lunes, 23 de julio de 2012

Boletín Informativo de CORREPI

Torturas: No es una “cultura”, es una política de Estado / Solidaridad con la lucha de las Asambleas Antiminería / Hospital Garrahan: Siete años después, el juicio / Hay una banda de delincuentes... / Mineros asturianos: imágenes del sistema.
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Torturas: No es una “cultura”, es una política de Estado
La difusión en Internet de un video obtenido con un celular que muestra la sesión de tormentos a la que son sometidos dos jovencitos en una comisaría de Salta provocó que el tema fuera “noticia” destacada en todos los medios del país. Como cuando se hizo público aquel otro video que mostraba a los marines yanquis torturando prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib de Irak, la crudeza de las imágenes provocó indignación y “sorpresa” entre quienes sólo se alarman por estas prácticas cuando no les queda más remedio ante lo irrefutable de la filmación.
El video salteño no muestra nada diferente a lo que cualquier vecino de cualquier barriada popular puede describir por experiencia propia o de algún familiar, amigo o conocido. El apaleamiento, el submarino seco o “bolsita”, el “pata pata”, las torturas con agua, son algunos de los métodos habituales de tormentos que se aplican a diario en comisarías, cárceles y otros lugares de detención. Pero, como de costumbre, no basta que las víctimas que se animan a denunciarlo, y las organizaciones antirrepresivas lo denunciemos a los gritos. Sólo estalla el escándalo cuando es imposible negar la realidad, al mismo tiempo que se buscan una y mil “explicaciones” para confinarlo a un “episodio aislado”, un “exceso”, o el resultado de una “cultura de las fuerzas” que reduzca el espanto que muestra la filmación del hecho cotidiano a un suceso extraordinario.
Así funciona el sentido común de la burguesía, especialmente la que se tilda de “progresista”, que prefiere no conocer los métodos con los que se garantizan a diario los privilegios de su clase, pide que los verdugos hagan su trabajo en silencio y en secreto, y protesta si la sangre salpica sus lustrados zapatos.
Es que, cuando la tortura se hace visible, desde la vereda de la “defensa de la institucionalidad” se reclaman más controles, mejores leyes, y la infaltable “participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas de seguridad” para negar su carácter de política de Estado. En esa línea actúan los comités contra la tortura de la ONU o la OEA, los Observatorios Mundiales, y organizaciones como Amnistía Internacional o el CELS, que admiten el uso sistemático de la tortura en el mundo, pero siempre como “vicio” inherente de países con regímenes autoritarios, o como resultado de “desbordes” o “culturas autoritarias de una fuerza” en países democráticos “con instituciones débiles y faltas de suficientes controles”. Se plantean, entonces, como su objetivo, transformar en “democráticos” a los primeros y evitar los desbordes en los otros, y, mientras tanto, lograr en los casos puntuales el castigo del perpetrador individual y la reparación de la víctima. Buen ejemplo de ello es lo que afirma, a propósito del video salteño, el comunicado emitido por el CELS: “...las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país”. Así, proponen “avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país”.
Esa aparente contradicción que genera la convivencia de la tortura con el moderno estado de derecho es, en realidad, la más sofisticada manera que la democracia ha ideado para seguir usando los métodos inherentes a la dominación, mientras avanza en su permanente búsqueda de consenso, al son del repudio formal a las prácticas que no sólo usa, sino que, siempre que puede, legitima y ampara. Los que se horrorizan ante los casos concretos, pero defienden el sistema que los origina, no pueden ver, porque el mito del estado de derecho cubre sus ojos con una venda inexpugnable.
Porque la tortura sigue siendo imprescindible, para el Estado moderno, como medio para lograr el disciplinamiento, el control social tan necesario para que unos pocos puedan dominar a una mayoría oprimida. Mejor lo explica F. Fanon en un breve párrafo de “Los condenados de la tierra”: “...después de varios días de vanas torturas, los policías se convencieron de que se trataba de un hombre apacible, totalmente ajeno a cualquiera de las redes del F.L.N. A pesar de este convencimiento, un inspector de policía dijo: ‘No lo dejen ir así. Apriétenlo un poco más. Así cuando esté afuera se mantendrá tranquilo’”.

Solidaridad con la lucha de las Asambleas Antiminería
Desde el 9 de julio, integrantes de las asambleas contra la megaminería estaban acampando en Cerro Negro, Catamarca, en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al mismo tiempo que se mantienen los bloqueos selectivos en Susques, provincia de Jujuy, y en Tinogasta y Andalgalá, para hacer visible la lucha que vienen llevando adelante hace ya mucho tiempo.
A partir del viernes 13, la tensión creció, con la conformación de grupos de choque promovidos por el gobierno de la provincia y las municipalidades de Belén y Tinogasta, además del traslado de grandes cantidades de efectivos policiales.
“Sabemos que es para desbaratar el campamento, todavía no hemos bloqueado nada, sólo estamos acampando al costado de la ruta, a los que estén cerca de Cerro Negro les pedimos que vengan, a los demás que se movilicen donde estén", denunciaba Darío Moreno, uno de los integrantes de la asamblea Tinogasta por la Vida , al mismo tiempo que Adán González, funcionario de la Secretaría de Minería municipal y referente del Frente para la Victoria, salía por los medios locales impulsando un “antipiquete” para oponerse al bloqueo selectivo de las Asambleas.
El miércoles 18, en apoyo de la lucha de las Asambleas contra la megaminería, militantes de varias organizaciones (Movimiento Popular La Dignidad; MTR 12 de abril; Movimiento Justicia y Libertad; Agrupación Kiki Lezcano; MTD Aníbal Verón de Esteban Echeverría; Movimiento Tupaj Katari; Colectivo Desde el Pie; MULCS y COB La Brecha ) ocuparon pacíficamente las casas de las provincias Catamarca, La Rioja , Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan.
Al cierre de este Boletín, llegaron las noticias de que, ante la amenaza policial y la aparición de más patotas que agredieron a los manifestantes, los compañeros se replegaron, retirándose de la ruta. En Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y otros lugares del país hubo manifestaciones contra la minería depredadora y contaminante y de apoyo a los compañeros que le están poniendo el cuerpo a la resistencia.

Hospital Garrahan: Siete años después, el juicio
En 2005, los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron un largo y recordado conflicto, que concluyó con grandes triunfos como la incorporación de más personal y aumentos salariales. A lo largo de su lucha, los trabajadores debieron enfrentar el embate de todo el aparato represivo estatal, que no dejó herramienta por usar para tratar de quebrarlos. Hubo policía, patotas de la burocracia sindical, acusaciones difamatorias, especialmente hacia los delegados de la Junta Interna , y causas, muchas causas judiciales.
La táctica empleada por el gobierno se centró con fuerza en la utilización del aparato judicial. En lo más duro del conflicto, casi a diario aparecían denuncias de todo tipo, acusando a los delegados y a los trabajadores de base por los delitos más variados, incluyendo la acusación de abandonar a su suerte a los niños internados, que los trabajadores, acompañados por CORREPI, demostraron totalmente falsa.
En ese marco, el gobierno puso especial énfasis en una causa, iniciada por la denuncia de dos funcionarios del ministerio de Trabajo, que imputaron por varios delitos a cuatro integrantes de la Junta Interna : Gustavo Lerer, Marcelo Mansilla, Eduardo García y Adriana Agüero. En octubre de 2005 fueron citados para ser indagados por la jueza Alicia Iermini, bien conocida por su tarea al servicio de la impunidad del comisario Miguel Ángel Espósito, el asesino de Walter Bulacio.
La defensa de los compañeros se organizó con la confluencia de CORREPI, APEL, CeProDH, Liberpueblo y CAJ. Mientras se generaba una importante campaña de solidaridad, y en el marco de grandes movilizaciones en tribunales, una y otra vez, demostramos la inexistencia de todo elemento para acusar a los delegados por delito alguno, pero la decisión de escarmentar al movimiento obrero organizado por fuera de la burocracia sindical estaba tomada.
Así, después que el ministro de Salud kirchnerista, Ginés González García, dejara clara la posición del gobierno cuando dijo que los trabajadores del hospital Garrahan en lucha eran “un grupo salvaje de delincuentes sanitarios que hacen terrorismo, tomando como rehenes a los chicos”, todos los planteos de la defensa –y la mayor parte de las pruebas de descargo ofrecidas- se rechazaron. Los cuatro delegados fueron procesados por el delito de “amenazas coactivas”, y la causa fue elevada a juicio.
Ahora es el TOC nº 29 el que debe fijar fecha para juzgarlos por el delito de defender su trabajo y denunciar el abandono estatal de la salud pública. Es el mismo tribunal que tiene a su cargo, hace ya varios años, la causa Bulacio, con el juicio en suspenso. La semana pasada, los jueces informaron a la defensa que planean dar comienzo al juicio contra los delegados del hospital en mayo del año que viene. Será un juicio que deberá convocar la solidaridad del conjunto de las organizaciones de los trabajadores y el pueblo, colmando la sala y la calle con el reclamo de su absolución.

Hay una banda de delincuentes...
Los medios informan que una banda de asaltantes aterroriza a la población acaudalada de Chivilcoy y alrededores. Mediante operativos llevados adelante con total profesionalismo, la banda ya ha asaltado una veintena de estancias, utilizando capuchas, guantes, información calificada sobre los asaltados y sus pequeñas fortunas, equipos de comunicación de alta tecnología y un buen manejo de armas. Tal el profesionalismo de estos sujetos que, en su relato, uno de los asaltados mencionó que “hasta me palparon”.
¿Qué dicen al respecto la policía y el poder político? Sergio Macedo, subcomisario de la Seccional de Alberti, dijo escuetamente “estamos investigando a una banda”; y Santiago Bertone, secretario de seguridad de Chivilcoy afirmó “No tenemos información de que grupos de ese tipo estén actuando en nuestros campos". Un dato más llama la atención de la prensa en el relato oficial de esta noticia: a uno de los asaltados le escupieron “a vos te vendió un milico”.
Este tipo de relato sobre la inseguridad, al que los medios nos tienen más que acostumbrados, y mediante el cual pretenden aterrorizarnos, siempre deriva en un pedido de más seguridad, más policía en la calle.
¿Qué dicen los rumores en Chivilcoy? Que la banda en cuestión existe, pero no la encuentran porque son ellos mismos: una banda de policías o ex policías (que seguramente cobran religiosamente su retiro como tales a fin de mes).
Simultáneamente, en Guaymallén, provincia de Mendoza, se supo que el 14 de julio Claudio Vicentín chocó su camioneta con un camión. Llegó la policía. Uno de los uniformados trasladó al accidentado en su móvil a la comisaría, mientras el otro condujo al mismo lugar su camioneta.
Una vez en la comisaría, lo confinaron a un calabozo con la excusa de que “se tranquilizara”. Convirtiendo la irregular detención en un secuestro, no consultaron con el juez de turno ni consignaron en los libros de la comisaría la presencia del preso.
Cuando finalmente lo dejaron irse, y le entregaron su camioneta, Vicentín advirtió que los $25.000 que llevaba en la guantera habían desaparecido. Allí comprendió por qué el encierro “para calmarlo”.
La policía, sea federal, bonaerense o las provinciales, regentean y manejan todo tipo de delitos, que sin su “colaboración” o directa participación no podrían sostenerse. Del mismo modo, salen ellos mismos, en sus ratos libres, a asaltar. También obligan a los pibes de los barrios a robar o transar para ellos y los fusilan con el gatillo fácil o los desaparecen como a Luciano Arruga cuando se niegan.
Buen ejemplo de eso era el “Hugo Beto” Cáceres, jefe del “Escuadrón de la muerte” de San Fernando, que con su empresa de seguridad privada “Tres Ases”, integrada por policías, “aterrorizaba” a los comerciantes de la zona mandando pibes a robar a los que descartaban sus servicios, hasta que aceptaban la extorsión de sus servicios de seguridad a cambio de una cuota. El mismo grupo de policías fusiló una docena de chicos renuentes a “trabajar” para él entre 200 y 2001.
Es que la criminalidad es una cara más del aparato policial, que con el poder político tolera a sus sicarios. Así, todos se enriquecen un poquito más, y, de paso, venden su discurso de la inseguridad y de la necesidad de mayor presencia policial. Así nos convencen para reprimirnos mejor, y tenernos bien controlados. Porque un sistema injusto y desigual no se sostiene sin represión por parte del Estado. Inseguridad… es la policía en la calle.

Mineros asturianos: imágenes del sistema
Silenciamos y sólo apreciamos las imágenes. Nos resulta muy difícil distinguir en qué lugar del mundo se documentó el video que circuló esta semana por internet.
Un escuadrón de policías armados hasta los dientes, con su inveterada saña represiva, se acerca a un poblado montañoso donde trabajadores mineros resisten la desocupación y el despojo.
Los mineros, convenientemente encapuchados, dan pelea sin tregua con lo que tienen a mano y con lo que el ingenio y la incipiente organización -que anida en los mejores espíritus rebeldes- les proporciona.
A su alrededor, vecindarios enteros apoyando, solidarizándose en las calles, repudiando el ataque de los perros guardianes de los ricos.
Ocurrió en Asturias, en las puertas del primer mundo, en medio de la crisis capitalista española, y cuando el siglo XXI merodea la mitad de su primera generación en términos económicos.
Pero valía pensar en la Argentina urbana de fin de siglo pasado, o en la actual cordillerana de Catamarca; valía pensar en el Perú de los levantamientos de Puerto Maldonado o en la Mauritania del noroeste africano, que acaba de sumar un minero del cobre muerto a manos de la represión, por poner solo algunos ejemplos.
Lo sucedido con los mineros asturianos, revela la sistematicidad y el diseño político táctico que los estados burgueses despliegan contra los pueblos, en todo tiempo y lugar.
Es que consolidar los privilegios de la clase dominante, establecer la supremacía del capital por sobre la fuerza de trabajo, apropiarse de los recursos naturales, condenar a la pobreza, no son cuestiones regionales ni identitarias, mucho menos culturales o aleatorias, sino finalidades estratégicas del sistema capitalista. Y para llevarlas a cabo, la respuesta es la misma en todo el mundo: represión y violencia amparada en leyes gestadas en las instituciones que la misma clase dominante regentea.
El disciplinamiento social es una tarea que toda policía del sistema practica. La violencia desplegada contra trabajadores resistentes es su directa y máxima expresión. No hay diferencias basadas en el diseño más o menos moderno del funcionamiento político: sistemas presidencialistas, parlamentaristas, dictaduras, todos se unifican tras la consigna suprema: para defender la propiedad privada y la explotación, solo cabe la represión.
Pero no es recomendable mirar sin escuchar, y menos cuando son los trabajadores los que hablan. Subimos el volumen y las voces del pueblo asturiano repican: "¡A por ellos!” incentiva el vecindario, y entre los agujeros de una valiente capucha se escucha la palabra justa y precisa, centrando el eje de la cuestión, la palabra internacionalista de un minero: “Súmense, ¡solos no podemos contra el capitalismo!". Seguramente sin saberlo, el compañero reafirmaba nuestra siempre vigente consigna: CONTRA LA REPRESIÓN... ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

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