viernes, 30 de marzo de 2012

Colombia: La renta minera, migajas que se caen de la mesa

Alberto Parra Pizarro
Bajo la excusa de aumentar la competitividad de Colombia, le son concedidos beneficios tributarios a las transnacionales, llegando incluso a superar el monto de las regalías que se quedan en el país. Las exenciones son tan altas y los daños ambientales y sociales de tal magnitud, que en realidad Colombia paga a las multinacionales para que extraigan sus recursos.

Según Mario Alejandro Valencia (1) los beneficios que le quedan al estado colombiano por la explotación minera son negativos:“El Goverment Take en Colombia es del 22% pero si a esto le restamos las exenciones tributarias se queda en el 10% y si le quitamos el pasivo ambiental y social ese resultado es menos algo, es decir les estamos pagando plata para que se vengan a extraer el carbón, el petróleo, el oro, etc. De esta manera se evidencian casos en los que la deducción es mayor a la regalía misma, por lo que el Estado termina deduciendo más de los que realmente recibe (2)

Un estudio del investigador Guillermo Rudas afirma que si no existieran las exenciones tributarias, las empresas del sector minero-energético habrían tenido que pagarle al Estado 7.2 billones de pesos para el año 2009 en impuestos suman las regalías petroleras y los impuestos generales del sector, Colombia tendría que recibir casi 14 billones de pesos en beneficios por la extracción de sus recursos naturales no renovables.

Las regalías que deben pagar los privados por los recursos no renovables del subsuelo nacional son ridículas si se comparan con las que se pagan en otros países: en Bolivia son del 18% más un impuesto del 32%. En Chile la renta minera es del 50%. En Perú del 25%. En Colombia las regalías del carbón están entre 5 y 10%, las del níquel son de 12% y las efectivas en el caso del oro son de 3.2%(3), además es el quinto país a nivel global que otorga las más altas exenciones en materia tributaria.

Asunto que ratifica el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando dice: “que la inversión extranjera “a menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios que con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno”. Por la corrupción desde el ochenta hasta nuestros días, el país ha perdido 10.500 millones de dólares (casi la mitad de la deuda externa), además las regalías descendieron del 15% al 4%(4)

Inventario social

Pero en vez de generar riqueza, el inventario es otro, la minería a gran escala lo que ha generado es miseria y destrucción socio-ambiental. La extracción minera en Colombia se inscribe en un contexto geopolítico bastante complejo subordinado a un modelo de acumulación que aumenta las brechas de inequidad e injusticia a nivel nacional y global.

A pesar de los grandes ingresos obtenidos de los yacimientos petroleros, a los colombianos sólo les llegaron las palabras, dejando como inventario una enorme deuda social en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructuras, se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental.

Un Código Minero permisivo

Por recomendación del Banco Mundial, el Código Minero eliminó el papel del Estado en la intervención directa, asignándole la función reguladora y le eliminó la del lucro, caracterizándose por ser un Código permisivo con las licencias ambientales.

Este país no es imaginario, y más bien como diría Gabriel García Márquez es realismo mágico: de los 114 millones de hectáreas que componen el extenso y próspero territorio colombiano, más de 8.4 millones están concesionados para la exploración de minerales, estableciéndose un incremento del 1089.5% en el período 2000 – 2010, y además de 37 de millones de hectáreas están titulados para la exploración de hidrocarburos, y como si no fuera suficiente, el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros.

La normatividad minero-ambiental adolece de diversas limitaciones consistentes y reiteradas(5),como recursos deficientes para desarrollar la gestión ambiental e ineficacia de la misma, al igual que sobre la eliminación de la licencia ambiental para la fase de exploración como un óbice para el ejercicio de la protección y preservación del medio ambiente. Tampoco no ha logrado corregir de fondo los graves impactos de la actividad minera sobre el recurso suelo, el suelo hídrico y la generación de sustancias peligrosas, así como tampoco ha logrado controlar la legalidad y marginalidad de la minería, todo lo cual, continúa atentando contra la diversidad bilógica y cultural del país.

La Ley 685 de 2001, subsiste en ella una clara debilidad en el cierre de las minas, y en el abandono de las mismas, con relación a la Ley 1383 de 2010 declarada inexequible mantenía la no exigencia de la licencia ambiental en la fase exploratoria minera y le daba un tratamiento preferencial a las mini-dragas, y la ampliación del período de exploración hasta por once años sin licencia ambiental y la ampliación del período de legalización. Nuestra entidad en el último del estado de los recursos naturales y del ambiente 2010 – 2011, le preocupa la legalización de la minería con mini-dragas, responsables de graves impactos en zonas selváticas de importancia selvática de importancia ambiental como el Chocó bio-geográfico

Los daños ambientales

El deterioro ambiental está por encima del interés privado, y un ejemplo para citar de esto Proyecto la Colosa que está entre las siete minas más grandes del mundo, y en su explotación se emplearán más de dos millones de canecas de cianuro para obtener trece millones de onzas de oro troy(6). Una afectación ambiental definitiva, la destrucción del tejido social y la ruina económica, pues, cuando se inician los proyectos de gran minería, no es posible en el entorno una actividad diferente. Y una vez que culminan los proyectos, estas transnacionales se van del país sin responder por los impactos que genera.
A pesar de ser conocidos los impactos ambientales y sociales de este tipo de explotación minera, no existe en la legislación un impuesto que compense en alguna medida sus consecuencias.
El país exige de manera urgente que el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente implemente un sistema de sanciones que realmente meta miedo para quienes causen daños ambientales, y el principio debería ser: El que dañe, que pague y repare.

La consulta previa

La Constitución de 1991 consagró el pluralismo y reconoció la diversidad étnica y cultural de la Nación y el derecho a la consulta previa recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Según la OIT, la consulta previa es un proceso por el que los gobiernos preguntan a estos pueblos sobre diferentes propuestas legislativas o proyectos que les puedan afectar con el fin de lograr su consentimiento o llegar algún acuerdo

El desplazamiento forzado al que son sometidos los pueblos indígenas es una estrategia para la imposición de megaproyectos en sus territorios evitando así la consulta previa. En 2010 se registraron 14 desplazamientos masivos de pueblos indígenas que afectaron a 4.061 personas, y 1.2 millones de afro colombiana.

En el 2010, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 1382 de 2010, que reforma el Código Minero, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible porque no se había consultado con comunidades afro descendientes, como estipula la ley colombiana (7)

Sin embargo se difirió e efecto de la sentencia para que en dos años el Congreso tramite la consulta y vuela a tramitar la ley. Así, la explotación minera podrá seguir teniendo lugar bajo las condiciones señaladas en la Reforma del Código hasta el 2012.

Informe Contraloría General: Renta minera y renta de hidrocarburos

Con gran preocupación se desarrolla la lectura del presente informe, puesto que de manera reiterada se denuncian los hallazgos, y la situación no cambia, ya que continuamos ejerciendo la función de notarios que registramos los hechos de corrupción, y dicho informe evidencia nuevamente que el Estado colombiano subvenciona a las multinacionales.

El análisis de dicho informe me permite dejar plantados un inventario de interrogantes:

1) Cuál es el alcance de dicho informe para que Ingeominas aumente la capacidad instalada que le permita realizar sus funciones de ordenamiento y fiscalización minero-ambiental en todo el país(dicho hallazgo se ha venido repitiendo), y que le permita cubrir los títulos mineros vigentes que ascienden a 9.280 y que cubren un área de 4.787 hectáreas, de lo cual se deduce que el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las empresas, lo cual permite concluir que la fiscalización es mínima comparada con las necesidades del país.

2) Cuáles son las sanciones que se tienen establecidas a las transnacionales por el fraude del reporte de la cantidad de toneladas de carbón que se produce, tal como aconteció con Carbones de Cerrejón Zona Norte, y además vale tener en cuenta que este hallazgo es reiterativo.

3) Por qué no se ha establecido desde cuándo AngloGold Ashanti Colombia S.A. se encuentra en el país, a pesar que tuvo ingresos operacionales por $38.119 millones, según reporte de ellos mismos por información minera.

4) Y finalmente hay algo más preocupante, y es lo relacionado con las deducciones tributarias para la minería. Uno de los casos más preocupantes es el del carbón, en donde las deducciones superaron el valor de los impuestos pagados. Han sido igualmente identificadas estrategias para evadir los pagos por impuestos como la importación de maquinaria de contrabando que es después incluida dentro de los activos. De esta manera se aplican los beneficios simultáneos: deducción del 30% o 40% por compra de activos fijos y depreciación en línea recta.
Notas:
1) Colombia Paraíso de las transnacionales mineras. en: Le Monde Diplomatique
2) Informe de Auditoría enero de 2012: Renta Minera y Renta de Hidrocarburos. Contraloría General de la República
3) Mario Alejandro Valencia. En la crisis aumenta el saqueo de los recursos naturales. Tribuna Roja N° 111, enero 13 de 2101
4) Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia 2010- Conflictos Socio-ambientales por la extracción minera en Colombia-Casos de la inversión Británica
5) “Evaluación preliminar del Carbón y el Oro”, realizada por la Contraloría General de la República sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2007 – 2008
6) Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia 2010) Conflictos Socio-ambientales por la extracción minera en Colombia-Casos de la inversión Británica.
7) Colombia Minería ¿A qué precio? PBI . Boletín Informativo N° 18. Noviembre de 2011
Alberto Parra Pizarro es Presidente Sinaltrase (Sindicato de la Contraloría General de la República), Valle del Cauca. Activista Social y Militante Político.

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