viernes, 24 de febrero de 2012

Brasil: La “ingeniería de cooptación” y los sindicatos

Ricardo Antunes (CORREIO DA CIDADANIA)
Traducción: Ernesto Herrera (CORRESPONDENCIA DE PRENSA)
La década de oro
El objetivo de este artículo es comprender ¿por qué viene ocurriendo una relativa desmovilización de la sociedad brasilera y, en particular, de las organizaciones de representación de la clase trabajadora?. Las respuestas son complejas y nos remiten a los ciclos de luchas trabadas en las últimas décadas en Brasil.

Podríamos comenzar recordando que, a lo largo de los años 1890, Brasil estuvo al frente de las luchas sociales y sindicales, incluso comparado con otros países avanzados. La creación del PT (Partido de los Trabajadores) en 1980, de la CUT (Central Única de los Trabajadores) en 1983, del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) en 1984, la lucha por las elecciones directas en 1985, la eclosión de cuatro huelgas generales, la campaña de la Asamblea Constituyente, la promulgación de la Constitución en 1988 y, finalmente, las elecciones de 1989, son ejemplos vivos de la fuerza de las luchas de aquella década. Hubo avances significativos en la lucha por la autonomía y la libertad de los sindicatos en relación al Estado, a través del combate al Impuesto Sindical, la estructura confederativa, cupular, jerarquizada y burocrática, instrumentos que se constituían en mecanismos utilizados por el Estado para controlar los sindicatos. Aquella década conformó también un cuadro nítidamente favorable para el llamado “nuevo sindicalismo”, que caminaba en dirección contraria a la crisis sindical presente en varios países avanzados.
En tanto, al final de aquella década, ya comenzaban a despuntar las tendencias económicas, políticas e ideológicas que fueron responsables por la inserción del sindicalismo brasilero en la onda regresiva, resultado de la restructuración productiva del capital en curso a escala global así como de la emergencia pragmática neoliberal que pasaron a exigir cambios significativos.
A partir de 1990, con la llegada de Collor y después de FHC (Fernando Henrique Cardoso), el recetario neoliberal se desplegó. Nuestro parque productivo fue enormemente alterado por la política privatizadora, afectando directamente la siderurgia, telecomunicaciones, energía eléctrica, sector bancario, entre otros, lo que alteró el trípode que sustentaba la economía brasilera (capital nacional, extranjero y estatal), rediseñando e internacionalizando todavía más el capitalismo en Brasil. El sector productivo estatal era fagocitado por el capital monopolista extranjero.
Con un proceso tan intenso, la simbiosis nefasta entre neoliberalismo y restructuración productiva tuvo repercusiones mucho más profundas en la clase trabajadora y en particular en el movimiento sindical. Flexibilización, desregulación, tercerización, nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo, etc., se tornaron plagas permanentes en todas partes. En el apogeo de la era de la financiarización, del avance técnico-científico-informacional, del mundo digital donde tiempo y espacio se convulsionan, Brasil vivió mutaciones fuertes en el mundo del trabajo, alterando la morfología, donde la informalidad, la precarización y el desempleo se ampliaron intensamente.
Esta nueva realidad atropelló al “nuevo sindicalismo” que se encontraba, de un lado, ante la aparición de un sindicalismo neoliberal que sintonizaba con la onda mundial conservadora: la creación de Fuerza Sindical es el mejor ejemplo. Y, del otro lado, ante la inflexión que venía ocurriendo al interior de la CUT, que cada vez más se aproximaba al sindicalismo socialdemócrata. La política de “convenios”, “apoyos financieros”, “asociaciones” con el sindicalismo socialdemócrata, especialmente europeo -que venía desde décadas-, acabó contaminando al sindicalismo de clase en Brasil, en un momento donde la socialdemocracia se subordinaba al neoliberalismo.
El éxito del social-liberalismo y el advenimiento del sindicalismo negociador de Estado
Fue en este contexto que Lula resultó victorioso en las elecciones presidenciales de 2002, después de un período de enorme desertificación social, política y económica de Brasil; victoria que ocurrió en un contexto internacional y nacional bastante diferente de los años 1980. La victoria de la “izquierda” en Brasil ocurría cuando ella estaba más frágil, menos respaldada en los polos centrales que le daban sustentabilidad, como la clase obrera industrial, los asalariados medios, y los trabajadores rurales.
Si quisiéramos recordar a Gramsci, diríamos que el “transformismo” ya había convertido al PT en un “Partido del Orden”. Cuando Lula ganó las elecciones, en 2002, al contrario de la potencia creadora de las luchas sociales de los años 1980, el escenario era de completa mutación. Por eso, se trató de una victoria política tardía. Ni el PT, ni el país eran los mismos. Como ya dije antes, Brasil estaba desertificado y el PT desvertebrado.
¿Cuáles son las explicaciones para ese “transformismo”? Aquí podemos tan sólo indicarlas: 1) la proliferación del neoliberalismo en América Latina; 2) el desmoronamiento del “socialismo real”; 3) la socialdemocratización de una parcela sustancial de la izquierda y su aproximación a la agenda social-liberal, eufemismo usado para tapar su real cara neoliberal.
El PT, partido que se originó en el seno de las luchas sociales y sindicales, aumentaba su sujeción a los calendarios electorales, actuando cada vez más como partido electoral y parlamentario, hasta tornarse en un partido policlasista. Lula pasó a contar con la confianza de las principales fracciones de las clases dominantes, incluyendo a la burguesía financiera, el sector industrial y el agro-negocio. Un ejemplo es bastante esclarecedor: cuando al final del segundo gobierno de FHC, en 2002, hubo un acuerdo de “intenciones” con el FMI (Fondo Monetario Internacional), esta institución exigió que los candidatos a la presidencia manifestasen su apoyo a los términos del acuerdo. El PT de Lula publico entonces, un documento denominado “Carta a los Brasileros”, donde evidenciaba su política de subordinación al FMI y a los sectores financieros internacionales y nacionales.
El resultado de su gobierno es conocido: su política económica amplió la hegemonía de los capitales financieros; preservó la estructura latifundista concentrada; incentivó a los fondos privados de pensión; determinó el cobro de impuestos a los trabajadores y jubilados, especialmente públicos, que pasaron a hacer una fuerte oposición al gobierno Lula.
Y su alteración más significativa, en el segundo mandato, fue una respuesta a la crisis abierta con el “mensalão” (gigantesco mecanismo de corrupción), en 2005. Era necesario que el nuevo gobierno ampliara su base social de sustentación, desgastada junto a amplios sectores de la clase trabajadora organizada. Fue entonces que ocurrió un cambio político importante: el gobierno extendió el programa Bolsa Familia, una política social de claro perfil asistencialista, de gran amplitud, que alcanza a más de 12 millones de familias pobres con ingreso salarial bajo y que por eso recibían un complemento salarial. Fue esta política social -presentada como modelo por el Banco Mundial- que se amplió significativamente la base social de apoyo de Lula, en su segundo mandato. Esa política social alcanzaba a los sectores más pauperizados y desorganizados de la población brasilera, que normalmente dependen de las políticas del Estado para sobrevivir.
Comparado al gobierno de FHC, la política de aumento del salario mínimo -aunque todavía responsable por un salario vergonzoso e inconcebible para una economía del porte de la brasilera-, significó ganancias reales en relación al gobierno tucano. Y, de ese modo, el gobierno Lula “equilibró” las dos puntas de la tragedia en Brasil: remuneró ejemplarmente al gran capital financiero, industrial y del agro-negocio y, en el otro lado de la pirámide social, implementó la Bolsa Familia asistencialista, concediendo una pequeña valorización del salario mínimo, sin confrontar, es imperioso decirlo, con ninguno de los pilares estructurales de la tragedia brasilera.
Cuando la crisis mundial golpeó duramente a los países capitalistas del Norte, en 2007-2008, el gobierno tomó medidas claras en el sentido de incentivar la retomada del crecimiento económico, reduciendo los impuestos (patronales) del sector automovilístico, electrodoméstico y de la construcción civil, todos empleadores de fuerza de trabajo, expandiendo fuertemente el mercado interno brasilero y compensando, de ese modo, la retracción del mercado interno en sus compras de “commodities”. El mito redivivo del nuevo “padre de los pobres” ganaba fuerza.
Pero había, todavía, otro elemento central en la ingeniería de la cooptación del gobierno Lula/Dilma: el control de sectores importantes de la cúpula sindical que pasaban a recibir directamente dineros estatales, garantizando de esa forma el apoyo de las principales centrales sindicales al gobierno (1). Poco antes de terminar su gobierno, Lula tomo una decisión que amplió todavía más el control estatal de los sindicatos, al permitir que las centrales sindicales también pasaran a gozar de las ventajas del nefasto Impuesto Sindical (2), creado durante la dictadura de Getulio Vargas, al final de los años 1930. Además del referido impuesto, las centrales sindicales pasaron a recibir otros subsidios públicos, eliminando de hecho, la cotización autónoma de sus afiliados. Otro paso crucial que sellaba la cooptación.
Como si esto no bastara, centenas de ex sindicalistas pasaron a participar, designados por el gobierno, de los directorios de las empresas estatales y de ex estatales, con sueldos fenomenales. Por tanto, para comprender la cooptación de una parcela significativa del movimiento sindical brasilero reciente, es preciso comprender este cuadro del cual describimos aquí las principales tendencias.
Los que nos lleva a concluir que, para retomar un sindicalismo de clase y de izquierda, hay un buen camino a recurrir. Tal vez, su principal desafío sea crear un polo sindical, social y político de base, que no tenga miedo de ofrecer al país un programa de cambios profundos, capaces de iniciar el desmontaje de las causas estructurales de la miseria brasilera y de sus mecanismos de preservación de la dominación. Es un paso imprescindible en este proceso y, desde luego, para romper la política de servidumbre voluntaria que empujó a los sindicatos en dirección al Estado.
Ricardo Antunes es profesor titular de Sociología del Trabajo en el IFCH/UNICAMP. Autor de numerosos libros sobre el “mundo del trabajo”. Colabora regularmente en revistas brasileras y extranjeras. El artículo fue publicado originalmente en el Jornal dos Economistas de Rio de Janeiro, Nº 268, noviembre de 2011.
Notas:
1) El campo sindical del gobierno es amplio: en el centro-izquierda, además de la CUT, tenemos a la CTB (Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Brasil), formada por la Corriente Sindical Clasista que se desafilió de la CUT en 2007 para crear su propia central. En el centro-derecha tenemos a Fuerza Sindical, ya mencionada, que combinaba elementos de neoliberalismo con el viejo sindicalismo que se “modernizó”; además de varias pequeñas centrales como la CGTB (Central General de los Trabajadores de Brasil), UGT (Unión General de los Trabajadores), y NCST (Nueva Central Sindical de Trabajadores), todas dotadas de un pequeño nivel de representación sindical y de algún modo herederas del viejo sindicalismo dependiente del Estado.
En el campo de la izquierda sindical anticapitalista, en clara oposición a los gobiernos Lula/Dilma, son importantes la Conlutas-Central Sindical y Popular, y la Intersindical. La primera se propone la organización no solo de los sindicatos sino también de otros movimientos populares y estudiantiles. La segunda (aunque hoy se encuentre dividida), es también oriundo de los sectores de izquierda que rompieron con la CUT, teniendo un perfil más acentuadamente sindical, y volcado a la reorganización del sindicalismo de base, en oposición a la creación de un nueva Central.
2) En 2010 fueron R$ 84,3 millones para las centrales: según el Ministerio de Trabajo, las dos mayores centrales, la CUT y Fuerza Sindical, recibieron R$ 27,3 millones y R$ 23,6 millones, respectivamente -valores que representan 80% del presupuesto de Fuerza Sindical y el 60% de la CUT. En seguida, los mayores beneficiarios fueron la UGT con R$ 14 millones; la NCST que embolsó R$ 9,9 millones; la CTB recibió R$ 5,3 millones; y la CGTB con R$ 3,9 millones.

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