martes, 20 de marzo de 2012

Guatemala: Anticonceptivos, un derecho negado a las indígenas

Ana Silvia Monzón (CIMAC)

Mejorar la salud materna es el quinto de los Objetivos del Milenio, y una de sus metas es “lograr para el año 2015 el acceso universal a la salud reproductiva”.

Para medir el avance, uno de los indicadores es el acceso y uso de métodos anticonceptivos. En Guatemala las cifras disponibles perfilan un panorama desigual en términos de pertenencia étnica.

Según las Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil (ENSMI) que se realizan periódicamente, si bien la tasa de uso de anticonceptivos ha aumentado de 23.2 por ciento en 1987 al 54.1 por ciento en 2009, en el caso de mujeres indígenas el porcentaje es mucho menor, de 5.5 por ciento a 40.2 por ciento en el mismo periodo.

Estos datos se asocian con la necesidad insatisfecha en materia de planificación familiar, y con maternidades que implican costos para la salud física y el desarrollo de las mujeres indígenas, sobre todo en el área rural donde se registran altas tasas de fecundidad, 4.5 hijos e hijas por mujer.

Muchos de estos embarazos no son deseados, ya que en 14 por ciento de casos las indígenas desean tener acceso a métodos anticonceptivos para limitar el número de embarazos, pero enfrentan diversas limitaciones.

Como plantea Gabriela Meléndez, partera especializada en salud sexual y reproductiva, las mujeres indígenas utilizan menos los métodos de planificación familiar por la existencia de una demanda insatisfecha de insumos en áreas rurales y de consejería balanceada, aunado a la exclusión social.

Pero también existen barreras culturales como el machismo, que lleva a muchas mujeres a planificar a escondidas de sus parejas para evitar celos y el riesgo de ser violentadas.

De acuerdo con Meléndez, quien trabaja para la Asociación Manos Abiertas, ese machismo puede darse en diferentes niveles, primero en el hogar con la desaprobación de la pareja para planificar, segundo en el puesto de salud donde a muchas mujeres todavía les piden la autorización de sus parejas o de sus padres, en caso de menores de edad, para acceder a un método de planificación familiar.

En tercer lugar, el estigma social que establece que si una mujer quiere planificar es porque segurito tendrá otro por ahí, y que la mujer nació para parir.

El Estado no garantiza la salud reproductiva

Las ideas y prácticas machistas se suman a la baja escolaridad y el monolingüismo, de manera que las indígenas no tienen acceso a información adecuada para conocer los distintos métodos, así como los pros y contras de cada uno.

Esa falta de consejería hace que cuando utilizan algún método y experimentan efectos secundarios, ellas opten por abandonarlo y nuevamente quedan expuestas al embarazo no deseado.

También sucede que muchas no tienen los recursos para adquirir los anticonceptivos y el Estado no les garantiza el acceso con calidad y pertinencia cultural en sus comunidades.

Como plantea el Tercer Informe de Avances de los Objetivos del Milenio 2010, no existe un censo del personal sanitario que maneje idiomas mayas, ni mecanismos para que el personal capacitado permanezca cerca de su comunidad de origen y contribuya a romper las barreras idiomáticas y culturales que aún limitan el derecho a la planificación familiar de las indígenas.

Estas situaciones hacen que, más por disponibilidad que por elección, las mujeres en el área rural utilicen la Depo-provera (inyección cada tres meses). Sin embargo, asegura Meléndez, si tuvieran más opciones y una buena consejería probablemente se diversificaría mas el uso de métodos, ya que cada mujer es diferente, vive diferente y tiene necesidades diferentes.

Al respecto, cabe indicar que el tema de la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos es sólo una parte de lo que implica el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Este concepto es mucho más amplio e incluye el conocimiento del cuerpo, de las etapas y los cambios, la atención del embarazo, parto y post parto, el disfrute de la sexualidad, en fin, mucho más que sólo controlar la natalidad como generalmente se visualiza desde las políticas y programas de salud estatales.

Como narra Iris Cecilia Brito, joven ixil, ella quedó embarazada porque no sabía sobre sexualidad y aunque intentó hacer vida de pareja fue víctima de violencia, por lo que con el apoyo familiar decidió enfrentar sola la maternidad.

Ella insiste en la necesidad de orientar a las adolescentes indígenas “para que no se casen jóvenes y prevengan los embarazos porque después la vida es difícil”.

Aunque existen algunas organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos que abordan estos temas y facilitan servicios y métodos anticonceptivos a bajo costo, su proyección es limitada por los recursos. De manera que aún falta recorrer un largo camino para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas sean garantizados.

Ana Silvia Monzón es corresponsal en Guatemala e integrante de Red Mujeres al Aire/Voces de Mujeres.

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