miércoles, 7 de marzo de 2012

La responsabilidad hay que buscarla en TBA y también en el Estado

Irina Santesteban (LA ARENA)

El accidente del pasado 22 de febrero en la estación Once de Buenos Aires, tiene responsables: la empresa concesionaria del servicio de trenes y los organismos de control del Estado que evidentemente no funcionaron.

En septiembre de 2011 un accidente ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un tren de la línea Sarmiento embistió a un colectivo de la línea 92 en un paso a nivel a la altura de la calle Artigas, fue tapa de los diarios como la mayor tragedia con trenes "en los últimos 50 años".

En esa oportunidad murieron once personas y hubo 228 heridos. Entre las víctimas fatales hubo un bebé, mientras que también entre los heridos, algunos de gravedad, había un niño de dos años.

Cinco meses después, en la misma línea de trenes, el Sarmiento, se produce un choque con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.

Consejo desoído

Según el ex diputado nacional Héctor Polino, sólo en la empresa TBA, en sus ramales Sarmiento y Mitre, se han producido, desde la concesión, 1.372 muertos en distintos accidentes. Polino denunció que los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya en 2010 aconsejaban retirar la concesión del servicio de trenes a la empresa TBA.

Es que estas tragedias no pueden ser caratuladas como simples "accidentes", palabra que, según el diccionario, significa "suceso provocado por una acción violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario, que puede dar lugar a una lesión corporal". Hablar de accidentes, implica referirse a hechos condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable.

Por todos los datos que se van conociendo, la tragedia ocurrida el 22 de febrero en la estación Once, no fue ni imprevisible ni incontrolable. Claro que tampoco corresponde hablar de "masacre" como lo hacen algunas fuerzas políticas, sugiriendo que fue una acción deliberada, de asesinar a varias o muchas personas indefensas.

Negligencia

Aunque no haya sido deliberado, sí es claro que en el caso de este luctuoso hecho, hubo tanta negligencia y falta de control, que es imperioso que la Justicia defina las responsabilidades penales y civiles.

En primer lugar, de la empresa concesionaria, Trenes de Buenos Aires (TBA), propiedad de los hermanos Roque y Claudio Cirigliano. Estos empresarios, más el Secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario y dirigente del sindicato La Fraternidad, Antonio Luna; y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro; entre otros integrantes del grupo empresario que administra TBA, están impedidos de salir del país, según la orden que ha impartido el juez Claudio Bonadío, que investiga los hechos de Once.

En este sentido, la línea que marcaría la investigación del juez Bonadío, toma la responsabilidad del concesionario y también del Estado, a través de aquellos funcionarios del área, que debiendo actuar en el control efectivo de la empresa que presta el servicio de transporte ferroviario, no lo hicieron o lo hicieron defectuosamente.

Incumplimientos

La tragedia de Once ha permitido conocer datos que, aunque fueron públicos, resurgen ahora con todo su dramatismo: los informes de la Auditoría General de la Nación, presentados por su titular, Leandro Despouy, de los años 2005 y 2009, dan cuenta de irregularidades en el uso de subsidios por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

Según estas auditorías, tanto la Secretaría de Transportes de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), realizaron contrataciones directas -sin llamar a licitación-, y también modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la concesión que fueron conocidas por el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

En otros informes de la AGN, de los años 2001, 2003 y 2008, se hace referencia a incumplimientos en inversiones por parte de la empresa TBA, que si bien originaron multas por parte de los organismos de control -más de 450 multas- ninguna de éstas fue abonada.

Responsabilidad empresaria

Según Despouy, en los informes de la Auditoría General de la Nación, surgen elementos muy importantes sobre la responsabilidad empresaria. Y lo más importante, a juicio de este funcionario, es que esa responsabilidad "puede dar lugar a la posibilidad de rescindir los contratos de concesión", así como surgir la responsabilidad penal de los funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones de control de la empresa concesionaria.

Despouy habló de "negligencia llamativa y sorprendente" de la Secretaría de Transporte, ante serias y reiteradas advertencias de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).

Estas irregularidades e incumplimientos de la empresa TBA, no son nuevos, ni desconocidos por los funcionarios tanto de la Secretaría de Transporte como de la CNRT. También los delegados del ferrocarril Sarmiento, encabezados por Rubén "Pollo" Sobrero, denunciaron en innumerables ocasiones, los riesgos que asumían los trabajadores y también los pasajeros, al tener que conducir y/o viajar en trenes y vagones que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.

Por ello, es doblemente cruel lo que ocurrió el 22 de febrero, porque fue una tragedia que pudo ser evitada, si quienes tienen a su cargo la responsabilidad del control de las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros, hubieran cumplido con su tarea.

Consecuencias nefastas

La presidenta dijo que la AGN "no le había pedido nunca la cancelación de la concesión". Pero esa no es una decisión que debe tomar el organismo de control, sino quien tiene a su cargo las resoluciones políticas, y eso apunta directamente al Secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi y al Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Ellos debieron tomar esa decisión, obviamente, en consulta con la presidenta. Si ahora Despouy afirma que de los informes presentados hace varios años, surgía claramente que había que quitarle la concesión a TBA, la responsabilidad hay que buscarla en aquellos funcionarios.

"Ramal que para, ramal que cierra", fue la famosa frase del ex presidente Carlos Saúl Menem, responsable máximo de la política privatizadora de la década del ´90. Hoy sería bueno revisar las consecuencias nefastas que esa política dejó no sólo para el ferrocarril y los trabajadores (más de cien mil despidos), sino para todo el país. Pueblos devenidos en fantasmas que dejaron de ver pasar el tren; talleres de reparación y fabricación de trenes y maquinarias que cerraron dejando a poblaciones enteras sin una importante fuente de trabajo; rutas congestionadas por el transporte automotor, de colectivos y camiones que debían suplantar el más barato y seguro transporte ferroviario, tanto de personas como de mercaderías; por nombrar sólo algunos de los males que el cierre de los ferrocarriles provocó en nuestro país.

Ineficiente, caro, inseguro

Y eso no se ha revertido en estos últimos años, ni siquiera al ritmo del crecimiento económico "a tasas chinas". Seguimos siendo un país con un transporte ineficiente, caro, inseguro y que no sirve al desarrollo de un país federal, con conexión entre las regiones menos favorecidas, para incentivar el intercambio de producciones regionales.

Ni siquiera para el turismo, un fenómeno en amplio crecimiento en los últimos años, que sería mayor aún, si el tren recorriera la generosa geografía argentina. Enero y febrero son meses de elevado número de muertes por accidentes de autos y ómnibus, enlutando a familias que viajan por placer. Esos accidentes se reducirían notablemente con un servicio de trenes que complementara el transporte por rutas.

En lugar de pasarle el servicio de subterráneos a Macri en Buenos Aires, y en lugar de esperar a la Justicia (que ya está dando pistas claras sobre la responsabilidad de TBA en lo que sucedió en Once), la presidenta y su equipo deberían pensar seriamente en la re-estatización de los trenes.

Si el Estado pudo volver a tomar, con una inversión importante, una empresa como Aerolíneas Argentinas, decisión saludable; lo mismo habría que decidir respecto a los ferrocarriles. Los miles de pasajeros que actualmente usan esos trenes, y los millones que lo usarían si el tren retornara a nuestro país, lo agradecerían de corazón.

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