lunes, 12 de marzo de 2012

Argentina, Córdoba: El fiscal Lozada solicitó que se revoquen los sobreseimientos a Videla y Menéndez

Katy García (PRENSA RED)

Se basó en lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal cuando en 2007 dictaminó que el apoderamiento de bienes de la empresa es un delito lesa humanidad y por consiguiente imprescriptible. Duras críticas al juez Federal Alejandro Sánchez Freytes.

En el marco de la causa conocida como Mackentor, se llevó a cabo la primera audiencia de apelación que deberá resolver los sobreseimientos concedidos a Videla y Menéndez por el juzgado federal nº 3, a cargo de Alejandro Sanchez Freytes como magistrado subrogante.

La audiencia se realizó en la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones. El tribunal estuvo presidido por Abel Sánchez Torres acompañado por los vocales José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

La causa Mackentor trata el vaciamiento de la firma del mismo nombre dedicada a la construcción que fue tomada por asalto durante la dictadura, sus directivos secuestrados y sus bienes enajenados.

El primero en exponer fue el fiscal general Alberto Lozada quien solicitó que se revoquen los sobreseimientos de Videla y Menéndez. El funcionario dijo que para el ministerio público la decisión tomada por Alejandro Sánchez Freytes al asumir en lugar de Cristina Garzón de Lascano constituye un “agravio” porque la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, en 2007, que los delitos conexos deben considerarse crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles.

Vale señalar que Sanchez Freytes reincidó así en el argumento esgrimido por Garzón de Lascano en 1984, cuando negó reparación a los dueños de la firma, una vez recuperada la democracia en Córdoba.

En contraposición, el fiscal Lozada argumentó ayer que la forma en que sucedieron los hechos se corresponde con la ejecución de un plan sistemático ordenado por los nombrados y ejecutado por personal del ejército a su disposición.

En esa línea recordó que el operativo realizado en abril de 1977 estuvo a cargo de personal de la Brigada Aerotransportada que ingresó de manera violenta y se apoderó de bienes muebles e inmuebles que la empresa constructora Mackentor poseía en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. “Se detuvo a directivos y empleados, se incautó la documentación de las empresas mientras los trasladaron a La Ribera y luego en una segunda etapa se dieron órdenes para que se bloquearan las cajas de ahorro y los bienes de las empresas”, explicó.

Asimismo agregó que para “generar una apariencia de legitimidad” además del vasto operativo enviaron al General Centeno al Juzgado Federal Nº 1 –a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma- donde se tramitó una causa penal por subversión.

El fiscal arguyó que tanto Videla, presidente de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas, como Menéndez comandante a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, son responsables de haber ordenado y ejecutado el procedimiento ilegal.

Allí fue cuando Lozada acusó a Sánchez Freytes, señalando que el magistrado “descontextualizó” los hechos y cometió una “equivocación gravísima” al separarlos. “No tienen que ver con la propiedad sino que están directamente relacionados con los delitos de tormentos y desapariciones del personal, los propietarios y socios de la empresa”, consideró.

Los dueños de la firma pasaron por un verdadero calvario, ya en democracia, porque nos solo perdieron la posibilidad de recuperar sus bienes robados sino que, además, debieron indemnizar al Estado por haber iniciado juicio.

El caso llegó al paroxismo cuando debieron rematar las pocas propiedades que les quedaban para pagar los honorarios a los tres procuradores que actuaron en la causa: Graciela López de Filoniuk, actual fiscal federal, Luís Rueda, presidente de la Cámara de Apelaciones, y Carlos Otero Álvarez, camarista jubilado, quien fue defenestrado por el Consejo de la Magistratura por su colaboracionismo con la dictadura. Por eso, la causa roza a la jueza Garzón de Lascano y se enmarca en la actitud sistemática que la justicia federal sostuvo para evitar que se dé con los culpables del robo de bienes en Córdoba, entre 1976 y 1983.

En ese sentido, Lozada asume el cambio de rumbo de la justicia federal y fue en ese sentido que enfatizó que el modus operandi es parte de la aplicación de un plan integral, sistemático, creado por la junta y ejecutado por Menéndez junto al personal a su cargo y haciendo uso de la logística. “Que existió el plan sistemático es algo indiscutible” sostuvo y recordó que esto ya fue definido y comprobado en la Causa 13.

“No hay ninguna duda de que estos hechos son inescindibles de los ejecutados en lo que llamaban la lucha contra la subversión”, afirmó. Analizó la jurisprudencia existente y apuntó que en la causa Ceballos la cámara se expidió en igual sentido, esto es, que los delitos conexos son imprescriptibles. Por lo tanto sostuvo que ambos jerarcas deben ser imputados. La causa remueve los cimientos de la justicia cordobesa y por eso sus derivaciones pueden superar el enjuiciamiento de Videla y Menéndez.

Los defensores

A su turno, los abogados Jorge Agüero, letrado de Luis Manzanelli; Ernesto Gaudín, defensor de José Luis Yáñez, y Osvaldo Viola de Jorge Exequiel Acosta quienes coincidieron en pedir que se revoquen los procesamientos y se declare nulo lo actuado por prescripción de las causas, apoyándose en los criterios de Garzón de Lascano y Sánchez Freytes.

El primero solicitó que Manzanelli sea desprocesado y sobreseído porque es cosa juzgada. “Acá hay intereses espurios y habrá demandas millonarias al estado”, afirmó. Fiel a su estilo polémico y vehemente acusó al abogado de la querella Juan Carlos Vega de haber sido un “alcahuete” del proceso militar. Y también desacreditó como es habitual a los sobrevivientes que declararon en varias causas acusándolos de “agentes de inteligencia”.

Negó que su defendido haya tenido participación en los hechos porque no fue mencionado por las víctimas como autor de tormentos y dijo que no hay pruebas objetivas para incriminarlo.

Gaudín adhirió a la argumentación legal de Agüero y solicitó que Yáñez sea sobreseído y se declare la nulidad del procesamiento.

En tanto que Osvaldo Viola negó que se estén juzgando delitos de lesa humanidad y afirmó que se trata de “delitos políticos” y que se consideran los derechos humanos de los vencedores.

Requirió que se aplique el “principio de ley más benigna, vigente al momento de los hechos que están prescriptos”. Dijo enfáticamente que a su defendido Acosta le aplican privación de la libertad agravada cuando era un capitán del ejército y no un funcionario público. Y expresó que los hechos sucedieron en el contexto de una “guerra”.

El la sala estuvieron presentes los abogados de la querella Juan Carlos Vega y Marisa Bollea, familiares de las víctimas y los imputados Arnaldo López y Jorge Acosta.

En la próxima audiencia que se realizará el viernes 16, a las 10:30, tendrá la palabra la defensora oficial Mercedes Crespi y los representantes de la querella.

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