Santiago Garat (TMO)
En diálogo con Redacción Rosario, el fiscal a cargo de la causa Juan Patricio Murray, se mostró sorprendido por la resolución del magistrado en cuanto a la situación de algunos imputados en particular, aunque confesó sentirse “muy conforme” y “contento” con la prisión preventiva dictada contra ocho de los imputados.
“Por un lado estamos contentos por el fallo en cuanto a los imputados que fueron procesados copn prisión preventiva”, admitió Murray, aunque acotó: “Lo curioso es que todos ellos ya estaban condenados con prisión perpetua o con preventiva misma pero por otras causas, y que a los que llegaron a esta instancia en libertad por decisión suya, como Andrada y Rodríguez, les dictó la falta de méritos”.
“Trato de imaginarme qué puede haber escrito en su resolución el juez, ya que nos enteramos por los diarios y aún no me notificaron nada de manera oficial”, siguió cuestionando el fiscal nicoleño y agregó: “Pero no logro comprender cómo puede haber construido un procesamiento para Cabrera, Porra y Pagano, y no para Andrada y Rodríguez cuyos legajos eran casi idénticos”.
Fallo polémico y preventivo
La prisión preventiva también alcanzó a otros cinco ex militares. Se trata de los ex miembros de esa unidad militar Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López, en tanto Luis Américo Muñoz, que se desempeñaba como segundo jefe del destacamento, también fue procesado pero sin prisión preventiva.
Eduardo Carlón Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso fueron secuestrados en el bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos el 14 de mayo de 1983 y de allí conducidos ese mismo día a la localidad de Lima, partido de Zarate, donde fueron torturados y fusilados.
Ese crimen se cometió apenas cinco meses antes de la reinstauración democrática y el gobierno militar adjudicó las muertes a un “enfrentamiento” con una patrulla policial que integraba el ex policía Patti, junto a los ex numerarios Juan Amadeo Spataro (prófugo) y Rodolfo Diéguez (fallecido).
Una pericia realizada en por un perito de la Corte Suprema de Justicia determinó que ambos cuerpos tenían marca de aplicación de picana eléctrica, pese a lo cual la justicia ordinaria de San Nicolás sobreseyó a los ahora procesados en un dictamen confirmado luego por la Cámara Federal.
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