miércoles, 15 de agosto de 2012

Argentina, Córdoba: Los vicios del cordobesismo

Ernesto Kaplan (HOY DIA CORDOBA - PRENSA RED)

El debate público generado en torno al millonario déficit de la Caja de Jubilaciones contiene una gran variedad de lecturas posibles. Casi todo es otra cosa.

En la superficie afloran los intereses en pugna de la Provincia, el gobierno nacional y la oposición local. En el medio de todos estos actores se encuentran los planteos históricos de los gremios estatales. De todos modos, las razones de fondo de un problema serio, que les concierne a todos, no son nuevas y hay que buscarlas en el pasado.

Más allá de los cortocircuitos existentes en la actualidad por la falta de envío de fondos para Córdoba, situación que habilitó a José Manuel de la Sota a aplicar un nuevo recorte en las jubilaciones a través de la ley 10.078, que se sancionó el miércoles pasado sin debate previo y en un trámite "express" en la Legislatura, lo que aquí está en disputa es una concepción general sobre la política social y, particularmente, sobre el modelo de sistema previsional.

A pesar de que los reclamos de la Provincia por las partidas adeudadas son legítimos también es cierto que este inconveniente no debería resolverse en ámbitos judiciales.

A decir verdad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede oficiar de mediadora y proponer la convocatoria a audiencias de conciliación entre las partes. Pero es el poder político el que tiene que dar respuestas en lo inmediato y dejar de lado sus mezquindades sectoriales.

En el borrador que los sindicatos elaboraron para mejorar los ingresos de la Caja se mencionó una propuesta concreta consistente en incorporar como aportantes al régimen a todos los que trabajan en el Estado Provincial y en los municipios y que hoy no lo están haciendo, ya sea porque son contratados, monotributistas o reciben subsidios.

Esta idea no fue tenida en cuenta en el proyecto oficialista por la sencilla razón de que hubiera implicado virar el rumbo de la presente administración. El desbalance entre los aportes y egresos del sistema previsional puede morigerarse, tal como lo sostiene el presidente de la Caja, Osvaldo Giordano, pero no podrán equilibrarse del todo las cuentas sin otra visión acerca del rol del Estado.

La compleja ecuación no se zanjará con nuevas quitas a los jubilados, que cobran más que sus pares nacionales, pero también aportan porcentajes mayores y sobre haberes más altos. Parece ser que en el lenguaje delasotista, los ajustes de su "cordobesismo" no son recortes.

Es necesario recordar que a partir del año 2000, el Gobernador lanzó un plan de jubilaciones anticipadas para miles de agentes de la administración pública provincial, en el marco de la Reforma del Estado.

Desde el punto de vista del economista Salvador Treber, esa es una de las causas originales de la desestabilización financiera del organismo previsional. "En el quinquenio 2000-2004 se sumaron 23.143 pasivos, a un ritmo anual de 4.529, mientras que en los 28 años anteriores había sido de 1.586, apenas un tercio del promedio del mencionado lustro.

Es indiscutible que a la administración del último período citado corresponde la responsabilidad de haber desestabilizado de manera desaprensiva el sistema, convirtiéndolo en un buque que siempre hace agua y no admite reparaciones", sostuvo tiempo atrás el también ex titular del Banco Central.

Otra de las propuestas de los gremios consistía en incrementar en algunos puntos el Impuesto Inmobiliario Rural y levantar el valor fiscal de la tierra, que no se modifica desde el año 1993.

¿Por qué no se aplican estas medidas? Sencillamente porque impactan de lleno en la base electoral del mandamás cordobés, que se sustenta en gran medida en los grandes productores agropecuarios, un sector de la economía que conserva importantes privilegios.

Algunos sindicalistas fueron más allá e hicieron hincapié en un planteo más de fondo: cambiar la actual política tributaria provincial, que aseguran que "se caracteriza por su regresividad y por desfinanciar al Estado, a partir de un endeudamiento creciente en dólares".

Finalmente, la Nación tiene también una cuota importante de responsabilidad en el "rojo" previsional. La semana pasada, el Gobernador utilizó el atril de la Unicameral para advertir que cuando desde la Casa Rosada le hablan de armonizar "lo que nos quieren decir es que les bajemos los sueldos a los jubilados".

Así fue como ratificó que no dará cumplimiento a los cinco puntos del proceso de armonización acordado en 2008. En contrapartida, Fabián Francioni y Carmen Nebreda, dos alfiles kirchneristas, argumentaron que hasta que no lo haga los fondos para la Caja seguirán llegando en cuentagotas.

A la presidenta Cristina Fernández y a sus delfines habría que recordarles que quien tiene la sartén por el mango es la Nación. Y que en el medio de esta contienda interminable están los 92.000 jubilados cordobeses, cuyos haberes serán licuados por la inflación -con la reciente prórroga por seis meses del pago de los aumentos- y por la progresiva disminución del 82% móvil.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.