martes, 20 de marzo de 2012

Argentina: Boletín Informativo de CORREPI

Asesinados para el control social / Más muertes en penales y comisarías / Los tres poderes: siempre contra el pueblo / Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy / La excusa del terrorismo.
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Asesinados para el control social
Cuatro historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano ejercicio del control social:
Hernán Alborcen (25) fue asesinado en Monte Grande el 11 de febrero de este año, de un disparo en la cabeza. Era de madrugada; estaba sentado en el cordón de la esquina de su casa, esperando a que su novia volviera del boliche. Dos policías bonaerenses de la comisaría de Esteban Echeverría lo fusilaron en ese mismo lugar.
Desde entonces, sus padres encontraron todas las trabas que pone el sistema para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres. El fiscal que lleva la causa (como en general sucede cada vez que estos funcionarios tienen que responder por los perros guardianes del poder y la riqueza), evade a los familiares, los confunde, no les da respuestas, tendiendo a que las víctimas se cansen y dejen de pelear.
Julio Luna (62) era un comerciante de la localidad bonaerense de Quilmes que tenía un mini-supermercado. En la mañana del 5 de marzo, un joven entró al comercio e intentó asaltar a Julio. Un policía federal vestido de civil que estaba entre los clientes, fiel a sus reflejos policíacos, sacó su arma para detener al ladrón, sin importarle el riesgo para la vida de las personas. La bala policial terminó hiriendo al Luna, que murió mientras era trasladado al hospital.
El 8 de marzo, en Merlo, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense mató a dos jóvenes de 23 y 25 años. El policía estaba vestido de civil. Salía de un comercio y dice que dos ladrones intentaron sacarle el dinero que llevaba encima. Claro está que, para todo agente del sistema que se precie, el valor del dinero es siempre superior al valor de la vida. Y como los policías no se desprenden de su arma ni para ir a hacer los mandados, éste no dudó en matarlos, seguro de tener de su lado a sus colegas para encubrirlo, a jueces y fiscales para protegerlo, y a las cadenas de medios para reproducir la versión policial del confuso episodio. Al fin y al cabo, los muerto no hablan, y menos si son pobres.

Más muertes en penales y comisarías
Son tres, en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas a manos de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y comisarías argentinas.
En San Martín, provincia de Buenos Aires, en el penal de José León Suárez, Patricio Barros Cisneros (26) falleció el 28 de enero producto de las torturas. Las personas que presenciaron el ataque sostienen que participaron alrededor de once penitenciarios que lo esposaron y, una vez en el suelo, lo reventaron a golpes de puño y pies. Incluso uno de los verdugos saltó sobre su pecho en reiteradas oportunidades.
Hay cuatro penitenciarios con orden de captura, acusados de homicidio agravado por alevosía. Como siempre, no hay juez en Argentina que se atreva a decir “tortura” en democracia). Lógicamente, también, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario, Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez ya se profugaron. Si usted, estimado lector, sabe algo de ellos, ¡no avise a la policía!.
En Córdoba, Sandra López (41) portera de una escuela y madre de tres hijos, murió luego de haber sido golpeada durante su arresto, después de doce horas sin asistencia médica. Todo comenzó el 3 de marzo, cuando fue detenida, junto a su esposo y tres personas más, porque había filmado un operativo en su barrio, en el que los vecinos denuncian que la policía entró a los tiros. Sandra, que sufría de gastritis nerviosa, se descompuso tras los golpes policiales y vomitó sangre. Pese a los reclamos de los otros detenidos, recién fue vista por un médico doce horas después. Ya era tarde, y, aunque liberada, murió el lunes 5.
En Catamarca, Diego Iván Pachado (20) fue detenido junto a su amigo, Mario González, por averiguación de antecedentes. Minutos antes Diego y Mario habían sido asaltados. Diego tenía un profundo corte en la cabeza, producto de la golpiza que le propinara la policía. Tampoco recibió asistencia médica. Cayó en coma y murió dos días después de su detención en la sala de terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, el martes 13.
La lista de muertos en cárceles y comisarías sigue engordando, así como la de muertos por el gatillo fácil, las dos modalidades de represión preventiva que el Estado descarga sobre el pueblo para disciplinarlo. No hay purga, no hay “programa de DDHH” que pueda modificar estas prácticas que son parte de la función encargada por los poderosos a las fuerzas de seguridad.

Los tres poderes: siempre contra el pueblo
Esta semana, los legisladores de la UCR realizaron una denuncia penal contra el Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio De Vido, por la masacre ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y hubo 700 heridos.
De Vido respondió argumentando que el radicalismo debe explicaciones por los muertos de diciembre de 2001, refiriéndose al asesinato a manos de las fuerzas represivas de 39 personas en todo el país durante la rebelión popular que forzó la partida anticipada del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, y recordó, también, históricas represiones radicales, como “La Semana Trágica”, “La Patagonia Rebelde” o los comandos civiles de 1955. No mencionó, en cambio, la masacre del Puente de Corrientes, en 1999.
“Todo el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias, pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia. A mí como militante me gustaría que las nuevas autoridades del radicalismo aprovechen su nueva gestión para hacer una sincera autocrítica política por estos asesinatos y todos los que perpetraron los gobiernos radicales a lo largo de la historia” fueron sus palabras textuales.
¿Y por casa cómo andamos? Ni siquiera hay que recurrir demasiado a la historia, de la que, de todos modos, el peronismo no sale mucho mejor parado que el radicalismo, para cuestionar lo que De Vido, peronista y del riñón del kirchnerismo de la primera hora, llama su “coherencia militante”.
De Vido es funcionario, desde 2003, del gobierno que más muertos tiene por el gatillo fácil desde 1983; que mató 17 luchadores en la protesta social y, sin dudas, el gobierno que mejor pulió los mecanismos de criminalización de la pobreza y la protesta. Es funcionario estrella del gobierno que llenó de policías, gendarmes y prefectos las calles en nombre de una “seguridad” que nos cuesta un pibe muerto por día con el gatillo fácil y la tortura, y que sostiene más de 5.000 procesos contra luchadores populares.
Esta semana, también el presidente de la Corte Suprema dijo que “el Estado no debe perseguir al que piensa diferente”… ¿Se estaba refiriendo al Proyecto X? ¿A los perseguidos por cortar calles y rutas, que esperan juicios en los que se va a definir si pasan varios años presos por defender los derechos de trabajadores? No, se estaba refiriendo a la libertad de expresión y al equilibrio de poderes: “los jueces deben evitar los abusos de toda clase de poder”, dijo. Lorenzetti podrá hacerse el desentendido, pero nosotros sabemos cuál es el papel de los jueces: aplicar las herramientas que el poder legislativo pone al servicio del poder para mantener al pueblo estrangulado por la explotación y la opresión.
Se tiran la pelota entre ellos, se acusan de corruptos, represores, apelan al “archivo histórico”, cuando realmente ninguno de ellos, ni los partidos a los que pertenecen, resiste la historia. Como decimos siempre: gobierne quien gobierne, la represión es necesaria para administrar una sociedad dividida en clases.

Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy
En un reciente comunicado, la Corriente del Pueblo de Jujuy, organización integrada al Encuentro Nacional Antirrepresivo, denunció esta semana “La incesante campaña de amenazas, aprietes y acciones violentas contra nuestras organizaciones [que] intenta poner freno al trabajo que diariamente realizamos en barrios y comunidades de nuestro país, en un escenario que tiene por objetivo último, imponer una política de entrega y saqueo del territorio nacional”.
Señalan los compañeros que “No es ninguna casualidad que esta campaña surja con virulencia cuando planteamos una pelea frontal contra el modelo minero” y describen el accionar represivo: “por un lado las fuerzas tradicionales de seguridad reprimiendo abiertamente o infiltrándose en movilizaciones y acciones cotidianas identificando y golpeando selectivamente a referentes de asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, comunidades indígenas, tratando de aislar cada una de las iniciativas del campo popular y sosteniendo el desmembramiento del mismo con diversas metodologías. Por otro lado, la aprobación por orden de Washington de la “Ley antiterrorista”, norma para reprimir al pueblo y sus luchas, nuevo y gravísimo intento de avance represivo que ha tomado cuerpo con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Puntualmente, denuncian los recientes pedidos de captura de los referentes sindicales de la Comisión Directiva del ingenio “La Esperanza”, como parte de la campaña de amedrentamiento que enfrentan desde la conformación de la Corriente en 2006, jalonada por distintos episodios de represión directa a sus militantes en los barrios en los que se organizan, así como la promoción de causas penales en represalia a movilizaciones y manifestaciones, hasta el ataque directo a golpes sufrido por las compañeras Cecilia Quiroz y Mariana Argañaraz a pocas cuadras de Recursos Hídricos luego de que realizaran gestiones en esa dependencia.
Concluyen su denuncia diciendo: “No estamos dispuestos a ver pasivamente como continúan saqueando nuestra tierra. Estamos contra la entrega de nuestros territorios, transformándolos en cotos de caza encerrando lagos, montañas y cerros cuyos minerales son nuestras mayores reservas; estamos contra la extranjerización de nuestros principales recursos estratégicos; sostenemos la defensa de los derechos de la naturaleza y de nuestro pueblo”.

La excusa del terrorismo
El imperialismo hace y deshace librando batallas contra el supuesto terrorismo…
“Seguiremos atacando a quién pretenda agredir a la ciudadanía israelí”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirma, sin referirse a los ataques que está sufriendo la Franja de Gaza desde el pasado viernes 9 de marzo, que han podido desactivar una acción terrorista que estaba siendo planificada. La cuestión es que ya son 18 los muertos palestinos, de los cuales solo dos fueron víctimas del bombardeo “selectivo” que desató todo el conflicto el día 9: el secretario general de los Comités Populares de Resistencia (CPR) y su escolta. Los demás, fueron víctimas de los bombardeos que sufrieron los barrios populares en represalia a la respuesta que los CPR y la Yihad Islámica han dado a Israel desde ese mismo viernes.
Ante la situación de emergencia histórica de Gaza, agravada por los constantes ataques aéreos israelíes, la muerte de los civiles y la persecución política que sufren los palestinos que en ese territorio habitan, la ONU sólo se pronunció denunciando los bombardeos palestinos a Israel.
Un poco más al este, en sintonía con la hipocresía, la represión sigue siendo la forma de lastimar al pueblo sirio, en un embate que se dibuja desde afuera. El respaldo en fondos, armas y formación a las filas rebeldes sirias esta dado principalmente por Inglaterra, Francia, EEUU, con colaboración de Turquía, Libia y el Líbano. El régimen al que quieren voltear, presidido por Bashar Al Assad, responde al partido del Baas, que hace más de 50 años que ejerce el poder.
En este escenario complejo se desata la brutal represión sufrida por el pueblo traducida en asesinatos y huidas masivas de refugiados que no sólo son el resultado de la violencia estatal (cosa a la que estamos acostumbrados), sino que también responden a las milicias respaldadas por el imperialismo occidental o por el islamismo ortodoxo. Según la ONU, son 7.500 las muertes en este casi año de conflicto sirio.
Mientras tanto, en Rusia, al mismo tiempo que el gobierno apoya al gobierno sirio de Al Assad y festeja la presencia de la ONU en Siria, manda a la policía a reprimir las protestas desatadas en Moscú y en San Petesburgo en contra de los resultados de las elecciones que arrojaron un 63,60% a favor de Putin. Fueron unos 550 los detenidos luego de la represión contra las manifestaciones que exigían el fin de la persecución política y los fraudes masivos.
El imperialismo va marcando el ritmo de las políticas represivas, vestidas de ataques aéreos, de banderas de defensa del terrorismo, de oposición democrática, o de policía reprimiendo y apresando en una represión, que no hacen más que imponer el verdadero terror a través de los estados, a fuerza de formar policías, financiar milicias desestabilizadoras, sostener las prácticas más abusivas o hambrear al pueblo trabajador. Terroristas no son los que se organizan para, junto con otros, cambiar la materialidad de su existencia, los que siembran terror son los que atacan la organización del pueblo.

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