató de que nuevas regulaciones debilitan la autoridad presidencial en determinados casos.

La ley, no obstante, consolida dos polémicos principios de la llamada guerra contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso, criticó el sitio digital All Gov.com.

La legislación permite, asimismo, que los casos relacionados con el terrorismo salgan de la competencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del sistema judicial civil, y caigan en manos de los militares, añadió.

Grupos de defensa de los derechos civiles critican la decisión, al tiempo que desconfían del anuncio del mandatario quien aseguró en un comunicado poco después de firmar la ley que su gobierno no permitiría a los militares detener a un estadounidense por tiempo indefinido.

Incluso si el gobernante demócrata se abstiene de abusar de la ley, ello no garantiza que los futuros presidentes se opongan al encarcelamiento de ciudadanos nacionales por un periodo impreciso y sin juicio, comentó la publicación.

La acción de Obama constituye una mancha en su legado, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, reprochó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Cualquier esperanza de que el actual gobierno revierta los excesos constitucionales de George W. Bush en su alegada lucha global contra el terrorismo, se extinguió en la actualidad, lamentó Romero.

La medida supone un ataque enorme al país y su patrimonio, así como "un paso significativo hacia el fascismo", calificó David Gespass, presidente de la Asociación Nacional de Abogados.

El uso de la detención indefinida de personas inició poco después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La administración del expresidente Bush envió a sospechosos de terrorismo pertenecientes a Al Qaeda, insurgentes talibanes y otras personas a la cárcel que Estados Unidos mantiene en la Base Naval en la bahía de Guantánamo, Cuba.

Diversas fuentes indican que los republicanos se oponen enérgicamente al cierre del centro penitenciario que cumplirá en estos días su décimo aniversario, cuya permanencia constituye una de las promesas electorales incumplidas por el presidente Barack Obama.

Numerosas denuncias verifican que allí se torturó a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario, algo en lo que Washington ocupa el primer lugar mundial con más de 20 mil casos, según informes de Naciones Unidas.

No obstante, resulta un hecho que el jefe de Estado ha postergado la aplicación de sanciones contra los principales responsables que autorizaron la tortura contra prisioneros en 2006 en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak.

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