miércoles, 8 de febrero de 2012

"El ajuste, Moyano y los primeros esbozos de conflictividad social"

NUEVO MAS

Una muestra del año que se viene.

Ha pasado el primer mes del año. Sin embargo, a pesar del clima veraniego, enero ha sido una clara muestra del año que vendrá. Si bien las tendencias actuantes no se han desplegado del todo, alcanzan como adelanto de lo que vendrá en este 2012: un año marcado por el ajuste económico, mayores contradicciones en las alturas y duros conflictos obreros, democráticos y populares.

Esto ocurrirá a pesar de la reciente reelección de Cristina Kirchner y de la fuerte popularidad de que goza aún hoy. Porque el país está sometido a un conjunto de contradicciones crecientes –una no menor tendrá que ver con la dinámica de la crisis económica mundial– que generarán reiteradas crisis, tensiones y conflictos. Esto inevitablemente dinamizará la situación política. Está clarísimo: el 2012 no será el de la “plancha” electoral de 2011.

Todo gira alrededor del ajuste económico

En el centro de todos los problemas está el ajuste económico que ha comenzado a aplicar el gobierno. En lo esencial, Cristina ha elegido un camino “ortodoxo” para intentar evitar que la economía la haga terminar sumida en una lisa y llana crisis. Los problemas atañen a casi todos los costados del “modelo”, como ya hemos señalado desde estas páginas. En una economía mundializada como la de hoy, el centro de todo está en que el país ha perdido competitividad y, por lo tanto, en los más diversos frentes, las cuentas comienzan a no cerrar.

El dólar no se está devaluando lo suficiente en un mundo en que la crisis económica azuza la pelea competitiva. El balance entre exportaciones e importaciones cada vez deja menos dólares en manos del Estado. En el terreno fiscal, los estados provinciales han ingresado a la zona del rojo y el fisco ya sufre la desaparición del superávit. Para colmo, la carga de la deuda externa sigue demandando divisas, pero el BCRA ve reducirse sus reservas desde hace meses. Como frutilla del postre de esta pérdida de competitividad y de la creciente brecha entre ingresos y egresos, está la escalada inflacionaria que vive el país. Esto deteriora aún más la competitividad exportadora, al tiempo que alimenta la famosa “puja distributiva” entre precios y salarios.

Frente a esta realidad, el gobierno podría haber elegido otro camino, que aun siendo capitalista (éste es, a no olvidarlo, un gobierno 100% capitalista), fuera “heterodoxo”. En eso tiene razón el moyanismo cuando denuncia que el gobierno ya casi ni habla de la “profundización del modelo”. Porque “heterodoxo” sería ajustar a los de arriba: estatizar los recursos naturales para que toda la renta quede en manos del Estado, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca, estatizar bajo control obrero toda empresa que cierre o despida masivamente, etcétera. Esto posibilitaría que el Estado se hiciera de una parte de las rentas y plusvalías para cerrar las brechas evitando atacar las condiciones de vida y salario de los trabajadores.

Pero eso ya sería ir demasiado lejos. A pesar de que ha trascendido que el gobierno habría “amenazado” en los últimos días con la estatización de YPF por la pelea de los sobreprecios que venía cobrando, el rumbo central de su política va exactamente para el otro lado: un ajuste ortodoxo cuyo centro es hacerle pagar la crisis a la clase obrera.

Claro que el kirchnerismo, consciente de la mala prensa que tiene la palabra “ajuste” en nuestro país, ha comenzado a implementarlo en toda la línea pero administrándolo en cómodas cuotas para que no parezca tal.

Sin embargo, siempre hay un punto en el que mueren las palabras: marzo podría ser el momento en que la población comience a sentir de conjunto los aumentos, tomando conciencia (que hoy no tiene porque domina la confusión) de que el ajuste económico viene en serio por más que el gobierno pretenda disimularlo con palabras (como su supuesto carácter “redistributivo”).

Quita de subsidios y competitividad

Que el ajuste es una política global se evidencia cada día que pasa. Primero, el gobierno anunció el desmonte de los subsidios a los servicios públicos y el transporte. No ha aplicado esta medida de una vez, sino que la está “administrando”, como señalamos. Arrancó con el verso de la eliminación de los subsidios en Puerto Madero, pero resulta que lo propio está ocurriendo en cada vez más barrios y domicilios de toda la geografía nacional. Ante el CIADI (organismo internacional donde se sustancian los pleitos de las privatizadas con el Estado), el gobierno acaba de reconocer para el gas un aumento del 27% para este año y del 500% a partir de 2013. Ya mismo en la tarifa del gas se está prorrateando el costo del gas importado que consumiremos el próximo invierno (es decir, se está cobrando con aumento un gas que ni siquiera hemos consumido). Y lo propio va a ocurrir con la electricidad, el teléfono, el agua y demás servicios (y las empresas de telefonía celular vienen aumentando las tarifas desde hace meses).

Pero no se trata solamente de los servicios. Al traspasar el subterráneo de Buenos Aires a Macri, el gobierno buscó dos cosas. Por un lado, que el “ingeniero” se haga cargo de aumentar la tarifa, cosa que ya hizo: de 1,10 a 2,50 pesos, un 130%; ¿qué otra cosa iba a hacer el neoliberal Macri sino aumentarles el boleto a los trabajadores? Y encima ha declarado que podría haber “más aumentos del boleto, dependiendo de cuánto reclamen los trabajadores del subte”, echándoles el fardo a ellos.

Pero por el otro, y esto ha sido menos destacado, se lo usa como excusa para gatillar un aumento general del transporte y “nivelar” todas las tarifas. Conclusión: con el argumento de reducir los subsidios, se viene aparentemente para el 10 de febrero el aumento del colectivo. Aquí el gobierno ha montado otro operativo de confusión: el furor por la tarjeta SUBE tiene que ver con que ha dejado trascender que los que “no tengan la tarjeta serán los que paguen el aumento”. Contradicción evidente: ¿qué pasará si la generalidad de los usuarios tiene la SUBE? ¿Nadie pagará el ajuste? Nos permitimos dudarlo. La realidad es que “empadronando” a todos los usuarios, el gobierno decidirá quién paga el aumento y quién no.

Hay más malas noticias. Ahora resulta que en plena temporada veraniega se le acaban de quitar subsidios al gas oil y a los peajes a las empresas de colectivos de larga distancia: es sólo cuestión de tiempo para que trasladen a los precios esa quita de subsidios (para lo cual, obviamente, no hay ninguna prohibición).

Sin embargo, mucho más grave es lo que está pasando en varias provincias como Santa Cruz o Río Negro, donde se han lanzado a ejecutar despidos en masa de trabajadores estatales. Si en ambos casos han debido retroceder (pretendieron tomar por sorpresa a los trabajadores implementando las medidas en plenas fiestas), es porque los gremios estatales saltaron como leche hervida. No se trata solamente de esas dos provincias: también en Chubut, Bussi, un gobernador hasta ayer ligado a Das Neves y hoy ultrakirchnerista, ha comenzado a despedir estatales, supuestamente “ñoquis” de la gestión anterior. Y a no perder de vista que en muchas intendencias se ha comenzado a implementar un ajuste en los impuestos municipales para aumentar la recaudación de los gobiernos locales.

Las dos caras del ajuste

Se podría pensar que, en estas condiciones de ajuste generalizado de tarifas, servicios e impuestos (y precios por las nubes), al menos se podría tener el respiro del aumento salarial. No es así: el escándalo es que en este escenario de aumento generalizado (donde ganan el Estado y los empresarios privados), la política del gobierno es imponer, cueste lo que cueste, salarios a la baja en las paritarias.

Aquí el centro no es ya el déficit del Estado sino mantener la “competitividad” (léase ganancias) de los empresarios privados. Veamos esto un poco más de cerca. En los años 90, producto en el fondo del carácter general atrasado del país, la “industria nacional” se encontraba una situación competitiva muy mala. Con el peso nacional en paridad con el dólar, era muy difícil competir con los productos del mercado mundial. Para colmo, los precios de las materias primas estaban por el suelo. Conclusión: la economía entra en la crisis y depresión que todos conocemos a comienzos del nuevo siglo.

Sin embargo, con la explosión popular, el peso es devaluado. Esto coincidió con un ciclo de auge de los precios de materias primas. Estos dos vectores permitieron recuperar competitividad. Pero con la mejora generalizada (pero no estructural) de la situación económica, el desempleo cayó y la capacidad negociadora de la clase obrera aumentó. Pasados los años, la cotización del dólar comenzó a estancarse, pero los precios y salarios continuaron encareciéndose nuevamente en dólares. Con las retenciones, el gobierno intentó desligar los precios internos de los internacionales. Pero luego de su derrota con las patronales del campo en el 2008, quedó debilitado frente a ellos: les fue haciendo concesiones y el lomo llegó a los 80 pesos (o más) que pedía De Angeli. Sintéticamente: los más vitales medios de consumo popular fueron aumentando y aumentando, gatillando una inflación creciente.

Al mismo tiempo, producto de la conflictividad social del país, el salario al principio recuperó parte de lo perdido inmediatamente después de la devaluación, y luego, paritarias mediante (aun a pesar de su carácter burocrático) más o menos se mantuvo. La suma del aumento de los precios más unos salarios que de una manera u otra fueron aumentando nominalmente (en términos reales la cosa es mucho más compleja, porque los empresarios tuvieron ganancias de productividad por explotación redoblada), fueron horadando la competitividad (ganancias).

Así las cosas, las paritarias a la baja que exige el gobierno es la otra cara del ajuste que ha puesto en marcha; una cara hace a las cuentas públicas, la otra a preservar las ganancias de los empresarios.

La paradoja: ¡se viene un salario a la baja precisamente en el mismo momento en que todo aumenta! De ahí que, a pesar de que la burocracia siempre ha sido funcional a los empresarios, los gobiernos patronales y el Estado, no sea nada descabellado pensar que este año la conflictividad se va a disparar.

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