viernes, 10 de febrero de 2012

Argentina: Boletín Informativo de CORREPI

Más asesinatos en las cárceles / Con la nueva Ley Antiterrorista, más persecuciones a los luchadores / Nunca seremos eso / Inseguridad es la policía “de los DDHH” en las calles / La profundización del modelo para los explotados: Gatillo fácil y torturas / Procesados por defender los derechos de la naturaleza.
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Más asesinatos en las cárceles
El 1º de enero, Sergio Benjamín Alegre Verón, de 35 años, fue asesinado a puñaladas en el penal de Urdampilleta. Tenía heridas de faca en su cuello y nuca que le provocaron la muerte. Su asesinato ocurrió en el pabellón de máxima seguridad, y fue oficialmente presentado como “pelea entre internos”. Este tipo de hechos son recurrentes en las cárceles de mala muerte y siempre implican la participación de los agentes penitenciarios, que “liberan la zona” o directamente mandan a sus propios sicarios a ejecutar algún “preso problemático”.
El 28 de enero, en la Unidad 46 de José León Suárez, Patricio Barros Cisneros, de 25 años, fue asesinado a golpes por agentes del servicio penitenciario cuando, en el horario de visitas, se acercó a pedir un lugar con mayor privacidad para estar con su esposa, quien está embarazada de 8 meses. En su presencia, y la de otros testigos, los penitenciarios Silva, Benítez, Maciel, "El Gallego", Luna y Chaparro, entre otros, le dieron una paliza tal, que lo mataron. Un rato más tarde, le dijeron a su esposa que Patricio se había suicidado, “golpeándose la cabeza contra una reja hasta morir”. Un tiempo antes, su hermano Diego había denunciado que los penitenciarios obligaban a los internos a salir a robar para ellos. No hay nada casual en este ataque.
Pero no sólo los agentes del servicio penitenciario protagonizaron este asesinato. El propio fiscal y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense también sostuvieron la descabellada versión del “suicidio”, a tal punto que, cuando un funcionario de la Defensoría General quiso aportarle los datos brindados por los testigos del apaleamiento que involucraban a los penitenciarios, el fiscal se negó a recibirlos.
A tan solo una semana de las reveladoras declaraciones del intendente kirchnerista de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, quien dijo que a los “delicuentes reincidentes (…) hay que cagarlos a palos, a trompadas, y después hablarles” y de la noticia de la represión en el penal de Corrientes que dejó como saldo más de 100 heridos, vemos la sistematicidad de las torturas y asesinatos en las cárceles, con la participación de todo el sistema penitenciario y judicial. Este sistema no busca “rehabilitar” o “reinsertar”, sino ejercer el control social sobre el pueblo y, claro, amparar a sus sicarios.

Con la nueva Ley Antiterrorista, más persecuciones a los luchadores
Cada vez son más duros los métodos de hostigamiento hacia los trabajadores organizados, por parte de la policía, jueces y fiscales; siempre a favor de los intereses de las empresas y los poderosos.
La semana pasada, en Santa María, Catamarca, nueve manifestantes antiminería que bloqueaban el paso a los camiones de la minera La Alumbrera, dejando pasar al resto de los vehículos, a los cuales les entregaban volantes explicando la gravedad del proyecto minero, fueron detenidos. Como no había, técnicamente, un “corte de ruta”, ya que sólo impedían el paso de los camiones de La Alumbrera, recurrieron a la siempre útil “averiguación de antecedentes”. Pero enseguida el fiscal resolvió que lo que los compañeros formaban parte de “una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, y los imputó por el delito de prepotencia ideológica (art. 213 bis del código penal), norma creada por el gobierno radical de Illia, al que Perón subió la pena en su tercer gobierno, y que ahora el kirchnerismo ha declarado, en la última ley antiterrorista, delito federal. Los compañeros, aunque con la causa en trámite, fueron liberados, después de que organizaciones de todo el país (como el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, CORREPI, y otros integrantes del ENA) se comunicaran telefónicamente a la comisaría reclamando su soltura.
Desde Correpi, venimos denunciando el constante perfeccionamiento de las herramientas “legales” para perseguir a la militancia. Hemos dicho y escrito sobre la reiterada sanción de leyes “antiterroristas”, incluso con un informe especial en la revista Antirrepresivo (anterior a la sanción, en diciembre, de la octava de estas leyes). Se trata de normas para la represión de los luchadores, que equiparan al luchador con el terrorista y dan las más amplias libertades de interpretación a los jueces.
El mismo día de las detenciones en Catamarca, en Famatina, la Rioja, también había masivas movilizaciones contra la empresa Osisko, otra trasnacional minera. El pueblo riojano sabe, por más que los medios lo oculten, que es un proyecto que destruye completamente el ecosistema y genera gravísimos problemas en los cultivos, único sustento económico de muchos de los pobladores, además de la terrible contaminación del agua con químicos como el cianuro.
En La Rioja, gracias a la lucha popular y a la solidaridad de todo el país, se logró que el proyecto fuera suspendido, por ahora. Sin embargo, al mismo tiempo se dieron a conocer listas negras que la empresa confeccionó sobre los manifestantes, en un detallado trabajo de inteligencia, que caracteriza a los compañeros según su grado de compromiso con la lucha.
En Formosa también se agudiza la represión. Hace solo un par de semanas, en Villa Gral. Belgrano, Ermindo Penayo y su hermano, Marcial, militantes del Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa) fueron detenidos en el terreno de su casa, por el supuesto hurto de ganado a la empresa ganadera Cabanella. Al negar los hechos falaces que les imputaban, fueron violentamente torturados. Marcial quedó en libertad, pero Ermindo siguió detenido por tres días en los que se lo siguió torturando violentamente, bajo amenaza de que si no firmaba su culpabilidad lo iban a “matar a golpes”. Los compañeros están ahora imputados en esta causa “armada” en su contra y en beneficio de la empresa Cabanella, que hace meses viene amedrentándolos para desalojarlos de sus tierras.
Finalmente, al cierre de este Boletín, nos estamos movilizando en repudio a la nueva represión y detenciones de activistas antiminería en Catamarca.

Nunca seremos eso
Un golpe de efecto local: la ministra Garré recibió a familiares de víctimas del gatillo fácil y se comprometió a no corporativizar ni a dejar impunes los crímenes.
Otra noticia de más elevada y sutil confección: Human Rights Watch (un organismo de derechos humanos a la yanqui) sostiene que la inseguridad ciudadana es la amenaza central para las jóvenes democracias latinoamericanas y recomienda a los estados, para afrontarla, que inviertan en más recursos (equipamiento y formación policial y militar).
La represión, en tanto política de estado, se legitima mediante el consenso, que aporta el consentimiento de la población para que aquella se lleve a cabo. Pero ese consentimiento no se da naturalmente, ese consenso se construye y se coopta.
Las agencias del estado, que día a día despliegan la violencia contra los sectores bien identificados de la sociedad (en general contra jóvenes pobres, marginalizados u organizados) disponen de un mecanismo de "aceptación", que ingeniosamente traduce sus crímenes cotidianos en "ejercicios rutinarios de la facultad institucional para preservar el orden y la paz social".
Lo gestual, lo comunicacional, la chapa de quien lo dice, cobra un valor fenomenal a la hora de convalidar esta política. Machacar con fraseología que apela al sentido común (que ellos mismos establecen) también.
El impacto en la subjetividad de quien, de otro modo, no convalidaría, es el ineludible paso previo al objetivo final. Que no es la verdad, si no su distorsión.
¿Cuántas veces escuchamos "Este gobierno no reprime" o "Es el gobierno de los derechos humanos", repetido hasta el cansancio por las voces del peronismo y progresismo filo K?
Como si la tercera parte de los muertos en la protesta social no hubiera acaecido en el mandato K o más de la mitad de muertos por el gatillo fácil y la tortura o detención les resultaran ajenos.
El Poder Ejecutivo, del cual forma parte la ministra Garré, es el jefe operativo y político de la misma policía que mata a un pibe por día con la modalidad que dice repudiar frente a nuevas víctimas. Garré es la misma ministra que ordena proveer a la defensa judicial de sus subordinados en casos de gatillo fácil (por ejemplo la del Kunky Mendez en La Matanza) o en casos de represión selectiva (causa Mariano Ferreyra).
Clara lógica del poder frente a la visibilidad que adquiere su política: cuando las víctimas ensucian, nada mejor que el dolor de otras para limpiarse.
Lo sutil pero en el mismo camino, pertenece al campo de los llamados "respetables organismos de Derechos Humanos": fogonear con la inseguridad como novedosa hipótesis de conflicto, es asegurarle al estado y a la clase que lo dirige su pertrechamiento y adiestramiento para convalidar las muertes de todos los pobres, todos los días. Como dijo un compañero del equipo de Familiares de CORREPI: "nosotros nunca seremos eso".
En este contexto, el de distraer y confundir, se inscribe la construcción del consenso necesario para que los gendarmes del poder real lleven a cabo su misión: garantizar el orden social en una sociedad dividida en clases.
Por su naturaleza, esa sociedad no admite derechos ni mucho menos humanos. Su hipócrita formulación discurre entre la gestualidad ministerial y la complicidad encubierta de los políticamente correctos.
Una vez más, tiene razón el compañero.

Inseguridad es la policía “de los DDHH” en las calles
Desde nuestro rol militante antirrepresivo, siempre denunciamos que “Inseguridad es la policía en la calle” y afirmamos, pruebas en mano, que “los grandes crímenes son perpetrados y protagonizados por las fuerzas”. Muchas veces, los medios intentan ocultar las noticias en las que los uniformados son descubiertos. Pero gracias a la militancia y también a que la sociedad argentina denuncia cada vez más abiertamente los crímenes de las fuerzas represivas, los uniformados quedan más expuestos a ser vistos como lo que realmente son: unos asesinos que se encargan de hacer negocios con la trata de personas, el narcotráfico y el robo organizado.
En diciembre de 2011, el cuerpo de Carlos Fretes fue descubierto en un descampado de Longchamps. Había sido muerto a golpes: lo mutilaron e intentaron prenderlo fuego para borrar las huellas. Como en el barrio se saben las cosas, los vecinos fueron a la casa de Claudio Américo Mena, un narco de Florencio Varela con estrechos vínculos con la seccional 2ª de esa localidad e intentaron lincharlo. Un “buche” de la comisaría fue el encargado de entregar a Fretes a Mena, ya que lo acusaban de “haber marcado” la casa del narco para un robo que se había producido días anteriores. El narco pudo sacar sus pertenencias de su lujosa casa con la protección de la Bonaerense, que, mientras Mena se mudaba, reprimía con balas de goma a los vecinos que querían lincharlo. Con toda esta protección Claudio Américo Mena está prófugo. Si sabe de él, no le avise a la policía.
El 1º de febrero, fue detenida una sargento de la bonaerense por mantener como rehén a cinco integrantes de una familia, golpearlos y haberles robado mil euros. El hecho ocurrió en Ezeiza. Como las víctimas se resistieron al robo y lograron desatarse para pedir ayuda, al huir la oficial olvidó sus pertenencias, entre ellas su celular. La polichorra Sonia Alejandra Umpierre, de 30 años, que reprimía para la comisaría 1ª de Cañuelas, fue separada del cargo pero obviamente no está detenida.
El 13 de enero, el policía mendocino Juan Pablo Alcaraz fue descubierto con el equivalente a 170 mil pesos en moneda chilena. El 4 de febrero, la policía chilena logró descubrir el por qué el uniformado tenía tal suma de dinero: en un operativo lo detuvo con 300 kilos de marihuana. El oficial lideraba una red de tráfico de drogas entre Argentina y el país trasandino y también se asegura que hay más uniformados involucrados.
El 9 de enero, fue detenido Gabriel Giménez en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, un ex comisario y ex jefe de la División de Inteligencia Criminal de Salta. Estaba prófugo desde mayo de 2011, cuando fue detectado un cargamento de cocaína en el que quedó implicado. También hay otro narcoficial de alto rango implicado: se trata del oficial principal Carlos Gallardo, entonces jefe de la sección Frontera de la División de Inteligencia Criminal.
Por último, cabe señalar que sólo en el mes de enero de 2012, 34 miembros de las distintas fuerzas represivas fueron arrestados por cometer delitos graves como torturas (“apremios ilegales”), homicidios, robos, narcotráfico y hasta abusos sexuales.
Ésta es la inseguridad. Ésta es la policía de los DDHH: la que llena de drogas nuestras tierras, la que organiza los grandes robos, la que organiza la trata de personas y la que viola mujeres y niños. Inseguridad es la policía en las calles.

La profundización del modelo para los explotados: Gatillo fácil y torturas
Marcelo Supúlveda tenía 26 años y vivía en Benavidez, partido de Tigre. Su primo, John Camafreitas vivía en Boedo. Sus vidas terminaron, policía mediante, con días de diferencia. Ambos se encontraron en distintas situaciones y lugares con la cara del estado y con lo que este tiene reservado a los jóvenes pobres: las balas y la tortura del aparato represivo estatal.
El 9 de enero, Marcelo venía escapando de un individuo que lo perseguía por un conflicto barrial. Para esconderse se metió en un terreno, custodiado por vigilantes de la empresa de seguridad privada Securitas. Dos guardias, sin mediar palabra, lo redujeron y se abocaron a golpearlo brutalmente hasta que llegó la policía, que siguió con la tarea emprendida por sus compañeros sin uniforme oficial. Marcelo murió en el patrullero, camino al hospital.
El 23 de enero, su primo, John Camafreitas, se alejaba de una plaza en Boedo donde hubo una disputa entre grupos adolescentes hasta que llegó la policía y los reprimió. John y un amigo fueron perseguidos por un patrullero de la 8ª. Uno de los policías le disparó a John en la nuca. Después de agonizar cinco días en el hospital, el pibe murió.
Esta forma de actuar del aparato represivo del estado, ya sea la policía, la gendarmería o la fuerza de turno, no es casual ni producto de errores o excesos, es la política sistemática de represión preventiva que el estado despliega para reprimir y disciplinar a las clases empobrecidas y explotadas de la sociedad, con el objetivo de evitar que amenacen el lugar de poder y riqueza que ocupan quienes manejan y administran el estado.
No es un policía “loco” o “abusivo”, sino que el gatillo fácil y la tortura forman parte de una política consciente llevada a cabo por toda la estructura represiva estatal.
Mostrando que el gobierno kirchnerista sigue rompiendo records en materia represiva, 2012 empezó y sigue con cantidades de casos de gatillo fácil que nos anticipan lo que será el año. Éstos son sólo algunos de los casos que registramos en las últimas semanas:
- El 21 de enero, en la localidad mendocina de Rivadavia el vigilador Raúl Barbosa, al ver a alguien dentro del predio que custodiaba, disparó sin vacilar y asesinó por la espalda a Gustavo Juan Ramírez, de 33 años.
- El 22 de enero, en Córdoba, el policía retirado Antonio Funes fusiló por la espalda, con su escopeta calibre 16, a Juan Pablo Acosta, de 9 años.
- El 24 de enero, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, un subteniente de la policía bonaerense supuso que dos personas intentaban robar un camión de lácteos que estaba a su custodia. Mató a uno de ellos de un tiro en la cabeza.
- El mismo día, pero en Barrientos, al oeste del conurbano, un policía federal que se encontraba de franco también fusiló de un disparo en la cabeza a Cristian Edgardo Corvalán de 23 años, quien huía tras un intento de robo en una heladería.
- El jueves 26 de enero, en Tortuguitas, el teniente 1° de la policía bonaerense Claudio Ibarra “arregló” sus problemas familiares de la única forma que lo puede hacer alguien que forma parte del aparato represivo, matando. En medio de una discusión con su esposa María Salomé Suma, de 32 años, el teniente sacó su arma reglamentaria de 9 milímetros y disparó siete veces. María recibió cuatro disparos. Luego, con tal de no enfrentar consecuencias, el teniente intentó fallidamente suicidarse.
Queda claro que no es problema de manzanas podridas o funcionarios políticos que no saben controlar a su policía, sino que la represión se despliega a lo largo y ancho del país con un mismo objetivo: el disciplinamiento de las clases explotadas, y con una misma intención: la profundización del modelo que imponen los ricos y poderosos al pueblo trabajador.

Procesados por defender los derechos de la naturaleza
Comunicado de los Jóvenes Kurmi de Jujuy, nuestros compañeros en el ENA, y otras organizaciones, sobre la persecución judicial a referentes de la Corriente del Pueblo, procesados por enfrentarse a la megaminería.
¿Quién se beneficia si las trasnacionales continúan en nuestro territorio con la extracción de minerales a cambio de cianuro y arsénico en la tierra y el agua, la eliminación de montañas y la creación de gigantescos huecos donde están enclavadas; la depredación de millones de litros diarios de agua necesaria para todas las formas de vida, la contaminación del aire y la conversión de tierras cultivables en paramos desérticos?
La velocidad con la cual se están destruyendo las condiciones que hacen posible la vida se ha acelerado en las últimas décadas, sin dudas las políticas de desarrollo y progreso dan cuenta de que este modelo civilizatorio, de producción, distribución y consumo es absolutamente incompatible con la preservación de la vida en el planeta.
Las políticas de carácter extractivista nos muestran, como sucede con la mega minería en nuestro país, que no existen negocios monopolistas sustentables, mientras mayores son las dinámicas destructivas en la extracción de recursos naturales, menores son las posibilidades de respuesta y adaptación a las condiciones planetarias que el saqueo genera.
En lo que puede ser caracterizado como el asalto final del capital a la naturaleza, las principales resistencias a este modelo depredador, a este proceso de acumulación por desposesión, nacen de pueblos y comunidades que sostienen su vivencia rescatando las experiencias del mundo tradicional. Son estas experiencias, estas memorias colectivas de que es posible vivir de otra manera, las principales reservas políticas y culturales con las cuales cuenta la humanidad para cuestionar y resistir el avance de este modelo depredador y destructor de la vida.
Construimos nuestras organizaciones como espacios fundacionales de un nuevo modelo civilizatorio, sosteniendo colectivamente tradiciones ancestrales que recuperen el sentido de vida, como el sumak kawsay (el buen vivir) del que hablan los pueblos indígenas andinos, replanteándonos las relaciones entre los seres humanos y la madre tierra, vinculándonos desde una vivencia de respeto con la naturaleza, luchando por sus derechos y armonizando nuestra relación con ella reconociendo su dimensión espiritual.
En ese sentido no nos sorprende que quienes se arrogan el poder para violar los derechos de la madre naturaleza hoy estén procesando a Luciana Santillán y Gerónimo Peralta, referentes sociales de la provincia de Jujuy que, como sucede con organizaciones hermanas en todo el país, son perseguidos por sostener la lucha por los derechos de la naturaleza, por defender el agua y la vida.
Entendemos que el valor agregado de cada una de las organizaciones que en nuestro país enfrenta a los monopolios radica en su “espíritu de sacrificio”, en su disposición a dar pelea ante las trabas que surgen, sostenidos desde valores que expresan la fuerza de la montaña y que van a contramano de la locura de la sociedad actual.
Con mega minería no hay país en serio - por los derechos de la naturaleza - el agua y la vida se defienden.
Corriente del Pueblo - Jóvenes KURMI - Instituto Taki Onqoy - Movimiento Campesino de Jujuy.

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