lunes, 26 de marzo de 2012

Argentina: El verdadero final de la impunidad

Carlos Iaquinandi Castro (SERPAL)

El fallo del Tribunal Oral que sesionó en Tandil, honra la jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia con la que gran parte del pueblo argentino recuerda el 36º aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Es una decisión judicial que no solo establece las responsabilidades de los ejecutores directos del asesinato de un abogado laboralista que defendía los derechos de los trabajadores mineros de la empresa Loma Negra, sino que condena la colaboración de civiles que no formaban parte del aparato estatal de represión, y afirma la sospecha de que integrantes del directorio hayan sido autores intelectuales del crimen.

Este fallo histórico, penetra el blindaje que hasta ahora mantenía en la impunidad a los verdaderos inductores y gestores de la dictadura militar.

El mejor homenaje a los miles de asesinados, a los torturados, a los represaliados de diversas formas, es identificar, juzgar y condenar a quienes alentaron y sostuvieron el golpe del 76, la represión y sus normas y leyes antipopulares. Esa es la puerta que abre el fallo emitido hace pocos días en Tandil, sobre el asesinato -hace 35 años - del abogado laboralista.

“Mi viejo acaba de ganar otro juicio”

El veredicto del Tribunal Oral que sesionó en la Universidad de Tandil, condenó a tres militares a prisión perpetua y a 15 y 11 años a dos civiles por el secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno, representante legal de los obreros de la empresa Loma Negra en abril de 1977. Tras conocerse las condenas, familiares, amigos, compañeros y centenares de personas se fundieron en abrazos celebrando el fallo. Como afirmó Matías Moreno, el hijo mayor del abogado laboral, “a mi padre se lo llevaron por ganar varios juicios a favor de los trabajadores contra la empresa Loma Negra. Fue torturado y asesinado. A 35 años de haber sido asesinado, mi “viejo” acaba de ganar otro juicio.”

El “negro” Moreno, como se le conocía, fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la ciudad bonaerense de Olavarría. Fue llevado al establecimiento rural de los hermanos Felipe y Julio Méndez, donde fue interrogado y torturado durante cuatro días. Golpeado y herido logró escaparse de sus captores, pero pronto le llevaron nuevamente al centro clandestino, donde finalmente le asesinaron. El Primer Cuerpo de Ejército emitió entonces un comunicado donde informó que Moreno había sido “abatido” por resistirse a ser detenido. Un familiar le reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con impactos de bala, la nariz quebrada y signos evidentes de tortura. Durante muchos años su esposa, familiares y compañeros, apoyados por organizaciones de Derechos Humanos demandaron justicia sobre este asesinato.
Conexiones empresariales con el poder militar

El fallo establece que los ex militares Julio Alberto Tomassi y Roque Papalardo (ambos tenientes coroneles retirados) y el suboficial José Luis Ojeda, fueron quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Carlos Alberto Moreno. Los civiles hermanos Méndez, son condenados como “colaboradores”, porque cedieron su “chacra” para que fuera utilizada como centro clandestino. Uno de ellos, Emilio, era entonces gerente del Banco Comercial de Tandil. “El trueque era evidente”, afirmó el fiscal Daniel Adler, “cedieron su “chacra” a los militares que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”. “Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó Adler. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis, enfermedad que sufrían los trabajadores, e intercedieron por despidos y aportes.” El fiscal ha pedido que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”.

Ya en la primera audiencia de debate, la familia de Carlos Moreno no dudó en señalar a la empresa Loma Negra como instigadora del secuestro del abogado.

Declaraciones testimoniales de los trabajadores de la cementera en el juicio y alegatos de la querella y fiscalía fueron aportando en esa dirección procesal.

El fiscal señaló la necesidad de investigar mas allá de los autores materiales que se encontraban sentados en el banquillo de los acusados.

En un reportaje del periodista Pablo Roesler, el fiscal Adler expone que “la motivación económica es un tema que flota en todo el juicio. Ha sido recogido a lo largo de las audiencias a través de varios testimonios e inclusive hay una prueba documental que lleva a que sea una hipótesis de trabajo bastante fuerte. Es decir, es un abogado que no tenía participación política en ese momento, ni estaba en ese entonces ligado ni participaba en ninguna organización. Es decir, la motivación pasa a ser exclusivamente el ejercicio de su profesión.”

En la misma nota, Roesler apunta que según consta en la causa, Moreno le ganó un juicio a la empresa Loma Negra en representación del trabajador Juan Ventura, enfermo de silicosis por la falta de condiciones de salubridad en la sección embolsadora de la fábrica de cemento. Los querellantes aportaron que el abogado laboralista había ganado otros cuatro juicios similares que obligaron a la empresa a desembolsar una importante suma en carácter indemnizatorio.

Finalmente, el tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el directorio de la cementera Loma Negra que en ese momento presidía Amalia Lacroze de Fortabat, recientemente fallecida. Se basa en las sospechas de que dichos empresarios hayan inducido los delitos. Luego de señalar el carácter de “dictadura cívico-militar” del gobierno de facto del 76, también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de gobierno Jaime Smart, por presuntas complicidades.

“Fallo histórico”

Carlos Pionni, militante de la organización HIJOS considera que “este, es un fallo histórico porque están incluidos todos los responsables del terrorismo de Estado: los integrantes del ejército, los civiles y los grupos económicos con el pedido de investigación de Loma Negra”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, indicó que “es la primera vez que un fallo habla de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque se condenaron a civiles que no formaron parte del aparato estatal de la represión y además se ordenó investigar a quienes instigaron el crimen”.

Es cierto. Desde SERPAL muchas veces hemos señalado la importancia de determinar responsabilidades y juzgar a los ejecutores de los planes de represión y exterminio. Pero no son estos militares o sicarios por sí mismos autores del proyecto represivo, del terror y el miedo que fueron los cimientos de un régimen que barrió con derechos y libertades e instauró medidas económicas que enriquecieron a sectores de poder, endeudaron al país y empobrecieron a gran parte de la población argentina y dejaron una triste herencia de entrega, corrupción e individualismo. Los verdaderos responsables no solamente disfrutan de impunidad, sino que en muchos casos ocupan cargos responsables en funciones empresariales, públicas o de seguridad. Este fallo de Tandil abre nuevas expectativas de que por fin se desenmascare a los personajes e intereses que gestaron uno de los periodos más nefastos de nuestra historia.

Termino esta nota citando una reflexión de Matías Moreno, hijo del abogado laboralista asesinado hace 35 años durante la última dictadura militar.

“Falta mucho. Y lo sabemos. La sintonía fina en los procesos por Memoria, Verdad y Justicia no es ni más ni menos que hurgar, más temprano que tarde, en los lugares incómodos de las complicidades civiles de la última dictadura. Exige celeridad de los encargados de la Justicia. Pero también somos conscientes de todo lo que se hizo. Por eso, este presente nos encuentra organizados, discutiendo, militando. Y en la calle, dando la batalla cultural.”

Allí nos encontraremos. A 36 años del golpe. Construyendo colectivamente.

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