Ulises Canales (PL)
A sólo un día de la segunda vuelta para elegir presidente, con el Parlamento disuelto, sin Constitución, y amplios poderes dados a la policía militar para arrestar a civiles, esta nación árabe se adentra a una etapa muy peligrosa y de elevada explosividad política y social.
Para analistas locales y diplomáticos occidentales, a estas alturas resulta intrascendente el veredicto de la Corte Suprema Constitucional (CSC) que el jueves ratificó la candidatura de Ahmed Shafiq, último primer ministro que designó Hosni Mubarak antes de dimitir en 2011.
Shafiq se benefició -y sus poses y tonos discursivos inducen a creer que lo sabía de antemano- de la decisión del referido tribunal que declaró inconstitucional la ley de privación de derechos políticos.
De estar a punto de completar un ciclo de revueltas, cambios de gobierno, manifestaciones, elecciones y transferencia del poder a civiles, Egipto acaba hacer una suerte de "viaje circular" con el otro fallo de la CSC que invalidó un tercio del parlamento bicameral.
La ley de privación de derechos había sido aprobada en abril por un Legislativo dominado por los partidos Libertad y Justicia (PLJ, de la Hermandad Musulmana) y El-Nour (salafista), que junto a otras fuerzas islamistas controlaron casi el 70 por ciento de los escaños.
La inhabilitación de esa normativa se asoció con la inconstitucionalidad del reglamento para elegir el parlamento, mediante el cual los partidos políticos pudieron registrar a sus afiliados en las listas abiertas para candidatos independientes.
El sistema egipcio establece que dos tercios de los escaños se eligen por listas cerradas de partidos y el tercio restante por listas para personas sin filiación a grupos políticos, lo cual violaron el PLJ y El-Nour para tener abrumadora mayoría.
Argumentada o no, la anulación de un tercio de las curules lleva, por añadidura, a disolver el resto de la cámara apenas cuatro meses después de completada, y ello fortalece aún más al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) que retuvo, otra vez, el Poder Legislativo.
"Lo más parecido a un golpe de Estado para favorecer a la vieja guardia y al Ejército", "golpe de Estado suave", dijeron indistintamente analistas y egipcios de a pie que anoche improvisaron una acalorada tertulia en la mítica plaza Tahrir.
A nadie escapa el hecho de que la sentencia la pronunciaron magistrados en el cargo desde la época de Mubarak, por lo que le atribuyen una parcialidad a favor de los militares, el eslabón esencial del anterior régimen, que muchos equivocadamente creyeron fenecido.
De igual modo, entre los congregados durante la madrugada en Tahrir predominó la idea de que el veredicto de la CSC exacerbaría nuevas protestas e, incluso, "la segunda revolución", porque es un intento de la élite gobernante de dar una estocada letal al clamor democrático.
Egipcios laicos y liberales, reacios o escépticos a apoyar al candidato de la Hermandad Musulmana (HM), Mohamed Morsy, advirtieron que el fallo judicial tuvo "móviles políticos" para frenar la ambición islamista de dominar el parlamento y, eventualmente, la presidencia.
Al respecto, se disipan las dudas de que el CSFA, aunque jura no apoyar a ningún aspirante, es un baluarte contra la influencia y el poder de los islamistas en Egipto, justo cuando esa corriente política se radicaliza en Túnez y muestra ascendente protagonismo regional.
Pero ni siquiera las elecciones tienen garantizado transparencia y éxito, con independencia de quién resulte vencedor y de qué porcentaje de los más de 50,4 millones de votantes potenciales acuda a las urnas, y todo ello también incide en la zigzagueante transición democrática.
Más que carisma propio, Shafiq debe su pase a la segunda vuelta -amén de imputaciones de fraude de algunos sectores populares- a la aún sólida estructura del desmantelado Partido Nacional Democrático.
Aunque desde un polo opuesto, esa característica del exministro de Aviación Civil es común a su contrincante Morsy, cuyo liderazgo es tan dudoso como incontestable es el respaldo que tiene en estratos populares pobres la cofradía musulmana nacida en 1928.
Para Shafiq, se trató de un "veredicto histórico que pone fin a una etapa de ajustes de cuenta políticos", Morsy, en cambio, no tuvo más opción que aceptar la sentencia que deshizo el camino de la Hermandad.
"Nuestros miedos nos empujan a trabajar, y el pueblo egipcio de todos los estratos de la sociedad saldrá a decir sí a la revolución y no a quienes desean violar sus sueños", expresó el ingeniero islamista al dejar entrever temores de fraude electoral.
Al mismo tiempo, criticó al ministro de Justicia, Adel Abdel Hamid, quien el miércoles concedió al personal de la policía militar el derecho de arrestar a civiles. "Parece como si la ley de emergencia (derogada el 1 de junio) estuviera regresando", ironizó Morsy.
Pero en un escenario de sobrado oportunismo político, la pregunta de rigor es si ahora la HM escalará su confrontación con el CSFA o si usará la coyuntura actual como oportunidad para volver a intentar algún tipo de acuerdo con la cúpula castrense.
Fuere como fuere, expertos regionales creen que la CSC ofreció a Egipto "la peor salida posible" y la prometida transferencia del poder a un gobierno civil podría estar "técnicamente anulada" con un "golpe de Estado suave" que los militares no escatimarán en aprovechar.
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