lunes, 30 de abril de 2012

La marcha patriótica

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Hace un poco más de una semana ha tenido lugar en Colombia la Marcha Patriótica, una masiva movilización popular promovida por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de partidos de la izquierda, que culminó en la histórica Plaza de Bolívar, justo al pié del Parlamento, la sede central del poder judicial y la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente Santos.

La asistencia resultó masiva y sorprendió a todos, incluyendo organizadores, gobierno y al coro histérico de los medios de comunicación y los tribunos de la extrema derecha que encabeza el ex-presidente Uribe Vélez y que desde el comienzo vincularon la marcha con la guerrilla. Se esperaba la concurrencia de un par de miles, pero a Bogotá llegaron más de 50.000 personas (se habla inclusive de cien mil asistentes), de suerte que la plaza se llenó con el arribo de la primera de las tres grandes marchas programadas y la mayoría hubo de seguir el acontecimiento desde las calles aledañas. De nada sirvieron los operativos de intimidación mediante los cuales las fuerzas armadas intentaron impedir el desplazamiento especialmente de campesinos e indígenas, ni la campaña de miedo que buscaba reducir a mínimos la movilización de la población capitalina. La Marcha transcurrió en perfecto orden, no se produjo ni una sola detención “por alterar el orden público”, nadie se dejó provocar por los infiltrados oficiales que buscan reventar las manifestaciones populares y que con demasiada frecuencia terminan con alguien muerto, múltiples heridos y no pocos sometidos a juicios amañados.

La prensa y las autoridades apenas se han manifestado sobre las propuestas que más de 1.700 organizaciones sociales y varios partidos políticos de izquierda aprobaron como su programa y en el cual se recogen prácticamente las exigencias más sentidas de las mayorías sociales del país: obreros, campesinos, estudiantes universitarios, docentes y maestros, comunidades negras e indígenas, desplazados, intelectuales y artistas, mineros artesanales, algunos gremios de propietarios afectados por las políticas de libre comercio, homosexuales y grupos afines, desempleados, pobres de solemnidad, recicladores y un sin número de colectivos de un país que registra uno de los niveles de desigualdad más agudos del continente y soporta la miseria de millones en contraste con la burbuja de riqueza, lujo y despilfarro ostentado por una minoría carente de todo proyecto nacional, que se mantiene en el poder desde siempre mediante métodos violentos y gracias a un sistema político excluyente.

En este contexto resulta sintomático que en lo fundamental el análisis del evento en boca de quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación (analistas e intelectuales del régimen, informadores, periodistas y autoridades civiles y militares) se reduzca a dos cuestiones que en el fondo son una sola: la financiación de esa movilización multitudinaria y su relación directa con las FARC, la mayor guerrilla del país.

Sobre el primer asunto los organizadores han dado cumplidas explicaciones. Cada grupo participante asumió los gastos de su movilización. Los coordinadores harán pública la contabilidad respectiva para acallar los rumores tendenciosos que les acusan de ser financiados por la guerrilla. Viajó a Bogotá quien pudo pagarse el transporte; fue a la capital tan solo quien pudo financiarse un hotel modesto y llevar consigo algo para su manutención, además de contar con la inmensa ayuda solidaria desplegada por miles y miles de gentes de la capital. Un contraste notorio con los eventos políticos de los partidos de la derecha, con su típico ejercicio de clientelismo y compra masiva de votos y una financiación por demás oscura. Todo un sarcasmo que sea la clase dirigente la que indague por la financiación de un movimiento popular, en un país cuyos políticos - con honrosas excepciones – han estado involucrados siempre en escándalos por el rol de los “dineros negros” en sus campañas; un país como Colombia que tan solo ahora empieza a reconocer públicamente el papel de no pocos empresarios (nacionales y extranjeros) en la financiación de las huestes siniestras del paramilitarismo, para no hablar de la generalizada corrupción que aceita convenientemente el funcionamiento de la administración pública y la misma vida de los partidos.

Intentar vincular la Marcha Patriótica con las FARC-EP va sin embargo más allá de afirmar su dependencia económica del movimiento guerrillero. En un ejercicio en realidad bastante torpe (que cuenta con la ventaja de poder acallar las voces disidentes del discurso oficial) se pregonó que la marcha podía ser infiltrada por la guerrilla. En realidad, y dada la madurez política de los partidos y organizaciones sociales que la convocaron, sugerir siquiera que la Marcha podría ser instrumentaliza no es más que una provocación burda que desconoce la solidez política de sus organizadores. No era una marcha improvisada (su preparación ha durado meses) ni ha mostrado la menor señal de falta de control en su desarrollo. No ha sido la movilización de gentes ingenuas manipulables por manos ocultas con segundas intenciones. En realidad, la única infiltración registrada fue la de costumbre: algunos agentes de los servicios de inteligencia que hicieron presencia en los actos, fueron detectados a tiempo e invitados amablemente a desistir de sus propósitos (¿aviesos?).

Pero sin duda quienes sostienen que las FARC-EP están detrás del evento como organizadores reales o al menos como inspiradores del mismo incurren en la mayor de las torpezas ya que con un tal argumento echan por tierra todo el discurso oficial que de forma reiterada y sistemática sostiene que el movimiento guerrillero no es más que un hatajo de bandidos, narcotraficantes, secuestradores y violadores permanentes de los derechos humanos, carentes de todo objetivo social y que por tanto es imposible concederles el estatus de agrupación política. De ser cierto el argumento de las autoridades ¿tantos miles están entonces detrás de tales delincuentes comunes? Y ¿cómo hacer entonces compatible su programa, de clara vocación democrática, con la afirmación que le niega a los guerrilleros cualquier objetivo político?

Tantos miles de personas de condición tan diversa; tantas organizaciones sociales y políticas plenamente legales ¿estarían entonces vinculadas al movimiento guerrillero?. Si es así, si la guerrilla consigue movilizar una cantidad tan considerable de personas – a pesar de la atmósfera de intimidación llevada a cabo en contra de la Marcha sobre todo por el ejército y la extrema derecha- no se sostiene la versión oficial que habla de un movimiento guerrillero aislado, carente por completo de apoyos sociales. Vistos los resultados de la movilización, tales apoyos no serían tan desdeñables y cualquier gobierno debería tomar el asunto en consideración. Además, si tantas personas se movilizan de forma civilizada y con reivindicaciones plenamente democráticas y eso coincide con los propósitos de la guerrilla, el supuesto vínculo (deseado o no) debería ser saludado como un paso fundamental hacia la solución del conflicto armado. No sobra recordar que renunciar al uso de “todas las formas de lucha” es exigible a la guerrilla en un proceso de paz, pero lo es igualmente para el gobierno.

Es probable que el mensaje de las autoridades, repetido hasta el cansancio por los medios de comunicación, se hizo esperando el fracaso de la Marcha; jamás esperaron una movilización popular de tales dimensiones y han sido víctimas de su propia invención. Ahora bien, el mismo discurso en manos de la ultra-derecha se convierte (en las condiciones de Colombia) en una abierta incitación a la liquidación de los líderes de la Marcha. De hecho, y cumplida apenas una semana, ya han desaparecido tres dirigentes campesinos directamente vinculados a esta movilización. Si Santos no está en capacidad de detener otro exterminio como el llevado a cabo contra la UP, su mensaje de paz carece de seriedad y no pasaría de ser otra de las manifestaciones de demagogia que ya caracterizan su acción de gobierno.

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