Adrián Camerano (PRENSA RED)
Nadie piensa en clausurar los cortaderos de ladrillos en Córdoba, eliminar las plantaciones de ajo en Mendoza o cerrar sin más los talleres de costura en Buenos Aires. En todas esas actividades desde hace décadas se registran trabajadores sometidos a esclavitud, sometimiento y denigración.
Sin embargo, ante similar situación, las prostitutas cordobesas ven amenazado su derecho a trabajar: en la declamada “lucha” contra la trata de personas, la propuesta provincial y local de cerrar cabarets y whiskerías se postula como la principal solución a una problemática compleja y delicada.
Más que salvar el asunto, la “marketinera” medida permite augurar mayores inconvenientes y promete riesgo absoluto para quienes desde siempre trabajan en condiciones que arañan el umbral de lo tolerable.
No está en cuestión la necesidad de combatir la trata de personas, una afrenta imperdonable a los Derechos Humanos, impropia de una sociedad que tenga a éstos como ética de una democracia avanzada.
Pero es necesario separar la paja del trigo: trata no es prostitución, ni prostitución es sinónimo de droga. Es oportuno plantear esto último, porque no casualmente el Gobierno Provincial presentó conjuntamente dos proyectos de “lucha” contra ambos flagelos.
Así, se pretende hermanar asuntos que no necesariamente van de la mano: hay drogas en los prostíbulos como en tantos otros lugares; hay trata en los burdeles como en otras actividades, tanto o más denigrantes. El necesario debate sobre la trata, por otra parte, no puede partir de la criminalización y la persecución al más débil, al por siglos estigmatizado.
Y debe principalmente respetar derechos básicos; si no hubiera vidas en juego, sería hasta cómico lo que se escucha y lee: un planteo desde una supuesta perspectiva de derechos, que propone como medida central el cercenamiento de uno, el derecho a trabajar, y por ende a subsistir. Nada menos.
Cerrar whiskerías y cabarets no eliminará la trata, la clandestinizará y bajará aún más los ya pobres estándares de regulación y control. En lugar de luz, echará aún más sombras en el accionar de las mafias que operan en el negocio. Precarizará aún más la situación de los hombres y mujeres sometidos. Y pondrá en riesgo. “Esta ley nos mata” dicen las afectadas, y no metaforizan.
Es por eso que el debate amerita mesas amplias, miradas integrales, escaso apuro y poco cortar y pegar. Despejar el prejuicio cultural, para poder de verdad mejorar la vida de las personas, no cercenando, sino escuchando, aprendiendo, otorgando herramientas y facilitando el acceso a las tan declamadas oportunidades iguales.
Es falaz que en Alta Gracia se permita lo que la Nación prohíbe: whiskerías y cabarets están avalados, los prostíbulos no. Y si en los primeros hay prostíbulos encubiertos, para eso está el Estado, con un rol algo olvidado, el de inspección, control y fiscalización. Y es también falaz la necesidad de “resocializar”, “insertar laboralmente” o “contener” a las trabajadoras sexuales.
Como si fuesen extraterrestres, y no nuestras vecinas, parte de nuestra sociedad: ya están “contenidas”, ya están socializadas, ya tienen trabajo. Quizás no el más conveniente ni el que más les gusta, en el marco de un sistema capitalista en el que pocos trabajan de lo que les place y pueden subsistir de ello. Donde las mayorías hacen volteretas para ganarse el pan. Ellas también las hacen, sólo que en la cama y para parar la olla. A algunas “almas bienpensantes” parece ser eso lo que en verdad les molesta.
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