miércoles, 8 de agosto de 2012

Argentina, Córdoba: Abuelas apeló ante la Cámara Federal con duras críticas a Sánchez Freytes

Katy García (PRENSARED)

Al igual que el fiscal de Cámara Lozada, el organismo cuestionó el fallo del Juez que transformó una causa por robo y supresión de identidad de la hija de una detenida desaparecida en un “conflicto entre particulares”. El año pasado, fue denunciado por Estela de Carlotto ante el Consejo de la magistratura.

El Ministerio Público Fiscal y la querella apelaron ayer la sentencia dictada por el juez Alejandro Sánchez Freytes, subrogante de la única unidad judicial que entiende en las causas por violaciones a los derechos humanos, quien dictó la incompetencia del juzgado para resolver la causa iniciada por María de las Mercedes Moreno, quien diera a luz una niña en cautiverio.

El magistrado envió la causa a la justicia ordinaria porque según su interpretación no constituye un delito de lesa humanidad. Cabe destacar que este mismo Juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por obstaculizar e impedir que las causas de apropiación lleguen a juicio. Lo hizo Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Mayo, el año pasado. El escrito da cuenta de una serie de irregularidades cometidas por el juez durante la tramitación de varias causas.

Este caso, cuya competencia deberá resolver el alto tribunal deja entrever además de unas prácticas amañadas, una red de actores que conformaron como dijo la abogada María Teresa Sánchez “una red de complicidades”.

Debe volver al TOF 3

“Estaba detenida desaparecida y es evidente que hubo supresión de identidad. No se la inscribe y la continuidad delictiva continúa. La hija de María de las Mercedes Moreno nació cuando estaba detenida ilegalmente a disposición del área 311; era obvio que negaban esa condición y menos aún la inscribirían. Por eso se le suprime la identidad y aparecen otros partícipes que le quitan la hija a la familia para dársela a otros que tomaron un atajo ilegal”, explicó Lozada.

Luego agregó que “contrariamente a lo que dice el juez Sánchez Freytes se trata de un delito de lesa humanidad” y además conexo. En ese sentido afirmó que en la causa Ceballos, se determinó que también son imprescriptibles y de competencia federal. Por lo tanto concluyó que “la competencia es el Juzgado Federal 3 y debe volver ahí”, afirmó.

La denunciante, mientras visitaba a su marido interno como preso común, hacía de correo entre las familias y los presos políticos alojados en la UP1. Primero permaneció detenida ilegalmente en el D2 y luego en la cárcel de mujeres Buen Pastor, mientras cursaba siete meses de embarazo, en 1978.

Producido el parto, la madre fue devuelta a prisión y la beba - nacida prematura- a la Casa Cuna. Al tiempo es entregada en guarda provisoria a la asistente social, Laura Caligaris y a su marido Osvaldo Agüero, quienes luego la anotan como hija biológica contando para ello con un certificado médico otorgado por el médico Vicente Spitale y con el testimonio de dos testigos.

Red de complicidades

Ambas abogadas, patrocinantes de Moreno y de Abuelas filial Córdoba, coincidieron con el ministerio público en solicitar la revocación del fallo.

María Teresa Sánchez en ese sentido manifestó que “no se tuvo en cuenta el relato de la víctima ni el contexto, recortando de ese modo el hecho”, destacó. Asimismo recordó que la apropiadora era una funcionaria pública que realizaba las inscripciones, conocía las identidades y obviamente cuando firma el acta de recibo de guarda sabía que la niña era María Mercedes Ivana Moreno”, sostuvo.

Al mismo tiempo solicitó que se investigue la conducta del juez de menores Pueyrredón respecto a la rapidez en otorgar la guarda en un solo acto, sin considerar la existencia de los padres, sin hacer un estudio socio ambiental, y sin la inscripción.

Sánchez señaló que hubo una red de complicidades que actuaron para que esto ocurriera. En ese sentido mencionó que un informe del Buen Pastor daba cuenta que ambos padres se encontraban detenidos, que tenían 4 niños y una nena recién nacida.

“Estaba detenida desaparecida, nada podía hacer y su hija le fue arrancada, fue desapoderada”, enfatizó.

Para la letrada no hay dudas que se trata de un delito de lesa humanidad por tiempo, lugar y modo, que forma parte de un plan sistemático y que la competencia es federal. Citó jurisprudencia y doctrina respecto a otros casos que dan cuenta de hechos similares y afirmó que son parte de un plan sistemático y constituyen delitos de lesa humanidad

Por su parte, Mariana Paramio criticó la decisión de Sánchez Freytes de no considerar a la hija de María Mercedes Moreno como un caso de “desaparecida viva” y además porque “existiendo normativa citó un artículo del Código de Justicia Militar ya derogado en 2008”. “A partir de una premisa falsa construye una conclusión falsa”, disparó.

“Nada permite suponer que se trate de un conflicto entre particulares, son delitos de lesa humanidad en el marco de un plan sistemático. Abuelas realizó una presentación donde pide que se investiguen estos hechos y se determine si las hijas adoptivas (del matrimonio Caligaris Agüero) son hijas de desaparecidos. Esta denuncia no se rechazó, entonces, es deber de la justicia federal hacer un ADN”, manifestó Paramio en coincidencia con su par María Teresa Sánchez.

Todos contra la revocación

Pese a que no es una obligación normativa el Tribunal concedió a los abogados de la defensa el derecho a opinar sobre la cuestión. Gustavo Taranto, representante del matrimonio y de sus hijas adoptivas, expresó su disconformidad con el argumento del fiscal. Respecto a que hubo una mutilación del hecho.

Negó que haya un delito de supresión de identidad y menos aún que forme parte de un plan sistemático y respaldó el fallo acerca de que “la competencia es provincial tal como lo interpretó la fiscal López de Filoñuk y el Juez Sánchez Freytes”.

Asimismo informó que María Mercedes Luz Agüero --la niña en cuestión- está dispuesta a someterse a las pruebas que correspondan. “Van aprestar colaboración. Y no entiendo porque no se las citó”, afirmó.

En nombre de la testigo Adela González, la abogada Gloria Marcheti aceptó que podría haber habido “irregularidades” y pidió que se confirme lo resuelto por el juez de primera instancia.

Por su parte, el abogado oficial Carlos Casas Nóbrega en representación del médico que fraguó el certificado del parto, mantuvo la opinión de los otros abogados respecto a la caracterización del delito y la competencia y negó se trate de un plan sistemático porque su defendido no pertenece a ninguna fuerza de seguridad.

Tras la exposición de los defensores, Sánchez aclaró que “acá no está en juego la culpabilidad de nadie, eso se verá en el juicio”. Lo que sí está en juego –dijo- es que María Mercedes Soledad, María Mercedes Ivana y María Mercedes Luz son la misma persona. El delito es federal al igual que la competencia, remarcó.

El próximo lunes, a las 12, la Cámara Federal de Apelaciones conformada por Abel Sánchez Torres (presidente) y por los jueces José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, vocales, darán a conocer el dictamen sobre la cuestión planteada.

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