viernes, 27 de enero de 2012

Guatemala: Defensores de derechos humanos satisfechos por la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma

CERIGUA

El Congreso de la República aprobó el martes el Decreto 3-2012, con el voto favorable de 129 diputados y diputadas, que concreta la adhesión del Estado guatemalteco al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI); activistas de derechos humanos manifestaron su satisfacción por la medida, que permitirá enjuiciar a los violadores de las garantías fundamentales, en los casos en los que se hayan agotado los recursos nacionales.

Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dijo que se trata de un paso positivo importante para el país, ya que permitirá que las personas que cometan delitos que ofendan a la humanidad, sean juzgadas por la Corte Penal Internacional.

Rodenas señaló que la medida no debería obedecer a negociaciones políticas por parte de los grupos partidistas en el Congreso o de otro tipo, ya que suele suceder que ese tipo de tratados se aprueban para favorecer la legislación de otros temas.

El gobierno de Otto Pérez trata de generar una imagen positiva respecto a la vigencia de los derechos humanos, que debe contemplar la implementación de una política de cambio; la inclusión del país al Estatuto alentará la participación de las autoridades en el esclarecimiento de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, enfatizó el Director de la ODHA.

Ratificación es un disuasivo para alentar el respeto de los derechos de las mujeres

Carmen López, de Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), recordó que el Estatuto de Roma contribuye a prevenir en gran medida que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado, no sucedan otra vez.

Durante el conflicto armado interno fueron perpetrados delitos de lesa humanidad, entre ellos violaciones masivas, esclavitud sexual y embarazos forzados; la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma constituye un disuasivo a estos hechos y alienta el respeto y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, expresó López.

Los derechos a la vida, a la salud y a la educación, son quizás los más afectados hoy en día; cada 24 horas las autoridades reportan un promedio de 18 asesinatos, 157 mujeres, de cada 10 mil, mueren cada año durante el parto y sólo el 32.8 por ciento tiene acceso al sistema educativo.

El nuevo gobierno ha mostrado voluntad política para que no se repita la historia de violencia que ha marcado a Guatemala, por lo que el movimiento de mujeres aplaude la medida, añadió la entrevistada.

La población debe tener acceso a la justicia

Feliciana Macario, Programa de Justicia y Dignificación de la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), indicó que independientemente de cuál sea el ente que aplica la justicia, lo importante es que la población tenga acceso a ella, sobre todo la población indígena, la más afectada por los crímenes de lesa humanidad y por el genocidio, durante el conflicto armado interno.

Actualmente, son las comunidades indígenas las que sufren la mayor exclusión en las políticas de desarrollo económico y social, una violación grave contra sus garantías fundamentales e individuales, aseguró la entrevistada.

El Estado guatemalteco debería ser capaz de juzgar a quienes cometen delitos contra la humanidad, sin embargo recurrir a la Audiencia Nacional Española y a la Corte Penal Internacional brindará una oportunidad más para que las y los sobrevivientes cuenten sus historias, que las violaciones sean reconocidas y que se aplique la justicia, concluyó Macario.

El Estatuto de Roma es un tratado que no tiene efecto retroactivo y que creó la primera corte global permanente con la capacidad para juzgar a los individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuando los tribunales naciones no puedan o no quieran hacerlo.

Las organizaciones de derechos humanos iniciaron en el 2002 la batalla para que el Congreso aprobara la unión del país al Estatuto; en el 2006, la Comisión de Relaciones Exteriores dio dictamen favorable y seis años más tarde fue finalmente ratificada.

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