miércoles, 14 de marzo de 2012

Perú. Crímenes de “Chavin de Huantar”: Dejaron morir desangrado a magistrado

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

El doctor Alejandro Teitelbaum abogado argentino y ex miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha enviado un agregado al artículo: Humala el padrino del comando “Chavin de Huentar” (7 de marzo 2012). En el texto remitido por Teitelbaum se refiere a un hecho poco conocido de la operación militar del 22 de abril de 1997 dirigida por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori cuyo objetivo fue exterminar a los militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que habían tomado por asalto la embajada japonesa en Lima, y que al momento de la operación estaban resueltos a negociar la liberación de los rehenes.

Es el caso dice, el doctor Alejandro Teitelbaum, que durante el operativo “Chavin de Huantar”, no solo fueron asesinados los guerrilleros del MRTA, sino también el magistrado peruano Carlos Ernesto Giusti Acuña en esos momentos vocal supremo del Poder Judicial y uno de los rehenes en la embajada japonesa. El fue asesinado, no por el MRTA, sino más bien por el comando militar que ingreso a la embajada japonesa.
El jurista argentino, explica que durante el operativo militar el magistrado Carlos Giusti Acuña fue herido en una pierna, pero expresamente fue dejado sin atención sanitaria y el resultado fue que murió desangrado. El crimen de este alto miembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú fue una venganza de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Carlos Giusti era opositor a las reformas de la Constitución propuestas por Fujimori, y defendía la autonomía de la justicia en Perú. Como dice la periodista Karla De Rojas Guedes: “Giusti todavía es recordado como uno de los jueces peruanos más probos. A lo largo de su vida profesional defendió con entereza los derechos humanos y públicamente se opuso a la ilegal intervención del ex presidente Alberto Fujimori en el sistema judicial peruano”.
En mayo del 2002, el diario La Republica (Lima) reveló que fue el asesor presidencial Vladimiro Montesinos quien ordenó a los jefes de la "Operación Chavín de Huántar" que “ningún terrorista quedara vivo” y que se asesinara al vocal supremo Carlos Giusti Acuña. La revelación de La Republica provenía de la declaración de un testigo consignado por el fiscal Richard Saavedra en el expediente que se había abierto a los jefes del comando militar.
“Montesinos ordenó matar al vocal Giusti”, dijo el testigo. El encargado de este crimen fue el coronel Huamán Azcurra, hombre de confianza de Montesinos y matarife del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Huamán, dice el testigo, debía aprovechar la confusión del rescate para disparar contra Giusti. Al interior de la embajada japonesa, había mucho humo, polvo a causa de las bombas y explosiones. Ello servio para camuflar el operativo criminal.
El doctor Alejandro Teitelbaum, señala que cuando ocurrieron los hechos en la embajada japonesa en Lima, él era miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y que dicha institución envío un grupo de abogados para investigar el caso. Algunas conclusiones de esta investigación fue el texto publicado el 25 de abril de 1997, y que ahora reproducimos aquí en esta misma nota:
La ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, (AAJ) DECLARA:
1. Su repudio por la decisión del gobierno peruano cuando no se había agotado la instancia mediadora y la posibilidad de una solución pacifica,
2. Su consternación por la matanza deliberada de los integrantes del MRTA, de la cual es responsable el Presidente Fujimori y los mandos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia;
3. Su dolor y preocupación por la extraña muerte del digno magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Dr. Carlos Ernesto Giusti Acuña, quien se opuso públicamente a las reformas que Fujimori pretende introducir en el sistema judicial del Perú;
Y RECLAMA:
1. Una investigación exhaustiva e imparcial de las circunstancias de la muerte del Dr. Carlos Ernesto Giusti Acuña y de los miembros del MRTA y la determinación y enjuiciamiento de sus autores materiales e intelectuales;
2. La investigación, juicio y castigo de los responsables por las violaciones de los Derechos Humanos en el Perú, verificadas y denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos organismos no gubernamentales:
3. La sanción de una generosa ley de amnistía, que permita la liberación de los presos políticos y sociales, y abra cauce a la convivencia democrática entre todos los peruanos.
Porto Alegre, abril 25 de 1997.
José Felipe Ledur
Presidente

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