martes, 8 de mayo de 2012

Inversión privada y soberanía

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

El Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht, se permitió en las últimas horas reiterar las amenazas colonialistas a Argentina y a los gobiernos autónomos de la región, porque acusan “una tendencia creciente al proteccionismo”. Esa falta de respeto, estimula a incursionar en algunas precisiones en honor a la decencia humana.

Desde que nació el capitalismo, el proteccionismo ha sido una de las armas empleadas por la minoría de naciones fuertes, para someter a la inmensa mayoría de naciones, a las cuales, la doctrina liberal, fundamento ideológico del sistema, otorgó el privilegio de ser simples exportadoras de materias primas para garantizar el desarrollo industrial de las potencias, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Estados Unidos, etc.

El proteccionismo ha sido durante los dos últimos siglos, el gran obstáculo para el ingreso a los mercados del norte de la producción de los países del subcontinente americano, y de Africa y de Asia, desde donde sólo les ha interesado explotar al máximo los esclavos, los recursos naturales, sumando la succión sistemática de un gran número de brillantes profesionales, el robo de infinidad de obras de arte y la alienación cultural.

La acción colonialista, una de las expresiones del capitalismo, como lo son el nazismo y el fascismo, a diferencia de los intelectuales alquilados que pretenden presentarlos como disociados, es una de las más grandes abyecciones en la historia de la sociedad humana.

Su enemigo por siempre odiado es la rebelión popular, el pueblo desangrándose en reclamo de sus derechos al bienestar, a la justicia e igualdad de oportunidades, y esa es la razón por la cual las potencias, que han crecido en buena parte usurpando esos derechos y nuestras riquezas del subsuelo y de tierras, agua y bosques, reaccionan con virulencia cada vez que aparece un gobierno sensible ante los intereses del pueblo.

El gran temor de los Estados decadentes europeos, que han convertido cada país en un nuevo tipo de colonia en beneficio del imperio estadounidense, cuyas recetas políticas y económicas aplican a raja tabla, es que los gobiernos democráticos y progresistas que se abren paso en Latinoamérica, representen la puerta de entrada de procesos más hondos, camino hacia la transformación de las viejas estructuras socio-económicas.

El sonado caso de la recuperación de 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por el Gobierno de Argentina, ha generado una furiosa campaña de la cofradía cavernaria transnacional, encabezada por partidos de la derecha y el apoyo de los medios comerciales de prensa, profiriendo toda clase de amenazas y advertencias de que los capitales extranjeros van a huir de la región.

Varios abordajes temáticos aporta el asunto. Entre los primeros, la necesidad de aclarar que tanto en Argentina como en Bolivia, donde el gobierno despojó de la explotación de la electricidad que también estaba en manos de una transnacional de origen español, en ninguno de los dos casos se trata de expropiación ni de nacionalización, sino que simplemente son decisiones soberanas para recuperar recursos naturales entregados en sucios negociados de gobiernos sucios, enemigos del patrimonio nacional.

Pero quizás lo más importante de esta polémica abierta entre gobernantes que siempre nos han ninguneado y dirigentes y pueblos con sentido patriótico, es que ha llegado de nuevo otra oportunidad histórica para que la ciudadanía presione a los tres poderes del Estado para que establezcan las reglas del juego que debe respetar la inversión privada.

Es cuestión elemental de soberanía nacional. El capital privado en la concentración de tierra aumenta en forma alarmante en Latinoamérica y el Caribe, con “efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”, dice un reciente informa de la FAO.

¿Qué hacen los gobiernos, incluso algunos con tinte progresista como el uruguayo?. Autorizar las ventas, como en un local de remate, en beneficio de inversionistas que están copando la región, desde Europa, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Corea del Sur, que ya tiene 2.3 millones de hectáreas compradas en dos o tres países, China con 2.1 y Arabia Saudita 1.6 millones.

Uruguay, país vulnerable, se ha ido salvando en parte porque el Estado detenta el 51 por ciento de las acciones de varias empresas públicas, dando oportunidad de operar y beneficiarse al capital privado, pero no para apoderarse del país y hacer lo que se le antoje, como hacen las transnacionales, de las que un ejemplo es REPSOL, al extremo que estaba negociando la venta a China, pasando por encima del Estado Argentino.

Hace unos pocos años la Secta Moon compró cientos de miles de hectáreas en el Chaco y la operación se hizo entre capitalistas en Buenos Aires, sin que Asunción se enterara, en uno de los tantos casos de pérdida de soberanía, como está ocurriendo en este tiempo en Paraguay con el oro, el titanio, el uranio, la electricidad u otros recursos de inmenso valor, que se los están llevando sin intervención del Estado.

La prospección, extracción, explotación, gestión y administración de los recursos naturales requiere control público, que se debe ejercer a través de las autoridades electas por la ciudadanía, las cuales tienen la obligación de velar porque lo que el país produce redunde en su desarrollo, gravando a quienes más tienen y, en particular, a la producción exportada que, por ahora, sigue engordando los paraísos fiscales.

El Estado, en un primer acto de plena soberanía, debería informarse de la naturaleza, trayectoria, capacidad financiera y planes de cada inversionista, y ahí se podrá verificar fácilmente que las transnacionales como Río Tinto, las del agronegocio y de los minerales que están en el país, carecen de honorabilidad en sus cartas de presentación.

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