Alpher Rojas Carvajal (especial para ARGENPRESS.info)
Se trata, sin lugar a dudas de la primera gran ruptura entre la ciudadanía –habitualmente pasiva- y la más elocuente representación de las patologías públicas en cabeza de la tradicional clase política del país, subordinada a inconfesables intereses. De modo estricto, no podría hablarse de primera ruptura –en el sentido de única- porque el país ha tenido una historia de baja participación electoral -de abstención- superior al 50%, margen que toma proporciones catastróficas si agregamos los votos “en blanco” y los “nulos”, lo cual ilustra el agotamiento progresivo de la legitimidad política y de la crisis de representación general en sus instituciones como consecuencia del deliberado desinterés de la sociedad por el quehacer político y los “productos” de política pública que en lugar de construir soluciones terminan por ahondar la discriminación económica y la segregación social.
Si sumamos los elevados costos del financiamiento de las campañas electorales, asumidos por donantes clandestinos, los fraudes y otras sinecuras no menos delictuales, la situación no es para frotarse las manos. O sí. Porque finalmente hemos entrado a una etapa de reflexión en la que la sociedad colombiana se ha visto compelida a construir un proceso de drásticas rectificaciones. De ahí la ansiedad teatral de los congresistas para “hundir la reforma” a la manera de Pilatos, unos al proclamar ignorancia de los contenidos, otros al denunciar el engaño de sus colegas y algunos, como el candoroso presidente de la Cámara de Representantes, al blindarse tras la revelación de no haber leído el acta de conciliación. ¿Y el Presidente Santos?, pensemos –copiando a Bismarck- en la perplejidad de un hombre que, fuera del tiempo y del espacio, ha perdido su reloj, su regla de medir y su diapasón.
La sociedad transita –por falta de salidas institucionales transformadoras- hacia un inquietante escenario preinsurreccional, consecuencia de la “crisis de gobernabilidad” exacerbada por el fuego de la corrupción y la violencia, legado indiscutido del expresidente que duró ocho años invitando a sus legisladores a “votar mientras los meten a la cárcel”.
Ahora no son sólo usuarios de los servicios de salud, los trabajadores, los pensionados, los campesinos, las víctimas de la violencia, “los condenados de la tierra”, buscando salidas, sino los médicos, los maestros, los agricultores, víctimas de un modelo de desarrollo que impacta su situación económica y su status ciudadano. También son los militantes demócratas del partido Liberal que exigen la reestructuración de su colectividad, para que haga tránsito de la “corporación de gamonalatos”, como lo llamó en su época Fabio Lozano Simonelli o del sindicato de burócratas, parapolíticos y delfines en que se ha convertido, a un partido que impulse la democratización de la sociedad y del Estado. Porque a los conservadores, de Laureano a Álvaro, “nadie podrá quitarles lo bailao”.
Después de su prolongado mutismo frente al carrusel de la contratación en Bogotá, no es confiable el razonamiento instrumental de la presidenta protémpore del Polo Democrático. Y a los verde-uribistas no se les puede creer los golpes de pecho del momento, pues su acondroplasia política corresponde al insufrible ADN de su progenitor. Con razón alguien dijo que los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan.
Por ello, ante la falta de reestructuración de los partidos, lo que se aprecia es el desarrollo vigoroso de los movimientos sociales, amparados en una opinión pública organizada y una sociedad civil activa que va a marcar la pauta y a castigar electoralmente a los actores –colectivos e individuales- implicados en el fraudulento proceder frente a la necesidad de una pronta y cumplida justicia. “Que se vayan todos”, es la consigna que empiezan a agitar estos colectivos. (Publicado en el diario El Tiempo de Bogotá, 06-07-12)
Alpher Rojas Carvajal es analista político e investigador en ciencias sociales.
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