miércoles, 22 de agosto de 2012

Colombia No es haciendo felices a las trasnacionales mineras como se va a sacar al país adelante

Jorge Enrique Robledo (MOIR)

Por acuerdo casi unánime, senadores de la Comisión Quinta, junto con expertos y dirigentes sindicales, constituyen el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso. El gobierno, casado con la prórroga. Según los contratos, Cerro Matoso debe revertir a la nación. El 051 sirvió para cambiar ilegalmente los dos contratos anteriores. La plata que pierde la nación si la mina no revierte. Billiton quiere ir hasta el año 2044. Un contrato hecho para defraudar a la nación. Un alquiler ridículo y una burla al Estado, porque el canon se calcula con base en la información suministrada por el arrendatario. La Contraloría les sale al paso con el control de advertencia. Puede terminar gente en la cárcel. ¿Por qué hay colombianos involucrados? El gobierno, en contravía del interés nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? Que detrás está el gran poder a través del cual las trasnacionales y los grandes imperios manejan el mundo.

Antes de entrar en materia, dos temas. Primero, a ver si el gobierno resuelve en serio el paro de Fenoco, gravísimo para la economía del país, para los habitantes de esa región, para los trabajadores. He mirado el pliego de peticiones de los trabajadores y no me parece que sea una desproporción. Son peticiones que se pueden atender. Me preocupa además que Drummond se esté disponiendo a hacer una especie de suspensión de labores que dejaría sin trabajo a todos los trabajadores de Drummond, lo que agranda el conflicto en proporciones alarmantes. Le pedí antier al ministro del Trabajo y hoy se lo pido a usted, señor ministro de Minas, investigar un hecho que llama la atención. Ese paro pudiera estar siendo precipitado por la intransigencia de la empresa con un propósito, el de desabastecer en parte el mercado mundial para presionar alzas del precio del carbón a escala global, alzas que podrían resultarle un gran negocio si tuviera grandes reservas en Europa y en Estados Unidos, porque aquí dicen no tenerlas. Simplemente, llamo la atención de que se resuelva este problema y que el gobierno estudie si aquí ante lo que estamos es ante un paro patronal disfrazado. Se estaría obligando entonces a los trabajadores a hacer el cese de actividades para presionar al alza los precios del carbón en el mercado mundial. Cosas como estas no son tan extrañas en la economía global.

(Interpela el ministro Cárdenas: le pido la interpelación simplemente porque como no es el tema central de hoy, pero sí un punto muy importante, y agradezco que usted lo traiga a consideración. Ayer se produjo una votación entre los trabajadores de Fenoco, y mayoritariamente y cumpliendo obviamente el quórum requerido por la ley, votaron a favor de un tribunal de arbitramento. Esperemos que ese tribunal llegue a una fórmula satisfactoria para todas las partes. Yo coincido con usted y nosotros les hemos dicho a las empresas que busquen fórmulas. El paro no le conviene a nadie, no les conviene a las empresas, no les conviene a los trabajadores. De manera que ese ha sido nuestro mensaje. Creemos que la figura del tribunal de arbitramento es la mejor opción en este momento. Afortunadamente, los trabajadores la aprobaron y votaron. Y esperemos que rápidamente el tribunal se pronuncie y tome la decisión sobre esos puntos que usted menciona, que tienen que ver sobre todo con temas salariales. Con respecto a que esto pueda generar una manipulación de precios internacionales, lo dudo, por una razón. No tenemos el peso suficiente en el mercado internacional como para ejercer realmente una influencia sobre los precios. No creo que esa sea la motivación. Simplemente, aunque somos un productor importante, no tenemos tanta injerencia sobre los precios y las cotizaciones internacionales. Pero tiene usted razón en que es mejor la fórmula de una solución negociada, en este caso a través de un tribunal de arbitramento).

JER: Habría preferido que hubiera sido la empresa y no usted la que me hubiera respondido que no con respecto a esa posible manipulación de los precios internacionales y que usted simplemente me hubiera dicho que lo iba a investigar. Pero bueno, cada uno responde las inquietudes de los senadores como le parece más conveniente. Quiero insistir en que es importante que no se pierdan los roles.

Lo segundo antes de entrar en materia: el 1° de agosto hubo movilizaciones contra la locomotora minera del presidente Santos en 21 ciudades de Colombia y Canadá, porque hay muchísimos problemas, incluida la persecución a los pequeños y medianos mineros, mientras vemos cómo las trasnacionales gozan de todo tipo de gabelas. Entiendo que usted no estuviera de acuerdo, pero lo que quiero reclamarle es que usted ese día, en el programa de Pregunta Yamid, afirmó que las movilizaciones habían fracasado. No es cierto. No fracasaron, hubo importantísimas movilizaciones. Pero bueno, cada uno tiene su apego a los hechos como quiera mirarlos. Pero lo que quiero señalar es que usted dio como prueba del fracaso el hecho de que no hubo desórdenes. Me parece de una gravedad inaudita. Usted tiene que medir, ministro, cada palabra que pone en sus labios. Qué tal que quienes protestan salieran a promover sus exigencias llamando a que haya desórdenes, precisamente para hacerse sentir. Lamentable esa manera de ver las cosas.

Amplia unidad en defensa del interés público

Entrando en materia, empiezo por resaltar una cosa que acabamos de constituir en esta Comisión: el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso. Estamos en él casi todos los congresistas de la Comisión, además de especialistas, organizaciones sindicales, trabajadores y representantes de los alcaldes de la región, a fin de hacerle fiscalización a este tema. Me parece importante porque es un buen propósito el que nos permite congregarnos, así tengamos desacuerdos en otros temas.

No me voy a referir, porque ya se ha mencionado aquí, a las prácticas contrarias al interés nacional que han venido sucediendo en Cerro Matoso. Eso solo daría para un debate entero: cómo liquidan las regalías, qué pasa con la canga, los impactos ambientales que son inmensos, los malos tratamientos a los trabajadores que reclaman contra las malas relaciones laborales, la falta de información, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero no tengo tiempo suficiente para desarrollarlas. Entiendo que el doctor Guillermo Rudas, una de las personas que más saben de estos asuntos en Colombia, va a mirar con detenimiento lo que está pasando a la hora de su intervención.

El gobierno, casado con la prórroga

Me voy a centrar en el tema de los contratos. Hay dos contratos de los años 1963 y 1971, modificados a mi juicio de manera leonina, tramposa, dolosa, por el contrato 051. La discusión que hoy tenemos es que Cerro Matoso, por razones obvias, aduce que hay que cumplir el 051, así se muera el que sea. Pero cómo no, si fue maravilloso lo que logró. Muchos otros abrigamos serias duda y no aceptamos esa tesis. Y lo grave es que el gobierno, como lo señaló aquí el representante a la Cámara, David Barguil, ya se casó con la idea de que hay que cumplirle a Cerro Matoso, a BHP Billiton, también socia de El Cerrejón. Este es el punto sobre el cual me quiero detener. Cómo se hizo todo esto, porque en últimas, si el 051 se cumple, la nación será tumbada inexorablemente. Pienso que no solo no se debe cumplir ese contrato, sino que se le debe declarar la caducidad, por lo menos en los aspectos que guardan especial relación con los dos otros contratos que está afectando. Se abren muchas posibilidades y estoy seguro de que la nación va a salir mejor librada, que es al final de lo que se trata.

Se vuelve muy importante, colombianos y senadores, entender por qué el ministro de Minas y el presidente de la República, porque negocios tan grandes no se mueven sin la mano del jefe del Estado, están ya casados con la que, a nuestro juicio, es el peor punto de partida para Cerro Matoso. Ahí la nación está muerta, como suele decirse, porque resulta que BHP Billiton lleva desde el año 1996 fraguando este momento sin ninguna oposición. Ha ido en coche montando una y otra cosa y ya les llegó la hora de cobrar la presa.

Cerro Matoso debe revertir a la nación

Cuál es la historia. Hay dos contratos, el 866 de 1963 y el 1727 de 1971, por 700 hectáreas, una superficie en apariencia pequeña, pero ahí es donde está prácticamente todo el níquel y ahí está la fábrica y ahí está el ciento por ciento de la producción. Los dos contratos establecen con claridad que al 30 de septiembre de este año, básicamente todo lo que está allí debe revertirle a la nación. Los contratos de concesión tienen en cierta medida un punto como de la felicidad para un país como el nuestro y es que a lo largo del desarrollo de la explotación, mientras está la trasnacional actuando ahí, quedan unos pesos de impuestos y de regalías, bastante escasos por lo demás, pero el momento esperado llega el día de la reversión, cuando todo lo que eran utilidades de la trasnacional se vuelven utilidades del Estado, con todos los equipos listos para seguir funcionando.

Lo que entonces sucede es que en el año 1996 a Billiton, a Cerro Matoso, se le ocurre que no son suficientes las 700 hectáreas. Pide otras 60 mil con un nuevo contrato, el 051. Por esas 60 mil hectáreas pagan hoy 782 millones de pesos al año en canon superficiario. Por canon superficiario debe haber pagado unos 13 mil millones de pesos, o sea, le duelen a Billiton esas 60 mil hectáreas, pero nunca han hecho nada por ellas y todavía están en exploración. Llevan 16 años explorando. Y no hacen nada porque ahí no hay níquel. En el total, los dos primeros contratos cuentan con el 96% de las reservas y el tercero, el 051, solo con el 4%. Entonces la pregunta, muy sencilla, es la siguiente: ¿para qué sirve el 051? Lo sabe la contralora, que lo ha venido haciendo muy bien, así refunfuñe el doctor Hommes. No se preocupe por eso, doctora Morelli. Hay que hacer un inmenso esfuerzo para coger en un acierto al doctor Hommes. Llevamos ya veinte años padeciéndolo y si de pronto el ministro, que debe ser amigo de él, lo logra, nos avisa. ¿Para qué sirve el 051? Adelantémoslo desde ya: para cambiar ilegalmente los dos contratos anteriores. Ese es todo el truco que estamos develando. Todo empieza con una jugada dolosa, fríamente calculada. Repito, Billiton le mete plata en grande a un contrato que no le sirve para nada, porque fue la llave con la cual violentaron los dos contratos iniciales.

Qué pierde la nación si no revierte

De cuánta plata estamos hablando. Es bueno que los colombianos lo sepan. Los activos generales, según las publicaciones de la empresa, valen 2,41 billones de pesos. De pronto haya ahí algunos pesos que no tienen que revertir, pero en general estamos hablando de una plata grande. El propio gobierno calcula que vale por lo menos 1,33 billones de pesos lo que debe revertir a la nación. Ahora, volvámoslos utilidades y preguntémonos a cuánta plata es a la que le estamos tirando, como se dice coloquialmente. Pues bueno, en los últimos siete años el promedio de utilidades de Cerro Matoso, reconocido en los libros, es de 350 mil millones de pesos al año. Todos sabemos que lo normal es que esas empresas oculten, señor director de la DIAN, una parte importante de sus utilidades, pero bueno, dejémoslo en esa cifra. Alguien me podrá decir que hubo un año en el que las utilidades fueron muy grandes, lo que hace atípica la serie. Bueno, bajémoslo entonces a 245 mil millones de pesos al año. Cojamos incluso el último año, que no fue tan bueno, ministro, porque estamos hablando de 204 mil millones. Si la reversión se hiciera, al gobierno colombiano le deberían entrar por la operación de la mina, después de regalías y de impuestos, 204 mil millones de pesos pulpitos en los próximos doce meses. Creo que es más, porque, obvio, el día que el Estado les entre a los libros de Cerro Matoso va a encontrar más de una verdad por allí paisajeada en la contabilidad, práctica usual, como sabemos. Difícil encontrar una empresa en el mundo que en las cuentas públicas consigne todas sus utilidades, porque hay muchas maneras de manejar las cuentas. 204 mil millones: ese es el tesoro que nos estamos disputando.

Billiton quiere ir hasta el año 2044

Si eso revirtiera a la nación colombiana, este país tendría 200 mil millones de pesos más en su bolsillo. Hoy Billiton está pidiendo que le dejen la mina hasta el 2044, lo que significa que tenemos reservas por otros 32 años e, incluso, creo, más allá, una mina pulpita que ha superado los momentos del arranque, de las complejidades tecnológicas, de mercados, un negocio por completo pulpo. El lío es que el gobierno quiere reconocerle a Cerro Matoso el 051 y lo que estamos cuestionando los demás es que eso no se debe aceptar. ¿Por qué lo decimos? La explicación es obvia. ¿Qué dice el 051? Son muy astutos. Lástima que esos abogados, criollos en buena parte, en vez de pensar por el país, lo hagan contra el país. El 051 dice que a partir de septiembre de 2012, fecha de la reversión, queda obligada la nación a alquilarle todo a Cerro Matoso, a Billiton, por una suma determinada. Ya hay allí una medida que violenta el interés nacional, que viola la soberanía del Estado colombiano, porque por un lado Cerro Matoso queda obligada a revertir, pero por otro no, porque el Estado colombiano está obligado a alquilarle todo.

Y eso incluye la idea de irse hasta el 2029 o hasta el 2044. Ojo con este detalle interesante, que me explicaron mis abogados. En el contrato 051, la palabra prórroga no aparece por parte alguna, pero según ellos dicen, está prorrogado hasta el 2029. ¿Y por qué no aparece? Porque, claro, por aquellas astucias de los rábulas, si aparece la palabra prórroga, queda al descubierto la ilegalidad. Entonces lo que hay es una prórroga por debajo de la mesa para ocultar la verdad y para defraudar el interés nacional. Esta la primera, llamémosla con amabilidad, pilatuna, o el primer acto doloso de Billiton Cerro Matoso, que no pudo haber sido hecho sin la complicidad en los funcionarios del Estado, digámoslo con nombre propio, porque el ministro de Minas de ese entonces se llama Rodrigo Villamizar Alvargonzález, hoy muy reputado ciudadano norteamericano, uno de los famosos del miti-miti. Los funcionarios que lo firmaron ya se escaparon de la acción de la ley, porque todos los procesos han prescrito. Lo que habría que preguntarse desde ya, y le hago la pregunta a los directivos de Billiton aquí hoy, es si van a investigar a su gente. ¿Va a investigar a quienes firmaron el 051 o van a validar lo que hicieron? ¿La junta directiva mundial respalda lo que están haciendo sus directivos en Colombia? ¿La junta directiva de Cerro Matoso de hoy respalda lo que hicieron sus antecesores en el 96? ¿El presidente de la empresa respalda lo que hicieron en el 96? ¿Les parece que es la manera de hacer negocios con un país que les abrió las puertas y que los ha enriquecido a reventar?

Un alquiler ridículo

Colombianos, ¿saben en cuánto hay que alquilarle a Billiton todo ese potosí? En una suma equivalente al 1,25% de las utilidades de la empresa, después de impuestos. Les doy el siguiente dato, y ya lo citó en algún medio el doctor Guillermo Rudas: si se liquida con base en las utilidades del año pasado, de 204 mil millones, habría que alquilarles ese potosí por 2.500 millones de pesos al año.* Es el monto irrisorio del negocio que estamos haciendo, con una advertencia y es que pueden no pagar nada. Es más, algunos de los analistas aseguran que hay una cláusula montada para poder decir que no hubo utilidades y entonces no pagar nada. Es el tamaño del tumbado que le quieren hacer a la nación colombiana.

(*) Se modifica parte de lo dicho, porque quedó inexacto. El sentido preciso es el que aparece en la réplica al final de esta transcripción.

La discusión es si ese contrato leonino, doloso contra el interés nacional, calculado para defraudar al país y para enriquecer a unos inversionistas extranjeros que ni saben dónde queda Colombia, la discusión, repito, es si ese contrato se va a cumplir o no. Ya ha salido el doctor Escobar, el vocero de la empresa, a decir que hay que cumplirlo y el ministro también lo dijo y ambos aducen que es legal. Entonces aquí empieza la discusión de si es legal o no el contrato. El Código de Minas de 1988 establecía con toda claridad que “la duración de los contratos de concesión será de 30 años” y, por tanto, los dos contratos no se podían prorrogar de ninguna manera. El consejo directivo de Ingeominas en 2008 conceptuó: “Bajo la legislación vigente en ese momento no se contemplaba la prórroga de los contratos de concesión”. No se podían prorrogar contratos, no era posible. La contralora Morelli ha advertido que lo que quieren gobierno y empresa “es transmutar la naturaleza de la concesión a una licencia” y concluye que “carece de asidero legal”. Es clarísimo que lo que están es en los hechos violentando la legislación.

La Contraloría les sale al paso

Voy a leer algunas cosas que ha dicho la Contraloría General de la República: “El objeto del contrato 051 presuntamente irregular, en lo que respecta al área de concesión fuera de los términos establecidos”. Otro documento de la Contraloría, de 2011: “Minercol pactó dentro del contrato 051 una situación por fuera del alcance lógico y legal aplicable”. Dice también: “Determina situaciones por fuera del marco del ámbito de competencia del contrato (…) se excedió en contra de los intereses del Estado”. Otra: “Si el contrato 051 hace exclusión expresa y directa de las áreas de los títulos ya otorgados”, por qué se termina determinando sobre ellos. Dice también: “Ese contrato no tiene competencia para definir las situaciones de los contratos 866 y 1727 (…) Lo pactado en este contrato extralimita en el objeto del contrato mismo”. No hubo ni siquiera estudio para definir el canon. Entonces, ojo, es la trasnacional, la que tiene todas las cuentas, la que les dice unos funcionarios colombianos cuánto es el canon de alquiler.

En algún momento Ingeominas contrató unas consultorías. Por ejemplo, el doctor Alejandro Ordóñez, hoy procurador general de la Nación, dice que “no existe obligación del concedente –o sea, del Estado— de otorgar la prórroga en las mismas condiciones”. El doctor Luis Jorge Ferro: “Se concluye que no es conveniente para la nación proceder a una prórroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”. Agrega este consultor que “busquen un arrendamiento de los equipos que sea por lo menos igual a lo que se deja de recibir por impuestos”. Y ojo con este detalle. Como los equipos siguen siendo de la nación y apenas se le alquilan a la trasnacional, la que por ese patrimonio sigue pagando impuestos es la nación colombiana. Porque finalmente ese patrimonio no le pertenece ya a la trasnacional, sino a los colombianos. Este consultor exige entonces que aun cuando sea paguen los impuestos. Les cuento lo que dijo el contralor Ossa hace muchos años: lo que paga de arriendo el puerto de Cartagena privatizado no alcanza a pagar el impuesto predial a cargo de la nación. Voy a decir una cosa muy dura: a este país se lo roban con una frescura inaudita.

Miren lo que dice el consultor Carlos Antonio Espinosa: “Las condiciones propuestas son ALTAMENTE INCONVENIENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO” (mayúsculas fijas en el original), “modificaciones en contradicción con la norma aplicable”, “no creemos que sea posible otorgar una prórroga por plazo de 30 años conforme al régimen legal de los contratos”, “los concesionarios no tienen tal derecho” a la prórroga, “la contraprestación adicional que se propone fijada no es un beneficio real, material y tangible para el Estado (…) Es claro que tal contraprestación no se causará casi en ningún caso”. Y están hablando del 4%, no del 1,25%. “Y en ello el documento propuesto se cuida en condicionar la base y en indicar que de no haber utilidades comerciales después de impuestos no habrá compensación alguna”. Conclusión: tienen amarrado el burro para ni siquiera pagar el insignificante porcentaje planteado.

El control de advertencia que hace la contralora general de la República, quiero llamar la atención, se lo hace a la Agencia Nacional de Minería y al ministro de Minas. Creo que hizo como una sabia la doctora Beatriz Uribe cuando renunció a ese cañengue en el que la estaban montando, porque se cae de su peso que aquí puede terminar gente en la cárcel. No soy abogado, pero sí sé leer y sé la gravedad de lo que está ocurriendo. Dice la señora contralora: “Ese es un contrato que presenta riesgo de legalidad”, ojo con el lenguaje. La Contraloría no puede emitir una condena porque no está facultada, pero cuando afirma que “presenta riesgo de legalidad” y da razones y argumentos para ello, lo que está haciendo son advertencias severas. Añade: “Tiene evidente riesgo de ser lesivo para los intereses de la nación (…) En lo económico, además del evidente riesgo legal, la forma en que se acordaron las condiciones de reversión y de arrendamientos de los activos son lesivas a los intereses de la nación”. Aquí sí se hace la afirmación tajante. Y explica: “El canon no se relaciona con el valor real de los activos” y sí “se relaciona con condiciones inciertas”. Ojo con esto, definitivamente las hacen de hojitas: establecen un canon de arrendamiento que se calcula “exclusivamente con información generada por el arrendatario”.

El Estado colombiano no tiene capacidad para fiscalizar a los titulares mineros, lo han dicho esta Contraloría y las dos anteriores. Se les cree por fe las cuentas que presentan. La DIAN tampoco ha sido capaz de ponerlos en cintura. Pero la DIAN también ha hecho acusaciones leídas en esta Comisión llamándole la atención al país de los horrores que vienen sucediendo en los negocios de la gran minería y cómo hay en ellos un mar de corrupción. También advierte algo obvio y es que el ministro tiene que verificar el cumplimiento de los contratos. Aun si la prórroga fuera posible, que no lo es, lo mínimo que tendría que hacer usted, señor ministro, es revisar si de verdad Cerro Matoso está cumpliendo o no.

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