jueves, 26 de abril de 2012

Expropiación de Repsol: Un paso adelante, dos atrás

Carlos Petroni

Cuestionan las insuficiencias de la nacionalización dispuesta por el gobierno argentino. YPF debe ser 100% estatal, eficiente, moderna y monopólica en el país, dice el periodista y editor de Izquierda Punto, Carlos Petroni.

Aquí hacemos un análisis detallado de los principales artículos de la ley introducida por el gobierno. Lo hacemos sin minimizar la medida, pero también para señalar sus insuficiencias y las trampas que encierra la letra chica de la propuesta K.

CFK presentó un proyecto de expropiación del 51% de las acciones de REPSOL en YPF. Siendo la participación de REPSOL-YPF en el mercado petrolero argentino del 35%, eso equivale a la toma de control por parte del estado del 17.8% del total de las reservas conocidas en el país. El restante 82.2% permanece en manos de petroleras con capitales nacionales y extranjeros, incluyendo los de Gran Bretaña, China y Brasil.

El gobierno nacional ha implementado mediante el recurso de introducción de una Ley al Senado de la Nación, tal vez la más significativa e importante medida económica de los diez años de gobierno Kirchnerista. Es desde algún punto, una medida progresiva, un paso adelante.

Lo que falta por ver es si es parte de una estrategia o simplemente una reacción ante la crisis energética y el ahogo fiscal sin capacidad para avanzar más allá. Si así fuera podría significar un retroceso en la economía y las posibilidades de independencia económica del país.

Sería un error desconocer este hecho o ignorarlo. Es necesario debatirlo.

Los socialistas vemos las limitaciones del proyecto y apuntamos a movilizar a los trabajadores y el pueblo para que se profundice una medida que, a todas vista, fue tomada en forma muy limitada por un gobierno que no quiere avanzar mucho mas.

CFK acompañó la presentación de la Ley con un discurso en el que enfatizó que esta no es una ley estatizante, sino de recuperación de la soberanía nacional en el área de los recursos naturales.

Es, en efecto, un acto de soberanía energética parcial. Es decir, el estado asume la responsabilidad de regular la extracción, transporte y comercialización de casi el 18% del petróleo, y una cifra similar en el gas natural, producido en el país.

La declaración de CFK significa un paso atrás en la política Menemista de liquidación de las empresas estatales, que los K apoyaron en su momento, pero solo en el sentido que mejora la intervención del estado, ya que este recupera, en nombre las provincias una parte del control de la producción.

Soberanía en la regulación no significa soberanía nacional sobre los recursos naturales y el hecho de que no se estatice es contradictorio en grado extremo con la aseveración de muchos de que este es el caso, tal vez divagando en exceso las virtudes de la Ley.

No puede haber soberanía plena en la producción de hidrocarburos cuando la ley, tal cual está escrita, plantea la incorporación o participación de capitales privados, nacionales y extranjeros, para la explotación petrolera y no se expanden las medidas tomadas al 82% restante de la producción de hidrocarburos.

CFK, correctamente, durante su discurso hizo un diagnóstico correcto de la crisis en el área de hidrocarburos por la que atraviesa el país y que apuró la decisión de la expropiación de las acciones de REPSOL de YPF.

Mostró diagramas de las ganancias de REPSOL-YPF que superan en creces la rentabilidad esperada de la inversión de unos 13.000 millones de dólares al momento de la privatización. REPSOL-YPF recuperó varias veces esa cifra desde entonces.

El informe de CFK también mostró que la producción petrolera había caído en picada en la última década, así como las inversiones para la explotación de nuevos recursos.

No dijo nada, sin embargo, de la gran estafa de REPSOL-YPF que durante toda la época K pagó retenciones basadas en declaraciones juradas adulteradas y truchas que sostenían que se exportaba mucho menos de lo que se hacía en realidad.

Nunca hubo controles de la exportación

Tampoco se refirió CFK a la “avivada” del Grupo Eskenazy que con la ayuda del gobierno se hizo de parte de YPF pagando con deuda, no con cash, y que por ahora se mantiene indemne como el segundo propietario en importancia de YPF después del estado, si la ley es aprobada.

CFK también expuso la cifra de crecimiento exponencial de la importación de combustibles a la que se vio obligado el gobierno ante la caída de la producción y la falta de inversiones de la empresa. Esta asciende a una suma entre 10-12.000 millones de dólares, una cifra similar al total de la balanza positiva del comercio exterior argentino.

De haber persistido la situación, el país se hubiera encontrado con un déficit energético que consumiría todas las ganancias de las exportaciones, sumiría al país en una deuda accesoria por importación creciente de combustibles y la energía hubiera disparado sus precios al doble o triple de sus niveles actuales.

Queda por ver si esta Ley, y las medidas que le seguirán, están a la altura de la crisis desatada por más de una década de depredación de los recursos – que se hizo hasta ahora con la venia del estado – para resolver el intríngulis y la potencial quiebra del estado.

Un detalle particularmente peligroso es que la propuesta de Ley no es acompañada por una nacionalización de todos los recursos, y control estricto de todas las exportaciones y que esto debería hacerse por el gobierno.

Obviamente, el resto de las empresas extranjeras y nacionales del sector podrán predecir que su futuro es el de REPSOL y procederán a protegerse con una disminución de la búsqueda de nuevas fuentes energéticas y una liquidación acelerada de sus activos.

Queda por resolver otro problema. La Argentina esta incapacitada tecnológica y financieramente para desarrollar la producción petrolera - aunque hay datos que esto no sería tan así - y esto llevara indefectiblemente al gobierno a incorporar a potencias extranjeras en el área. ¿Qué clase de seguridades y a quiénes se las ha hecho CFK para lograr esto? La respuesta es simple: Brasil y China.

Ni el discurso de CFK, ni el texto de la Ley clarifican el contexto de confrontación existente en la región, y Argentina, entre los imperialismos en decadencia y debilitados por la crisis de EEUU y Europa y los emergentes de Brasil y China que, curiosamente, parecen aprobar las medidas argentinas y se ha ofrecido a colaborar como socios en la explotación futura de los yacimientos de YPF.

CFK en su discurso, aunque sin mencionar específicamente a estos países hizo de esto la variable más posible. ¿Es posible obtener la estatización o la simple soberanía regulatoria como propone CFK ahora si se saca del medio a REPSOL pero se le entrega parte de la producción a los chinos y los brasileños? La realidad demuestra que no. En todo caso se reemplazaría una dependencia del extranjero en crisis (España) con una en alza (BRICS, grupo de países que incluye a países potencia en cuestiones de hidrocarburos)

Aquí, para más ilustración al respecto, un análisis de los principales artículos de la Ley presentada:

Un artículo ambiguo que podría ser de utilidad en el futuro. “Artículo 1º: Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del auto abastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.

El texto del primer artículo de la Ley es lo suficientemente vago y general como para permitir a este gobierno, o cualquier otro que le siga, profundizar la medida adoptada ya que se “declara de interés nacional…” toda la producción de hidrocarburos, transporte y comercialización que teóricamente abarca a todas las empresas y explotaciones actualmente existentes y las del futuro. En manos de una administración que pueda darle continuidad y completar un cuadro de desarrollo económico integral, podría ser de gran utilidad.

La Ley admite la dependencia de empresas extranjeras. ”Artículo 2º: El Ejecutivo nacional arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente, con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional”

Ya, de entrada, se admite el concurso, es decir participación, del capital privado nacional e internacional, y el de las provincias a través de sus gobiernos.

“Artículo 3º: establécense como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina los siguientes:”

Este artículo enuncia deseos políticos generales sin fuerza de ley al no estar cuantificados ni calificados, tales como:

a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y las regiones;

b) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas;

¿En qué medida se regulará la producción y comercialización para promover los empleos? ¿Cuál es la cuantificación y las metas del desarrollo económico? ¿Cuáles los parámetros para medir los mismos? Cómo se hará la restitución de reserves? La Ley, ni el discurso clarifican ni explican nada de eso, quedando en simples enunciados. Teniendo en cuenta el comportamiento pragmático en cuestiones económicas del Kirchnerismo y la falta de una estrategia global, dudamos que estos enunciados pasen de eso.

Se reafirma el anti-estatismo

Luego, en uno de sus puntos vuelve a insistir en un lenguaje anti-estatista:

c) la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales;

Como ya dijimos, en su discurso de presentación de la Ley, CFK insistió en que ésta no era una propuesta de estatización sino, como ella se refirió a ella, de “recuperación de soberanía”. Repetimos el axioma que sin estatización del 100% de la producción y comercialización y sin control y nacionalización por el estado de todas las exportaciones, esto por ahora es irreal.

El gobierno se ha negado, de entrada, y antes que la Ley sea aprobada por el Congreso, la posibilidad de apelar a la estatización de REPSOL-YPF y, mucho menos, de la del conjunto de la explotación de los hidrocarburos. Uno se ata las manos solo cuando sabe que no es su intención liberarse de las ataduras.

Luego se agregan otros cuatro puntos declarativos generales sin cuantificación ni calificación que dejamos para un análisis posterior porque no van al meollo de la cuestión.

Se pasa así al siguiente punto de importancia en la Ley:

Artículo 4º: créase del Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integrará con la participación de:

Este artículo posee varios artículos un tanto crípticos que abre la explicación de algunos objetivos del gobierno de CFK:

Artículo a) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, a través de sus respectivos titulares;

No se sabe muy bien ni se explica cuál es el interés o la función de integrar cuatro ministerios, algunos con funciones en el área que se superponen, a este “Consejo”.

Fácilmente se hubiera podido designar a uno de los Ministerios como “guardabarreras” de la aplicación de la Ley sin recurrir a la construcción de cuatro administraciones ministeriales que inevitablemente competirían entre sí.

Es de particular importancia destacar el porque se incluye al Ministerio de Trabajo, ajeno en sus funciones al diseño de la explotación industrial y comercial propiamente dicha. No parece divisarse otro objetivo que el de disciplinar férreamente a los trabajadores petroleros que ha demostrado en el pasado inmediato un grado de exigencias por encima de lo que acostumbra el gobierno a conceder y que fueran, en dos oportunidades, condenados de palabra por CFK.

Da toda la sensación que la inclusión de cuatro ministerios es una necesidad del actual gobierno, no de la Ley, de equilibrar el poder político en su propio seno en la vigilancia de los intereses del estado. El nombramiento del Ministro de Planeamiento, DeVido como interventor y al Vice-Ministro de Economía Kiciloff (No al Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sino al Vice-Ministro!) como su segundo formalmente, explica las movidas internas del gobierno y el equilibrio entre sectores tradicionales y La Cámpora (Kiciloff es de esta agrupación).

b) la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los representantes que ellas designen;

Este artículo parecería indicar una ampliación del criterio de propiedad provincial de los hidrocarburos incluyendo ahora provincias que no tiene dichos emprendimientos extractivos.

El caso más curioso es el de la Ciudad de Buenos Aires. Además de reflejar una teoría errónea de propiedad provincial, en lugar de nacional, de los hidrocarburos, diluye en la práctica el poder de las provincias extractivas ya que las incorpora en un régimen de participación junto a las que no lo son.

¿Por qué se hace esto?

Eso se aclara en los puntos a) y b del artículo 5to, como siguen:

Artículo 5º: son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, las siguientes: a) promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente;

b) expedirse sobre toda otra cuestión vinculada a los objetivos de la presente ley, y a la fijación de la política hidrocarburífera Argentina, que el Ejecutivo nacional somete a su consideración;

El siguiente artículo clarifica mejor las intenciones del gobierno:

Artículo 6º: el Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros, y será presidido y representado por el representante del Estado nacional que el Ejecutivo nacional designe a tal efecto. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.

De hecho, esta disposición abre la perspectiva y posibilidad de que el gobierno nacional, con varios representantes, sumados a los representantes de provincias no petroleras, impongan sus condiciones a las provincias extractivas.

Formalmente, la propuesta de Ley aumenta los derechos de los estados provinciales, pero deja el manejo de la caja en manos del estado nacional quien procederá a la redistribución o no de los dividendos a las provincias.

Si se tiene en cuenta que las retenciones petroleras son una parte significativa, en algunos casos las decisivas, de los gastos de algunos estados provinciales, se comprobará que la reglamentación del control de la caja determina un mayor poder centralista, no Federal, de los fondos provenientes de la explotación petrolera.

Una política pragmática, con rodeos… Título 3: de la recuperación del control de YPF Capítulo 1: de la expropiación.

Artículo 7º: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declares de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

El artículo precedente salva de la expropiación de acciones, al menos por el momento, a los tenedores de la burguesía nacional, como Eskenazi y mantiene incólumes las acciones pertenecientes a grupos extranjeros como la PEMEX mexicana.

Por otro lado limita el artículo 1 de esta ley que parecería indicar que el intento de ganar “soberanía” sobre todos los recursos del área y no solo el 51% de las acciones de REPSOL.

Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos. La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la sesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativas, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas;

Este articulo determina y clarifica el porque el gobierno nacional y las provincias no extractivas controlarían el diseño futuro de la empresa. Junto a la mayoría en el organismo de aplicación se agrega ahora una minoría de acciones para las provincias extractivas. Un retroceso a la política del Menemismo de los 90 pero todavía dejando en manos de las provincias un porcentaje importante de las acciones, aunque no decisorio, además que supeditadas a las decisiones de un Consejo en donde son clara minoría.

Este artículo presenta otro problema, la división de las acciones de los estados argentinos (nacional y provinciales) teóricamente puede servir para una alineamiento del capital privado con las provincias para obtener una mayoría accionaria mayoritaria. Solo habría que sumar acuerdos de empresas transnacionales con los gobiernos provinciales con el remanente de los capitales privados de YPF (el resto de las acciones de REPSOL, las de Eskenazy) o extranjeras (PEMEX) que hoy conservan el 49%.

Teóricamente, así, el gobierno deja abierta la puerta para la pérdida del control de estado de la suerte de la empresa intervenida.

Artículo 9º: para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder ejecutivo nacional por sí, o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la sesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas, a la que se refiere el artículo anterior. La sesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el estado nacional a favor de los estados provinciales integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones. La designación de los directores de YPF S.A que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa.

De hecho, la sindicación maniata el poder decisorio de las provincias y lo traslada al estado nacional por el plazo establecido en la Ley a través del control de la caja por el estado nacional.

Artículo 10º: a efectos de la instrumentación de la presente, y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes de las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia de que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros;

Algo progresivo, si uno no recuerda que fue una decisión del parlamento de aquellos años que autorizó la privatización.

Este artículo garantiza la estabilidad de la propiedad del paquete accionario del estado en tanto y cuanto sea un partido con amplia mayoría legislativa que lo ejerza o una abrumadora oposición quien lo desafíe.

No se entiende muy bien que el gobierno no haya apelado a una forma moderna de “propiedad pública” del conjunto de la empresa – no privada, para nada, ni estatizada como se comprende el termino comúnmente, sino en poder público, nacional izada, dirigida por un Consejo Directivo electo al igual que se eligen diputados o Senadores.

¿Indemnizar a los ladrones de REPSOL?

Hay que considerar que REPSOL será indemnizada por la expropiación de sus acciones. A pesar de que el precio de las mismas se ha desmoronado debido a los anuncios de la expropiación, es muy factible que ahora suban nuevamente y aunque no lo hagan preservarán un valor sustancial que, dado el negocio leonino de la compra barata y los dividendos obtenidos desde la privatización, así como la estafa al fisco en las declaraciones juradas de exportación, convierten a cualquier precio indemnizatorio en un robo.

REPSOL ha declarado que demandará a la Argentina por 46 mil millones de pesos y que acudiría al CIADI para lograr esto. El gobierno debe de inmediato denunciar todos los tratados internacionales como el del CIADI y denunciar ante organismos judiciales nacionales e internacionales a REPSOL por estafa al fisco en la burla de las retenciones.

Tampoco hay un plan explícito ni en la Ley, ni en el discurso presidencial, que establezca que se hará para hacerle frente al gasto inmediato operativo de 3.200 millones dólares que insumirá la empresa, ahora intervenida, ni de donde saldrá el dinero de la indemnización y, lo que es aun más grave, de dónde sacará el gobierno los miles de millones adicionales para incrementar la exploración, la producción y el envió al mercado de mayores remesas de hidrocarburos.

Si, como se teme, otras compañías petroleras boicotean el proceso iniciado; si España gana consenso en la aplicación de medidas anti-Argentinas por Europa y si la propia intervención a YPF hace decrecer la producción, aunque sea por un periodo corto de tiempo aumentando la presión para la importación de combustibles, la Ley propuesta significará un paso adelante... pero dos pasos atrás. Hay que avanzar en la expropiación del 17.8% del total de la producción y reservas al 100%. Hay que eliminar de la Ley la participación de capitales extranjeros y regular los nacionales a un papel secundario de algunas caracterizaciones o subcontrataciones tecnológicas hasta tanto el estado pueda valerse por sí mismo en esas áreas.

Todo el comercio exterior debe ser nacionalizado, bajo control del estado para asegurarse un cese inmediato del robo de las petroleras – y digamos de paso también de las cerealeras y las industrias pesqueras que eluden al fisco en forma similar a las petroleras.

Es decir, el declive inmediato en hidrocarburos disponibles debe ser neutralizado o al menos aminorado por un mayor ingreso y control en otras áreas del comercio exterior, al mismo tiempo que la resolución del “escape” de los stocks de reservas y producción, de millones de barriles “fantasmas.”

Prepararse para las amenazas de España, Europa y EEUU...

No cabe la menor duda de que España, sus aliados y patrones Europeos (particularmente Alemania y Francia) y EEUU por razones geopolíticas se opondrán a cualquier medida, aunque sea esta tibia Ley de expropiación de los activos accionarios.

Lo harán, por un lado, para defender los intereses de una compañía de un país imperialista, decadente y en crisis, pero aun imperialista, pero también porque se sentirán amenazados por el avance de China y Brasil.

¿Está preparado el gobierno para esta ofensiva en contra del país? ¿Tiene un plan, una estrategia para lidiar con esta situación en forma independiente? ¿Está dispuesto el gobierno a contestar con crecientes nacionalizaciones y expropiaciones de capitales norteamericanos y Europeos en nuestro país como medida defensiva y como estrategia de crecimiento económico a través del estado? Todo hace suponer que el gobierno de CFK, como lo viene haciendo, confía en la substitución de la dependencia del país de EEUU y Europa por una dependencia cada día mayor al que nos somete Brasil y China. Es un gobierno en el que prima el carácter pequeño burgués de su política, es decir vacilante.

Lo demuestra esta misma Ley de Expropiación que se hace diez años tarde y de forma muy limitada, cuando ya el agua nos llega al cuello. De alguna forma, parecería que esta medida fue tomada contra su propia voluntad ya que hasta hace meses atrás se elogiaba la política petrolera y no debemos olvidar que la mayoría de los integrantes del presente gobierno, incluyendo a NK cuando era gobernador y CFK cuando estaba en el Congreso, apoyaron las privatizaciones Menemistas.

Este gobierno ha demostrado su carácter vacilante en muchas áreas. En DDHH instituyendo la Obediencia Debida II en los juicios contra la dictadura e impidiendo el desarrollo de las causas contra el terrorismo de estado de la Triple A; lo demostró también en su confrontación con el “campo” alrededor de la 125 donde nunca se atrevió a ir más lejos que la imposición de mayores retenciones (nunca planteó la expropiación de las tierras fértiles ni la nacionalización del comercio exterior)... no esperamos que cambie de carácter de la noche a la mañana...

YPF debe ser 100% estatal, eficiente, moderna y monopólica en el país. No hay términos medios como el que quiere manejar el gobierno. Lo otro, como esta Ley, puede significar un paso adelante, pero demasiado corto como para medir la distancia recorrida. De no mediar una profundización y ampliación en la dirección tomada, todo este ejercicio significará un paso adelante, pero dos para atrás. Ampliaremos sobre este debate necesario.

Carlos Petroni es periodista y editor de Izquierda Punto y miembro de la Organización de Izquierda Revolucionaria (OIR).

Este es un servicio de la Plataforma de Política Energética, un espacio permanente, plural y abierto a todos, para compartir información, generar conocimiento y promover el debate público sobre los temas fundamentales del sector energético. www.plataformaenergetica.org

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.