jueves, 26 de abril de 2012

Los derechos de los menores se pisotean a diario en Rusia

Vera Ríklina (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

Esta semana se celebra en San Petersburgo el Congreso de los Defensores del Menor de Rusia.

El evento reunirá también a los representantes de las organizaciones sociales que prestan asistencia a menores y también citará a funcionarios encargados de este asunto en 83 regiones del país. Hace una semana, el coordinador de las actividades en defensa de los menores a nivel nacional, Pável Astájov, anunció que uno de los principales temas del congreso será la búsqueda de los menores desaparecidos.

Efectivamente, en los últimos años ha aumentado el número de menores desaparecidos. Sin embargo, no son los defensores del menor, sino la policía la que debería encargarse de localizar su paradero. El problema consiste en que en Rusia los derechos de los menores como tales casi no se tienen en cuenta, de modo que los expertos se dedican únicamente a mantener coloquios e informar de sus más que modestos éxitos profesionales.

En la actualidad, los rasgos específicos de la defensa de los derechos del menor varían según las zonas geográficas. Así, en Asia se lucha contra la explotación de la mano de obra infantil y en África, contra el hambre y las enfermedades.

Europa y Estados Unidos son azotados por la denominada “orfandad encubierta”, es decir, un menor tiene una familia y vive con ella, pero nadie lo controla, ni lo educa, a veces ni siquiera se molesta en alimentarle. Se suele referir a estas familias como marginadas. Resulta que en el mundo occidental de hoy a los niños hay que protegerles, en primer lugar, de sus propios padres.

En Rusia el problema es mucho más acuciante, dado que en la mayoría de los países europeos y en EEUU el sistema de control y asistencia a los menores lleva años funcionando con eficiencia, mientras que en nuestro país sólo subsiste miserablemente en un estado de profundo subdesarrollo.

Centenares de miles de menores desatendidos

Son tantos los problemas a los que se enfrentan los menores en Rusia que los 83 Defensores del Menor no serían jamás capaces de darles solución. Más bien habría que reclutar toda una tropa de profesionales. No se dispone de estadísticas sobre los huérfanos encubiertos, porque no parece posible hacer estimaciones.

A rasgos generales, el panorama es el siguiente: de acuerdo con los datos que obran en poder de Alexei Golován, el Defensor del Menor de Moscú y hasta hace poco presidente de la Asociación de Defensores de Menores de las provincias rusas, actualmente en Rusia hay 800.000 huérfanos oficiales, aquellos menores que viven en orfanatos y están fichados por los servicios sociales por no estar bajo tutela de nadie. Son datos de hace tres años, pero es lo único que hay.

En 2009, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo públicos los resultados de un detallado estudio sobre la calidad de vida de los menores en Rusia. Según sus datos, reconocidos también por el Servicio Federal de Estadísticas del país, los órganos de tutela descubren anualmente a cerca de 120.000 menores desatendidos, otros 60.000 menores acuden cada año a los centros de salud para solicitar asistencia médica, debido a las enfermedades causadas por la mala alimentación o falta de cuidados básicos. El total asciende a algo menos de 200.000 casos anuales y es solo la punta del iceberg.

Nadie sabría evaluar cuántos niños sufren por falta de atención por parte de sus padres, sin poder todavía darse cuenta de su situación. Para hacerse una idea basta con ver el telediario: padres que se van a una discoteca y dejan solos en casa a sus niños pequeños, que mueren en un incendio. Una madre que se va de fiesta y deja desatendido a su hijo que arrastra hasta su camita el calefactor y pierde en el fuego las dos piernas. En Yakutsk, al norte de Rusia, a un niño lo tiraron por la ventana del quinto piso, en la misma ciudad un menor de ocho años murió por hipotermia en la calle, mientras sus padres alcohólicos tenían a los amigos metidos en casa.

El consumo del alcohol es una de las principales heridas de la sociedad rusa, que impide que por todo el territorio nacional los niños tengan unas condiciones de vida normales, que disfruten de protección por parte de los mayores, así como de la educación y de la asistencia médica. Y a veces incluso se les niega el derecho a la vida.

Los primeros y torpes pasos

La Unión Soviética ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990 y casi enseguida empezó a crear los organismos competentes. El cargo de los Defensores del Menor que se reunirán esta semana en San Petersburgo fue instituido precisamente por recomendación de la ONU, para que se encargaran de velar por los derechos de los niños en las regiones y coordinar las actividades del sector.

Sería incorrecto asegurar que en dicho campo no se registren éxitos algunos. Rusia va asimilando y a veces incluso con éxito las experiencias internacionales. En muchas ciudades se crearon espacios donde una mujer, sin que se le exija la identificación, puede dejar abandonado a su bebé recién nacido. Se considera que de esta forma se reduce el número de muertes infantiles en manos de sus madres.

En los últimos años en todas las provincias de Rusia se han abierto líneas telefónicas, a través de las cuales los menores pueden solicitar ayuda. Son unos pasos minúsculos, pero lo que importa es que se hayan dado.

La vicealcaldesa de Moscú encargada de la política social, Liudmila Shevtsova, comenta que los operadores de la línea de Moscú reciben entre 20 y 40 llamadas diarias, una cifra irrisoria. Es tan sólo el inicio, para dar solución al problema se requiere un trabajo largo y duro.

“Haría falta cambiar la mentalidad de la gente”, opina la psicóloga Irina Kovalióva, que coopera con varias fundaciones de ayuda a los menores. “Hasta que nuestros ciudadanos vean a los niños con otros ojos, nada cambiará”, dice la experta, que recuerda que en el ámbito rural se sigue percibiendo a los niños como si de la Edad Media se tratara, como objetos impersonales y propiedad de sus padres.

En 2010, por encargo de una fundación de ayuda a los menores, se llevó a cabo un sondeo sobre los métodos educativos aplicados por los padres rusos. Uno de cada dos encuestados reconoció propinar golpes a sus hijos, precisando que no se trataba de un azote esporádico, sino de un sistemático castigo físico.

Es decir, el 50% de los padres rusos pegan de manera consciente a sus hijos. “Y consideran que es normal”, prosigue Irina Kovalióva, “pero uno tiene que darse cuenta de que al permitirse golpear a un niño franquea un cierto límite. Da salida a sus emociones, a la irritación, al cansancio y disgusto, por muy justificados que estén dichos sentimientos.

“Al mismo tiempo, la experiencia de otros países demuestra que la situación irá empeorando”, advierte Irina. Según ella, si la persona que recurre a la violencia no encuentra resistencia -y los padres por supuesto no la encuentran- su irritación irá subiendo de grado y pegará cada vez más y con mayor fuerza. Ocurre también con las mujeres maltratadas, cuanto más aguantan, más a menudo se mostrarán violentos los hombres. “La permisividad es terrible”, concluye.

Debates sobre la justicia juvenil

Además de lanzar todo tipo de acciones y programas sociales, es imprescindible introducir una seria responsabilidad por la violación de los derechos de los menores. Así lo ve Anzhela Rógova, abogada especializada en casos de maltrato infantil. Según la letrada, un castigo inevitable podría disuadir a los padres propensos al uso de la violencia de la misma forma que puede contener a los potenciales criminales.

“Si la mitad de las madres alcohólicas tuvieran claro que además de que les pueden quitar la patria potestad podrían acabar en la cárcel por maltratar a sus hijos, se lo pensarían y mucho”, asegura la abogada, que vuelve a subrayar la necesidad de crear en el país un eficiente sistema de castigos.

Estamos hablando del sistema de justicia de menores, que está atravesando en Rusia un largo y de momento infructuoso proceso de creación, cada vez más postergada a causa de la presión de la opinión pública. En realidad es una coordinada estructura de organismos que se dedican a supervisar a los menores, los órganos de tutela y de justicia y los servicios sociales.

Los adversarios de la implantación de este sistema apuntan que en los países occidentales los vecinos son capaces de llamar a la Policía si oyen a un niño llorar durante un tiempo que les parezca demasiado. Otro argumento en contra es la supuesta privación de la patria potestad por cualquier infracción del tipo fumar en presencia de los menores. Por supuesto, es una evidente exageración. El proceso de la privación de la patria potestad lleva mucho tiempo y es muy complejo, son meses de audiencias judiciales con participación de familiares, conocidos, compañeros de trabajo, psicólogos y psiquiatras.

Los órganos de tutela de Rusia siguen más o menos el mismo protocolo, detectando a menores desatendidos por sus familias, haciéndoles un seguimiento, quitándoles a sus padres en caso de peligro y presentando demandas judiciales.

No se puede negar que la introducción del sistema de justicia de menores sea a la vez complejo y muy delicado. Sería permitir entrar al Estado dentro de las casas, ponerle al tanto de los asuntos de la familia y permitir que reglamente las relaciones de los padres con sus propios hijos.

No sería en absoluto agradable. Y a nadie le gustaría que en su piso irrumpieran los policías porque su bebé llore amargamente debido a unos cólicos. Sin embargo, los vecinos podrían haber avisado a la policía, cuando el pequeño se estaba quemando vivo en su cuna, que se había incendiado con el calefactor.

De modo que el principal objetivo de los Defensores del Menor de Rusia en los próximos años debería ser la elaboración y la propaganda de las medidas de la justicia de menores. Solo entonces la sociedad rusa reconocerá a los menores sus derechos y los congresos de los expertos pasarán a tener sentido.

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