Yurién Portelles (PL)
La idea de que todos puedan llevar una vida con los derechos elementales garantizados está condensada en un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), según el cual el país podría salir de la pobreza hacia el año 2021.
Los algoritmos apuntan a que para ello es preciso una inversión de 39 mil 699 millones de dólares sólo en inversiones y otros 4 mil 701 millones de dólares en gastos recurrentes, para mantener posteriormente los salarios e infraestructuras creadas o reactivadas. Precisamente el objetivo de este análisis es costear el cierre de la brecha entre la oferta actual y la ideal en la prestación de los servicios, priorizar la inversión pública, lograr eficiencia en la política pública y establecer estructuras del Estado en los territorios para aplicar un nuevo modelo de gestión.
Fánder Falconí, titular de la Senplades, señala que el propósito es alcanzar la cobertura total en 66 servicios, entre estos agua y alcantarillado, vivienda, acceso a internet y telefonía (fija y móvil), generación, transmisión y distribución eléctrica, movilidad y transporte, desechos sólidos y riego agrícola.
También se incluye un listado de servicios desconcentrados en los territorios (dada la cercanía a los ciudadanos) como son los policiales, de bomberos, rehabilitación social, educación, salud, inclusión económica y social, registro civil y correos.
En el caso del agua potable y el alcantarillado deberán invertirse 5 mil 131 millones de dólares y serán necesarios otros 208 millones para su mantenimiento, y en la vivienda se demandan 3 mil 979 millones dólares para suplir el déficit y otros 94 millones en gastos recurrentes.
En Ecuador el 72 por ciento de los 14 millones de habitantes tiene acceso al agua potable y el 53 por ciento al servicio de alcantarillado. Según Falconí, el 56 por ciento de los pobres existentes en el país por necesidades no cubiertas podría reducirse en 20 por ciento, de resolverse sólo la cobertura total en los servicios de agua potable y alcantarillado.
Expertos de la Senplades indicaron que con este programa de desarrollo se irán venciendo metas hacia el 2021, para lo cual se ha considerado el crecimiento poblacional y el desarrollo económico nacional.
Un modelo de gestión local
En la consecución de estos objetivos, se creó el Consejo Nacional de Competencias (CNC), que aprobó en las últimas semanas el Plan de Descentralización de los Gobiernos Autónomos del país, un modelo de gestión que busca el desarrollo equitativo de los territorios.
Falconí, quien preside el CNC, señaló que el objetivo es facilitar la entrega de competencias y recursos a los gobiernos locales para que los administren directamente, comenzando este año por acciones en el transporte y la vialidad, el fomento a la productividad y la seguridad alimentaria.
Precisó que los propósitos de este plan son establecer un régimen económico productivo popular, solidario y sostenible; fomentar la participación y el control social, asegurar a la población el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, el aire y el suelo.
También se dirigen los esfuerzos a proteger la diversidad cultural y a promover un ordenamiento territorial equilibrado que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión que contribuyan a la unidad del Estado.
Este año serán destinados 2 mil 600 millones de dólares del presupuesto estatal a los proyectos de desarrollo local en los Gobiernos Autónomos Descentralizados que comprenden las provincias, municipios y juntas parroquiales.
En los últimos meses de 2011 fueron transferidos a las estructuras provinciales 7.8 millones de dólares para riego y drenaje, y se respaldaron proyectos para la gestión de la cooperación internacional.
Igualmente se priorizó la obtención de recursos no reembolsables y la asistencia técnica, y se inició la transferencia para beneficiar el área de tránsito y transporte este año.
El hombre como centro del desarrollo
El programa nacional del Buen Vivir busca satisfacer las necesidades elementales de los ciudadanos ecuatorianos y reducir la pobreza a niveles ínfimos.
En el último año, las políticas públicas permitieron a más de 650 mil ecuatorianos salir del umbral de pobreza, hecho que se considera significativo para una sociedad latinoamericana en el contexto de la crisis económica internacional. Aun cuando persisten retos, el empleo creció en el 2011 en el 5.1 por ciento respecto a la población económicamente activa en zonas urbanas, la cual se elevó en más de 111 mil personas en igual período comparativamente.
En el último año también se redujo el número de desempleados en alrededor de 40 mil, los ocupados plenos se incrementan en 242 mil y la cantidad de empleados en 150 mil.
En Ecuador existían hasta diciembre 4 millones 453 mil ciudadanos económicamente activos en zonas urbanas, de los 8 millones en edad laboral.
Sin embargo, el Estado genera apenas 20 de cada 100 nuevos empleos, una cifra que, según las autoridades, no refleja en toda su dimensión las políticas públicas, que generan inversión y creación de puestos en proyectos donde participa el capital privado.
No obstante, aseguran, el crecimiento económico en general permitió cerrar brechas entre ricos y pobres, pero todavía se requieren cambios estructurales en el régimen de acumulación.
Por otra parte, el gobierno ecuatoriano prevé la construcción en un año de 15 nuevos hospitales y de un número importante de las 350 mil viviendas deficitarias.
Sólo en el área de la salud se beneficiarán con esas nuevas edificaciones 2 millones de personas, quienes ya no tendrán que viajar a las urbes para recibir atención médica como venía haciendo hasta ahora un número importante de ellos.
Un programa habitacional en marcha beneficiará este 2012 a un porcentaje considerable de discapacitados con las 6 mil viviendas que serán construidas, mil más que el año pasado.
Los acuerdos para la explotación minera a gran escala buscan, según el gobierno, la obtención de fondos que serán revertidos en el desarrollo de los territorios más atrasados del país. En estas provincias, contradictoriamente, permanecen los recursos naturales más valiosos y sus poblaciones han sido excluidas del desarrollo.
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