Irina Santesteban (LA ARENA)
La ley 25932, sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2004, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fuera adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en diciembre de 2002.
Dicha norma establece que "la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos", y que el Protocolo debe servir para proteger de esas prácticas a las personas privadas de su libertad.
Ese instrumento legal responsabiliza a los Estados parte por los hechos de tortura que se realicen en su jurisdicción, y extiende esa responsabilidad a todos los Estados firmantes, en el entendimiento que los mecanismos de aplicación internacional fortalecen el combate contra esas prácticas.
Prevención
Además, el Protocolo afirma que "los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención", para lo cual se adopta un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención.
Así, la ley que aprueba este Protocolo, establece en su artículo 1 que se debe adoptar un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En la normativa se define a las personas privadas de libertad como aquellas que padecen "cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente".
Trato degradante
Nuestro país tiene una trágica historia respecto al trato de las personas detenidas, sea legal o ilegalmente. A pesar que la Asamblea del Año XIII abolió los instrumentos de tortura, que hasta ese momento eran permitidos, los tratos inhumanos y degradantes siguieron siendo habituales, desde el cepo hasta el submarino, pasando por los golpes y la tristemente célebre picana eléctrica, inventada en las celdas argentinas.
Las dictaduras militares del siglo pasado, hicieron una práctica común de la tortura, hasta llegar al sistemático plan de exterminio que tuvo como escenario más de 500 centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, inaugurado el 24 de marzo de 1976. Justo es reconocer que también durante los períodos democráticos, las fuerzas de seguridad continuaron con varias de estas prácticas aberrantes, aunque acotadas por denuncias imposibles de hacer en los gobiernos militares.
Casos concretos
Los hechos sucedidos en la comisaría de General Güemes, en Salta, captados por un video que fue subido a Internet y difundidos la semana pasada, muestra a dos jóvenes esposados, en calzoncillos, a quienes se los moja con baldes de agua en pleno invierno (los hechos sucedieron en julio del año pasado) y la práctica del "submarino seco" (colocar una bolsa de plástico en la cabeza del detenido y ajustarla hasta que éste se asfixia por falta de aire). En febrero de 2011, se difundió un video similar, mostrando las torturas y golpes infligidos por penitenciarios a detenidos en una cárcel de Mendoza.
Aunque mirar estas imágenes resulta un ejercicio doloroso, las mismas han servido para que se detenga a los responsables y también para actualizar el debate sobre las prácticas aberrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarios en nuestro país, tanto provinciales como nacionales, sea en las provincias o en la propia Ciudad de Buenos Aires.
Más denuncias
Hace algunos meses en la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador Gabriel Mariotto comenzó a visitar las cárceles del sistema penitenciario provincial, acompañado de funcionarios y de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria. En una de esas visitas, según cuenta el periodista Horacio Verbitsky, quien como titular del CELS acompañó a Mariotto en algunas oportunidades, los presos contaban hechos espeluznantes, dignos de películas yanquis de bajo presupuesto y altas dosis de violencia. Según estas denuncias, los agentes del servicio penitenciario bonaerense utilizan con frecuencia a los presos para instaurar un régimen de terror al interior de las cárceles, producir salidas para cometer delitos, e incluso para asesinar a otros reclusos, en una suerte de juego de "bandas". Todo ello, llevado a cabo por personal que paga el Estado, en instituciones donde ese Estado es responsable de la seguridad de las personas allí detenidas, y utilizando los
recursos que deberían servir, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, para "seguridad y no para castigo de los reos".
Moneda corriente
Si esto sucede en los establecimientos carcelarios, la situación en las comisarías, por lo menos en la mayoría de ellas, no es muy diferente. El maltrato, los golpes, las vejaciones y hasta la tortura, como muestra el video de Salta, son moneda corriente, con un mayor ensañamiento hacia los jóvenes de sectores humildes.
Uno de los dos muchachos que aparece en el video, declaró a la prensa que siempre "lo llevaban" los policías y lo golpeaban, que no sabía por qué lo hacían y que nunca entendió la razón de esas detenciones y esos tormentos. Es que pertenecer a un "barrio pesado" de General Güemes, seguramente con altos índices delictivos, es suficiente para que los agentes policiales se consideren con derecho a actuar de esa manera.
Esa es la lógica de la actuación de la mayoría de las policías en nuestro país. Y no porque esas prácticas se impartan en los cursos de instrucción de la policía de ninguna provincia. Pero no es casual que en casi todas -y es difícil saber cuál es la excepción a que hace referencia el "casi"-, las prácticas se repitan.
Justicia que mira y no ve
A pesar de la situación que se vive en las cárceles y las comisarías, la mayoría de los jueces y funcionarios judiciales que tienen a su cargo velar por la seguridad de los detenidos, miran para otro lado. Son muy pocos los funcionarios del Poder Judicial que visitan periódicamente las cárceles y que se preocupan por investigar las denuncias de apremios ilegales que formulan los detenidos o sus familiares.
Quizás influidos por la propaganda a favor de la "mano dura" y del argumento que suelen utilizar sus defensores, de que "los presos entran por una puerta y salen por la otra", muchos magistrados prefieren ignorar los hechos, para no ser objeto de la crítica de los medios de prensa amarillistas que repudian a los funcionarios "garantistas".
Quien actúa de esa forma, omitiendo denunciar e investigar hechos de esta naturaleza, teniendo la obligación de hacerlo, está violando la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales como el Protocolo que fue aprobado por la ley 25932.
Inagotable
La Argentina es hoy uno de los pocos países que ha investigado y condenado, y lo sigue haciendo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, tanto las que sucedieron durante la dictadura militar de 1976-1983, como las ocurridas anteriormente, durante la Triple A. Las condenas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad constituyen un logro que llevó muchos años de lucha, que dejaron atrás la impunidad de leyes e indultos presidenciales, y también la actuación de jueces y fiscales que no investigaban. En ese camino está hoy nuestro país.
Pero la defensa de los Derechos Humanos no se agota en el juicio y castigo a los responsables de esos horrendos crímenes del pasado.
Las prácticas denigrantes y vejatorias de las fuerzas policiales ya no pueden ser achacadas a "resabios de la dictadura" porque la mayoría de quienes hoy cometen estas torturas no estaban en aquellos años. Pero aprendieron de aquellos "maestros" cómo pegar para no dejar marcas, cómo aplicar la picana eléctrica y cómo practicar el "submarino seco".
Pocos cambios
La ministra de Seguridad de la Nación es responsable de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Las fuerzas policiales provinciales dependen de sus respectivos gobiernos, y allí radican los mayores problemas, porque parece que nadie puede (ni quiere) reconocer el problema y corregirlo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, también ha expresado preocupación por esta realidad, pero hasta ahora no se han logrado cambios notorios. Al contrario, según los informes de organismos internacionales, en algunas provincias y en particular en la de Buenos Aires, la situación es más grave, con el hacinamiento en las cárceles y gran cantidad de "suicidios", que son en realidad asesinatos.
Desterrar la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, debe ser una prioridad para estos funcionarios. Sus responsables no sólo deben ser apartados de las fuerzas de seguridad, sino también ser enjuiciados y condenados.
Formar policías respetuosos de los derechos humanos, que sean verdaderos "servidores públicos" y no verdugos de los jóvenes pobres, es un objetivo a alcanzar cuanto antes, si de verdad queremos vivir en una sociedad democrática.
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