jueves, 22 de marzo de 2012

Argentina, Córdoba: La querella pidió la nulidad absoluta en la causa Mackentor

Katy García (PRENSA RED)

Juan Carlos Vega Vega solicitó la nulidad absoluta de los actos procesales. El fiscal Lozada se opuso al planteo porque “no hay una continuidad en los delitos”. Además, negó que la quiebra se haya producido para pagar cuantiosos honorarios a los abogados.

En abril se cumplirán 35 años de la intervención militar, resuelta mediante un bando por Luciano Benjamín Menéndez y avalada por el juez Adolfo Zamboni Ledesma, de al firma Mackentor, bajo la excusa de de ser 'sostén financiero de la subversión'.

Esta causa junto a otras similares reúne un conjunto de particularidades que permiten entender como funcionó el aparato montado que, además de eliminar al enemigo político, hizo del saqueo de los bienes particulares una de sus señas distintivas.

El viernes próximo pasado, en la Cámara Federal de Apelaciones, se realizó la segunda audiencia de apelación por los sobreseimientos concedidos a Videla y Menéndez por el Juzgado Federal nº 3, a cargo entonces de Cristina Garzón de Lascano.

El querellante Juan Carlos Vega le solicitó a la Cámara que declare la nulidad absoluta de lo actuado y que se inicie un reordenamiento de la causa. Ante lo requerido, el fiscal Lozada se opuso.

Asimismo, durante el debate el fiscal desmintió que la quiebra se haya producido para pagar los honorarios a los abogados del estado y negó que los montos trepen a “2 millones de dólares” como manifestó Vega en varias oportunidades ante diversos medios de comunicación. Para ello, presentó documentación que se agregó al expediente donde constan los pagos realizados vía un arreglo de partes.

Duro contra el poder judicial

Vega cuestionó duramente al poder judicial. Por caso, acusó al ex juez Adolfo Zamboni Ledesma -quien le da el marco legal a la ocupación - de enviar “oficios de consulta” a Menéndez. Recordó que hace 14 años que se abrió este proceso y que esta instancia de apelación ya lleva siete meses.

Sostuvo además que “el derecho de las víctimas ha sido violado por los plazos irrazonables que lleva esta causa porque se ha limitado solo a la primera parte anterior a 1983”. En este sentido, el abogado planteó una continuidad histórica plagada de irregularidades que explicó tomando tres etapas desde el inicio hasta la fecha y concluyendo en que debe declararse la nulidad absoluta de lo actuado.

“La herramienta para reponer una garantía legal es la Constitución Nacional y el Código de Procedimientos”, expuso. Y aseguró que la Cámara tiene competencia para resolverlo de ese modo.

A pedido del presidente del Tribunal precisó que solicitaba “el reordenamiento total del proceso judicial de Mackentor, que se amplíe la investigación penal a todos actos judiciales y administrativos cometidos con posterioridad al recupero de la empresa, que se amplíe la investigación por robo, la intervención judicial desde 1977-1984.

También instó a indagar sobre la venta de la fábrica de tubos de hormigón para conductos de alta presión de barrio Las Flores, única del país, vendida por la intervención judicial a la empresa Súper Cemento S.A.

En suma planteó que se declare la nulidad absoluta de todos los actos cumplidos en la causa y en la quiebra.

Tres etapas

Para el abogado la causa de apropiación de la empresa consta de tres etapas. La primera, desde el 27 de abril de 1977 hasta octubre de 1984, lapso en el que se produjo la intervención militar y capturaron a 29 víctimas entre propietarios, gerentes y empleados; hubo 6 desapariciones forzadas de personas (dos temporarias), 19 consejos de guerra y 3 exilios forzados.

La segunda, se corresponde con el juicio civil por reparación encarado tras la recuperación obtenida un año antes y que concluyera con un fallo adverso por prescripción. “En esa época los jueces federales no eran solo Garzón de Lazcano y Zamboni Ledesma; los jueces federales tenían como regla la prescripción”, cargó.

En esta línea analizó que “la empresa fue castigada por la justicia que le impuso el pago de una cifra abrumadora de 2 millones de dólares” y para lograrlo los beneficiarios “le embargaron todos los activos por cobrar en Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires”. El no pago pone punto final a esta etapa.

El tercer tramo está ligado a la quiebra de Mackentor (1999) que continúa hoy con la sindicatura provincial.

Asimismo reclamó que se investigue “quienes fueron los grupos ganadores y quienes los perdedores” y dejar en claro que además de las víctimas “están los intereses económicos” que expulsaron a la compañía para favorecer a otras. Finalmente leyó una carta de Natalio Kejner “símbolo de Mackentor”, que se agregó a la causa.

Resarcimiento

A su turno el fiscal Losada manifestó que comparte con el querellante la postura de que se trata de delitos de lesa humanidad. Pero consideró que “no existe impedimento alguno para investigar delitos cometidos por los encargados de la intervención judicial. Es una decisión del juez instructor”, afirmó.

Sin embargo advirtió que “no soy ingenuo” y que queda claro que se iniciaría un juicio posterior contra el estado por las acciones civiles emergentes de estos delitos. No obstante consideró que la empresa tiene derecho a “un pedido de resarcimiento” y citó un fallo reciente de la cámara de apelaciones del trabajo en una causa contra Techint S.A.

El fiscal cuestionó la vía procesal elegida por Vega solicitando las nulidades. “No comparto el criterio de pretender ampliar bajo el concepto de crímenes de lesa humanidad bajo la continuidad delictiva porque no es así”, expresó.

Y agregó que las etapas descriptas podrían también incluir subetapas y que el rechazo de la demanda no obedeció a la continuidad de un hecho sino que se trató de una cuestión generada por los abogados de la compañía.

Asimismo consideró que “el juicio civil iniciado por Mackentor no tiene nada que ver con el periodo anterior y no puede desprenderse que esas acciones prescriptas constituyan delitos de Lesa Humanidad”, discrepó.

Quiebra & Honorarios

En cuanto a los honorarios fijados a los profesionales intervinientes en ese juicio afirmó que “las sumas reguladas nunca fueron cobradas en su totalidad. Es decir que cuando el doctor Vega dice que hubo 2 millones de dólares dando vuelta sabe perfectamente que eso no es así”, sostuvo.

Y comentó que la prensa y una revista de Río Cuarto (El Sur) lo estaban diciendo. En este punto reveló que en 1992 existió un acuerdo de honorarios firmado por Graciela López de Filoñuk y Humberto Silvio Vidal con Natalio Kejner, titular de la empresa.

En esa línea manifestó que otro acuerdo firmado entre Luis Rueda, Carlos Otero Álvarez y Juan Carlos Vega -en representación de Kejner-, establecía la obligación de desistir de un recurso de apelación o incidente en la causa.

Enfatizó que dicho acuerdo fue realizado conforme a derecho y que lleva las firmas de Jorge Barbará, Otero Álvarez, Rueda y Vega. Se adjuntaron a la causa los recibos que atestiguan esos pagos.

El funcionario afirmó que la quiebra fue pedida por un abogado de la propia empresa “algo que el doctor Vega no dijo. Filoñuk y Vidal verificaron créditos, pero no pidieron la quiebra”, afirmó.

En conclusión instó que no se haga lugar al pedido de ampliación del objeto procesal porque las etapas segunda y tercera no constituyen continuidad.

El tribunal estuvo presidido por Abel Sánchez Torres, acompañado por los jueces José María Pérez Villalobo y Carlos Lascano. El próximo jueves, a las 11, se realizará una nueva audiencia donde se espera una resolución a lo planteado.

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