miércoles, 14 de marzo de 2012

Argentina, Córdoba: Solicitan perpetua para los ex policías del Comando Radioeléctrico

Katy García (PRENSA RED)

La fiscalía y la querella pidieron la máxima pena y cárcel común para los tres imputados en los secuestros y fusilamientos de los militantes de la JUP, Ana Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976. Alegaron María López, Claudio Orosz y Carlos Gonella. Mañana, a las 11, alega la defensa.

En la novena audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2 Claudio Orosz y Carlos Gonella solicitaron prisión perpetua en cárcel comun para los imputados.

Cerrada la etapa testimonial comenzaron los alegatos. María López y Claudio Orosz lo hicieron en representación de la víctima Ana María Villanueva. Luego se escuchó la argumentación del fiscal Carlos Gonella quien lo hace en nombre de las otras víctimas y de la sociedad.

Querella y fiscalía orientaron sus argumentos a demostrar que los militantes universitarios fueron privados de la libertad y luego fusilados en la zona descampada del Chateaux Carreras. En ese sentido recordaron como funcionaba el terrorismo de estado, la estructura de mandos, las reuniones dela comunidad informativa donde se trataban y definían las acciones que luego ejecutaban los grupos operativos.

La policía y el comando radioeléctrico eran parte integrante de esa estructura clandestina que funcionaba bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. De manera que los agentes actuaron porque tenían además facultades para disparar y después informar.

Rechazaron de plano las teorías conspirativas lanzadas desde la defensa pretendiendo instalar la idea de que la causa está armada. El análisis de la prueba les permite afirmar que no hubo un enfrentamiento como dicen los imputados y que se trató de la aplicación del llamado “operativo ventilador”.

La querella solicitó que sean condenados como “coautores de privación ilegítima de la libertad de Ana María Villanueva y homicidio agravado, remarcando la condición de funcionarios públicos. Pedimos un tratamiento penitenciario efectivo, en cárcel común y que se los condene a prisión perpetua”.

En tanto que el fiscal también solicitó “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para los imputados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

María López: “La conducción era centralizada y la acción descentralizada”

La abogada María López explicó que las fuerzas militares y de seguridad para llevar adelante el plan de exterminio contra el enemigo político actuaban de manera coordinada.

En este punto dijo que “del organigrama y los memorandos surge que se encuentra probado que la cuarta Brigada Aerotransportada así como el Estado Mayor Militar del Área 311 se encargaban de impartir todas las directivas a seguir en la llamada guerra antisubversiva” y agregó que se trabajaba en forma organizada, coordinando tareas y especificando las actividades a seguir por la policía de la provincia”.

En ese sentido destacó que “la conducción era centralizada y la acción descentralizada” y que las pruebas de la causa “demuestran que Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva fueron detenidos y fichados por el D2, entre 1974 y 1975, al igual que la presencia de Héctor Conejo Hunziker durante la cita, y la de un miembro de inteligencia que hacía de enlace”.

La abogada habló de las competencias del D2 y del resto de la policía que se encontraba subordinada a funcional y operativamente a los altos mandos del ejército. Destacó que la Dirección General de Inteligencia (DGI) desde antes del golpe secuestraba, torturaba, y ejecutaba a personas extrajudicialmente.

Asimismo dijo que se realizaban reuniones conjuntas en la llamada comunidad informativa formada por las autoridades máximas de cada fuerza de donde surge que las víctimas y otros tantos eran considerados como “blancos” de las organizaciones enemigas.

Mencionó la existencia de normativas claras que autorizaban a operar en el ámbito de cada jurisdicción y ejercer el control sobre penitenciarías y policías.

Subrayó que el comando radioeléctrico como parte de la policía estaba dentro del diseño elaborado por las máximas autoridades de las fuerzas armadas y que “el ejército delegó en las policías provinciales gran parte de la ejecución instruyendo en forma específica a los miembros de esta fuerza de seguridad en relación a los métodos abiertamente ilegales para la consecución de esta empresa”.

En este sentido destacó que una directiva interna decía que la policía “ante un hecho de urgencia podía actuar sin comunicación previa pero dando aviso luego para evitar consecuencias”. Luego describió el hecho y precisó que se trató de un “operativo ventilador” con el objetivo de aniquilar a las víctimas, privadas de la libertad e indefensas.

Claudio Orosz: “Fue una masacre”

Claudio Orosz tras valorar la prueba existente aseguró que “quedó palmariamente claro que Ana María era estudiante y participaba de actividades públicas en la JUP, en la Tendencia Revolucionaria”, afirmó.

Luego detalló los testimonios efectuados por los testigos, los llamados “necesarios” y los que no tienen relaciones parentales. Alude aquí a las declaraciones realizadas cuando se inició la democracia “para evitar teorías conspirativas” esgrimidas por la defensa.

Las dos veces que Pedro Nolasco Bustos hizo uso de la palabra para ejercer su defensa dijo que la causa “estaba armada” y que Héctor Hunziker, la persona que vio lo ocurrido esa mañana, era un “fantasma”.

Otra de las cuestiones que la defensa pone de relieve son los antecedentes de detenciones previas de Jorge Diez, luego liberado, por “tenencia de arma de guerra”. Dejó en claro que fue liberado por “falta d e mérito” y que los que vivieron en aquellos tiempos “saben que si era así no salía en libertad”.

Acreditó que “todos los elementos probatorios llevan univoca, excluyente y exclusivamente a una única conclusión: que el 2 de junio de 1976, aproximadamente a las 10, Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez, y Carlos Delfín Oliva, junto a Héctor Hunziker estaban en las cercanías de Caraffa y Octavio Pinto en una cita y fue levantada alertados por la presencia de Ratón según le comentó Hunziker a Carmen Oliva”.

En esa época se consideraba “sospechoso” que dos o tres personas estuvieran juntas en la via pública y mucho más si al advertir la presencia policial se separen que fue lo que ocurrió.

Quedó demostrado por diferentes testimonios que el “Ratón” –el personal enlace entre la policía y el ejército al que Jorge Díez vio ese día- existió, y además fue descripto por Graciela Geuna y también por Charlie Moore.

También se despejaron dudas sobre lo metodología empleada y las relaciones entre las fuerzas. El comando radioeléctrico detenía y los pasaban directamente al D2 donde les tomaban fotografías. En este caso les fueron mostradas a Geuna en La Perla. Lo mismo que e la cartera de Ana que Dietrich y Barreiro le exhibieron en ese centro clandestino de detención.

Orosz hizo referencia a las reuniones de la comunidad informativa donde se establecían “los blancos” a perseguir con el objetivo de lograr “la caída del militante, mejor vivo” definición que según el abogado alude a la “eliminación del opositor político a través de la muerte”.

En uno de esos encuentros se supo después que Menéndez dijo que había que cerrar la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) porque había muchos “marxistas”.

Acreditó también que en ese año la “casería” lanzada contra la militancia de la UES y de la JUP “determinó la fuga de militantes y de los que quedaban, unos 120, entre mayo u julio unos 60 a 70 fueron asesinados y desaparecidos”.

Y que en ese marco como lo dijeron los testigos era difícil militar por eso los que seguían intentaban hacer algo frente a esos hechos terribles. Entonces ese día se dirigían a Villa Rivera Indarte a buscar un mimeógrafo que les permita denunciar lo que pasaba,

Se citaron en Octavio Pinto y Caraffa y fueron cercados. Se encontraron “en las cercanías de la estación YPF y que al ver a un personal de inteligencia levantaron la cita y se dirigieron al automóvil siendo atrapados por dos patrulleros y Hunziker lo vio”.

Aportó documentación de la verdad histórica iniciada por Pérez Esquivel y María Elba Martínez, y de las causas Brandalisis y Videla para demostrar que las autopsias no se hacían. .

Del libro de guardia del comando radioeléctrico surge que estaban asignados al patrullaje de las seccionales 9 y 14 los patrulleros - 113 y 130 – y demostró que podían comunicarse por radio, y que si hubiera sido una huída era fácilmente controlable.

Minuciosamente señaló las contradicciones observadas en los memorandos existentes y en las publicaciones en la prensa referidas a la hora en que se realizó el procedimiento, a las armas encontradas -entre 2 y 3- a las identidades, y a la presencia de “panfletos del ERP”.

Asimismo destacó las incoherencias reveladas en las declaraciones acerca de las armas. Y pidió que le expliquen como después de este largo periplo se parapetaron y atacaron a los varios móviles si tenían a lo sumo 18 balas. Sin duda afirmó que las armas fueron plantadas, lo que se conoce como dejar un “perrito”.

En ese sentido trajo a colación un hecho gravísimo que tuvo como protagonista a Bustos. Dijo que “remató” a un joven con un FAL, le pusieron un “perrito” y cuando estaba a punto de pasar como un “enfrentamiento” apareció una mujer que declaró la verdad. Pero, fue absuelto por “dudas”.

Entonces mal podrían haber elegido ese camino descampado. Y recordó que en esa zona también fusilados Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo.

Desmontó las versiones de la defensa en relación al recorrido efectuado y a las posibilidades de que el Fiat supere en velocidad al Torino. “Estamos en presencia de una verdadera masacre”, expresó al destacar que se dispararon 170 balazos persiguiendo a subversivos que luego se parapetaron y los recibieron a los tiros. Siguiendo la explicación de la defensa que mantiene la postura de que hubo un enfrentamiento en ese caos los jóvenes contarían con apenas 18 balas.

“Por eso es importante reconocer el estado de los cuerpos”, manifestó y enumeró los dichos de los testigos que observaron marcas de violencia y balazos.

“En el caso de Ana María, tenía un disparo en la cara y cuando reconocen el cadáver tenía rastros de pólvora. Estamos hablando de una ejecución”, afirmó.

La prueba documental y las declaraciones de los sobrevivientes sobre como operaba el comando radioeléctrico y el D2 le permitieron al abogado afirmar que “fueron secuestrados, privados de la libertad, golpeados y reducidos, y llevados al despoblado de la zona del Chateau Carreras donde los mataron y armaron un escenario de enfrentamiento”, describió.

Y específicamente sobre los imputados refirió que: “Ellos son los autores materiales del hecho. Cumpliendo las órdenes que desde la cabeza de la cadena de mandos, que era la jefatura del Área 311comandada por Menéndez, y retransmitida por las instancias intermedias, esto es, el jefe de policía, de la unidad regional, y del comando radioeléctrico, predispusieron este patrullaje como parte de un plan sistemático de eliminación del adversario político como ocurrió y les proveyeron los medios necesarios para hacerlo”, argumentó.

Carlos Gonella: “El grado de certeza es paradigmático”

El fiscal Carlos Gonella eligió como núcleo central teórico en su relato el concepto de memoria, sus acepciones y como incidieron a lo largo del tiempo para vencer la impunidad.

Sucintamente repasó lo sucedido el 2 de junio de 1976. “Estos hechos se encuentran acreditados, la prueba es concluyente y el grado de certeza es paradigmático”, valoró.

En relación al contexto mencionó que está bastamente documentado en varias sentencias de que existió un plan sistemático, que había campos de concentración como La Perla o la Ribera, y centros clandestinos de detención como el D2.

Mencionó la delegación de funciones para la lucha antisubversiva en las fuerzas armadas por parte del gobierno constitucional y las directivas que en definitiva constituyeron “una licencia para matar, como dijo Videla”.

Enfatizó que los sectores trabajadores, profesionales medios, jóvenes, sacerdotes, y estudiantes como en este caso “eran vistos como una amenaza por que empezaban a disputar espacios de poder”, entonces había que perseguirlos y “con la complicidad de la sociedad civil llevaron adelante este plan sistemático”, señaló.

“Esta probado que en Córdoba se desató una feroz persecución a los militantes que apoyaban al gobierno peronista”, afirmó.

Por caso citó en su exposición que en memorandos de la policía federal constaba que la comunidad informativa alertaba que en los colegios secundarios “se han detectado activistas de la Juventud Guevarista” y proponía el cierre de la ECI “porque los primeros egresados, casi todos marxistas”, serían un peligro para la sociedad. Ana María Villanueva estudiaba esta carrera.

Relacionó este dato con la causa Gontero donde las víctimas también eran hostigadas por ser estudiantes universitarios.

Luego analizó que la policía estaba sometida a una estructura donde Menéndez se situaba en la cúspide y desde ahí bajaban las órdenes hasta las unidades ejecutoras como la D2, la Unidad Regional 1 y el Comando Radioeléctrico. Y destacó que durante la dictadura y hasta 1984 “todos los jefes de policía fueron de extracción militar”, siendo Roselli –el que da nombre a la causa- uno de ellos.

Dijo que está probado que existieron listas, que los presos eran fotografiados y que hubo complicidades civiles durante la dictadura. En relación a la valoración de la prueba le advirtió especialmente a la defensa que “estos hechos no pueden juzgarse desde la lógica de un juicio penal común porque se trata de causas complejas”, consideró.

Los testigos cuentan lo que saben y este no es un caso común pero debe leerse en la lógica del Terrorismo de estado. Luego hizo referencia al pasado reciente y los cambios operados. “El país padecía de un pasado traumático que podría rastrearse incluso desde los fusilamientos de José León Suárez.

Hablo de las diferentes significaciones de la memoria. Y se detuvo en el concepto de memoria social “como un proceso de elaboración activo de reconstrucción simbólica y de sentido del pasado”.

Y agregó que “es un imperativo ético recuperar aquellas identidades de exterminio industrializado; una máquina de matar que pasó durante el terrorismo de estado”.

En esa línea recordó diferentes hechos a los que llamó políticas de memoria que constituyeron respuestas sociales en épocas distintas y citó como ejemplos la formación de la Conadep y su interpretación que mantenía la teoría de los dos demonios, la misa de reconciliación nacional impulsada por Menem y que terminó en indulto, la irrupción de HIJOS reclamando justicia, la confesión de Scilingo hasta la llegada del gobierno de Néstor Kirchner que “acogió políticas de memoria a las Madres y Abuelas más la decisión del gobierno, la corte suprema de justicia, entre otras.

Después analizó los aspectos fácticos y explicó la culpabilidad de los imputados desde la teoría del dominio del hecho de Claus Roxín en consonancia con los argumentos y conceptos de la querella. Refutó uno a uno los argumentos de Bustos y en relación a la complicidad de la justicia federal con la dictadura expresó que estaba de acuerdo pero que eso no lo eximía de sus responsabilidades.

“La Policía conocía el dato del mimeógrafo y eso selló el destino fatal de las víctimas”, razonó. Rechazó los argumentos de la defensa y dijo que “esto fue un montaje”, afirmó.

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