Katy García (PRENSARED)
Ante un recinto colmado, poco después de las siete de la tarde, y tras una ardua jornada de discusión, el tribunal presidido por Lorenzo Rodríguez y los jueces Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno, leyeron el dictamen que condenó por unanimidad a Francisco Parra a la pena de tres años de prisión condicional y por mayoría a Edgardo Jorge Pancello a la misma pena, como autor y coautor del delito de contaminación dolosa.
Además, se los inhabilitó para realizar fumigaciones por 8 y 10 años respectivamente.
También por unanimidad, resolvieron absolver a Jorge Gabrielli y Edgardo Pancello por el delito de contaminación ambiental por residuos peligrosos en grado de instigador y autor.
Los sentenciados no irán a la cárcel pero deberán cumplir una serie de medidas para mantener el estado de libertad y el cómputo de la pena. Entre ellos, realizar tareas comunitarias solidarias vinculadas a la salud, en instituciones de bien público o del estado. Parra deberá cumplir diez horas semanales fuera del horario de trabajo habitual, durante cuatro años. En tanto que Pancello, ocho, por tres años.
“Este es un paso adelante para las instituciones. Nosotros esperábamos que esta justicia Argentina que fue capaz de condenar a los genocidas, que estuviera a la altura, y lo hiciera hoy”, expresó el médico Medardo Ávila Vázquez, querellante en la causa cuyo juicio se iniciara el 11 de junio pasado.
“Ya no podrán fumigar como lo hacían, custodiados por la policía. No es suficiente para el daño sanitario que han generado, pero también es cierto que son el estabón más débil de los agronegocios. Los culpables mayores son las trasnacionales, los pooles de siembra, y los sistemas científicos que los avalan. Estamos muy contentos porque va a generar una oleada de denuncias y los directores de escuela y los maestros van a poder denunciar que a sus chicos los están fumigando y los fiscales de todo el país vana tener que actuar”, afirmó.
Bisagra histórica
El abogado querellante Miguel Martínez dijo que esperaba penas de cumplimiento efectivo conforme a lo solicitado por el fiscal Novillo Corvalán que pidió 4 años para Parra, 3 para Pancello y la absolución de Gabrielli.
No obstante destacó que “es la primera vez que esta actividad -fumigar clandestinamente con agroquímicos sobre poblados- es considerada un delito y ello constituye una bisagra histórica. Que se haya determinado que es una actividad delictiva indica que en el futuro quien lo haga, será sancionado. Ahora la gente podrá concurrir a un juzgado y no a la municipalidad”, indicó.
Por su parte, el letrado denunciante, Darío Avila, coincidió con Martínez y manifestó que “valoro y rescato como positivo que a criterio de un tribunal quedó claro que esta actividad constituye un delito. Y es un verdadero logro, un triunfo, porque sabíamos que habría presiones de todo tipo”, analizó.
El dolor de las Madres
Para quienes han sentido en carne propia el dolor de las pérdidas y el padecimiento de enfermedades no les fue fácil aceptar que los condenados no vayan a la cárcel, aun cuando no haya sido objeto de este juicio analizar esa relación.
Es el caso de las Madres de Ituzaingó que lucharon a brazo partido durante 12 años para llegar a esta instancia. Atravesadas por el dolor, se retiraron indignadas, no hicieron declaraciones de inmediato y simplemente se sentaron en las escaleras de tribunales a manifestar su impotencia por medio del llanto.
Pasado el mal trago inicial descargaron su impotencia y disconformidad ante los medios. “¿Quién nos devolverá a nuestros hijos? ¿Tareas comunitarias para alguien que mató? ¿A dónde está la justicia? Sabemos que vamos a seguir luchando, que la justicia no existe para el pobre, que existe para las multinacionales”. Y fustigaron a los gobiernos nacional, provincial, municipal, y al modelo agrosojero.
En la calle, un nutrido grupo de militantes de varias organizaciones sociales que permanecían desde la noche anterior también recibieron el fallo como un avance en la lucha por la salud de los pueblos. A la vez, manifestaron un rechazo unánime a la instalación de Monsanto.
En nombre de los pueblos fumigados, una militante social de Oncativo expresó que “más allá del caso de Ituzaingó y del dolor de las Madres, para los que venimos luchando desde los territorios, que tenemos las maquinas fumigándonos en la cara, hoy es un día emblemático. Los invito a todos a que dimensionen lo que pasó hoy.No nos vayamos con un sentimiento de derrota, porque hoy ganamos. Sigamos juntos y vayamos por una ley nacional de agroquímicos”, proclamó.
Por la mañana
La audiencia se inició a media mañana cuando el tribunal solicitó a los acusados que expresaran algo que no hayan podido decir durante el debate.
Pancello adujo que se consideraba “totalmente inocente” y que se refugiaba en sus dos “bastiones”: la religión católica y la justicia. En tanto, Parra afirmó que como propietario del campo colindante al barrio Ituzaingó “jamás he fumigado con avión ni usado agroquímicos prohibidos. Espero que esta justicia sea justa”.
Por último, el otro imputado Gabrielli, para quien la fiscalía pidió su absolución por falta de pruebas, no hizo uso de la palabra.
Estuvo presente entre el público, Juan Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación. “De acuerdo a lo que he podido tomar conocimiento, la prueba agregada amerita como para que se determine la responsabilidad de acuerdo al marco normativo que es el código penal”, afirmó.
“Desde el gobierno nacional jamás vamos a permitir ni consentir que se afecte la salud pública dejando de lado los derechos que hacen a una comunidad en particular ni menos de una actividad privada. Lo importante es que la sociedad se organice, reclame frente a sus derechos y que haya una respuesta”.
Y añadió que “sin lugar a dudas se trata de un debate político porque esto permite que determinados sectores representantes de la sociedad comiencen a diseñar y a legislar para regular la actividad”. “Les aseguro que después de este juicio varios productores se van a cuidar de andar fumigando de forma aérea sobre una comunidad”, señaló.
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