Betiana Spadillero Gaioli (ANALISIS DIGITAL - INFOALTERNATIVA)
El cautiverio de Román comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando fue llevado al Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues. Allí tuvo oportunidad de hablar con el teniente coronel Naldo Miguel Dasso -imputado en la causa-, quien le informó que tenía en su poder “suficiente documentación que lo comprometía con grupos de la subversión”. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de Gualeguaychú y compartió el calabozo con Durantini, hasta principios de julio, cuando los llevaron en un avión Hércules al penal de Coronda. “Además de las esposas nos vendaron los ojos y nos pusieron una capucha negra. Cuando nos subieron al avión, nos sentaron en línea y nos encadenaron. Ahí sufrimos todo tipo de apremios y agresiones… Por maldad, porque no hacíamos nada”, remarcó. El calvario de los presos políticos se extendió hasta el 23 de diciembre de 1976, aunque las persecuciones prosiguieron.
Aunque estaba previsto que el Tribunal escuche las declaraciones de varios testigos, sólo Félix Donato Román se presentó este miércoles en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; donde se sigue el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la Costa del Uruguay, durante el Terrorismo de Estado.
Por la causa vinculada a los crímenes ocurridos en Concordia -que se agrega a las de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú- están imputados el teniente coronel Naldo Miguel Dasso, quien estaba a cargo del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues en Concordia; y el ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar, Albano Harguindeguy.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de junio, a las 10.
“Decían que ‘a los subversivos hay que eliminarlos de semilla’”
Sin dejar afuera detalles, Félix Román reconstruyó no sólo su detención sino además hechos anteriores a la última dictadura. Cuando las Fuerzas Armadas usurparon el poder de Estado, tenía 29 años, estaba al frente del sindicato de empleados municipales de Concordia y tenía un compromiso con el trabajo barrial.
“Era afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), pero dentro del partido no tenía mucho lugar para discutir mis ideas, por lo que empecé con una actividad por fuera y me contacté con personas que militaban en otros espacios”, contó.
La detención ilegal se produjo el 24 de marzo de 1976, alrededor de las 6 de la mañana, cuando se aprontaba para ir a la comuna. “Rodearon mi casa con un operativo militar integrado por Gendarmería, la Policía y el Ejército. Eran 25-30 efectivos. Recién me había levantado, cuando sentí un golpe tremendo en la puerta de mi casa. Mi esposa miró por la ventana y gritó ‘son del Ejército y te vienen a buscar’”.
Señaló que al salir de su domicilio se encontró con unos siete u ocho militares armados, que le gatillaron. “Por favor, que yo estoy desarmado”, les pidió a los uniformados. Luego, uno de los superiores le puso un revólver en la cabeza y lo separó. En tanto, a su esposa le apuntalaban varios efectivos, mientras sostenía en brazos a uno de sus hijos y el otro se agarraba con firmeza de su pierna. Los niños tenían solamente cuatro y un año y medio.
Alarmada por los gritos, llegó hasta el lugar la madre de Román quien se sumó al pedido de que no lo mataran. “No sé por qué actuaron de esa manera tan alevosa, tan sin piedad, sin compasión”, remarcó el testigo, muy emocionado.
El operativo duro como media hora, e incluyó un allanamiento a su casa. “Revisaron todo de forma agresiva, sin control. No sé qué buscaban, qué querían. Al término de unos 20 minutos, vino uno y dijo ‘está limpio, podemos irnos’. Me esposaron y llevaron a un Unimog. Me tiraron sobre el camión boca abajo y el superior que me apuntó en la cabeza le dijo al resto ‘cualquier intento tienen que tirar a matar’”.
El ex preso político resaltó que el operativo era comandado por el Ejército, más allá de la participación de otras fuerzas. De hecho, lo trasladaron al Regimiento de Caballería, pero antes dieron vueltas por algunos barrios concordienses. “Seguramente, estaban buscando a otras personas. Pararon en otro domicilio y siguieron”, evaluó.
Félix Román fue el primer detenido en ser alojado en los barracones del Ejército, donde habían improvisado unas camas. A partir de ese momento permaneció incomunicado, no podía hacer tampoco ningún tipo de movimiento. “Después empezaron a llegar otros, habremos sido en total, entre ese día y el siguiente, unas 40 personas”.
Entre los detenidos hizo especial hincapié en el abogado laboralista Julio Héctor Mairama, quien había presentado habeas corpus por los casos de detenciones antes del golpe de Estado. Además, su estudio había sufrido un atentado, cuyo caso nunca se esclareció. Lamentó profundamente la privación ilegal de la libertad del letrado y el triste final que decidió tomar.
En el Regimiento estuvieron unos 12 días, sin orden de arresto ni proceso. Sí tuvo la posibilidad de mantener un encuentro con el teniente coronel Dasso. “Como al tercer día, me tomaron una declaración indagatoria. Dasso me pidió que diga la verdad sobre el Estatuto de Reorganización Nacional y yo le respondí que diría la verdad sobre la Constitución Nacional, que era lo que me amparaba”, relató.
“Me preguntó si sabía por qué estaba detenido y le dije que mis actividades eran lícitas y a la luz del día, que no perseguía ningún interés económico y que lo hacía porque estaba comprometido con la gente necesitada”. La respuesta del jefe del Área de Defensa 225 fue que lo detuvieron porque las Fuerzas Armadas tenían “suficiente documentación que lo comprometía con grupos de la subversión y con grupos armados”. No obstante, no le exhibió esas pruebas ni dio mayores explicaciones.
“Estábamos a merced de esos señores que decían que yo era un elemento peligroso para la sociedad. Pensaba qué paradoja, porque ellos sí eran peligrosos, eran delincuentes, armados y estaban sueltos. Eran ellos los que estaban disponiendo de la situación como se les antojaba, porque no tenían límites”, recalcó en ese sentido.
Ante la consulta del fiscal Federal José Ignacio Candiotti, Román refirió que su familia pidió información y que Dasso les dijo que su situación dependía del Ministerio del Interior de la Nación, que en ese momento estaba a cargo de Albano Harguindeguy.
Asimismo, realizaron un habeas corpus y sus hermanos peregrinaron por diferentes ciudades tratando de localizarlo. También preservaron como prueba una lista publicada en el diario El Heraldo, con los nombres de los detenidos.
Continuando con su relato, Román indicó que un grupo de presos fue enviado al penal de Concepción de Uruguay y el resto a la cárcel de Gualeguaychú. “Allí el padecimiento fue tremendo, horrible. Me alojaron en un calabozo mugriento, deplorable. Lleno de ratas, de cucarachas… Ahí tuve que convivir durante casi 6-7 días de mi vida, totalmente aislado”.
A los pocos días llegó Juan José Durantini. “Nos dieron unos colchones y tuvimos que acondicionar el calabozo, con lo que podíamos”. Las horas eran interminables en ese centro clandestino de detención, donde la fuerza buscó diversas maneras de someter psicológicamente a los presos políticos. El deponente subrayó que “había muchas personas que estaban hechas mierda”, entre ellos, su compañero de calabozo: “Durantini estaba muy mal y yo lo tenía que alentar para que no se volviera loco”, confió, tratando de no quebrarse.
Comentó que “había rumores de que había una especie de afloje en el trato” y de que les iban a dar la libertad. “Se suponía que iba a ser como los golpes militares anteriores. Pero para sorpresa nuestra, no nos dejaron en libertad sino que además aumentaron el rigor. Nos daban de comer una vez al día. Estábamos totalmente hacinados, no nos podíamos bañar”, describió.
“Uno de los comentarios que más terror me causaba era que éramos rehén de guerra, que nos iban a matar a nosotros y a nuestra familia. Decían que ‘a los subversivos hay que eliminarlos de semilla, porque son la escoria humana, lo peor de la sociedad’”.
Interpelado por la querella, contó que recibió atención espiritual del padre Fortunato, quien los ayudó a gestionar una visita de sus familiares. “En mi caso fue mi esposa, mis hijos y mi hermano. Fue otra tortura, porque nos dieron media hora nada más”.
A principio de julio se realizó el segundo traslado, esta vez al penal Coronda. Según interpretó el testigo, las decisiones eran dictadas por Juan Miguel Valentino, entonces jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II con asiento en Gualeguaychú. Si bien aclaró que mientras estuvo detenido no pudo ver personal del Ejército dentro de la cárcel, remarcó que se sabía que “era el jefe de área y el que daba las directivas hacia el jefe del penal”.
El operativo se llevó a cabo a primera hora de la mañana. Los trasladaron en un colectivo con las ventanas tapadas al aeropuerto local. “Además de las esposas nos vendaron los ojos y nos pusieron una capucha negra. Cuando nos sacaron del colectivo y nos subieron al avión, nos sentaron en línea y nos encadenaron. Ahí sufrimos todo tipo de apremios y agresiones… Por maldad, porque no hacíamos nada”.
“Sentían placer de pegarnos, porque no se justificaba”, insistió.
En la cárcel de la ciudad santafesina los depositaron en una oficina y sacaron la capucha. Las condiciones infrahumanas se repitieron en ese penal. “No sé cómo pudimos sobrevivir al frío y a esas circunstancias. Estuvimos bajo un régimen totalitario, extremo, hereje, perverso… Sometidos a todo tipo de torturas psicológicas”, narró.
Junto a Durantini y otros presos políticos, Román vivió ese tormento hasta el 23 de diciembre de 1976. Entonces los trasladan en un colectivo hasta Paraná, donde el general Juan Carlos Ricardo Trimarco los dejó en libertad. “Nos dijo ‘ustedes tendrán que comprender, pero esto es una guerra’”.
Tras la liberación, continuaron en “un estado de conmoción permanente, un clima de extrema vulnerabilidad”. Las persecuciones prosiguieron, sumadas a las dificultades para tener una vida normal y conseguir un nuevo empleo. Recién con el retorno de la democracia en 1983, volvió a meterse de lleno en la actividad política, puntualmente, en el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR.
Para cerrar su declaración, Román refirió a los trabajos de seguimiento de las fuerzas de seguridad antes de concretarse el golpe de Estado. Mencionó que sabía que en Inteligencia de la Policía de la provincia estaban Bressán, Monzón y Palacios. También conoció en persona al comisario Ramón Campbell, debido a su participación en la actividad gremial.
En ese orden, señaló que a Durantini lo detuvieron en democracia, por una publicación que salió en su diario. Se trataba de una lista anónima con amenazas dirigidas a personas “marcadas” como subversivas. Según apuntó, Durantini fue detenido a causa de esa publicación y en 1976 ese antecedente le valió una nueva privación ilegal de su libertad.
Por todo ello, instó a la Justicia a que también se investigue a “quienes realizaban atentados, detenciones y torturas”, con anterioridad al 24 de marzo de 1976; y destacó que con la aprobación de la Ley Antisubversiva, en septiembre de 1974, empezaron las persecuciones.
“Si queremos hacer una reivindicación por todas las injusticias que se cometieron y por la memoria de los compañeros, que tenían derecho a vivir como tenemos todos, debemos también investigar estos hechos”, exhortó.
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