jueves, 2 de agosto de 2012

Chile: No hay olvido

Eduardo Contreras (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

Hace unos días el Servicio Médico Legal chileno entregó a sus familiares los restos de tres militantes comunistas, Fernando Ortiz, Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos y de un militante del MIR, Ángel Gabriel Guerrero, asesinados durante la dictadura militar y que fueron identificados hace sólo un par de semanas luego de permanecer 36 años en calidad de detenidos desaparecidos.

Todos fueron bárbaramente torturados y desfigurados en el cuartel de la muerte de calle Simón Bolivar de Santiago en 1976. Les quemaron, les enterraron estacas, los molieron a golpes para luego sacarlos y votar sus restos en la mina Los Bronces de Cuesta Barriga, cerca de la capital chilena. Estos luchadores antifascistas fueron enterrados tras emotivas ceremonias con enorme afluencia de público.

Justo una semana antes, Fernando Matthei, ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar que encabezó Pinochet, dijo textualmente acerca de las violaciones a los derechos humanos : "Yo no puedo decir que no sabía, yo por supuesto que sí sabía, pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. ¿Por qué?, porque en las Fuerzas Armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y no parte del gobierno militar y los aparatos de inteligencia", y destacó en seguida que "cuando preguntábamos qué sucede francamente se nos mentía, sabíamos también que se nos estaba mintiendo, pero ¿qué alternativa tienes?”. Es decir, admitió que tuvo pleno conocimiento de los crímenes que cometía la dictadura de cuya cúpula formaba parte. Y agregó desafiante: “No me arrepiento de nada y volvería a hacer lo mismo”.

Ese mismo día, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, presentamos la petición al juez para que se cite a declarar a Matthei ; el tribunal accedió a la petición. Si la justicia actúa adecuadamente, será procesado y deberá ser condenado.

Porque entre los años 1978 y 1991, época en que Matthei fue comandante en jefe de la Fach y miembro de la junta militar, se cometieron crímenes espantosos y la Fuerza Aérea, que él dirigía, tuvo directa participación en los comandos asesinos. De hecho, la Academia de Guerra de la FACH fue uno de los peores centros de torturas y Matthei fue su director desde 1974. Su calidad de autor mediato está fuera de discusión y debe responder por sus hechos, o como él dice “cada uno responde de su propio sector”.

Entre los crímenes por los que debe responder se encuentra, entre otros, el de la muerte en torturas del general Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet y alto funcionario del gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende.

Mattei – padre de una actual ministra del gobierno de Piñera - ha negado hasta ahora toda ingerencia en ese asesinato y ha tenido palabras de elogio para Bachelet, no obstante que a la fecha de su muerte el Director de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea en que torturaban a Bachelet era, como dijimos, precisamente Matthei. Hasta antes de las recientes declaraciones del militar la ex presidenta le llamaba cariñosamente “tío Fernando”.

Mientras, un éxito de ventas ha sido en Chile el reciente libro “La Danza de los Cuervos” del periodista Jorge Rebolledo que devela la verdad oculta acerca del desaparecimiento de un grupo de luchadores caídos en las garras de la DINA, la siniestra policía secreta de Pinochet. Figura central de la narración es un extraño personaje, Jorgelino Vergara, alias el “mocito”. Fue poco después de la muerte de Pinochet ocurrida en diciembre de 2006 que este agente apareció en escena y sus revelaciones han pasado a ser de conocimiento público sólo ahora gracias a este libro.

Fue a principios del 2007 que la Policía civil logró encontrar al interior de la ciudad sureña de Curicó a Jorgelino Vergara, “el mocito”, así llamado por haberse desempeñado inicialmente como mozo ayudante en casa del jefe de la DINA el general Manuel Contreras. Vergara fue traído entonces Santiago y puesto a disposición del juez Montiglio

La duda persiste : ¿Quién es realmente el personaje? ¿Por qué esperó hasta la muerte del genocida para decidirse a contar los horrores en que participó cualesquiera haya sido la calidad en que lo hizo?¿Porqué nunca hace juicios incriminatorios contra Pinochet y la plana mayor? ¿Lo sabremos alguna vez?

Cualesquiera sean las respuestas, si las hay, lo cierto es que sus confesiones a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía chilena y al juez Victor Montiglio constituyen uno de los más valiosos testimonios de la maldad humana y de los extremos a que llegó una clase social y los ejecutores a su servicio para poner a salvo un sistema social que garantizara sus desproporcionados privilegios.

Las torturas y asesinatos del cuartel de la muerte de calle Simón Bolivar tuvieron lugar entre los años 76 y 77 y fueron ejecutadas por la Brigada Lautaro que dirigía el oficial de ejército Morales Salgado, el mismo que participó en el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires. El objetivo principal, conseguido en buena medida, era la eliminación física de las direcciones clandestinas del Partido Comunista.

Hay todavía muchos puntos oscuros y debe valorarse que el libro de Rebolledo contribuya a la difusión de aspectos que hasta ahora no habían sido explícitamente reconocidos como por ejemplo la participación en la represión de poderosos empresarios nacionales, como es el caso de Ricardo Claro. Si este texto aludido es de reciente aparición y ya agotó la primera edición, ¿cómo puede sostenerse que el tema de los derechos humanos no interesa en este país? Cosa distinta es que determinados medios de comunicación, varios de los cuales más de algo tienen que decir respecto de los crímenes de lesa humanidad, no den espacio a las noticias sobre DDHH, o las restrinjan.

El reciente procesamiento de dos coroneles de la Fuerza Aérea, así como diversas diligencias en el expediente acerca del probable asesinato de Pablo Neruda, muestran la plena vigencia de las consecuencias judiciales de las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe militar del 73.

En el caso del general Bachelet se evidencia el punto hasta el que llegó la penetración ideológica al interior de las FFAA que hizo posible que compañeros de armas, amigos de toda una vida, no dudaran en torturar y matar a sus propios compañeros y amigos, acusados de “traición a la patria” por defender a un gobierno constitucional, si éste era de Izquierda. El Pentágono y la Escuela de las Américas calaron hondo en los uniformados y encontraron terreno fértil en instituciones cuya formación y condiciones de ingreso son tan distantes del ciudadano común y corriente.
Todavía más, las 1.300 querellas que desde el 2010 hasta este año han sido presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por un número similar de ejecuciones ilegales nunca investigadas, entre ellas el del presidente Allende, han permitido el esclarecimiento de numerosos crímenes y la detención y procesamiento de decenas de agentes ejecutores que jamás pensaron que algún día se pondría fin a su impunidad.

Hay tareas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación y ellas deben comprometer al conjunto de la sociedad nacional si de veras aspiramos a construir una democracia auténtica y sólida. Entre ellas ha de abordarse la responsabilidad penal de los civiles, políticos, dueños de medios de comunicación, agentes externos y demás que participaron en el quiebre constitucional del 73 ya sea de modo directo o conspirando en las sombras para provocarlo. Esos desafíos de dignidad y respeto al Derecho serán abordados y cumplimentados en un día cercano porque en Chile no hay olvido. Tampoco perdón.

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