lunes, 12 de marzo de 2012

Puerto Rico: Documentos revelan historias olvidadas

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

Una mujer abandonada por su marido allá para 1875 y que luchó sola protegiendo los bienes de la casa hasta su fallecimiento en un poblado costero se ha convertido ahora en pieza clave de la lucha por salvar la universidad pública y los derechos democráticos ante los intentos oficialistas por eliminarlos focos de resistencia social y política en este país caribeño.

El caso de Doña Carmen Fuentes, fallecida intestada a los 63 años en Luquillo en 1899 y de cuya herencia tomó posesión el Estado en 1903, es el expediente más antiguo de una serie de documentos obtenidos por NCM Noticias que revelan que la acumulación de las llamadas herencias sin herederos en beneficio del tesoro de la Universidad de Puerto Rico se remonta a finales del Siglo XIX y podría incluir mucho más de mil caudales dejados por gente humilde y por magnates.

La aparición de los expedientes ocurre cuando el Gobierno ha obtenido protección judicial del secreto sobre la administración de esos fondos mientras el abogado Luis Pabón Rojas, en representación de los estudiantes y su coalición universitaria, se prepara para acudir a los foros apelativos. Todo es parte del enfrentamiento que tiene de un lado al movimiento estudiantil y del otro al Gobierno, que intentaría un “golpe de timón” para eliminar tendencias “latinoamericanas” que no aceptan la visión “norteamericana” y proscribir los que tilda de izquierdistas, independentistas, pacifistas y post modernos, según un borrador oficial de reforma.

Pero en 1903 y las décadas siguientes, la historia era muy distinta.

De acuerdo al expediente sobre Doña Carmen Fuentes, la junta escolar de la zona se percató de que nadie reclamaba la herencia y alertó al Procurador General, quien a su vez envió una misiva en tono fuerte al fiscal del distrito judicial de Humacao en la que le mandó que reclamara el caudal para el fondo de la universidad y le advirtió que en los casos sucesivos procediera de conformidad sin esperar otra orden.

Los viejos folios, algunos en caligrafía, relatan cómo el cura del pueblo pedía cinco dólares por entregar la documentación solicitada –finalmente aceptó 2,50- y hasta el edicto expedido por el tribunal a nombre de “El Presidente de los Estados Unidos” que relata cómo la mujer falleció sin hijos y el marido “está ausente de la Ysla hace más de veinte y ocho años ignorándose su paradero”.

Ese mismo año de 1903, en San Juan, al formarse la finca original para el establecimiento de la universidad, se unieron tierras compradas a la American Fruit de Filadelfia, un predio comprado por el municipio de Río Piedras a Don Fernando Toro, de Madrid, y los lotes identificados como dos y tres, sobre los que el Gobernador William Hunt otorgó escritura pública transfiriéndolos a la universidad en virtud de la entonces nueva sección 923 del Código Civil, que entregaba las herencias sin herederos para tal fin.

Los caudales se siguieron acumulando y ya para 1908 hay un documento de la Procuraduría General en el que se habla del “tesoro de la universidad”. Al año siguiente ocurrió el fallecimiento sin herederos de Eliza Kortright, única descendiente de Cornelio Kortright, legendario fundador del ingenio azucarero Plazuela en el pueblo de Barceloneta, que fue objeto de la poesía “Chefa” de Luis Lloréns Torres, que dice“¡Chefa! Rubia flor de azúcar, caramelo hecho mujer, Plazuela, Barceloneta, campos de chefa y de miel… Chefa, que chefa, que chefa, repica el güiro en el seis”.

El caso de la extensa herencia llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos –Pueblo v. Ramos, 1914- y Bonocio Ramos logró el rescate y compensación de una parte de las tierras al invalidar la sentencia por las que Eliza Kortright se la había apropiado. En ese caso se pagó también compensación a la firma Balseiro y Giorgetti, que tenía bajo arriendo toda la herencia junto con otras tierras compradas al padre de ésta y formaban parte de la central Plazuela.

El caso Kortright dejó documentado también el agrio diferendo entre la Universidad y la Procuraduría General por el control de los caudales de herencias y otras fuentes, que para 1910 dejaban ya decenas de miles de dólares anuales en beneficios entregados a la institución docente según consta en informes oficiales, pero cuyas titularidades retenía con mano de hierro el “Treasurer of Porto Rico”. La situación llegaría a un punto culminante en 1939 cuando el Gobernador Blanton Whinship accedió a que se legislara para transferir a la Universidad de Puerto Rico los títulos de las herencias intestadas en lo sucesivo y todas las que a esa época tuviera acumuladas la tesorería.

La negativa del Estado a someter todos los expedientes al escrutinio público ha evitado que se conozca con certeza cuántos son, pero en 1940 el abogado de la Universidad, Juan Hernández López, informaba que había resuelto catorce o quince casos de herencias sin herederos en apenas un año de vigencia del nuevo estatuto. Proyectado a más de un siglo desde 1903 al presente, pasarían de mil sin siquiera contar con el aumento en la población.

La gestión documentada de Hernández López puso al relieve otro aspecto de la historia.

De 1939 es el caso de Doña Bernardina León Gutiérrez, que dejó su casa en la calle Nicolás Jiménez de Cayey a su sobrina Carmen Berríos, quien a su vez falleció “en estado de soltería”. El Procurador General tuvo que insistirle con dureza al fiscal de distrito para que llevara el caso y resultó que el “colector” del pueblo había puesto la casa en pública subasta y se la entregó a un “rematista”, que la obtuvo por el siete por ciento de su valor.

El asunto pasó a manos de quien entonces era oficial jurídico de la procuraduría, la famosa literata Nilita Vientós Gastón, que dejó para la historia los documentos, firmados de su puño y letra, en los que defendió con tenacidad el patrimonio de la Universidad. Todavía aparecieron un par de damas que atendieron a Doña Carmen en su agonía y pretendían cobrar su generosidad con la casa de la herencia, cosa que fue rechazada por el Procurador General, que las despachó diciéndoles que se buscaran un abogado.

Uno de los documentos más reveladores es una escritura de 1944 en la que el rector de la Universidad, Jaime Benítez, recibe del Gobernador la herencia de Don Enrique Laureano Moreno, soltero y vecino del magnate Mateo Luchetti, cerca de la laguna del Condado. La escritura especifica que se transfirió a la Universidad la casa de dos plantas de mampostería, los cánones de arriendo a los inquilinos, las cuentas de miles de dólares en el National City Bank, los bonos del Gobierno de EEUU, un préstamo por cobrar con intereses y todos los demás bienes, entre ellos el reloj de oro y la sortija, que el administrador judicial tuvo que pagar de su bolsillo contra el valor de inventario por haberlos extraviado.

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