lunes, 12 de marzo de 2012

Argentina: Boletín de la CORREPI

Garré, la policía y lo imposible / Garré recargada / Ningún pibe nace chorro, pero por las dudas... / La recurrente criminalidad policial / La masacre, la nueva ofensa / Pero rápidamente consignamos: No hay lugar a la sorpresa.
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Garré, la policía y lo imposible
Esta semana, Nilda Garre, la ministra de seguridad, encargada de coordinar y hacer efectiva la política represiva del gobierno, ordenó el retiro y desplazamiento de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores de la policía federal.
En algunos casos, fueron los propios policías los que pidieron el retiro, porque alcanzaron los requisitos para jubilarse, o porque no ascendieron en el escalafón, como es el caso del ex titular de la comisaría 19ª, Gerardo Fabián Galli, que fue “congelado” en los ascensos –pero no echado- por sus vinculaciones con el proxenetismo junto al “empresario” Raúl Martins.
Estas “purgas” periódicas suelen ocurrir cuando la obviedad de los crímenes de algunos de sus subordinados requiere una limpieza de cutis para sostener la imagen de la fuerza y del gobierno que la dirige. Es el caso del comisario inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y del comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, a los que el gobierno optó por excluir del servicio activo para facilitar que la culpa quede visibilizada en ellos, y se disimule la responsabilidad estatal en el hecho.
Cabe aclarar que, como no fueron exonerados, sino simplemente pasados a la situación de retiro, todos gozarán de sus haberes jubilatorios, obra social y demás privilegios como jubilados estatales, sin importar que estén investigados por asesinatos, narcotráfico, violaciones, tortura, proxenetismo u otros delitos.
Los cargos vacantes serán ocupados, en algunos casos, por personal de gendarmería, otro sector de los ejecutores de la represión estatal al cual quieren hacer ver como “patrióticos y limpios”, pero que cumplen la misma función que cualquier policía o prefecto y que no es otra que reprimir manifestaciones o fusilar pibes en los barrios.
Este tipo de maniobras tiene el objetivo de generar consenso para la represión, ya son un “lavado de cara” de las fuerzas represivas basado en la vieja y falsa excusa de que existen policías malos y otros buenos, o manzanas podridas que pudren al resto, de modo que “el problema” se solucionaría separando a los “malos”. Se pretenden generar, así, erróneas expectativas del pueblo sobre quién se encarga de disciplinarlo y reprimirlo. El gobierno intenta una vez más confundir y construir consenso para llevar a delante lo que la represión necesaria para mantenerse en donde están.
Como decimos una y otra vez desde CORREPI, no es un policía, es toda la institución. No se trata de personas que actúan individualmente, sino de la función que cumplen en la sociedad, y eso no se puede (y tampoco lo pretenden) alterar. No se puede cambiar la naturaleza de una institución fundamental para los ricos y poderosos como la policía, la gendarmería o cualquier color de uniforme que se encargue de repartir palos al pueblo trabajador para mantener el poder de los que nos explotan día a día.
Purgas, cursitos de DDHH, cambios de colores en los uniformes, descuelgue de cuadros o lo que vaya a inventar el gobierno para seguir reprimiendo con consenso, no altera su carácter represivo. No podemos esperar soluciones del gobierno que más pibes ha fusilado en los barrios, que lleva 17 compañeros caídos en manifestaciones y que militarizó el país. La única respuesta frente a la represión del estado de los poderosos es la organización y la lucha del pueblo trabajador.

Garré recargada
Los diarios titularon “Sorpresivos cambios en el ministerio de Seguridad” o cosas parecidas. Es que, de la noche a la mañana, la secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Camaño, fue relegada a una tarea menor, como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, y fue reemplazada por Sergio Berni, un “pingüino operativo”, como lo definió el diario Infobae.
Berni, con larga experiencia castrense (es teniente coronel retirado), es un hombre leal. Leal al que le toque en turno, como lo prueba su derrotero político. Simpatizante carapintada, fue funcionario estrella de Duhalde y de ambos Kirchner. Pasó por el ministerio de Desarrollo Social, desde donde capitaneó el proceso de disciplinamiento y cooptación de buena parte del movimiento piquetero, y por el ministerio de Defensa, donde trabó relación con Garré. Últimamente, era senador en la legislatura bonaerense, dirigiendo el bloque oficialista, alineado con Mariotto.
“El cargo lo crearon para mí, soy viceministro”, dijo a la prensa, dejando bien clarito que no viene a reemplazar simplemente a la desplazada Camaño (que apenas la noche anterior puso la cara por la ministra en la comisaría 8ª, mientras estaban detenidas las familias de John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda), sino que su rol es el de jefe del estado mayor de la represión en el gobierno nacional, y de comisario político hacia la provincia de Buenos Aires.
"No creemos en la negociación de los conflictos, no es nuestro eje de trabajo", anunció. En el año de crecimiento de la conflictividad social que se viene, el desembarco de Berni en el ministerio de Seguridad muestra el lugar que la represión ocupa en la agenda oficial.

Ningún pibe nace chorro, pero por las dudas...
Durante el mes de enero de 2012, en Catamarca, la policía "levantó" a casi 180 chicos de menos de 18 años en la calle, con un promedio de 44 pibes detenidos por semana. Los menores de edad representan más de la mitad de los detenidos en total.
Según las estadísticas que se realizaron al terminar la feria judicial, cuatro pibes menores de 18 años amanecen por día tras las rejas. Más del 80 % de esos chicos proviene de hogares de escasos recursos. Ésta es la función a la que están llamados estos matones a sueldo: Golpearlos, detenerlos y encerrarlos; atemorizarlos, matar su dignidad, su pensamiento, y matarlos físicamente en muchos casos, funciones éstas que desempeñan cada día mejor, y para la que están adoctrinados, al servicio de la burguesía. El subsecretario de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Morales, manifestó que "el aumento en los arrestos se debe al mayor índice de delitos cometidos por los menores", y así trata de justificar el incremento del 300% de los arrestos respecto del mismo mes del año pasado.
La mentira se cae sola: En su mayoría, son chicos entre 10 y 15 años de edad, que están allí porque un oficial que asegura que los encontró cometiendo un delito, escapando tras un frustrado hecho o en “actitud sospechosa”, decidió demorar. El código de faltas o contravencional y la detención por averiguación de antecedentes o para identificar “justifican” la casi totalidad de esas detenciones, rara vez vinculadas con una imputación concreta por un delito.
Por otra parte, trascendió que las autoridades, buscando mejorar su eficiencia, trabajan en la conformación de una Brigada Juvenil, cuyos efectivos se encargarán exclusivamente de los procedimientos que involucren los chicos de menos de 18 años.
Uno de los casos que demuestra lo que afirmamos, ocurrió el viernes 9 de septiembre de 2011, cuando cuatro adolescentes de 16 y 17 años murieron quemados en la "Alcaidía de Menores" , un lugar donde nunca deberían haber estado. Los chicos sólo podían estar detenidos 48 horas, pero llevaban 9 días en la celda, padeciendo torturas, y en condiciones infrahumanas, sin ventilación, sin suficientes colchones y con baños totalmente sucios.
Los agentes policiales les dieron un encendedor, les cerraron la puerta de la celda con candado, y los desafiaron a que se prendieran fuego si querían protestar. Iniciado el fuego, no abrieron el calabozo sino cuando los chicos ya agonizaban. Junto a los policías, fueron igualmente responsables por la muerte de Nelson Fernández (17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17) las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto; ministro de Gobierno, Javier Silva; el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; el jefe de Policía, Francisco Soria, y el gobernador Eduardo Brizuela del Moral.
Completando el círculo represivo, cuando los familiares salieron a la calle a denunciar cómo murieron sus hijos, fueron amenazados por personal de la comisaría 10ª.
Desde CORREPI llamamos “represión preventiva” a estas situaciones cotidianas de la democracia de los DDHH, que para muchos representan aparentes abusos de poder por parte de la policía, cuando en realidad son una política de estado en la que confluyen todas las instituciones estatales.

La recurrente criminalidad policial
Todos sabemos que la policía siempre está detrás de los crímenes más indignantes. Son ellos los que manejan los grandes secuestros, el narcotráfico, la trata de personas para la explotación sexual, etc., todas “changas” suyas, avaladas por el Estado, que las conoce, pero perdona todo a cambio de que cumplan eficientemente su tarea de reprimir al pueblo.
¡Y cómo la cumplen!. En Córdoba, las detenciones arbitrarias, eficaz herramienta de control social, están a la orden del día. Varios oficiales “arrepentidos” de la policía de Córdoba, confesaron que se les ordenaba detener personas sólo por estar en la calle, con el fin de cumplir “cupos” semanales. Los que “cumplían con el objetivo” eran premiados con un cuadrito de honor con foto en la dependencia, al mejor estilo del “empleado del mes” de McDonald’s. Los que no, eran castigados con hasta ocho horas de sobrecarga de servicio.
Éste es solo uno de los métodos que la policía utiliza para adoctrinar a sus subordinados, métodos que terminan generando oficiales violentos y perversos, oficiales deshumanizados. Pero es eso justamente lo que se busca, y no generar conciencias “cívicas y honradas”, como asegura la ministra Garré, que se jacta de la cantidad de cursos de Derechos Humanos que hay para estos delincuentes uniformados.
La semana pasada, por ejemplo, salieron a la luz estos casos:
Matías Leonel Domed, ex miembro del Ejército, sentenciado a 22 años de prisión por el homicidio agravado de Martín Aranda, ocurrido en 2009, pidió cumplir la pena en su casa. El ex militar ya estaba con prisión domiciliaria por robo calificado, aunque todo el barrio sabía que no la respetaba, ya que solía estar en unas cocheras cercanas a su casa, donde traficaba drogas. Cuando Martín Aranda estaba charlando con unos amigos en la calle, Domed pasó y simplemente le disparó, matándolo en el acto.
También hubo novedades en el asesinato de Patricia Gasparotti, muerta a manos de su esposo, Cristian Terraza, de la PFA. Según testimonios, el policía era muy posesivo y celoso, la obligó a dejar de trabajar y casi no la dejaba salir de casa, amenazándola con matarla. Cumplió. Luego de una muy fuerte pelea, Patricia fue unos días a la casa de sus padres. Terraza le pidió disculpas y ella volvió a su casa. Una semana más tarde, su mamá la encontró muerta. Terraza continúa prófugo.
En Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, unos chicos fueron asaltados por tres delincuentes armados que les robaron ropa y celulares. Los chicos hicieron la denuncia, y tras una serie de investigaciones salió a la luz que uno de los asaltantes era el subteniente Walter Derromediz. Los otros dos, más jóvenes, eran el hijo del policía y un amigo suyo.
Cerca de allí, en Coronel Pringues, un policía intentó abusar de una chica de 14 años. El oficial la llevó violentamente al auto, diciéndole que quería hacerle unas preguntas. Dos amigas, que estaban con ella, fueron a llamar al padre, que se encontraba en su casa, a una cuadra de allí. Cuando él llegó, encontró al policía tratando de besar a la joven, por lo que empezó a insultarlo a los gritos. La chica pudo salir corriendo hacia su padre, momento en el cual el policía se dio a la fuga.
Cuando los medios masivos de información (o más bien de desinformación de masas) pegan el grito en el cielo por más policía, lo que están pidiendo es más violencia, más represión, más inseguridad en las calles del pueblo.

La masacre, la nueva ofensa
A medida que transcurren los días, con la bronca intacta, uno va asociando la muerte de los trabajadores en la masacre de Once con el rol que jugaron en ella los empresarios dueños de la concesión y el estado que los representa.
La ausencia de inversiones, el manejo discrecional de los subsidios, la inseguridad del servicio, van de la mano con el dejar hacer y el ninguneo de las denuncias de los ferroviarios combativos, que la secretaría de Transporte a cargo del ministro De Vido (pieza clave en el entramado de los negocios kirchneristas) se encargó de cajonear, en beneficio de los empresarios mandantes.
Muchos, entonces, se sorprenden e indignan cuando encuentran como noticia, que otra agencia del mismo estado (en este caso el Poder Judicial a través del Juez Bonadío) le ha otorgado al propio Estado la calidad de querellante en la causa. Por ley, esa calidad le corresponde a quien resulte ofendido por un delito de acción pública (por ejemplo a los heridos y familiares de los muertos).

Pero rápidamente consignamos: No hay lugar a la sorpresa
Cualquier seguidor de estas páginas, advierte que la pretensión de no responsable del Estado en la muerte de los trabajadores, es una maniobra constante que suele evidenciarse sobremanera en los casos de represión. Que la autonomía, y hasta carácter de tercer sujeto, mediador, componedor, etc. que se le pretende atribuir, es el modo inteligente que instrumentan para construir el espejismo de un ente ético, incapaz de diseñar políticas de disciplinamiento social con las que satisfacen los imprescindibles niveles de explotación y alienación que hacen ricos a sus empresarios mandantes.
Para el discurso oficial y los medios que lo reproducen y amplían, cuando un policía mata con el gatillo fácil, es un loquito y no la institución; cuando la patota sindical al servicio de la UGOFE y con apoyo policial pone en acto a la Triple Alianza Antiobrera y mata a Mariano Ferreyra, se pretenden responsabilidades meramente personales y hasta -desde los más altos niveles del propio Estado- toman distancia de ellos, previo haber participado de estrategias tendientes a favorecerles su situación procesal. En este mismo sentido, debe interpretarse el paso judicial de esta maniobra distractiva del Estado frente a la indelegable responsabilidad que le compete junto a los empresarios y a los burócratas que los sostienen.
La masacre de Once no puede analizarse por fuera de la lucha de clases donde cada uno de los nombrados (y todos juntos a la vez) jugó un papel protagónico, pero en la otra vereda de los muertos. La pretensión de un “Estado ético” en medio de esa lucha, es, en el mejor de los casos, una ilusión, es decir, una distorsión de la realidad.
Desde CORREPI sostenemos que es una canallada cómo diluye su responsabilidad el gobierno que permitió la masacre. La justicia no hizo nada nuevo al darle el mismo carácter al familiar de un trabajador asesinado que al sujeto-ente que debió evitarlo. Así, instalan la idea de que el gobierno está de nuestro lado, y esa es, después de las muertes, la más grave ofensa que pueda descargarse sobre los trabajadores.

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